La jugadita tributaria

Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5. Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Al presentar su tercera reforma tributaria como “transformación social”, el Gobierno de Duque, con el ministro Carrasquilla a la cabeza y alentado por la Ocde, en una jugadita imita a quienes recurren a doble contabilidad para evadir o eludir obligaciones tributarias. No solo infla programas sociales intrascendentes, sino que tapa las gravosas cargas que se pondrán sobre asalariados, jubilados, consumidores y usuarios de servicios públicos con IVA; sobre la clase media.

Arrancó desde la campaña electoral con el incumplido lema “más salarios y menos impuestos”. Los primeros crecen por debajo del ingreso por habitante y mucho menos que las rentas del capital, y lo segundo se desmiente con tres reformas expedidas para elevar gravámenes a las mayorías.

La marca de las carpetas con motes como Ley de Crecimiento, de Financiamiento y Solidaridad Sostenible es otra argucia. La de 2018 trajo un mediocre avance económico del 3 por ciento, basado en la expansión del crédito de consumo y las importaciones; la segunda, con el coronavirus, agravó los déficits creados por los beneficios otorgados a los megainversionistas, como lo reconoce la Andi; y esta tercera acrecentará las diferencias socioeconómicas al poner más IVA a bienes y servicios, ampliar la base de contribuyentes a la renta, y adicionar impuestos indirectos verdes a fin de estrangular –como hacía el Monstruo de Frankenstein con sus víctimas– ingresos disponibles, cesantías, salarios y pensiones.

La justificación es el Programa de Ingreso Solidario (PIS), la devolución de IVA y matrícula gratis en universidades públicas para estratos uno, dos y tres, que con cara dura llaman “transformación social”. ¿Cuál es su costo? Los apoyos mensuales estarán rasurados y “focalizados” a la baja por el Sisbén IV, por una manipulable fórmula de asignación y con la reducción del déficit fiscal del 2 por ciento del PIB al año, como techo al gasto público, según acordó Colombia con el FMI para el préstamo de 5.300 millones de dólares. Suerte igual correrá la devolución del IVA, que excluirá a grupos de ingreso bajo y no retornará completo a los beneficiarios lo que les sacarán de un bolsillo para meterlo en el otro, y sumará solo 2,8 por ciento del recaudo total de IVA, que fue 66 billones de pesos en 2019. La gratuidad a universitarios y promoción de empleo joven llega a 0,8 billones de pesos.

El PIS está lejos de una auténtica renta básica. No dará ni un dólar en promedio al día por persona, cuando la cifra mínima de ingreso en países de ingreso medio-alto, para no ser tenida como pobre, es de 5,50 (BancoMundial) o siquiera 4, según el Dane.

No hará ni cosquillas a la penuria, pero se muestra como panacea. Los padres de familia de los estudiantes de las universidades públicas, con ingresos mayores a 2,9 millones de pesos mensuales en 2023 y a 2,5 millones en 2024, pagarán impuesto de renta y así no costearían la matrícula de sus hijos en las tesorerías universitarias, sino en la Dian.

Nada salvará a los pobres de 2 billones de pesos que les caerán encima al pasarse, de bienes exentos a excluidos de IVA, las materias primas para alimentos como pollo, leche, arroz, huevo, cerdo y salchichón. Ni del alza del IVA a la gasolina y al diésel de 5 a 19 por ciento, que recaudará 2 billones de pesos más, ni de la depuración de la base para los subsidios a la energía, ni del recargo en computadores, teléfonos de gama baja, bicicletas y ladrillos, ni en productos de cuidado menstrual.

¿Cuál es la verdadera contabilidad? Por concepto del ajuste al impuesto de renta, al que incorporará uno de cada tres asalariados formales en 2022 y a tres de cada cinco en 2023, se recogerán más de 17 billones de pesos; por IVA, 7,3 billones, 4 billones con personas jurídicas y otros 4 por tributos verdes indirectos. Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5.

Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía; la agresividad en tiempos de pandemia contra clases medias y aún vulnerables, y la cosmética austeridad que decretaron. A Duque y a los suyos no los sacará del caldero político ni el clan Uribe, que acude a su rescate con palabras remilgadas y en asalto a la candidez, declarando que la criatura de Frankenstein está muerta porque ya no subirá el IVA a la sal, al azúcar, al chocolate y al café.

Falso. Como he comprobado y lo ratifica el texto final, la reforma está más viva que nunca, resurgió reforzada, y para enterrarla de verdad son forzosas las protestas ciudadanas, como la programada para el 28 de abril, tanto por este Monstruo en sí como en respuesta al Gobierno Duque, que funda la política fiscal en la pretendida ignorancia de la ciudadanía, a la que busca escamotear con la narrativa de una contabilidad mentirosa, una jugadita.

La avionada de Duque

Es una aberración fiscal gastar $14 billones en guerra en medio del acuerdo de paz y en plena pandemia, con déficit fiscal de $77 billones y deuda pública que supera 65 % del PIB.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El gobierno de Duque adquirirá 24 aviones caza F-16 Bloque 70 a Lockheed Martin por US$4.500 millones ($14 billones), en un paquete que “incluye mantenimiento, armas, apoyo de ingeniería, infraestructura y tecnología”. Así, Colombia, “mientras los Kfir estén operativos”, tendrá “83 aviones de combate”, en tanto “Chile tiene 45, con una flota de 35 F-16; Venezuela tiene 44, de los cuales 16 son F-16 no operativos; Brasil tiene la flota más grande con 120” (Noticias Caracol).

Iván Duque emula con sus antecesores. El Gobierno de Barco adquirió 12 aviones nuevos Kfir y otro de segunda mano a Israel, y la compra se complementó en 1991 con un Boeing 707 cisterna. Uribe, en su segundo mandato, compró otros 13 y repotenció 11 de los existentes. Para 2014, la FAC contaba con 21 unidades Kfir de distintas referencias.

En 1992 Colombia adquirió 15 helicópteros Black Hawk, sumados a 12 efectivos, para vigilar yacimientos de petróleo. En el Plan Colombia, hasta 2003, con Pastrana y Uribe, se llegó a 27 helicópteros UH-1N, 13 UH-60L y 24 HUEY II. En 2005 se compraron ocho MI-17 rusos (Conpes 3353) y 25 aviones Super Tucano de la brasileña Embraer, y hoy suman 38 de esta clase. El principal proveedor, incluidos contratos de soporte y tecnología, ha sido Lockheed Martin, y por esto y más Colombia, enfilada en la “lucha contrainsurgente”, era en 2018 el país de más gasto militar de la región, 3,1% del PIB (La República).

El negocio de los 24 F-16, iniciado en la Feria Aeronáutica Internacional F-AIR-2019 (Infodefensa.com), desató en redes sociales y en la oposición una justa oleada de críticas. Es una aberración fiscal gastar $14 billones en guerra en medio del acuerdo de paz y en plena pandemia, con déficit fiscal de $77 billones y deuda pública que supera 65 % del PIB; pero, ante todo, con una regresiva reforma tributaria que extraerá de las clases laboriosas más de $30 billones entre alza del IVA, impuesto de renta a uno de cada tres trabajadores formales y tributos indirectos verdes.

El asunto trasciende lo fiscal. La organización de monitoreo de transferencias de armas Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) señala que ese comercio se inclina a la corrupción por el secretismo inherente a la seguridad nacional; la intimidad entre compradores, proveedores e intermediarios; la opacidad en las cadenas de producción, transporte y finanzas; las especificaciones técnicas de los productos y las recompensas financieras que se estilan. World Peace Foundation compendia 41 casos de corruptela en el comercio exterior de armas, y Transparencia Internacional denunció que Estados Unidos suavizó en 2020 controles a las ventas militares y agrandó los agujeros por donde pasa la podredumbre.

Lockheed, primer contratista del Pentágono con US$75.000 millones en 2020 y conocido como “Walmart de la guerra” porque brinda una amplia gama de bienes y servicios para seguridad y defensa, no está libre de pecado. Forbes denunció que Lockheed tuvo que pagar una multa de US$4,7 millones por un lobby fraudulento al utilizar dineros provenientes de pagos del Estado para cabildear un contrato de más de 2.400 millones mediante una compañía subsidiaria. Es práctica común en la industria de armamento, en la que cada dólar de lobby rinde miles en contratos, usualmente con los Estados. ¿Alguien ganará una comisión de éxito en Colombia?

Las exportaciones estadounidenses de armas, que entre 2016 y 2018 valieron US$30.600 millones (OpenSecrets.org), son autorizadas por comités del Senado, halcones de los que a su vez dependen las ganancias de las industrias militares. Que no son pocas. Lockheed tendrá en la transacción del lote total de los F-16 un margen de beneficio del 11,4 %, que significa US$7.000 millones sobre US$62.000 millones de ventas totales (Rich Smith). En las arcas de State StreetThe VanguardCapital Research & Management y Black Rock, fondos de capital dueños de 30 % de dicha empresa, parará el alza de tributos sobre productos de consumo masivo, merced a la reforma tributaria de Duque.

¿A quién se bombardeará? Según el senador Bob Menéndez, del comité de Relaciones Exteriores, y algunos analistas, Colombia “es país ejemplar con cooperación extensiva”, y frente a los Sukhoi de Venezuela habría “respuesta coordinada por tener superioridad de aire” (Evan Ellis). ¿Ataque interno o escaramuzas bélicas en las fronteras? En la incómoda compañía de regímenes como Marruecos, Jordania y Baréin o puntas de lanza como Taiwán, compradores de esta versión de F-16, Colombia hará parte del grupo de países secuaces, no socios, de la Otan. Aviones a las órdenes de Washington, aunque logrados con dineros de los contribuyentes nacionales.

Reforma tributaria #19: argucias e inequidades de Duque y la OCDE

La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Muchas reformas de las finanzas públicas en Colombia las hicieron extranjeros, misiones como Kemmerer, Taylor, Musgrave y Bird-Wiesner (mixta), del Banco Mundial y el FMI y ahora de la Ocde refrenda los análisis y propuestas de Rosenbloom, Arnold, Owens y demás para, sin contar otras disposiciones atinentes, delinear la decimonovena reforma tributaria en 30 años.

El Congreso ordenó una comisión en la Ley 2010 de 2019, “de crecimiento económico”, para evaluar los beneficios cedidos a contribuyentes dentro de la Confianza Inversionista. El Gobierno y la Ocde desviaron este objetivo y se dedicaron a hurgar en el IVA y en el impuesto de renta para personas naturales y pretermitir las ventajas corporativas, que cuestan 10 billones de pesos anuales, concedidas cuando Carrasquilla ha manejado la Hacienda y que él llama “derechos adquiridos”. Se enfocaron en el costo fiscal anual por beneficios en el IVA en 52 billones de pesos y en 17 billones de pesos en el impuesto de renta de personas naturales. No vieron lo que sí la Contraloría en un documento: “Por cada peso pagado en impuestos el Estado le dejó de cobrar 51 centavos al sector financiero”.

En tan tendencioso empeño se “recomendó” revisar el cobro del IVA a 83 bienes y a los servicios para recabar 10,5 billones de pesos e incorporar al impuesto de renta a las personas naturales con ingresos de más de 2 millones de pesos mensuales, el 35 por ciento de los trabajadores formales, para 16,8 billones de pesos más, también con la supresión del 25 por ciento de su ingreso laboral depurado de exenciones y deducciones, y además el gravamen a las pensiones. Se omitió que en 2019, por 100 pesos recaudados, 54 vinieron de impuestos indirectos y regresivos, de los cuales el IVA aportó 42 y al resto ayudaron otros IVA disfrazados como combustibles, bolsas plásticas, consumo y carbono.

A contramano, los tributos directos, de renta y patrimonio, contribuyen con 46 pesos (Dian, 2019). Se tapó que la tarifa efectiva del impuesto de renta al sector financiero –al dividirlo por la renta líquida– es 22 por ciento, diez puntos menos de la nominal (Contraloría) o que personas naturales y jurídicas de nivel alto pagan tasas menores a las de ingreso medio en claro “sesgo pro rico” (Garay-Espitia). La estructura tributaria es regresiva y empeorará, ya que a las cúpulas económicas apenas se les cargarán tímidos aumentos en el tributo sobre dividendos, un exiguo porcentaje sobre abultados patrimonios y nada a los giros de ganancias de subsidiarias foráneas a sus casas matrices.

La comisión se apropió de la versión oficial del hueco fiscal: “La pandemia redujo los ingresos y aumentó los gastos. En periodos de crisis todos debemos hacer sacrificios” y escondió que el roto está en la Ley 2010 de 2019, que instauró contratos de Estabilidad Jurídica por 20 años para megainversiones superiores a un billón de pesos y 400 empleos creados, con tarifa del 27 por ciento, exención de renta presuntiva y patrimonio, o por diez años para proyectos agropecuarios con inversión superior a 856 millones de pesos y diez empleos, o para negocios de economía naranja por siete años con tres empleos, mantenidos todos en el proyecto de Reforma. Al sumarse a tanto regalo, la baja en la tarifa empresarial de renta de 33 a 30 por ciento; el descuento del 50 por ciento del impuesto de Industria y Comercio, ICA; la devolución del IVA en la importación de bienes de capital y la caída del recaudo en 2020 por 11 billones de pesos, se encuentra la mayor porción del déficit de 77 billones, en exceso sobre cualquier cálculo de gasto público en la pandemia.

La falsa narrativa contagió: Fescol y centros de estudio corrieron a proponer un recaudo de 20 billones de pesos venidos en parte por impuestos al salchichón, la cerveza, combustibles y servicios digitales; Fedesarrollo planteó acopiar 30 billones de pesos universalizando el IVA, eliminando el régimen pensional y arrinconando al sistema de compensación familiar, y Anif pidió tarifa plena paulatina de IVA del 18 por ciento a 2024 y aumentar el recaudo por renta en personas naturales en 8 billones. Duque justifica la iniquidad con “zanahoria social”, que implicará gasto adicional neto máximo por 4 billones de pesos, en tanto la Contraloría insiste en examinar el cumplimiento de los objetivos de los tratos preferenciales a empresas y advierte que aumentar el IVA afectaría a “millones de pobres”.

Como colofón, citar a Voltaire: “El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra”. La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.