¡Manos arriba!

Cunde el pánico porque además se perciben la falta de una política integral de seguridad, sin diagnóstico certero, y palos de ciego en las medidas correctivas.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La inseguridad es tema prioritario de la agenda urbana en Colombia. Invamer dice que para 96 por ciento de la opinión está empeorando; Ecoanalítica, que el 15,3 por ciento lo ve como “primer problema”; Datexco, que 5 por ciento percibe mejoras. SEMANA-CNC mostró las secuelas sobre la favorabilidad de las distintas autoridades.

Cunde el pánico porque además se perciben la falta de una política integral de seguridad, sin diagnóstico certero, y palos de ciego en las medidas correctivas, como que se puede “disuadir” con 350 soldados de PM o con aumentar las penas a “los recurrentes” o que con sesgos xenófobos o que con culpar a los jueces se explican las causas. Experiencias internacionales, que podrían acogerse, no pasan por la mente del jefe nacional de la Policía, Iván Duque, y menos por la del ministro Molano, el del “protestódromo”, algo que mueve más a risa que a indignación.

Por ejemplo, el BID (2016), en ‘Delitos violentos en ciudades de América Latina’, afirma: “No comprender las causas de la delincuencia y descartar evidencia puede conducir a que los tomadores de decisión implementen estrategias ineficaces”. Definió cuatro factores concomitantes con el crimen: 1) Las penurias económicas; 2) La inestabilidad residencial, para los delitos contra la propiedad y lesiones; 3) La combinación de desintegración familiar, ausentismo escolar y estructura de edad de la población y 4) el consumo de alcohol. Sin desconocer particularidades, como en Colombia, donde contribuyen remanentes del conflicto armado y el narcotráfico.

También un compendio de The Guardian (junio 2015), ‘24 medios para reducir el crimen en las más violentas ciudades del mundo’, aporta otras ideas: “No usar lenguaje violento” (Padayachee); hacer “balance entre represión y prevención” (Muggah y Leite), y tratar la “violencia virtual”; incidir en la cultura por la convivencia y asistir con programas a asociaciones comunitarias y escuelas (De Boer-ONU); “atender la desigualdad” (Leite) y “reforzar controles de las armas ilegales” (Overton), que en Colombia crecieron de dos millones a 4.267.790 en 25 años, cuyo uso, fuera de homicidios, se triplicó hacia hurtos (www.ideaspaz.org). Rajados en todo.

Según la estadística delictiva (Policía Nacional) en el país, desde 2015 se cometen más de 12.000 homicidios al año. El robo a comercios se disparó de 23.060 a más de 60.000 en 2017, 2018 y 2019. Por la pandemia bajó, pero en 2021, con 25.000 que iban en agosto, pasarán de 40.000. El hurto a personas se triplicó entre 2015 y 2019, de 101.449 a 306.847, y descendió por la cuarentena, pero en 2021, a golpe de 21.000 mensuales, llegaría a 250.000, a 29 por hora, uno cada dos minutos.

En Bogotá se cuentan 271 atracos personales diarios, y a agosto 31 iban 65.207, tantos como en ese mes de 2018. Por hora se roban seis celulares y más de una bicicleta, y cada 120 minutos, una motocicleta (Secretaría de Seguridad y Convivencia). Se insiste en que “La guerra mundial contra las drogas es gran generadora de crimen, violencia e inseguridad” (Platt). En Colombia urbana es relevante. Aunque el consumo de sustancias ilícitas pasó del 2,7 por ciento de la población al 3,75 por ciento en una década, las capturas conexas con estupefacientes van en contravía: pese al mercado creciente, pasaron de 249 diarias en 2013 a 150 en 2019 (Cálculos-datos de MinJusticia y Gicri).

Sobre el microtráfico y las armas ilegales, se dice: “Todo se agrava en la medida en que las fuerzas de seguridad comienzan a confiar en estructuras corruptas”. La Policía Nacional no está exenta. Al consultar en Google “Policías corruptos en Colombia”, aparecen 894.000 resultados, más que en Ecuador, México y Francia, entre 420.000 y 768.000, pero menos que en Brasil y España, encima de un millón, fuera de reiteradas culpas en la observancia de los derechos humanos. En mayo de 2016, una “purga general” expulsó a “más de 2.000 uniformados” (SEMANA, mayo 2016). Entre 2016-2017 se destituyó por diversos delitos a 1.160 agentes, 54 por ciento por concierto para delinquir (MinDefensa). En 2018 había 2.488 policías detenidos (El Colombiano, 6 de noviembre de 2018). En Bogotá, entre junio de 2016 y 2019, se destituyeron a 547 (Publimetro) y un coronel y varios policiales fueron brazo de “ganchos” del Bronx.

“Si la sal se hizo insípida”, ¿quién le devolverá sabor? El debate debe iniciar por ahí y coincide con tres proyectos de ley, dos oficiales y uno de la oposición, para reformar a la Policía, de los que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, ya anunció que se aprobará el “que el gobierno quisiera” (Navas). Gómez pone así “¡Manos arriba!” a sus colegas, mientras el Modelo de Transformación Institucional (MTI) propuesto por una comisión consultiva en 2017, con glosas sobre salarios, reclutamiento y transparencia en investigaciones internas, sigue engavetado.

Buenaventura: neoliberalismo salvaje

Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Entidades como Human Rights Watch, Taula Catalana, Fundación Ford, Usaid, la ONU, el caucus afro del Partido Demócrata norteamericano, la Iglesia católica y varias más han documentado las aciagas condiciones padecidas por casi 400.000 compatriotas, 90 por ciento afrodescendientes, en el primer puerto nacional sobre el Pacífico, y de los principales en esa costa en Suramérica.

Tanta información difiere con las soluciones. No porque no surjan, sino porque los planes, Conpes y las recetas se fundan en privatizaciones, capital extranjero y confianza inversionista –pilares del neoliberalismo–, por el supuesto efecto goteo de bienestar que se irrigaría sobre la población; pese a que de 10.000 trabajadores portuarios hace 25 años, hoy quedan 4.000, muchos de ellos tercerizados. Jugadores del negocio portuario global se tomaron la bahía. En la Sociedad Portuaria de Buenaventura, la mayor y privatizada en 1993, Harinera del Valle con otras firmas afines suman 30 por ciento de las acciones; la familia Parody, 21 por ciento; el Distrito de Buenaventura, 15 por ciento; y Dubai Port Authority-Capital Advisory-Hommes, 19 por ciento.

Además de agrias disputas societarias, se marchita por los fuertes competidores internacionales y por problemas de bajo calado para el acceso de buques de gran tamaño, que aminoraron la carga de 17 millones de toneladas en 2015 a 14,8 en 2019, de las que, por cada una de exportación, llegan casi cuatro importadas. La danesa Maersk controla el terminal de contenedores TCBUEN. Singapore Port Authority y la filipina ICTSI poseen 90 por ciento del puerto de Aguadulce. Compas, terminal cementero, es de Goldman Sachs, del grupo español Ership y la organización Corona. Invirtieron miles de millones de dólares, se ensancharon y construyeron vías e infraestructura adicional.

En contraste, las comunas aledañas viven en el desamparo. El índice de pobreza multidimensional es lastimoso: 12,9 por ciento de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas; 14 por ciento vive en analfabetismo; 43 por ciento afronta desempleo de larga duración; 26 por ciento no tiene acceso a fuente de agua mejorada; 32 por ciento permanece con inadecuada eliminación de excretas, y 88 por ciento, en la informalidad (Dane, 2018). El coeficiente de Gini, para repartición del ingreso, marca 0,57 –más que en Quibdó– y el de Theil, de distribución de la renta, 0,63 (ProPacífico). A esta mezcla de grandes capitales con miseria se añadieron violencia y corrupción. En 1980 las Farc incursionaron en áreas rurales, rutas y cultivos incipientes de coca; penetraron comunas urbanas, secuestraron y extorsionaron, hasta que en 2000 las AUC, con Éver Veloza (alias HH), iniciaron la construcción de “redes de poder en negocios y proyectos empresariales” (Taula Catalana).

En 2005, tras la desmovilización paramilitar, mandos remanentes formaron La Empresa e implantaron dominios territoriales, monopolios en el expendio de alimentos y provechos sobre el narcotráfico exportable y el microtráfico, en disputa con los Urabeños y con complicidad de algunos miembros de la fuerza pública, denunciados y condenados. Casas de pique y sarracina son la pesadilla de los últimos años. Entre 1990 y 2014 hubo 548 desaparecidos, 26 masacres (Taula Catalana), y hasta 2018, más de 5.300 homicidios orientados por capos que dirigen sus mafias desde afuera, incluido el exterior.

Cuatro alcaldes están procesados por corruptos: Quiñones, Ocoró, Valencia y el prosélito de Dilian Francisca, Eliécer Arboleda. Su nefasta gestión se plasma en un presupuesto de 644.000 millones de pesos con un déficit de 570.000 millones –por un faltante acumulado de 137.000 millones y fallos judiciales en contra por 351.000 millones (!)– y deuda en Bonos-Agua-Carrasquilla por 31.000 millones de pesos más.

El estallido social presente, detonado por la guerra en La Empresa entre Shotas y Espartanos, es el cuarto de los últimos años por el pavor y el abandono, ya que al menos 400 hombres, fuera del Clan del Golfo y del ELN, aterrorizan con armas sofisticadas y de largo alcance. La protesta más fuerte fue el paro de 2017, que logró inversión oficial por 10,2 billones de pesos en ocho años y fue la base para elegir a Víctor Vidal como actual alcalde. El avance de lo prometido no llega al 5 por ciento; el acueducto, en manos privadas de Hidropacífico, va en 15 por ciento, y apenas aflora FonBuenaventura, la entidad administradora del proceso, aún con pocos recursos y sin estudios para 140 proyectos.

El desplazamiento de 152.837 personas entre 1990 y 2014 no se subsanó con 63.717 asentadas en zonas de bajamar (Taula Catalana). En los últimos años emigraron otras 13.018 y solo arribaron 781 (Dane), lo que explica el dato más trágico: de 94.656 viviendas censadas en 2018, había 14.352 desocupadas. Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar? ¿Hay mejor ejemplo de un neoliberalismo más salvaje?