¿Está hecha trizas la salud en Colombia?

El balance de la ley 100 de 1993 que creó un Sistema General de Seguridad Social es negativo, arroja más carencias que beneficios. Promulgada para abarcar derechos fundamentales relativos a la calidad de vida y bajo principios como la universalidad y la solidaridad, terminó sujeta a las herramientas prescritas para alcanzarlos. En la salud, por ejemplo, las EPS, el POS, las comisiones de administración y otros, subordinaron el objetivo al ánimo de lucro.

En diversas encuestas la salud está entre los mayores padecimientos: más del 70% responde que va mal. Es un sector de costos crecientes donde las economías de escala, por la variedad de casos atendidos, están limitadas. De hecho, mientras el  Índice del IPC total pasó, entre 2000 y 2017, de 100 a 138, el de precios de la salud creció hasta 154,25, fruto de parámetros propios agregados a los generales de la economía. Esto se amplifica en un mercado donde la demanda incentivada -para tener coberturas alrededor del 95%- se cruza con una oferta de atención rígida (inelástica) y el ajuste se da por la elevación de costos y precios.

La irrigación de carnets no significó acceso efectivo a los recursos médicos donde y cuando las personas los necesitan. Un estudio (Ayala, Banrep 2014) encontró que entre 1997 y 2012 disminuyó el porcentaje que pudo utilizarlos al momento de requerirlos, de 79,1% a 75,5%, – 173 mil menos- lo cual se reiteró en 2016 con las 163 mil tutelas presentadas por el derecho a la salud, el doble de las 81.017 de 2005. Igualmente la calificación obtenida por “oportunidad en las citas” en 2017, según “Así vamos en Salud”, fue en el mejor caso de 32 puntos sobre 100.

Los recursos generales para financiar el sistema llegaron a $40, 9 billones en 2017, menos de 950 dólares por habitante, de los cuales el régimen contributivo aporta más de la mitad, mientras el gasto de bolsillo, no cubierto y adicional aportado por los usuarios, llega a más de $8 billones, un 15% del total, subiendo incesantemente con notoria participación de los importes en medicamentos.

Las EPS, privadas y públicas, tienen números rojos en solvencia y rentabilidad, derivados de que tan solo en los últimos tres años sumaron pérdidas conjuntas, sin Saludcoop ni Caprecom, por $4,68 billones; los patrimonios deficitarios en 2015 alcanzaban ya $2,8 billones y las deudas acumuladas a junio de 2017 con clínicas y hospitales, cuyos ingresos dependen en 93% de las EPS, eran de $5,6 billones. Los “tanques de oxígeno” de recursos de liquidez aplicados desde 2016 al sistema suman $4 billones, siendo $1,4 billones para créditos blandos -intermediados por Findeter- que crea así nuevo filón al sector financiero.

En medio de este estallido microeconómico, la oferta se ha reducido agravando el problema. El área hospitalaria en construcción, entre 2014 y 2017, declinó de 850 mil metros cuadrados a la mitad; el número de camas por 100 mil habitantes sigue en 1,6, en el puesto 130 entre 192 según la OMS; las salas de partos, ambulancias, servicios de urgencias y quirófanos aumentan a ritmo lento y las EPS no incrementan las plantas de personal, muchas en condiciones laborales ilegales, para cubrir la unificación del POS, con solo 1,8 médicos por mil habitantes, cuando el promedio en la OCDE es 3,2. A tal desinversión debe añadirse el debilitamiento o liquidación de hospitales universitarios y el cierre de servicios, como en el sistema público de Bogotá, desde 2014.

En ese contexto se incrementan las muertes por VIH-SIDA, en ciudades donde todos los pacientes no reciben tratamiento;por cáncer gástrico, que pasó de una mortalidad de 10,59 a 15,16 por 100 mil habitantes en la última década; también por el de pulmón y por el de mama; por tuberculosis en alza desde 2011 y por las enfermedades cardiovasculares. La cobertura de vacunación Triple Viral fue menor en 2016 que en 2005; el ciclo del dengue no se ha quebrado y la salud mental, de la que demanda intervención el 10% de la población, está fuera de la agenda. En esas situaciones pesan determinantes socio-económicos como pobreza, urbanización, hábitos y aumento de la obesidad; sin embargo, urge diseñar otro marco de salud pública como punto de partida para asegurar el derecho universal.

Por consiguiente, el camino no es juntar estas trizas para hacer una colcha ni solo reducir el debate al cambio del  sistema de aseguramiento. Sin avanzar en investigación e información detallada, sin trabajar en prevención y atención básica; sin incentivar la infraestructura y el conjunto de la oferta; sin fomentar la industria farmacéutica nacional; sin reparar las malas condiciones de vida para millones, los frutos no vendrán. Es complejo, no hay chispazo salvador. ¡Ojalá hubiera!

El cambalache de Cafesalud

Desde que en mayo se debatió en Blu Radio la venta de Cafesalud al grupo Prestasalud, se sembraron muchas dudas sobre la factibilidad económica y la eficacia de esa transacción. Se iban a ver severamente afectadas tanto la estructura financiera de la liquidación como la prestación del servicio a los 5,6 millones de usuarios que en ese momento estaban afiliados a dicha EPS.

Las razones para cuestionar “el negocio” son abundantes: por un lado, de los $1,4 billones ofrecidos y aceptados por el proponente Prestasalud y los agentes liquidadores y la Supersalud, más de $400 mil millones constituyen un canje entre las deudas de Cafesalud y algunas de las IPS que conformaron el consorcio comprador, entre ellas, el Grupo San José, Fundación Saint, Fundación Esensa, Servicio Aéreo Medicalizado y Fundamental MedicalFly, Medplus Medicina Prepagada (de exsocios de Carlos Palacino), Medilaser y Centro Nacional de Oncología, varias vinculadas por presuntos actos de corrupción en el sector.

El resto podrá ser pagado en cuotas por cinco años. Es decir, nada entrará como efectivo inmediato para atender las acreencias pendientes y el saldo será alimentado en parte por el pago a futuro de cada uno de los 5,6 millones de afiliados que quedaron bajo su tutela, pago hecho por el mismo gobierno –en el régimen subsidiado– y por los usuarios del contributivo.

Cuenta además la revista Semana que fue necesario para este cambalache que Prestasalud creara otra sociedad compradora y, a la vez, Cafesalud se escindiera en dos, a saber: Newscos y la IPS Esimed. Al final, si se divide el monto total de la compra, de $1,4 billones, por el número de asignados, 5,6 millones, el negocio se hizo del modo más mercantil: un equivalente de entre 85 y 90 dólares por cada cabeza, como clientes de un supermercado.

Los reparos de la Procuraduría y demás entidades de control sobre la verdadera palanca financiera para ese “nuevo modelo de negocio” en salud tuvieron como respuesta que el grupo español Ribera, del cual es propietario en un 50 % la compañía norteamericana Centene Groupse comprometiera a capitalizar la operación: que adquiriría el 80 % de una de las dos nuevas sociedades y el 20 % en la otra.

Al indagar sobre Ribera, “líder en concesiones administrativas sanitarias en España”, como se llama a sí misma, se descubre que su sistema de gestión ha recibido cuestionamientos, pues como gestor privado –APP en salud– se lucra de la infraestructura y de los recursos públicos. Ha reconocido además que recibe comisiones por comprarles medicamentos a los mismos laboratorios que los suministran a sus hospitales concesionados. Ya está también en Perú y Chile y es la cabeza de playa de Centene en América Latina.

https://www.elespanol.com/espana/politica/20161115/170983550_0.html

No es extraño entonces que, como fruto de tanto cambalache, en los primeros dos meses de atención al público se haya suscitado una oleada de diez mil quejas y, aún más grave, se denunciara el insólito abandono de niños pacientes con cáncer en Bucaramanga y en Cali, desafuero que no pudiera explicar el gerente al aire en Blu Radio. Tantas anomalías juntas impelieron a la Procuraduría a solicitar a la Supersalud la intervención de Medimás, el nombre que Prestasalud le puso a su EPS.

Finalmente, en un blog de Alberto Donadío en El Espectador se ha denunciado que en Medimás “decidieron anular los casi 2 millones de autorizaciones de servicios de salud que Cafesalud tiene pendientes, obligando a millones de colombianos a tener que ir (…) para solicitar (…) de nuevo el servicio que no les fue prestado”.

Si la Procuraduría cumple con velar por la vida y la salud de los colombianos, no se entiende por qué no disciplina a quienes, en vez de resolver en Cafesalud los desmanes de Saludcoop, terminaron empeorándolos. Y que después buscaron cómo deshacerse de ella en lugar de mejorar la muy ruin atención que se brinda a los colombianos, millones de los cuales consideran la falta de salud como su mayor problema.