Volcán social

Quien gane las elecciones del 19 de junio venidero, tras vítores y ceremonias, se enfrentará con el volcán social en vías de erupción. Será la hora de nona.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La contradicción principal en Colombia es entre las políticas económicas neoliberales de las tres últimas décadas y el sufrimiento, la estrechez, la bancarrota y la desolación causados a millones de hogares y a empresas y a estratégicos sectores productivos. Las expresiones más crudas han sido el paro nacional iniciado en abril de 2021 y las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022, en las que, como dice Adam Isacson, “el candidato elegido por la arraigada élite política colombiana no es uno de los finalistas (…) los colombianos están al límite” (WOLA, Isacson, 3/6/2022).

Quedaron dos candidatos “a favor del cambio”: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. El dilema es por cuál de los dos se decidirá la mayoría, bajo la premisa de que, como describe Isacson, hay coincidencias programáticas como implementar el acuerdo de paz, negociar con el ELN, reanudar relaciones con Venezuela, confrontar la política antidrogas, garantizar la protesta social y oponerse al fracking.

No obstante, hay diferencias. Las más importantes son el compromiso anunciado por Petro de aceptar la disciplina fiscal del FMI (El Tiempo/ 14/05/2022), que está en la esencia de la ruinosa política neoliberal. Lo avalará con una reforma tributaria de 50 billones para abonar la mitad a la deuda pública y además los expresidentes Santos y Samper, de manera directa o mediante alfiles, inciden con determinación en la ruta del Pacto Histórico. Rodolfo Hernández habla del fin de la era Uribe y marcó distancia con 20 puntos básicos, enfatiza en la lucha contra la corrupción de la politiquería, la erradicación de la pobreza y la reactivación del campo, la industria y la autosuficiencia alimentaria.

El debate no se centró en esos enfoques. Se interpretó la votación mediante la superposición de dos mapas: el de los resultados electorales del 29 de mayo sobre el del plebiscito por la paz en 2016, para concluir que los votos de Hernández eran “uribistas”. Se descartó a priori el carácter independiente que expresaron “descontentos con el statu quo”, pero “opuestos a Petro” (Isacson) y no se decantó por qué un empresario nacional, con deficiencias notorias y ocurrencias, recogió a millones de ciudadanos que cambiaron de actitud frente al régimen imperante. De personas que encauzaron así su descontento, quizás muchas de las cuales no acuden a la protesta pública, votaron con rebeldía. Un contingente significativo.

Este sorpresivo hecho fue condenado ipso facto y expuesto al matoneo, como en el escrito ‘Rodolfo de Hamelin’, en el que se les atribuye a dichos seguidores la condición de roedores (Figueroa, Las 2 Orillas). Tal como se vio en audios y videos en la primera vuelta (SEMANA), voceros del Pacto Histórico, como estrategia orientadora, abundaron en epítetos despectivos como “hampón”, “misógino” y “populista”, y hasta descripciones de una “personalidad psicopática”. El expresidente Samper equiparó a Hernández con el “pato Donald” y el “caballo de Troya”, y el candidato Petro lo remató como “talibán de Afganistán”.

Lo preocupante de este proceder, fuera del efecto electoral que tenga, es imaginar si tal será el trato a la oposición a un eventual gobierno petrista. Conducta peligrosa que intimida sobre la que vale dejar constancia. Se asemeja a la tesis de “el oro y la escoria”, practicada en épocas pretéritas, en la que un bando se arrogaba poseedor de la doctrina pura y al otro se le estigmatizaba como “la hez de la tierra”. Cabe advertir, como enseñan los manuales de convivencia, que la agresión verbal es la antesala de la violencia física.

Quien gane las elecciones del 19 de junio venidero, tras vítores y ceremonias, se enfrentará con el volcán social en vías de erupción. Será la hora de nona. ¿Se lo intentará desactivar “controlado”, como dice Alejandro Gaviria, enrutando la lava por los canales de la disciplina fiscal del FMI, un control tutelado por el renombrado neoliberal y banquero de inversión Rudolf Hommes en la directiva petrista, acaso con saldos para un margen de gasto en política pública?

Poner las fuerzas sociales y económicas nacionales, incluidos los activos del subsuelo convertidos en activos sobre la tierra (Stiglitz, 2003), como energía productiva transformadora y en forma armónica, con el Estado como promotor, sería la genuina explosión volcánica de una nueva Colombia, por el bienestar de “las clases medias descontentas” (Isacson) y 20 millones de pobres dentro del absoluto respeto democrático.

Pasa sine qua non por remover los ucases de saqueo de las instituciones financieras internacionales, y, en contra de lo hecho en 30 años, no acatarlos sin reparo. Concretaría mi opción política, lo que el país requiere aquí y ahora, que, por no hallarla en ningún candidato, será en blanco.

La lógica bélica duquista

El informe de la CIDH impugna los ataques a las misiones médicas y al periodismo, el ciberespionaje y los excesos contra los bienes públicos (…). No es un documento parcializado.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Ni el presidente Duque, ni la vicepresidenta y canciller Marta Ramírez con una desatinada perorata en la ONU, ni Vargas Lleras, su socio político, parecen NO percatarse de la principal observación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe: “La persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social”, que “dificultan todo esfuerzo de diálogo como mecanismo para alcanzar soluciones (…) entre personas que hay que proteger y no frente a enemigos que hay que combatir” (puntos 7 y 8).

El Gobierno hace sordina sobre dicho aspecto central del informe y de ahí sus conductas arbitrarias y hasta la forma como lo evalúa: desde el lugar común de “sesgado” hasta el desobligante de Duque: “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad” o el absolutorio “no es vinculante”.

Son 48 páginas, 187 puntos y 41 recomendaciones, y se divide en tres partes: una, de contexto del paro, que subraya como causa del descontento “reivindicaciones estructurales e históricas”, que “subyacen en la inequidad, pobreza y acceso a derechos”, recrudecidos en la pandemia para jóvenes y mujeres. Igualmente, reseña el ambiente político de “polarización” y ve más preocupante “cuando estos discursos provienen de autoridades públicas”.

La segunda es un recuento de hechos, fundado en “información recibida” de la Fiscalía, la Defensoría y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, confrontada con varias ONG y representantes de la sociedad civil, que lleva a la CIDH a concluir que hubo “graves violaciones de los derechos humanos”. El informe enfatiza en que se afectó la vida, la integridad personal y la libertad de los manifestantes, pero también que se causó perjuicio a derechos fundamentales de terceros y se incurrió en acciones irracionales, como en Tuluá.

Aunque lamenta las “disparidades” en las cifras de las diversas entidades, contabiliza 12.478 protestas, en 862 municipios y 32 departamentos, de las cuales 11.060 fueron pacíficas y 1.418 con “acciones violentas”. También 51 muertes, 1.113 civiles heridos, 18 lesiones oculares, 84 desaparecidos, 113 hechos de violencia de género; asimismo, 1.253 policías heridos y pérdidas a la economía por 3.300 millones dólares, entre ellas, el asedio a Buenaventura, clave en el comercio exterior. Impugna los ataques a las misiones médicas y al periodismo, el ciberespionaje y los excesos contra los bienes públicos, que abarcan en estos casos desde el uso oficial “excesivo y desproporcionado de la fuerza” hasta a “grupos ajenos a la protesta”. No es un documento parcializado.

La CIDH describe una espiral de violencia que debe desmontarse. Reprocha que la policía y los civiles usen armas de fuego para enfrentar la protesta y esgriman en forma inadecuada otras “menos letales”. Y que la fuerza pública estuviera “dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones”, y más cuando los lesionados fueron jóvenes, grupos étnicos o mujeres. Circunscribe la fuerza a un “último recurso” y deplora el abuso con la figura del “traslado por protección” para privar de la libertad a 7.020 personas.

Afirma que “la protesta no es derecho absoluto” y sus límites deben fijarse en una ley estatutaria pendiente de trámite. Resulta insólito entonces que consejeros de Duque, a contramano, se enfoquen en una “ley antivandalismo”, redundante al Código Penal, dentro de la lógica belicista del Gobierno Duque.

De las 41 recomendaciones, en la tercera parte, la que causa mayor reacción en la Casa de Nariño es la que acepta cierto grado de perturbación en los “cortes de rutas” (bloqueos), 1.937 en total, si bien la CIDH no descarta que puedan levantarse recurriendo a mínima fuerza si afectan la alimentación, la salud o producen graves perjuicios a terceros, como pudo ocurrir eventualmente en 124 de ellos, mayores de siete días. La propuesta de adscribir la Policía y el Esmad al Ministerio del Interior, como estructura civil, cercana al ciudadano y lejos del sello antinarcóticos imprimido hace décadas, fue denigrada como un atentado contra un cuerpo “apolítico y profesional” (Vargas, El Tiempo). El Gobierno también desestimó la insistencia de la CIDH a la Procuraduría para que se ciña a los estándares vigentes para la sanción a elegidos por voto popular.

La CIDH exhorta a abandonar “lógicas bélicas” y a acoger el diálogo para resolver las contradicciones, un llamado a los grupos de extrema derecha, que impelen a resolverlas por mano propia; a los de la “insurgencia imaginaria”, que en cada estallido ven ocasión para derrocamientos; pero, en particular, al Gobierno de Duque, que con sus erróneos actos hace trizas la paz, mina la confianza institucional y, como también le advierte la Ocde, ahonda “el deterioro democrático”.

Derechos humanos: ¿“Plomo es lo que hay”?

La CIDH impele a la “interlocución y negociación”, contrastando la pantomima de Emilio Archila con el Comité de Paro.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Naciones Unidas expidió en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El sujeto es el individuo y los Estados están obligados a cumplirla con los pactos, protocolos y convenios que emanen del sistema internacional.

Consigna más de diez libertades fundamentales, derechos civiles y políticos, a la vida e integridad física y moral, a la participación y la libertad, además de una gama de derechos sociales, económicos y culturales. Establece protocolos contra la tortura y desaparición forzada, y por la protección a la intimidad e igualdad entre hombres y mujeres, y para las poblaciones especiales como infantes y minorías étnicas, entre otros (Galvis, 2006).

El derecho a la protesta, en relación con la participación política, fue desarrollado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA). En 2019, la Relatoría para la Libertad de Expresión expidió el documento ‘Protesta y derechos humanos’ con estándares sobre los derechos involucrados y características obligatorias de la respuesta estatal. (https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf).

La CIDH, al considerar la protesta “esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas”, contradice la visión reaccionaria que en Colombia privilegia la represión sobre la libre expresión y reunión pacífica. Expresa que los Estados deben “garantizar, proteger y facilitar protestas y manifestaciones”, contrariando a quienes descargan las responsabilidades en los organizadores, y señala que “la disrupción” que causan no las “hace per se ilegítimas”. El trato no es el Esmad.

En contravía a lo dispuesto por Duque en el paro, la CIDH promueve “gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo”, y, respecto al autoritarismo, restringe el uso de la fuerza a “último recurso”. Desdice de quienes plantean “protestódromos”, como Diego Molano, o exigen requisitos para protestar, pues invoca “la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje” en el ejercicio “pacífico y sin armas”.

A contramano de la maña reaccionaria de asemejar protesta con violencia y destrucción: prescribe que los extremistas sean “individualizados”, pero insiste en que los demás participantes conservan su derecho. La CIDH impele a la “interlocución y negociación”, contrastando la pantomima de Emilio Archila con el Comité de Paro.

En contradicción con ominosas actuaciones de la fuerza pública, exhorta a “máxima restricción al uso de armas de fuego”, excluir “las fuerzas armadas” y acudir a la “dispersión o desconcentración” en casos excepcionales. Pide no “criminalizar” líderes ni incriminarlos con “figuras ambiguas”, como erróneamente hace la procuradora Cabello, prohíbe “detenciones arbitrarias” e “infiltrar” organizaciones sociales y objeta “estigmatizar con el discurso”, usual en la retórica derechista.

A entidades como la Fiscalía les exige investigar, juzgar y sancionar las violaciones a la norma humanitaria, requiere valorar a quienes monitorean actuaciones gubernamentales, como las ONG, y a los medios les demanda objetividad.

La autocracia de Duque en 43 días de paro quebrantó preceptos de la CIDH. Con corte a 31 de mayo se registran al menos “3.798 víctimas de violencia por parte de miembros de la fuerza pública distribuidas así: 1.248 víctimas de violencia física… 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego…” (temblores.org, Paiis-Uniandes, Indepaz). Agréguese 91 desaparecidos (Fiscalía); 20 homicidios, por disparos de policías a la cabeza o al tórax y uno por paliza, de 68 en investigación; 71 casos de violencia basada en género (HRW) y el Decreto 575, que ordena “asistencia militar” en 8 departamentos y 13 ciudades, tildado de inconstitucional por juristas.

Duque y el Centro Democrático porfiaron su suerte a la de Trump. El uno, con el embajador en Washington, y el otro, con su jefe a la cabeza, intervinieron abiertamente en la campaña. El costo es el desaire de Biden, reprobación internacional por el despotismo y quién sabe qué más, pues ¿permitirá la superpotencia que un “aliado estratégico” pisotee derechos humanos cuando ellos mismos son línea roja frente a Rusia y China, que tiene como amenaza a su hegemonía?

En el máximo desvarío, el uribismo envió una delegación a la CIDH, encabezada por la senadora que pugna por “armar a la población civil en defensa de la vida”. ¿Acaso el libreto es el agresivo lema “plomo es lo que hay”, que profesan los grupos que dispararon en Cali sobre manifestantes inermes en presencia de la Policía o quienes arremeten sobre jóvenes con un Porsche de alta gama o los sicarios que mataron a Lucas Villa en Pereira?

Quién expone a Avianca, ¿sus pilotos o sus propietarios?

Desde que en mayo se debatió en Blu Radio la venta de Cafesalud al grupo Prestasalud, se sembraron muchas dudas sobre la factibilidad económica y la eficacia de esa transacción. Se iban a ver severamente afectadas tanto la estructura financiera de la liquidación como la prestación del servicio a los 5,6 millones de usuarios que en ese momento estaban afiliados a dicha EPS.

Las razones para cuestionar “el negocio” son abundantes: por un lado, de los $1,4 billones ofrecidos y aceptados por el proponente Prestasalud y los agentes liquidadores y la Supersalud, más de $400 mil millones constituyen un canje entre las deudas de Cafesalud y algunas de las IPS que conformaron el consorcio comprador, entre ellas, el Grupo San José, Fundación Saint, Fundación Esensa, Servicio Aéreo Medicalizado y Fundamental MedicalFly, Medplus Medicina Prepagada (de exsocios de Carlos Palacino), Medilaser y Centro Nacional de Oncología, varias vinculadas por presuntos actos de corrupción en el sector.

El resto podrá ser pagado en cuotas por cinco años. Es decir, nada entrará como efectivo inmediato para atender las acreencias pendientes y el saldo será alimentado en parte por el pago a futuro de cada uno de los 5,6 millones de afiliados que quedaron bajo su tutela, pago hecho por el mismo gobierno –en el régimen subsidiado– y por los usuarios del contributivo.

Cuenta además la revista Semana que fue necesario para este cambalache que Prestasalud creara otra sociedad compradora y, a la vez, Cafesalud se escindiera en dos, a saber: Newscos y la IPS Esimed. Al final, si se divide el monto total de la compra, de $1,4 billones, por el número de asignados, 5,6 millones, el negocio se hizo del modo más mercantil: un equivalente de entre 85 y 90 dólares por cada cabeza, como clientes de un supermercado.

Los reparos de la Procuraduría y demás entidades de control sobre la verdadera palanca financiera para ese “nuevo modelo de negocio” en salud tuvieron como respuesta que el grupo español Ribera, del cual es propietario en un 50 % la compañía norteamericana Centene Groupse comprometiera a capitalizar la operación: que adquiriría el 80 % de una de las dos nuevas sociedades y el 20 % en la otra.

Al indagar sobre Ribera, “líder en concesiones administrativas sanitarias en España”, como se llama a sí misma, se descubre que su sistema de gestión ha recibido cuestionamientos, pues como gestor privado –APP en salud– se lucra de la infraestructura y de los recursos públicos. Ha reconocido además que recibe comisiones por comprarles medicamentos a los mismos laboratorios que los suministran a sus hospitales concesionados. Ya está también en Perú y Chile y es la cabeza de playa de Centene en América Latina.

https://www.elespanol.com/espana/politica/20161115/170983550_0.html

No es extraño entonces que, como fruto de tanto cambalache, en los primeros dos meses de atención al público se haya suscitado una oleada de diez mil quejas y, aún más grave, se denunciara el insólito abandono de niños pacientes con cáncer en Bucaramanga y en Cali, desafuero que no pudiera explicar el gerente al aire en Blu Radio. Tantas anomalías juntas impelieron a la Procuraduría a solicitar a la Supersalud la intervención de Medimás, el nombre que Prestasalud le puso a su EPS.

Finalmente, en un blog de Alberto Donadío en El Espectador se ha denunciado que en Medimás “decidieron anular los casi 2 millones de autorizaciones de servicios de salud que Cafesalud tiene pendientes, obligando a millones de colombianos a tener que ir (…) para solicitar (…) de nuevo el servicio que no les fue prestado”.

Si la Procuraduría cumple con velar por la vida y la salud de los colombianos, no se entiende por qué no disciplina a quienes, en vez de resolver en Cafesalud los desmanes de Saludcoop, terminaron empeorándolos. Y que después buscaron cómo deshacerse de ella en lugar de mejorar la muy ruin atención que se brinda a los colombianos, millones de los cuales consideran la falta de salud como su mayor problema.