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Ni cuentas claras, ni café espeso

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

La tormenta inflacionaria local fue más perfecta por la fracasada estrategia de libre comercio y capital extranjero.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Conexión Sur, un medio de comunicación del suroeste antioqueño, entrevistó el pasado 7 de enero a una decena de productores, quienes en el video revelaron que la cosecha cafetera de 2021 cayó en esa región en 40 o 50 por ciento (https://www.youtube.com/watch?v=dkKj7SKqOB4). Caficultores de otras zonas estiman la reducción en el 30. No obstante, el gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, le dijo a La República que el descenso era solo del 9 por ciento, para una producción total anual de 12,6 millones de sacos de 60 kilos (https://www.youtube.com/watch?v=g26p3ZK6rtU&t=58s).

Dichas cuentas se descuadran cuando se consolidan con otros números: 1) El de las exportaciones por 12,44 millones de sacos (https://federaciondecafeteros.org/wp/estadisticas-cafeteras/); 2) El de las importaciones récord en la historia de grano extraño por 1,8 millones (Twitter-José Leibovich) y 3) El del consumo interno que, según Vélez, se disparó de 2,2 kilos por habitante a 2,8, lo que en una cuenta por lo bajo, para 50 millones de personas, requeriría un mínimo de 2,4 millones de sacos (La República, ídem).

Con estos datos sucede un imposible: al sumar las exportaciones más el consumo nacional, la demanda total alcanzaría 14,9 millones de sacos, mientras toda la oferta disponible, entre importaciones y producción, fue solo de 14,4 millones, con lo cual faltarían 500.000 eventualmente demandados, pero que no fueron ofrecidos, según las cifras de la Federación. ¿Hubo contrabando por dicho volumen? ¿Se trata de un “machetazo” en la contabilidad para encubrir las gravísimas circunstancias de mercado atendidas con remedios peores que la enfermedad?

En esta columna se han comentado en dos oportunidades los quebrantos de las cooperativas de caficultores, del Fondo Nacional del Café, de Expocafé y de importadores particulares, como La Meseta o Dreyfus, por no contar con cantidades suficientes para cumplir los contratos en el exterior. La razón, un grupo de productores no mayoritario se ha negado a entregarlas a los precios a los que lo transaron en el pasado para mercados a futuro, ya que son muy inferiores a los actuales que desde julio pasado tocaron el techo de 2 dólares por libra, un hecho que se aúna a la caída en picada de la producción. Se conoce, por ejemplo, que tales faltantes en diciembre de 2021 en la cooperativa de Andes, Antioquia, fueron de 14 millones de kilos; en la de Risaralda, de 11; en tres del Tolima de 2,5 y en una sola del Huila de 1,7. Es decir, en solo las nombradas, casi 30 millones de kilos. El monto final del notorio desbalance se desconoce, ya que la Federación, en reprobable decisión, se ha negado a entregarlo.

Al relacionar tan dramática circunstancia con las importaciones, que vienen como avalancha de varios orígenes, hasta de Brasil (ver foto n.° 1), no se peca por exceso de suspicacia al inferir que tales compras externas han suplido lo no recibido de los cafeteros colombianos. Lo más penoso es que son pésimas calidades que inundan las bodegas de “pasilleros” (ver foto n.° 2), quienes las mezclan en proporciones del 40 por ciento con 60 por ciento de grano nacional para pasar por debajo de la norma de 180 defectos, salir como Café de Colombia o producto Colombia, pagar la contribución a la Federación de 3 centavos de dólar por libra y gozar así de la bonificación diferencial hasta de 56 en el mercado mundial. ¿Está en riesgo el mayor patrimonio de la caficultura nacional, la confianza en su bien remunerada calidad?

Entre tanto, Vélez se dedica además a la campaña reeleccionista del senador del Centro Democrático Alejandro Corrales. Hay registros de reuniones gremiales en el departamento del Magdalena como también testimonios de asistentes a asambleas de comités en Risaralda donde pide el voto de manera abierta por su candidato. Ahí no para: de modo inexplicable se permite que Corrales utilice en sus vallas políticas el logo característico de Café de Colombia, al aparecer con un pocillo de los que la Federación fabrica en Vajillas Corona. ¿A cargo de qué este abuso? ¿Paga Corrales los derechos marcarios por avisos como los exhibidos en la avenida de Las Américas en Pereira o a la entrada del municipio de La Virginia o en el paraje Mata de Guadua, en Belén de Umbría, su tierra natal? (foto n.° 3).

¿Cuánta de esta laxitud es reciprocidad de Vélez con Corrales, quien, siendo miembro del comité de cafeteros de Risaralda en 2016, lo incluyó en una única terna, para luego ser nombrado gerente por los delegados del Gobierno de Santos con salario de 30.000 dólares mensuales? Jorge Enrique Robledo, en un debate en el Congreso, pidió hace poco la renuncia de Roberto Vélez, después de leer estas líneas cualquiera pensaría que le sobraron razones para dicha proposición.

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¿Duque a lo Ortega?

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Duque hace la democracia colombiana más imperfecta de lo que ya es, una de “desempeño medio”, hacia la “deriva autocrática”.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La Constitución y la ley prohíben la participación en política de los servidores públicos. Hay antecedentes como la reconvención del entonces procurador Mario Aramburo a Carlos Lleras Restrepo “por hablar públicamente en favor del entonces candidato presidencial Misael Pastrana Borrero” (El Tiempo), y en 2013 “el procurador Alejandro Ordóñez le pidió al mandatario Juan Manuel Santos no participar en actos políticos” (Blu Radio).

Ni la Procuraduría ni la Fiscalía se percatan, o se hacen las que no, de que el presidente Iván Duque se ha convertido en jefe de debate de la derecha: sus opiniones políticas en los medios y en intervenciones públicas; la iniciativa del Ejecutivo de derogar la figura de convenios interadministrativos en la Ley de Garantías, conexa con la acumulación de bolsas de dinero, de 80 billones de pesos, para repartir e irrigar con fines electorales; su desbocada cabalgata de publirreportajes para inducir el continuismo “histórico” o las referencias descalificadoras contra candidatos que no son de sus afectos.

En entrevista en El Tiempo (8/8/2021) no ahorró loas a los precandidatos del denominado Equipo por Colombia (“Coalición de la Mermelada”), tanto que los editores los calificaron como “guiños”: hay “políticos” con “grandes capacidades”, y “los veo en el Centro Democrático (…) también en el Partido Conservador”, “personas que vienen del liderazgo regional”. Y dio nombres: “El caso del exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez. Veo el caso de Alejandro Char, el de Enrique Peñalosa”. En segunda instancia, al ser inquirido al respecto, mencionó miembros del Centro Democrático: Óscar Iván Zuluaga, Edward Rodríguez y Ernesto Macías, estos dos de los más duquistas, de la cuadrilla que escolta al actual inquilino de la Casa de Nariño.

En reportaje a la agencia EFE (16/1/2022), con ocasión de la visita a las islas Galápagos en Ecuador, titulado “Ve a Colombia en su centro político histórico tras las elecciones”, con desparpajo expresó que “equipo” es una “palabra universal, pero ya muchos sabrán cómo querrán interpretarla”, en evidente alusión al grupo de sus favoritos, que además han gozado en el Gobierno Duque de gangas burocráticas y presupuestales.

Al responder sobre la unión del Centro Democrático y el Equipo por Colombia, agregó para no dejar dudas: “No con ‘coaliciones o pactos’ de ocasión”. El resto fue una perorata sobre el castrochavismo, tanto que la agencia noticioso-propagandística tituló tal apartado como “izquierda inaceptable”.

La matrícula política de Duque quedó más al descubierto con la aclaración radial de Óscar Iván Zuluaga a raíz de la decisión de no unirse con Char y compañía (Blu Radio, 17/1/2022). Dijo que había llamado al presidente a contarle y que este “se limitó a escuchar”, que “respetaba la decisión”, pero que, según Zuluaga, “lo deseable para todos” era la unificación. Fuera de lo insólito que es hacer pública la conversación entre un candidato y el jefe del Estado, puede intuirse que, entre los motivos in pectore para hacerlo, ronda el presentimiento de Zuluaga de la traición que se vislumbra en el pulso entre las vertientes del uribismo, las “centristas” y las barras bravas de Cabal y compañía.

Un cúmulo de disposiciones veda la conducta presidencial desaforada. El artículo 127 de la Constitución Política; el Código Penal o Ley 599 de 2000; la Ley 996 de 2005 o de Garantías (que solo se cambió en un artículo); la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único y sentencias de la Corte Constitucional como la C-794 de 2014, que tipifica cuatro tipos de abusos, todas para frenarlos, incluida la controversia política. Las conoce el egresado de la Universidad Sergio Arboleda, pero se burla de ellas.

Como se dice, se pasa por la faja hasta la norma constitucional, y así emula con otros gobernantes del continente en el proceder antidemocrático, al intervenir desde el Poder Ejecutivo para imponer a sus preferidos, trasgrediendo la norma de “reglas ciertas, resultados inciertos”. Duque hace la democracia colombiana más imperfecta de lo que ya es, una de “desempeño medio”, hacia la “deriva autocrática” como advierte el Idea Internacional en Latinoamérica (El Tiempo, 23/1/2022).

Nada parece detenerlo para meter mano en las elecciones al Congreso y a la Presidencia. Los vigilantes, la exministra Cabello y Barbosa, compañero de pupitre ahora en la Fiscalía, son de bolsillo; los congresistas saben que de la largueza presidencial depende su reelección; la opinión confusa y dispersa no se moviliza ante el descaro o está pendiente de sus propias disputas, mientras el nefasto mandato de 2018 a 2022 hace de todo por intentar prorrogarse tipo Ortega, como en Nicaragua, avivado con el fuelle de un presidente que abandonó deberes para montar la campaña de la Coalición de la Mermelada.

Carestías y hambruna

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

La tormenta inflacionaria local fue más perfecta por la fracasada estrategia de libre comercio y capital extranjero.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La carestía fue el hecho económico en 2021 a escala global. Estados Unidos tuvo la más alta desde 1982, 7 por ciento, y las preocupaciones de los economistas giran en torno a esta distorsión. “En términos concretos, la aceleración de la inflación actual obedece a que el abastecimiento de bienes y servicios es menor que la demanda (…) el exceso de demanda desbordó los precios” (E. Sarmiento, El Espectador).

El índice de los alimentos de la FAO subió de 108,6 en 2020 a 133,7 en 2021. Con alzas en los cereales de 116 a 140; en aceites vegetales de 131 a 178; en lácteos de 109 a 128 y carnes de 94 a 111 (FAO, 100=2014-2016). Debe agregarse la falta de capacidad portuaria para atender la demanda creciente de una sociedad con gastos represados, impulsada por los apoyos fiscales a empresas y personas, y ahorros descongelados, que incrementaron el transporte marítimo de contenedores, cuyo costo promedio pasó de 1.290 dólares por unidad en noviembre de 2019 a 9.293 en diciembre de 2021 (Statista). Hay además escasez de chips electrónicos y hasta de conductores de camiones en las mayores economías. Prima la demanda sobre la oferta como fenómeno complejo, en el que unos factores se refuerzan con otros, más que el “demasiado dinero en busca de muy pocos bienes”, y las primeras víctimas “son 690 millones de personas que padecen hambre crónica en el mundo y 840 millones que la padecerán en 2030” (U. de Antioquia, 2022).

Se cree que en 2022 seguirá. En el escenario de riesgos, el Banco Mundial añade los efectos paralizantes de la variable ómicron, aparejada con bajos niveles de vacunación en muchos países. El Banco estima que los cuellos de botella en las cadenas de suministro no se resuelvan en el corto plazo con consecuentes alzas en los precios de los productos básicos, incluidos alimentos y energía, y alerta sobre elevados saldos de deuda pública en muchos países y sobre graves tensiones sociales y eventos climáticos extremos. Para América Latina, prevé que el crecimiento en 2021 del 6,7 por ciento caerá a 2,6 en 2022 y 2,7 en 2023 (WB, Global Economic Prospects). La alta inflación vendrá con bajo crecimiento, hacia la estanflación.

Colombia marcó en 2021 un Índice de Precios al Consumidor, IPC, del 5,62 por ciento y para los más vulnerables fue 6,85. Los alimentos alzaron 17,23; la comida fuera de casa 8,83, y el transporte 5,69 por la elevación de los combustibles en 11,32. Los alimentos responden por la mitad del índice, que sin ellos se hubiera incrementado 3,44 (Dane). Las listas de mercado lo confirman: entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, el huevo pasó de 317 pesos a 409; el kilo de pernil de pollo, de 6.637 a 12.800; el de papa, de 715 a 2.013; el de zanahoria, de 1.322 a 1.645; pastas y aceites se dispararon y el de manzana importada de 6.152 a 7.099 (Dane).

La tormenta inflacionaria local fue más perfecta por la fracasada estrategia de libre comercio y capital extranjero. Como abonos y plaguicidas son importados, los precios internacionales al alza, del nitrógeno, del potasio y del fósforo recargaron el Índice de Precios al Productor Agrario, que subió de 142,07 a 193,12, más de 50 puntos, el doble que entre 2015 y 2020. Colombia pagó por tonelada de insumos agrícolas 638 dólares en 2021, mientras que en 2019 fueron 500 (Cálculos, base Dane). Finalmente, la tasa de cambio completó el cuadro al treparse a 3.750 pesos en promedio en 2021, y a alimentos, insumos y transporte caros se sumó la devaluación.

Así, la dependencia de las importaciones de bienes del ámbito agropecuario, que bordean 14 millones de toneladas anuales, junto con dos millones de las de bienes intermedios para el agro, se conjuga con la debilidad del peso colombiano. “Sobresale el déficit de la balanza comercial” y “el fortalecimiento del dólar frente a las economías emergentes, siendo la colombiana de las más endeudadas y percibida como de mayor riesgo” (S. Kalmanovitz, El Espectador), cuando los “ciclos globales de liquidez” están ligados a “decisiones de política monetaria en Estados Unidos y otras economías avanzadas” (D. Guevara, El Espectador) que, por los anuncios, vendrán en sentido adverso.

El dramático balance empeora ante la falta de instrumentos para enderezar. Las restricciones de los TLC, la política cambiaria flexible, que relaciona con alto coeficiente la devaluación con el índice de precios, y la política monetaria, fallida en “mantener el poder adquisitivo”, impelen a modificar a fondo el neoliberalismo que las incubó en 1991. Sin reformas que admitan una coordinación monetaria entre las varias autoridades, la revisión de los tratados y el apoyo a la producción nacional, predominarán la carestía y la inseguridad alimentaria que azota al 54 por ciento de los hogares colombianos (SEMANA-Andi, 2021).

Las tres transiciones de Petro

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Aunque la transición de Petro a la Paz sea la de Uribe, a la Democracia la de Turbay y la Energética dar un golpe de gracia a Ecopetrol y a la explotación de carbón, es dable que obreros petroleros y mineros –incluso así– se aferren a tan peculiar Colombia Humana.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

A mediados de marzo de 2021, la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de obreros petroleros, publicó un boletín de adhesión al Pacto Histórico de Gustavo Petro. Ese comunicado, repetido por Sintracerromatoso y Sintracarbón, respaldaba tal decisión en las llamadas tres transiciones que el senador de Decentes propone como ejes de su campaña presidencial.

En primer lugar, la transición a la Paz, por “el final de la violencia política”; la segunda, a la Democracia, en la que la ciudadanía “sienta que su participación política cuenta”; y la tercera, la Energética por la que “logremos abandonar el capitalismo fósil hacia una sociedad del conocimiento” (USO).

Desarrollos posteriores dan puntadas de en qué consisten para Petro tales transiciones. En la de la Paz, por ejemplo, escribió un trino: “Estoy de acuerdo con una amnistía general en Colombia. El perdón social e histórico es una (sic) momento casi irrepetible pero fundamental en la paz las sociedades (sic). Pero antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa” (17/8/2021).

Así respaldó la propuesta de Álvaro Uribe, quien la definió “casi como un borrón y cuenta nueva”. La justa refutación vino de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo: “Una amnistía general como propone Álvaro Uribe daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones. Y con los derechos de las víctimas…”. Hicieron referencia directa a Petro porque al unirse está “promoviendo la impunidad”.

El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, acusó dicha amnistía como “desmonte subrepticio del acuerdo de paz”, “ventana de impunidad política”, “pone en riesgo los cimientos mismos del Estado de derecho” (El Tiempo, 30/8). La columnista María Isabel Rueda, lejana de la izquierda, apuntó: “No es sino una propuesta que se reduce a que miembros del Ejército y un puñado de delincuentes puedan ser elegidos o nombrados en la burocracia” (El Tiempo, 29/8). Una pifia enorme el aval de Petro a Uribe.

Parecido sucedió con la decisión de presentar listas cerradas del Pacto al Congreso, en relación con la supuesta “participación ciudadana activa” que “debe contar” en la transición a la Democracia. Aquí los contradictores fueron los propios conmilitones: el movimiento aliado Fuerza Ciudadana, de Carlos Caicedo, hizo rancho aparte con una lista abierta de petristas purasangres a bordo como el antioqueño Gilberto Tobón o el ex-M-19 de Santander, Emiro Arias. También Gustavo Bolívar lanzó que “si se define que la lista del Pacto Histórico al Senado de la República es cerrada, no volverá al Congreso en el año 2022” (La W, 28/4) e inquirió: “¿Y los exmilitares que quieren el cambio? ¿Y las madres de Soacha? ¿Y los influencers?”.

Supeditar aspiraciones de dirigentes y partidos diversos, coaligados en un propósito común, al bolígrafo del jefe único como en épocas de Turbay Ayala, revive prácticas de gamonalismo, emulando al Centro Democrático en 2014. Tanto que un concejal petrista de Bogotá dijo: “No hay mecanismos legítimos para definir el orden de la lista”, puede acabar en “componenda a puerta cerrada” (Semanario Voz), la arbitrariedad ha puesto al Polo como “vagón de cola del Pacto” (La Silla Vacía) y el ultrapetrista Wilson Arias trinó que cerrar las listas a la Cámara es “absolutamente inconveniente” con riesgo de “excesivo centralismo”.

Frente a la transición Energética, Petro fue draconiano: de ganar, no se explotará ni exportará petróleo desde 2022. Esto, que en las actuales condiciones lleva a un marchitamiento de Ecopetrol, así se ponga a producir paneles solares, fue rebatido por Jorge Robledo: es condenar a Colombia a importar combustibles; no se reducirán los gases de efecto invernadero (GEI) porque otros lo harán por nosotros; y menos si solo respondemos por el 0,53 por ciento de los GEI, de los cuales 0,28 por ciento del carbono compete a hidrocarburos; no hay renglón, ni el recurrido turismo, que ipso facto pueda trasladar 20 billones anuales al Estado ni absorber 65.000 empleos calificados que se esfumarían. Robledo, a contramano, delineó como agenda ambiental prioritaria “reducir la deforestación de la Amazonia y el Pacífico Biogeográfico” y unirse a la “cruzada mundial” para que los grandes países contaminadores “cumplan sus deberes globales”.

Aunque la transición de Petro a la Paz sea la de Uribe, a la Democracia la de Turbay y la Energética dar un golpe de gracia a Ecopetrol y a la explotación de carbón, es dable que obreros petroleros y mineros –incluso así– se aferren a tan peculiar Colombia Humana. No es nuevo, igual pasó cuando otrora el proletariado francés se alineó con Proudhon, “un charlatán en la ciencia y un contemporizador en la política”. ¡Qué le vamos a hacer!

Agro, Ingreso Seguro 2.0

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

En el colmo de los colmos, el crédito agropecuario está destinando cuantiosos montos a financiar las importaciones de productos del agro. ¡Horror!

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 2006, Álvaro Uribe lanzó el programa de crédito agropecuario subsidiado Agro, Ingreso Seguro, presentado para “promover la productividad y la competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía” (DNP).

Jorge Enrique Robledo demostró lo contrario: “El gobierno nacional tomó los escasos recursos del sector agropecuario (…) y los distribuyó de una manera concentradísima, en beneficio de unos pocos muy poderosos, a quienes les dio mucho, mientras que a casi todo el resto de los colombianos no les dio nada y a unos cuantos tan solo alguna cosa”.

Desde el comienzo se sabía que, dentro de las dadivosas entregas a la cúpula de beneficiarios, se violaron las normas en cerca de 40 casos por valor de 16.567 millones de pesos, por lo que los implicados debieron devolver esa suma (El Espectador). El ministro Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por 17 años, inhabilitado y multado por organismos de control, y con él llevados a juicio más de una decena de funcionarios. Varios de ellos y un número similar de los particulares aventajados irregularmente se acogieron a sentencia anticipada (El Espectador).

Resulta absurdo que, en 2020, 15 años después, el Gobierno de Duque repita la historia, al menos con la concentración del crédito. Informes de Finagro y glosas de analistas y gremios del campo lo demuestran. De 24,2 billones de pesos que se colocaron, 17,2 billones, el 71 por ciento, se prestaron apenas al 2 por ciento de los solicitantes, calificados como “grandes”. En la otra orilla, el 75 por ciento de los prestatarios, los “pequeños”, apenas recibieron 14 por ciento de las colocaciones, 3,4 billones (Finagro).

En números absolutos significa que “el saldo promedio de cartera de un pequeño productor es de cerca de $7 millones; el de un mediano, de $60 millones, y el de un grande, de $1.202 millones” (Finagro, 2020, p. 86). Luego 14.309 “muy poderosos” disponen de casi 18 billones de pesos, en tanto 60.000 medianos se hacen a 3,6 billones, y 485.714 campesinos y menores productores acceden entre todos apenas a 3,4 billones. Como las unidades de producción agropecuaria son casi 2 millones, resulta que cerca de tres de cada cuatro no acceden a ningún tipo de crédito. ¿Así o más desigual? (Dane- ENA-2019).

Ahí no para la iniquidad. Cuando se mira el objetivo de los créditos, el dato es aterrador. Sabiendo que los escasos recursos son solo 2,4 por ciento del PIB, mientras el agro es casi el 7 por ciento de la economía, tres de cada diez pesos colocados van a “normalización”. Es el nombre técnico para “refinanciación”, que no es para nuevas actividades, sino para sujetos cuyas obligaciones “no han podido cumplir con el cronograma de pagos acordado”. No fomenta la producción, sino que prorroga a mayor costo los recorridos de crédito sobre morosos entrampados, lo que es evidencia de las gigantescas dificultades del campo.

Un documento de Fedegán denuncia quiénes son los “muy poderosos”: “Dentro de una distorsionada concepción de cadena, incluyen rubros de Comercialización y Servicios de Apoyo, por donde se cuelan hasta grandes superficies, multinacionales de agroquímicos e industrias procesadoras” y que, en cuentas gruesas, capturan casi la mitad de todos los créditos, 45 por ciento. El hecho es conocido por los arroceros, que ven “fugar” ingentes paquetes hacia el oligopolio de los molinos, vía “comercialización” (Agameta). En el colmo de los colmos, el crédito agropecuario está destinando cuantiosos montos a financiar las importaciones de productos del agro. ¡Horror!

El manejo del crédito está puesto en alto porcentaje en las entidades privadas, como banca de primer piso, a las que se entregan recursos del Gobierno, de Finagro, a tasa de DTF + 1 por ciento y los colocan a DTF + 10 por ciento, por ejemplo, al mediano productor, vuelto así en “vaca lechera” de la banca. Un margen confiscatorio.

Las distorsiones son inconcebibles: la tasa de interés, para el pequeño productor, oscila alrededor del 11,5 por ciento; la del mediano, en torno al 10,5 y la del grande, donde hay libertad a los bancos para negociarla, del 8,5 real (Fedegán). ¿Es posible mayor asimetría? ¿Habrá en las generosas tarifas a los “grandes” una reedición de los desaguisados del original Agro, Ingreso Seguro? En manos de la Contraloría General y del control político del Congreso queda averiguarlo.

Iván Duque anhela ser recordado por la “equidad”. El caso del crédito para la agricultura será uno más donde ocurrirá al revés: lo añorarán el sector financiero y los “muy poderosos” favorecidos también con la promovida Agricultura por Contrato, donde el agricultor queda sometido por el intermediario, como acaeció con la Philip Morris y los tabacaleros, hasta que los extinguiera.

La desigualdad tiene bloqueado al país

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La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Colombia es de los países más desiguales en la distribución del ingreso. En el periodo 2012-2019, el Banco Mundial lo ubica entre los cinco más inicuos cuando evalúa de cero a uno por el coeficiente de Gini. Mientras más cerca de uno, mayor inequidad. El país marcó en ese periodo desde 0,517 en 2012 hasta 0,499 en 2017, para subir a 0,513 en 2019. Vergonzoso que en el escalafón del Índice de Desarrollo Humano ocupe el puesto 83 entre 189 naciones, pero, al ajustarse por desigualdad, caiga al 95 (PNUD, 2019).

La iniquidad en el ingreso no es la única; se pueden contar muchas más. En la renta; en el patrimonio y la riqueza entre personas naturales, entre las empresas; en género; en educación; en seguridad social, tanto en la salud como en el sistema pensional; en el empleo; en la distribución de la tierra rural; en la propiedad urbana; en la inversión bursátil y el sistema bancario, en los que cuatro grupos controlan el 80 por ciento de los activos. En suma, un país muy antidemocrático.

Abundan los datos contundentes que permiten ratificar esa condición ilegítima. Es el tercero peor en repartición de renta en Latinoamérica después de Brasil y Guatemala (Cepal, 2017); el 1 por ciento más rico concentra el 40,6 por ciento del total de la riqueza (Londoño), y de cada 100 pesos de ingreso, al 50 por ciento de la población –los más pobres– solo le llegan 17, mientras que al 10 por ciento más rico le tocan 40 (Suárez).PUBLICIDAD

Tampoco está exenta de desequilibrios la estructura empresarial. De 1.380.000 firmas estudiadas, las primeras 3.600 acaparan 40 de cada 100 pesos de las utilidades totales, y algo similar o peor ocurre con la propiedad de los activos para la mayoría de los sectores (Acopi. Bogotá, 2018).

A estos cuadros se suman similares en distintas áreas de la vida social. Según el PNUD, Colombia ocupa el puesto 101 en desigualdad de género, por debajo de Cuba, Brasil, El Salvador o México, y se expresa con énfasis en el empleo. En la pandemia, en el trimestre junio-agosto de 2020, la desocupación en las mujeres llegó a una de cada cuatro. Sin embargo, entre las jóvenes subió a más de una por cada tres, y la brecha salarial con los hombres es del 13 por ciento menos (Dane, 2019).

En el empleo también se manifiesta el desbalance. La mitad de los ocupados está en la informalidad y el 88 por ciento con remuneración laboral gana menos de dos salarios mínimos (Dane, 2020). La educación no está exenta de las execrables exclusiones: de 100 niños y niñas que entran a primaria, 44 aprueban el grado once, pero solo 21 logran entrar a la universidad y apenas diez terminan la educación superior, lo que reproduce sin solución las diferencias por generaciones (Acrees).

Lo de la seguridad social es aberrante. Pese a leyes y sentencias, los planes de beneficio en salud siguen discriminando a los afiliados de los distintos regímenes, y el acceso real, la atención y el servicio dependen del bolsillo. En el sistema pensional apenas tiene mesada una de cada cuatro personas en edad de jubilarse. De lo más perverso es la distribución de la tierra. Aunque las pequeñas propiedades son 1,7 millones, apenas ocupan el 2 por ciento del área rural. En contraste, las que tienen más de 1.000 hectáreas engloban tres de cada cuatro de las hectáreas totales (Dane-CNA). Peor, imposible.

Distintos autores explican las causas de tan bárbaras expresiones de discriminación. Thomas Piketty, en El capital en el siglo XXI, asevera que el “análisis erudito jamás pondrá fin a los violentos conflictos políticos suscitados por la desigualdad”. Joseph Stiglitz, en el Capitalismo progresista, dice: “La desigualdad económica se traduce inevitablemente en poder político y quienes lo ejercen lo utilizan en beneficio propio”. Angus Deaton, en El Gran Escape, afirma que quienes logran escabullirse hacia el bienestar “pueden bloquear los túneles detrás de ellos” y Ha Joon Chang, de Cambridge, indica: “El fracaso de construir una economía más igualitaria e innovadora es lo que está en el corazón de las protestas latinoamericanas” (BBC).

El que los más pobres requieran 600 años para obtener con sus exiguas entradas un patrimonio igual al del 1 por ciento más rico (Espitia) o que deban pasar 11 generaciones, 330 calendarios, para salir de la penuria (Ocde) permite concluir que Colombia, fuera de ser de las naciones más desiguales, es, de facto, la tierra de absurdas desigualdades. La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz: “La globalización y la liberación de los mercados causaron un deterioro en la distribución que no se contrarrestó con el estado de bienestar de transferencias” (Sarmiento, 2020).

La jugadita tributaria

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Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5. Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Al presentar su tercera reforma tributaria como “transformación social”, el Gobierno de Duque, con el ministro Carrasquilla a la cabeza y alentado por la Ocde, en una jugadita imita a quienes recurren a doble contabilidad para evadir o eludir obligaciones tributarias. No solo infla programas sociales intrascendentes, sino que tapa las gravosas cargas que se pondrán sobre asalariados, jubilados, consumidores y usuarios de servicios públicos con IVA; sobre la clase media.

Arrancó desde la campaña electoral con el incumplido lema “más salarios y menos impuestos”. Los primeros crecen por debajo del ingreso por habitante y mucho menos que las rentas del capital, y lo segundo se desmiente con tres reformas expedidas para elevar gravámenes a las mayorías.

La marca de las carpetas con motes como Ley de Crecimiento, de Financiamiento y Solidaridad Sostenible es otra argucia. La de 2018 trajo un mediocre avance económico del 3 por ciento, basado en la expansión del crédito de consumo y las importaciones; la segunda, con el coronavirus, agravó los déficits creados por los beneficios otorgados a los megainversionistas, como lo reconoce la Andi; y esta tercera acrecentará las diferencias socioeconómicas al poner más IVA a bienes y servicios, ampliar la base de contribuyentes a la renta, y adicionar impuestos indirectos verdes a fin de estrangular –como hacía el Monstruo de Frankenstein con sus víctimas– ingresos disponibles, cesantías, salarios y pensiones.

La justificación es el Programa de Ingreso Solidario (PIS), la devolución de IVA y matrícula gratis en universidades públicas para estratos uno, dos y tres, que con cara dura llaman “transformación social”. ¿Cuál es su costo? Los apoyos mensuales estarán rasurados y “focalizados” a la baja por el Sisbén IV, por una manipulable fórmula de asignación y con la reducción del déficit fiscal del 2 por ciento del PIB al año, como techo al gasto público, según acordó Colombia con el FMI para el préstamo de 5.300 millones de dólares. Suerte igual correrá la devolución del IVA, que excluirá a grupos de ingreso bajo y no retornará completo a los beneficiarios lo que les sacarán de un bolsillo para meterlo en el otro, y sumará solo 2,8 por ciento del recaudo total de IVA, que fue 66 billones de pesos en 2019. La gratuidad a universitarios y promoción de empleo joven llega a 0,8 billones de pesos.

El PIS está lejos de una auténtica renta básica. No dará ni un dólar en promedio al día por persona, cuando la cifra mínima de ingreso en países de ingreso medio-alto, para no ser tenida como pobre, es de 5,50 (BancoMundial) o siquiera 4, según el Dane.

No hará ni cosquillas a la penuria, pero se muestra como panacea. Los padres de familia de los estudiantes de las universidades públicas, con ingresos mayores a 2,9 millones de pesos mensuales en 2023 y a 2,5 millones en 2024, pagarán impuesto de renta y así no costearían la matrícula de sus hijos en las tesorerías universitarias, sino en la Dian.

Nada salvará a los pobres de 2 billones de pesos que les caerán encima al pasarse, de bienes exentos a excluidos de IVA, las materias primas para alimentos como pollo, leche, arroz, huevo, cerdo y salchichón. Ni del alza del IVA a la gasolina y al diésel de 5 a 19 por ciento, que recaudará 2 billones de pesos más, ni de la depuración de la base para los subsidios a la energía, ni del recargo en computadores, teléfonos de gama baja, bicicletas y ladrillos, ni en productos de cuidado menstrual.

¿Cuál es la verdadera contabilidad? Por concepto del ajuste al impuesto de renta, al que incorporará uno de cada tres asalariados formales en 2022 y a tres de cada cinco en 2023, se recogerán más de 17 billones de pesos; por IVA, 7,3 billones, 4 billones con personas jurídicas y otros 4 por tributos verdes indirectos. Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5.

Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía; la agresividad en tiempos de pandemia contra clases medias y aún vulnerables, y la cosmética austeridad que decretaron. A Duque y a los suyos no los sacará del caldero político ni el clan Uribe, que acude a su rescate con palabras remilgadas y en asalto a la candidez, declarando que la criatura de Frankenstein está muerta porque ya no subirá el IVA a la sal, al azúcar, al chocolate y al café.

Falso. Como he comprobado y lo ratifica el texto final, la reforma está más viva que nunca, resurgió reforzada, y para enterrarla de verdad son forzosas las protestas ciudadanas, como la programada para el 28 de abril, tanto por este Monstruo en sí como en respuesta al Gobierno Duque, que funda la política fiscal en la pretendida ignorancia de la ciudadanía, a la que busca escamotear con la narrativa de una contabilidad mentirosa, una jugadita.

La avionada de Duque

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Es una aberración fiscal gastar $14 billones en guerra en medio del acuerdo de paz y en plena pandemia, con déficit fiscal de $77 billones y deuda pública que supera 65 % del PIB.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El gobierno de Duque adquirirá 24 aviones caza F-16 Bloque 70 a Lockheed Martin por US$4.500 millones ($14 billones), en un paquete que “incluye mantenimiento, armas, apoyo de ingeniería, infraestructura y tecnología”. Así, Colombia, “mientras los Kfir estén operativos”, tendrá “83 aviones de combate”, en tanto “Chile tiene 45, con una flota de 35 F-16; Venezuela tiene 44, de los cuales 16 son F-16 no operativos; Brasil tiene la flota más grande con 120” (Noticias Caracol).

Iván Duque emula con sus antecesores. El Gobierno de Barco adquirió 12 aviones nuevos Kfir y otro de segunda mano a Israel, y la compra se complementó en 1991 con un Boeing 707 cisterna. Uribe, en su segundo mandato, compró otros 13 y repotenció 11 de los existentes. Para 2014, la FAC contaba con 21 unidades Kfir de distintas referencias.

En 1992 Colombia adquirió 15 helicópteros Black Hawk, sumados a 12 efectivos, para vigilar yacimientos de petróleo. En el Plan Colombia, hasta 2003, con Pastrana y Uribe, se llegó a 27 helicópteros UH-1N, 13 UH-60L y 24 HUEY II. En 2005 se compraron ocho MI-17 rusos (Conpes 3353) y 25 aviones Super Tucano de la brasileña Embraer, y hoy suman 38 de esta clase. El principal proveedor, incluidos contratos de soporte y tecnología, ha sido Lockheed Martin, y por esto y más Colombia, enfilada en la “lucha contrainsurgente”, era en 2018 el país de más gasto militar de la región, 3,1% del PIB (La República).

El negocio de los 24 F-16, iniciado en la Feria Aeronáutica Internacional F-AIR-2019 (Infodefensa.com), desató en redes sociales y en la oposición una justa oleada de críticas. Es una aberración fiscal gastar $14 billones en guerra en medio del acuerdo de paz y en plena pandemia, con déficit fiscal de $77 billones y deuda pública que supera 65 % del PIB; pero, ante todo, con una regresiva reforma tributaria que extraerá de las clases laboriosas más de $30 billones entre alza del IVA, impuesto de renta a uno de cada tres trabajadores formales y tributos indirectos verdes.

El asunto trasciende lo fiscal. La organización de monitoreo de transferencias de armas Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) señala que ese comercio se inclina a la corrupción por el secretismo inherente a la seguridad nacional; la intimidad entre compradores, proveedores e intermediarios; la opacidad en las cadenas de producción, transporte y finanzas; las especificaciones técnicas de los productos y las recompensas financieras que se estilan. World Peace Foundation compendia 41 casos de corruptela en el comercio exterior de armas, y Transparencia Internacional denunció que Estados Unidos suavizó en 2020 controles a las ventas militares y agrandó los agujeros por donde pasa la podredumbre.

Lockheed, primer contratista del Pentágono con US$75.000 millones en 2020 y conocido como “Walmart de la guerra” porque brinda una amplia gama de bienes y servicios para seguridad y defensa, no está libre de pecado. Forbes denunció que Lockheed tuvo que pagar una multa de US$4,7 millones por un lobby fraudulento al utilizar dineros provenientes de pagos del Estado para cabildear un contrato de más de 2.400 millones mediante una compañía subsidiaria. Es práctica común en la industria de armamento, en la que cada dólar de lobby rinde miles en contratos, usualmente con los Estados. ¿Alguien ganará una comisión de éxito en Colombia?

Las exportaciones estadounidenses de armas, que entre 2016 y 2018 valieron US$30.600 millones (OpenSecrets.org), son autorizadas por comités del Senado, halcones de los que a su vez dependen las ganancias de las industrias militares. Que no son pocas. Lockheed tendrá en la transacción del lote total de los F-16 un margen de beneficio del 11,4 %, que significa US$7.000 millones sobre US$62.000 millones de ventas totales (Rich Smith). En las arcas de State Street, The Vanguard, Capital Research & Management y Black Rock, fondos de capital dueños de 30 % de dicha empresa, parará el alza de tributos sobre productos de consumo masivo, merced a la reforma tributaria de Duque.

¿A quién se bombardeará? Según el senador Bob Menéndez, del comité de Relaciones Exteriores, y algunos analistas, Colombia “es país ejemplar con cooperación extensiva”, y frente a los Sukhoi de Venezuela habría “respuesta coordinada por tener superioridad de aire” (Evan Ellis). ¿Ataque interno o escaramuzas bélicas en las fronteras? En la incómoda compañía de regímenes como Marruecos, Jordania y Baréin o puntas de lanza como Taiwán, compradores de esta versión de F-16, Colombia hará parte del grupo de países secuaces, no socios, de la Otan. Aviones a las órdenes de Washington, aunque logrados con dineros de los contribuyentes nacionales.

Reforma tributaria #19: argucias e inequidades de Duque y la OCDE

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Muchas reformas de las finanzas públicas en Colombia las hicieron extranjeros, misiones como Kemmerer, Taylor, Musgrave y Bird-Wiesner (mixta), del Banco Mundial y el FMI y ahora de la Ocde refrenda los análisis y propuestas de Rosenbloom, Arnold, Owens y demás para, sin contar otras disposiciones atinentes, delinear la decimonovena reforma tributaria en 30 años.

El Congreso ordenó una comisión en la Ley 2010 de 2019, “de crecimiento económico”, para evaluar los beneficios cedidos a contribuyentes dentro de la Confianza Inversionista. El Gobierno y la Ocde desviaron este objetivo y se dedicaron a hurgar en el IVA y en el impuesto de renta para personas naturales y pretermitir las ventajas corporativas, que cuestan 10 billones de pesos anuales, concedidas cuando Carrasquilla ha manejado la Hacienda y que él llama “derechos adquiridos”. Se enfocaron en el costo fiscal anual por beneficios en el IVA en 52 billones de pesos y en 17 billones de pesos en el impuesto de renta de personas naturales. No vieron lo que sí la Contraloría en un documento: “Por cada peso pagado en impuestos el Estado le dejó de cobrar 51 centavos al sector financiero”.

En tan tendencioso empeño se “recomendó” revisar el cobro del IVA a 83 bienes y a los servicios para recabar 10,5 billones de pesos e incorporar al impuesto de renta a las personas naturales con ingresos de más de 2 millones de pesos mensuales, el 35 por ciento de los trabajadores formales, para 16,8 billones de pesos más, también con la supresión del 25 por ciento de su ingreso laboral depurado de exenciones y deducciones, y además el gravamen a las pensiones. Se omitió que en 2019, por 100 pesos recaudados, 54 vinieron de impuestos indirectos y regresivos, de los cuales el IVA aportó 42 y al resto ayudaron otros IVA disfrazados como combustibles, bolsas plásticas, consumo y carbono.

A contramano, los tributos directos, de renta y patrimonio, contribuyen con 46 pesos (Dian, 2019). Se tapó que la tarifa efectiva del impuesto de renta al sector financiero –al dividirlo por la renta líquida– es 22 por ciento, diez puntos menos de la nominal (Contraloría) o que personas naturales y jurídicas de nivel alto pagan tasas menores a las de ingreso medio en claro “sesgo pro rico” (Garay-Espitia). La estructura tributaria es regresiva y empeorará, ya que a las cúpulas económicas apenas se les cargarán tímidos aumentos en el tributo sobre dividendos, un exiguo porcentaje sobre abultados patrimonios y nada a los giros de ganancias de subsidiarias foráneas a sus casas matrices.

La comisión se apropió de la versión oficial del hueco fiscal: “La pandemia redujo los ingresos y aumentó los gastos. En periodos de crisis todos debemos hacer sacrificios” y escondió que el roto está en la Ley 2010 de 2019, que instauró contratos de Estabilidad Jurídica por 20 años para megainversiones superiores a un billón de pesos y 400 empleos creados, con tarifa del 27 por ciento, exención de renta presuntiva y patrimonio, o por diez años para proyectos agropecuarios con inversión superior a 856 millones de pesos y diez empleos, o para negocios de economía naranja por siete años con tres empleos, mantenidos todos en el proyecto de Reforma. Al sumarse a tanto regalo, la baja en la tarifa empresarial de renta de 33 a 30 por ciento; el descuento del 50 por ciento del impuesto de Industria y Comercio, ICA; la devolución del IVA en la importación de bienes de capital y la caída del recaudo en 2020 por 11 billones de pesos, se encuentra la mayor porción del déficit de 77 billones, en exceso sobre cualquier cálculo de gasto público en la pandemia.

La falsa narrativa contagió: Fescol y centros de estudio corrieron a proponer un recaudo de 20 billones de pesos venidos en parte por impuestos al salchichón, la cerveza, combustibles y servicios digitales; Fedesarrollo planteó acopiar 30 billones de pesos universalizando el IVA, eliminando el régimen pensional y arrinconando al sistema de compensación familiar, y Anif pidió tarifa plena paulatina de IVA del 18 por ciento a 2024 y aumentar el recaudo por renta en personas naturales en 8 billones. Duque justifica la iniquidad con “zanahoria social”, que implicará gasto adicional neto máximo por 4 billones de pesos, en tanto la Contraloría insiste en examinar el cumplimiento de los objetivos de los tratos preferenciales a empresas y advierte que aumentar el IVA afectaría a “millones de pobres”.

Como colofón, citar a Voltaire: “El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra”. La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

Prácticas non sanctas de Carrasquilla: ¿Qué dicen los entes de control?

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar beneficios tributarios enredados.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Carrasquilla dijo recién nombrado que al presupuesto le faltaban 14 billones de pesos de ingresos para cumplir la regla fiscal y que iba a cubrirlos con la Ley de Financiamiento de 2018. Anif y Mauricio Cárdenas advirtieron deficiencias, y Moody’s calculó que solo conseguiría 7 billones de pesos. La Corte Constitucional se la tumbó en octubre de 2019 por violar el debido trámite en el Congreso. En efecto, el recaudo de IVA y otros indirectos creció 5 billones de pesos, pero el de la renta, apenas 3 billones de pesos.

Inspirado en que “rebajar impuestos era el motor de la economía”, metió la Ley de Crecimiento, que rebajó la tarifa al impuesto de renta empresarial e introdujo beneficios tributarios con cargo al erario por 9,4 billones de pesos para 2021, 11,5 billones de pesos para 2022 y 19,4 billones de pesos para 2023, sin contar otras prebendas, y se guardó el as de las privatizaciones para cuadrar cuentas corrientes. Recambió los vencimientos de la deuda pública: bajó a 3,8 billones de pesos los 20,74 billones de pesos a pagar en 2020 y pasó el resto a 2025, cuando el monto será de 30,5 billones de pesos, legándole el chicharrón al Gobierno venidero (BanRep). El exministro Cárdenas juzgó que para pulir tales planes “se tiene que incurrir en prácticas non sanctas” (junio 2019) y que pensar que la reforma se pagará “a punta de mayor crecimiento, es un deseo más que una realidad” (noviembre 2019). Una vez en vigor la Ley de Crecimiento, Duque y Carrasquilla presumieron que ya había superávit antes del servicio de la deuda.

Las cuentas de la lechera estallaron con la pandemia, pero a Carrasquilla le sirvió para incurrir en nuevas prácticas non sanctas a fin de financiar el descuadre. El Observatorio Fiscal de la Javeriana reveló que los importes del fondo Fome, creado para la emergencia, no coincidían con lo publicado en los portales de Transparencia. A febrero de 2021 acumulaba 40,5 billones de pesos, pero desembolsados 22,6 billones de pesos, 2,1 por ciento del PIB, lo que hace del Gobierno de Duque uno “chichipato”.

Dado que varios rubros como la devolución del IVA estaban en el presupuesto, el dato final del PIB del gasto nominal del Gobierno en 2020 fue de 10,5 billones de pesos, mucho menos que en 2019, cuando no había crisis por el virus. Contra toda evidencia, Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar los beneficios tributarios enredados, más aún con la caída por 11 billones de pesos del recaudo en impuestos el año pasado. Tampoco validan la reforma nuevas deudas en TES a largo plazo por 36 billones de pesos; ni la de 12 billones de pesos a diez años con el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), contraída en un raponazo a los entes territoriales; ni la del FMI por 5.300 millones de dólares, casi la mitad usada sin saberse en qué.

Nada la justifica, y menos si se descarga sobre una economía hundida en -6,8 por ciento. Es tan absurda que el exdirector de la Dian expresó: “Más importante fortalecer la Dian y perseguir a los evasores que hacer nuevas reformas tributarias” (SEMANA, 13/2/21). En la onda gobiernista y sin evaluación mayor, algunos centros de estudio propusieron una por 20 billones de pesos, plagada de impuestos al salchichón, a la gasolina y al gas. También en un esfuerzo por cuadrar el círculo, economistas apuntan a devoluciones y sobretasas para tornar progresivo el IVA. Carrasquilla, desaforado, sin regla fiscal, se arroja sobre la clase media y decreta la impropia toma hostil de ISA desde la entrampada Ecopetrol.

¿Impunidad a Carrasquilla? Pido a Procuraduría y Contraloría impedirlo y revisar sus “prácticas non sanctas”, que violan el principio constitucional de transparencia.