Las tres transiciones de Petro

Aunque la transición de Petro a la Paz sea la de Uribe, a la Democracia la de Turbay y la Energética dar un golpe de gracia a Ecopetrol y a la explotación de carbón, es dable que obreros petroleros y mineros –incluso así– se aferren a tan peculiar Colombia Humana.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

A mediados de marzo de 2021, la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de obreros petroleros, publicó un boletín de adhesión al Pacto Histórico de Gustavo Petro. Ese comunicado, repetido por Sintracerromatoso y Sintracarbón, respaldaba tal decisión en las llamadas tres transiciones que el senador de Decentes propone como ejes de su campaña presidencial.

En primer lugar, la transición a la Paz, por “el final de la violencia política”; la segunda, a la Democracia, en la que la ciudadanía “sienta que su participación política cuenta”; y la tercera, la Energética por la que “logremos abandonar el capitalismo fósil hacia una sociedad del conocimiento” (USO).

Desarrollos posteriores dan puntadas de en qué consisten para Petro tales transiciones. En la de la Paz, por ejemplo, escribió un trino: “Estoy de acuerdo con una amnistía general en Colombia. El perdón social e histórico es una (sic) momento casi irrepetible pero fundamental en la paz las sociedades (sic). Pero antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa” (17/8/2021).

Así respaldó la propuesta de Álvaro Uribe, quien la definió “casi como un borrón y cuenta nueva”. La justa refutación vino de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo: “Una amnistía general como propone Álvaro Uribe daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones. Y con los derechos de las víctimas…”. Hicieron referencia directa a Petro porque al unirse está “promoviendo la impunidad”.

El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, acusó dicha amnistía como “desmonte subrepticio del acuerdo de paz”, “ventana de impunidad política”, “pone en riesgo los cimientos mismos del Estado de derecho” (El Tiempo, 30/8). La columnista María Isabel Rueda, lejana de la izquierda, apuntó: “No es sino una propuesta que se reduce a que miembros del Ejército y un puñado de delincuentes puedan ser elegidos o nombrados en la burocracia” (El Tiempo, 29/8). Una pifia enorme el aval de Petro a Uribe.

Parecido sucedió con la decisión de presentar listas cerradas del Pacto al Congreso, en relación con la supuesta “participación ciudadana activa” que “debe contar” en la transición a la Democracia. Aquí los contradictores fueron los propios conmilitones: el movimiento aliado Fuerza Ciudadana, de Carlos Caicedo, hizo rancho aparte con una lista abierta de petristas purasangres a bordo como el antioqueño Gilberto Tobón o el ex-M-19 de Santander, Emiro Arias. También Gustavo Bolívar lanzó que “si se define que la lista del Pacto Histórico al Senado de la República es cerrada, no volverá al Congreso en el año 2022” (La W, 28/4) e inquirió: “¿Y los exmilitares que quieren el cambio? ¿Y las madres de Soacha? ¿Y los influencers?”.

Supeditar aspiraciones de dirigentes y partidos diversos, coaligados en un propósito común, al bolígrafo del jefe único como en épocas de Turbay Ayala, revive prácticas de gamonalismo, emulando al Centro Democrático en 2014. Tanto que un concejal petrista de Bogotá dijo: “No hay mecanismos legítimos para definir el orden de la lista”, puede acabar en “componenda a puerta cerrada” (Semanario Voz), la arbitrariedad ha puesto al Polo como “vagón de cola del Pacto” (La Silla Vacía) y el ultrapetrista Wilson Arias trinó que cerrar las listas a la Cámara es “absolutamente inconveniente” con riesgo de “excesivo centralismo”.

Frente a la transición Energética, Petro fue draconiano: de ganar, no se explotará ni exportará petróleo desde 2022. Esto, que en las actuales condiciones lleva a un marchitamiento de Ecopetrol, así se ponga a producir paneles solares, fue rebatido por Jorge Robledo: es condenar a Colombia a importar combustibles; no se reducirán los gases de efecto invernadero (GEI) porque otros lo harán por nosotros; y menos si solo respondemos por el 0,53 por ciento de los GEI, de los cuales 0,28 por ciento del carbono compete a hidrocarburos; no hay renglón, ni el recurrido turismo, que ipso facto pueda trasladar 20 billones anuales al Estado ni absorber 65.000 empleos calificados que se esfumarían. Robledo, a contramano, delineó como agenda ambiental prioritaria “reducir la deforestación de la Amazonia y el Pacífico Biogeográfico” y unirse a la “cruzada mundial” para que los grandes países contaminadores “cumplan sus deberes globales”.

Aunque la transición de Petro a la Paz sea la de Uribe, a la Democracia la de Turbay y la Energética dar un golpe de gracia a Ecopetrol y a la explotación de carbón, es dable que obreros petroleros y mineros –incluso así– se aferren a tan peculiar Colombia Humana. No es nuevo, igual pasó cuando otrora el proletariado francés se alineó con Proudhon, “un charlatán en la ciencia y un contemporizador en la política”. ¡Qué le vamos a hacer!

Agro, Ingreso Seguro 2.0

En el colmo de los colmos, el crédito agropecuario está destinando cuantiosos montos a financiar las importaciones de productos del agro. ¡Horror!

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 2006, Álvaro Uribe lanzó el programa de crédito agropecuario subsidiado Agro, Ingreso Seguro, presentado para “promover la productividad y la competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía” (DNP).

Jorge Enrique Robledo demostró lo contrario: “El gobierno nacional tomó los escasos recursos del sector agropecuario (…) y los distribuyó de una manera concentradísima, en beneficio de unos pocos muy poderosos, a quienes les dio mucho, mientras que a casi todo el resto de los colombianos no les dio nada y a unos cuantos tan solo alguna cosa”.

Desde el comienzo se sabía que, dentro de las dadivosas entregas a la cúpula de beneficiarios, se violaron las normas en cerca de 40 casos por valor de 16.567 millones de pesos, por lo que los implicados debieron devolver esa suma (El Espectador). El ministro Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por 17 años, inhabilitado y multado por organismos de control, y con él llevados a juicio más de una decena de funcionarios. Varios de ellos y un número similar de los particulares aventajados irregularmente se acogieron a sentencia anticipada (El Espectador).

Resulta absurdo que, en 2020, 15 años después, el Gobierno de Duque repita la historia, al menos con la concentración del crédito. Informes de Finagro y glosas de analistas y gremios del campo lo demuestran. De 24,2 billones de pesos que se colocaron, 17,2 billones, el 71 por ciento, se prestaron apenas al 2 por ciento de los solicitantes, calificados como “grandes”. En la otra orilla, el 75 por ciento de los prestatarios, los “pequeños”, apenas recibieron 14 por ciento de las colocaciones, 3,4 billones (Finagro).

En números absolutos significa que “el saldo promedio de cartera de un pequeño productor es de cerca de $7 millones; el de un mediano, de $60 millones, y el de un grande, de $1.202 millones” (Finagro, 2020, p. 86). Luego 14.309 “muy poderosos” disponen de casi 18 billones de pesos, en tanto 60.000 medianos se hacen a 3,6 billones, y 485.714 campesinos y menores productores acceden entre todos apenas a 3,4 billones. Como las unidades de producción agropecuaria son casi 2 millones, resulta que cerca de tres de cada cuatro no acceden a ningún tipo de crédito. ¿Así o más desigual? (Dane- ENA-2019).

Ahí no para la iniquidad. Cuando se mira el objetivo de los créditos, el dato es aterrador. Sabiendo que los escasos recursos son solo 2,4 por ciento del PIB, mientras el agro es casi el 7 por ciento de la economía, tres de cada diez pesos colocados van a “normalización”. Es el nombre técnico para “refinanciación”, que no es para nuevas actividades, sino para sujetos cuyas obligaciones “no han podido cumplir con el cronograma de pagos acordado”. No fomenta la producción, sino que prorroga a mayor costo los recorridos de crédito sobre morosos entrampados, lo que es evidencia de las gigantescas dificultades del campo.

Un documento de Fedegán denuncia quiénes son los “muy poderosos”: “Dentro de una distorsionada concepción de cadena, incluyen rubros de Comercialización y Servicios de Apoyo, por donde se cuelan hasta grandes superficies, multinacionales de agroquímicos e industrias procesadoras” y que, en cuentas gruesas, capturan casi la mitad de todos los créditos, 45 por ciento. El hecho es conocido por los arroceros, que ven “fugar” ingentes paquetes hacia el oligopolio de los molinos, vía “comercialización” (Agameta). En el colmo de los colmos, el crédito agropecuario está destinando cuantiosos montos a financiar las importaciones de productos del agro. ¡Horror!

El manejo del crédito está puesto en alto porcentaje en las entidades privadas, como banca de primer piso, a las que se entregan recursos del Gobierno, de Finagro, a tasa de DTF + 1 por ciento y los colocan a DTF + 10 por ciento, por ejemplo, al mediano productor, vuelto así en “vaca lechera” de la banca. Un margen confiscatorio.

Las distorsiones son inconcebibles: la tasa de interés, para el pequeño productor, oscila alrededor del 11,5 por ciento; la del mediano, en torno al 10,5 y la del grande, donde hay libertad a los bancos para negociarla, del 8,5 real (Fedegán). ¿Es posible mayor asimetría? ¿Habrá en las generosas tarifas a los “grandes” una reedición de los desaguisados del original Agro, Ingreso Seguro? En manos de la Contraloría General y del control político del Congreso queda averiguarlo.

Iván Duque anhela ser recordado por la “equidad”. El caso del crédito para la agricultura será uno más donde ocurrirá al revés: lo añorarán el sector financiero y los “muy poderosos” favorecidos también con la promovida Agricultura por Contrato, donde el agricultor queda sometido por el intermediario, como acaeció con la Philip Morris y los tabacaleros, hasta que los extinguiera.

La desigualdad tiene bloqueado al país

La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Colombia es de los países más desiguales en la distribución del ingreso. En el periodo 2012-2019, el Banco Mundial lo ubica entre los cinco más inicuos cuando evalúa de cero a uno por el coeficiente de Gini. Mientras más cerca de uno, mayor inequidad. El país marcó en ese periodo desde 0,517 en 2012 hasta 0,499 en 2017, para subir a 0,513 en 2019. Vergonzoso que en el escalafón del Índice de Desarrollo Humano ocupe el puesto 83 entre 189 naciones, pero, al ajustarse por desigualdad, caiga al 95 (PNUD, 2019).

La iniquidad en el ingreso no es la única; se pueden contar muchas más. En la renta; en el patrimonio y la riqueza entre personas naturales, entre las empresas; en género; en educación; en seguridad social, tanto en la salud como en el sistema pensional; en el empleo; en la distribución de la tierra rural; en la propiedad urbana; en la inversión bursátil y el sistema bancario, en los que cuatro grupos controlan el 80 por ciento de los activos. En suma, un país muy antidemocrático.

Abundan los datos contundentes que permiten ratificar esa condición ilegítima. Es el tercero peor en repartición de renta en Latinoamérica después de Brasil y Guatemala (Cepal, 2017); el 1 por ciento más rico concentra el 40,6 por ciento del total de la riqueza (Londoño), y de cada 100 pesos de ingreso, al 50 por ciento de la población –los más pobres– solo le llegan 17, mientras que al 10 por ciento más rico le tocan 40 (Suárez).PUBLICIDAD

Tampoco está exenta de desequilibrios la estructura empresarial. De 1.380.000 firmas estudiadas, las primeras 3.600 acaparan 40 de cada 100 pesos de las utilidades totales, y algo similar o peor ocurre con la propiedad de los activos para la mayoría de los sectores (Acopi. Bogotá, 2018).

A estos cuadros se suman similares en distintas áreas de la vida social. Según el PNUD, Colombia ocupa el puesto 101 en desigualdad de género, por debajo de Cuba, Brasil, El Salvador o México, y se expresa con énfasis en el empleo. En la pandemia, en el trimestre junio-agosto de 2020, la desocupación en las mujeres llegó a una de cada cuatro. Sin embargo, entre las jóvenes subió a más de una por cada tres, y la brecha salarial con los hombres es del 13 por ciento menos (Dane, 2019).

En el empleo también se manifiesta el desbalance. La mitad de los ocupados está en la informalidad y el 88 por ciento con remuneración laboral gana menos de dos salarios mínimos (Dane, 2020). La educación no está exenta de las execrables exclusiones: de 100 niños y niñas que entran a primaria, 44 aprueban el grado once, pero solo 21 logran entrar a la universidad y apenas diez terminan la educación superior, lo que reproduce sin solución las diferencias por generaciones (Acrees).

Lo de la seguridad social es aberrante. Pese a leyes y sentencias, los planes de beneficio en salud siguen discriminando a los afiliados de los distintos regímenes, y el acceso real, la atención y el servicio dependen del bolsillo. En el sistema pensional apenas tiene mesada una de cada cuatro personas en edad de jubilarse. De lo más perverso es la distribución de la tierra. Aunque las pequeñas propiedades son 1,7 millones, apenas ocupan el 2 por ciento del área rural. En contraste, las que tienen más de 1.000 hectáreas engloban tres de cada cuatro de las hectáreas totales (Dane-CNA). Peor, imposible.

Distintos autores explican las causas de tan bárbaras expresiones de discriminación. Thomas Piketty, en El capital en el siglo XXI, asevera que el “análisis erudito jamás pondrá fin a los violentos conflictos políticos suscitados por la desigualdad”. Joseph Stiglitz, en el Capitalismo progresista, dice: “La desigualdad económica se traduce inevitablemente en poder político y quienes lo ejercen lo utilizan en beneficio propio”. Angus Deaton, en El Gran Escape, afirma que quienes logran escabullirse hacia el bienestar “pueden bloquear los túneles detrás de ellos” y Ha Joon Chang, de Cambridge, indica: “El fracaso de construir una economía más igualitaria e innovadora es lo que está en el corazón de las protestas latinoamericanas” (BBC).

El que los más pobres requieran 600 años para obtener con sus exiguas entradas un patrimonio igual al del 1 por ciento más rico (Espitia) o que deban pasar 11 generaciones, 330 calendarios, para salir de la penuria (Ocde) permite concluir que Colombia, fuera de ser de las naciones más desiguales, es, de facto, la tierra de absurdas desigualdades. La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz: “La globalización y la liberación de los mercados causaron un deterioro en la distribución que no se contrarrestó con el estado de bienestar de transferencias” (Sarmiento, 2020).

La jugadita tributaria

Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5. Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Al presentar su tercera reforma tributaria como “transformación social”, el Gobierno de Duque, con el ministro Carrasquilla a la cabeza y alentado por la Ocde, en una jugadita imita a quienes recurren a doble contabilidad para evadir o eludir obligaciones tributarias. No solo infla programas sociales intrascendentes, sino que tapa las gravosas cargas que se pondrán sobre asalariados, jubilados, consumidores y usuarios de servicios públicos con IVA; sobre la clase media.

Arrancó desde la campaña electoral con el incumplido lema “más salarios y menos impuestos”. Los primeros crecen por debajo del ingreso por habitante y mucho menos que las rentas del capital, y lo segundo se desmiente con tres reformas expedidas para elevar gravámenes a las mayorías.

La marca de las carpetas con motes como Ley de Crecimiento, de Financiamiento y Solidaridad Sostenible es otra argucia. La de 2018 trajo un mediocre avance económico del 3 por ciento, basado en la expansión del crédito de consumo y las importaciones; la segunda, con el coronavirus, agravó los déficits creados por los beneficios otorgados a los megainversionistas, como lo reconoce la Andi; y esta tercera acrecentará las diferencias socioeconómicas al poner más IVA a bienes y servicios, ampliar la base de contribuyentes a la renta, y adicionar impuestos indirectos verdes a fin de estrangular –como hacía el Monstruo de Frankenstein con sus víctimas– ingresos disponibles, cesantías, salarios y pensiones.

La justificación es el Programa de Ingreso Solidario (PIS), la devolución de IVA y matrícula gratis en universidades públicas para estratos uno, dos y tres, que con cara dura llaman “transformación social”. ¿Cuál es su costo? Los apoyos mensuales estarán rasurados y “focalizados” a la baja por el Sisbén IV, por una manipulable fórmula de asignación y con la reducción del déficit fiscal del 2 por ciento del PIB al año, como techo al gasto público, según acordó Colombia con el FMI para el préstamo de 5.300 millones de dólares. Suerte igual correrá la devolución del IVA, que excluirá a grupos de ingreso bajo y no retornará completo a los beneficiarios lo que les sacarán de un bolsillo para meterlo en el otro, y sumará solo 2,8 por ciento del recaudo total de IVA, que fue 66 billones de pesos en 2019. La gratuidad a universitarios y promoción de empleo joven llega a 0,8 billones de pesos.

El PIS está lejos de una auténtica renta básica. No dará ni un dólar en promedio al día por persona, cuando la cifra mínima de ingreso en países de ingreso medio-alto, para no ser tenida como pobre, es de 5,50 (BancoMundial) o siquiera 4, según el Dane.

No hará ni cosquillas a la penuria, pero se muestra como panacea. Los padres de familia de los estudiantes de las universidades públicas, con ingresos mayores a 2,9 millones de pesos mensuales en 2023 y a 2,5 millones en 2024, pagarán impuesto de renta y así no costearían la matrícula de sus hijos en las tesorerías universitarias, sino en la Dian.

Nada salvará a los pobres de 2 billones de pesos que les caerán encima al pasarse, de bienes exentos a excluidos de IVA, las materias primas para alimentos como pollo, leche, arroz, huevo, cerdo y salchichón. Ni del alza del IVA a la gasolina y al diésel de 5 a 19 por ciento, que recaudará 2 billones de pesos más, ni de la depuración de la base para los subsidios a la energía, ni del recargo en computadores, teléfonos de gama baja, bicicletas y ladrillos, ni en productos de cuidado menstrual.

¿Cuál es la verdadera contabilidad? Por concepto del ajuste al impuesto de renta, al que incorporará uno de cada tres asalariados formales en 2022 y a tres de cada cinco en 2023, se recogerán más de 17 billones de pesos; por IVA, 7,3 billones, 4 billones con personas jurídicas y otros 4 por tributos verdes indirectos. Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5.

Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía; la agresividad en tiempos de pandemia contra clases medias y aún vulnerables, y la cosmética austeridad que decretaron. A Duque y a los suyos no los sacará del caldero político ni el clan Uribe, que acude a su rescate con palabras remilgadas y en asalto a la candidez, declarando que la criatura de Frankenstein está muerta porque ya no subirá el IVA a la sal, al azúcar, al chocolate y al café.

Falso. Como he comprobado y lo ratifica el texto final, la reforma está más viva que nunca, resurgió reforzada, y para enterrarla de verdad son forzosas las protestas ciudadanas, como la programada para el 28 de abril, tanto por este Monstruo en sí como en respuesta al Gobierno Duque, que funda la política fiscal en la pretendida ignorancia de la ciudadanía, a la que busca escamotear con la narrativa de una contabilidad mentirosa, una jugadita.

La avionada de Duque

Es una aberración fiscal gastar $14 billones en guerra en medio del acuerdo de paz y en plena pandemia, con déficit fiscal de $77 billones y deuda pública que supera 65 % del PIB.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El gobierno de Duque adquirirá 24 aviones caza F-16 Bloque 70 a Lockheed Martin por US$4.500 millones ($14 billones), en un paquete que “incluye mantenimiento, armas, apoyo de ingeniería, infraestructura y tecnología”. Así, Colombia, “mientras los Kfir estén operativos”, tendrá “83 aviones de combate”, en tanto “Chile tiene 45, con una flota de 35 F-16; Venezuela tiene 44, de los cuales 16 son F-16 no operativos; Brasil tiene la flota más grande con 120” (Noticias Caracol).

Iván Duque emula con sus antecesores. El Gobierno de Barco adquirió 12 aviones nuevos Kfir y otro de segunda mano a Israel, y la compra se complementó en 1991 con un Boeing 707 cisterna. Uribe, en su segundo mandato, compró otros 13 y repotenció 11 de los existentes. Para 2014, la FAC contaba con 21 unidades Kfir de distintas referencias.

En 1992 Colombia adquirió 15 helicópteros Black Hawk, sumados a 12 efectivos, para vigilar yacimientos de petróleo. En el Plan Colombia, hasta 2003, con Pastrana y Uribe, se llegó a 27 helicópteros UH-1N, 13 UH-60L y 24 HUEY II. En 2005 se compraron ocho MI-17 rusos (Conpes 3353) y 25 aviones Super Tucano de la brasileña Embraer, y hoy suman 38 de esta clase. El principal proveedor, incluidos contratos de soporte y tecnología, ha sido Lockheed Martin, y por esto y más Colombia, enfilada en la “lucha contrainsurgente”, era en 2018 el país de más gasto militar de la región, 3,1% del PIB (La República).

El negocio de los 24 F-16, iniciado en la Feria Aeronáutica Internacional F-AIR-2019 (Infodefensa.com), desató en redes sociales y en la oposición una justa oleada de críticas. Es una aberración fiscal gastar $14 billones en guerra en medio del acuerdo de paz y en plena pandemia, con déficit fiscal de $77 billones y deuda pública que supera 65 % del PIB; pero, ante todo, con una regresiva reforma tributaria que extraerá de las clases laboriosas más de $30 billones entre alza del IVA, impuesto de renta a uno de cada tres trabajadores formales y tributos indirectos verdes.

El asunto trasciende lo fiscal. La organización de monitoreo de transferencias de armas Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) señala que ese comercio se inclina a la corrupción por el secretismo inherente a la seguridad nacional; la intimidad entre compradores, proveedores e intermediarios; la opacidad en las cadenas de producción, transporte y finanzas; las especificaciones técnicas de los productos y las recompensas financieras que se estilan. World Peace Foundation compendia 41 casos de corruptela en el comercio exterior de armas, y Transparencia Internacional denunció que Estados Unidos suavizó en 2020 controles a las ventas militares y agrandó los agujeros por donde pasa la podredumbre.

Lockheed, primer contratista del Pentágono con US$75.000 millones en 2020 y conocido como “Walmart de la guerra” porque brinda una amplia gama de bienes y servicios para seguridad y defensa, no está libre de pecado. Forbes denunció que Lockheed tuvo que pagar una multa de US$4,7 millones por un lobby fraudulento al utilizar dineros provenientes de pagos del Estado para cabildear un contrato de más de 2.400 millones mediante una compañía subsidiaria. Es práctica común en la industria de armamento, en la que cada dólar de lobby rinde miles en contratos, usualmente con los Estados. ¿Alguien ganará una comisión de éxito en Colombia?

Las exportaciones estadounidenses de armas, que entre 2016 y 2018 valieron US$30.600 millones (OpenSecrets.org), son autorizadas por comités del Senado, halcones de los que a su vez dependen las ganancias de las industrias militares. Que no son pocas. Lockheed tendrá en la transacción del lote total de los F-16 un margen de beneficio del 11,4 %, que significa US$7.000 millones sobre US$62.000 millones de ventas totales (Rich Smith). En las arcas de State StreetThe VanguardCapital Research & Management y Black Rock, fondos de capital dueños de 30 % de dicha empresa, parará el alza de tributos sobre productos de consumo masivo, merced a la reforma tributaria de Duque.

¿A quién se bombardeará? Según el senador Bob Menéndez, del comité de Relaciones Exteriores, y algunos analistas, Colombia “es país ejemplar con cooperación extensiva”, y frente a los Sukhoi de Venezuela habría “respuesta coordinada por tener superioridad de aire” (Evan Ellis). ¿Ataque interno o escaramuzas bélicas en las fronteras? En la incómoda compañía de regímenes como Marruecos, Jordania y Baréin o puntas de lanza como Taiwán, compradores de esta versión de F-16, Colombia hará parte del grupo de países secuaces, no socios, de la Otan. Aviones a las órdenes de Washington, aunque logrados con dineros de los contribuyentes nacionales.

Reforma tributaria #19: argucias e inequidades de Duque y la OCDE

La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Muchas reformas de las finanzas públicas en Colombia las hicieron extranjeros, misiones como Kemmerer, Taylor, Musgrave y Bird-Wiesner (mixta), del Banco Mundial y el FMI y ahora de la Ocde refrenda los análisis y propuestas de Rosenbloom, Arnold, Owens y demás para, sin contar otras disposiciones atinentes, delinear la decimonovena reforma tributaria en 30 años.

El Congreso ordenó una comisión en la Ley 2010 de 2019, “de crecimiento económico”, para evaluar los beneficios cedidos a contribuyentes dentro de la Confianza Inversionista. El Gobierno y la Ocde desviaron este objetivo y se dedicaron a hurgar en el IVA y en el impuesto de renta para personas naturales y pretermitir las ventajas corporativas, que cuestan 10 billones de pesos anuales, concedidas cuando Carrasquilla ha manejado la Hacienda y que él llama “derechos adquiridos”. Se enfocaron en el costo fiscal anual por beneficios en el IVA en 52 billones de pesos y en 17 billones de pesos en el impuesto de renta de personas naturales. No vieron lo que sí la Contraloría en un documento: “Por cada peso pagado en impuestos el Estado le dejó de cobrar 51 centavos al sector financiero”.

En tan tendencioso empeño se “recomendó” revisar el cobro del IVA a 83 bienes y a los servicios para recabar 10,5 billones de pesos e incorporar al impuesto de renta a las personas naturales con ingresos de más de 2 millones de pesos mensuales, el 35 por ciento de los trabajadores formales, para 16,8 billones de pesos más, también con la supresión del 25 por ciento de su ingreso laboral depurado de exenciones y deducciones, y además el gravamen a las pensiones. Se omitió que en 2019, por 100 pesos recaudados, 54 vinieron de impuestos indirectos y regresivos, de los cuales el IVA aportó 42 y al resto ayudaron otros IVA disfrazados como combustibles, bolsas plásticas, consumo y carbono.

A contramano, los tributos directos, de renta y patrimonio, contribuyen con 46 pesos (Dian, 2019). Se tapó que la tarifa efectiva del impuesto de renta al sector financiero –al dividirlo por la renta líquida– es 22 por ciento, diez puntos menos de la nominal (Contraloría) o que personas naturales y jurídicas de nivel alto pagan tasas menores a las de ingreso medio en claro “sesgo pro rico” (Garay-Espitia). La estructura tributaria es regresiva y empeorará, ya que a las cúpulas económicas apenas se les cargarán tímidos aumentos en el tributo sobre dividendos, un exiguo porcentaje sobre abultados patrimonios y nada a los giros de ganancias de subsidiarias foráneas a sus casas matrices.

La comisión se apropió de la versión oficial del hueco fiscal: “La pandemia redujo los ingresos y aumentó los gastos. En periodos de crisis todos debemos hacer sacrificios” y escondió que el roto está en la Ley 2010 de 2019, que instauró contratos de Estabilidad Jurídica por 20 años para megainversiones superiores a un billón de pesos y 400 empleos creados, con tarifa del 27 por ciento, exención de renta presuntiva y patrimonio, o por diez años para proyectos agropecuarios con inversión superior a 856 millones de pesos y diez empleos, o para negocios de economía naranja por siete años con tres empleos, mantenidos todos en el proyecto de Reforma. Al sumarse a tanto regalo, la baja en la tarifa empresarial de renta de 33 a 30 por ciento; el descuento del 50 por ciento del impuesto de Industria y Comercio, ICA; la devolución del IVA en la importación de bienes de capital y la caída del recaudo en 2020 por 11 billones de pesos, se encuentra la mayor porción del déficit de 77 billones, en exceso sobre cualquier cálculo de gasto público en la pandemia.

La falsa narrativa contagió: Fescol y centros de estudio corrieron a proponer un recaudo de 20 billones de pesos venidos en parte por impuestos al salchichón, la cerveza, combustibles y servicios digitales; Fedesarrollo planteó acopiar 30 billones de pesos universalizando el IVA, eliminando el régimen pensional y arrinconando al sistema de compensación familiar, y Anif pidió tarifa plena paulatina de IVA del 18 por ciento a 2024 y aumentar el recaudo por renta en personas naturales en 8 billones. Duque justifica la iniquidad con “zanahoria social”, que implicará gasto adicional neto máximo por 4 billones de pesos, en tanto la Contraloría insiste en examinar el cumplimiento de los objetivos de los tratos preferenciales a empresas y advierte que aumentar el IVA afectaría a “millones de pobres”.

Como colofón, citar a Voltaire: “El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra”. La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

Prácticas non sanctas de Carrasquilla: ¿Qué dicen los entes de control?

Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar beneficios tributarios enredados.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Carrasquilla dijo recién nombrado que al presupuesto le faltaban 14 billones de pesos de ingresos para cumplir la regla fiscal y que iba a cubrirlos con la Ley de Financiamiento de 2018. Anif y Mauricio Cárdenas advirtieron deficiencias, y Moody’s calculó que solo conseguiría 7 billones de pesos. La Corte Constitucional se la tumbó en octubre de 2019 por violar el debido trámite en el Congreso. En efecto, el recaudo de IVA y otros indirectos creció 5 billones de pesos, pero el de la renta, apenas 3 billones de pesos.

Inspirado en que “rebajar impuestos era el motor de la economía”, metió la Ley de Crecimiento, que rebajó la tarifa al impuesto de renta empresarial e introdujo beneficios tributarios con cargo al erario por 9,4 billones de pesos para 2021, 11,5 billones de pesos para 2022 y 19,4 billones de pesos para 2023, sin contar otras prebendas, y se guardó el as de las privatizaciones para cuadrar cuentas corrientes. Recambió los vencimientos de la deuda pública: bajó a 3,8 billones de pesos los 20,74 billones de pesos a pagar en 2020 y pasó el resto a 2025, cuando el monto será de 30,5 billones de pesos, legándole el chicharrón al Gobierno venidero (BanRep). El exministro Cárdenas juzgó que para pulir tales planes “se tiene que incurrir en prácticas non sanctas” (junio 2019) y que pensar que la reforma se pagará “a punta de mayor crecimiento, es un deseo más que una realidad” (noviembre 2019). Una vez en vigor la Ley de Crecimiento, Duque y Carrasquilla presumieron que ya había superávit antes del servicio de la deuda.

Las cuentas de la lechera estallaron con la pandemia, pero a Carrasquilla le sirvió para incurrir en nuevas prácticas non sanctas a fin de financiar el descuadre. El Observatorio Fiscal de la Javeriana reveló que los importes del fondo Fome, creado para la emergencia, no coincidían con lo publicado en los portales de Transparencia. A febrero de 2021 acumulaba 40,5 billones de pesos, pero desembolsados 22,6 billones de pesos, 2,1 por ciento del PIB, lo que hace del Gobierno de Duque uno “chichipato”.

Dado que varios rubros como la devolución del IVA estaban en el presupuesto, el dato final del PIB del gasto nominal del Gobierno en 2020 fue de 10,5 billones de pesos, mucho menos que en 2019, cuando no había crisis por el virus. Contra toda evidencia, Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar los beneficios tributarios enredados, más aún con la caída por 11 billones de pesos del recaudo en impuestos el año pasado. Tampoco validan la reforma nuevas deudas en TES a largo plazo por 36 billones de pesos; ni la de 12 billones de pesos a diez años con el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), contraída en un raponazo a los entes territoriales; ni la del FMI por 5.300 millones de dólares, casi la mitad usada sin saberse en qué.

Nada la justifica, y menos si se descarga sobre una economía hundida en -6,8 por ciento. Es tan absurda que el exdirector de la Dian expresó: “Más importante fortalecer la Dian y perseguir a los evasores que hacer nuevas reformas tributarias” (SEMANA, 13/2/21). En la onda gobiernista y sin evaluación mayor, algunos centros de estudio propusieron una por 20 billones de pesos, plagada de impuestos al salchichón, a la gasolina y al gas. También en un esfuerzo por cuadrar el círculo, economistas apuntan a devoluciones y sobretasas para tornar progresivo el IVA. Carrasquilla, desaforado, sin regla fiscal, se arroja sobre la clase media y decreta la impropia toma hostil de ISA desde la entrampada Ecopetrol.

¿Impunidad a Carrasquilla? Pido a Procuraduría y Contraloría impedirlo y revisar sus “prácticas non sanctas”, que violan el principio constitucional de transparencia.

Decreto 1174: Todos en el piso

Este decreto constituye un paso más en la cadena de rebajas salariales iniciada por la Ley 50 de 1990, con César Gaviria, y que continuó con la 789 de 2002, con Álvaro Uribe.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El 30 de abril de 2019, el Senado hundió cuatro artículos del Plan Nacional de Desarrollo, entre ellos, el 193, que ordenaba el piso de protección social. Al día siguiente, una jugadita de Macías como presidente, y a instancias de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, reabrió la discusión y, con mayorías aceitadas, celebró el Primero de Mayo a los trabajadores con ese obsequio. El Gobierno le dio curso mediante el Decreto 1174/020, que rige desde el primero de febrero de 2021.

¿En qué consiste? Para responder hay que recurrir al derecho laboral y a las matemáticas. Abogados laboralistas explican que para quienes tienen contrato por periodos inferiores a 30 días, y cuya remuneración-mes sea inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, el Decreto 1072/015 (Sección 4) fijaba el esquema para vincularlos a los sistemas de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar (S. Galeano).

La fórmula prescrita se entiende con un ejemplo: si un ingeniero de sistemas, de los que aludía Alicia Arango, va dos horas semanales a una empresa y gana 75.000 pesos por hora, devenga 600.000 al mes. Por concepto de seguridad social (pensiones y riesgos) y compensación familiar, la compañía, a tenor del 1072, debe pagar este año 41.084 pesos por cada semana de asistencia, es decir, 164.336 pesos mensuales. Para estas personas con “dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica” y con menos de un salario mínimo mensual, el 1174 dispuso ya no pagar dicha suma, sino solo el 15 por ciento del pago-mes. En el caso del ingeniero, serían 90.000 (15 por ciento de 600.000), de los cuales un 14 por ciento va para el sistema de beneficios económicos periódicos (Beps) y un 1 por ciento para un fondo de riesgo, pues se obliga a estar en el régimen subsidiado de salud. El empleador se guardará, en consecuencia, 74.336 pesos mensuales.

Algunos celebran este ahorro en aras de la “competitividad” en la globalización –objeto central del neoliberalismo dominante–, sin reparar que el beneficio al capital corre por cuenta del trabajador, que le traslada ingresos laborales como el subsidio familiar, quedando excluido del régimen pensional formal de prima media o de ahorro individual, o por la instauración del part time como en Estados Unidos, donde los empleos se demandan por tarea con secuelas develadas por Stiglitz como: contratos en ocupaciones separadas, jornadas partidas y agotadoras, desplazamientos y cambios de horarios y trabas a la organización sindical.

El tiempo necesario, que según la economía política es el requerido para conseguir la subsistencia, se vuelve todavía más pesado y extenso, y con el 1174 constituye un paso más en la cadena de rebajas salariales iniciada por la Ley 50/1990 con César Gaviria, y luego con la 789/2002, con Uribe. En tres décadas, contando salarios y compensaciones, la participación del trabajo en el ingreso nacional ha caído del 48 por ciento a apenas el 35 por ciento (Banco República-Dane). El 13 por ciento perdido se traspasó a las ganancias corporativas, a las rentas financieras y al Estado por vía de impuestos indirectos, y los resultados son: el 48 por ciento de los ocupados –9,5 millones de personas– gana menos del mínimo (Dane), una informalidad del 50 por ciento y el más alto desempleo de Suramérica, antes y después de la pandemia.

Frente a ese infierno laboral, que se trata de tapar con la falsa formalidad de “todos en el piso”, y con la drástica merma en el estándar de protección social que trae el 1174, hay conceptos encontrados entre la Ocde (2019), que recomienda estos inicuos regímenes, en particular para las mujeres, y la OIT, que rechaza tales “sistemas de ahorro voluntarios basados en cuentas individuales como mecanismos eficaces y capaces de garantizar, de manera suficiente y previsible, una seguridad básica”, por estar en contra de su Recomendación 202 y el Convenio 102 de seguridad social (I. Jaramillo).

Hay quienes exigen más. Ortodoxos neoliberales y un voraz sector de la patronal, al que le habla la vicepresidenta-candidata Marta Lucía Ramírez, piden más reformas laborales y pensionales fuera del 1174 y niegan la vergonzosa desigualdad imperante, cuya más notoria expresión en los últimos tiempos es el alza del salario mínimo en porcentajes inferiores al crecimiento anual del ingreso por habitante. El 1174 cae como anillo al dedo para enganchar a la barata al millón y medio de venezolanos “regularizados”, pero no se limitará a la mano de obra no calificada, y vendrán oleadas al finalizar contratos a término fijo que abarcarán, entre varios, a profesionales, obreros especializados, docentes de cátedra, dependientes de comercio, guardas de vigilancia y servicios domésticos. Duque prometió que no acudiría “por decreto a tratar de reducir la pobreza”, y tuvo razón: con el 1174 la acrecentará con mayor inequidad, fruto de tan mínima y vil versión del piso social.

Política energética: Importar fracking y exportar fracking

Con el documento firmado entre la Embajada de EE. UU. y el Gobierno, el modelo extractivista queda algo desueto, pues el país se aprestaría a traer el gas del exterior.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En noviembre de 2019 el gobierno de Duque firmó con la embajada norteamericana un documento que redefine la política energética y de infraestructura, ‘Marco para afianzar la cooperación en el fortalecimiento financiero y de mercado en materia de energía e infraestructura’. Expertos consultados y miembros de la industria dijeron desconocerlo, lo cual ratifica el secretismo frente a asuntos tocantes a los altos intereses de la Nación como con los contratos de las vacunas anticovid.

Duque suscribe una política más sumisa que la de Pastrana con la Ley 756/02, que retrocedió un siglo en el régimen de explotación de recursos naturales no renovables al revivir las concesiones y tumbar la participación del Estado con regalías móviles, como en el petróleo de 85 a 50 por ciento, o todavía menos si se contabilizan los perversos beneficios tributarios o los artificios contables a los que acuden las compañías. El Marco privilegia a Estados Unidos como puntal para “capitalizar capital privado y facilitar el crecimiento del mercado financiero en materia de energía e infraestructura mediante la identificación de oportunidades de inversión”. Pero no para ahí, también define las gangas: “Facilidades de importación de gas licuado e infraestructura de gasoductos” o “energías renovables no convencionales” o “exploración y producción de petróleo y gas, incluyendo reservorios convencionales y no convencionales” (léase fracking).

Dichas “áreas de cooperación” se asocian a mecanismos que facilitarán a los mercados de capitales actuar a sus anchas al inducir cambios en la regulación y en los esquemas tarifarios “que reduzcan los costos financieros” por cuenta de los usuarios. El timonazo es tal que el terminacho “modelo extractivista” queda algo desueto, ya que Colombia se apresta a importar gas para un mercado interno con potencial creciente, pues 34 por ciento de las industrias y 20 por ciento de los hogares lo usan, y compañías norteamericanas podrían traerlo, transportarlo y hasta distribuirlo. El Marco subraya el poder del capital financiero según el dicho “Sin bancos no hay petróleo” como en Ecopetrol, que ya les adeuda 33 por ciento de sus activos.

No son conjeturas. Duque anda obstinado en montar una planta regasificadora en Buenaventura surtida con gas foráneo y en contra de la industria gasífera nacional, cuyo principal agente es Ecopetrol. A Estados Unidos, primer exportador mundial de gas licuado por la abundancia del shale allá, le urge colocar inventarios que está acopiando. Desde 2015 acumula 50 millones de barriles, y sus exportaciones semanales de 400.000 barriles-día en ese año se treparon a más de 1,6 millones (EIA). Ni la planta ni las importaciones son necesarias.

Estudios muestran reservas probadas por diez años, sin necesidad de fracking para extraerse, y probables por 100 (Upme, Contrato C-041-2018). Todo indica que el eventual costo de 800 millones de dólares de la regasificadora de Buenaventura se cubriría con el mismo esquema de la ya existente en Cartagena, recargada en 65 por ciento sobre los estratos socioeconómicos uno y dos, con el agravante de que el gas importado es más caro que el nacional. Respecto al fracking en Colombia vale repetir que causa pasivos ambientales y males sociales de tal grado que violan el derecho al ambiente sano y varias convenciones internacionales como lo expuso David Boyd, relator de la ONU, en reciente audiencia en la Cámara de Representantes.

El Marco avanza en sentido contrario. Estipula maniobras financieras en mercados secundarios de deuda u otros derivados en los que el prestamista de Estados Unidos tendrá alto y rápido retorno del crédito en un sistema que quebró a más de 200 compañías allá. El proyecto de fracking con usura tendría a Ecopetrol en la mira como primer contratista de la ANH para explotaciones de carácter “investigativo”, que demandan alto volumen de capital debido a que 45 por ciento del crudo sale en los primeros años y no puede diferirse en el tiempo como en el modo convencional. Están en la fila Exxon y Drummond. Se habla también de adjudicar a operadores estadounidenses plantas de energías renovables que competirían con las que ya se habían asignado en una primera subasta con demanda copada, y un trino del ministro Diego Mesa con Bill Burlew de US-Colombia Business Partnership de 3-02-20 (7:14 p. m.) las define junto con el proyecto de la planta regasificadora del Pacífico como “oportunidades e inversiones” (@DiegoMesaP).

Es un fast track energy que pone el control del sector en Estados Unidos, con gas de fracking importado y crudo de fracking exportado. Dado que existe la posibilidad de terminarlo, ojalá el sucesor de Duque actúe en consecuencia, lo derogue y además proscriba el fracking, como en Uruguay, Costa Rica y Francia, y que Colombia recupere la menoscabada política energética.

Vacunas antiCovid-19: con el pecado y sin el género

La desigualdad entre países explica buena parte de la inequidad mundial, brecha que amplió la globalización y es más visible en la industria, en la que los poderosos se fortalecieron fabricando los bienes de mayor complejidad, y los débiles, los productos comunes.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Nota: Cuando Alberto Lleras y Jorge Zalamea fundaron SEMANA, la mira fue crear un medio promotor del análisis, una línea mantenida en las etapas siguientes por los columnistas que me antecedieron en esta tarea, que, por invitación de las actuales directivas, haré con independencia y criterio personal, como conducta constante de que digo lo que pienso y lo digo pegado a los hechos.

La desigualdad entre países explica buena parte de la inequidad mundial, brecha que amplió la globalización y es más visible en la industria, en la que los poderosos se fortalecieron fabricando los bienes de mayor complejidad, y los débiles, los productos comunes. Los primeros gozan de exceso de demanda, en cambio a los segundos les sobra oferta. Entre los renglones apropiados por las potencias, en particular por Norteamérica, está la farmacéutica. Las Big Pharma responden por 50 por ciento de la inversión mundial para investigación y desarrollo en esa rama, son 4 por ciento del PIB de Estados Unidos, perciben ingresos superiores a un billón (millón de millones) y medio de dólares anuales, emplean un millón de personas en investigación, soporte técnico y manufactura, y a 5 millones en toda la cadena (www.selectusa.gov).

Su dominio posa en las cumbres de Washington y Wall Street. Un informe del National Center for Biotechnology Information (NCBI) sobre el lobby político de las Big Pharma para proteger y aprobar normas favorables en los estados, a nivel federal y en el mundo, registra la suma de 4.700 millones dólares en apoyos a candidatos presidenciales, congresistas nacionales y estaduales norteamericanos entre 1999 y 2018, por encima de cualquier otra industria. La más beneficiada fue la dupla Obama-Biden, con 5,5 millones de dólares entre 2008 y 2012. En 2020 Biden recibió 5,9 millones, mientras que Trump, la cuarta parte, 1,5 millones. Las Big Pharma apuestan a ambos bandos (globaldata.com).

El imperio económico tras Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, creadoras principales de las vacunas anticovid-19 y ahora al alza en las bolsas de valores, son los fondos financieros The Vanguard, BlackRock, Fidelity, Capital Research & Management y State Street, que como accionistas institucionales suman entre todos entre 15 y 22 por ciento del patrimonio en cada caso. Las ganancias correrán así a las mismas arcas, cualquiera que sea la vacuna aplicada. Es la figura conocida en el mundo bursátil como horizontal shareholding, que los mismos fondos usan para el control en las Big Oil (petroleras), en las de “economía verde”, de energía solar y eólica y en las primeras firmas contratistas del Pentágono (marketscreener.com).

Con base en la propiedad intelectual, considerada “la sangre del sector privado”, montaron un mercado con normas de hierro para garantizarse el monopolio mediante el sistema de patentes que imponen en tratados como ADPIC, TBI y TLC, con derechos específicos incluso sobre vacunas, patentes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un “mercado” antes que un bien de dominio público. Por ello, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre varios, basados en los juicios de Albert Bourla, CEO de Pfizer, se opusieron, contando con la vergonzosa abstención de Colombia, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a adoptar esa justa calificación propuesta por Sudáfrica e India para las anticovid-19, idea respaldada por personalidades de la comunidad internacional como el nobel de paz 2006, Muhammad Yunus.

Con la lógica del monopolio se hicieron los contratos para la adquisición de vacunas contra el coronavirus, pese a ser desarrolladas en 85 por ciento con fondos públicos y filantrópicos (Airfinity). Según Bloomberg, los han firmado 189 países con distinta cobertura poblacional, pero es inicuo el comportamiento de los países ricos, que con 14 por ciento de la población acapararon 53 por ciento de la producción inicial (Oxfam). Colombia ocupa el puesto 62 con 33 por ciento de cubrimiento reconocido, debajo de diez países de América Latina, más atrás en la fila de lo anunciado en el programa televisivo presidencial Prevención y acción. De hecho, más de 50 países están vacunando y aquí vamos en cero.

La confidencialidad, con cláusulas onerosas como la de anticipos, que podrían subir a 1,5 billones de pesos, la de datos de los vacunados, la exoneración de responsabilidad a las Big Pharma por eventos adversos prescrita en la Ley 2064, el reconocimiento del monopolio y la exclusión de la farmacéutica nacional, los precios y cuántas más cláusulas desconocidas movieron a un alto funcionario a decirme: “Aurelio, nos arrodillaron”. Tan crudo balance, cierto para muchos países, lo será peor para aquellos con Gobiernos de corvas flojas, entre los que se encuentra el de Iván Duque por no acudir a la cláusula de excepción de protocolos internacionales (TLC) que en casos de epidemia garantiza el acceso sin la extorsión de las Big Pharma. Con el pecado y sin el género.