¿Generación E o Generación D? Es la contradicción

La UNESCO define la Educación Superior como derecho humano universal y, a la vez, como bien público social de calidad que es deber del Estado garantizar. ¿Ha cumplido Colombia dicho mandato? Algunas cifras permiten responder

En Educación Superior, según la OCDE (2016), el gasto privado en nuestro país es 64% del total, mientras que el público es apenas 36%. De 37 países analizados, estamos entre los 7 donde esa relación está invertida frente al papel prescrito al Estado de “hacer posible el acceso a todas las personas”. A contramano están 27 países, encabezados por Finlandia, Alemania, Francia y México, donde el importe estatal supera 70% de las expensas generales.

De 43 países estudiados (OCDE, 2017), Colombia ocupa, con el 28,1%, el puesto 36 en términos de la población entre 25 y 34 años con educación superior (incluyendo la tecnológica), mientras que el promedio en países de la OCDE es 44%. Hay solo 16 países en que dicho porcentaje es inferior al 40%. Estados Unidos es donde menos ha crecido dicha población con respecto a hace 30 años, al subir solo del 42% al 47%.

Precisamente, Colombia copió el modelo fallido de Estados Unidos: el del negocio financiero, incentivando la demanda educativa por la vía del crédito, gestando un filón cuyo monto supera allá los 1,4 billones de dólares (millones de millones) y abarca a más de 44 millones de deudores.

Aquí el ICETEX, convertido en banco de segundo piso y en eslabón clave, tiene 640 mil clientes de crédito, casi uno de cada tres estudiantes. 406 mil de ellos son atendidos con recursos propios, más del 90% de estratos 1,2 y 3, y otros 232 mil mediante diversos fondos administrados por $2,6 billones, incluidos $900 mil millones de Ser Pilo Paga. Su cartera total es de $4,7 billones, con 52.228 créditos morosos que suman el 8,8% del total prestado. El ICETEX acumuló utilidades por $550 mil millones entre 2015 y 2017 y acrecentó su patrimonio en 30% con rentabilidades promedio del 10% anual.

A tan jugoso desempeño contribuyó además que, en 2017 y 2018, se desviaron para el ICETEX recursos esperados de reformas tributarias tanto por IVA “social” como por CREE por cerca de un billón de pesos. Se desviaron, porque eran para instituciones públicas de educación superior. Igualmente, el Capital Extranjero montó allí un nicho: el Banco Mundial, el BIRF y la Agencia Francesa para el Desarrollo le han provisto cientos de millones de dólares para su objetivo de costosísimo prestamista.

La propuesta de Generación E, escudada tras un superlativo, la Excelencia, relanza el Ser Pilo Paga (SPP), aun cuando empeorándolo: Los estudiantes del SISBEN con menos de 57 puntos, con puntaje mayor a 360 en pruebas SABER y que vayan a universidades privadas –no son ni el 3% de los aspirantes– tendrán un componente de la matrícula por la vía del “crédito condonable”. El “impulso” a las universidades públicas, como apoyo del gobierno, estará sujeto apenas a estudiantes admitidos y con SISBEN de menos de 32 puntos.

Al margen quedaron por tanto el sistema estatal como el grueso de la población estudiantil, la cual podría llamarse Generación D, aquella que reclama el ingreso a la educación superior por ser un Derecho fundamental, tal como lo dicta la UNESCO: para ambos poco o nada hubo en la propuesta de Duque. Los rectores del sistema estatal (SUE) afirmaron que el aumento de la demanda, en cuanto les atañe, causaría nuevos gastos y que en el “escenario crítico”—con faltantes de caja por más de $3 billones— obliga más a reducir que a crear nuevos trámites ante el ICETEX. Explicaron que la Generación E es un programa similar al SPP, con financiación incierta, y que la propuesta de incrementar lo transferido, bajo parámetro anual del IPC + 1,8%, es insuficiente, ratificando la necesidad de fijarlo en IPC + 4%, como sostienen estudios demostrativos de que el “gasto docente” crece mínimo 3,5% por encima de la inflación (Acosta,2018).

Luego de dos semanas de movilización y anormalidad académica en más de 20 universidades, el presidente Duque, quien hace anuncios por twitter y en monólogos sin citar al indispensable diálogo, persiste en poner el crédito y el ICETEX como protagonistas del sector educativo superior, y, para colmo de males, sus copartidarios tramitan al mismo tiempo en el Congreso la resurrección del ánimo de lucro como leitmotiv  de la educación.

Así las cosas, el gasto particular de los hogares para educarse continuará predominando; la población educada será poca; las universidades públicas verán prorrogado su marchitamiento y quienes aspiran a acceder a ellas como un derecho, la Generación D, seguirán excluidos por barreras económicas y presupuestales. ¿Hasta cuándo resistirá el engendro?

La enfermedad holandesa financiera

En entrevista reciente, el ministro Cárdenas registró como el mayor logro económico de los ocho años del gobierno de Santos el aumento de la inversión extranjera, anotando que entre 2002 y 2010 los flujos netos anuales eran en promedio de 6.000 millones de dólares, mientras que entre 2010 y 2016 subieron a 14.000 millones. Confirmó así que el capital externo es hoy la variable de cierre de la economía colombiana, cuando entre 1996 y 2002 la media fue apenas de 2.500 millones. Es a partir de esa avalancha de divisas como debe analizarse la economía nacional y, contrariando la difundida especie del modelo ‘extractivista’, que no corresponde a una caracterización precisa, urge evaluar el efecto conjunto de los flujos externos como esencia de la política económica del siglo XXI.

El monto (stock) de la inversión extranjera directa en Colombia a marzo del 2018 es de 182.342 millones de dólares. ¿Cómo se distribuyó la ocurrida entre 2000 y 2017? En petróleo suman 44.915 millones y en minas, 26.019; en industria llega a 28.721; en servicios financieros, a 19.466; en transporte y comunicaciones, a 17.406 y en comercio, a 13.800, para mencionar lo más relevante (Banco de la República, 2018).

Lo anterior se ratifica al mirar las 21 mayores empresas por ingresos superiores a $ 4 billones en 2017: diez son transnacionales; cinco, predominantemente nacionales; dos son públicas y cuatro, mixtas (público-privadas). Entre ellas hay cinco relacionadas con hidrocarburos y minería, encabezadas de lejos por Ecopetrol; tres, con comercio; dos, con servicios financieros y cabezas de ‘holding’ de inversión; tres, con servicios públicos; dos, con servicios de salud; dos, con TIC; tres vinculadas con la industria y una, con transporte aéreo.

Colombia cayó en el entrampamiento crediticio con el propio capital internacional al que le abrió con laxitud sus puertas en la orgía de la confianza inversionista.

Las lucrativas operaciones –que incluyen además los giros a las economías foráneas de origen– tienen como contrapartida ingentes costos para sostenerlas, manifestados en los crecientes niveles del endeudamiento bruto del sector público. En 2000, este era de $ 88 billones, equivalente al 45 por ciento del PIB; para 2010 subió a $ 234 billones, entonces 43 por ciento del PIB, y para 2017 se disparó a $ 500,9 billones, 54,4 por ciento del PIB, que, como advirtió la Anif, al agregarse el pasivo de Ecopetrol, se acercaría al 60 por ciento, nivel a partir del cual la Unión Europea trata como “paria” a una economía.

No obstante, al estudiar los acreedores de dicha deuda, se encuentra que también el capital extranjero participa en gran medida. De acuerdo con información de Juan Pablo Fernández, la denominada inversión de portafolio, eminentemente especulativa, vale 87.282 millones, muy por encima de lo puesto en petróleo y minería, y 56.182 de ellos están representados en títulos de deuda pública, TES. Así mismo, los pasivos externos (inversión extranjera + deuda + especulación con monedas) llegan ya a 328.291 millones de dólares, un 147 por ciento más con respecto a marzo del 2010, de los cuales cerca de 130.000 millones corresponden a títulos y préstamos. Colombia cayó en el entrampamiento crediticio con el propio capital internacional al que le abrió con laxitud sus puertas en la orgía de la confianza inversionista.

La mayor ‘extracción’ no es petróleo ni carbón ni oro. Es de ahorro y de trabajo nacional para cubrir el pago del exorbitante endeudamiento, principalmente con bajos salarios y mínimos ingresos disponibles –de la base social nacional–, mermados por impuestos indirectos como IVA, al consumo, cuatro por mil y gravamen a los combustibles.

Los capitales foráneos, incentivados por favorables diferenciales en las tasas de interés y beneficios tributarios, hacen del mercado colombiano jugoso filón, tanto que, según IIF, el país ocupó de 2015 a 2017 el cuarto lugar, de acuerdo con el porcentaje del PIB, como receptor de flujos de deuda entre las economías emergentes, luego de la República Checa, Líbano y Sudáfrica. Además de endurecer la revaluación del peso, se subordina al conjunto de la economía al pago cumplido y, encima, supervisado por las calificadoras de riesgo de Wall Street, que enjalmaron a los gobiernos anteriores e igual harán con el de Duque.

El desarrollo armónico de los distintos sectores productivos estuvo afectado entre 2002 y 2010 por la conocida enfermedad holandesa y ahora lo está aún más por esta fase superior robustecida con capitales especulativos, tal como lo explica Alberto Botta (2015, Universidad de Calabria y Universidad de Greenwich) al estudiar el caso de Colombia.

Este es el balance macroeconómico de 16 años de uribosantismo, que, al parecer, será similar para el futuro próximo en busca de espacios fiscales para cubrir esta espiral sin límite.

Sergio Fajardo, alguien más que un profesor

Está resonando el estribillo “Un profesor, un profesor…”, referido a la candidatura de Sergio Fajardo. Quienes lo corean destacan a aquellas personas que no se olvidan: de los que aprendemos, que en sus alumnos ligan la razón con el corazón como lo hizo el maestro Carlos Gaviria quien inspiró a muchos durante años. De lo dicho y hecho por Fajardo en esta campaña quedan sembrados aprendizajes imperecederos.

Resalto en particular el concepto de equipo. Reiterar que toda iniciativa política y social es fruto de un trabajo conjunto no de un “iluminado” con “fórmulas mágicas” que solo requieren que la gran masa les endose su voluntad para producir ipso facto la redención. No, la agenda de Fajardo es colectiva, convocante, movilizadora, contrapuesta con las modalidades del “socialismo primitivo” que encontraban en el chispazo individual la pócima para toda enfermedad.

Respecto a las fuerzas políticas nacionales, el valor agregado de la candidatura de Fajardo está en el atrevimiento de irse por la calle de en medio de las vertientes tradicionales, por fuera de los mismos con las mismas que han detentado el poder. Emprendió camino aparte de los responsables de tanta iniquidad que hoy causa en Colombia una indignación superlativa por abusos cometidos durante décadas contra la ciudadanía.

Fajardo se agrupó con posiciones políticas disimiles mediante un programa construido en conjunto. Entre ellos está el Polo Democrático, que además de aportar elementos de su Ideario, marca un hito frente al inveterado cartabón de que “la izquierda solo se une con la izquierda”. En conjunto con la Alianza Verde y Compromiso Ciudadano proyectan un entendimiento de largo plazo.

La Coalición Colombia va más allá de los acuerdos que ubican como contradicción única la del trabajo con el capital y, en procura de una Nueva Democracia, le traza rumbo a una alianza de amplio espectro para alcanzarla, lo cual trasciende los discursos de verdades generales que dividen más de lo que congregan.

Parodiando al Dante, la nación colombiana está entre el octavo y el noveno anillo del Averno, entre el de los ladrones y el de los traidores. Sacarla de tan profundas honduras no es proceso de un cuatrienio y engaña a los electores quien esto prometa, lo que, asaltando la conciencia de la opinión como decía Gaitán, es tan corrupto como desfalcar al Erario.

El programa de la Coalición que lidera Fajardo inicia el indispensable salvamento de Colombia con unos elementos básicos: educar, educar y educar, que acorde con Carlos Gaviria citando a Adela Cortina, hace “una comunidad pensante, consciente, conviviente”, para lo cual propone realzar la educación pública y programas como “Jóvenes con Futuro” que cubre la capacitación como una forma de empleo público. También respetar los derechos de los trabajadores; favorecer las PYMES con una tarifa de renta progresiva; un programa ambiental que delinea acciones y serias políticas concretas; luchar de frente contra la corrupción; y reanimar el aparato productivo creando, entre iniciativas públicas y privadas, 1,5  millón de empleos, convocando los actores económicos y sociales a la revisión de los TLC que en muy variados asuntos se han tornado en coyundas para el desarrollo.

El ensayista Pankaj Mishra describe la época contemporánea como “La Era de la Ira” en la cual –como reacción a la crisis global y sin norte en la brújula- está saturada de “líderes autoritarios que manipulan el cinismo y el descontento de las mayorías furiosas”. En consecuencia reclama poner “un poco de racionalismo a los problemas del alma”. Ese racionalismo es, aquí y ahora, Sergio Fajardo, alguien más que un profesor.

Debate pensional: ¿Todo por rescatar las AFP?

“Los escenarios dicen que el pasivo pensional va cayendo como porcentaje del PIB (…) no hay bomba de tiempo”, dijo Mauricio Cárdenas al clausurar el Congreso de Asofondos. En la Ocde sus miembros aplican en promedio el 8,2 % del PIB de fondos públicos para las jubilaciones. En Colombia solo 3,9 %.

Cárdenas desvirtuó el relato del “excesivo” y creciente gasto público para subsidiar a Colpensiones, entidad administradora del Régimen de Prima Media (RPM) y Beneficios Económicos Periódicos (Beps), señalada como el problema del sistema y a la que Anif pide “marchitar”: que no reciba nuevos cotizantes.

Desde la Ley 100 de 1993 coexiste con el Régimen de Ahorro Individual (RAI), que fija la pensión por el ahorro personal capitalizado mediante contribución definida, sujeto a rentabilidades y tiempos y es administrado por las AFP. Su instauración rompió solidaridades como la intergeneracional, donde los jóvenes aportan para los pagos a los mayores; la social, reducida al 1,5 % de los salarios para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y aportes adicionales cuando se devengan más de cuatro salarios mínimos; y así mismo puso en entredicho la concurrencia de los impuestos para asegurar el derecho pensional.

Al RAI pertenecen 14,84 millones de afiliados, con edad promedio de 44 años, la mitad, cotizantes activos. Acumula $ 227 billones y tiene solo 130.616 pensionados a cargo. Los afiliados al RPM, en cambio, son 6,52 millones, entre 45 y 55 años, también la mitad activa, pero responde por 1,3 millón pensionados y por los Beps y otros programas asistenciales. Colpensiones posee escasas reservas, pero el RPM lo paga principalmente el Estado mediante transferencias que para 2018 serán de $ 13,5 billones. Otros $ 28 billones se utilizarán del Presupuesto General para las pensiones de 55.000 miembros de las FF. AA.; de 195.000 docentes y de los jubilados estatales, de distintas ramas y niveles, adscritos a la UGPP.

Como el mercado laboral es fuente primaria del sistema, debe relacionarse con el mapa anterior. Según Anif, “la formalidad laboral de Colombia no es del 43 % de la población económicamente activa”, sino que “se acerca a un 27 % en promedio o al 15 %” si se contabiliza solo a quienes cotizan durante todo el año. Y tres de cada cuatro cotizantes ganan menos de dos salarios mínimos mensuales.

En tan precarias condiciones es muy baja la cobertura: solo una de cada cuatro personas, en edad de pensionarse, goza de tal derecho. Así mismo, el porcentaje del último salario que fija el valor de la pensión, llamado tasa de reemplazo, es en Colpensiones -en la mayoría de los casos- más del doble que en el RAI, lo cual ha estimulado el éxodo de este régimen.

El ‘Modelo de simulación del RAI en Colombia’ (Banrep, 2009) proyectó que los ingresos serán menores que los gastos para las AFP entre 2030 y 2040. Entrarían en déficit estructural para responderles debidamente a la mayoría de afiliados que perciben bajas remuneraciones o que no cotizan todos los meses ni logran acumular para una pensión o las semanas necesarias; a lo cual se sumarían los desembolsos obligatorios por los cambios de régimen u otros motivos y los pagos de supervivencia a los beneficiarios. El BID (2015) ratificó dicho riesgo como “deficiente funcionamiento del régimen privado de pensiones (RAI) en su parte de des-acumulación”, desequilibrando inclusive al oligopolio bancario que lo controla.

Consciente del incierto futuro del RAI, la Comisión de Gasto Público sugiere acudir al salvamento de las AFP: subir edades, aumentar semanas y porcentajes de cotización y asignar los cotizantes de salario mínimo solo al RPM. Su prioridad es mantener a las AFP ante todo, aún a costa de sus afiliados, como inversores que -con excedentes del ahorro laboral- sigan dinamizando el mercado especulativo, acciones, TES, mercados de deuda y futuros bursátiles externos y hasta en vías 4G, y no como garantes efectivos del derecho fundamental a la seguridad social.

Los cuellos de botella están tanto en la informalidad o semiinformalidad de la mayoría de los trabajadores como en el incumplimiento del RAI con los pronósticos de hace 25 años de más cobertura, equidad y pensión adecuada. Los ajustes deben tocar la política económica –financiada con bajos salarios, poco ingreso general disponible y el rebusque- y además al RAI para que retome su genuina misión de proveer, entre otras, cómo los excedentes de los jóvenes ayudan a mejorar las condiciones para los mayores y también, si existen, corregir las desigualdades en el RPM. Resulta inicuo aplicar el “todo vale” por rescatar a las AFP.

¿Está hecha trizas la salud en Colombia?

El balance de la ley 100 de 1993 que creó un Sistema General de Seguridad Social es negativo, arroja más carencias que beneficios. Promulgada para abarcar derechos fundamentales relativos a la calidad de vida y bajo principios como la universalidad y la solidaridad, terminó sujeta a las herramientas prescritas para alcanzarlos. En la salud, por ejemplo, las EPS, el POS, las comisiones de administración y otros, subordinaron el objetivo al ánimo de lucro.

En diversas encuestas la salud está entre los mayores padecimientos: más del 70% responde que va mal. Es un sector de costos crecientes donde las economías de escala, por la variedad de casos atendidos, están limitadas. De hecho, mientras el  Índice del IPC total pasó, entre 2000 y 2017, de 100 a 138, el de precios de la salud creció hasta 154,25, fruto de parámetros propios agregados a los generales de la economía. Esto se amplifica en un mercado donde la demanda incentivada -para tener coberturas alrededor del 95%- se cruza con una oferta de atención rígida (inelástica) y el ajuste se da por la elevación de costos y precios.

La irrigación de carnets no significó acceso efectivo a los recursos médicos donde y cuando las personas los necesitan. Un estudio (Ayala, Banrep 2014) encontró que entre 1997 y 2012 disminuyó el porcentaje que pudo utilizarlos al momento de requerirlos, de 79,1% a 75,5%, – 173 mil menos- lo cual se reiteró en 2016 con las 163 mil tutelas presentadas por el derecho a la salud, el doble de las 81.017 de 2005. Igualmente la calificación obtenida por “oportunidad en las citas” en 2017, según “Así vamos en Salud”, fue en el mejor caso de 32 puntos sobre 100.

Los recursos generales para financiar el sistema llegaron a $40, 9 billones en 2017, menos de 950 dólares por habitante, de los cuales el régimen contributivo aporta más de la mitad, mientras el gasto de bolsillo, no cubierto y adicional aportado por los usuarios, llega a más de $8 billones, un 15% del total, subiendo incesantemente con notoria participación de los importes en medicamentos.

Las EPS, privadas y públicas, tienen números rojos en solvencia y rentabilidad, derivados de que tan solo en los últimos tres años sumaron pérdidas conjuntas, sin Saludcoop ni Caprecom, por $4,68 billones; los patrimonios deficitarios en 2015 alcanzaban ya $2,8 billones y las deudas acumuladas a junio de 2017 con clínicas y hospitales, cuyos ingresos dependen en 93% de las EPS, eran de $5,6 billones. Los “tanques de oxígeno” de recursos de liquidez aplicados desde 2016 al sistema suman $4 billones, siendo $1,4 billones para créditos blandos -intermediados por Findeter- que crea así nuevo filón al sector financiero.

En medio de este estallido microeconómico, la oferta se ha reducido agravando el problema. El área hospitalaria en construcción, entre 2014 y 2017, declinó de 850 mil metros cuadrados a la mitad; el número de camas por 100 mil habitantes sigue en 1,6, en el puesto 130 entre 192 según la OMS; las salas de partos, ambulancias, servicios de urgencias y quirófanos aumentan a ritmo lento y las EPS no incrementan las plantas de personal, muchas en condiciones laborales ilegales, para cubrir la unificación del POS, con solo 1,8 médicos por mil habitantes, cuando el promedio en la OCDE es 3,2. A tal desinversión debe añadirse el debilitamiento o liquidación de hospitales universitarios y el cierre de servicios, como en el sistema público de Bogotá, desde 2014.

En ese contexto se incrementan las muertes por VIH-SIDA, en ciudades donde todos los pacientes no reciben tratamiento;por cáncer gástrico, que pasó de una mortalidad de 10,59 a 15,16 por 100 mil habitantes en la última década; también por el de pulmón y por el de mama; por tuberculosis en alza desde 2011 y por las enfermedades cardiovasculares. La cobertura de vacunación Triple Viral fue menor en 2016 que en 2005; el ciclo del dengue no se ha quebrado y la salud mental, de la que demanda intervención el 10% de la población, está fuera de la agenda. En esas situaciones pesan determinantes socio-económicos como pobreza, urbanización, hábitos y aumento de la obesidad; sin embargo, urge diseñar otro marco de salud pública como punto de partida para asegurar el derecho universal.

Por consiguiente, el camino no es juntar estas trizas para hacer una colcha ni solo reducir el debate al cambio del  sistema de aseguramiento. Sin avanzar en investigación e información detallada, sin trabajar en prevención y atención básica; sin incentivar la infraestructura y el conjunto de la oferta; sin fomentar la industria farmacéutica nacional; sin reparar las malas condiciones de vida para millones, los frutos no vendrán. Es complejo, no hay chispazo salvador. ¡Ojalá hubiera!

NiNi

Pese a que algunos hacen elucubraciones sobre el papel de la coalición que se cataloga como tal, ella es la que puede trazar la senda diferente, dar valor agregado al ejercicio político.

Desde el dos de febrero está en furor el sabotaje a los actos de las campañas políticas. Fue en Armenia donde Rodrigo Londoño, candidato presidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en una vista pública recibió improperios y denuestos por un grupo de personas.

Los análisis concluyen que, sin duda, en muchos permanece viva la indignación por los muy graves errores cometidos por dicha organización; no obstante, había que reconocerle el cumplimiento de los acuerdos de terminación del conflicto, en especial el desarme y el cambio de la violencia por la política. 
 
Así mismo, en el debate sobre estos hechos y los sucesivos en Pereira y en Florencia se insistió en que –aparte de espontáneos ciudadanos de a pie, que puede haberlos- dirigentes y medios de comunicación, sin excepción, deberían observar una actitud ejemplarizante para crear distensión y no polarización en el ambiente político nacional, en el marco de una reconciliación que no es un fin en sí misma, sino el medio para que Colombia pueda entrar a resolver las enormes dificultades, que en términos de desarrollo, particularmente sociales y económicas, padece proverbialmente. 
 
Luego vino la acusación de Héctor Abad contra Petro de “documentos cambiados” cuando estaba en el Polo. El mismo Abad resume que “no soporté más los insultos, las calumnias y las amenazas de los bots, los trolls, los fans y los plumíferos”. Cuando en Blu Radio afirmé que no me constaba tal comportamiento pero que Petro sí aprobaba una cosa en el Polo y hacía otra, recibí andanada igual o peor que la infligida a Abad, incluyendo a los periodistas Enrique Santos Molano, que me mandó a un psicoanálisis, y Antonio Morales Riveira, quien me puso como un vendido a la barata. 
 
En ese ambiente, donde lo de menos es la mella insignificante que pueda hacérseles a los agraviados, cuya arena son las redes sociales y el protagonista las barras bravas, se está librando el pulso entre las dos consultas que se van a celebrar en simultánea con las elecciones al Congreso el 11 de marzo. Uribistas y petristas, quizá por recomendaciones de sus respectivos asesores, han llevado la polarización al extremo con fines políticos, ir más allá que cualquiera en la “guerra aérea”, lo que al final se ha traducido en una verdadera “guerra terrestre” con la rechifla en Popayán contra el Centro Democrático, desembocada en confrontación con la Policía, pero, ante todo, por el tropel con alto grado de agresión y aun no debidamente explicado en  Cúcuta contra Petro.  
 
Se desprende de esto que es otra la senda que Colombia necesita recorrer. Claro que debe haber debate público, pero en el marco de la confrontación sobre ideas, programas y propuestas y, ante todo, acerca del nuevo proyecto de país que hay que adelantar para hacerlo autónomo, democrático y equitativo, respetable en el ámbito mundial,  un país que potencie sus energías productivas para  que pueda ir saliendo de los profundos anillos del Averno a los que se le ha relegado.   
 
Para promover estos trascendentales propósitos cobra mayor vigencia respaldar este domingo venidero las listas de quienes representan la opción política que permita crear planos de discusión civilizada que, al final, ojalá logre unir al 90% o más de los nacionales hacia una transformación real de Colombia. Pese a que algunos hacen elucubraciones sobre el papel de la Coalición que se cataloga como NiNi, que no se deja encasillar en fatuos y peligrosos fanatismos, ella es la que puede trazar la senda diferente, dar valor agregado al ejercicio político –por fuera de los mismos de siempre responsables de la crisis abismal- y derrotar el “todo vale” causante de que 60% de los posibles electores no quiera participar. 
 
Quienes son los probados portaestandartes de dichas listas para Senado y Cámara, veteranos y jóvenes, son líderes reconocidos y por ellos votaré, aplicando que “No se trata de alentar el odio y la venganza, sino reflexionar sobre la sociedad que queremos y las capacidades y herramientas con las que contamos para construirla” (libro “Comunicarnos sin daño” de la Universidad Javeriana).   

¿Desaceleración o crisis? He ahí la cuestión

Afirmando que “no son los mismos con las mismas” y de que “me sorprendería”, Rudolf Hommes, por la vía de un chat, me hizo llegar el discurso económico de Humberto de la Calle en la Seap. En la línea de todos los analistas oficiales y del Ministerio de Hacienda, el ya candidato del Partido Liberal parte de que “la economía colombiana atraviesa por una coyuntura de desaceleración” y que el mecanismo expedito para superarla o evitar su agravamiento consiste en “sanar las finanzas públicas (…) para poner al país en una nueva senda de crecimiento”.

Es evidente que tanto su base de análisis como sus soluciones están en el marco de la misma política económica que rige hace 25 años. ¿Será apenas una simple desaceleración cuando, en 2017, la sumatoria del déficit de las cuentas externas con el déficit fiscal, como porcentaje del PIB, será del 7,6 por ciento ‒si el primero se estima en 4 por ciento y el segundo en 3,6 por ciento (Clavijo)‒, superior a la de 2014, del 7 por ciento, pero luego de haber ya agotado todos los instrumentos: la política monetaria, con alza y baja de la tasa de interés; la política cambiaria, que corrigió la tasa de cambio en torno a $ 3.000, y la saturación de la política fiscal, con la inicua reforma tributaria, que no aumentó el recaudo en pesos reales?

Nada se dice en términos de empleo y de incentivar la demanda efectiva. Las cinco ‘locomotoras’ de Santos apenas crearon, entre 2010 y 2017, 300.000 de los más de tres millones de nuevos ocupados, en tanto los desocupados siguen por encima de los dos millones de personas. Incluso la propuesta liberal que busca preservar el grado de inversión no apunta a detener el crecimiento exponencial del endeudamiento público, sino que quiere ‒por lo expuesto‒ garantizarle recorrido seguro. La propuesta tampoco protege al país de nuevos choques externos provenientes de alzas sostenidas en las tasas de interés de la FED o del Trump’s Corporate-Tax Plan.

Esto, sin debatir que el candidato plantea ahondar, de hecho, los TLC, con aranceles tope al 10 por ciento y sin reversa a los de 0 por ciento, y el modelo de capital extranjero. No sé si sean los mismos, pero sí son las mismas, de la misma línea de la excentricidad de Vargas de poner en 0 por ciento la tarifa de renta a los intereses cobrados por los fondos de capital extranjero que adquieren TES y que fue hazmerreír en Wall Street.

Como el talante verdadero de un gobierno se determina en los siguientes términos, según Voltaire: “El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra”, me concentro en cómo lo propone De la Calle, dejando de lado las otras propuestas complementarias.

Presenta una reforma tributaria “progresiva”, la cual, paradójicamente, arranca fijando una tarifa de impuesto de renta corporativo “plano”, para grandes, pequeñas y medianas empresas, en el 25 por ciento, sin deducciones ni beneficios, omitiendo de entrada que las utilidades empresariales tienen un índice Gini del 0,82 (Acopi Bogotá, Suárez, Martínez), mucho peor que el del ingreso entre personas, que es del 0,52.

Es decir que los tres mil grandes contribuyentes de personas jurídicas que en 2016 pagaban tarifa del 41 por ciento bajarían 16 puntos de un tajo, más allá incluso del 33 por ciento en el que quedaría la tarifa nominal en 2018, en condición igual a las pymes, precisamente las que están pasando por su peor momento. Dicha rebaja se compensaría, anota De la Calle, ampliando la base del IVA, fuera de la canasta básica, al 16 por ciento. Es decir, menos impuestos directos y todavía más indirectos, con los costos que corren a cargo de los de a pie. En cuanto a personas, aboga que “nuestra contribución sea creciente en nuestro nivel de riqueza”, mas no precisa cómo hacerlo realidad. Lo acompasa con flexibilizar la regla fiscal y con el lugar común de “eliminar trámites” y “combatir evasión”.

Si se quiere ser progresivo, ¿por qué no una tarifa diferencial para empresas ‒según tamaño‒ o aumentar el impuesto a las herencias, defectuoso, o gravar capitales golondrina especulativos, o aplicar una tasa a los patrimonios personales en el exterior, sustraídos del torrente económico nacional, o revivir la que se aplicó hasta 2006 al giro de las rentas de subsidiarias extranjeras a casas matrices, tal como existe en Perú, Francia y España? Esas sí serían ideas distintas.

En economía, no a los mismos con las mismas

El 7 de agosto, hace casi tres meses, al cumplir siete años el mandato de Juan Manuel Santos, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, publicó un documento denominado ‘Colombia en cifras’, en el que muestra la evolución de algunas variables sociales y de la economía entre 2011 y 2016, entre ellas, la tasa de inversión, los montos de inversión extranjera directa, el coeficiente de Gini y la tasa de desempleo e informalidad. Incluye en él indicadores sobre el impacto de la inversión del Gobierno en infraestructura, seguridad, salud, vivienda, saneamiento básico, energía, educación y las TIC, entre otros.

Pero el ministro no anotó el valor de tales inversiones. Para saberlo, hubo que elevarles algunos derechos de petición a Planeación Nacional y a otras dependencias. El resultado, en números redondos: los más de 7 millones de conexiones de saneamiento básico costaron $ 7,43 billones; las 159.741 acometidas de energía eléctrica implicaron un costo de $ 1,38 billones; las 117.000 soluciones de vivienda gratis sumaron $ 4,7 billones y otros $ 2 billones más valió el apoyo a las 124.000 viviendas rurales VIS. Los programas Ser Pilo Paga, el aumento de la cobertura en la educación superior –con recursos para Icetex y para las universidades públicas– y la gratuidad en la educación suman $ 522.000 millones, $ 23 billones y $ 3,6 billones, respectivamente, entre 2011 y 2016 y desde que rige Ser Pilo Paga.

En salud, agregar 4,6 millones de personas al régimen subsidiado implicó un gasto de $ 3,15 billones y acrecentar el pie de Fuerza Pública en 23.100 policías más sumó $ 1,4 billones, a razón de $ 60 millones cada uno. En cuanto a infraestructura, entre segundas calzadas construidas y las redes viales primaria, secundaria y terciaria se destinaron $ 12,2 billones, según Invías. En conectividad, entre conexiones de banda ancha, de alta velocidad a municipios y tabletas y computadores a colegios, el Gobierno invirtió $ 2,5 billones. Los cálculos de la sumatoria total de esta inversión pública hechos por la economista y magíster Natalia Moreno dan $ 61,8 billones para el periodo 2011-2016, a razón de $ 10 billones por año. Es decir, la estrechez fiscal de Colombia no da a duras penas sino para pagar gastos básicos, o cuando mucho para asegurar derechos mínimos que deberían estar resueltos hace años.

No obstante, el análisis debe completarse examinando las fuentes de los recursos. Según el trabajo de Moreno, el recaudo de impuestos en dicho periodo fue de $ 655 billones, en pesos corrientes, y los gastos de funcionamiento, $ 595 billones. El excedente de $ 60 billones en esos años fue insuficiente para financiar presupuestalmente toda la inversión, máxime cuando la restante, excluyendo la que destaca Cárdenas en su documento, tuvo montos anuales superiores a $ 20 billones.

La contrapartida fuerte es el endeudamiento sin tasa ni medida del Gobierno central (GNC) y del sector público no financiero. Moreno afora la deuda del GNC contraída entre 2011 y 2016 en escandalosos $ 243 billones, y lo peor es que los intereses pagados suman $ 112 billones y las amortizaciones, con los cálculos tomados de las fuentes fiscales del Ministerio de Hacienda, fueron de $ 120 billones. Es decir, “Colombia se endeuda para pagar y paga para endeudarse”. Al final, el servicio anual menos el pago de intereses se va acumulando como deuda neta en un vertiginoso ‘debt rollover’ ‒“refinanciación de los créditos sobre sí mismos” ‒, lo que en plata blanca es una operación cruda de exacción sobre el ahorro nacional público y privado. Todo al debe.

El actual debate electoral debe pasar, así no lo quieran el ministro Cárdenas o la ministra Gutiérrez o los centros de pensamiento oficial, por un cuestionamiento a fondo de la política económica, que nos ha llevado entre el octavo y el noveno de los ‘anillos del infierno’ en este, el primer asunto público del país. Si en el pantano de la corrupción se clama por “no más los mismos con las mismas”, aquí, en la economía, cabe el doble.

Un ministro de Agricultura “urbanizador”

Análisis sobre el recién electo ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga.

Cuando Juan Manuel Santos presentó a Juan Guillermo Zuluaga como nuevo ministro de Agricultura y dijo que “tenía gran experiencia en el sector”, quienes lo conocen bien quedaron atónitos porque, fuera de practicar team penning (deporte de vaqueros a caballo, según La Silla Vacía), no sabe ni siquiera “castrar novillos”, condición que esgrimía el anterior ministro Iragorri para validarse. Zuluaga ha hecho, ante todo, carrera política desde asesor del Congreso hasta alcalde de Villavicencio, mayormente al lado del Partido de  la U.

En lo que Zuluaga tiene experticia es en procesos urbanísticos, como los adelantados en su Alcaldía entre 2012 y 2015. Basado en un Convenio Interadministrativo con la Gobernación de Alan Jara, el 554 del 28 de junio de 2013 -que sumaba $126.561 millones-, y aunando esfuerzos para la disposición de 3196 viviendas VIS, impulsó a su vez, desde Villavivienda, el 005 del 25 de septiembre de 2013, para la construcción de 1874 de precarias especificaciones en la Ciudadela La Madrid, y el 006, del 4 de diciembre de 2013, para otras 1322 en la Trece de Mayo, ambas de  impacto inmobiliario al suroeste de Villavo. 

En el primer convenio, el 005, Zuluaga, en terrenos de propiedad del municipio, configuró como “aliado estratégico” al mayor contratista de ese departamento, Iván Pérez, escogido a dedo precisamente cuando Carmelo Pérez, primo del beneficiario, era secretario departamental de vivienda. Algo similar pasó con el 006, donde el “dedazo” fue para  Óscar Salamanca quien resultó domiciliado en el “escritorio del lado” en la misma oficina de Iván Pérez en el Parque Comercial La Primavera.

El valor de las viviendas se pactó a $43 millones por cada una y sus fuentes de pago fueron $28 millones puestos por la Gobernación; $6 millones aportados por los beneficiarios; urbanismo y terrenos auxiliados por Villavivienda y un exiguo monto por la firma MC de Pérez.

Ninguno de los dos proyectos llegó a término en sendos plazos de quince y once meses sin que se hubiera pactado prórroga para cubrir el desfase. En lo que sí hubo agilidad fue en vender 70 lotes en la zona más contigua de expansión de La Madrid, sobre las nuevas vías principales,  y varios a Pérez y a sus empresas. 

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En el marco de legalizar tardíamente tales convenios, Zuluaga los introdujo en la revisión del POT de Villavicencio, sancionado a la sazón por el Concejo el 29 de diciembre de 2015, una vez había aprobado y ajustado los necesarios planes parciales el 31 de diciembre de 2014 y el 27 de octubre de 2015, mucho tiempo después de haber seleccionado a Pérez y a sus asociados. Este proceder enrevesado le valió hasta acusaciones de Pérez, quien lo calificó de “manejo improvisado y desordenado”. Ese POT se expidió en medio de un boom de mercado de tierras al voltear por expansión dos mil nuevas hectáreas y que en 2015 se expresó entre los tres mayores índices de precios de vivienda nueva en el país.   

Hay más cuestionamientos a la gestión urbanística de Zuluaga como la declaración de tres zonas industriales en el nuevo perímetro urbano sin siquiera tener servicios públicos y como el leonino contrato del Municipio para zonas azules -de parqueo permitido en calle- donde el socio privado se queda con el 80% del producido. También se critica el inicuo cobro de cesiones urbanísticas al Parque Comercial La Primavera a valores irrisorios, así como el negocio de la plusvalía que debía pagar la encumbrada firma Amarilo, en desarrollo de la construcción de miles de unidades de vivienda, canjeada por algunas áreas que al parecer resultaron localizadas sobre la línea de transmisión de gas, una servidumbre que impide cualquier utilización.

Si la labor de Zuluaga con el agro se equipara a la de su Alcaldía, con estos hechos que son de público conocimiento, le esperan al sector mayores tragedias que las que motivan la justa protesta arrocera desde el 12 de octubre.

Lo anterior no debe ir en detrimento de que haya un llanero en esa cartera, pero de los que abundan en dicha tierra de gente laboriosa, que conocen de agricultura y ganadería, no de duchos en pasar tierra rural a urbana. ¡Vaya paradoja!

Adenda: ¿Será que la investigación de la Fiscalía a Iván Pérez se extenderá hasta la Alcaldía de Villavicencio 2012-2015? Por menos hay unos cuantos ex alcaldes imputados y hasta detenidos.

Fabricato: ¿textiles o ladrillos?

Aurelio Suárez analiza las recientes decisiones de Fabricato.

Hace unas semanas, la opinión oyó que Fabricato, una de las más emblemáticas empresas de textiles y confecciones del país, aunque venida a menos desde la última década del siglo xx, cerraría su operación fabril entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre. La gerencia lo explicó así:
 
“Es el resultado de las condiciones negativas de la economía del país, del debilitamiento de los aranceles de importación, de la masiva importación de prendas y telas, así mismo del contrabando de productos textiles, circunstancias que han afectado de manera sistemática nuestras ventas”. 
 
En efecto, cuando se revisa la evolución del sector textil en los últimos veinte años, la curva descendente es ostensible. En 1997, el 52% se destinaba como insumo intermedio para la producción de otros bienes industrializados, como confecciones; el 40% para los consumos directos de hogares y se exportaba algo más del 6%. Era el 7,2% de la producción industrial total y el 6,4% del valor agregado, el cuarto mayor. Ello pese a que ya afrontaba la competencia de las importaciones y el comercio desleal y la situación negativa del algodón nacional, en vía de extinción. 
 
A contramano, en 2015, el sector textil era menos del 2,3% de la producción industrial y del 1,4% del valor agregado total, relegado en ambas variables a lugares por debajo de los primeros 18 subsectores. Su incidencia se redujo notoriamente en el conjunto de la industria. 
 
¿Cómo han afrontado esta situación los propietarios de Fabricato? Algunas cifras compiladas por el estudiante de Economía de la Universidad de Antioquia, Andrés Trigos, dan algunas ideas. A precios constantes del 2016, las ventas han disminuido, entre 2011 y 2016, de $781.763 millones a solo $385.758 millones, 50,66% menos. Y la mayor rebaja se da por la caída de las exportaciones en un 65%, incluso desde 2014, con la devaluación del 80%, cuando se han mantenido estáticas en niveles de $73 mil millones. Por eso no se explica muy bien que en medio de una menor producción y un mayor endeudamiento respecto al patrimonio –pasó del 36% al 64%–, crezcan en paralelo las inversiones ajenas a los textiles, el objeto social principal, a más de $110 mil millones, referidas a proyectos inmobiliarios en Ibagué y Bello. 
 
Para completar el cuadro, al menos siete empresas ligadas al negocio textil, entre producción y comercialización, han sido liquidadas desde agosto de 2016 y otras seis más están en curso. En conjunto, estas decisiones seguramente tienen que ver con que el activo más valioso del conglomerado son los terrenos amplísimos de centenares de miles de metros cuadrados que están maduros para plusvalías exponenciales. En efecto, del total de los activos, dichos terrenos son casi el 30%, una tercera parte, y con relación al patrimonio llegan hasta el 50%.
 
Cuando se mira la estructura de la propiedad actual de Fabricato, se constata que fiduciarias y fondos de inversión, incluido el constituido por los damnificados de Interbolsa en cabeza de los liquidadores de Supersociedades del fondo Premium, controlan casi 40% del total. Se entiende entonces por qué su interés utilitarista sea exprimir al máximo ese capital separando su suerte de la centenaria misión textilera.  
 
Tal pronóstico puede corroborarse al saberse que el exministro de Hacienda del primer gobierno de Uribe, Alberto Carrasquilla, reportado en Panamá Papers con su matriz empresarial radicada allí, lidera el grupo de linces financieros al mando. 
 
Por lo visto, Fabricato como firma textil se reduciría a una operación tecnificada y en productos específicos en Riotex. El resto serán ladrillos y especulación inmobiliaria. Aunque logró salvarse de las garras de aventureros como Félix Correa hace más de tres décadas o de Corredori, ese apostador de caballos vuelto caballero de industria, parece haber llegado a su hora de nona. 
 
La sociedad regional puede intervenir para preservar este icono industrial y los dos mil o más empleos que todavía quedan luego de haber tenido casi 20 mil. De lo contrario, Fabricato seguirá convirtiéndose en ladrillos y en recuperación de inversiones a nivel de máximo lucro posible. Antioquia tiene la palabra.