La avionada de Duque

Es una aberración fiscal gastar $14 billones en guerra en medio del acuerdo de paz y en plena pandemia, con déficit fiscal de $77 billones y deuda pública que supera 65 % del PIB.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El gobierno de Duque adquirirá 24 aviones caza F-16 Bloque 70 a Lockheed Martin por US$4.500 millones ($14 billones), en un paquete que “incluye mantenimiento, armas, apoyo de ingeniería, infraestructura y tecnología”. Así, Colombia, “mientras los Kfir estén operativos”, tendrá “83 aviones de combate”, en tanto “Chile tiene 45, con una flota de 35 F-16; Venezuela tiene 44, de los cuales 16 son F-16 no operativos; Brasil tiene la flota más grande con 120” (Noticias Caracol).

Iván Duque emula con sus antecesores. El Gobierno de Barco adquirió 12 aviones nuevos Kfir y otro de segunda mano a Israel, y la compra se complementó en 1991 con un Boeing 707 cisterna. Uribe, en su segundo mandato, compró otros 13 y repotenció 11 de los existentes. Para 2014, la FAC contaba con 21 unidades Kfir de distintas referencias.

En 1992 Colombia adquirió 15 helicópteros Black Hawk, sumados a 12 efectivos, para vigilar yacimientos de petróleo. En el Plan Colombia, hasta 2003, con Pastrana y Uribe, se llegó a 27 helicópteros UH-1N, 13 UH-60L y 24 HUEY II. En 2005 se compraron ocho MI-17 rusos (Conpes 3353) y 25 aviones Super Tucano de la brasileña Embraer, y hoy suman 38 de esta clase. El principal proveedor, incluidos contratos de soporte y tecnología, ha sido Lockheed Martin, y por esto y más Colombia, enfilada en la “lucha contrainsurgente”, era en 2018 el país de más gasto militar de la región, 3,1% del PIB (La República).

El negocio de los 24 F-16, iniciado en la Feria Aeronáutica Internacional F-AIR-2019 (Infodefensa.com), desató en redes sociales y en la oposición una justa oleada de críticas. Es una aberración fiscal gastar $14 billones en guerra en medio del acuerdo de paz y en plena pandemia, con déficit fiscal de $77 billones y deuda pública que supera 65 % del PIB; pero, ante todo, con una regresiva reforma tributaria que extraerá de las clases laboriosas más de $30 billones entre alza del IVA, impuesto de renta a uno de cada tres trabajadores formales y tributos indirectos verdes.

El asunto trasciende lo fiscal. La organización de monitoreo de transferencias de armas Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) señala que ese comercio se inclina a la corrupción por el secretismo inherente a la seguridad nacional; la intimidad entre compradores, proveedores e intermediarios; la opacidad en las cadenas de producción, transporte y finanzas; las especificaciones técnicas de los productos y las recompensas financieras que se estilan. World Peace Foundation compendia 41 casos de corruptela en el comercio exterior de armas, y Transparencia Internacional denunció que Estados Unidos suavizó en 2020 controles a las ventas militares y agrandó los agujeros por donde pasa la podredumbre.

Lockheed, primer contratista del Pentágono con US$75.000 millones en 2020 y conocido como “Walmart de la guerra” porque brinda una amplia gama de bienes y servicios para seguridad y defensa, no está libre de pecado. Forbes denunció que Lockheed tuvo que pagar una multa de US$4,7 millones por un lobby fraudulento al utilizar dineros provenientes de pagos del Estado para cabildear un contrato de más de 2.400 millones mediante una compañía subsidiaria. Es práctica común en la industria de armamento, en la que cada dólar de lobby rinde miles en contratos, usualmente con los Estados. ¿Alguien ganará una comisión de éxito en Colombia?

Las exportaciones estadounidenses de armas, que entre 2016 y 2018 valieron US$30.600 millones (OpenSecrets.org), son autorizadas por comités del Senado, halcones de los que a su vez dependen las ganancias de las industrias militares. Que no son pocas. Lockheed tendrá en la transacción del lote total de los F-16 un margen de beneficio del 11,4 %, que significa US$7.000 millones sobre US$62.000 millones de ventas totales (Rich Smith). En las arcas de State StreetThe VanguardCapital Research & Management y Black Rock, fondos de capital dueños de 30 % de dicha empresa, parará el alza de tributos sobre productos de consumo masivo, merced a la reforma tributaria de Duque.

¿A quién se bombardeará? Según el senador Bob Menéndez, del comité de Relaciones Exteriores, y algunos analistas, Colombia “es país ejemplar con cooperación extensiva”, y frente a los Sukhoi de Venezuela habría “respuesta coordinada por tener superioridad de aire” (Evan Ellis). ¿Ataque interno o escaramuzas bélicas en las fronteras? En la incómoda compañía de regímenes como Marruecos, Jordania y Baréin o puntas de lanza como Taiwán, compradores de esta versión de F-16, Colombia hará parte del grupo de países secuaces, no socios, de la Otan. Aviones a las órdenes de Washington, aunque logrados con dineros de los contribuyentes nacionales.

Reforma tributaria #19: argucias e inequidades de Duque y la OCDE

La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Muchas reformas de las finanzas públicas en Colombia las hicieron extranjeros, misiones como Kemmerer, Taylor, Musgrave y Bird-Wiesner (mixta), del Banco Mundial y el FMI y ahora de la Ocde refrenda los análisis y propuestas de Rosenbloom, Arnold, Owens y demás para, sin contar otras disposiciones atinentes, delinear la decimonovena reforma tributaria en 30 años.

El Congreso ordenó una comisión en la Ley 2010 de 2019, “de crecimiento económico”, para evaluar los beneficios cedidos a contribuyentes dentro de la Confianza Inversionista. El Gobierno y la Ocde desviaron este objetivo y se dedicaron a hurgar en el IVA y en el impuesto de renta para personas naturales y pretermitir las ventajas corporativas, que cuestan 10 billones de pesos anuales, concedidas cuando Carrasquilla ha manejado la Hacienda y que él llama “derechos adquiridos”. Se enfocaron en el costo fiscal anual por beneficios en el IVA en 52 billones de pesos y en 17 billones de pesos en el impuesto de renta de personas naturales. No vieron lo que sí la Contraloría en un documento: “Por cada peso pagado en impuestos el Estado le dejó de cobrar 51 centavos al sector financiero”.

En tan tendencioso empeño se “recomendó” revisar el cobro del IVA a 83 bienes y a los servicios para recabar 10,5 billones de pesos e incorporar al impuesto de renta a las personas naturales con ingresos de más de 2 millones de pesos mensuales, el 35 por ciento de los trabajadores formales, para 16,8 billones de pesos más, también con la supresión del 25 por ciento de su ingreso laboral depurado de exenciones y deducciones, y además el gravamen a las pensiones. Se omitió que en 2019, por 100 pesos recaudados, 54 vinieron de impuestos indirectos y regresivos, de los cuales el IVA aportó 42 y al resto ayudaron otros IVA disfrazados como combustibles, bolsas plásticas, consumo y carbono.

A contramano, los tributos directos, de renta y patrimonio, contribuyen con 46 pesos (Dian, 2019). Se tapó que la tarifa efectiva del impuesto de renta al sector financiero –al dividirlo por la renta líquida– es 22 por ciento, diez puntos menos de la nominal (Contraloría) o que personas naturales y jurídicas de nivel alto pagan tasas menores a las de ingreso medio en claro “sesgo pro rico” (Garay-Espitia). La estructura tributaria es regresiva y empeorará, ya que a las cúpulas económicas apenas se les cargarán tímidos aumentos en el tributo sobre dividendos, un exiguo porcentaje sobre abultados patrimonios y nada a los giros de ganancias de subsidiarias foráneas a sus casas matrices.

La comisión se apropió de la versión oficial del hueco fiscal: “La pandemia redujo los ingresos y aumentó los gastos. En periodos de crisis todos debemos hacer sacrificios” y escondió que el roto está en la Ley 2010 de 2019, que instauró contratos de Estabilidad Jurídica por 20 años para megainversiones superiores a un billón de pesos y 400 empleos creados, con tarifa del 27 por ciento, exención de renta presuntiva y patrimonio, o por diez años para proyectos agropecuarios con inversión superior a 856 millones de pesos y diez empleos, o para negocios de economía naranja por siete años con tres empleos, mantenidos todos en el proyecto de Reforma. Al sumarse a tanto regalo, la baja en la tarifa empresarial de renta de 33 a 30 por ciento; el descuento del 50 por ciento del impuesto de Industria y Comercio, ICA; la devolución del IVA en la importación de bienes de capital y la caída del recaudo en 2020 por 11 billones de pesos, se encuentra la mayor porción del déficit de 77 billones, en exceso sobre cualquier cálculo de gasto público en la pandemia.

La falsa narrativa contagió: Fescol y centros de estudio corrieron a proponer un recaudo de 20 billones de pesos venidos en parte por impuestos al salchichón, la cerveza, combustibles y servicios digitales; Fedesarrollo planteó acopiar 30 billones de pesos universalizando el IVA, eliminando el régimen pensional y arrinconando al sistema de compensación familiar, y Anif pidió tarifa plena paulatina de IVA del 18 por ciento a 2024 y aumentar el recaudo por renta en personas naturales en 8 billones. Duque justifica la iniquidad con “zanahoria social”, que implicará gasto adicional neto máximo por 4 billones de pesos, en tanto la Contraloría insiste en examinar el cumplimiento de los objetivos de los tratos preferenciales a empresas y advierte que aumentar el IVA afectaría a “millones de pobres”.

Como colofón, citar a Voltaire: “El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra”. La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

Prácticas non sanctas de Carrasquilla: ¿Qué dicen los entes de control?

Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar beneficios tributarios enredados.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Carrasquilla dijo recién nombrado que al presupuesto le faltaban 14 billones de pesos de ingresos para cumplir la regla fiscal y que iba a cubrirlos con la Ley de Financiamiento de 2018. Anif y Mauricio Cárdenas advirtieron deficiencias, y Moody’s calculó que solo conseguiría 7 billones de pesos. La Corte Constitucional se la tumbó en octubre de 2019 por violar el debido trámite en el Congreso. En efecto, el recaudo de IVA y otros indirectos creció 5 billones de pesos, pero el de la renta, apenas 3 billones de pesos.

Inspirado en que “rebajar impuestos era el motor de la economía”, metió la Ley de Crecimiento, que rebajó la tarifa al impuesto de renta empresarial e introdujo beneficios tributarios con cargo al erario por 9,4 billones de pesos para 2021, 11,5 billones de pesos para 2022 y 19,4 billones de pesos para 2023, sin contar otras prebendas, y se guardó el as de las privatizaciones para cuadrar cuentas corrientes. Recambió los vencimientos de la deuda pública: bajó a 3,8 billones de pesos los 20,74 billones de pesos a pagar en 2020 y pasó el resto a 2025, cuando el monto será de 30,5 billones de pesos, legándole el chicharrón al Gobierno venidero (BanRep). El exministro Cárdenas juzgó que para pulir tales planes “se tiene que incurrir en prácticas non sanctas” (junio 2019) y que pensar que la reforma se pagará “a punta de mayor crecimiento, es un deseo más que una realidad” (noviembre 2019). Una vez en vigor la Ley de Crecimiento, Duque y Carrasquilla presumieron que ya había superávit antes del servicio de la deuda.

Las cuentas de la lechera estallaron con la pandemia, pero a Carrasquilla le sirvió para incurrir en nuevas prácticas non sanctas a fin de financiar el descuadre. El Observatorio Fiscal de la Javeriana reveló que los importes del fondo Fome, creado para la emergencia, no coincidían con lo publicado en los portales de Transparencia. A febrero de 2021 acumulaba 40,5 billones de pesos, pero desembolsados 22,6 billones de pesos, 2,1 por ciento del PIB, lo que hace del Gobierno de Duque uno “chichipato”.

Dado que varios rubros como la devolución del IVA estaban en el presupuesto, el dato final del PIB del gasto nominal del Gobierno en 2020 fue de 10,5 billones de pesos, mucho menos que en 2019, cuando no había crisis por el virus. Contra toda evidencia, Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar los beneficios tributarios enredados, más aún con la caída por 11 billones de pesos del recaudo en impuestos el año pasado. Tampoco validan la reforma nuevas deudas en TES a largo plazo por 36 billones de pesos; ni la de 12 billones de pesos a diez años con el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), contraída en un raponazo a los entes territoriales; ni la del FMI por 5.300 millones de dólares, casi la mitad usada sin saberse en qué.

Nada la justifica, y menos si se descarga sobre una economía hundida en -6,8 por ciento. Es tan absurda que el exdirector de la Dian expresó: “Más importante fortalecer la Dian y perseguir a los evasores que hacer nuevas reformas tributarias” (SEMANA, 13/2/21). En la onda gobiernista y sin evaluación mayor, algunos centros de estudio propusieron una por 20 billones de pesos, plagada de impuestos al salchichón, a la gasolina y al gas. También en un esfuerzo por cuadrar el círculo, economistas apuntan a devoluciones y sobretasas para tornar progresivo el IVA. Carrasquilla, desaforado, sin regla fiscal, se arroja sobre la clase media y decreta la impropia toma hostil de ISA desde la entrampada Ecopetrol.

¿Impunidad a Carrasquilla? Pido a Procuraduría y Contraloría impedirlo y revisar sus “prácticas non sanctas”, que violan el principio constitucional de transparencia.

Decreto 1174: Todos en el piso

Este decreto constituye un paso más en la cadena de rebajas salariales iniciada por la Ley 50 de 1990, con César Gaviria, y que continuó con la 789 de 2002, con Álvaro Uribe.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El 30 de abril de 2019, el Senado hundió cuatro artículos del Plan Nacional de Desarrollo, entre ellos, el 193, que ordenaba el piso de protección social. Al día siguiente, una jugadita de Macías como presidente, y a instancias de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, reabrió la discusión y, con mayorías aceitadas, celebró el Primero de Mayo a los trabajadores con ese obsequio. El Gobierno le dio curso mediante el Decreto 1174/020, que rige desde el primero de febrero de 2021.

¿En qué consiste? Para responder hay que recurrir al derecho laboral y a las matemáticas. Abogados laboralistas explican que para quienes tienen contrato por periodos inferiores a 30 días, y cuya remuneración-mes sea inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, el Decreto 1072/015 (Sección 4) fijaba el esquema para vincularlos a los sistemas de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar (S. Galeano).

La fórmula prescrita se entiende con un ejemplo: si un ingeniero de sistemas, de los que aludía Alicia Arango, va dos horas semanales a una empresa y gana 75.000 pesos por hora, devenga 600.000 al mes. Por concepto de seguridad social (pensiones y riesgos) y compensación familiar, la compañía, a tenor del 1072, debe pagar este año 41.084 pesos por cada semana de asistencia, es decir, 164.336 pesos mensuales. Para estas personas con “dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica” y con menos de un salario mínimo mensual, el 1174 dispuso ya no pagar dicha suma, sino solo el 15 por ciento del pago-mes. En el caso del ingeniero, serían 90.000 (15 por ciento de 600.000), de los cuales un 14 por ciento va para el sistema de beneficios económicos periódicos (Beps) y un 1 por ciento para un fondo de riesgo, pues se obliga a estar en el régimen subsidiado de salud. El empleador se guardará, en consecuencia, 74.336 pesos mensuales.

Algunos celebran este ahorro en aras de la “competitividad” en la globalización –objeto central del neoliberalismo dominante–, sin reparar que el beneficio al capital corre por cuenta del trabajador, que le traslada ingresos laborales como el subsidio familiar, quedando excluido del régimen pensional formal de prima media o de ahorro individual, o por la instauración del part time como en Estados Unidos, donde los empleos se demandan por tarea con secuelas develadas por Stiglitz como: contratos en ocupaciones separadas, jornadas partidas y agotadoras, desplazamientos y cambios de horarios y trabas a la organización sindical.

El tiempo necesario, que según la economía política es el requerido para conseguir la subsistencia, se vuelve todavía más pesado y extenso, y con el 1174 constituye un paso más en la cadena de rebajas salariales iniciada por la Ley 50/1990 con César Gaviria, y luego con la 789/2002, con Uribe. En tres décadas, contando salarios y compensaciones, la participación del trabajo en el ingreso nacional ha caído del 48 por ciento a apenas el 35 por ciento (Banco República-Dane). El 13 por ciento perdido se traspasó a las ganancias corporativas, a las rentas financieras y al Estado por vía de impuestos indirectos, y los resultados son: el 48 por ciento de los ocupados –9,5 millones de personas– gana menos del mínimo (Dane), una informalidad del 50 por ciento y el más alto desempleo de Suramérica, antes y después de la pandemia.

Frente a ese infierno laboral, que se trata de tapar con la falsa formalidad de “todos en el piso”, y con la drástica merma en el estándar de protección social que trae el 1174, hay conceptos encontrados entre la Ocde (2019), que recomienda estos inicuos regímenes, en particular para las mujeres, y la OIT, que rechaza tales “sistemas de ahorro voluntarios basados en cuentas individuales como mecanismos eficaces y capaces de garantizar, de manera suficiente y previsible, una seguridad básica”, por estar en contra de su Recomendación 202 y el Convenio 102 de seguridad social (I. Jaramillo).

Hay quienes exigen más. Ortodoxos neoliberales y un voraz sector de la patronal, al que le habla la vicepresidenta-candidata Marta Lucía Ramírez, piden más reformas laborales y pensionales fuera del 1174 y niegan la vergonzosa desigualdad imperante, cuya más notoria expresión en los últimos tiempos es el alza del salario mínimo en porcentajes inferiores al crecimiento anual del ingreso por habitante. El 1174 cae como anillo al dedo para enganchar a la barata al millón y medio de venezolanos “regularizados”, pero no se limitará a la mano de obra no calificada, y vendrán oleadas al finalizar contratos a término fijo que abarcarán, entre varios, a profesionales, obreros especializados, docentes de cátedra, dependientes de comercio, guardas de vigilancia y servicios domésticos. Duque prometió que no acudiría “por decreto a tratar de reducir la pobreza”, y tuvo razón: con el 1174 la acrecentará con mayor inequidad, fruto de tan mínima y vil versión del piso social.

Política energética: Importar fracking y exportar fracking

Con el documento firmado entre la Embajada de EE. UU. y el Gobierno, el modelo extractivista queda algo desueto, pues el país se aprestaría a traer el gas del exterior.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En noviembre de 2019 el gobierno de Duque firmó con la embajada norteamericana un documento que redefine la política energética y de infraestructura, ‘Marco para afianzar la cooperación en el fortalecimiento financiero y de mercado en materia de energía e infraestructura’. Expertos consultados y miembros de la industria dijeron desconocerlo, lo cual ratifica el secretismo frente a asuntos tocantes a los altos intereses de la Nación como con los contratos de las vacunas anticovid.

Duque suscribe una política más sumisa que la de Pastrana con la Ley 756/02, que retrocedió un siglo en el régimen de explotación de recursos naturales no renovables al revivir las concesiones y tumbar la participación del Estado con regalías móviles, como en el petróleo de 85 a 50 por ciento, o todavía menos si se contabilizan los perversos beneficios tributarios o los artificios contables a los que acuden las compañías. El Marco privilegia a Estados Unidos como puntal para “capitalizar capital privado y facilitar el crecimiento del mercado financiero en materia de energía e infraestructura mediante la identificación de oportunidades de inversión”. Pero no para ahí, también define las gangas: “Facilidades de importación de gas licuado e infraestructura de gasoductos” o “energías renovables no convencionales” o “exploración y producción de petróleo y gas, incluyendo reservorios convencionales y no convencionales” (léase fracking).

Dichas “áreas de cooperación” se asocian a mecanismos que facilitarán a los mercados de capitales actuar a sus anchas al inducir cambios en la regulación y en los esquemas tarifarios “que reduzcan los costos financieros” por cuenta de los usuarios. El timonazo es tal que el terminacho “modelo extractivista” queda algo desueto, ya que Colombia se apresta a importar gas para un mercado interno con potencial creciente, pues 34 por ciento de las industrias y 20 por ciento de los hogares lo usan, y compañías norteamericanas podrían traerlo, transportarlo y hasta distribuirlo. El Marco subraya el poder del capital financiero según el dicho “Sin bancos no hay petróleo” como en Ecopetrol, que ya les adeuda 33 por ciento de sus activos.

No son conjeturas. Duque anda obstinado en montar una planta regasificadora en Buenaventura surtida con gas foráneo y en contra de la industria gasífera nacional, cuyo principal agente es Ecopetrol. A Estados Unidos, primer exportador mundial de gas licuado por la abundancia del shale allá, le urge colocar inventarios que está acopiando. Desde 2015 acumula 50 millones de barriles, y sus exportaciones semanales de 400.000 barriles-día en ese año se treparon a más de 1,6 millones (EIA). Ni la planta ni las importaciones son necesarias.

Estudios muestran reservas probadas por diez años, sin necesidad de fracking para extraerse, y probables por 100 (Upme, Contrato C-041-2018). Todo indica que el eventual costo de 800 millones de dólares de la regasificadora de Buenaventura se cubriría con el mismo esquema de la ya existente en Cartagena, recargada en 65 por ciento sobre los estratos socioeconómicos uno y dos, con el agravante de que el gas importado es más caro que el nacional. Respecto al fracking en Colombia vale repetir que causa pasivos ambientales y males sociales de tal grado que violan el derecho al ambiente sano y varias convenciones internacionales como lo expuso David Boyd, relator de la ONU, en reciente audiencia en la Cámara de Representantes.

El Marco avanza en sentido contrario. Estipula maniobras financieras en mercados secundarios de deuda u otros derivados en los que el prestamista de Estados Unidos tendrá alto y rápido retorno del crédito en un sistema que quebró a más de 200 compañías allá. El proyecto de fracking con usura tendría a Ecopetrol en la mira como primer contratista de la ANH para explotaciones de carácter “investigativo”, que demandan alto volumen de capital debido a que 45 por ciento del crudo sale en los primeros años y no puede diferirse en el tiempo como en el modo convencional. Están en la fila Exxon y Drummond. Se habla también de adjudicar a operadores estadounidenses plantas de energías renovables que competirían con las que ya se habían asignado en una primera subasta con demanda copada, y un trino del ministro Diego Mesa con Bill Burlew de US-Colombia Business Partnership de 3-02-20 (7:14 p. m.) las define junto con el proyecto de la planta regasificadora del Pacífico como “oportunidades e inversiones” (@DiegoMesaP).

Es un fast track energy que pone el control del sector en Estados Unidos, con gas de fracking importado y crudo de fracking exportado. Dado que existe la posibilidad de terminarlo, ojalá el sucesor de Duque actúe en consecuencia, lo derogue y además proscriba el fracking, como en Uruguay, Costa Rica y Francia, y que Colombia recupere la menoscabada política energética.

Vacunas antiCovid-19: con el pecado y sin el género

La desigualdad entre países explica buena parte de la inequidad mundial, brecha que amplió la globalización y es más visible en la industria, en la que los poderosos se fortalecieron fabricando los bienes de mayor complejidad, y los débiles, los productos comunes.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Nota: Cuando Alberto Lleras y Jorge Zalamea fundaron SEMANA, la mira fue crear un medio promotor del análisis, una línea mantenida en las etapas siguientes por los columnistas que me antecedieron en esta tarea, que, por invitación de las actuales directivas, haré con independencia y criterio personal, como conducta constante de que digo lo que pienso y lo digo pegado a los hechos.

La desigualdad entre países explica buena parte de la inequidad mundial, brecha que amplió la globalización y es más visible en la industria, en la que los poderosos se fortalecieron fabricando los bienes de mayor complejidad, y los débiles, los productos comunes. Los primeros gozan de exceso de demanda, en cambio a los segundos les sobra oferta. Entre los renglones apropiados por las potencias, en particular por Norteamérica, está la farmacéutica. Las Big Pharma responden por 50 por ciento de la inversión mundial para investigación y desarrollo en esa rama, son 4 por ciento del PIB de Estados Unidos, perciben ingresos superiores a un billón (millón de millones) y medio de dólares anuales, emplean un millón de personas en investigación, soporte técnico y manufactura, y a 5 millones en toda la cadena (www.selectusa.gov).

Su dominio posa en las cumbres de Washington y Wall Street. Un informe del National Center for Biotechnology Information (NCBI) sobre el lobby político de las Big Pharma para proteger y aprobar normas favorables en los estados, a nivel federal y en el mundo, registra la suma de 4.700 millones dólares en apoyos a candidatos presidenciales, congresistas nacionales y estaduales norteamericanos entre 1999 y 2018, por encima de cualquier otra industria. La más beneficiada fue la dupla Obama-Biden, con 5,5 millones de dólares entre 2008 y 2012. En 2020 Biden recibió 5,9 millones, mientras que Trump, la cuarta parte, 1,5 millones. Las Big Pharma apuestan a ambos bandos (globaldata.com).

El imperio económico tras Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, creadoras principales de las vacunas anticovid-19 y ahora al alza en las bolsas de valores, son los fondos financieros The Vanguard, BlackRock, Fidelity, Capital Research & Management y State Street, que como accionistas institucionales suman entre todos entre 15 y 22 por ciento del patrimonio en cada caso. Las ganancias correrán así a las mismas arcas, cualquiera que sea la vacuna aplicada. Es la figura conocida en el mundo bursátil como horizontal shareholding, que los mismos fondos usan para el control en las Big Oil (petroleras), en las de “economía verde”, de energía solar y eólica y en las primeras firmas contratistas del Pentágono (marketscreener.com).

Con base en la propiedad intelectual, considerada “la sangre del sector privado”, montaron un mercado con normas de hierro para garantizarse el monopolio mediante el sistema de patentes que imponen en tratados como ADPIC, TBI y TLC, con derechos específicos incluso sobre vacunas, patentes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un “mercado” antes que un bien de dominio público. Por ello, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre varios, basados en los juicios de Albert Bourla, CEO de Pfizer, se opusieron, contando con la vergonzosa abstención de Colombia, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a adoptar esa justa calificación propuesta por Sudáfrica e India para las anticovid-19, idea respaldada por personalidades de la comunidad internacional como el nobel de paz 2006, Muhammad Yunus.

Con la lógica del monopolio se hicieron los contratos para la adquisición de vacunas contra el coronavirus, pese a ser desarrolladas en 85 por ciento con fondos públicos y filantrópicos (Airfinity). Según Bloomberg, los han firmado 189 países con distinta cobertura poblacional, pero es inicuo el comportamiento de los países ricos, que con 14 por ciento de la población acapararon 53 por ciento de la producción inicial (Oxfam). Colombia ocupa el puesto 62 con 33 por ciento de cubrimiento reconocido, debajo de diez países de América Latina, más atrás en la fila de lo anunciado en el programa televisivo presidencial Prevención y acción. De hecho, más de 50 países están vacunando y aquí vamos en cero.

La confidencialidad, con cláusulas onerosas como la de anticipos, que podrían subir a 1,5 billones de pesos, la de datos de los vacunados, la exoneración de responsabilidad a las Big Pharma por eventos adversos prescrita en la Ley 2064, el reconocimiento del monopolio y la exclusión de la farmacéutica nacional, los precios y cuántas más cláusulas desconocidas movieron a un alto funcionario a decirme: “Aurelio, nos arrodillaron”. Tan crudo balance, cierto para muchos países, lo será peor para aquellos con Gobiernos de corvas flojas, entre los que se encuentra el de Iván Duque por no acudir a la cláusula de excepción de protocolos internacionales (TLC) que en casos de epidemia garantiza el acceso sin la extorsión de las Big Pharma. Con el pecado y sin el género.

¿Generación E o Generación D? Es la contradicción

La UNESCO define la Educación Superior como derecho humano universal y, a la vez, como bien público social de calidad que es deber del Estado garantizar. ¿Ha cumplido Colombia dicho mandato? Algunas cifras permiten responder

En Educación Superior, según la OCDE (2016), el gasto privado en nuestro país es 64% del total, mientras que el público es apenas 36%. De 37 países analizados, estamos entre los 7 donde esa relación está invertida frente al papel prescrito al Estado de “hacer posible el acceso a todas las personas”. A contramano están 27 países, encabezados por Finlandia, Alemania, Francia y México, donde el importe estatal supera 70% de las expensas generales.

De 43 países estudiados (OCDE, 2017), Colombia ocupa, con el 28,1%, el puesto 36 en términos de la población entre 25 y 34 años con educación superior (incluyendo la tecnológica), mientras que el promedio en países de la OCDE es 44%. Hay solo 16 países en que dicho porcentaje es inferior al 40%. Estados Unidos es donde menos ha crecido dicha población con respecto a hace 30 años, al subir solo del 42% al 47%.

Precisamente, Colombia copió el modelo fallido de Estados Unidos: el del negocio financiero, incentivando la demanda educativa por la vía del crédito, gestando un filón cuyo monto supera allá los 1,4 billones de dólares (millones de millones) y abarca a más de 44 millones de deudores.

Aquí el ICETEX, convertido en banco de segundo piso y en eslabón clave, tiene 640 mil clientes de crédito, casi uno de cada tres estudiantes. 406 mil de ellos son atendidos con recursos propios, más del 90% de estratos 1,2 y 3, y otros 232 mil mediante diversos fondos administrados por $2,6 billones, incluidos $900 mil millones de Ser Pilo Paga. Su cartera total es de $4,7 billones, con 52.228 créditos morosos que suman el 8,8% del total prestado. El ICETEX acumuló utilidades por $550 mil millones entre 2015 y 2017 y acrecentó su patrimonio en 30% con rentabilidades promedio del 10% anual.

A tan jugoso desempeño contribuyó además que, en 2017 y 2018, se desviaron para el ICETEX recursos esperados de reformas tributarias tanto por IVA “social” como por CREE por cerca de un billón de pesos. Se desviaron, porque eran para instituciones públicas de educación superior. Igualmente, el Capital Extranjero montó allí un nicho: el Banco Mundial, el BIRF y la Agencia Francesa para el Desarrollo le han provisto cientos de millones de dólares para su objetivo de costosísimo prestamista.

La propuesta de Generación E, escudada tras un superlativo, la Excelencia, relanza el Ser Pilo Paga (SPP), aun cuando empeorándolo: Los estudiantes del SISBEN con menos de 57 puntos, con puntaje mayor a 360 en pruebas SABER y que vayan a universidades privadas –no son ni el 3% de los aspirantes– tendrán un componente de la matrícula por la vía del “crédito condonable”. El “impulso” a las universidades públicas, como apoyo del gobierno, estará sujeto apenas a estudiantes admitidos y con SISBEN de menos de 32 puntos.

Al margen quedaron por tanto el sistema estatal como el grueso de la población estudiantil, la cual podría llamarse Generación D, aquella que reclama el ingreso a la educación superior por ser un Derecho fundamental, tal como lo dicta la UNESCO: para ambos poco o nada hubo en la propuesta de Duque. Los rectores del sistema estatal (SUE) afirmaron que el aumento de la demanda, en cuanto les atañe, causaría nuevos gastos y que en el “escenario crítico”—con faltantes de caja por más de $3 billones— obliga más a reducir que a crear nuevos trámites ante el ICETEX. Explicaron que la Generación E es un programa similar al SPP, con financiación incierta, y que la propuesta de incrementar lo transferido, bajo parámetro anual del IPC + 1,8%, es insuficiente, ratificando la necesidad de fijarlo en IPC + 4%, como sostienen estudios demostrativos de que el “gasto docente” crece mínimo 3,5% por encima de la inflación (Acosta,2018).

Luego de dos semanas de movilización y anormalidad académica en más de 20 universidades, el presidente Duque, quien hace anuncios por twitter y en monólogos sin citar al indispensable diálogo, persiste en poner el crédito y el ICETEX como protagonistas del sector educativo superior, y, para colmo de males, sus copartidarios tramitan al mismo tiempo en el Congreso la resurrección del ánimo de lucro como leitmotiv  de la educación.

Así las cosas, el gasto particular de los hogares para educarse continuará predominando; la población educada será poca; las universidades públicas verán prorrogado su marchitamiento y quienes aspiran a acceder a ellas como un derecho, la Generación D, seguirán excluidos por barreras económicas y presupuestales. ¿Hasta cuándo resistirá el engendro?

La enfermedad holandesa financiera

En entrevista reciente, el ministro Cárdenas registró como el mayor logro económico de los ocho años del gobierno de Santos el aumento de la inversión extranjera, anotando que entre 2002 y 2010 los flujos netos anuales eran en promedio de 6.000 millones de dólares, mientras que entre 2010 y 2016 subieron a 14.000 millones. Confirmó así que el capital externo es hoy la variable de cierre de la economía colombiana, cuando entre 1996 y 2002 la media fue apenas de 2.500 millones. Es a partir de esa avalancha de divisas como debe analizarse la economía nacional y, contrariando la difundida especie del modelo ‘extractivista’, que no corresponde a una caracterización precisa, urge evaluar el efecto conjunto de los flujos externos como esencia de la política económica del siglo XXI.

El monto (stock) de la inversión extranjera directa en Colombia a marzo del 2018 es de 182.342 millones de dólares. ¿Cómo se distribuyó la ocurrida entre 2000 y 2017? En petróleo suman 44.915 millones y en minas, 26.019; en industria llega a 28.721; en servicios financieros, a 19.466; en transporte y comunicaciones, a 17.406 y en comercio, a 13.800, para mencionar lo más relevante (Banco de la República, 2018).

Lo anterior se ratifica al mirar las 21 mayores empresas por ingresos superiores a $ 4 billones en 2017: diez son transnacionales; cinco, predominantemente nacionales; dos son públicas y cuatro, mixtas (público-privadas). Entre ellas hay cinco relacionadas con hidrocarburos y minería, encabezadas de lejos por Ecopetrol; tres, con comercio; dos, con servicios financieros y cabezas de ‘holding’ de inversión; tres, con servicios públicos; dos, con servicios de salud; dos, con TIC; tres vinculadas con la industria y una, con transporte aéreo.

Colombia cayó en el entrampamiento crediticio con el propio capital internacional al que le abrió con laxitud sus puertas en la orgía de la confianza inversionista.

Las lucrativas operaciones –que incluyen además los giros a las economías foráneas de origen– tienen como contrapartida ingentes costos para sostenerlas, manifestados en los crecientes niveles del endeudamiento bruto del sector público. En 2000, este era de $ 88 billones, equivalente al 45 por ciento del PIB; para 2010 subió a $ 234 billones, entonces 43 por ciento del PIB, y para 2017 se disparó a $ 500,9 billones, 54,4 por ciento del PIB, que, como advirtió la Anif, al agregarse el pasivo de Ecopetrol, se acercaría al 60 por ciento, nivel a partir del cual la Unión Europea trata como “paria” a una economía.

No obstante, al estudiar los acreedores de dicha deuda, se encuentra que también el capital extranjero participa en gran medida. De acuerdo con información de Juan Pablo Fernández, la denominada inversión de portafolio, eminentemente especulativa, vale 87.282 millones, muy por encima de lo puesto en petróleo y minería, y 56.182 de ellos están representados en títulos de deuda pública, TES. Así mismo, los pasivos externos (inversión extranjera + deuda + especulación con monedas) llegan ya a 328.291 millones de dólares, un 147 por ciento más con respecto a marzo del 2010, de los cuales cerca de 130.000 millones corresponden a títulos y préstamos. Colombia cayó en el entrampamiento crediticio con el propio capital internacional al que le abrió con laxitud sus puertas en la orgía de la confianza inversionista.

La mayor ‘extracción’ no es petróleo ni carbón ni oro. Es de ahorro y de trabajo nacional para cubrir el pago del exorbitante endeudamiento, principalmente con bajos salarios y mínimos ingresos disponibles –de la base social nacional–, mermados por impuestos indirectos como IVA, al consumo, cuatro por mil y gravamen a los combustibles.

Los capitales foráneos, incentivados por favorables diferenciales en las tasas de interés y beneficios tributarios, hacen del mercado colombiano jugoso filón, tanto que, según IIF, el país ocupó de 2015 a 2017 el cuarto lugar, de acuerdo con el porcentaje del PIB, como receptor de flujos de deuda entre las economías emergentes, luego de la República Checa, Líbano y Sudáfrica. Además de endurecer la revaluación del peso, se subordina al conjunto de la economía al pago cumplido y, encima, supervisado por las calificadoras de riesgo de Wall Street, que enjalmaron a los gobiernos anteriores e igual harán con el de Duque.

El desarrollo armónico de los distintos sectores productivos estuvo afectado entre 2002 y 2010 por la conocida enfermedad holandesa y ahora lo está aún más por esta fase superior robustecida con capitales especulativos, tal como lo explica Alberto Botta (2015, Universidad de Calabria y Universidad de Greenwich) al estudiar el caso de Colombia.

Este es el balance macroeconómico de 16 años de uribosantismo, que, al parecer, será similar para el futuro próximo en busca de espacios fiscales para cubrir esta espiral sin límite.

Sergio Fajardo, alguien más que un profesor

Está resonando el estribillo “Un profesor, un profesor…”, referido a la candidatura de Sergio Fajardo. Quienes lo corean destacan a aquellas personas que no se olvidan: de los que aprendemos, que en sus alumnos ligan la razón con el corazón como lo hizo el maestro Carlos Gaviria quien inspiró a muchos durante años. De lo dicho y hecho por Fajardo en esta campaña quedan sembrados aprendizajes imperecederos.

Resalto en particular el concepto de equipo. Reiterar que toda iniciativa política y social es fruto de un trabajo conjunto no de un “iluminado” con “fórmulas mágicas” que solo requieren que la gran masa les endose su voluntad para producir ipso facto la redención. No, la agenda de Fajardo es colectiva, convocante, movilizadora, contrapuesta con las modalidades del “socialismo primitivo” que encontraban en el chispazo individual la pócima para toda enfermedad.

Respecto a las fuerzas políticas nacionales, el valor agregado de la candidatura de Fajardo está en el atrevimiento de irse por la calle de en medio de las vertientes tradicionales, por fuera de los mismos con las mismas que han detentado el poder. Emprendió camino aparte de los responsables de tanta iniquidad que hoy causa en Colombia una indignación superlativa por abusos cometidos durante décadas contra la ciudadanía.

Fajardo se agrupó con posiciones políticas disimiles mediante un programa construido en conjunto. Entre ellos está el Polo Democrático, que además de aportar elementos de su Ideario, marca un hito frente al inveterado cartabón de que “la izquierda solo se une con la izquierda”. En conjunto con la Alianza Verde y Compromiso Ciudadano proyectan un entendimiento de largo plazo.

La Coalición Colombia va más allá de los acuerdos que ubican como contradicción única la del trabajo con el capital y, en procura de una Nueva Democracia, le traza rumbo a una alianza de amplio espectro para alcanzarla, lo cual trasciende los discursos de verdades generales que dividen más de lo que congregan.

Parodiando al Dante, la nación colombiana está entre el octavo y el noveno anillo del Averno, entre el de los ladrones y el de los traidores. Sacarla de tan profundas honduras no es proceso de un cuatrienio y engaña a los electores quien esto prometa, lo que, asaltando la conciencia de la opinión como decía Gaitán, es tan corrupto como desfalcar al Erario.

El programa de la Coalición que lidera Fajardo inicia el indispensable salvamento de Colombia con unos elementos básicos: educar, educar y educar, que acorde con Carlos Gaviria citando a Adela Cortina, hace “una comunidad pensante, consciente, conviviente”, para lo cual propone realzar la educación pública y programas como “Jóvenes con Futuro” que cubre la capacitación como una forma de empleo público. También respetar los derechos de los trabajadores; favorecer las PYMES con una tarifa de renta progresiva; un programa ambiental que delinea acciones y serias políticas concretas; luchar de frente contra la corrupción; y reanimar el aparato productivo creando, entre iniciativas públicas y privadas, 1,5  millón de empleos, convocando los actores económicos y sociales a la revisión de los TLC que en muy variados asuntos se han tornado en coyundas para el desarrollo.

El ensayista Pankaj Mishra describe la época contemporánea como “La Era de la Ira” en la cual –como reacción a la crisis global y sin norte en la brújula- está saturada de “líderes autoritarios que manipulan el cinismo y el descontento de las mayorías furiosas”. En consecuencia reclama poner “un poco de racionalismo a los problemas del alma”. Ese racionalismo es, aquí y ahora, Sergio Fajardo, alguien más que un profesor.

Debate pensional: ¿Todo por rescatar las AFP?

“Los escenarios dicen que el pasivo pensional va cayendo como porcentaje del PIB (…) no hay bomba de tiempo”, dijo Mauricio Cárdenas al clausurar el Congreso de Asofondos. En la Ocde sus miembros aplican en promedio el 8,2 % del PIB de fondos públicos para las jubilaciones. En Colombia solo 3,9 %.

Cárdenas desvirtuó el relato del “excesivo” y creciente gasto público para subsidiar a Colpensiones, entidad administradora del Régimen de Prima Media (RPM) y Beneficios Económicos Periódicos (Beps), señalada como el problema del sistema y a la que Anif pide “marchitar”: que no reciba nuevos cotizantes.

Desde la Ley 100 de 1993 coexiste con el Régimen de Ahorro Individual (RAI), que fija la pensión por el ahorro personal capitalizado mediante contribución definida, sujeto a rentabilidades y tiempos y es administrado por las AFP. Su instauración rompió solidaridades como la intergeneracional, donde los jóvenes aportan para los pagos a los mayores; la social, reducida al 1,5 % de los salarios para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y aportes adicionales cuando se devengan más de cuatro salarios mínimos; y así mismo puso en entredicho la concurrencia de los impuestos para asegurar el derecho pensional.

Al RAI pertenecen 14,84 millones de afiliados, con edad promedio de 44 años, la mitad, cotizantes activos. Acumula $ 227 billones y tiene solo 130.616 pensionados a cargo. Los afiliados al RPM, en cambio, son 6,52 millones, entre 45 y 55 años, también la mitad activa, pero responde por 1,3 millón pensionados y por los Beps y otros programas asistenciales. Colpensiones posee escasas reservas, pero el RPM lo paga principalmente el Estado mediante transferencias que para 2018 serán de $ 13,5 billones. Otros $ 28 billones se utilizarán del Presupuesto General para las pensiones de 55.000 miembros de las FF. AA.; de 195.000 docentes y de los jubilados estatales, de distintas ramas y niveles, adscritos a la UGPP.

Como el mercado laboral es fuente primaria del sistema, debe relacionarse con el mapa anterior. Según Anif, “la formalidad laboral de Colombia no es del 43 % de la población económicamente activa”, sino que “se acerca a un 27 % en promedio o al 15 %” si se contabiliza solo a quienes cotizan durante todo el año. Y tres de cada cuatro cotizantes ganan menos de dos salarios mínimos mensuales.

En tan precarias condiciones es muy baja la cobertura: solo una de cada cuatro personas, en edad de pensionarse, goza de tal derecho. Así mismo, el porcentaje del último salario que fija el valor de la pensión, llamado tasa de reemplazo, es en Colpensiones -en la mayoría de los casos- más del doble que en el RAI, lo cual ha estimulado el éxodo de este régimen.

El ‘Modelo de simulación del RAI en Colombia’ (Banrep, 2009) proyectó que los ingresos serán menores que los gastos para las AFP entre 2030 y 2040. Entrarían en déficit estructural para responderles debidamente a la mayoría de afiliados que perciben bajas remuneraciones o que no cotizan todos los meses ni logran acumular para una pensión o las semanas necesarias; a lo cual se sumarían los desembolsos obligatorios por los cambios de régimen u otros motivos y los pagos de supervivencia a los beneficiarios. El BID (2015) ratificó dicho riesgo como “deficiente funcionamiento del régimen privado de pensiones (RAI) en su parte de des-acumulación”, desequilibrando inclusive al oligopolio bancario que lo controla.

Consciente del incierto futuro del RAI, la Comisión de Gasto Público sugiere acudir al salvamento de las AFP: subir edades, aumentar semanas y porcentajes de cotización y asignar los cotizantes de salario mínimo solo al RPM. Su prioridad es mantener a las AFP ante todo, aún a costa de sus afiliados, como inversores que -con excedentes del ahorro laboral- sigan dinamizando el mercado especulativo, acciones, TES, mercados de deuda y futuros bursátiles externos y hasta en vías 4G, y no como garantes efectivos del derecho fundamental a la seguridad social.

Los cuellos de botella están tanto en la informalidad o semiinformalidad de la mayoría de los trabajadores como en el incumplimiento del RAI con los pronósticos de hace 25 años de más cobertura, equidad y pensión adecuada. Los ajustes deben tocar la política económica –financiada con bajos salarios, poco ingreso general disponible y el rebusque- y además al RAI para que retome su genuina misión de proveer, entre otras, cómo los excedentes de los jóvenes ayudan a mejorar las condiciones para los mayores y también, si existen, corregir las desigualdades en el RPM. Resulta inicuo aplicar el “todo vale” por rescatar a las AFP.