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A tan apacible y productivo municipio llegó la zozobra. Su ubicación en la falla de San Jerónimo, donde hay yacimientos de minerales, lo puso en la mira de las mineras multinacionales.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Belén de Umbría es el primer municipio cafetero de Risaralda y de los mayores del país, con 800.000 arrobas anuales. Tiene 32.000 habitantes en 180 kilómetros cuadrados y su vocación agropecuaria se extiende al plátano, el lulo, la mora y los cítricos. Se plantan en 55 veredas y su fundación, en 1890, fue fruto de la expansión de la frontera agrícola en la colonización antioqueña.

Aunque hubo violencia liberal-conservadora y del conflicto armado, predomina la vida pacífica y organizaciones no gubernamentales locales trabajan para combinarla con el atractivo del Paisaje Cultural Cafetero, incluido el 25 de junio de 2011 por la Unesco como Valor Universal Excepcional, que atrae el turismo (Conpes 3803).

En Belén de Umbría hay un ecosistema hídrico y biodiverso con distintos cuerpos de agua. El río Risaralda lo bordea y la principal quebrada es la Santa Emilia, que surte el acueducto, construido en 1976 en un convite cívico para aprovisionar a 15.000 habitantes del casco urbano. Tiene depósitos cuaternarios acuíferos y, aunque se carece de estudios hidrogeológicos, los hay de más de 200 años. Para proteger el agua se consolidó el parque natural, también llamado Santa Emilia, de 528,5 ha (ipt.biodiversidad.co).

A tan apacible y productivo municipio llegó la zozobra. Su ubicación en la falla de San Jerónimo, donde hay yacimientos de minerales, lo puso en la mira de las mineras multinacionales. Datos preliminares calculan 0,151 gramos de material cuprífero por tonelada de roca y asociado a oro, que motivó la codicia del capital extranjero extractivo, el que, quizás con dicha información, requirió títulos mineros, inclusive antes de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) expidiera la Resolución 233 del 17 de diciembre de 2021, que creó el Área Estratégica Minera (AEM) en Belén, Mistrató y una porción de Guática.

Esas AEM aparecen en los planes de desarrollo de Juan Manuel Santos y fueron ratificadas en el artículo 336 del de Iván Duque. Se decretan donde haya minerales “estratégicos” como oro, platino, cobre, fosfatos, potasio, magnesio, carbón metalúrgico y térmico, uranio, hierro, niobio y coltán, o arenas negras o industriales. Los dirigentes criollos no pelean cuando de feriar la riqueza nacional se trata.

Hay solicitudes de concesión de títulos por 8.944 hectáreas dentro del escandaloso porcentaje de 97,1 por ciento que la ANM considera en Belén de Umbría como “Área susceptible para el desarrollo de proyectos mineros”. Bajo tan insólito concepto, si se otorgan, se sufrirá una transformación total, se desecharán la vocación agrícola tradicional con el empleo de 10.000 familias, y se desplazará a 1.500 de ellas.

¿Quiénes gozarán este potosí? Desde junio de 2016, cinco años antes de declarar el polígono de la AEM-Belén de Umbría y Mistrató, la compañía Northern Colombia Holdings Ltd. pidió la adjudicación de 5.921 hectáreas para el contrato de concesión L685, que abarca 17 veredas de Belén, 21 de Mistrató, y su casco urbano, y cinco de Guática.

La Northern era de la Anglo Gold Ashanti, que en 2019 la vendió a la Royal Road Minerals (RRM), con 36.000 hectáreas de concesiones firmes en Nariño y Cauca, y 215.000 más de “derechos para adquirir”, por 4,6 millones dólares, cifra tan baja que provoca suspicacias de suplantación (Rumbo Minero, 03/0 7/2019). Ahí cayeron Belén de Umbría y Mistrató. La ANM concretó esos “derechos” y acolitó que entre multinacionales –como moneda de cambio– se trocaran territorios y subsuelos nacionales, la vida y también la práctica económica de centenares de miles de compatriotas.

Otras empresas, la Mining Systems S. A. S., al parecer nacional, demanda 149 hectáreas sobre otras cinco veredas belumbrenses, y Mataje-Colombia, de propiedad de Salazar Resources, firma asentada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, está tras 3.851 hectáreas, que caen sobre 13 más. Belén de Umbría se desintegraría entre concesiones mineras.

La canadiense RRM también está asentada en Nicaragua, de propiedad de Agnico, otra de ese país, y del inglés Timothy Coughlin, cazafortunas mineras por décadas y exgeólogo de la Anglo Gold. De obtener el título, la cobijaría el tratado de libre comercio (TLC) con Canadá y anularlo obligaría a un tribunal internacional.

No se sabe el volumen de minerales preciosos y cobre que se extraería y menos los millones de toneladas de roca que se descompondrían, ni dónde se depositarían los deslaves y ni los circuitos subterráneos que se abrirían con explosivos, con daños a decenas de acueductos y al río Risaralda. Y mientras míster Coughlin entona gozoso en la feria de minería como súbdito el himno “¡Dios salve a la reina!”, la respuesta cívica ha de ser: “¡Dios salve a Belén de Umbría y Mistrató!”.

Una comunidad desprovista de instrumentos para intervenir, como es el Acuerdo de Escazú que Duque, en equívoca complicidad, engavetó.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Del video Quebradona. Minería con propósito. Social. Ambiental. Económico en la página de la Anglo Gold Ashanti, AGA, y de una entrevista a su expresidente, Felipe Márquez, donde dice que “Colombia es el futuro de esta compañía” y que dicha mina es “la base para transformar la región con un propósito superior” (La República, 23/02/2021), se concluye que en 30 años venideros no caerá la hoja de un árbol en Jericó, Fredonia, Támesis, Tarso y Valparaíso sin que AGA lo decida. Con título sobre 7.593 hectáreas e inversión de 1.500 millones de dólares, bajo la figura de distrito minero, establecerá un enclave colonial y al amparo de los TLC.

La explotación de 3.000 millones de libras de cobre, 1,5 millones de onzas de oro y 21 millones de onzas de plata y quizás molibdeno, con vida potencial de 23 años, es novedad para AGA (Integrated-Report-2020), ya que más del 97 por ciento de sus ingresos han venido de fuente aurífera. El cambio se debe al rol del cobre en la “transición energética” para fabricar paneles solares y autos eléctricos. El precio por tonelada, desde 2012 hasta 2020, osciló entre 2.000 y 4.700 dólares, pero analistas consideran que este “nuevo petróleo”, por bajos inventarios para demandas crecientes, llegaría en 2025 hasta 20.000 (Elliot Smith, CNBC, 6/05/2021).

Con Quebradona, AGA entra al mercado en alza, por ahora de 20 millones de toneladas anuales, de las cuales Chile, con Codelco, y Perú producen 40 por ciento y otro 30 es reciclaje (www.nrcan.gc.ca, 3/02/2021). La mayor ganancia vendrá de la mencionada cantidad de concentrado (cobre, oro y plata) que se exportará para procesarse afuera. Vieja historia, como la del platino en Chocó.

La contabilidad minera tradicional pone los beneficios para el país dueño del recurso en los ingresos fiscales y en el empleo. En Quebradona se recibirán, a lo sumo, regalías del 5 por ciento, que, según AGA, significarían 60.000 millones de pesos al año, e impuestos de renta estimados en 250.000 millones de pesos anuales, y otros 2.000 por industria y comercio y predial para los municipios. No obstante, debe descontarse el costo fiscal de los beneficios tributarios que privilegian la minería.

Al final de la explotación, el país percibiría un neto de 2.500 millones de dólares y no mucho más. En cuanto a empleos, no serán ni la tercera parte de los perdidos en agricultura, ganadería y turismo, con menor coeficiente en la producción y el consumo generales.

A estos rubros, que para AGA serán costos, se le añaden 2 centavos de dólar por libra, el importe de la extracción. A contramano, en la otra columna del balance, AGA habla de un proyecto de bajo costo, flujo de efectivo y larga vida con un escandaloso margen entre 60 y 70 por ciento (AGA-Integrated Report-2020).

Esa contabilidad es todavía más inicua cuando se descartan externalidades negativas, como secuelas ambientales sobre el ecosistema del suroeste antioqueño, su biodiversidad y paisaje, sobre el agua por la afectación a estrellas hídricas, caudales, cuencas y acuíferos, al nivel freático, a 26 acueductos y 311 captaciones de agua en veredas circundantes, la polución subterránea y fenómenos como la bioacumulación.

También detrimentos del suelo por la agresiva deforestación, contaminaciones superficiales y más probabilidad sísmica, por el estallido constante de roca en profundidad y la emisión de GEI, humos nocivos y daños sobre flora y fauna. Estropicios a los que AGA, acorde con sus “estándares”, se compromete a “minimizar”. Peor es el manejo de los relaves, material de roca desechado, 120 millones de toneladas, con destino incierto en el territorio e inestable con el tiempo. El clásico pasivo ambiental.

Igual cuentan los males sociales como el abandono de la vocación agrícola campesina, el encarecimiento de la vivienda por el auge de migrantes, la congestión vial, la desvalorización de predios aledaños, el sabido aumento de enfermedades respiratorias, de transmisión sexual y las mentales en los marginados. Conviene asimismo verificar si la energía aplicada por dólar invertido es inferior a la obtenida, el factor EROI.

Como parte victorioso, AGA en informe a sus accionistas, entre ellos fondos institucionales de capital financiero, se ufana de la “amplia alianza estratégica con todas las partes interesadas relevantes para establecer un apoyo regional para el proyecto” (AGA-Integrated Report-2020). Un manejo político en Colombia, segundo país en conflictos socioambientales y primero en el homicidio de líderes para el medioambiente.

El proyecto Quebradona, fuera de menoscabar la soberanía y violentar derechos humanos por generaciones, recae sobre una comunidad desprovista de instrumentos para intervenir, como es el Acuerdo de Escazú que Duque, en equívoca complicidad, engavetó en provecho de transnacionales como AGA.