Un fantasma recorre la Orinoquia: la consulta popular

El terreno de los cuatro departamentos que componen la Orinoquia, tan ricos en hidrocarburos como en recursos hídricos, están solicitados en un 82% para concesión de explotaciones minero-energéticas.

Al recorrer la carretera de Villavicencio a Yopal se ven centenares de carrotanques cargando el petróleo que se mueve en la zona, que entrega, sumada Arauca, el 70% de todo el país. Diez compañías petroleras lo movilizan hasta las distintas estaciones de bombeo a escala nacional –que también cubre en alguna medida a la carretera Bogotá-Villavicencio– por el eje vial concesionado en ambos tramos, hasta el 2044, al grupo financiero más poderoso del país, AVAL, con peajes de alta tarifa cada 60 kilómetros.

Lo que el resto de la población devenga en tal proceso se limita a los consumos de transportistas, operarios y empleados y en contratos con firmas de suministros y servicios complementarios, que no llegan a ser ni 15% del total del ingreso bruto derivado de esa explotación petrolera. Este esquema no es más que fiel réplica de la distribución de valor, del estilo de la de Epulón y Lázaro, en la representación minero-energética del modelo de capital extranjero. Un dato de las inversiones sociales de las empresas petroleras por $185 mil millones en 2014 arroja tan solo $108 mil por habitante de la Orinoquia, escasamente un barril para cada uno al año.

La regalía promedio es de 8 barriles por cada 100 producidos, pero debido a la última reforma introducida –con el ánimo de que “la mermelada se regara por toda la tostada”– a la Orinoquia se le redujo su participación del 47% del total en 2009 a apenas 12% en 2016.

Los cuatro departamentos que componen la Orinoquia son tan ricos en hidrocarburos como en recursos hídricos. Su vasto territorio abarca el 22% de la superficie total de Colombia y está solicitado en un 82% para concesión de explotaciones minero-energéticas. Según un estudio del Instituto Von Humboldt, “la zona cuenta con un régimen de lluvias que produce un promedio de 23 mil m3/s, lo que representa el 33,8% de la escorrentía total nacional, estimada en 67.000 m3/s” y la cuenca del petróleo gira en especial en torno al río Meta, en cuyas márgenes está más del 90% del territorio de los departamentos de Casanare y Arauca, por la izquierda, y del departamento del Meta por la derecha, con 15 biomas y 92 ecosistemas.

En Casanare sobresalen afluentes como los ríos Upía, Túa, Cusiana, Cravo Sur, Guanápalo, Pauto, Guachiría, Ariporo, Casanare y Cravo Norte. En Arauca, en dirección al Orinoco, están además el Arauca, Tocoragua, Tame, Ele, Lipa, San Miguel y el conjunto Negro-Cinaruc. Y en el Meta fluyen Gabarra, Duda, Manacacías, Yucao, Guatiquía, Guayuriba, Ariari, Guacabía y Guaviare. A este sistema se le extraen cerca de 21 barriles de agua por cada uno de petróleo. El impacto se vio en 2014 con la muerte por sed de miles de animales en Paz de Ariporo, en una sequía que alcanzó niveles por encima de los históricos. Aunque el petróleo no es único responsable y también lo son la producción agropecuaria de arroz y palma y la ganadería, y hay otros factores adicionales, todos  se aúnan en la transformación anárquica de sabanas, morichales, esteros y humedales.

Las secuelas enunciadas se conjugaron para que hoy exista en la Orinoquia el más ferviente movimiento social contra la explotación petrolera y el modelo de capital extranjero que encarna, imponiendo a centenares de miles de personas un modo de vida que se resisten a adoptar.

Siete municipios del Meta, seis del Casanare y todo el departamento de Arauca –20 de 55 en los tres departamentos— han desatado una ola de consultas ciudadanas que se unifican en el desacuerdo común contra actividades de exploración, sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos.

La contradicción tiende a agravarse tanto porque el Ministerio de Hacienda, de forma autoritaria, ha quitado los recursos para financiar la democracia participativa, obligando a los municipios a asumir los costos, como porque se avizoran nuevos males como el fracking y la acumulación de baldíos para macroproyectos de agricultura a gran escala en baldíos de la Altillanura, a los que ya se están apuntando grandes poderes globales como los emires árabes amigos de Tony Blair, los mismos del oro de Santurbán.

“Lo que gasto es más de lo que gano”

Contrabando e importaciones y la elevación de los costos lo tienen produciendo a pérdida. José Erney Vargas, se queja también de la negociación en la CAN, que permite a Perú y Ecuador traer arroz barato. Están entrando con el TLC más de 200 mil toneladas. Un caso empresarial.

Erney es hijo de uno de los más recios colonizadores del Ariari, por entonces un terreno selvático, que él desbrozó a fuerza de tesón para sembrar maíz y plátano. Provenía del sur del Tolima, desplazado por la violencia, y se instaló en el caserío de Dosquebradas, perteneciente hoy al municipio de Granada, Meta. Debió dejar atrás la casa, los enseres y una recua de nueve mulas, pero la nueva tierra fue pródiga con él y el sembrío le dio para levantar a sus siete hijos, cinco varones y dos mujeres.

El primogénito, José Erney, nacido en Ibagué en 1960, heredó el temple de su padre y la entereza de aquellos viejos inmigrantes que abrieron hace décadas las puertas de la Orinoquia y la Amazonia, 600 mil kilómetros cuadrados de una Colombia aún desconocida.

José Erney se inició como camionero, pero muy joven todavía decidió dar el paso a la agricultura del maíz, ya por entonces más tecnificada gracias a la influencia de Fenalce y a la del Comité de Cerealistas de Villavicencio, que
reunía a los pioneros en el impulso del cultivo.

Comenzó produciendo 3 toneladas por hectárea hasta llegar a 7 en el mejor momento, con combinadas, tractores y transferencia de tecnología, a nivel empresarial. Fue una labor difícil, reconoce, por los graves problemas que  perturbaron durante muchos años la región del Ariari, escenario de continuos enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares. La enturbiaba además el narcotráfico, grupos y grupos de bandidos que terminaron acaparando el territorio e imponiendo su ley. “Los más perjudicados fuimos nosotros los civiles, empresarios, trabajadores, campesinos, víctimas de extorsiones o secuestros y no menos de las fumigaciones aéreas, que acabaron contaminando el suelo”.

Fue por aquella época cuando decidió abandonar otros géneros para concentrarse en el arroz, aun cuando la familia combina todavía ambos cultivos en la finca paterna, de 120 hectáreas, sembradas en su totalidad. Con 3 tractores,
2 combinadas, la sembradora, varias encaladoras, cultivadora, rastras, rastrillos, boleadora y fumigadora, el cosechero produjo en 2014 entre 4 y 5 toneladas por Contrabando e importaciones y la elevación de los costos
lo tienen produciendo a pérdida. José Erney Vargas, se queja también de la negociación en la CAN, que permite a
Perú y Ecuador traer arroz barato. Están entrando con el TLC más de 200 mil toneladas. Un caso empresarial.
23 Efectos del TLC Colombia-EE.UU. sobre el agro – Los rostros – hectárea. Pero se queja de que el equipo y la maquinaria se le quedaron obsoletos, porque no hay excedentes para renovarlos.

¿La razón? El arrocero une su voz a la protesta unánime de campesinos y empresarios que se escucha en Colombia de La Guajira hasta Nariño: “Desde cuando empezó a aplicarse el TLC, estamos produciendo a pérdida. Lo que gasto es más de lo que gano”.

Y precisa: “Los costos de combustibles e insumos se han incrementado, los márgenes de rentabilidad disminuido por la caída de los precios, la maleza ha adquirido resistencia a herbicidas y fungicidas y, frente a tantas y crecientes dificultades, el gobierno no tiene una política de apoyo al productor nacional. Nos ponen a competir con los agricultores norteamericanos, pero sin los subsidios de los que ellos sí disfrutan”.

La denuncia es explícita: “No se ven los beneficios del TLC, porque el tratado era supuestamente para traer materias primas importadas baratas, pero hacia los productores no sirve. Sembrar una hectárea de arroz cuesta alrededor
de 4 millones y medio de pesos y llevamos dos y tres años perdiendo plata, porque todo ha subido. Nos perjudican además las sequías en el verano y las inundaciones en invierno, los bajos precios del producto y los problemas de
comercialización”.

Reafirma: “Los agricultores queremos seguir adelante y no le creemos al gobierno cuando dice que el futuro del agro son las uchuvas u otras clases de productos. La realidad es que el gobierno está mintiendo cuando afirma que se
genera empleo. Hoy en día uno invierte plata o capital en el estudio para sacar a la familia adelante, pero no hay oportunidades”.

José Erney es claro en afirmar que la situación económica del empresariado arrocero ha ido desmejorando: “El panorama es gris oscuro para cualquier cantidad de gente que lleva décadas haciendo patria. Los pocos bienes que hemos hecho a través de la historia de nuestra vida están a punto de perderse, porque los bancos nos tienen embargados o reportados y a punto de quedarse con ellos”.

El crédito, una dependencia amarga, no sirve para avanzar

Como todos los empresarios, José Erney Vargas, depende del crédito. Por el año 1990 vivió su primera amarga experiencia amarga de otras que seguirían iguales o perores. Fue con un préstamo de fomento otorgado por el hoy
Banco Agrario para adquirir una máquina combinada. La entidad le concedió 32 millones de pesos, pero él terminó pagando en total 240. Hasta le embargaron la propiedad, que alcanzó a salvar a última hora.

Hace tres años recibió un crédito de la banca comercial por 120 millones de pesos, con dos años de plazo, para atender una emergencia por la ola invernal. Hasta ahora ha cancelado el 60% y consiguió reestructurar el saldo a otros dos años. El crédito estaba a una tasa de DTF y con la reestructuración le quedó por encima del 1% mensual.

El balance es desalentador: “La presión de las deudas es enorme. Voy a cumplir 55 años y no he logrado avanzar. Vivo con las mismas deudas y los mismos problemas que tengo desde hace 25 años”.

Por el lado del precio tampoco pinta bien el panorama. Hace dos años el arroz estaba en 106 mil la carga de 125 kilos, un precio impuesto por los molineros, que no equivale al valor real, puesto que el arroz puede tener humedad, impurezas y grano partido y en la práctica sale apenas en 90 mil pesos, un nivel que los molineros mantuvieron en el 2014, pese a que los insumos y demás costos se han incrementado en forma casi exponencial. Producir una tonelada de arroz paddy le cuesta entre 800 y 850 mil pesos y está sacando alrededor de 5, laborando todos los días y a toda hora. En solo semillas certificadas, fertilizantes y agroquímicos se le va el 60% y el resto en arriendo, mano de obra, recolección y transporte.

“En los bajos precios —explica José Erney— inciden las importaciones permitidas por el TLC, que ya superan las 200 mil toneladas, como también el contrabando y la negociación del libre comercio con la CAN, pues Ecuador y Perú producen un cereal mucho más barato, que entra a Colombia importado legalmente con cero arancel o de contrabando”. Y esto sin contar el factor climático y el problema de los ácaros y bacterias, agrega.

Él, como el resto de maiceros y arroceros, adquiere a crédito los fertilizantes comprándolos a los grandes distribuidores con almacenes en Granada. Toca apelar a veces a intermediarios de otras firmas, añade, porque no pocos agricultores están reportados o vencidos en sus créditos. “El gobierno nada ha hecho por bajarles el costo —dice—. Nada absolutamente nada, el ministro es un leguleyo. Tampoco presta ningún tipo de asistencia técnica”.

Comenta que en la región han disminuido las siembras de arroz y ya tan solo con una cosecha al año. Hoy en total no hay más de 15 mil hectáreas sembradas.

Con el ánimo en baja ante el receso productivo y la falta de apoyo estatal, José Erney Vargas no deja a veces de sentirse tentado a vender la finca y a vivir de la renta, junto a su anciana progenitora, que está a su cargo, la esposa y los dos hijos. “Pero no me decido, porque no sirvo para eso”.

Por ello no ha recurrido al expediente usual en estos casos, el despido de los trabajadores. “Mantengo siete trabajadores diarios, entre tractoristas y combinadores,
y pago en salarios 350 millones de pesos al año”.

José Erney Vargas Perdomo es un destacado dirigente gremial, desde hace veinte años presidente del Comité de Cerealistas, miembro de la junta directiva de Fenalce, directivo de Agameta —cuya lucha acompaña desde hace trece
años— e integrante de Dignidad Nacional Agropecuaria. Abriga la convicción de que es solo así, mediante el esfuerzo unificado de todos, empresarios y campesinos, como se le puede hacer resistencia a la ofensiva contra la producción
nacional.

 

Tomado del libro ‘Efectos del TLC Colombia -EE.UU. sobre el agro. Los rostros y las cifras.’