¿Cómo debe ser una reforma tributaria progresiva?

Un artículo de ‘Columbia Journal of Tax Law’ (Benshalom y Stead, 2018) afirma que “el régimen del impuesto a la renta es un instrumento vital para lograr la redistribución en las democracias liberales, por lo que académicos y legisladores deberían ver un análisis distributivo concreto de sus atributos como una necesidad”. El texto refuta las, por lo menos, 16 reformas tributarias que en los últimos 27 años han maltratado impunemente el artículo 363 de la Constitución: “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”.

Dicha deformación, justificada al tenor de la eficiencia, causó que en el sistema tributario nacional no predomine el impuesto de renta. Veamos: con base en información de la Dian del año gravable 2016, que se registra en 2017, cuando solo se aplicaron los impuestos indirectos, quedando pendiente el de renta para las declaraciones del 2018, el recaudo total fue de $ 136 billones. El IVA (externo + interno), el de combustibles, los aranceles, el impuesto al consumo y el cuatro por mil sumaron $ 70 billones, mientras que el de renta, el Cree y el de riqueza, estos últimos en vías de extinción, llegaron a $ 66 billones. La brecha entre ambos se seguirá ahondando.

Así mismo, en 2017, el impuesto de renta a cargo de personas jurídicas ‒de acuerdo con la Dian‒ facturó $ 23 billones, frente a una renta líquida de $ 104 billones, lo cual significa una tasa efectiva promedio del 22 por ciento, lejos de la nominal de más del 40 por ciento que regía en 2016 y también alejada en sectores claves, por ejemplo, el de los bancos en 2015, con el 16,9 por ciento (Villabona). Iniquidad presente además en las personas naturales, como entre las obligadas a llevar contabilidad, donde los asalariados, con $ 248.000 millones de ingresos totales, tuvieron un impuesto a cargo de $ 19.498 millones, el 7,8 por ciento, insólitamente similar al de los rentistas del capital, con ingresos por $ 726.000 millones, con tributo de renta por $ 58.300 millones, de lo que resulta una tasa del 8 por ciento.

El mundo discute la tarifa tributaria respectiva, particularmente para activos de inversión, que, como se muestra en muchos países, se concentran en el 1 por ciento más adinerado.

Está comprobado que Colombia va en contravía de la progresividad, ordenada expresamente por la norma constitucional, como ha ocurrido también en Estados Unidos desde 1960-1970, donde, según Piketty, se produjo “caída en los impuestos corporativos y en los impuestos a las sucesiones y donaciones combinada con un fuerte cambio en la composición de los principales ingresos lejos del ingreso del capital y hacia el ingreso laboral”. Es la línea continuada por Trump, así como la plasmada en la reforma tributaria del 2016 en Colombia y la propuesta por candidatos como Vargas, Duque y otros.

Un grupo de trabajo (R. Barrera, N. Moreno y M. Hoyos) construyó un bosquejo de trazado tributario hacia la progresividad. Ellos sugieren, en primera instancia, sabiendo que el Gini de las utilidades empresariales es mayor a 0,8, que se fije una tarifa esa sí progresiva, favoreciendo a las pymes, poniendo a las mayores contribuyentes el 36 por ciento y descendiendo en escala hasta 22 por ciento, con lo cual incluso el recaudo crecería y no sería cero, como está proyectado entre 2017 y 2022.

Así mismo, proponen, con Piketty, gravar el patrimonio-riqueza de personas naturales en el exterior que buscan ‘despatrimonializarse’, como en el caso de los papeles de Panamá y otros modelos paradisíacos. El mundo discute la tarifa tributaria respectiva, particularmente para activos de inversión, que, como se muestra en muchos países, se concentran en el 1 por ciento más adinerado.

También sugieren acabar de eliminar los estrambóticos privilegios consignados en los ‘contratos de estabilidad jurídica’; elevar impuestos a las grandes sucesiones; suprimir ‒como se vio‒ las excesivas deducciones, cuyo costo fiscal se estimó entre 2000 y 2015 en más de $ 120 billones (Villabona y Quimbay) y alzar la carga impositiva a los dividendos. Plantean, como Piketty, retomar el gravamen a los giros de capital al exterior de ganancias de firmas transnacionales, anulado por Uribe y Carrasquilla en 2006, que para 2017, aplicando solo 7 por ciento a los 13.641 millones de dólares ‒la renta remitida‒ recabaría $ 3 billones, un tercio del producto del alza del IVA del 16 al 19 por ciento.

Sergio Fajardo ha convocado un diálogo general para elaborar la reforma fiscal indispensable y este análisis pretende contribuir con fundamento para avanzar hacia la equidad y hacia una efectiva redistribución del bienestar, lo cual es el fin mínimo que debe buscarse en el presente orden económico y social.

Indignación ciudadana por el predial ha sido tapada por la campaña política

Hace unas semanas escribí acerca de la exacción a los barranquilleros con el cobro del impuesto predial para 2018. Un alza del 47% prevista en el recaudo respecto al año 2017, que ha llevado a que –acorde con su ingreso– cada ciudadano deba dedicar 20 días al año para pagar impuestos distritales.

Así mismo, en Ibagué se presentó otra ola de rechazo por un intento alcabalero similar. Allí se proyectó una iniciativa que combinaba una mayor tarifa mínima, del uno por mil al cinco por mil, con la actualización catastral y la incorporación de nuevos predios –pasando de 139 mil en 2010 a 176 mil en 2018– hasta llegar a un avalúo total de $8,5 billones para la capital del Tolima. Se planeaba pasar de cobrar $57.576 millones de recaudo en 2017 a más de $65 mil millones en 2018, a pesar de que el crecimiento del índice de valor predial en esta ciudad ha caído de 6,7 en 2015 a 5,4 en 2017. Menos mal, la protesta social pudo más que el atropello.

El punto máximo se está alcanzando en Bogotá. Desde la administración de Moreno se inició una espiral alcista desde un recaudo cercano a $1,2 billones en 2009 a más de $2 billones en 2015 con Petro y a $3,1 billones con Peñalosa para 2018: un incremento del 200% por ocho años consecutivos al que han contribuido, sin excepción, las respectivas administraciones. Para 2018, se proyecta, por efectos equivalentes en avalúos, la elevación del tributo en 12,95% al estrato uno; del 16,06% al dos y al 14,67% al tres y también entre el 7,14% y el 10,52% para los demás. Sufrirá tan gravoso aumento la casi totalidad de los hogares, el 95%, como lo viene denunciando el concejal Manuel Sarmiento.

Un cobro explosivo, desde hace ocho años, que supera tanto el crecimiento del salario mínimo y el de la inflación (Mateo Hoyos-lasillavacia.com) como el del ingreso por habitante. Millón y medio de familias sufrirán otra vez esta nueva arremetida.

Gustavo Petro justificó haber duplicado el recaudo del predial en su administración porque así “financió el gasto social” y me calificó como reaccionario por oponerme a la alcabala indefinida. No obstante, el torrente de ingresos corrientes no se ha dedicado solo a dicha finalidad. Entre 2012 y 2015, él lo usó en más de $1,2 billón para llenar las arcas de los operadores privados de Transmilenio y del SITP, compensando la diferencia entre la tarifa técnica reconocida y la comercial que pagan los usuarios, cuyos contratos prorrogó sin licitación ni cambios sustanciales y cuya inadecuada implementación encabezó. Enrique Peñalosa lo ha imitado gustoso, supliendo también así al oligopolio transportador.

También en Tunja se denuncia que al 25% se les subió el predial desde el 101% hasta el 300% y el IGAC argumenta que simplemente trasladó un supuesto boom inmobiliario al valor catastral de los más de 80 mil predios tunjanos, que han alcanzado un valor total de $8 billones, equivalentes al doble de 2012, cuando también se duplicó con iguales sofismas. Por doquier se ha levantado la indignación ciudadana.

El desborde del cobro del impuesto predial urbano en los municipios, porque el área rural sigue subestimada, está en línea con una política fiscal del Ministerio de Hacienda: ir disminuyendo su dependencia de los recursos nacionales. El mejor ejemplo es Bogotá: En 2006, solo el 35% de sus ingresos totales eran ingresos corrientes mientras para 2016 ya alcanzaban el 62%.

Así la ciudadanía ve disminuido doblemente su ingreso disponible: por un lado, con IVA al 19%, promocionado por Ricardo Bonilla, el ex secretario de Hacienda de Petro, más impuestos crecientes al consumo y a los combustibles, más el cuatro por mil. Y por el otro, con inicuos tributos prediales fijados por encima de todo parámetro y ligados exclusivamente a procesos comerciales inmobiliarios. En medio del transcurso electoral, por todas partes y en forma casi invisible, millones de hogares impugnan y se movilizan contra tan grave afectación a sus de por sí menguadas economías familiares.

La alcabala predial en Barranquilla

Gran inconformismo ocasiona el alza del impuesto predial en Barranquilla. No es para menos: mientras que en 2017 el recaudo efectivo por ese concepto fue de $247 mil millones, para 2018 se ha proyectado, según el presupuesto de Hacienda, en $364 mil millones, una escandalosa alza del 47 %. Fuera de este tributo y el de Industria y Comercio, allí se pagan varios que ni siquiera se cobran en Bogotá –líder en tributación por poblador–, como telefonía y alumbrado.

A través de procesos de actualización catastral –que desde 2017 está en manos de la Administración– en Barranquilla viene creciendo dicho impuesto en forma exponencial: en 2009, los 304 mil predios valían $17,4 billones y para 2018 los 352 mil sumarán más de $32 billones en avalúo. Por tanto, el valor de cada predio ha pasado de $57 millones en promedio a $91 millones. Es decir, en 2009 se pagó un peso de impuesto por $123 de avalúo, mientras que en 2018 se pagaría uno por cada $87. Además, un predio de $250 millones, que en Bogotá tiene una tasa de 6,4 por mil, en Barranquilla, estando en estrato cinco, coge una de 9,7 por mil. Y uno de 30 millones, que en Bogotá tendría tarifa de solo 5,5 por mil, en Barranquilla, por estar en estrato tres, le toca la de 7 por mil.

Las características sociales de Barranquilla son tan complejas como en las demás ciudades. En los estratos sociales de ingresos bajos y muy bajos, hay casi 2 de cada 3 habitantes y si sumamos los de ingreso medio, se llega a 3 de cada 4. El desempleo, que descendió al comienzo de la década, se estancó en algo más de 8% y, si se suman los subempleados, se llega a la mitad de toda la fuerza laboral. Una de cada dos personas es trabajador por cuenta propia y, como en el resto del país, el ingreso por habitante en 2017 no subió ni el 1%. Esa población, con dicha estructura socioeconómica, ha visto pasar el pago de impuestos locales por poblador de $293 mil en 2008 a uno proyectado de $906 mil para 2018, el triple en diez años, más del doble en pesos reales, lo cual implica que cada ciudadano, cualquiera sea su condición, le entrega al Distrito cerca de 20 días de ingreso al año, cuando en Bogotá solo llega a 15. Los exprimen al máximo.

El alcalde Álex Char justifica tanta expoliación argumentando que hoy “Barranquilla vale más”. Una verdad que tiene una réplica: los barranquilleros han pagado y siguen pagando dos cobros de valorización por un aforo total cercano a $600 mil millones. Con la contribución de valorización, pagaron parques, obras viales, escenarios para los Centroamericanos y canalización de arroyos, y, de encima, ven cómo aumenta el valor del impuesto predial, fruto de ese mayor valor que ellos crearon. Se les cobra por punta y punta.

Ahora bien, tanta alcabala ha sido insuficiente, porque una parte sustancial de la inversión publicitada ha sido con alto endeudamiento. Contratado con tasas del DTF + 1,26% y recientemente a DTF+2,5%, como lo registra el muy completo informe fiscal de Fundesarrollo (2016), la Administración ha contraído en diez años créditos por $814.422 millones por los que ha pagado servicio de deuda por $728. 015. Si agregamos que el saldo por pagar es todavía de $663.188 millones, al final el pago por cada peso prestado será mínimo de $1,70.

Como, para 2018, se planea pedir prestados otros $230 mil millones, el monto adeudado podría subir a más del 75 % de los ingresos corrientes lo que lo pone en un punto limítrofe del 80 %, el máximo permitido por el Índice de Sostenibilidad de la Ley 358. Esto se ve en la calificación de BRC Standard &Poor’ que, si bien acredita a Barranquilla con calificación AAA, está en perspectiva negativa, explicada en parte por la incierta capacidad de pago, como producto del altísimo nivel de cobro impositivo y por lo cual nunca el recaudo efectivo ha cubierto más del 80 % de lo esperado.

Se ha formado una coalición cívica de gremios, sindicatos, fuerzas sociales y políticas independientes que demanda una revisión general de esta alcabala gremial, sobran razones para ser oída.

Nota. Total rechazo a la utilización del terrorismo contra Barranquilla cualquiera sea la causa y solidaridad plena con su ciudadanía.