Indignación ciudadana por el predial ha sido tapada por la campaña política

Hace unas semanas escribí acerca de la exacción a los barranquilleros con el cobro del impuesto predial para 2018. Un alza del 47% prevista en el recaudo respecto al año 2017, que ha llevado a que –acorde con su ingreso– cada ciudadano deba dedicar 20 días al año para pagar impuestos distritales.

Así mismo, en Ibagué se presentó otra ola de rechazo por un intento alcabalero similar. Allí se proyectó una iniciativa que combinaba una mayor tarifa mínima, del uno por mil al cinco por mil, con la actualización catastral y la incorporación de nuevos predios –pasando de 139 mil en 2010 a 176 mil en 2018– hasta llegar a un avalúo total de $8,5 billones para la capital del Tolima. Se planeaba pasar de cobrar $57.576 millones de recaudo en 2017 a más de $65 mil millones en 2018, a pesar de que el crecimiento del índice de valor predial en esta ciudad ha caído de 6,7 en 2015 a 5,4 en 2017. Menos mal, la protesta social pudo más que el atropello.

El punto máximo se está alcanzando en Bogotá. Desde la administración de Moreno se inició una espiral alcista desde un recaudo cercano a $1,2 billones en 2009 a más de $2 billones en 2015 con Petro y a $3,1 billones con Peñalosa para 2018: un incremento del 200% por ocho años consecutivos al que han contribuido, sin excepción, las respectivas administraciones. Para 2018, se proyecta, por efectos equivalentes en avalúos, la elevación del tributo en 12,95% al estrato uno; del 16,06% al dos y al 14,67% al tres y también entre el 7,14% y el 10,52% para los demás. Sufrirá tan gravoso aumento la casi totalidad de los hogares, el 95%, como lo viene denunciando el concejal Manuel Sarmiento.

Un cobro explosivo, desde hace ocho años, que supera tanto el crecimiento del salario mínimo y el de la inflación (Mateo Hoyos-lasillavacia.com) como el del ingreso por habitante. Millón y medio de familias sufrirán otra vez esta nueva arremetida.

Gustavo Petro justificó haber duplicado el recaudo del predial en su administración porque así “financió el gasto social” y me calificó como reaccionario por oponerme a la alcabala indefinida. No obstante, el torrente de ingresos corrientes no se ha dedicado solo a dicha finalidad. Entre 2012 y 2015, él lo usó en más de $1,2 billón para llenar las arcas de los operadores privados de Transmilenio y del SITP, compensando la diferencia entre la tarifa técnica reconocida y la comercial que pagan los usuarios, cuyos contratos prorrogó sin licitación ni cambios sustanciales y cuya inadecuada implementación encabezó. Enrique Peñalosa lo ha imitado gustoso, supliendo también así al oligopolio transportador.

También en Tunja se denuncia que al 25% se les subió el predial desde el 101% hasta el 300% y el IGAC argumenta que simplemente trasladó un supuesto boom inmobiliario al valor catastral de los más de 80 mil predios tunjanos, que han alcanzado un valor total de $8 billones, equivalentes al doble de 2012, cuando también se duplicó con iguales sofismas. Por doquier se ha levantado la indignación ciudadana.

El desborde del cobro del impuesto predial urbano en los municipios, porque el área rural sigue subestimada, está en línea con una política fiscal del Ministerio de Hacienda: ir disminuyendo su dependencia de los recursos nacionales. El mejor ejemplo es Bogotá: En 2006, solo el 35% de sus ingresos totales eran ingresos corrientes mientras para 2016 ya alcanzaban el 62%.

Así la ciudadanía ve disminuido doblemente su ingreso disponible: por un lado, con IVA al 19%, promocionado por Ricardo Bonilla, el ex secretario de Hacienda de Petro, más impuestos crecientes al consumo y a los combustibles, más el cuatro por mil. Y por el otro, con inicuos tributos prediales fijados por encima de todo parámetro y ligados exclusivamente a procesos comerciales inmobiliarios. En medio del transcurso electoral, por todas partes y en forma casi invisible, millones de hogares impugnan y se movilizan contra tan grave afectación a sus de por sí menguadas economías familiares.

La alcabala predial en Barranquilla

Gran inconformismo ocasiona el alza del impuesto predial en Barranquilla. No es para menos: mientras que en 2017 el recaudo efectivo por ese concepto fue de $247 mil millones, para 2018 se ha proyectado, según el presupuesto de Hacienda, en $364 mil millones, una escandalosa alza del 47 %. Fuera de este tributo y el de Industria y Comercio, allí se pagan varios que ni siquiera se cobran en Bogotá –líder en tributación por poblador–, como telefonía y alumbrado.

A través de procesos de actualización catastral –que desde 2017 está en manos de la Administración– en Barranquilla viene creciendo dicho impuesto en forma exponencial: en 2009, los 304 mil predios valían $17,4 billones y para 2018 los 352 mil sumarán más de $32 billones en avalúo. Por tanto, el valor de cada predio ha pasado de $57 millones en promedio a $91 millones. Es decir, en 2009 se pagó un peso de impuesto por $123 de avalúo, mientras que en 2018 se pagaría uno por cada $87. Además, un predio de $250 millones, que en Bogotá tiene una tasa de 6,4 por mil, en Barranquilla, estando en estrato cinco, coge una de 9,7 por mil. Y uno de 30 millones, que en Bogotá tendría tarifa de solo 5,5 por mil, en Barranquilla, por estar en estrato tres, le toca la de 7 por mil.

Las características sociales de Barranquilla son tan complejas como en las demás ciudades. En los estratos sociales de ingresos bajos y muy bajos, hay casi 2 de cada 3 habitantes y si sumamos los de ingreso medio, se llega a 3 de cada 4. El desempleo, que descendió al comienzo de la década, se estancó en algo más de 8% y, si se suman los subempleados, se llega a la mitad de toda la fuerza laboral. Una de cada dos personas es trabajador por cuenta propia y, como en el resto del país, el ingreso por habitante en 2017 no subió ni el 1%. Esa población, con dicha estructura socioeconómica, ha visto pasar el pago de impuestos locales por poblador de $293 mil en 2008 a uno proyectado de $906 mil para 2018, el triple en diez años, más del doble en pesos reales, lo cual implica que cada ciudadano, cualquiera sea su condición, le entrega al Distrito cerca de 20 días de ingreso al año, cuando en Bogotá solo llega a 15. Los exprimen al máximo.

El alcalde Álex Char justifica tanta expoliación argumentando que hoy “Barranquilla vale más”. Una verdad que tiene una réplica: los barranquilleros han pagado y siguen pagando dos cobros de valorización por un aforo total cercano a $600 mil millones. Con la contribución de valorización, pagaron parques, obras viales, escenarios para los Centroamericanos y canalización de arroyos, y, de encima, ven cómo aumenta el valor del impuesto predial, fruto de ese mayor valor que ellos crearon. Se les cobra por punta y punta.

Ahora bien, tanta alcabala ha sido insuficiente, porque una parte sustancial de la inversión publicitada ha sido con alto endeudamiento. Contratado con tasas del DTF + 1,26% y recientemente a DTF+2,5%, como lo registra el muy completo informe fiscal de Fundesarrollo (2016), la Administración ha contraído en diez años créditos por $814.422 millones por los que ha pagado servicio de deuda por $728. 015. Si agregamos que el saldo por pagar es todavía de $663.188 millones, al final el pago por cada peso prestado será mínimo de $1,70.

Como, para 2018, se planea pedir prestados otros $230 mil millones, el monto adeudado podría subir a más del 75 % de los ingresos corrientes lo que lo pone en un punto limítrofe del 80 %, el máximo permitido por el Índice de Sostenibilidad de la Ley 358. Esto se ve en la calificación de BRC Standard &Poor’ que, si bien acredita a Barranquilla con calificación AAA, está en perspectiva negativa, explicada en parte por la incierta capacidad de pago, como producto del altísimo nivel de cobro impositivo y por lo cual nunca el recaudo efectivo ha cubierto más del 80 % de lo esperado.

Se ha formado una coalición cívica de gremios, sindicatos, fuerzas sociales y políticas independientes que demanda una revisión general de esta alcabala gremial, sobran razones para ser oída.

Nota. Total rechazo a la utilización del terrorismo contra Barranquilla cualquiera sea la causa y solidaridad plena con su ciudadanía.

Ciudad Verde: ganadores y perdedores en megaproyectos de vivienda

El estudioso, Aurelio Suárez Montoya, analizó la situación del crecimiento de las ciudades modernas.

El crecimiento de las ciudades modernas está supeditado tanto a la inevitable migración, que en Bogotá es de 120 mil personas al año, como a la política que se adopte para vivienda popular. Debe agregarse el crecimiento demográfico, que es del 1,1%, y la demanda de la clase media, que tiene en una casa su sueño patrimonial.

En la capital de la República ha habido dos ejes en la construcción de vivienda: el “pirata”- que ha construido el 50%, incluyendo invasiones- y el negocio inmobiliario, que ha evolucionado bajo distintas modalidades. El mercado de la vivienda involucra tres factores: la tierra, el capital –principalmente como crédito– y los materiales de construcción. 

Antes de 1972, el BCH y el ICT, corrían con la financiación, en oportunidades asociados con bancos comerciales. Luego vino el UPAC, que volvió rector al capital financiero con bancos y hasta capitales foráneos involucrados. Además de la cuota inicial, se creó un filón con préstamos de largo plazo y baja tasa de interés, tanto que los costos del capital en la construcción en 1982 ya eran 19%, el doble de una década antes.

El deterioro de la economía, según Álvaro Montenegro en 1998 cambió el préstamo UPAC de “una tasa de interés de 7,5% para préstamos y con una corrección igual a la inflación”, donde “el margen de intermediación… era de 5%”, a uno “tres veces mayor”. Como consecuencia, el sistema estalló en 1999 y 800 mil hogares perdieron sus viviendas. En Bogotá, de 48% de hogares con casa propia se cayó al 41%. El INURBE, creado en 1991 para apalancar con subsidios esa operación, fue arrastrado y liquidado en 2002.

En cuanto al suelo, según Samuel Jaramillo, ha habido una especulación “estructural” e “inductiva” para explicar los sobreprecios que se agregan cuando se “voltea” su uso. El índice del precio del suelo para Bogotá (IPS), de 100 puntos en 1960 pasó a 1.998 en 2016 y, por ende, entre 2003 y 2015 el precio de la vivienda, nueva y usada, creció 2,5 veces. 

La industria colombiana de materiales de construcción es “madura y fuerte”,  exporta cientos de millones de dólares y su principal mercado es la vivienda y la VIS, el 30% de las construidas, que goza de devolución de IVA. Hay un oligopolio cementero; en cerámica existe posición dominante de pocas firmas y también en elementos básicos como tubería plástica, ladrillos, tejas y hierro y acero. El Índice de costos de construcción de vivienda anual entre 2006 y 2017 varió en torno al 3,5%.

Las empresas constructoras, que facturan $27 billones al  año, también se concentraron en un grupo selecto. Amarilo, Cusezar, Grupo Colpatria, Constructora Bolívar, Marval, Prodesa, Urbe Capital, Coninsa Ramón H, Ospinas y Cajas de Compensación tienen lugar relevante.

Como solución “novedosa” se dictó el artículo 79 en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 con la figura de Macroproyectos de Interés Social Nacional, que dio lugar a 20 planes de este tipo, entre ellos Ciudad Verde en Soacha, contiguo a Bogotá. Entregaba al Gobierno Nacional la facultad para adelantarlos por encima de las autoridades territoriales y enganchar socios privados. Más tarde, la sentencia C-149-2010 de la Corte Constitucional, lo declaró inexequible por “desplazar las competencias constitucionalmente asignadas a los concejos municipales”. No obstante, permitió los que se estaban ejecutando.

Ciudad Verde es emblemática. Luego de seis años, se han ubicado 36 mil familias, de 42 mil proyectadas. Las de la primera etapa, que colonizaron el proyecto, fueron plantadas en la parte más occidental del terreno, una antigua propiedad rural de la familia Puyana y de otros, a un kilómetro de donde se planea la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas, zona que el POT de Soacha no tenía dentro de las 230 hectáreas contempladas para expansión sin afectaciones ambientales ni inundaciones. El proyecto, en una suerte de “volteo”, siguió desde ahí hacia el oriente.

Las quejas de la población habitante, además de los malos olores en áreas circundantes, son múltiples: quedó tirada en este territorio con colegios insuficientes para la cantidad de estudiantes; sin un centro de salud para urgencias; con transporte deficiente e inexistente en horas nocturnas y a la hora de ir a trabajar; con una sola guardería donde se hacinan 600 niños; inseguridad creciente, con pandillas y microtráfico, ante la falta de Policía; exorbitantes tarifas de los servicios públicos, como la del aseo, a nivel de estrato cuatro, sin una prestación adecuada y con defectuoso suministro de acueducto.

Se trata de hogares con uno y dos salarios mínimos que acceden a subsidios de $22 millones pero que aun así no logran pagar las cuotas de amortización de crédito y  administración de sus conjuntos, por lo cual 60% de los habitantes son arrendatarios.

Cuando se evalúan las políticas de vivienda popular, VIP, VIS o Gratis, los ganadores son los mismos y los perdedores los de siempre. ¿Será posible un cambio con dicha estructura oligopólica e integrada bajo los mismos intereses financieros, de especulación inmobiliaria y alta concentración del negocio? Me temo que no, que toda “mejora” irá en peor.