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Reforma Duque-Restrepo: de Frankenstein a Drácula

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

No reactivará la economía: la presente crisis de demanda no se resuelve con política fiscal, sino con cambios en las políticas monetaria y comercial.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Cuando me indagaron en Mañanas Blu sobre la reforma tributaria Duque-Restrepo, una vez se enunciaron fuentes y montos, contesté: “Si fuera congresista, votaría NO”. Cinco son las razones para dicha negativa: regresiva, innecesaria, no estructural, farsa “social” que incumple principios presupuestales y no reactiva la economía.

Colombia es de los países más inequitativos entre personas naturales, con un Gini de 0,54, pero es peor entre empresas o personas jurídicas. Estudios de Acopi Bogotá-Cundinamarca y Garay-Espitia confirman que en ingresos, activos, utilidades y patrimonio dicho coeficiente supera 0,8. Por ende, imponer la tarifa de renta del 35 por ciento a todas, igual a una pyme de confección o calzado que a la AngloGold Ashanti, además de elevarla como propone la Duque-Restrepo, viola la progresividad que prescribe la Constitución.

Se alardea de que solo recaudará 15,2 billones de pesos, 17 menos que la Duque-Carrasquilla. Se omite que en los últimos meses la voracidad de la Hacienda se está saciando por otras vías. El alza del petróleo Brent superó las cuentas del Gobierno de 63 dólares el barril, en ascenso desde el primero de marzo hasta el 16 de julio en 73,59, y, dado que “cada dólar adicional en las cotizaciones de crudo representa medio billón de pesos a la Tesorería Nacional” (Ávila-El Tiempo), por impuestos, regalías y utilidades de Ecopetrol podrían facturarse, con promedio de 69 dólares el barril al año, de 3 a 4 billones inesperados.

Asimismo, el FMI asignará a los países miembros Derechos Especiales de Giro por 650.000 millones de dólares, como devolución de activos en reservas en esa entidad, de los que a Colombia le corresponderán 2.660, que a 3.800 pesos por dólar serán 10 billones extras. Finalmente, el Gobierno insiste en “optimizar sus patrimonios”, forma ladina como el ministro Restrepo trata la venta de ISA a Ecopetrol, que traería mínimo otros 14 billones. Cabe preguntar: ¿así sí vale tocar las reservas? ¿Con dichas entradas, es necesaria la reforma? ¿Es para endulzar a las calificadoras de riesgo? ¿Aseguran Duque y su parche una bolsa popocha de 45 billones en periodo electoral?

Varios economistas reclaman que no corrige distorsiones tributarias entre personas naturales (Angulo). Tras el “no se tocarán”, se diluyeron gravámenes mayores a los magnates rentistas de dividendos y se mantiene, como se deduce de las declaraciones ante la Dian, que la tarifa efectiva de renta sobre los ingresos brutos para la elite más poderosa sea 3 por ciento, mientras que la de los asalariados de clase media-alta es 13 por ciento (Espitia).

Seguirán libres las ganancias giradas de las subsidiarias multinacionales a sus casas matrices o a paraísos fiscales, no se sentará el tributo a la riqueza y, en tanto se considera una hazaña que los bancos paguen una sobretasa –que trasladarán a sus usuarios– y que se descuente solo 50 por ciento del impuesto de industria y comercio, 3,9 billones de pesos, del ciento por ciento antes aprobado, continuarán intocables 10 billones anuales en costos fiscales por beneficios tributarios, en especial a mineras y financieras, más otros 10 que, sin contar la rebaja aplazada del impuesto de renta, se decretaron por varios conceptos en la Ley 2010 de 2019. Sacar de un bolsillo y meter en otro.

La farsa en “Inversión Social” es igual a la Duque-Carrasquilla. El apoyo al empleo será irrisorio, 1,6 billones de pesos por todo motivo, y, sumándole Ingreso Solidario y Matrícula Cero, apenas 4,1 billones de pesos del recaudo irán a programas sociales del total esperado de 15,2 (Portafolio).

El gasto social completo en 2021, incluida la devolución del IVA, sumará 10,7 billones (SEMANA-DPS) para cubrir a 25 millones de personas, a razón de 1.172 pesos diarios para cada cual, 31 centavos de dólar, una miseria. Igualmente, al retirarle la Duque-Restrepo a la economía 10 billones más de los que así retornarían, incumple el principio de presupuesto de equilibrio balanceado en perjuicio del conjunto de la economía. ¡Duque proclama una Revolución!

Contra evidencia, le brotan loas a la Duque-Restrepo por ser cría de Uribe y Vargas Lleras; o porque tiene más gasto social que la anterior (Valencia-El Espectador) o, peor, la del asesor de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla: “El gobierno le hizo caso a Petro” (El Tiempo). No reactivará la economía: la presente crisis de demanda no se resuelve con política fiscal, sino con cambios en las políticas monetaria y comercial (E. Sarmiento).

Iván Duque romperá el Récord Guinness en presentación de reformas tributarias: cuatro en tres años. La primera la tumbó la Corte Constitucional por mañas en el trámite; la segunda, para subsanar la primera, y ahora, la cuarta, la Duque-Restrepo, un Drácula, para recoger los destrozos de la tercera, la Duque-Carrasquilla, ese Frankenstein que enterró el paro junto con su autor.

La pandemia social

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

El balance es el de un cataclismo social con pobreza y enfermedad, desigualdades crecientes y una población carente de ingreso suficiente para reactivar el país.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La revisión integral de documentos del Dane, producidos en su mayoría durante este periodo de la pandemia, brinda una mirada bastante completa sobre las secuelas sociales que ha causado, agregadas a las preexistentes, que siguen agravándose con incidencia en las protestas detonadas desde el 28 de abril.

El primero es el Pulso Social (abril 2021). Según él, 30 por ciento de los hogares consume solo dos comidas al día, apenas una decada 20 personas puede ahorrar y 92 por ciento ni siquiera alcanza a pensar en adquirir vivienda. Además, que se multiplicó por cinco quienes manifiestan tener un estado de salud malo y muy malo, el 15 por ciento de la población. Añade que las principales ayudas oficiales recibidas por los pobres han sido en especie, alimentos y mercados.

Otro documento, el relativo a la pobreza monetaria en 2020, revela el hecho lamentable de que dos de cada cinco personas están en esa condición, y si se agregan los clasificados como vulnerables, ascienden a siete de cada diez. Dicha tragedia va acompañada de otra: la pobreza monetaria extrema, que atribula al 15 por ciento de los habitantes, acarrea como corolario un alza en la desigualdad al nivel de las peores del planeta.

La reclasificación de las clases sociales que hiciera el Dane para el cierre de 2020 refuerza lo dicho. Todas las divisiones, media, vulnerables y alta, vieron descender sendos porcentajes al escalón inferior y, al final, aumentar la gente en el pozo de la clase más precaria. El asunto es tan dramático que apenas 860.000 personas, entre 50 millones, están en la clase alta y eso que este 1,7 por ciento de la élite abarca a quienes tienen un ingreso mensual individual no muy elevado, de 3,5 millones de pesos, 900 dólares.

En la base está el deterioro del empleo. No solo la mitad de la población ocupada está en la informalidad, sino que los desempleados casi suman 4 millones, de los cuales 3 ya lo estaban cuando sobrevino la pandemia, en el trimestre enero-marzo de 2020. En la contabilidad de los desocupados deben sumarse los “inactivos” que decidieron no ofrecer más su mano de obra. Es el desempleo voluntario.

Con los jóvenes, entre 14 y 28 años, se manifiestan con más crudeza los quebrantos del mercado laboral. En tanto la tasa de desempleo general es del 14,2 por ciento, para ellos es del 23,5, y en las mujeres en esta edad se trepa al 31,5, con más de 900.000 de ellas desocupadas, sin contar otras cientos de miles también calificadas como “inactivas”, forzadas a labores del hogar.

El grupo de desempleados jóvenes, en el documento ‘Panorama sociodemográfico de la juventud en Colombia’, robustece al conjunto llamado nini, que ni estudia ni trabaja, que es la tercera parte del total de 10.990.268 de esa cohorte juvenil. Cerca de seis de cada diez ninis son mujeres.

El balance es el de un cataclismo social con pobreza y enfermedad, desigualdades crecientes, y una población carente de ingreso suficiente para reactivar el país vía demanda y millones sin futuro viable. Si la inflación empieza a incrementarse y se suma al cuadro descrito y a un ingreso por habitante, que decreció a valores iguales a los de 2013 y parqueado alrededor de 6.400 dólares entre 2016 y 2019, subirán también los índices de miseria, en los cuales Colombia ronda los 15 primeros lugares.

Contribuyó a la postración la inoportuna e insuficiente asistencia del Gobierno en la pandemia. Los recursos del Fondo para la Mitigación de Emergencias (Fome), en todos los programas sociales para siete millones de beneficiarios, en cabeza de hogares o personas, no alcanzan a 1,5 dólares al día; y los apoyos a la nómina, el programa Paef, para sostener el 40 por ciento de la nómina mensual del salario mínimo cubrió, en cuentas largas, máximo 1,4 millones de puestos de trabajo al mes, frente a una planta laboral de 11 millones de empleos formales, 7 de los cuales trabajan en pymes.

Según el Ministerio de Hacienda, la ejecución del Fome en 12 meses fue del 67,4 por ciento, 27,3 billones de pesos, menos del 3 por ciento del PIB, que no sobresale entre los países emergentes, y en Suramérica figura debajo de Chile, Perú, Bolivia y Brasil (FMI-abril 2021).

En el colmo de la indolencia, Duque y Carrasquilla echaron a este polvorín el fósforo encendido de la reforma tributaria y ¡fue Troya! Lo peor es que, a contramano, Congreso y Gobierno legislan y ejecutan en dirección inversa a la que las calles reclaman. A quienes piden soluciones les adelanto: la vacuna a la ruinosa pandemia social que nos agobia no es la de Duque, en el puesto 51 entre 53 países estudiados en el manejo del coronavirus (Bloomberg), ni mucho menos la del maloliente establo parlamentario que preside Char.

¿Para quién es la “bonanza”, doctor Vélez?

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

La estructura de la industria cafetera cambió en el último lustro en sentido contrario al interés del minifundista, que predomina en ella con parcelas menores de una hectárea.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Aunque por equivocadas resoluciones, la mitad o más del café consumido en Colombia, como 1,3 millones de sacos en 2018-2019, venga de Perú, Ecuador u otros orígenes o que unos intermediarios mezclen ese mismo grano foráneo para exportarlo como Colombian Coffee, el tema cafetero ya no despierta mayor interés ni menos los dramas que viven los caficultores. No es principal fuente de ingresos del país, ni negocio de las élites, ni primer vínculo con el capital extranjero, pero ocupa en 500 municipios y hasta en 22 regiones a 550.000 familias en 900.000 hectáreas, y destina 90 por ciento de su producto al mercado externo como mayor exportador del sector agropecuario.

En 1989 se rompió el Pacto de Cuotas del Café, por el cual los países consumidores hacían compromisos de compra en precio y cantidad con los oferentes. Se dijo que el grano colombiano sería ganador en el libre comercio, pero ha sido cuadriplicado en producción por Brasil, duplicado por Vietnam, casi igualado por Indonesia y las reexportaciones europeas a zonas aledañas han copado ese segmento. El mercado, pese a primas o bonificaciones en nichos diferenciados, no escogió por la calidad.

El ingreso de la familia cafetera ha sido lesionado. Mientras que en 1989, con el equivalente de una carga de 10 arrobas se pagaban 60 jornales o se compraban 1.245 kilos de fertilizante o 75 kilos de carne o 299 galones de ACPM, en 2021, con precios de la presente “bonanza”, se reconocen por esa misma cantidad 42 jornales o 56 kilos de carne o 684 de fertilizante o 161 galones de diésel. El poder adquisitivo en unos renglones cayó a la mitad y en otros perdió la tercera parte, un empobrecimiento en precios relativos.

La estructura de la industria cafetera cambió en el último lustro en sentido contrario al interés del minifundista, que predomina en ella con parcelas menores de una hectárea. Las exportaciones institucionales, que hace la Federación de Cafeteros con recursos públicos del Fondo Nacional del Café, ceden terreno frente a las de los particulares, en su mayoría agencias de las comercializadoras globales. Entre 2011 y 2015, la Federación exportó casi uno de cada cuatro sacos; entre 2016 y 2020, menos de uno de cada cinco.

¿Qué implica tal pérdida de participación? Veamos: entre 2011 y 2015, cada saco de 60 kilos exportado por la Federación se vendió en promedio a 272 dólares, en tanto las agencias transnacionales lo pusieron a 236. Para el periodo entre 2016 y 2020, las colocaciones de la Federación cayeron a 210 dólares y las de los exportadores privados a 203. Convergen a la baja.

La causa, se han reducido las cotizaciones. Entre 2011 y 2015, el precio internacional por libra promedió en 1,97 dólares y en el último quinquenio en 1,48. Los precios han descendido, pero el valor medio del dólar, comparando los dos periodos, se movió en sentido contrario: de 2.051 a 3.187 pesos. Al multiplicar ambos factores, que determinan el precio interno de compra al productor, la libra alzó de 4.040 a 4.461 pesos, solo 10 por ciento, por debajo del incremento de los costos al caficultor en insumos y mano de obra.

Tal mecanismo de fijación del precio de compra es causa primordial de la erosión del ingreso cafetero y corre a favor de los intermediarios que van a la fija. Urge cambiarlo por otro en el que los riesgos no recaigan sobre la producción, la que debe remunerarse rentablemente antes de que sobrevenga otro estallido como en 1995, 2001 y 2013.

En esa senda, por ajustarse a la ruleta de precios internacionales a futuro y otras razones particulares, está amenazada la garantía de compra por medio del sistema de 33 cooperativas, algunas de las cuales, entre las más importantes, arrojan resultados negativos recurrentes. Así pasa en la de Andes en Antioquia, la de Risaralda, las de Tolima-Ibagué, Cafinorte y las del Huila que, con márgenes muy estrechos, acusan riesgo financiero.

Esto trae aparejado un efecto dominó sobre su exportadora matriz, Expocafé, a la que proveen el 30 por ciento del café transado, que en los últimos tres años tiene una pírrica rentabilidad media sobre los ingresos del 0,25 por ciento, un nivel de endeudamiento de tres de cada cuatro pesos de sus activos y utilidades financiadas con pasivos.

¿Para quién será entonces la “bonanza” anunciada, doctor Vélez? Como siempre ¿para agentes externos?

Nota: fui escogido en 2016 entre las ocho personas que podrían ser nombradas gerente de la Federación de Cafeteros y tuve respaldo de varios comités. He guardado cautela frente a la actual administración y coincido en defender la caficultura nacional frente al oligopsonio en la demanda mundial que deprime las cotizaciones. No obstante, ello empeora si el frente interno se entrega a quienes nos asfixian afuera.

La desigualdad tiene bloqueado al país

aureliosuarezm_tx65udDeja un comentario

La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Colombia es de los países más desiguales en la distribución del ingreso. En el periodo 2012-2019, el Banco Mundial lo ubica entre los cinco más inicuos cuando evalúa de cero a uno por el coeficiente de Gini. Mientras más cerca de uno, mayor inequidad. El país marcó en ese periodo desde 0,517 en 2012 hasta 0,499 en 2017, para subir a 0,513 en 2019. Vergonzoso que en el escalafón del Índice de Desarrollo Humano ocupe el puesto 83 entre 189 naciones, pero, al ajustarse por desigualdad, caiga al 95 (PNUD, 2019).

La iniquidad en el ingreso no es la única; se pueden contar muchas más. En la renta; en el patrimonio y la riqueza entre personas naturales, entre las empresas; en género; en educación; en seguridad social, tanto en la salud como en el sistema pensional; en el empleo; en la distribución de la tierra rural; en la propiedad urbana; en la inversión bursátil y el sistema bancario, en los que cuatro grupos controlan el 80 por ciento de los activos. En suma, un país muy antidemocrático.

Abundan los datos contundentes que permiten ratificar esa condición ilegítima. Es el tercero peor en repartición de renta en Latinoamérica después de Brasil y Guatemala (Cepal, 2017); el 1 por ciento más rico concentra el 40,6 por ciento del total de la riqueza (Londoño), y de cada 100 pesos de ingreso, al 50 por ciento de la población –los más pobres– solo le llegan 17, mientras que al 10 por ciento más rico le tocan 40 (Suárez).PUBLICIDAD

Tampoco está exenta de desequilibrios la estructura empresarial. De 1.380.000 firmas estudiadas, las primeras 3.600 acaparan 40 de cada 100 pesos de las utilidades totales, y algo similar o peor ocurre con la propiedad de los activos para la mayoría de los sectores (Acopi. Bogotá, 2018).

A estos cuadros se suman similares en distintas áreas de la vida social. Según el PNUD, Colombia ocupa el puesto 101 en desigualdad de género, por debajo de Cuba, Brasil, El Salvador o México, y se expresa con énfasis en el empleo. En la pandemia, en el trimestre junio-agosto de 2020, la desocupación en las mujeres llegó a una de cada cuatro. Sin embargo, entre las jóvenes subió a más de una por cada tres, y la brecha salarial con los hombres es del 13 por ciento menos (Dane, 2019).

En el empleo también se manifiesta el desbalance. La mitad de los ocupados está en la informalidad y el 88 por ciento con remuneración laboral gana menos de dos salarios mínimos (Dane, 2020). La educación no está exenta de las execrables exclusiones: de 100 niños y niñas que entran a primaria, 44 aprueban el grado once, pero solo 21 logran entrar a la universidad y apenas diez terminan la educación superior, lo que reproduce sin solución las diferencias por generaciones (Acrees).

Lo de la seguridad social es aberrante. Pese a leyes y sentencias, los planes de beneficio en salud siguen discriminando a los afiliados de los distintos regímenes, y el acceso real, la atención y el servicio dependen del bolsillo. En el sistema pensional apenas tiene mesada una de cada cuatro personas en edad de jubilarse. De lo más perverso es la distribución de la tierra. Aunque las pequeñas propiedades son 1,7 millones, apenas ocupan el 2 por ciento del área rural. En contraste, las que tienen más de 1.000 hectáreas engloban tres de cada cuatro de las hectáreas totales (Dane-CNA). Peor, imposible.

Distintos autores explican las causas de tan bárbaras expresiones de discriminación. Thomas Piketty, en El capital en el siglo XXI, asevera que el “análisis erudito jamás pondrá fin a los violentos conflictos políticos suscitados por la desigualdad”. Joseph Stiglitz, en el Capitalismo progresista, dice: “La desigualdad económica se traduce inevitablemente en poder político y quienes lo ejercen lo utilizan en beneficio propio”. Angus Deaton, en El Gran Escape, afirma que quienes logran escabullirse hacia el bienestar “pueden bloquear los túneles detrás de ellos” y Ha Joon Chang, de Cambridge, indica: “El fracaso de construir una economía más igualitaria e innovadora es lo que está en el corazón de las protestas latinoamericanas” (BBC).

El que los más pobres requieran 600 años para obtener con sus exiguas entradas un patrimonio igual al del 1 por ciento más rico (Espitia) o que deban pasar 11 generaciones, 330 calendarios, para salir de la penuria (Ocde) permite concluir que Colombia, fuera de ser de las naciones más desiguales, es, de facto, la tierra de absurdas desigualdades. La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz: “La globalización y la liberación de los mercados causaron un deterioro en la distribución que no se contrarrestó con el estado de bienestar de transferencias” (Sarmiento, 2020).

BUITRES

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Los buitres del capital financiero metieron su Esmad para notificarnos, antes de tomar otro curso, que su filón estará a salvo, como humillaron a Grecia, a la que desvalijaron del bienestar social, o con Argentina.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En mayo de 2021, la deuda global, de los hogares, las corporaciones no financieras y los gobiernos, sumaba 221 billones de dólares (IIF), mientras que en 2000 era de 63,7 billones, tres y media veces menos. Si a la actual se añadiera la del sector financiero, alcanzaría la cifra descomunal de 289 billones (IIF).

Triplica la producción mundial de bienes y servicios y cubre uno de cada cuatro de los dólares que hay en dinero. Es la mayor de las modalidades especulativas y arrastra otras colaterales. La organización económica ha montado un casino de préstamos a futuro esencial en la financiarización de la economía.

El creciente endeudamiento de las economías se remonta a la última década del siglo pasado (Oxford). En la globalización entró a una nueva fase, pues las que van acumulando déficits en sus cuentas externas acuden a créditos y a capitales financieros prestamistas, un mercado tan jugoso que en los TLC se considera como inversión con garantías plenas.

Dicho mercado abarca los gobiernos y empresas emisoras de bonos y otros agentes y requirió de entes que avalen confianza a los especuladores en sus operaciones. Cumplen la función tres firmas privadas de Estados Unidos, Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P), un oligopolio de calificadoras de riesgo.

Esa trilogía ha sido criticada por distintos economistas. Dani Rodrik descree del poder regulatorio confiado a un número limitado de agencias “humanas y muy falibles” (2007). Joseph Stiglitz acusa que en 2008 “las agencias de calificación, así como la gran mayoría de los bancos inversores, cometieron fraudes masivos” (2020). Adam Tooze alude al ridículo de S&P cuando en agosto de 2011 rebajó la calificación a Estados Unidos por causa de un mal cálculo sobre un escenario equivocado de referencia (Crash, 2018) y Tepper y Hearn revelan que las certificaciones, por las cuales cobran, les reportan retorno sobre sus patrimonios hasta del 84 por ciento, ya que han hecho de ellas un gran lucro (2019).

Pues bien, con S&P a la cabeza, se lanzaron a desacreditar a Colombia a raíz del hundimiento de la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla. El castigo es calificar los bonos de deuda del país como “bonos basura”, con lo cual los prestamistas cobrarían mayores tasas por sus créditos, algo extensivo a firmas como Ecopetrol o Banco Davivienda, que ya vieron la degradación. “Perdimos el grado de inversión”, gimen los idólatras de los mercados financieros.

La decisión resulta inexplicable en la lógica de los fundamentales de la economía nacional: no hay ni explosión inflacionaria, ni crisis cambiaria, ni resquebrajamiento patrimonial o de solvencia del sistema financiero. Ocurre luego de un préstamo de 750 millones de dólares del Banco Mundial y cuando se pronostica para 2021 un crecimiento del PIB entre 4 y 5 por ciento y más importante: los compromisos de pago de deuda a 2030 tienen un programa financiable y una tasa fija convenida (BanRep).

Al inferir que se trataría de una cuenta de cobro por los estragos de la pandemia, dos exministros de Hacienda, Ocampo y Hommes, se pronunciaron: las calificaciones crediticias “no pueden basarse en criterios de corto plazo”, dijo el primero, y “abusan de sus atribuciones”, manifestó el segundo.

¿Qué explica el atropello? El faltante en las cuentas externas, causado por la estrategia de libre comercio y capital extranjero, ha creado en las finanzas públicas un viacrucis de endeudamiento público. Colombia paga para que le presten y le prestan para que pague, un circuito dentro del Presupuesto que condujo a que en 2000 la deuda del Gobierno central por habitante, 1,8 millones de pesos, pasara en 2020 a 12 millones, 6,5 veces más, mientras el ingreso por persona solo se multiplicó por cuatro. El país, estatal y privado, vive del crédito provisto por agentes financieros globales, más que de petróleo o carbón como aducen quienes leen el desempeño económico con ligereza y lo acomodan a su retórica.

Con menor gasto y más recaudo impositivo, la fallida reforma tributaria creaba nuevos espacios fiscales que reforzaran tal círculo vicioso, para que a futuro los fondos de capital tuvieran negocio seguro en ese desequilibrio de 25 billones de pesos que se montaba a favor de la Hacienda. Pero la sociedad dijo ¡NO!

Los buitres del capital financiero metieron su Esmad para notificarnos, antes de tomar otro curso, que su filón estará a salvo, como humillaron a Grecia, a la que desvalijaron del bienestar social, o con Argentina, a la que le convirtieron bonos adquiridos por 48 millones de dólares en pagos por 1.330 (NYT). Cuando las colonias se resisten, ahora los poderes mundiales amplían el menú: de golpes de Estado, invasión o atentados a presidentes a reducir económicamente a las sociedades, elevar el agio y caer sobre la carroña.

Es el empleo, estúpido

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Urge, en busca del pleno empleo, la intervención del Estado al menos en tres frentes: en planes de empleo público; en la modificación, enmienda o término de los TLC, como lo permite el capítulo 23 del de Estados Unidos; y en la política monetaria.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

¿Cómo crece la economía? Por el crecimiento del empleo y de la productividad. La fórmula, empero, no funciona igual para todos los países: donde el desempleo es bajo, la productividad es primordial, pero donde es alto, como en Colombia, debe predominar la expansión del empleo (E. Sarmiento, 2021).

¿Qué pasó en 30 años en el país? Tenemos el mayor desempleo de Suramérica y somos, de 34 miembros de la Ocde, el que más lo incrementó, en 3,7 por ciento entre febrero de 2020 y de 2021. Se pasó de 2,88 millones de desocupados a 3,8 millones; tres de cada cuatro cesantes lo estaban antes de la pandemia. ¿Qué no funcionó? Que el salario mínimo se elevó por debajo del ingreso por habitante fruto del dogma de “a menor remuneración, más empleo” y, en consecuencia, la participación de los salarios en el ingreso nacional se despeñó del 48 al 35 por ciento. Se cumplió el aviso de Keynes sobre el mercado laboral imperfecto y la población dijo ¡basta ya!

Urge, en busca del pleno empleo, la intervención del Estado al menos en tres frentes: en planes de empleo público; en la modificación, enmienda o término de los TLC, como lo permite el capítulo 23 del de Estados Unidos; y en la política monetaria.

Desde 2007, conocí un programa de empleo público esbozado por el profesor Álvaro Moreno. En septiembre de 2019, en respuesta a Bruce Mac Master (El Tiempo), precisé: “Dirigido a poblaciones sin enganche en el mercado –entre nosotros, jóvenes y mujeres–, para que desempeñen actividades de baja complejidad”, y dos años más tarde economistas como Ocampo proponen lo mismo. No obstante, en lugar de financiarlo con emisión monetaria, propongo, por razones de permanencia y equidad, una reforma fiscal con esa destinación específica, que grave con tarifas marginales crecientes la riqueza de 40.000 personas naturales poseedoras de entre un millón y mil millones de dólares (Reyes, 2019) y de 75 empresas con más de un billón de pesos de patrimonio. Cálculos moderados estiman entre 7 u 8 billones lo que se recaudaría para un inicio firme y bajar el desempleo a la mitad en el mediano plazo (Garay-Espitia). Deberían girarse a las regiones, según su tasa de desempleo, como capítulo del Sistema General de Participaciones.

¿A quiénes y cómo enganchar? A mano de obra no calificada, del 40 por ciento más pobre, para desempeñar servicios oficiales y comunitarios, de los que se pueden contabilizar más de 30 tipos distintos, resaltando el sistema de cuidado, que debe impulsarse cuanto antes.

Ya hay semillas sembradas: mientras algunos políticos aterrizan de barrigazo en la idea, en Bogotá se adelanta el programa Reto (Retorno a las Oportunidades Juveniles), que apunta a 6.000 jóvenes, y espera ampliarse, para funciones como las mencionadas con acompañamiento en educación y transferencias monetarias, aunque lo ideal es a salario mínimo. Igual el Programa de Cuidado en la Capital, que empleará a cuidadoras que releven a quienes desempeñan dichas ocupaciones para darles tiempo libre y opciones de formación, experiencias que deben multiplicarse.

Pero solo con planes públicos no es posible reavivar el empleo. Hay que enfrentar el quebranto principal: el déficit externo cuyo foco son los TLC. Colombia importa 45 por ciento de los bienes industriales, finales, intermedios y equipo, y 65 por ciento de los cereales y las oleaginosas. Sin revisar las cláusulas vueltas yugo para el postrado aparato productivo, será imposible reactivar el ahorro empresarial nacional y el trabajo.

Si Colombia dejara de importar la quinta parte de maíz, trigo, cebada, soya y algodón, se salvarían 50.000 empleos permanentes, de 240 jornales, y 350.000 hectáreas. Redimir las confecciones y textiles, la metalmecánica y la química o suplir toda la gasolina o el etanol tendría un impacto ocupacional enorme, en un proceso de reindustrialización, y ni qué decir de relanzar un nodo automotor, incluidos carros eléctricos de bajo costo para el mercado interno y regional, donde por cada empleo en planta se arrastran cuatro en sectores complementarios.

La política monetaria, orientada solo a cumplir la meta de inflación, se ha convertido en talanquera para la demanda y la producción, tanto que ya uno de cada tres hogares apenas toma dos comidas diarias, limitada a asegurar rentas efectivas a establecimientos de crédito y valorización en pesos constantes a las inversiones foráneas. Modificarla forma parte de un cambio macro de la política económica, hoy también encriptada en los TLC, para definir una orientación diferente al libre comercio y al modelo de capital extranjero.

He aquí tres ideas hacia el pleno empleo, a disposición de quien quiera acogerlas, pero expuestas con la fuerza con la que James Carville le espetó la conocida frase a Clinton en 1992. La urgencia impulsa a formularlas así.

La jugadita tributaria

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Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5. Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Al presentar su tercera reforma tributaria como “transformación social”, el Gobierno de Duque, con el ministro Carrasquilla a la cabeza y alentado por la Ocde, en una jugadita imita a quienes recurren a doble contabilidad para evadir o eludir obligaciones tributarias. No solo infla programas sociales intrascendentes, sino que tapa las gravosas cargas que se pondrán sobre asalariados, jubilados, consumidores y usuarios de servicios públicos con IVA; sobre la clase media.

Arrancó desde la campaña electoral con el incumplido lema “más salarios y menos impuestos”. Los primeros crecen por debajo del ingreso por habitante y mucho menos que las rentas del capital, y lo segundo se desmiente con tres reformas expedidas para elevar gravámenes a las mayorías.

La marca de las carpetas con motes como Ley de Crecimiento, de Financiamiento y Solidaridad Sostenible es otra argucia. La de 2018 trajo un mediocre avance económico del 3 por ciento, basado en la expansión del crédito de consumo y las importaciones; la segunda, con el coronavirus, agravó los déficits creados por los beneficios otorgados a los megainversionistas, como lo reconoce la Andi; y esta tercera acrecentará las diferencias socioeconómicas al poner más IVA a bienes y servicios, ampliar la base de contribuyentes a la renta, y adicionar impuestos indirectos verdes a fin de estrangular –como hacía el Monstruo de Frankenstein con sus víctimas– ingresos disponibles, cesantías, salarios y pensiones.

La justificación es el Programa de Ingreso Solidario (PIS), la devolución de IVA y matrícula gratis en universidades públicas para estratos uno, dos y tres, que con cara dura llaman “transformación social”. ¿Cuál es su costo? Los apoyos mensuales estarán rasurados y “focalizados” a la baja por el Sisbén IV, por una manipulable fórmula de asignación y con la reducción del déficit fiscal del 2 por ciento del PIB al año, como techo al gasto público, según acordó Colombia con el FMI para el préstamo de 5.300 millones de dólares. Suerte igual correrá la devolución del IVA, que excluirá a grupos de ingreso bajo y no retornará completo a los beneficiarios lo que les sacarán de un bolsillo para meterlo en el otro, y sumará solo 2,8 por ciento del recaudo total de IVA, que fue 66 billones de pesos en 2019. La gratuidad a universitarios y promoción de empleo joven llega a 0,8 billones de pesos.

El PIS está lejos de una auténtica renta básica. No dará ni un dólar en promedio al día por persona, cuando la cifra mínima de ingreso en países de ingreso medio-alto, para no ser tenida como pobre, es de 5,50 (BancoMundial) o siquiera 4, según el Dane.

No hará ni cosquillas a la penuria, pero se muestra como panacea. Los padres de familia de los estudiantes de las universidades públicas, con ingresos mayores a 2,9 millones de pesos mensuales en 2023 y a 2,5 millones en 2024, pagarán impuesto de renta y así no costearían la matrícula de sus hijos en las tesorerías universitarias, sino en la Dian.

Nada salvará a los pobres de 2 billones de pesos que les caerán encima al pasarse, de bienes exentos a excluidos de IVA, las materias primas para alimentos como pollo, leche, arroz, huevo, cerdo y salchichón. Ni del alza del IVA a la gasolina y al diésel de 5 a 19 por ciento, que recaudará 2 billones de pesos más, ni de la depuración de la base para los subsidios a la energía, ni del recargo en computadores, teléfonos de gama baja, bicicletas y ladrillos, ni en productos de cuidado menstrual.

¿Cuál es la verdadera contabilidad? Por concepto del ajuste al impuesto de renta, al que incorporará uno de cada tres asalariados formales en 2022 y a tres de cada cinco en 2023, se recogerán más de 17 billones de pesos; por IVA, 7,3 billones, 4 billones con personas jurídicas y otros 4 por tributos verdes indirectos. Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5.

Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía; la agresividad en tiempos de pandemia contra clases medias y aún vulnerables, y la cosmética austeridad que decretaron. A Duque y a los suyos no los sacará del caldero político ni el clan Uribe, que acude a su rescate con palabras remilgadas y en asalto a la candidez, declarando que la criatura de Frankenstein está muerta porque ya no subirá el IVA a la sal, al azúcar, al chocolate y al café.

Falso. Como he comprobado y lo ratifica el texto final, la reforma está más viva que nunca, resurgió reforzada, y para enterrarla de verdad son forzosas las protestas ciudadanas, como la programada para el 28 de abril, tanto por este Monstruo en sí como en respuesta al Gobierno Duque, que funda la política fiscal en la pretendida ignorancia de la ciudadanía, a la que busca escamotear con la narrativa de una contabilidad mentirosa, una jugadita.

Reforma tributaria #19: argucias e inequidades de Duque y la OCDE

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Muchas reformas de las finanzas públicas en Colombia las hicieron extranjeros, misiones como Kemmerer, Taylor, Musgrave y Bird-Wiesner (mixta), del Banco Mundial y el FMI y ahora de la Ocde refrenda los análisis y propuestas de Rosenbloom, Arnold, Owens y demás para, sin contar otras disposiciones atinentes, delinear la decimonovena reforma tributaria en 30 años.

El Congreso ordenó una comisión en la Ley 2010 de 2019, “de crecimiento económico”, para evaluar los beneficios cedidos a contribuyentes dentro de la Confianza Inversionista. El Gobierno y la Ocde desviaron este objetivo y se dedicaron a hurgar en el IVA y en el impuesto de renta para personas naturales y pretermitir las ventajas corporativas, que cuestan 10 billones de pesos anuales, concedidas cuando Carrasquilla ha manejado la Hacienda y que él llama “derechos adquiridos”. Se enfocaron en el costo fiscal anual por beneficios en el IVA en 52 billones de pesos y en 17 billones de pesos en el impuesto de renta de personas naturales. No vieron lo que sí la Contraloría en un documento: “Por cada peso pagado en impuestos el Estado le dejó de cobrar 51 centavos al sector financiero”.

En tan tendencioso empeño se “recomendó” revisar el cobro del IVA a 83 bienes y a los servicios para recabar 10,5 billones de pesos e incorporar al impuesto de renta a las personas naturales con ingresos de más de 2 millones de pesos mensuales, el 35 por ciento de los trabajadores formales, para 16,8 billones de pesos más, también con la supresión del 25 por ciento de su ingreso laboral depurado de exenciones y deducciones, y además el gravamen a las pensiones. Se omitió que en 2019, por 100 pesos recaudados, 54 vinieron de impuestos indirectos y regresivos, de los cuales el IVA aportó 42 y al resto ayudaron otros IVA disfrazados como combustibles, bolsas plásticas, consumo y carbono.

A contramano, los tributos directos, de renta y patrimonio, contribuyen con 46 pesos (Dian, 2019). Se tapó que la tarifa efectiva del impuesto de renta al sector financiero –al dividirlo por la renta líquida– es 22 por ciento, diez puntos menos de la nominal (Contraloría) o que personas naturales y jurídicas de nivel alto pagan tasas menores a las de ingreso medio en claro “sesgo pro rico” (Garay-Espitia). La estructura tributaria es regresiva y empeorará, ya que a las cúpulas económicas apenas se les cargarán tímidos aumentos en el tributo sobre dividendos, un exiguo porcentaje sobre abultados patrimonios y nada a los giros de ganancias de subsidiarias foráneas a sus casas matrices.

La comisión se apropió de la versión oficial del hueco fiscal: “La pandemia redujo los ingresos y aumentó los gastos. En periodos de crisis todos debemos hacer sacrificios” y escondió que el roto está en la Ley 2010 de 2019, que instauró contratos de Estabilidad Jurídica por 20 años para megainversiones superiores a un billón de pesos y 400 empleos creados, con tarifa del 27 por ciento, exención de renta presuntiva y patrimonio, o por diez años para proyectos agropecuarios con inversión superior a 856 millones de pesos y diez empleos, o para negocios de economía naranja por siete años con tres empleos, mantenidos todos en el proyecto de Reforma. Al sumarse a tanto regalo, la baja en la tarifa empresarial de renta de 33 a 30 por ciento; el descuento del 50 por ciento del impuesto de Industria y Comercio, ICA; la devolución del IVA en la importación de bienes de capital y la caída del recaudo en 2020 por 11 billones de pesos, se encuentra la mayor porción del déficit de 77 billones, en exceso sobre cualquier cálculo de gasto público en la pandemia.

La falsa narrativa contagió: Fescol y centros de estudio corrieron a proponer un recaudo de 20 billones de pesos venidos en parte por impuestos al salchichón, la cerveza, combustibles y servicios digitales; Fedesarrollo planteó acopiar 30 billones de pesos universalizando el IVA, eliminando el régimen pensional y arrinconando al sistema de compensación familiar, y Anif pidió tarifa plena paulatina de IVA del 18 por ciento a 2024 y aumentar el recaudo por renta en personas naturales en 8 billones. Duque justifica la iniquidad con “zanahoria social”, que implicará gasto adicional neto máximo por 4 billones de pesos, en tanto la Contraloría insiste en examinar el cumplimiento de los objetivos de los tratos preferenciales a empresas y advierte que aumentar el IVA afectaría a “millones de pobres”.

Como colofón, citar a Voltaire: “El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra”. La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

Confecciones y textiles: Comercio tramposo y traición de Duque

aureliosuarezm_tx65udDeja un comentario

La crisis lleva a tendencias agresivas: China busca prendas hechas con salarios de miseria en África, Haití y Myanmar, pero se queda con los textiles; el comercio electrónico avanza y surge el mercado del usado.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El sector de confecciones y textiles es el más sensible al llamado libre comercio por la incidencia en el empleo. Aun con procesos robotizados, en el mundo hay 430 millones de trabajadores, la mayoría mujeres y muchas jefas de hogar (Banco Mundial, 2017). Esa fuerza, con su ingreso, consume otros bienes y servicios y en Colombia es primera fuente de ocupación industrial, 13 por ciento del total (EAM-Dane, 2019). El diseño del mercado global de vestuario y telas fue estructurado por dos decenas de trasnacionales de marca y comerciales, que no fabrican nada, pero que controlan las redes de distribución, aliadas con países de mano de obra barata que subsidian sus manufacturas. En Vietnam, Bangladesh y Sri Lanka el salario promedio por hora es 65 centavos de dólar; China, con instalaciones de propiedad estatal, devuelve hasta 17 por ciento de IVA a su exportador; Bangladesh paga los servicios públicos y da créditos subsidiados; Vietnam produce en parques industriales y zonas rurales, y alienta relaciones con importadores, aun con chinos que triangulan, y en India dan préstamos de bajo costo a fabricantes para tecnología.

Asia, con trucos impropios de libre mercado, o dumping por bajo estándar laboral y ambiental, es primer exportador mundial con el 65 por ciento, cuando en 2000 era 30 por ciento. En paralelo, se disparó la superproducción que afecta a gigantes como H&M con 4.700 almacenes e inventarios no vendidos en 2018 por 4.300 millones de dólares; o Nike, en el que crecieron en 2019 a 5.415 millones, el doble de 2010; o Zara, que duplicó en diez años las tiendas, pero solo aumentó 37 por ciento la venta por local. En la primavera de 2020, con el shock por la covid, acumularon 200 millones de dólares más en existencias (Reuters).

La crisis lleva a tendencias más agresivas: China busca provisión de prendas hechas con salarios de miseria en África, Haití y Myanmar, pero se queda con los textiles; India apunta como centro de moda; el comercio electrónico avanza; surge el mercado del usado y en arriendo; se reduce el ciclo de vida del producto para aminorar bodegajes, y se robotizan fábricas que producirán millones de camisetas a precios de quema. En esta guerra la reacción, según el FMI, es escalar aranceles. ¿Y Colombia? En 2019, el consumo de productos nacionales –133 referencias, sin calcetines ni calzado– fue de 303 millones de unidades y valió 6,8 billones de pesos, seis prendas al año por habitante a 22.500 pesos cada una, cinco veces inferior a Europa (EAM-Dane). Las importaciones, que cuadruplican las exportaciones, vienen 70 por ciento de China y Asia –incluidos millones de tapabocas en 2020– y valen 2,5 billones de pesos (Dian), con lo que el consumo legal total es 9,5 billones. Al confrontar con datos de Raddar, el egreso en vestuario, como 55 por ciento de todo el gasto en moda, es de 12 billones de pesos, y así aparecen sin explicación 3 billones, provenientes del contrabando, incluido el de tipo técnico. The Economist escribió en 2018: “Colombia es de los países activamente negligentes con las prácticas ilícitas”.

Los factores de producción cuestan más que a nuestros competidores: la tasa de interés del crédito y el valor del kilovatio hora son mayores que en Estados Unidos, India, Vietnam y China. Con ese costo país, fuera de la mala infraestructura, Colombia va atrás en competitividad industrial.

Clamores del empresariado confeccionista y textil frente a tales desventajas se concretaron en el Plan de Desarrollo al aprobarse en el Congreso aranceles exclusivos a los orígenes asiáticos sin TLC del 37,9 por ciento para compras menores a 20 dólares kilo. Pero Duque, traicionando promesas de campaña, apoyó con sus ministros a gremios importadores que los demandaron, y la Corte Constitucional aceptó por razón de competencia entre poderes.

El Ministerio de Comercio expidió entonces el Decreto 1419/19 que aplicó arancel de 40 por ciento a compras menores de 10 dólares kilo y, para las de precio superior, de 15 por ciento más un dólar de recargo. Una burla, porque el gravamen más fuerte no cobijó ni a 10 por ciento de las importaciones, de géneros menudos y baja calidad. Ahora repite la farsa al subirles a las mayores de 10 dólares, como yines y camisas, un ínfimo sobreprecio de 0,5 dólar sujeto a revisión en seis meses, y en el colmo del agravio el Centro Democrático en acto histriónico lo celebra como promesa cumplida. “Libertarios” e importadores arguyen que el precio del vestuario crecerá 25 por ciento, cuando tan delimitadas medidas incidirían a lo sumo en la quinta parte del consumo. Omiten que el triunfo mercantil de Asia en este ramo es de los más sucios de la globalización en un mercado de 400.000 millones de dólares año, y, con otros analistas, tapan las 20 grandes compañías promotoras que atesoran 97 por ciento de las ganancias (McKinsey & Company, 2019).

Buenaventura: neoliberalismo salvaje

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Entidades como Human Rights Watch, Taula Catalana, Fundación Ford, Usaid, la ONU, el caucus afro del Partido Demócrata norteamericano, la Iglesia católica y varias más han documentado las aciagas condiciones padecidas por casi 400.000 compatriotas, 90 por ciento afrodescendientes, en el primer puerto nacional sobre el Pacífico, y de los principales en esa costa en Suramérica.

Tanta información difiere con las soluciones. No porque no surjan, sino porque los planes, Conpes y las recetas se fundan en privatizaciones, capital extranjero y confianza inversionista –pilares del neoliberalismo–, por el supuesto efecto goteo de bienestar que se irrigaría sobre la población; pese a que de 10.000 trabajadores portuarios hace 25 años, hoy quedan 4.000, muchos de ellos tercerizados. Jugadores del negocio portuario global se tomaron la bahía. En la Sociedad Portuaria de Buenaventura, la mayor y privatizada en 1993, Harinera del Valle con otras firmas afines suman 30 por ciento de las acciones; la familia Parody, 21 por ciento; el Distrito de Buenaventura, 15 por ciento; y Dubai Port Authority-Capital Advisory-Hommes, 19 por ciento.

Además de agrias disputas societarias, se marchita por los fuertes competidores internacionales y por problemas de bajo calado para el acceso de buques de gran tamaño, que aminoraron la carga de 17 millones de toneladas en 2015 a 14,8 en 2019, de las que, por cada una de exportación, llegan casi cuatro importadas. La danesa Maersk controla el terminal de contenedores TCBUEN. Singapore Port Authority y la filipina ICTSI poseen 90 por ciento del puerto de Aguadulce. Compas, terminal cementero, es de Goldman Sachs, del grupo español Ership y la organización Corona. Invirtieron miles de millones de dólares, se ensancharon y construyeron vías e infraestructura adicional.

En contraste, las comunas aledañas viven en el desamparo. El índice de pobreza multidimensional es lastimoso: 12,9 por ciento de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas; 14 por ciento vive en analfabetismo; 43 por ciento afronta desempleo de larga duración; 26 por ciento no tiene acceso a fuente de agua mejorada; 32 por ciento permanece con inadecuada eliminación de excretas, y 88 por ciento, en la informalidad (Dane, 2018). El coeficiente de Gini, para repartición del ingreso, marca 0,57 –más que en Quibdó– y el de Theil, de distribución de la renta, 0,63 (ProPacífico). A esta mezcla de grandes capitales con miseria se añadieron violencia y corrupción. En 1980 las Farc incursionaron en áreas rurales, rutas y cultivos incipientes de coca; penetraron comunas urbanas, secuestraron y extorsionaron, hasta que en 2000 las AUC, con Éver Veloza (alias HH), iniciaron la construcción de “redes de poder en negocios y proyectos empresariales” (Taula Catalana).

En 2005, tras la desmovilización paramilitar, mandos remanentes formaron La Empresa e implantaron dominios territoriales, monopolios en el expendio de alimentos y provechos sobre el narcotráfico exportable y el microtráfico, en disputa con los Urabeños y con complicidad de algunos miembros de la fuerza pública, denunciados y condenados. Casas de pique y sarracina son la pesadilla de los últimos años. Entre 1990 y 2014 hubo 548 desaparecidos, 26 masacres (Taula Catalana), y hasta 2018, más de 5.300 homicidios orientados por capos que dirigen sus mafias desde afuera, incluido el exterior.

Cuatro alcaldes están procesados por corruptos: Quiñones, Ocoró, Valencia y el prosélito de Dilian Francisca, Eliécer Arboleda. Su nefasta gestión se plasma en un presupuesto de 644.000 millones de pesos con un déficit de 570.000 millones –por un faltante acumulado de 137.000 millones y fallos judiciales en contra por 351.000 millones (!)– y deuda en Bonos-Agua-Carrasquilla por 31.000 millones de pesos más.

El estallido social presente, detonado por la guerra en La Empresa entre Shotas y Espartanos, es el cuarto de los últimos años por el pavor y el abandono, ya que al menos 400 hombres, fuera del Clan del Golfo y del ELN, aterrorizan con armas sofisticadas y de largo alcance. La protesta más fuerte fue el paro de 2017, que logró inversión oficial por 10,2 billones de pesos en ocho años y fue la base para elegir a Víctor Vidal como actual alcalde. El avance de lo prometido no llega al 5 por ciento; el acueducto, en manos privadas de Hidropacífico, va en 15 por ciento, y apenas aflora FonBuenaventura, la entidad administradora del proceso, aún con pocos recursos y sin estudios para 140 proyectos.

El desplazamiento de 152.837 personas entre 1990 y 2014 no se subsanó con 63.717 asentadas en zonas de bajamar (Taula Catalana). En los últimos años emigraron otras 13.018 y solo arribaron 781 (Dane), lo que explica el dato más trágico: de 94.656 viviendas censadas en 2018, había 14.352 desocupadas. Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar? ¿Hay mejor ejemplo de un neoliberalismo más salvaje?