La jugadita tributaria

Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5. Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Al presentar su tercera reforma tributaria como “transformación social”, el Gobierno de Duque, con el ministro Carrasquilla a la cabeza y alentado por la Ocde, en una jugadita imita a quienes recurren a doble contabilidad para evadir o eludir obligaciones tributarias. No solo infla programas sociales intrascendentes, sino que tapa las gravosas cargas que se pondrán sobre asalariados, jubilados, consumidores y usuarios de servicios públicos con IVA; sobre la clase media.

Arrancó desde la campaña electoral con el incumplido lema “más salarios y menos impuestos”. Los primeros crecen por debajo del ingreso por habitante y mucho menos que las rentas del capital, y lo segundo se desmiente con tres reformas expedidas para elevar gravámenes a las mayorías.

La marca de las carpetas con motes como Ley de Crecimiento, de Financiamiento y Solidaridad Sostenible es otra argucia. La de 2018 trajo un mediocre avance económico del 3 por ciento, basado en la expansión del crédito de consumo y las importaciones; la segunda, con el coronavirus, agravó los déficits creados por los beneficios otorgados a los megainversionistas, como lo reconoce la Andi; y esta tercera acrecentará las diferencias socioeconómicas al poner más IVA a bienes y servicios, ampliar la base de contribuyentes a la renta, y adicionar impuestos indirectos verdes a fin de estrangular –como hacía el Monstruo de Frankenstein con sus víctimas– ingresos disponibles, cesantías, salarios y pensiones.

La justificación es el Programa de Ingreso Solidario (PIS), la devolución de IVA y matrícula gratis en universidades públicas para estratos uno, dos y tres, que con cara dura llaman “transformación social”. ¿Cuál es su costo? Los apoyos mensuales estarán rasurados y “focalizados” a la baja por el Sisbén IV, por una manipulable fórmula de asignación y con la reducción del déficit fiscal del 2 por ciento del PIB al año, como techo al gasto público, según acordó Colombia con el FMI para el préstamo de 5.300 millones de dólares. Suerte igual correrá la devolución del IVA, que excluirá a grupos de ingreso bajo y no retornará completo a los beneficiarios lo que les sacarán de un bolsillo para meterlo en el otro, y sumará solo 2,8 por ciento del recaudo total de IVA, que fue 66 billones de pesos en 2019. La gratuidad a universitarios y promoción de empleo joven llega a 0,8 billones de pesos.

El PIS está lejos de una auténtica renta básica. No dará ni un dólar en promedio al día por persona, cuando la cifra mínima de ingreso en países de ingreso medio-alto, para no ser tenida como pobre, es de 5,50 (BancoMundial) o siquiera 4, según el Dane.

No hará ni cosquillas a la penuria, pero se muestra como panacea. Los padres de familia de los estudiantes de las universidades públicas, con ingresos mayores a 2,9 millones de pesos mensuales en 2023 y a 2,5 millones en 2024, pagarán impuesto de renta y así no costearían la matrícula de sus hijos en las tesorerías universitarias, sino en la Dian.

Nada salvará a los pobres de 2 billones de pesos que les caerán encima al pasarse, de bienes exentos a excluidos de IVA, las materias primas para alimentos como pollo, leche, arroz, huevo, cerdo y salchichón. Ni del alza del IVA a la gasolina y al diésel de 5 a 19 por ciento, que recaudará 2 billones de pesos más, ni de la depuración de la base para los subsidios a la energía, ni del recargo en computadores, teléfonos de gama baja, bicicletas y ladrillos, ni en productos de cuidado menstrual.

¿Cuál es la verdadera contabilidad? Por concepto del ajuste al impuesto de renta, al que incorporará uno de cada tres asalariados formales en 2022 y a tres de cada cinco en 2023, se recogerán más de 17 billones de pesos; por IVA, 7,3 billones, 4 billones con personas jurídicas y otros 4 por tributos verdes indirectos. Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5.

Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía; la agresividad en tiempos de pandemia contra clases medias y aún vulnerables, y la cosmética austeridad que decretaron. A Duque y a los suyos no los sacará del caldero político ni el clan Uribe, que acude a su rescate con palabras remilgadas y en asalto a la candidez, declarando que la criatura de Frankenstein está muerta porque ya no subirá el IVA a la sal, al azúcar, al chocolate y al café.

Falso. Como he comprobado y lo ratifica el texto final, la reforma está más viva que nunca, resurgió reforzada, y para enterrarla de verdad son forzosas las protestas ciudadanas, como la programada para el 28 de abril, tanto por este Monstruo en sí como en respuesta al Gobierno Duque, que funda la política fiscal en la pretendida ignorancia de la ciudadanía, a la que busca escamotear con la narrativa de una contabilidad mentirosa, una jugadita.

Reforma tributaria #19: argucias e inequidades de Duque y la OCDE

La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Muchas reformas de las finanzas públicas en Colombia las hicieron extranjeros, misiones como Kemmerer, Taylor, Musgrave y Bird-Wiesner (mixta), del Banco Mundial y el FMI y ahora de la Ocde refrenda los análisis y propuestas de Rosenbloom, Arnold, Owens y demás para, sin contar otras disposiciones atinentes, delinear la decimonovena reforma tributaria en 30 años.

El Congreso ordenó una comisión en la Ley 2010 de 2019, “de crecimiento económico”, para evaluar los beneficios cedidos a contribuyentes dentro de la Confianza Inversionista. El Gobierno y la Ocde desviaron este objetivo y se dedicaron a hurgar en el IVA y en el impuesto de renta para personas naturales y pretermitir las ventajas corporativas, que cuestan 10 billones de pesos anuales, concedidas cuando Carrasquilla ha manejado la Hacienda y que él llama “derechos adquiridos”. Se enfocaron en el costo fiscal anual por beneficios en el IVA en 52 billones de pesos y en 17 billones de pesos en el impuesto de renta de personas naturales. No vieron lo que sí la Contraloría en un documento: “Por cada peso pagado en impuestos el Estado le dejó de cobrar 51 centavos al sector financiero”.

En tan tendencioso empeño se “recomendó” revisar el cobro del IVA a 83 bienes y a los servicios para recabar 10,5 billones de pesos e incorporar al impuesto de renta a las personas naturales con ingresos de más de 2 millones de pesos mensuales, el 35 por ciento de los trabajadores formales, para 16,8 billones de pesos más, también con la supresión del 25 por ciento de su ingreso laboral depurado de exenciones y deducciones, y además el gravamen a las pensiones. Se omitió que en 2019, por 100 pesos recaudados, 54 vinieron de impuestos indirectos y regresivos, de los cuales el IVA aportó 42 y al resto ayudaron otros IVA disfrazados como combustibles, bolsas plásticas, consumo y carbono.

A contramano, los tributos directos, de renta y patrimonio, contribuyen con 46 pesos (Dian, 2019). Se tapó que la tarifa efectiva del impuesto de renta al sector financiero –al dividirlo por la renta líquida– es 22 por ciento, diez puntos menos de la nominal (Contraloría) o que personas naturales y jurídicas de nivel alto pagan tasas menores a las de ingreso medio en claro “sesgo pro rico” (Garay-Espitia). La estructura tributaria es regresiva y empeorará, ya que a las cúpulas económicas apenas se les cargarán tímidos aumentos en el tributo sobre dividendos, un exiguo porcentaje sobre abultados patrimonios y nada a los giros de ganancias de subsidiarias foráneas a sus casas matrices.

La comisión se apropió de la versión oficial del hueco fiscal: “La pandemia redujo los ingresos y aumentó los gastos. En periodos de crisis todos debemos hacer sacrificios” y escondió que el roto está en la Ley 2010 de 2019, que instauró contratos de Estabilidad Jurídica por 20 años para megainversiones superiores a un billón de pesos y 400 empleos creados, con tarifa del 27 por ciento, exención de renta presuntiva y patrimonio, o por diez años para proyectos agropecuarios con inversión superior a 856 millones de pesos y diez empleos, o para negocios de economía naranja por siete años con tres empleos, mantenidos todos en el proyecto de Reforma. Al sumarse a tanto regalo, la baja en la tarifa empresarial de renta de 33 a 30 por ciento; el descuento del 50 por ciento del impuesto de Industria y Comercio, ICA; la devolución del IVA en la importación de bienes de capital y la caída del recaudo en 2020 por 11 billones de pesos, se encuentra la mayor porción del déficit de 77 billones, en exceso sobre cualquier cálculo de gasto público en la pandemia.

La falsa narrativa contagió: Fescol y centros de estudio corrieron a proponer un recaudo de 20 billones de pesos venidos en parte por impuestos al salchichón, la cerveza, combustibles y servicios digitales; Fedesarrollo planteó acopiar 30 billones de pesos universalizando el IVA, eliminando el régimen pensional y arrinconando al sistema de compensación familiar, y Anif pidió tarifa plena paulatina de IVA del 18 por ciento a 2024 y aumentar el recaudo por renta en personas naturales en 8 billones. Duque justifica la iniquidad con “zanahoria social”, que implicará gasto adicional neto máximo por 4 billones de pesos, en tanto la Contraloría insiste en examinar el cumplimiento de los objetivos de los tratos preferenciales a empresas y advierte que aumentar el IVA afectaría a “millones de pobres”.

Como colofón, citar a Voltaire: “El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra”. La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

Confecciones y textiles: Comercio tramposo y traición de Duque

La crisis lleva a tendencias agresivas: China busca prendas hechas con salarios de miseria en África, Haití y Myanmar, pero se queda con los textiles; el comercio electrónico avanza y surge el mercado del usado.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El sector de confecciones y textiles es el más sensible al llamado libre comercio por la incidencia en el empleo. Aun con procesos robotizados, en el mundo hay 430 millones de trabajadores, la mayoría mujeres y muchas jefas de hogar (Banco Mundial, 2017). Esa fuerza, con su ingreso, consume otros bienes y servicios y en Colombia es primera fuente de ocupación industrial, 13 por ciento del total (EAM-Dane, 2019). El diseño del mercado global de vestuario y telas fue estructurado por dos decenas de trasnacionales de marca y comerciales, que no fabrican nada, pero que controlan las redes de distribución, aliadas con países de mano de obra barata que subsidian sus manufacturas. En Vietnam, Bangladesh y Sri Lanka el salario promedio por hora es 65 centavos de dólar; China, con instalaciones de propiedad estatal, devuelve hasta 17 por ciento de IVA a su exportador; Bangladesh paga los servicios públicos y da créditos subsidiados; Vietnam produce en parques industriales y zonas rurales, y alienta relaciones con importadores, aun con chinos que triangulan, y en India dan préstamos de bajo costo a fabricantes para tecnología.

Asia, con trucos impropios de libre mercado, o dumping por bajo estándar laboral y ambiental, es primer exportador mundial con el 65 por ciento, cuando en 2000 era 30 por ciento. En paralelo, se disparó la superproducción que afecta a gigantes como H&M con 4.700 almacenes e inventarios no vendidos en 2018 por 4.300 millones de dólares; o Nike, en el que crecieron en 2019 a 5.415 millones, el doble de 2010; o Zara, que duplicó en diez años las tiendas, pero solo aumentó 37 por ciento la venta por local. En la primavera de 2020, con el shock por la covid, acumularon 200 millones de dólares más en existencias (Reuters).

La crisis lleva a tendencias más agresivas: China busca provisión de prendas hechas con salarios de miseria en África, Haití y Myanmar, pero se queda con los textiles; India apunta como centro de moda; el comercio electrónico avanza; surge el mercado del usado y en arriendo; se reduce el ciclo de vida del producto para aminorar bodegajes, y se robotizan fábricas que producirán millones de camisetas a precios de quema. En esta guerra la reacción, según el FMI, es escalar aranceles. ¿Y Colombia? En 2019, el consumo de productos nacionales –133 referencias, sin calcetines ni calzado– fue de 303 millones de unidades y valió 6,8 billones de pesos, seis prendas al año por habitante a 22.500 pesos cada una, cinco veces inferior a Europa (EAM-Dane). Las importaciones, que cuadruplican las exportaciones, vienen 70 por ciento de China y Asia –incluidos millones de tapabocas en 2020– y valen 2,5 billones de pesos (Dian), con lo que el consumo legal total es 9,5 billones. Al confrontar con datos de Raddar, el egreso en vestuario, como 55 por ciento de todo el gasto en moda, es de 12 billones de pesos, y así aparecen sin explicación 3 billones, provenientes del contrabando, incluido el de tipo técnico. The Economist escribió en 2018: “Colombia es de los países activamente negligentes con las prácticas ilícitas”.

Los factores de producción cuestan más que a nuestros competidores: la tasa de interés del crédito y el valor del kilovatio hora son mayores que en Estados Unidos, India, Vietnam y China. Con ese costo país, fuera de la mala infraestructura, Colombia va atrás en competitividad industrial.

Clamores del empresariado confeccionista y textil frente a tales desventajas se concretaron en el Plan de Desarrollo al aprobarse en el Congreso aranceles exclusivos a los orígenes asiáticos sin TLC del 37,9 por ciento para compras menores a 20 dólares kilo. Pero Duque, traicionando promesas de campaña, apoyó con sus ministros a gremios importadores que los demandaron, y la Corte Constitucional aceptó por razón de competencia entre poderes.

El Ministerio de Comercio expidió entonces el Decreto 1419/19 que aplicó arancel de 40 por ciento a compras menores de 10 dólares kilo y, para las de precio superior, de 15 por ciento más un dólar de recargo. Una burla, porque el gravamen más fuerte no cobijó ni a 10 por ciento de las importaciones, de géneros menudos y baja calidad. Ahora repite la farsa al subirles a las mayores de 10 dólares, como yines y camisas, un ínfimo sobreprecio de 0,5 dólar sujeto a revisión en seis meses, y en el colmo del agravio el Centro Democrático en acto histriónico lo celebra como promesa cumplida. “Libertarios” e importadores arguyen que el precio del vestuario crecerá 25 por ciento, cuando tan delimitadas medidas incidirían a lo sumo en la quinta parte del consumo. Omiten que el triunfo mercantil de Asia en este ramo es de los más sucios de la globalización en un mercado de 400.000 millones de dólares año, y, con otros analistas, tapan las 20 grandes compañías promotoras que atesoran 97 por ciento de las ganancias (McKinsey & Company, 2019).

Buenaventura: neoliberalismo salvaje

Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Entidades como Human Rights Watch, Taula Catalana, Fundación Ford, Usaid, la ONU, el caucus afro del Partido Demócrata norteamericano, la Iglesia católica y varias más han documentado las aciagas condiciones padecidas por casi 400.000 compatriotas, 90 por ciento afrodescendientes, en el primer puerto nacional sobre el Pacífico, y de los principales en esa costa en Suramérica.

Tanta información difiere con las soluciones. No porque no surjan, sino porque los planes, Conpes y las recetas se fundan en privatizaciones, capital extranjero y confianza inversionista –pilares del neoliberalismo–, por el supuesto efecto goteo de bienestar que se irrigaría sobre la población; pese a que de 10.000 trabajadores portuarios hace 25 años, hoy quedan 4.000, muchos de ellos tercerizados. Jugadores del negocio portuario global se tomaron la bahía. En la Sociedad Portuaria de Buenaventura, la mayor y privatizada en 1993, Harinera del Valle con otras firmas afines suman 30 por ciento de las acciones; la familia Parody, 21 por ciento; el Distrito de Buenaventura, 15 por ciento; y Dubai Port Authority-Capital Advisory-Hommes, 19 por ciento.

Además de agrias disputas societarias, se marchita por los fuertes competidores internacionales y por problemas de bajo calado para el acceso de buques de gran tamaño, que aminoraron la carga de 17 millones de toneladas en 2015 a 14,8 en 2019, de las que, por cada una de exportación, llegan casi cuatro importadas. La danesa Maersk controla el terminal de contenedores TCBUEN. Singapore Port Authority y la filipina ICTSI poseen 90 por ciento del puerto de Aguadulce. Compas, terminal cementero, es de Goldman Sachs, del grupo español Ership y la organización Corona. Invirtieron miles de millones de dólares, se ensancharon y construyeron vías e infraestructura adicional.

En contraste, las comunas aledañas viven en el desamparo. El índice de pobreza multidimensional es lastimoso: 12,9 por ciento de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas; 14 por ciento vive en analfabetismo; 43 por ciento afronta desempleo de larga duración; 26 por ciento no tiene acceso a fuente de agua mejorada; 32 por ciento permanece con inadecuada eliminación de excretas, y 88 por ciento, en la informalidad (Dane, 2018). El coeficiente de Gini, para repartición del ingreso, marca 0,57 –más que en Quibdó– y el de Theil, de distribución de la renta, 0,63 (ProPacífico). A esta mezcla de grandes capitales con miseria se añadieron violencia y corrupción. En 1980 las Farc incursionaron en áreas rurales, rutas y cultivos incipientes de coca; penetraron comunas urbanas, secuestraron y extorsionaron, hasta que en 2000 las AUC, con Éver Veloza (alias HH), iniciaron la construcción de “redes de poder en negocios y proyectos empresariales” (Taula Catalana).

En 2005, tras la desmovilización paramilitar, mandos remanentes formaron La Empresa e implantaron dominios territoriales, monopolios en el expendio de alimentos y provechos sobre el narcotráfico exportable y el microtráfico, en disputa con los Urabeños y con complicidad de algunos miembros de la fuerza pública, denunciados y condenados. Casas de pique y sarracina son la pesadilla de los últimos años. Entre 1990 y 2014 hubo 548 desaparecidos, 26 masacres (Taula Catalana), y hasta 2018, más de 5.300 homicidios orientados por capos que dirigen sus mafias desde afuera, incluido el exterior.

Cuatro alcaldes están procesados por corruptos: Quiñones, Ocoró, Valencia y el prosélito de Dilian Francisca, Eliécer Arboleda. Su nefasta gestión se plasma en un presupuesto de 644.000 millones de pesos con un déficit de 570.000 millones –por un faltante acumulado de 137.000 millones y fallos judiciales en contra por 351.000 millones (!)– y deuda en Bonos-Agua-Carrasquilla por 31.000 millones de pesos más.

El estallido social presente, detonado por la guerra en La Empresa entre Shotas y Espartanos, es el cuarto de los últimos años por el pavor y el abandono, ya que al menos 400 hombres, fuera del Clan del Golfo y del ELN, aterrorizan con armas sofisticadas y de largo alcance. La protesta más fuerte fue el paro de 2017, que logró inversión oficial por 10,2 billones de pesos en ocho años y fue la base para elegir a Víctor Vidal como actual alcalde. El avance de lo prometido no llega al 5 por ciento; el acueducto, en manos privadas de Hidropacífico, va en 15 por ciento, y apenas aflora FonBuenaventura, la entidad administradora del proceso, aún con pocos recursos y sin estudios para 140 proyectos.

El desplazamiento de 152.837 personas entre 1990 y 2014 no se subsanó con 63.717 asentadas en zonas de bajamar (Taula Catalana). En los últimos años emigraron otras 13.018 y solo arribaron 781 (Dane), lo que explica el dato más trágico: de 94.656 viviendas censadas en 2018, había 14.352 desocupadas. Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar? ¿Hay mejor ejemplo de un neoliberalismo más salvaje?

Valle del Cauca: la caída de la tasa de ganancia del capital local

El crecimiento promedio del Valle entre 1991 y 2015 fue de 3,3%.

La economía del Valle del Cauca sigue siendo la tercera del país, aunque su participación en el PIB nacional disminuyó entre 2003 y 2015 del 10,7% al 9,5%, precisamente en el periodo en el que se acentuó la revaluación, cuando la tasa de cambio promedio cayó de $2.877 a $1.868, en el marco del modelo de atracción de capital extranjero por la vía de los beneficios tributarios, la “locomotora” del petróleo y la minería e incentivos adicionales.

El resultado no sorprende. Datos recopilados por el ingeniero Julián Rincón de distintas fuentes, al mirar el crecimiento promedio del Valle entre 1991 y 2015, 3,3%, lo ubica por debajo de Santander, Antioquia, Bogotá y Atlántico, mientras que entre los años 2000 y 2015 (en precios constantes de 2015) el ingreso por habitante permaneció entre $11 y $12 millones y sus exportaciones apenas se duplicaron entre 2003 y 2013, rezagadas respecto a regiones petroleras y mineras. Los damnificados, como era de esperarse por los claros síntomas de Enfermedad Holandesa, fueron los sectores transables –agricultura e industria–, cuya participación de conjunto en la economía regional bajó del 28,3% al 21,5%.

A propósito, la agricultura vallecaucana ha vivido como la que más los efectos del libre comercio y se ha refugiado en cultivos tropicales o permanentes: en efecto, de 74.300 hectáreas de cultivos de cereales, algodón, soya, sorgo, millo y otros transitorios en 1990, tan solo restan ahora 19.600, la mitad en maíz. A contramano, el cultivo de la caña de azúcar pasó en estos 25 años de 106.600 hectáreas a más de 201 mil. Junto con los frutales -que hoy ocupan 30 mil hectáreas- fueron el destino de esa forzada operación de sustitución agrícola.

Dicha concentración se reflejó también en la manufactura. Los mismo cuatro sectores que en 1992 reunían el 64% del valor agregado, alimentos, sustancias químicas, bebidas y papel y cartón, para 2012 acumulaban el 72% en un proceso de convergencia explicable dado el poco espacio de crecimiento por las condiciones del comercio internacional para otros renglones. El sector de alimentos –que genera uno de cada tres pesos de dicho valor agregado– tiene como base, según lo destaca el economista Mario Valencia, 14 ingenios, que a su vez arrastran 12 cogeneradores de energía, 6 destilerías, una fábrica de papel, 40 industrias alimenticias, 3 de gaseosas, 8 de vinos y licores y 2.750 proveedores agrícolas. No hay duda de que ante la tragedia “revaluacionista”, durante los dos gobiernos de Uribe y el primero de Santos, se buscaron encadenamientos de protección.

Pese a esas esforzadas iniciativas, a partir de cálculos del estudiante del último año de Administración Empresas de Univalle, Pedro Cruz, la relación entre el valor agregado y los activos industriales entre 1990 y 2015 y con base en la EAM del DANE, cayó de 1,7 a 0,6. Igualmente, la relación producto/capital para dicho sector, descontado el monto total de salarios y prestaciones, estimada por el método de Dumenil y Levy, cae en picada entre 1990 y 2012, de 3,4 a 1,2, y tiene para 2015 una breve recuperación a 1,6, pero muy lejos de los valores de hace dos décadas.

En medio de tan incierto panorama, el gobierno Santos ha iniciado, disfrazado de Alianza Pacífico, un TLC con Australia, el segundo exportador de azúcar del mundo, un país que dedica 85% de su producción a la exportación, que muele el doble de toneladas de caña al año, que tiene zafra permanente, que duplica la producción colombiana y que, pese a que domina el comercio azucarero en Asia, ha perdido espacio allí, vacío que con seguridad busca recuperar allende el Pacífico.

A junio de 2017, el comercio minorista registra crecimientos negativos en Cali y también el Índice de Confianza del Consumidor está en zona roja. Y de remate, cada vez las colocaciones de cartera son superiores al ahorro captado en el sector financiero del Valle, lo cual induce a pensar que no está generando el capital suficiente para sus inversiones.

Se configura aquí el típico caso de cómo el capital nacional es actor de reparto en la política económica dominante, no hay ni un solo ingenio azucarero entre las cien mayores empresas de Colombia, en tanto el capital extranjero es el protagonista de cierre. Hasta los emires árabes reciben gabelas y beneficios, mientras se carga el costo a la producción y al trabajo local.

Fabricato: ¿textiles o ladrillos?

Aurelio Suárez analiza las recientes decisiones de Fabricato.

Hace unas semanas, la opinión oyó que Fabricato, una de las más emblemáticas empresas de textiles y confecciones del país, aunque venida a menos desde la última década del siglo xx, cerraría su operación fabril entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre. La gerencia lo explicó así:
 
“Es el resultado de las condiciones negativas de la economía del país, del debilitamiento de los aranceles de importación, de la masiva importación de prendas y telas, así mismo del contrabando de productos textiles, circunstancias que han afectado de manera sistemática nuestras ventas”. 
 
En efecto, cuando se revisa la evolución del sector textil en los últimos veinte años, la curva descendente es ostensible. En 1997, el 52% se destinaba como insumo intermedio para la producción de otros bienes industrializados, como confecciones; el 40% para los consumos directos de hogares y se exportaba algo más del 6%. Era el 7,2% de la producción industrial total y el 6,4% del valor agregado, el cuarto mayor. Ello pese a que ya afrontaba la competencia de las importaciones y el comercio desleal y la situación negativa del algodón nacional, en vía de extinción. 
 
A contramano, en 2015, el sector textil era menos del 2,3% de la producción industrial y del 1,4% del valor agregado total, relegado en ambas variables a lugares por debajo de los primeros 18 subsectores. Su incidencia se redujo notoriamente en el conjunto de la industria. 
 
¿Cómo han afrontado esta situación los propietarios de Fabricato? Algunas cifras compiladas por el estudiante de Economía de la Universidad de Antioquia, Andrés Trigos, dan algunas ideas. A precios constantes del 2016, las ventas han disminuido, entre 2011 y 2016, de $781.763 millones a solo $385.758 millones, 50,66% menos. Y la mayor rebaja se da por la caída de las exportaciones en un 65%, incluso desde 2014, con la devaluación del 80%, cuando se han mantenido estáticas en niveles de $73 mil millones. Por eso no se explica muy bien que en medio de una menor producción y un mayor endeudamiento respecto al patrimonio –pasó del 36% al 64%–, crezcan en paralelo las inversiones ajenas a los textiles, el objeto social principal, a más de $110 mil millones, referidas a proyectos inmobiliarios en Ibagué y Bello. 
 
Para completar el cuadro, al menos siete empresas ligadas al negocio textil, entre producción y comercialización, han sido liquidadas desde agosto de 2016 y otras seis más están en curso. En conjunto, estas decisiones seguramente tienen que ver con que el activo más valioso del conglomerado son los terrenos amplísimos de centenares de miles de metros cuadrados que están maduros para plusvalías exponenciales. En efecto, del total de los activos, dichos terrenos son casi el 30%, una tercera parte, y con relación al patrimonio llegan hasta el 50%.
 
Cuando se mira la estructura de la propiedad actual de Fabricato, se constata que fiduciarias y fondos de inversión, incluido el constituido por los damnificados de Interbolsa en cabeza de los liquidadores de Supersociedades del fondo Premium, controlan casi 40% del total. Se entiende entonces por qué su interés utilitarista sea exprimir al máximo ese capital separando su suerte de la centenaria misión textilera.  
 
Tal pronóstico puede corroborarse al saberse que el exministro de Hacienda del primer gobierno de Uribe, Alberto Carrasquilla, reportado en Panamá Papers con su matriz empresarial radicada allí, lidera el grupo de linces financieros al mando. 
 
Por lo visto, Fabricato como firma textil se reduciría a una operación tecnificada y en productos específicos en Riotex. El resto serán ladrillos y especulación inmobiliaria. Aunque logró salvarse de las garras de aventureros como Félix Correa hace más de tres décadas o de Corredori, ese apostador de caballos vuelto caballero de industria, parece haber llegado a su hora de nona. 
 
La sociedad regional puede intervenir para preservar este icono industrial y los dos mil o más empleos que todavía quedan luego de haber tenido casi 20 mil. De lo contrario, Fabricato seguirá convirtiéndose en ladrillos y en recuperación de inversiones a nivel de máximo lucro posible. Antioquia tiene la palabra.

Más justo, imposible

La crisis económica que se viene gestando en el país desde hace varias décadas está ocasionando gravísimos daños a millones de hogares: bajos salarios, carestía desbordada, desempleo e informalidad, precariedad en el acceso a servicios básicos como salud y educación, alzas inicuas en tarifas del transporte, de la energía y hasta del agua para los más pobres.

Es innegable que en el segundo gobierno de Santos estalló la economía y se genera mayor desigualdad.

Como si lo anterior no fuera suficiente, lo más grave es que el costo de la crisis se quiere seguir trasladando por otras vías como una reforma tributaria, en la cual se aumentan impuestos indirectos y regresivos como el IVA o el impuesto al consumo, que afecta el arroz y hasta al ‘corrientazo’ y las llamadas por celular. También la elevación de tasas de interés por el Banco de la Repú- blica, con el pretexto de combatir la inflación, pone un sobrecosto a los ya muy altos precios de los productos de la canasta familiar. Se quiere corregir la crisis con hambre.

La base laboral se siente burlada con el incumplimiento de promesas electorales, como la eliminación del cobro de la cuota de salud a pensionados; el establecimiento del horario nocturno desde las 6 de la tarde y la recuperación del cobro de horas extras.

La base campesina se ha sentido despreciada porque de los compromisos adquiridos desde los paros agrarios solo menos del 30% se han vuelto realidad. Si al cuadro anterior se le agrega la indignación nacional por la feria de Isagen y las privatizaciones anunciadas, se puede concluir que solo habría otro paro más justo que este si la situación empeora o si el gobierno trata con desdén el Pliego que las Centrales Obreras y demás organizaciones le han presentado.

‘It’s politics, stupid’ (es política, estúpido)

Según Ha Joon Chang, sin el Estado es ‘muy difícil alcanzar grandes cambios económicos o sociales’.

Asistí a la conferencia del profesor de economía de Cambridge Ha Joon Chang, en la Universidad de los Andes. Versó primeramente sobre su obra, ‘Economía para el 99 % de la población’. Es importante extraer las lecciones a mi juicio más relevantes, entendiendo que para otros pueden no ser las mismas.

En cuanto a las teorías económicas, y en una posición crítica a la escuela neoclásica, predominante hoy, destacó los “supuestos”, los “valores morales y políticos” y el contexto en el cual están enmarcadas todas las que enuncia. A partir de Smith, pasando por Marx, los desarrollistas, la escuela austríaca (Hayek), Schumpeter y Keynes, hasta los neoclásicos, institucionalistas y conductistas, Ha Joon Chang invoca, parodiando a Mao, que “florezcan cien flores” y remarca que es “necesario preservar esa diversidad” e incluso hacer “fertilización cruzada”.

En ingenioso juego, sugiere beber cocteles de varias teorías para abordar distintos asuntos. Por ejemplo, para “la viabilidad del capitalismo” sugiere hacerlo a partir de mezclar la teoría clásica con la de Marx, el institucionalismo y Schumpeter. Y para la “necesaria intervención estatal” recomienda combinar neoclásicos con desarrollistas y Keynes.

Al hablar sobre las cifras conocidas de la economía, va desmembrando el cuerpo de indicadores más utilizados para mostrar sus limitaciones. Coincide con Piketty al afirmar que el PIB denota crecimiento y actividad a corto plazo, pero no desarrollo. Valida el PNB, el producto nacional bruto, para mostrar la fortaleza de una economía a largo plazo, notando que actividades no remuneradas, como las domésticas, no están incorporadas.

En cuanto a la renta por habitante, o renta media, para calcular el nivel de vida de un país, cuestiona su imprecisión, en especial allí donde la distribución es más disímil. Esto, argumenta, no se corrige ni siquiera con el conocido PPA (paridad del poder adquisitivo), ajustando el ingreso medio con la tasa de cambio, como parámetro internacional. Sin desconocer que el análisis económico fundamentado no puede prescindir de cifras, recomienda, al utilizarlas, saber “qué dicen y qué ocultan”.

En una mirada sectorial destaca la jerarquía en el empleo de la agricultura en los países más pobres y, en cuanto a la industria, que llama “centro de aprendizaje de la economía”, ratifica que fabricar cosas sigue siendo trascendental y que por eso se destacan países como Japón, Suiza y Singapur. Respecto al sector financiero, exhorta a una verdadera regulación, pues se salió de órbita por el universo de “derivados” que ha conformado.

Enfocado en que la desigualdad no es inevitable, acusa de ella a las políticas económicas, afirmando que hace 200 años el mundo era como Ruanda y ahora es como Sudáfrica, y ubica a Colombia entre los más desiguales. Denota que la inequidad crece más cuando se comparan las riquezas –que cada quien atesora– que cuando se evalúan los ingresos devengados. Y añade que la pobreza crea un círculo de donde es casi imposible escapar, por obstáculos estructurales o por “la manipulación de los mercados”.

Frente a la economía internacional, la “cifra real” es la balanza de pagos, que contabiliza las operaciones externas de los países. Incide el comercio, la cuenta de capital, con las remesas de los emigrantes a otras tierras y con la inversión extranjera y las correspondientes contrapartidas de exportación de utilidades y ganancias a las casas matrices, obtenidas en los países receptores. Respecto al capital foráneo, asevera que “las evidencias de los efectos positivos son bastante escasas” y que además tiene otros “potencialmente negativos”. Sentencia, al respecto, que no “todas las formas de integración económica internacional son deseables”, de suerte que el grado dependerá de cada caso, de “los objetivos y capacidades a largo plazo”.

En la esencia de sus tesis está que “la economía es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de los economistas” y que la democracia pierde sentido si no se pone “en tela de juicio a los expertos”, con sus “deformaciones profesionales”. Como lo expone en el capítulo once del libro mencionado, define la economía como “un argumento político”. Resulta indiscutible, afirma, que sin el Estado es “muy difícil alcanzar grandes cambios económicos (o sociales)”. En otras palabras: que los problemas económicos se resuelven políticamente. “It´s politics”, dicen, y nos debe interesar a todos.