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Saqueo, macroeconomía y TLC con Estados Unidos

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

El debate trasciende porque los impactos macroeconómicos son más devastadores, postran la economía y la someten a vulnerabilidad estructural. El TLC es hidra de mil cabezas, ¿enfrentarlo será “estupidez” como dice Duque?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

“Trigo por uchuva” y “alimentos baratos por minería” fueron razones de los ministros uribistas Andrés Felipe Arias y Jorge Humberto Botero para defender el TLC con Estados Unidos (EU). Igual la “agenda interna” propuesta como flotador por el propio Uribe Vélez. Luego de diez años nada resultó.

Las cifras de Jorge Enrique Robledo sobre el déficit comercial en réplica a la ministra Lombana, de Comercio, son suficientes y se pueden resumir en que antes del tratado la balanza con EU era positiva y ahora es negativa. Entre 2012 y 2021, el desbalance acumulado entre ventas y compras es de -11.019 millones de dólares (https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c3010.html).

Tanto bienes agrícolas como industriales norteamericanos gozan del dumping, su venta externa por debajo del costo de producción y transporte proveniente de altísimos subsidios, y que los Gobiernos de Colombia han alcahueteado en la década. Estudios del IATDP ubican entre el 10 y 32 el porcentaje de trampa para trigo, algodón, soya y maíz (Saqueo, pág. 118) y en los últimos años también en lácteos, cerdo y pollo. En 2018, por ejemplo, el kilo de pollo llegó al importador, no a los hogares, a mitad del valor interno.

Las manufacturas no son ajenas al mecanismo. The New York Times encontró más de 80.000 millones de dólares anuales de subvenciones a la industria gringa, incluida la del etanol, que recibe 45 centavos de dólar de ayuda federal por galón. También a los carros de motor eficiente o eléctrico y a la refinación de petróleo y derivados. El 1,5 por ciento del valor agregado de exportación industrial en EU viene de incentivos por empleo creado. Imposible competir así aquí y allá (idem, págs. 119-120).

Además, el comercio de servicios es un capítulo del TLC, vuelto una vena rota, con cuenta especial en la balanza de pagos. Entre 2018 y 2020, para hablar solo de tres años, el déficit del comercio de servicios fue de -2.655, -2.362 y -2.512 millones de dólares con EU, responsable de cerca del 60 por ciento del desbalance total en este rubro. Propiedad intelectual, seguros, telecomunicaciones, financieros y servicios de viaje son los principales renglones en esa gravosa contabilidad (https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=62&step=9&isuri=1&6210=4).

La inversión directa de EU, atraída con excesivos beneficios tributarios, suma más de 40.000 millones de dólares y dos de cada tres aterrizaron desde 2012. Triplica la de Colombia en Norteamérica, y la renta neta exportada de sus ganancias destinadas a las matrices multinacionales, que las demandan ansiosas, implica no menos de 3.000 millones de dólares al año. “El TLC es un tratado de protección de inversiones”, afirmó Germán Umaña y acertó.

Los neoliberales, felices: bienes baratos, inversiones, etc. Ocultan que el déficit en el comercio de mercancías y servicios y en renta de capitales contribuye a los números rojos de las cuentas externas de Colombia. El TLC con EU cumple con rigor la máxima “el dinero va a donde puede salir”. Los tres rubros negativos juntos cuestan entre 6.000 y 7.000 millones de dólares al año, entre 2 y 3 por ciento del PIB, que es del 40 al 50 por ciento del saldo del faltante de Colombia en el frente exterior. Ese es el tamaño del saqueo anual del TLC con Estados Unidos.

Tal “dolarducto” se financia con deuda pública, con el obvio efecto fiscal en la Hacienda y el entrampamiento crediticio. No fue salvavidas, sino piedra de molino al cuello. Y, como pesadilla, también fondos de capital extranjero son los prestamistas de los dólares para honrar los préstamos crecientes, un “gota a gota”. Ha impelido a seis reformas tributarias, con predominio del IVA en menoscabo del consumidor y como sucedáneas del arancel no cobrado. ¿Debe la ministra Lombana contar cuánto ha pesado el TLC de EU en el alza de la deuda pública del Gobierno central de 217 billones de pesos en 2012 a 700 en 2022?

Al tenor de los capítulos de inversiones de este TLC, que, comparado con 1.628 tratados de inversiones y 51 apartados de otros, es el más concordante en lenguaje y contenido con el estándar norteamericano (idem, págs. 106 y 107), Colombia enfrenta ante tribunales internacionales de arbitraje cinco demandas, entre ellas Uber y firmas involucradas en Reficar, que costarían centenares de millones de dólares (Andje).

Son diez años de saqueo de trabajo, de riqueza y ahorro nacionales público y privado. El que 2.345 pymes exporten no lo enmienda, ni menos lo justifican los artificiosos argumentos del Gobierno Duque. Si bien las averías microeconómicas en comercio son el foco del quebranto, el debate trasciende porque los impactos macroeconómicos son más devastadores, postran la economía y la someten a vulnerabilidad estructural. El TLC es hidra de mil cabezas, ¿enfrentarlo será “estupidez” como dice Duque?

Duque: un falso positivo económico

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

La desigualdad en el ingreso, medida por el coeficiente de Gini, también trepó. Es la iniquidad que deja Duque de legado.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

De las chocantes características del gobierno de Duque es la forma como entrega sus anuncios. El caricaturesco presidente-presentador de Prevención y acción los agiganta, les da connotación histórica y los vuelve hito. Entre los recientes, quizás el más amplificado fue el crecimiento económico en 2021 de 10,6 por ciento, el que, de manera abusiva e ilegítima, se adelantó en avisar con bombos y platillos en 10,2, reunido con la Unión Europea y en acto de autoelogio, antes que el Dane entregara el dato oficial (Efe, 14/2/2022).

Para el ciudadano del común, esa cifra, que sube a dos dígitos, puede sonar alentadora. Sin embargo, un análisis minucioso de los componentes del producto interno bruto (PIB), y desagregando los factores que llevaron a ese resultado, no trae conclusiones muy meritorias.

Varios elementos ayudan en esa tarea. En primer lugar, el rebote de la economía, de una que estuvo en cuarentena y con restricciones de oferta en 2020 a otra en 2021, recuperada la plena actividad y con mayores consumos, cuya principal expresión fueron las actividades artísticas y de recreación, que pasaron de la clausura plena a crecer 33 por ciento.

En segundo término, como variable determinante desde la demanda de los hogares, se destacan las importaciones, que subieron el 27 por ciento, casi tres veces el crecimiento total, afectadas por un dólar al alza con graves impactos inflacionarios en bienes industriales y del ámbito agropecuario que ya asoma a una carestía del 8 por ciento anual.

Un tercer factor es el aumento de la tasa demográfica, por la migración de dos millones de extranjeros, que se elevó del histórico 1,1 o 1 por ciento anual a 1,4 (Ocde), así el número de habitantes se acrecentó a un ritmo superior. No es extraño que una economía con estos rasgos predominantes presente un desempleo anual del 13,7 por ciento, que no recuperó la capacidad para demandar ocupación estable y formal (Dane).

Tal crecimiento, no fundado en el mayor valor agregado nacional, sino en circunstancias, no es sostenible, como se evidencia cuando se calcula el promedio anual atribuible a la administración Duque. Al sumar el 3,3 por ciento de 2019, el -7 de 2020 y el ruidoso 10,6 de 2021, el cociente de los tres años alcanza apenas al 2,3 por ciento. Y si se descuenta la tasa demográfica, ya mencionada de 1,4 por ciento, el ingreso por habitante, que mide el real avance fruto de la política económica, apenas alcanza a 0,9 por año. Vale comentar que en 2021 tampoco se remediaron los recurrentes déficits gemelos, el fiscal y el de las cuentas externas, de -7,1 y -6 por ciento del PIB, respectivamente (Minhacienda-JP Morgan).

¿Cómo explicar el fiasco? En pesos constantes (base 2015) el ingreso por habitante al finalizar 2018 era de 17.696.532 pesos y en 2021 de 17.740.418 (Banrep), subió apenas 44.000. Es decir que lo que ahora puede adquirir con su ingreso real cada habitante es lo mismo que hace cuatro años más esa exigua suma. Se puede apreciar desde otro ángulo: dado que el valor de una bolsa de leche es de 4.300 pesos, el equivalente al mayor ingreso en todo el cuatrienio es diez bolsas de leche, solo eso. Peor en dólares: entre 2018 y 2021, el ingreso individual pasó de 6.451 a 6.467, escasos 16 dólares agregados (Banrep). Al acudir a un parangón internacional, si una hamburguesa Big Mac vale 3,74 (Statista), el incremento es de una hamburguesa por año. He ahí el ínfimo aumento del poder adquisitivo bajo el Gobierno Duque.

A tan lánguido balance debe añadirse el creciente desastre social que lo acompaña, el incremento de la pobreza, la desigualdad y la miseria. En 2018, cuando Duque asumió el poder, las personas en la pobreza monetaria eran el 27 por ciento (Dane) y en América Latina, según la Cepal, Colombia fue de los países que más vieron subirla: el 7,9 en hombres y 8,5 en mujeres. El índice de miseria, la suma de la inflación y el desempleo era de 12,88 en 2018 (Banrep) y para 2021 marcó el descomunal 19,32 (Fedesarrollo). La desigualdad en el ingreso, medida por el coeficiente de Gini, también trepó. Es la iniquidad que deja Duque de legado.

Las ínfulas del presidente-presentador se desinflan del todo con el dato de Fedesarrollo sobre la tendencia histórica del PIB: de un índice de 100 en la prepandemia, se llegó al insuficiente 102,9 en 2021, cuando debería estar en 107,3, lo cual implica que se produjeron 47 billones de pesos menos del valor esperado.

En materia económica, Duque se rajó y sale por la puerta de atrás. Cada habitante le deberá a lo sumo, o diez bolsas de leche, o cinco Big Mac. Fue un falso positivo económico y así pasará a la historia que él tanto invoca.

¿De rodillas por comida?

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El estrés mundial, amplificado en el país, develó el fracaso en la sostenibilidad de la fórmula neoliberal para géneros básicos y dinamitó el concepto de seguridad alimentaria fundado en provisión externa.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Afloraron dos discusiones sobre la alimentación: la de Duque ante la FAO, por incluir a Colombia en el mapa de “riesgo alimentario” con Etiopía y Sudán, y la de precandidatos presidenciales, por la protección arancelaria a la producción nacional alimenticia, que según Alejandro Gaviria, en recalcitrante prédica del libre comercio y los TLC, es “una locura” (El Tiempo, 7/2/2022).

Los debates se tocan porque, en los últimos 30 años, la importación de “comida barata” es núcleo de la política monetaria de baja inflación y en mayor grado en periodos de dólar barato. Así, el exrector uniandino Hommes y sus afines supeditan el acceso a los alimentos al arancel cero y a los subsidios que las economías poderosas dan a sus excedentes exportados a precios porcentualmente por debajo de los costos de producción y transporte: al abusivo dumping, como el de Estados Unidos en el trigo de 38 por ciento y de 9 en el maíz (IATDP, 2017).

Desde la oferta, Juan Sánchez describió cómo de ese modo las importaciones agropecuarias, que suman 14 millones de toneladas, desplazaron la producción nacional de alimentos básicos. “En 1990, en trigo, cebada, sorgo, soya, fríjol, algodón, avena, arroz, maíz, la producción interna superaba las importaciones en casi cuatro millones de toneladas. Entre 1996 y 2005, las curvas estaban en niveles similares. Para 2017 las importaciones habían superado a la producción local en tres millones de toneladas” (Saqueo, pág. 240), el arancel vigente de diez por ciento no opera (DNP, 2019).

Sobre la demanda, el informe de la FAO, que sulfuró al Gobierno Duque, trae datos alarmantes sobre Colombia. Son 4,7 millones de compatriotas subnutridos, mientras en Haití 4,2; hay un Haití adentro. La kilocaloría diaria entregada por habitante en el planeta es de 2.950 y en el país de 2.872, como en Malí, y la inseguridad alimentaria, severa y moderada, que asola al 27,6 por ciento de la población mundial, en Colombia daña al 54,2, al doble (FAO Statistical Yearbook 2021, Banco de Alimentos). Escuálidos, con un tercio de los hogares sin tres comidas al día, y el abasto de energía, carbohidratos, proteínas y grasas remitido a panela, aceite de palma, papa, plátano y yuca o tomate o guayaba, huevo, salchichón o pollo, con creciente dependencia de proteína animal importada, y el arroz casi único cereal.

El estallido fue la inflación del 20 por ciento en alimentos. El estrés mundial, amplificado en el país, develó el fracaso en la sostenibilidad de la fórmula neoliberal para géneros básicos y dinamitó el concepto de seguridad alimentaria fundado en provisión externa. El 28 de enero la tonelada de soya importada puesta en Bogotá costaba 2.312.472 pesos (Fenalce), mientras el precio al productor nacional fue 2.250.000 pesos (Agameta). En maíz amarillo, la tonelada extranjera se transó en 1.580.511 pesos (Fenalce) y el maicero colombiano recibió 1.300.000 pesos (Agameta). Esto incide en los cárnicos, res, cerdo y aves, y en el bolsillo del consumidor: una libra de Promasa para arepas pasó de 1.900 pesos a 3.800 pesos en un año. En contraste, el arroz criollo, que abarca 98 por ciento del mercado, fue el de menor alza.

Los fanáticos del TLC eluden que el dólar a 4.000 pesos y las elevadas cotizaciones internacionales eliminaron las eventuales ventajas de “comida barata importada” tanto como que “la liberalización comercial tuvo abrupto final en 2018” cuando Estados Unidos promulgó “oleadas de aumentos de aranceles” (Carter, NBER, mayo 2020). La volatilidad por inventarios oscilantes, costos de fertilizantes, clima cambiante, productividades inestables, restricciones a las exportaciones, elevación de aranceles o conflictos geopolíticos, como el de Ucrania, exportador de trigo, golpea con dureza a los importadores de alimentos.

Urge una política distinta a los TLC, guiada por la soberanía alimentaria como derecho de las naciones a “su propio sistema alimentario, sus políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo” (U. Javeriana, CDR, vol. 18, 2021). Sirve conocer que, de suprimirse solo la quinta parte de las compras externas de maíz tecnificado, trigo, cebada, soya y algodón, se recuperarían 1,7 millones de toneladas, 350.000 hectáreas y 50.000 empleos permanentes que, con sus multiplicadores, agregan valor a la contabilidad del proteccionismo (Saqueo, pág. 786).

La economía política esclarece más el debate. Earl Butz, exsecretario de Agricultura de Estados Unidos, dijo (1974): “He escuchado (…) que la gente puede depender de nosotros para obtener sus alimentos. Se supone que no es buena noticia. Pero para mí lo es, ya que antes de hacer cualquier cosa la gente tiene que comer y si se busca una forma de que la gente dependa y colabore con uno, la dependencia alimentaria es fantástica”. Arrodillados por comida, ¿más claro?

Carestías y hambruna

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La tormenta inflacionaria local fue más perfecta por la fracasada estrategia de libre comercio y capital extranjero.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La carestía fue el hecho económico en 2021 a escala global. Estados Unidos tuvo la más alta desde 1982, 7 por ciento, y las preocupaciones de los economistas giran en torno a esta distorsión. “En términos concretos, la aceleración de la inflación actual obedece a que el abastecimiento de bienes y servicios es menor que la demanda (…) el exceso de demanda desbordó los precios” (E. Sarmiento, El Espectador).

El índice de los alimentos de la FAO subió de 108,6 en 2020 a 133,7 en 2021. Con alzas en los cereales de 116 a 140; en aceites vegetales de 131 a 178; en lácteos de 109 a 128 y carnes de 94 a 111 (FAO, 100=2014-2016). Debe agregarse la falta de capacidad portuaria para atender la demanda creciente de una sociedad con gastos represados, impulsada por los apoyos fiscales a empresas y personas, y ahorros descongelados, que incrementaron el transporte marítimo de contenedores, cuyo costo promedio pasó de 1.290 dólares por unidad en noviembre de 2019 a 9.293 en diciembre de 2021 (Statista). Hay además escasez de chips electrónicos y hasta de conductores de camiones en las mayores economías. Prima la demanda sobre la oferta como fenómeno complejo, en el que unos factores se refuerzan con otros, más que el “demasiado dinero en busca de muy pocos bienes”, y las primeras víctimas “son 690 millones de personas que padecen hambre crónica en el mundo y 840 millones que la padecerán en 2030” (U. de Antioquia, 2022).

Se cree que en 2022 seguirá. En el escenario de riesgos, el Banco Mundial añade los efectos paralizantes de la variable ómicron, aparejada con bajos niveles de vacunación en muchos países. El Banco estima que los cuellos de botella en las cadenas de suministro no se resuelvan en el corto plazo con consecuentes alzas en los precios de los productos básicos, incluidos alimentos y energía, y alerta sobre elevados saldos de deuda pública en muchos países y sobre graves tensiones sociales y eventos climáticos extremos. Para América Latina, prevé que el crecimiento en 2021 del 6,7 por ciento caerá a 2,6 en 2022 y 2,7 en 2023 (WB, Global Economic Prospects). La alta inflación vendrá con bajo crecimiento, hacia la estanflación.

Colombia marcó en 2021 un Índice de Precios al Consumidor, IPC, del 5,62 por ciento y para los más vulnerables fue 6,85. Los alimentos alzaron 17,23; la comida fuera de casa 8,83, y el transporte 5,69 por la elevación de los combustibles en 11,32. Los alimentos responden por la mitad del índice, que sin ellos se hubiera incrementado 3,44 (Dane). Las listas de mercado lo confirman: entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, el huevo pasó de 317 pesos a 409; el kilo de pernil de pollo, de 6.637 a 12.800; el de papa, de 715 a 2.013; el de zanahoria, de 1.322 a 1.645; pastas y aceites se dispararon y el de manzana importada de 6.152 a 7.099 (Dane).

La tormenta inflacionaria local fue más perfecta por la fracasada estrategia de libre comercio y capital extranjero. Como abonos y plaguicidas son importados, los precios internacionales al alza, del nitrógeno, del potasio y del fósforo recargaron el Índice de Precios al Productor Agrario, que subió de 142,07 a 193,12, más de 50 puntos, el doble que entre 2015 y 2020. Colombia pagó por tonelada de insumos agrícolas 638 dólares en 2021, mientras que en 2019 fueron 500 (Cálculos, base Dane). Finalmente, la tasa de cambio completó el cuadro al treparse a 3.750 pesos en promedio en 2021, y a alimentos, insumos y transporte caros se sumó la devaluación.

Así, la dependencia de las importaciones de bienes del ámbito agropecuario, que bordean 14 millones de toneladas anuales, junto con dos millones de las de bienes intermedios para el agro, se conjuga con la debilidad del peso colombiano. “Sobresale el déficit de la balanza comercial” y “el fortalecimiento del dólar frente a las economías emergentes, siendo la colombiana de las más endeudadas y percibida como de mayor riesgo” (S. Kalmanovitz, El Espectador), cuando los “ciclos globales de liquidez” están ligados a “decisiones de política monetaria en Estados Unidos y otras economías avanzadas” (D. Guevara, El Espectador) que, por los anuncios, vendrán en sentido adverso.

El dramático balance empeora ante la falta de instrumentos para enderezar. Las restricciones de los TLC, la política cambiaria flexible, que relaciona con alto coeficiente la devaluación con el índice de precios, y la política monetaria, fallida en “mantener el poder adquisitivo”, impelen a modificar a fondo el neoliberalismo que las incubó en 1991. Sin reformas que admitan una coordinación monetaria entre las varias autoridades, la revisión de los tratados y el apoyo a la producción nacional, predominarán la carestía y la inseguridad alimentaria que azota al 54 por ciento de los hogares colombianos (SEMANA-Andi, 2021).

“Cuando pa Chile me voy…”

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En lo que sí se parecen Chile y Colombia es en estar aherrojados por los TLC. La nación austral tiene 26 firmados y nosotros 16, y ella fue la primera en Suramérica en suscribir uno con Estados Unidos, en 2004.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Es “chibchombiano”, para acudir a una voz genuina, equiparar a Colombia con Chile. Que Boric se parece a Petro o “más a Robledo” (H. Riveros, Blu Radio) o que Kast es Óscar Iván Zuluaga. No es nuevo. Durante tres décadas, los neoliberales pusieron como ejemplo el modelo chileno, omitiendo los procesos sociales y políticos –en particular los más recientes estallidos signados por la desigualdad, mayor la colombiana que la chilena–, que tienen raíces y desarrollos propios, incluidas las violencias padecidas. Y aunque la aplicación del neoliberalismo en Chile se hizo al tenor de la dictadura genocida de Pinochet, en ciertos aspectos ha sido aún más profunda en Colombia.

Allá, por ejemplo, no privatizaron la empresa minera ciento por ciento estatal Codelco, “el sueldo de Chile”, como la llaman, que representa el 20 por ciento o más de toda su economía y posee el mayor nivel de reservas y recursos de cobre conocidos en el planeta. Entre tanto, aquí se privatizaron las de carbón y níquel, incluido el ferroníquel, su derivación industrial, reducidas a un simple recurso fiscal vía regalías. Los fondos de pensiones chilenos, entre los que está el grupo Sura, están desligados de los bancos que operan en su territorio, mientras que en Colombia son una de sus ramificaciones financieras, algo que hasta la Ocde objetó. El salario mínimo en Chile alcanza para 6,7 canastas básicas alimentarias y en Colombia solo para dos, sin vivienda ni servicios (Bloomberg, 2022). El índice de desarrollo humano ubica a ese país en el puesto 43 y a nosotros en el 83 (PNUD, 2020) con un desempleo siempre superior. El neoliberalismo colombiano ha hecho más daño que el chileno y tiene que ver con que entre 1990 y 2019 hayan emigrado hacia allá 150.000 nacionales (Depto. de Extranjería de Chile, 2019) y no al revés.

Colombia es país tropical con ilimitadas posibilidades para la producción agropecuaria, mientras que Chile como austral está restringido a cultivos temporales. Además de la zona Antártica de 1.250.000 kilómetros, posee una franja costera continental sobre el Pacífico de 756.000 kilómetros de superficie, casi 105.000 desérticos, que implica actividades divergentes posibles. De un total de 20 millones de habitantes, apenas el 40 por ciento de la población colombiana, la mayoría vive en la planicie de la zona central.

Estas características y las restricciones de su mercado interno, lo que no es el caso de Colombia, proyectan a Chile como economía exportadora, con ventas externas, fuera de cobre y molibdeno, de uvas, arándanos, ciruelas, manzanas, cerezas, nueces, vino y frambuesas, salmón y celulosa, a cambio de importar casi todos los bienes industriales y otros agrícolas. No obstante, mantiene un recurrente superávit comercial apuntalado en el impulso minero, aunque sus cuentas externas sean negativas por las excesivas rentas devengadas por el alud de inversión extranjera en el sector bancario y otras ramas con 446.000 millones de dólares, un exorbitante 160 por ciento del PIB, además de la deuda externa del sector privado, por 138.000 millones de dólares (Banco Central, 2019) superior a la del sector público, y una burguesía intermediaria vinculada a esos circuitos globales, como el Grupo Luksic, Piñera, Ponce, Salata, Angelini, Matte, Paulmann, Yarur, Saleh (Forbes) y firmas como Banchile, Banco Ripley, Falabella o Cencosud, varias en calidad de traslatinas.

En lo que sí se parecen Chile y Colombia es en estar aherrojados por los TLC. La nación austral tiene 26 firmados y nosotros 16, y ella fue la primera en Suramérica en suscribir uno con Estados Unidos, en 2004, durante el gobierno socialista de Ricardo Lagos, y luego con la Unión Europea, China, Japón, Malasia, Vietnam, India, Tailandia, Indonesia, y la Alianza del Pacífico con Perú y Colombia, entre otros. “Le pusimos reglas al ogro”, dijeron entonces en un foro realizado en Santiago al cual fui invitado. Décadas después se ve que el capital internacional, con sus aliados locales, fue quien las puso, tal como se les advirtió.

En la carta en que Piketty, Stiglitz, Ocampo, Ha-Joon Chang y Mariana Mazzucato brindan apoyo a Boric, se habla de “una agenda productiva dinámica y sostenible, capaz de lograr el crecimiento, la equidad y el desarrollo” que “el mercado, por sí solo, no puede resolver”, pero extrañamente omiten que para cumplirla así deban revisarse los TLC. El nuevo presidente anunció que en conversación con Biden hablaron de comercio justo, crisis climática y democracia, remitida a la Constituyente en marcha, pero por lo visto sería solo aproximación a un cambio cierto de rumbo.

Como en la canción Cuando pa Chile me voy, a Boric “en las dos puntas alguien me aguarda”. En una, el capital financiero y, en la otra, los 5 millones de votos que obtuvo. Veremos.

Economista Aurelio Suárez asegura que en los últimos 30 años el país ha sido saqueado, ¿por qué?

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El analista económico, en su libro Saqueo, hace una radiografía de la economía colombiana en los últimos 30 años. ¿Cuál es su visión?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

SEMANA: ¿Por qué el título del libro: Saqueo?

AURELIO SUÁREZ (A.S.): Colombia, cuando ingresa a la globalización, cuando el país decide una estrategia económica de libre comercio de capital extranjero, el país poco a poco se va volviendo un país afluente de ahorro, de trabajo, de mercado interno, a los grandes circuitos internacionales del dinero. Y en esa afluencia el país no es correspondido, es decir, el mercado interno que el país entrega no tiene una correspondencia con las porciones de mercado externo que tenemos.

Los retornos de nuestras inversiones en el exterior son inferiores a los retornos de las inversiones de los extranjeros aquí. Y eso va acompañado además de unos ajustes fiscales muy fuertes: 19 reformas tributarias en 30 años y una disminución de los salarios en el ingreso nacional bruto.PUBLICIDAD

Además de los recursos naturales no renovables. Todo eso me configura a mí una síntesis que dice esto ha sido un saqueo, porque nos han sacado y nosotros no hemos podido compensar lo que hemos entregado a los mercados financieros internacionales.

SEMANA: Dice que esto es un proceso de recolonización, gracias al neoliberalismo. ¿Cuál fue el impacto del modelo?

A.S.: Hoy el capital extranjero es el dueño de la mitad de la economía colombiana. En el libro hago un estudio de 103 subsectores económicos y de esos 103 subsectores el 50 por ciento es capital extranjero, directamente o a través de asociaciones mixtas. Hay una toma de la economía nacional y, paralelo con eso, en el país se consolidaron unos grupos financieros que están ligados estrechamente a los circuitos internacionales del capital. Eso me permite hablar de una recolonización del país, una política económica que tiene una economía política, esa economía política me identifica los ganadores de esa política económica y es realmente el capital extranjero.

SEMANA: ¿Qué tiene que ver el tema del neoliberalismo ahí?

A.S.: Porque todo se hace sobre la base de un criterio fundamental que es la maximización de la tasa de ganancia. No hay otro elemento, es decir, ese es un elemento que va a regir la política monetaria, la política cambiaria e, incluso, la política fiscal. Porque en buena parte la política fiscal tiene 2 componentes, para mí, estructurales. Por un lado, el predominio de los impuestos indirectos, pero, por otro lado, los beneficios tributarios.

Cuando dice que yo entrego beneficios tributarios para maximizar la ganancia del inversionista, eso es en el fondo el neoliberalismo, el neoliberalismo es la maximización de ganancia y, sobre todo, de ganancia del capital financiero.

SEMANA: El libro recoge los últimos 30 años de la economía colombiana que coinciden, en el inicio, con la apertura económica. ¿Qué pasó en ese momento?

A.S.: Recojo la frase de Abdón Espinosa: fue una apertura hacia adentro. Cuando se mira el coeficiente de penetración de importaciones tanto en el agro como en la industria era del 17 por ciento. Es decir, Colombia, para satisfacer sus demandas de bienes agrícolas o industriales, consumía el 17 por ciento en productos extranjeros.

A los diez años de la apertura, en el caso de la agricultura era casi que el 60 por ciento de los cereales y las oleaginosas y en el de la industria el 33 por ciento. Colombia entrega el mercado interno. Pero muchos debates sobre apertura se dan solo en términos comerciales y resulta que eso tiene un impacto en las variables macroeconómicas: el país reduce el ahorro, tanto público como privado, a la mitad y la mitad de inversión.

Cuando estalla la crisis del fin de siglo en el 99, lo hace no solo por la quiebra de la agricultura y la industria, por el lío del UPAC, por el sistema bancario, sino que en el fondo la raíz del problema es que el país perdió la mitad de su ahorro y la mitad de su inversión en ese proceso de la apertura.

SEMANA: Advierte en el libro que perdimos con la globalización. ¿Cómo funcionar en un mundo tan interconectado?

A.S.: Sí podemos ingresar a ese escenario, pero no de una manera tan asimétrica. Usted puede integrarse con el resto del mundo, aquí nadie está hablando de la autarquía. Pero tenemos que integrarnos de una manera simétrica. Por ejemplo con los tratados de libre comercio, se hicieron de forma totalmente asimétrica. Colombia no puede prosperar en la agricultura y en la industria con unas cláusulas que son totalmente subyugantes al desarrollo industrial y agrícola del país.

SEMANA: ¿Qué hacer con los tratados de libre comercio?

A.S.: En todos los tratados de libre comercio perdemos, excepto con Centroamérica y la Comunidad Andina. Hay que reconocer que Colombia es un país ganador con la Comunidad Andina y Centroamérica. Entonces en primer lugar tenemos que integrarnos mucho más a esos mercados.

Creo que hay que renegociar algunos tratados. Colombia tiene cláusulas que no le permiten al país avanzar, hay que renegociar. El dumping no es solamente con productos agrícolas, también industriales. Cuento en el libro cómo Estados Unidos al año le da 86.000 millones de dólares de subsidios a las industrias. Colombia no puede competir en igualdad de condiciones. El capítulo 23 del TLC con los Estados Unidos considera que es posible enmendar, modificar o terminar.

Hay una gama de posibilidades, ¿hay voluntad política para eso? No, pero yo creo que el país tiene que renegociar.

SEMANA: Menciona a los grandes conglomerados como “una expresión autóctona de oligarquía mundial…”

A.S.: Lo que se reproduce como estructura productiva y empresarial en el país, como estructura económica en el país es una irradiación de lo que sucede en el mundo. Es la reproducción, perdóneme la palabra puede sonar un poco despectiva, criolla de la estructura global. Cuando hablo de las locomotoras, logro identificar que en la minero-energética, la economía naranja, las vías 4G va a encontrar los fondos financieros de capital internacional incrustados en el negocio a través de distintas modalidades. Son los dueños del mundo y cómo no van a ser los dueños de Colombia.

SEMANA: ¿Cuál es su posición con respecto a la inflación? ¿Por qué es necesario ajustar la política monetaria?

A.S.: El artículo 373 de la Constitución dice que la política monetaria debe tener como objeto la conservación del poder adquisitivo de la moneda. La pandemia develó la esencia de la política monetaria. Le atribuyo a la política monetaria restricciones en demanda, en los mercados laborales, y se encuentra que esa política monetaria de conservación del poder adquisitivo de la moneda fracasó en la pandemia.

Uno de cada tres hogares no tiene tres comidas al día, dos de cada tres hogares comen tres comidas al día y uno de tres solo come dos o menos de dos, solo el 5 por ciento de los hogares pueden ahorrar, el 65 por ciento de los hogares dicen que lo que les entra o no les alcanza para vivir o apenas les alcanza para vivir.

¿Cuál ha sido el papel de la conservación del poder adquisitivo de la moneda? Mientras eso pasa, ¿qué sucede con una política de baja inflación? El crédito tiene un interés real mucho mejor. Muestro en el libro que Colombia tiene altos márgenes de intermediación a escala mundial, pero en sus socios de TLC tiene la tasa de interés más alta, con una baja inflación que es lo que tenemos, una tasa de interés efectiva mucho más concreta, real, pero el más favorecido es el inversionista extranjero.

Por eso la Ocde resalta tanto en la estabilidad económica como atractivo para la inversión, la baja inflación. El país debe tener una política monetaria mucho más laxa.

SEMANA: ¿Cómo debería ser esa política monetaria, cuáles son los perjuicios que ha traído “la concepción ortodoxa”?

A.S.: Creo que ha tenido un perjuicio fundamental, y es la primacía del capital financiero sobre los demás sectores de la economía. Si nosotros tomamos el crecimiento económico de 2006 a 2019, el 2020 es atípico, encontramos que la economía creció al 4 por ciento, el sector financiero creció al 7,7 por ciento. Hay un predominio del capital financiero, es un país al servicio del capital financiero y no un capital financiero apalancando el despeje de la economía. Sí creo que hay que regular esa tasa de interés.

SEMANA: ¿Deberíamos salir a emitir?

A.S.: Claro que el Banco de la República debe emitir. Hay momentos en que necesitamos que el gasto público y la política monetaria que el Gobierno coordine con el banco, tienen que ser un factor dinamizador de la economía. No puede haber un dogma de que eso es pecado o un sacrilegio. Creo que en Colombia hay que emitir, pero hay que emitir con criterios.

SEMANA: ¿Eso qué significa?

A.S.: Dónde se pone la plata. Y yo la pondría en las nóminas de las pymes, por el enganche, por el despegue. Aquí hay unos que piensan en emitir como un helicóptero, y salir a repartirles a los pobres. Eso no es ni populismo, eso es charlatanería. Hay que emitir con unas normas, con un cuidado. Si yo emitiera, haría una salvaguardia en importaciones para que la plata que ponga en la economía, no se vaya a importaciones. Hoy en Colombia, la variable que más está creciendo de oferta y demanda son las importaciones, al 45 por ciento. Entonces ve una economía creciendo al 7, pero unas importaciones creciendo al 45.

Tres puntillazos a la producción nacional

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Las amenazas al agro, al sistema cooperativo cafetero y al acero nacional no son extrañas al modelo económico prevaleciente y profundizado por Duque.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Duque se empeña en implantar políticas destructivas de ramas claves de la producción como la siderurgia, los fertilizantes y la comercialización del café, provocando la ruina de agricultores, de fábricas de acero y, en plena bonanza, de la red de cooperativas cafeteras.

Miles de caficultores, arroceros y maiceros viven una tragedia por la enorme alza de los precios de los fertilizantes en el último año. En la urea, por ejemplo, de 70.000 pesos a 150.000 por bulto de 50 kilos; en el Triple 15 y el DAP, incrementos de 90.000 pesos a 145.000 y de 100.000 pesos a 195.000. Los fertilizantes pasaron de ser 25 por ciento al 45 por ciento de los costos de producción del arroz, y los importes de producir una carga de café se treparon de 800.000 pesos a 1.100.000.

Es el resultado mixto de la devaluación del peso y de una subida mundial en el valor de los fertilizantes y sus materias primas, así como de los fletes, ya que ambos son importados. “La mayoría de los precios de los fertilizantes se dispararon en 2021, en particular los fosfatos y la urea, impulsados por la fuerte demanda” (Banco Mundial). A su vez, el valor medio global de transportar un contenedor pasó de 2.250 dólares a 10.517 (https://fbx.freightos.com/).

En tan trágico escenario, el Gobierno de Duque, mediante la Supersociedades, intervino, por razón opaca e información incierta, a Monómeros Colombo-Venezolanos. Al mirarse el mercado nacional de abonos, que, según el Banco Mundial y la FAO, es de los de mayor consumo en el mundo, se orienta hacia una alta concentración de la oferta a favor de la multinacional Yara, que prepondera desde 2014 con la compra de Abocol.

Como si fuera poco, Ferticol, factoría pública nacional de fertilizantes, sobresaliente por su producto Nitron 26 y proveída por la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, acaba de clausurarse por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, deshonrando su palabra de campaña.

Se avanza hacia un eventual monopolio para surtir los dos millones de toneladas utilizadas, de las cuales 400.000 se elaboran localmente y las otras son importadas por más de 700 millones de dólares, suma que, por lo visto, se duplicaría, ya que es el cuarto arancel que más carga moviliza. Duque, en vez de aliviar, refuerza las cargas sobre el agro.

En la siderurgia, el empujón al abismo es más recio. Por la coyuntura mundial, los precios del acero se han elevado, a pesar de lo cual la producción nacional aumentó 46 por ciento. Atendiendo demandas de las firmas constructoras, de gancho con las financieras, el Ministerio de Comercio, para abaratarlo, optó por rebajar los aranceles, del 10 al 5 por ciento, y propiciar el ingreso de más producto de China y Turquía, que ya captura una porción del mercado y reconocido por venir con dumping, debajo del costo de producción.

Las principales siderúrgicas en Colombia son de consorcios brasileños, y hay dos colombianas, en el Valle y en Boyacá. Suman 45.000 empleos entre todas y una capacidad de 2,6 millones de toneladas que apenas se utiliza al 60 por ciento, por la importación de productos extranjeros en condiciones espurias. Con la nueva disposición, las siderúrgicas marchan a la parálisis.

Las cooperativas cafeteras viven un apuro crucial. Destacado hasta por Duque como “éxito” el sistema de compras a futuro, en Andes, Antioquia (video minuto 1-40 a 2-30, https://www.youtube.com/watch?v=i3ygd8FR1p4), enfrentan un revés insólito por los altos precios internacionales. Al haber transado de antemano con miles de caficultores a valores cercanos a un millón de pesos por carga y con compromisos de entrega en el exterior, enfrentan un cuello de botella, pues los productores, al ver alzarse las cotizaciones a más de 1.800.000 pesos, decidieron incumplir y rehúsan mover su café hacia las cooperativas.

La falta, que podría llegar a 500.000 sacos de 60 kilos, con un sobrecosto de 200 millones de dólares, hundiría el sistema cooperativo, que ya perdió en 2020 casi 25.000 millones de pesos. Caerían entidades como las de Andes, Risaralda, algunas de Tolima y Valle en estados financieros negativos y otras con márgenes muy estrechos. ¿Se saldará a cargo del Fondo del Café? ¿Del ahorro patrimonial de los afilados? ¿De Expocafé?

Las amenazas al agro, al sistema cooperativo cafetero y al acero nacional no son extrañas al modelo económico prevaleciente y profundizado por Duque. La algarabía, por un crecimiento económico del 8,8 por ciento en el primer semestre de 2021, oculta que la variable más influyente son las importaciones, incluido el café en grano, que escalaron en el año corrido el 45 por ciento, por encima de cualquier otra.

Los puntillazos reseñados se suman a muchos del martillo del libre comercio contra la producción nacional. Otros tres más.

La pesadilla Carrasquilla

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

En tres décadas, las compras totales al exterior crecieron 11,6 veces, mientras que las ventas solo 6,5, lo que incide en que el comercio exterior sea apenas 30 por ciento del PIB.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Alberto Carrasquilla es quien más tiempo ha sido ministro de Hacienda: 77 meses y dos semanas. Supera a los exministros, hoy temerarios candidatos presidenciales, Mauricio Cárdenas (71 meses y dos semanas), Juan Carlos Echeverry (24 meses y dos semanas) y Óscar Iván Zuluaga (39 meses). Contrario a Iván Duque, a quien le parece una credencial, involucra a Carrasquilla como primer responsable –sin eximir a otros– por la decadencia de la economía nacional, no solo por lo acaecido en el último trienio, sino por la aplicación del neoliberalismo que sumió a Colombia en estancamiento y vulnerabilidad.

Es el estratega de la Confianza Inversionista al sector financiero, al minero, a trasnacionales y holdings, que gozan de un gasto fiscal a su favor por 10 billones de pesos anuales, venido de beneficios tributarios con descuentos, deducciones, rentas exentas, zonas francas y contratos de estabilidad jurídica. Como fuente para financiarla, Carrasquilla desató el endeudamiento, soportado en bajos salarios e impuestos indirectos, con el IVA a la cabeza, que subió del 10 al 16 por ciento (2006) y descargó el costo sobre los pobres, los trabajadores y clases medias empresariales que ha maltratado.

Después de ser gerente técnico del Banco de la República, de oficiar en el BID y como consultor, plasmó su doctrina como viceministro y ministro de Uribe en cuatro reformas tributarias y en dos más con Duque. Es artífice del inicuo Estatuto Tributario, adobado con más regalos fiscales en 2018 y 2019, presupuestados por 19,4 billones de pesos hacia 2023, para los mismos beneficiarios y algunos nuevos, lo que tiene del cuello a las finanzas públicas.

Carrasquilla era viceministro cuando el Acuerdo Stand-By con el FMI (2003-2006) y luego, al ejercer la cartera, obediente duplicó el recaudo de impuestos y rebajó el gasto público “socializando pérdidas y privatizando ganancias”. En simultánea, como militante del Consenso de Washington, fue de órganos del FMI, del Banco Mundial y la CAF, y ministro negociador del TLC con Estados Unidos, que cedió la soberanía macroeconómica, al vaivén de los flujos del capital, al aceptar la cláusula que impide el control conjunto de la tasa de cambio y la tasa de interés (Villamizar, 2011, El Nuevo Siglo).

Concibió la Ley 1111 (2006), que eliminó el impuesto del 7 por ciento a los giros de las rentas de subsidiarias a sus casas matrices en el exterior, que propició el auge de firmas ficticias en Panamá, entre ellas la suya, Konfigura Capital. Fue con la que, con dos de sus exfuncionarios, apuntaló las picardías de los Bonos Agua, basado en la Ley 1176 de 2007, que planeó desde su cargo, cuando además se feriaron Megabanco, Bancafé y Granahorrar a los grandes grupos.

A su salida, asimismo fue de la junta del Banco de Bogotá, la asesoró en asuntos externos, presidió Fabricato en llave con Alianza Fiduciaria y se asoció a Crowe Horwath, consultora financiera, historial que no aparece en la página del Banco de la República (https://www.banrep.gov.co/es/alberto-carrasquilla-barrera-nombrado-nuevo-codirector-del-banco-republica).

https://es.scribd.com/embeds/524529547/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-6KbPgPhVX5HMJG55JcTX

Peor fue la conducción de la Hacienda en la pandemia. Pese al raponazo de 15 billones de pesos a municipios y departamentos para el Fondo de Mitigación de Emergencias, Fome, al dejar el cargo la ejecución de los auxilios era solo 70 por ciento del Fondo, como porcentaje del PIB ocupó el puesto 37 entre 82 economías emergentes (FMI). Los vulnerables necesitan poco, diría, y su largueza fue con el capital financiero. Le inyectó liquidez por 31 billones de pesos que, en medio de la crisis, sirvieron para ganancias en 2020 por casi 5 billones de pesos al Grupo Aval y al mes de estallar la crisis, en abril de 2020, se habían cedido recursos a la banca para recuperar sus acciones en la bolsa en más del 25 por ciento y con ellas el índice bursátil Colcap, además de librarles licencia para jugosas operaciones en divisas.

A Duque, ni esto ni el pecado de la fallida reforma tributaria, que extraía de las capas pobres y medias 30 billones de pesos, detonante del paro nacional, le estorbaron para nombrarlo codirector del Banco de la República, tras fallidos intentos de volverlo su gerente o presidente de la CAF.

Tampoco pesó que Colombia tenga el mayor desempleo de Suramérica, de 15,1 por ciento (1T, 2021, Cepal); dos de cada cinco personas en pobreza; déficit fiscal de 9 por ciento del PIB; déficit externo entre 3,5 y 4 por ciento del PIB; deuda pública del 70 por ciento del PIB; ser de los cinco países más desiguales del mundo y de las 15 economías con peor posición de inversión (BanRep). ¿A quién servirá Carrasquilla en el Banco de la República? ¿Cuánto más daño hará el gurú de la ortodoxia monetaria, como lo alabó Alejandro Gaviria? ¿Cuándo cesará la pesadilla?

Protectofobia

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

En tres décadas, las compras totales al exterior crecieron 11,6 veces, mientras que las ventas solo 6,5, lo que incide en que el comercio exterior sea apenas 30 por ciento del PIB.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En sendas columnas (El Tiempo, La República), Rosario Córdoba y Claudia Lacouture, dirigentes de gremios y think tanks de firmas transnacionales, reiteran “la internacionalización” como eje del proyecto económico, acogen conclusiones de la Misión encargada de ahondarla y ponen los TLC como dogma.

Es “herramienta para elevar el ingreso por habitante”, “el cambio climático es oportunidad”, “energías limpias”, “digitalización del trabajo”, ciencia y tecnología, por lo que sirve estimular la “diáspora de colombianos en el exterior” y la inversión extranjera “que transfiera conocimiento”, razones repetidas hasta el cansancio, incluida la Ocde, adobadas con el chance que, dicen, se dará por la contradicción Estados Unidos-China.

Más revelador es lo que callan que este canto de sirena oído mil veces. En 2012, el ingreso por habitante de Colombia, en precios corrientes, fue de 8.238 dólares y en 2019 (fue peor en el atípico 2020), de 6.508 (BanRep). Así, al iniciarse los TLC, era el 18,5 por ciento del de Estados Unidos y a los siete años solo 11,6 (Fred). No llegó a 25 por ciento, antes bien se distanció.

En cuanto a exportaciones a Estados Unidos, al comparar las de petróleo en 2012, cuando el promedio Brent era 111 dólares el barril, con 2020, cuando estuvo a 42, es obvia su pérdida de participación. Sin embargo, parámetro más ilustrativo son las exportaciones de manufacturas a ese país, que entre 2012 y 2020, descontando piedras preciosas, crecieron de 854 millones de dólares a 1.013, apenas 18 por ciento, al 2 anual (Dane), lo mismo pasa con el número de productos, varios en forma de muestras no sostenibles en ventas o en pequeñas cantidades, así como el de exportadores, aumentado a un compás menor

¿A cambio de qué? Cuando arrancó la apertura, en 1990, el coeficiente de penetración de importaciones industriales, la porción del mercado interno atendido por manufacturas externas era del 20,13 por ciento. Luego de seis años de TLC, en 2018, ya iba en 44 por ciento (DNP). Y el denominado coeficiente de apertura de exportaciones manufactureras, lo destinado de la producción nacional al mercado externo, era en 1990 del 33,17 por ciento, mientras que en 2018, sin contar cuestionados registros de chatarra y oro, cayeron al 19 por ciento (DNP).

Se cedió el doble del mercado fabril interno y se disipó la mitad del externo y en agricultura, la dependencia en cereales y oleaginosas llega ya al 65 por ciento del consumo nacional, dentro de los más de 14 millones de toneladas de géneros importados, donde además crecen lácteos, papa y cárnicos. En tres décadas, las compras totales al exterior crecieron 11,6 veces, mientras que las ventas solo 6,5, lo que incide en que el comercio exterior sea apenas 30 por ciento del PIB.

La galanteada inversión extranjera predomina en áreas del consumo interior –varias antes en manos nacionales– como comercio minorista en grandes superficies, telecomunicaciones, generación y distribución de energía y servicios públicos, venta de combustibles al detal, productos cosméticos y aseo, comercio farmacéutico a toda escala, cervezas, tabaco y parte del cemento y concesiones viales, renglones de importación al mayoreo, como automotores y autopartes, fertilizantes, prendas de vestir y tecnología, y avanza en financiero, avicultura y salud, en EPS e IPS, como en servicios de suministro de personal, call center y transporte aéreo.

Recolonización, fruto de la seducción con beneficios de toda índole, que suma pasivos internacionales por 378.000 millones de dólares (BanRep, 2020), al agregarse a la inversión directa, incluidos petróleo y minería, créditos, acciones y portafolios bursátiles.

La orgía de importaciones, que causó déficit comercial entre 2012 y 2020 de 50.000 millones de dólares, y la rentabilidad de los capitales extranjeros invertidos, que se estima en el 6 por ciento anual (Cepal), ocasionan un balance negativo recurrente en las cuentas externas que obliga a endeudarnos para financiarlo. De ahí que la deuda del Gobierno central pasó, en lo corrido del siglo, de 70 billones de pesos a 690, se multiplicó por diez. El que a todo habitante le correspondiera de ella 1,5 millones de pesos y ahora más de 13, que el endeudamiento creciera por encima del ingreso por habitante, impelió a 19 reformas tributarias. Todavía son más dañinos los efectos macroeconómicos que los sectoriales.

Pese al desplome del ingreso por habitante; a pérdidas cuantiosas del mercado interno; al retroceso en las ventas al exterior; a la entrega de subsectores claves de demanda interna; a la sangría de ahorro y trabajo por la vía de la deuda impagable; a la asimétrica extranjerización de la economía, los portadores del virus de la Protectofobia descalifican a quienes se resisten a acabar de despeñar a Colombia al fondo del abismo. ¿Qué vacuna precisarán para curarse?

Los regalos de la reforma Duque-Restrepo

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Drácula motiva la opacidad fiscal; instala una “ventanilla siniestra” para todo tipo de flujos; se rinde ante capitales buitres y el FMI; mima al oligopolio del transporte y sus socios y, más importante aún, devela en quiénes el Gobierno de Duque ha depositado la suerte de la nación.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Drácula sangraba a sus víctimas. La reforma Duque-Restrepo también y, para atraer dólares sea como sea, encima regalos a otros vampiros: prestamistas y calificadoras de riesgo, al Fondo Monetario Internacional (FMI), a evasores como Panama Papers, y redime a concesionarios y financiadores de los sistemas de transporte.

El regalo a fondos internacionales de capital. El artículo 8 fija en 0 por ciento la tarifa de retención en la fuente para “valores de renta fija pública o privada o derivados financieros con subyacentes en valores de renta fija”. Es decir, los inversores en esos papeles, como los Títulos del Tesoro (TES), verían incrementadas sus utilidades, en particular los extranjeros. No es la primera vez: Duque lo hizo en 2019, en la Ley 2010, al bajar esa retención de 14 por ciento a 5, pero la lleva a 0 precisamente cuando, a diciembre de 2020, las inversiones foráneas en TES alcanzaban “máximos históricos” por 86,53 billones de pesos (SEMANA) y el ministro Restrepo decía en junio que “la inversión extranjera en títulos de deuda pública TES alcanzó récord de 10,8 billones de pesos” (Twitter).Convierte a Colombia en edén fiscal para seducir especuladores.

A calificadoras de riesgo, buitres y FMI. Fuera de lo anterior, para saciarlos, brindarles garantías y acatar compromisos con el FMI, Drácula cambiará la fórmula para la regla fiscal, el mecanismo ideado para el control presupuestal que permitía un pequeño porcentaje del PIB como diferencia máxima entre el gasto total y el ingreso total del Gobierno.

En el artículo 30, para asegurarles a prestadores, a Standard & Poor’s y similares y al FMI que se respetará a toda costa el servicio de la deuda, el cálculo del porcentaje de dicha regla se hará antes de deducir el pago de los créditos, sobre lo que se llama balance primario. En palabras sencillas: si desde 2015 el apretón se daba abarcando todas las partidas, en adelante no incluirá la cuota del endeudamiento, será intocable, y acortará más el gasto para bienestar social.

A Panama Papers. Se refiere a la “normalización” de capitales fugados al exterior, para especular o en finca raíz, o a activos no declarados o deudas inexistentes presentadas. La Ley 1739 de 2014 la cubrió hasta 2018 y se prorrogó en 2019 y 2020. Inició con tarifa de tributación del 10 por ciento, contra el valor de mercado de lo “normalizado”, subió luego a 13, después a 15 y Drácula la eleva a 17 hasta 2022. Con una ganga: aplicará sobre la mitad de los recursos omitidos, si duran al menos dos años en el país. ¡Plop! (artículo 1-6).

Desde 2015 hasta 2020, la “normalización” suma 25,3 billones de pesos (SEMANA) y ha recaudado apenas 1,77 billones (Dian). No solo no importa la fuente de los dineros, sino que se contradice a la Corte, que la declaró exequible solo si era “temporal”, y Duque la volvió constante. Dicen expertos: “Son amnistías disfrazadas… afectan la cultura tributaria… erosionan la recaudación” (Global Consulting).Premia la evasión de todo orden, abierta o encubierta.

A bancos y concesionarios de transporte. Remunerará los contratos clase TransMilenio, la criatura de Peñalosa tan favorable para los concesionarios, donde los gestores oficiales cubren la diferencia entre lo que se les reconoce por pasajero y el precio en taquilla. Con Uribe II se replicaron por Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Pereira.

El artículo 24 beneficia al oligopolio transportista y también a los bancos que apalancan la operación, porque la crisis puso a gatas a las ciudades para honrar los leoninos contratos, algunos con tasa de ganancia del 9 por ciento, como la otorgada por Peñalosa en 2018.

Es descomunal el monto que correrá por cuenta de todos los contribuyentes del país. En Bogotá, en 2020, se cubrieron 1,84 billones de pesos y en 2021 en junio iban 1,05 billones (M. Sarmiento). En Cartagena se avisa un faltante para cierre de año por 68.000 millones; en Bucaramanga en 2020 fue de 102.000; en Pereira acumula 45.500 y en Cali los ingresos diarios del MIO eran 12.457 millones antes de la pandemia y hace poco no llegaban a 3.000 (La República). La cuenta sumaría más de dos billones de pesos para que el PNB Paribas, JP Morgan o los titularizadores bursátiles de la operación respiren tranquilos.

Los concesionarios no harán sacrificios, pese a que unos como Consorcio Express (Bogotá) hayan tenido ingresos por 670.789 millones en 2020, más que el Metro de Medellín, y una exorbitante utilidad neta sobre el patrimonio de 36,6 por ciento (Dinero). Se honrará tal abuso.

Drácula motiva la opacidad fiscal; instala una “ventanilla siniestra” para todo tipo de flujos; se rinde ante capitales buitres y el FMI; mima al oligopolio del transporte y sus socios y, más importante aún, devela en quiénes el Gobierno de Duque ha depositado la suerte de la nación.