“Cuando pa Chile me voy…”

En lo que sí se parecen Chile y Colombia es en estar aherrojados por los TLC. La nación austral tiene 26 firmados y nosotros 16, y ella fue la primera en Suramérica en suscribir uno con Estados Unidos, en 2004.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Es “chibchombiano”, para acudir a una voz genuina, equiparar a Colombia con Chile. Que Boric se parece a Petro o “más a Robledo” (H. Riveros, Blu Radio) o que Kast es Óscar Iván Zuluaga. No es nuevo. Durante tres décadas, los neoliberales pusieron como ejemplo el modelo chileno, omitiendo los procesos sociales y políticos –en particular los más recientes estallidos signados por la desigualdad, mayor la colombiana que la chilena–, que tienen raíces y desarrollos propios, incluidas las violencias padecidas. Y aunque la aplicación del neoliberalismo en Chile se hizo al tenor de la dictadura genocida de Pinochet, en ciertos aspectos ha sido aún más profunda en Colombia.

Allá, por ejemplo, no privatizaron la empresa minera ciento por ciento estatal Codelco, “el sueldo de Chile”, como la llaman, que representa el 20 por ciento o más de toda su economía y posee el mayor nivel de reservas y recursos de cobre conocidos en el planeta. Entre tanto, aquí se privatizaron las de carbón y níquel, incluido el ferroníquel, su derivación industrial, reducidas a un simple recurso fiscal vía regalías. Los fondos de pensiones chilenos, entre los que está el grupo Sura, están desligados de los bancos que operan en su territorio, mientras que en Colombia son una de sus ramificaciones financieras, algo que hasta la Ocde objetó. El salario mínimo en Chile alcanza para 6,7 canastas básicas alimentarias y en Colombia solo para dos, sin vivienda ni servicios (Bloomberg, 2022). El índice de desarrollo humano ubica a ese país en el puesto 43 y a nosotros en el 83 (PNUD, 2020) con un desempleo siempre superior. El neoliberalismo colombiano ha hecho más daño que el chileno y tiene que ver con que entre 1990 y 2019 hayan emigrado hacia allá 150.000 nacionales (Depto. de Extranjería de Chile, 2019) y no al revés.

Colombia es país tropical con ilimitadas posibilidades para la producción agropecuaria, mientras que Chile como austral está restringido a cultivos temporales. Además de la zona Antártica de 1.250.000 kilómetros, posee una franja costera continental sobre el Pacífico de 756.000 kilómetros de superficie, casi 105.000 desérticos, que implica actividades divergentes posibles. De un total de 20 millones de habitantes, apenas el 40 por ciento de la población colombiana, la mayoría vive en la planicie de la zona central.

Estas características y las restricciones de su mercado interno, lo que no es el caso de Colombia, proyectan a Chile como economía exportadora, con ventas externas, fuera de cobre y molibdeno, de uvas, arándanos, ciruelas, manzanas, cerezas, nueces, vino y frambuesas, salmón y celulosa, a cambio de importar casi todos los bienes industriales y otros agrícolas. No obstante, mantiene un recurrente superávit comercial apuntalado en el impulso minero, aunque sus cuentas externas sean negativas por las excesivas rentas devengadas por el alud de inversión extranjera en el sector bancario y otras ramas con 446.000 millones de dólares, un exorbitante 160 por ciento del PIB, además de la deuda externa del sector privado, por 138.000 millones de dólares (Banco Central, 2019) superior a la del sector público, y una burguesía intermediaria vinculada a esos circuitos globales, como el Grupo Luksic, Piñera, Ponce, Salata, Angelini, Matte, Paulmann, Yarur, Saleh (Forbes) y firmas como Banchile, Banco Ripley, Falabella o Cencosud, varias en calidad de traslatinas.

En lo que sí se parecen Chile y Colombia es en estar aherrojados por los TLC. La nación austral tiene 26 firmados y nosotros 16, y ella fue la primera en Suramérica en suscribir uno con Estados Unidos, en 2004, durante el gobierno socialista de Ricardo Lagos, y luego con la Unión Europea, China, Japón, Malasia, Vietnam, India, Tailandia, Indonesia, y la Alianza del Pacífico con Perú y Colombia, entre otros. “Le pusimos reglas al ogro”, dijeron entonces en un foro realizado en Santiago al cual fui invitado. Décadas después se ve que el capital internacional, con sus aliados locales, fue quien las puso, tal como se les advirtió.

En la carta en que Piketty, Stiglitz, Ocampo, Ha-Joon Chang y Mariana Mazzucato brindan apoyo a Boric, se habla de “una agenda productiva dinámica y sostenible, capaz de lograr el crecimiento, la equidad y el desarrollo” que “el mercado, por sí solo, no puede resolver”, pero extrañamente omiten que para cumplirla así deban revisarse los TLC. El nuevo presidente anunció que en conversación con Biden hablaron de comercio justo, crisis climática y democracia, remitida a la Constituyente en marcha, pero por lo visto sería solo aproximación a un cambio cierto de rumbo.

Como en la canción Cuando pa Chile me voy, a Boric “en las dos puntas alguien me aguarda”. En una, el capital financiero y, en la otra, los 5 millones de votos que obtuvo. Veremos.

Economista Aurelio Suárez asegura que en los últimos 30 años el país ha sido saqueado, ¿por qué?

El analista económico, en su libro Saqueo, hace una radiografía de la economía colombiana en los últimos 30 años. ¿Cuál es su visión?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

SEMANA: ¿Por qué el título del libro: Saqueo?

AURELIO SUÁREZ (A.S.): Colombia, cuando ingresa a la globalización, cuando el país decide una estrategia económica de libre comercio de capital extranjero, el país poco a poco se va volviendo un país afluente de ahorro, de trabajo, de mercado interno, a los grandes circuitos internacionales del dinero. Y en esa afluencia el país no es correspondido, es decir, el mercado interno que el país entrega no tiene una correspondencia con las porciones de mercado externo que tenemos.

Los retornos de nuestras inversiones en el exterior son inferiores a los retornos de las inversiones de los extranjeros aquí. Y eso va acompañado además de unos ajustes fiscales muy fuertes: 19 reformas tributarias en 30 años y una disminución de los salarios en el ingreso nacional bruto.PUBLICIDAD

Además de los recursos naturales no renovables. Todo eso me configura a mí una síntesis que dice esto ha sido un saqueo, porque nos han sacado y nosotros no hemos podido compensar lo que hemos entregado a los mercados financieros internacionales.

SEMANA: Dice que esto es un proceso de recolonización, gracias al neoliberalismo. ¿Cuál fue el impacto del modelo?

A.S.: Hoy el capital extranjero es el dueño de la mitad de la economía colombiana. En el libro hago un estudio de 103 subsectores económicos y de esos 103 subsectores el 50 por ciento es capital extranjero, directamente o a través de asociaciones mixtas. Hay una toma de la economía nacional y, paralelo con eso, en el país se consolidaron unos grupos financieros que están ligados estrechamente a los circuitos internacionales del capital. Eso me permite hablar de una recolonización del país, una política económica que tiene una economía política, esa economía política me identifica los ganadores de esa política económica y es realmente el capital extranjero.

SEMANA: ¿Qué tiene que ver el tema del neoliberalismo ahí?

A.S.: Porque todo se hace sobre la base de un criterio fundamental que es la maximización de la tasa de ganancia. No hay otro elemento, es decir, ese es un elemento que va a regir la política monetaria, la política cambiaria e, incluso, la política fiscal. Porque en buena parte la política fiscal tiene 2 componentes, para mí, estructurales. Por un lado, el predominio de los impuestos indirectos, pero, por otro lado, los beneficios tributarios.

Cuando dice que yo entrego beneficios tributarios para maximizar la ganancia del inversionista, eso es en el fondo el neoliberalismo, el neoliberalismo es la maximización de ganancia y, sobre todo, de ganancia del capital financiero.

SEMANA: El libro recoge los últimos 30 años de la economía colombiana que coinciden, en el inicio, con la apertura económica. ¿Qué pasó en ese momento?

A.S.: Recojo la frase de Abdón Espinosa: fue una apertura hacia adentro. Cuando se mira el coeficiente de penetración de importaciones tanto en el agro como en la industria era del 17 por ciento. Es decir, Colombia, para satisfacer sus demandas de bienes agrícolas o industriales, consumía el 17 por ciento en productos extranjeros.

A los diez años de la apertura, en el caso de la agricultura era casi que el 60 por ciento de los cereales y las oleaginosas y en el de la industria el 33 por ciento. Colombia entrega el mercado interno. Pero muchos debates sobre apertura se dan solo en términos comerciales y resulta que eso tiene un impacto en las variables macroeconómicas: el país reduce el ahorro, tanto público como privado, a la mitad y la mitad de inversión.

Cuando estalla la crisis del fin de siglo en el 99, lo hace no solo por la quiebra de la agricultura y la industria, por el lío del UPAC, por el sistema bancario, sino que en el fondo la raíz del problema es que el país perdió la mitad de su ahorro y la mitad de su inversión en ese proceso de la apertura.

SEMANA: Advierte en el libro que perdimos con la globalización. ¿Cómo funcionar en un mundo tan interconectado?

A.S.: Sí podemos ingresar a ese escenario, pero no de una manera tan asimétrica. Usted puede integrarse con el resto del mundo, aquí nadie está hablando de la autarquía. Pero tenemos que integrarnos de una manera simétrica. Por ejemplo con los tratados de libre comercio, se hicieron de forma totalmente asimétrica. Colombia no puede prosperar en la agricultura y en la industria con unas cláusulas que son totalmente subyugantes al desarrollo industrial y agrícola del país.

SEMANA: ¿Qué hacer con los tratados de libre comercio?

A.S.: En todos los tratados de libre comercio perdemos, excepto con Centroamérica y la Comunidad Andina. Hay que reconocer que Colombia es un país ganador con la Comunidad Andina y Centroamérica. Entonces en primer lugar tenemos que integrarnos mucho más a esos mercados.

Creo que hay que renegociar algunos tratados. Colombia tiene cláusulas que no le permiten al país avanzar, hay que renegociar. El dumping no es solamente con productos agrícolas, también industriales. Cuento en el libro cómo Estados Unidos al año le da 86.000 millones de dólares de subsidios a las industrias. Colombia no puede competir en igualdad de condiciones. El capítulo 23 del TLC con los Estados Unidos considera que es posible enmendar, modificar o terminar.

Hay una gama de posibilidades, ¿hay voluntad política para eso? No, pero yo creo que el país tiene que renegociar.

SEMANA: Menciona a los grandes conglomerados como “una expresión autóctona de oligarquía mundial…”

A.S.: Lo que se reproduce como estructura productiva y empresarial en el país, como estructura económica en el país es una irradiación de lo que sucede en el mundo. Es la reproducción, perdóneme la palabra puede sonar un poco despectiva, criolla de la estructura global. Cuando hablo de las locomotoras, logro identificar que en la minero-energética, la economía naranja, las vías 4G va a encontrar los fondos financieros de capital internacional incrustados en el negocio a través de distintas modalidades. Son los dueños del mundo y cómo no van a ser los dueños de Colombia.

SEMANA: ¿Cuál es su posición con respecto a la inflación? ¿Por qué es necesario ajustar la política monetaria?

A.S.: El artículo 373 de la Constitución dice que la política monetaria debe tener como objeto la conservación del poder adquisitivo de la moneda. La pandemia develó la esencia de la política monetaria. Le atribuyo a la política monetaria restricciones en demanda, en los mercados laborales, y se encuentra que esa política monetaria de conservación del poder adquisitivo de la moneda fracasó en la pandemia.

Uno de cada tres hogares no tiene tres comidas al día, dos de cada tres hogares comen tres comidas al día y uno de tres solo come dos o menos de dos, solo el 5 por ciento de los hogares pueden ahorrar, el 65 por ciento de los hogares dicen que lo que les entra o no les alcanza para vivir o apenas les alcanza para vivir.

¿Cuál ha sido el papel de la conservación del poder adquisitivo de la moneda? Mientras eso pasa, ¿qué sucede con una política de baja inflación? El crédito tiene un interés real mucho mejor. Muestro en el libro que Colombia tiene altos márgenes de intermediación a escala mundial, pero en sus socios de TLC tiene la tasa de interés más alta, con una baja inflación que es lo que tenemos, una tasa de interés efectiva mucho más concreta, real, pero el más favorecido es el inversionista extranjero.

Por eso la Ocde resalta tanto en la estabilidad económica como atractivo para la inversión, la baja inflación. El país debe tener una política monetaria mucho más laxa.

SEMANA: ¿Cómo debería ser esa política monetaria, cuáles son los perjuicios que ha traído “la concepción ortodoxa”?

A.S.: Creo que ha tenido un perjuicio fundamental, y es la primacía del capital financiero sobre los demás sectores de la economía. Si nosotros tomamos el crecimiento económico de 2006 a 2019, el 2020 es atípico, encontramos que la economía creció al 4 por ciento, el sector financiero creció al 7,7 por ciento. Hay un predominio del capital financiero, es un país al servicio del capital financiero y no un capital financiero apalancando el despeje de la economía. Sí creo que hay que regular esa tasa de interés.

SEMANA: ¿Deberíamos salir a emitir?

A.S.: Claro que el Banco de la República debe emitir. Hay momentos en que necesitamos que el gasto público y la política monetaria que el Gobierno coordine con el banco, tienen que ser un factor dinamizador de la economía. No puede haber un dogma de que eso es pecado o un sacrilegio. Creo que en Colombia hay que emitir, pero hay que emitir con criterios.

SEMANA: ¿Eso qué significa?

A.S.: Dónde se pone la plata. Y yo la pondría en las nóminas de las pymes, por el enganche, por el despegue. Aquí hay unos que piensan en emitir como un helicóptero, y salir a repartirles a los pobres. Eso no es ni populismo, eso es charlatanería. Hay que emitir con unas normas, con un cuidado. Si yo emitiera, haría una salvaguardia en importaciones para que la plata que ponga en la economía, no se vaya a importaciones. Hoy en Colombia, la variable que más está creciendo de oferta y demanda son las importaciones, al 45 por ciento. Entonces ve una economía creciendo al 7, pero unas importaciones creciendo al 45.

Tres puntillazos a la producción nacional

Las amenazas al agro, al sistema cooperativo cafetero y al acero nacional no son extrañas al modelo económico prevaleciente y profundizado por Duque.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Duque se empeña en implantar políticas destructivas de ramas claves de la producción como la siderurgia, los fertilizantes y la comercialización del café, provocando la ruina de agricultores, de fábricas de acero y, en plena bonanza, de la red de cooperativas cafeteras.

Miles de caficultores, arroceros y maiceros viven una tragedia por la enorme alza de los precios de los fertilizantes en el último año. En la urea, por ejemplo, de 70.000 pesos a 150.000 por bulto de 50 kilos; en el Triple 15 y el DAP, incrementos de 90.000 pesos a 145.000 y de 100.000 pesos a 195.000. Los fertilizantes pasaron de ser 25 por ciento al 45 por ciento de los costos de producción del arroz, y los importes de producir una carga de café se treparon de 800.000 pesos a 1.100.000.

Es el resultado mixto de la devaluación del peso y de una subida mundial en el valor de los fertilizantes y sus materias primas, así como de los fletes, ya que ambos son importados. “La mayoría de los precios de los fertilizantes se dispararon en 2021, en particular los fosfatos y la urea, impulsados por la fuerte demanda” (Banco Mundial). A su vez, el valor medio global de transportar un contenedor pasó de 2.250 dólares a 10.517 (https://fbx.freightos.com/).

En tan trágico escenario, el Gobierno de Duque, mediante la Supersociedades, intervino, por razón opaca e información incierta, a Monómeros Colombo-Venezolanos. Al mirarse el mercado nacional de abonos, que, según el Banco Mundial y la FAO, es de los de mayor consumo en el mundo, se orienta hacia una alta concentración de la oferta a favor de la multinacional Yara, que prepondera desde 2014 con la compra de Abocol.

Como si fuera poco, Ferticol, factoría pública nacional de fertilizantes, sobresaliente por su producto Nitron 26 y proveída por la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, acaba de clausurarse por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, deshonrando su palabra de campaña.

Se avanza hacia un eventual monopolio para surtir los dos millones de toneladas utilizadas, de las cuales 400.000 se elaboran localmente y las otras son importadas por más de 700 millones de dólares, suma que, por lo visto, se duplicaría, ya que es el cuarto arancel que más carga moviliza. Duque, en vez de aliviar, refuerza las cargas sobre el agro.

En la siderurgia, el empujón al abismo es más recio. Por la coyuntura mundial, los precios del acero se han elevado, a pesar de lo cual la producción nacional aumentó 46 por ciento. Atendiendo demandas de las firmas constructoras, de gancho con las financieras, el Ministerio de Comercio, para abaratarlo, optó por rebajar los aranceles, del 10 al 5 por ciento, y propiciar el ingreso de más producto de China y Turquía, que ya captura una porción del mercado y reconocido por venir con dumping, debajo del costo de producción.

Las principales siderúrgicas en Colombia son de consorcios brasileños, y hay dos colombianas, en el Valle y en Boyacá. Suman 45.000 empleos entre todas y una capacidad de 2,6 millones de toneladas que apenas se utiliza al 60 por ciento, por la importación de productos extranjeros en condiciones espurias. Con la nueva disposición, las siderúrgicas marchan a la parálisis.

Las cooperativas cafeteras viven un apuro crucial. Destacado hasta por Duque como “éxito” el sistema de compras a futuro, en Andes, Antioquia (video minuto 1-40 a 2-30, https://www.youtube.com/watch?v=i3ygd8FR1p4), enfrentan un revés insólito por los altos precios internacionales. Al haber transado de antemano con miles de caficultores a valores cercanos a un millón de pesos por carga y con compromisos de entrega en el exterior, enfrentan un cuello de botella, pues los productores, al ver alzarse las cotizaciones a más de 1.800.000 pesos, decidieron incumplir y rehúsan mover su café hacia las cooperativas.

La falta, que podría llegar a 500.000 sacos de 60 kilos, con un sobrecosto de 200 millones de dólares, hundiría el sistema cooperativo, que ya perdió en 2020 casi 25.000 millones de pesos. Caerían entidades como las de Andes, Risaralda, algunas de Tolima y Valle en estados financieros negativos y otras con márgenes muy estrechos. ¿Se saldará a cargo del Fondo del Café? ¿Del ahorro patrimonial de los afilados? ¿De Expocafé?

Las amenazas al agro, al sistema cooperativo cafetero y al acero nacional no son extrañas al modelo económico prevaleciente y profundizado por Duque. La algarabía, por un crecimiento económico del 8,8 por ciento en el primer semestre de 2021, oculta que la variable más influyente son las importaciones, incluido el café en grano, que escalaron en el año corrido el 45 por ciento, por encima de cualquier otra.

Los puntillazos reseñados se suman a muchos del martillo del libre comercio contra la producción nacional. Otros tres más.

La pesadilla Carrasquilla

En tres décadas, las compras totales al exterior crecieron 11,6 veces, mientras que las ventas solo 6,5, lo que incide en que el comercio exterior sea apenas 30 por ciento del PIB.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Alberto Carrasquilla es quien más tiempo ha sido ministro de Hacienda: 77 meses y dos semanas. Supera a los exministros, hoy temerarios candidatos presidenciales, Mauricio Cárdenas (71 meses y dos semanas), Juan Carlos Echeverry (24 meses y dos semanas) y Óscar Iván Zuluaga (39 meses). Contrario a Iván Duque, a quien le parece una credencial, involucra a Carrasquilla como primer responsable –sin eximir a otros– por la decadencia de la economía nacional, no solo por lo acaecido en el último trienio, sino por la aplicación del neoliberalismo que sumió a Colombia en estancamiento y vulnerabilidad.

Es el estratega de la Confianza Inversionista al sector financiero, al minero, a trasnacionales y holdings, que gozan de un gasto fiscal a su favor por 10 billones de pesos anuales, venido de beneficios tributarios con descuentos, deducciones, rentas exentas, zonas francas y contratos de estabilidad jurídica. Como fuente para financiarla, Carrasquilla desató el endeudamiento, soportado en bajos salarios e impuestos indirectos, con el IVA a la cabeza, que subió del 10 al 16 por ciento (2006) y descargó el costo sobre los pobres, los trabajadores y clases medias empresariales que ha maltratado.

Después de ser gerente técnico del Banco de la República, de oficiar en el BID y como consultor, plasmó su doctrina como viceministro y ministro de Uribe en cuatro reformas tributarias y en dos más con Duque. Es artífice del inicuo Estatuto Tributario, adobado con más regalos fiscales en 2018 y 2019, presupuestados por 19,4 billones de pesos hacia 2023, para los mismos beneficiarios y algunos nuevos, lo que tiene del cuello a las finanzas públicas.

Carrasquilla era viceministro cuando el Acuerdo Stand-By con el FMI (2003-2006) y luego, al ejercer la cartera, obediente duplicó el recaudo de impuestos y rebajó el gasto público “socializando pérdidas y privatizando ganancias”. En simultánea, como militante del Consenso de Washington, fue de órganos del FMI, del Banco Mundial y la CAF, y ministro negociador del TLC con Estados Unidos, que cedió la soberanía macroeconómica, al vaivén de los flujos del capital, al aceptar la cláusula que impide el control conjunto de la tasa de cambio y la tasa de interés (Villamizar, 2011, El Nuevo Siglo).

Concibió la Ley 1111 (2006), que eliminó el impuesto del 7 por ciento a los giros de las rentas de subsidiarias a sus casas matrices en el exterior, que propició el auge de firmas ficticias en Panamá, entre ellas la suya, Konfigura Capital. Fue con la que, con dos de sus exfuncionarios, apuntaló las picardías de los Bonos Agua, basado en la Ley 1176 de 2007, que planeó desde su cargo, cuando además se feriaron Megabanco, Bancafé y Granahorrar a los grandes grupos.

A su salida, asimismo fue de la junta del Banco de Bogotá, la asesoró en asuntos externos, presidió Fabricato en llave con Alianza Fiduciaria y se asoció a Crowe Horwath, consultora financiera, historial que no aparece en la página del Banco de la República (https://www.banrep.gov.co/es/alberto-carrasquilla-barrera-nombrado-nuevo-codirector-del-banco-republica).

https://es.scribd.com/embeds/524529547/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-6KbPgPhVX5HMJG55JcTX

Peor fue la conducción de la Hacienda en la pandemia. Pese al raponazo de 15 billones de pesos a municipios y departamentos para el Fondo de Mitigación de Emergencias, Fome, al dejar el cargo la ejecución de los auxilios era solo 70 por ciento del Fondo, como porcentaje del PIB ocupó el puesto 37 entre 82 economías emergentes (FMI). Los vulnerables necesitan poco, diría, y su largueza fue con el capital financiero. Le inyectó liquidez por 31 billones de pesos que, en medio de la crisis, sirvieron para ganancias en 2020 por casi 5 billones de pesos al Grupo Aval y al mes de estallar la crisis, en abril de 2020, se habían cedido recursos a la banca para recuperar sus acciones en la bolsa en más del 25 por ciento y con ellas el índice bursátil Colcap, además de librarles licencia para jugosas operaciones en divisas.

A Duque, ni esto ni el pecado de la fallida reforma tributaria, que extraía de las capas pobres y medias 30 billones de pesos, detonante del paro nacional, le estorbaron para nombrarlo codirector del Banco de la República, tras fallidos intentos de volverlo su gerente o presidente de la CAF.

Tampoco pesó que Colombia tenga el mayor desempleo de Suramérica, de 15,1 por ciento (1T, 2021, Cepal); dos de cada cinco personas en pobreza; déficit fiscal de 9 por ciento del PIB; déficit externo entre 3,5 y 4 por ciento del PIB; deuda pública del 70 por ciento del PIB; ser de los cinco países más desiguales del mundo y de las 15 economías con peor posición de inversión (BanRep). ¿A quién servirá Carrasquilla en el Banco de la República? ¿Cuánto más daño hará el gurú de la ortodoxia monetaria, como lo alabó Alejandro Gaviria? ¿Cuándo cesará la pesadilla?

Protectofobia

En tres décadas, las compras totales al exterior crecieron 11,6 veces, mientras que las ventas solo 6,5, lo que incide en que el comercio exterior sea apenas 30 por ciento del PIB.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En sendas columnas (El Tiempo, La República), Rosario Córdoba y Claudia Lacouture, dirigentes de gremios y think tanks de firmas transnacionales, reiteran “la internacionalización” como eje del proyecto económico, acogen conclusiones de la Misión encargada de ahondarla y ponen los TLC como dogma.

Es “herramienta para elevar el ingreso por habitante”, “el cambio climático es oportunidad”, “energías limpias”, “digitalización del trabajo”, ciencia y tecnología, por lo que sirve estimular la “diáspora de colombianos en el exterior” y la inversión extranjera “que transfiera conocimiento”, razones repetidas hasta el cansancio, incluida la Ocde, adobadas con el chance que, dicen, se dará por la contradicción Estados Unidos-China.

Más revelador es lo que callan que este canto de sirena oído mil veces. En 2012, el ingreso por habitante de Colombia, en precios corrientes, fue de 8.238 dólares y en 2019 (fue peor en el atípico 2020), de 6.508 (BanRep). Así, al iniciarse los TLC, era el 18,5 por ciento del de Estados Unidos y a los siete años solo 11,6 (Fred). No llegó a 25 por ciento, antes bien se distanció.

En cuanto a exportaciones a Estados Unidos, al comparar las de petróleo en 2012, cuando el promedio Brent era 111 dólares el barril, con 2020, cuando estuvo a 42, es obvia su pérdida de participación. Sin embargo, parámetro más ilustrativo son las exportaciones de manufacturas a ese país, que entre 2012 y 2020, descontando piedras preciosas, crecieron de 854 millones de dólares a 1.013, apenas 18 por ciento, al 2 anual (Dane), lo mismo pasa con el número de productos, varios en forma de muestras no sostenibles en ventas o en pequeñas cantidades, así como el de exportadores, aumentado a un compás menor

¿A cambio de qué? Cuando arrancó la apertura, en 1990, el coeficiente de penetración de importaciones industriales, la porción del mercado interno atendido por manufacturas externas era del 20,13 por ciento. Luego de seis años de TLC, en 2018, ya iba en 44 por ciento (DNP). Y el denominado coeficiente de apertura de exportaciones manufactureras, lo destinado de la producción nacional al mercado externo, era en 1990 del 33,17 por ciento, mientras que en 2018, sin contar cuestionados registros de chatarra y oro, cayeron al 19 por ciento (DNP).

Se cedió el doble del mercado fabril interno y se disipó la mitad del externo y en agricultura, la dependencia en cereales y oleaginosas llega ya al 65 por ciento del consumo nacional, dentro de los más de 14 millones de toneladas de géneros importados, donde además crecen lácteos, papa y cárnicos. En tres décadas, las compras totales al exterior crecieron 11,6 veces, mientras que las ventas solo 6,5, lo que incide en que el comercio exterior sea apenas 30 por ciento del PIB.

La galanteada inversión extranjera predomina en áreas del consumo interior –varias antes en manos nacionales– como comercio minorista en grandes superficies, telecomunicaciones, generación y distribución de energía y servicios públicos, venta de combustibles al detal, productos cosméticos y aseo, comercio farmacéutico a toda escala, cervezas, tabaco y parte del cemento y concesiones viales, renglones de importación al mayoreo, como automotores y autopartes, fertilizantes, prendas de vestir y tecnología, y avanza en financiero, avicultura y salud, en EPS e IPS, como en servicios de suministro de personal, call center y transporte aéreo.

Recolonización, fruto de la seducción con beneficios de toda índole, que suma pasivos internacionales por 378.000 millones de dólares (BanRep, 2020), al agregarse a la inversión directa, incluidos petróleo y minería, créditos, acciones y portafolios bursátiles.

La orgía de importaciones, que causó déficit comercial entre 2012 y 2020 de 50.000 millones de dólares, y la rentabilidad de los capitales extranjeros invertidos, que se estima en el 6 por ciento anual (Cepal), ocasionan un balance negativo recurrente en las cuentas externas que obliga a endeudarnos para financiarlo. De ahí que la deuda del Gobierno central pasó, en lo corrido del siglo, de 70 billones de pesos a 690, se multiplicó por diez. El que a todo habitante le correspondiera de ella 1,5 millones de pesos y ahora más de 13, que el endeudamiento creciera por encima del ingreso por habitante, impelió a 19 reformas tributarias. Todavía son más dañinos los efectos macroeconómicos que los sectoriales.

Pese al desplome del ingreso por habitante; a pérdidas cuantiosas del mercado interno; al retroceso en las ventas al exterior; a la entrega de subsectores claves de demanda interna; a la sangría de ahorro y trabajo por la vía de la deuda impagable; a la asimétrica extranjerización de la economía, los portadores del virus de la Protectofobia descalifican a quienes se resisten a acabar de despeñar a Colombia al fondo del abismo. ¿Qué vacuna precisarán para curarse?

Los regalos de la reforma Duque-Restrepo

Drácula motiva la opacidad fiscal; instala una “ventanilla siniestra” para todo tipo de flujos; se rinde ante capitales buitres y el FMI; mima al oligopolio del transporte y sus socios y, más importante aún, devela en quiénes el Gobierno de Duque ha depositado la suerte de la nación.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Drácula sangraba a sus víctimas. La reforma Duque-Restrepo también y, para atraer dólares sea como sea, encima regalos a otros vampiros: prestamistas y calificadoras de riesgo, al Fondo Monetario Internacional (FMI), a evasores como Panama Papers, y redime a concesionarios y financiadores de los sistemas de transporte.

El regalo a fondos internacionales de capital. El artículo 8 fija en 0 por ciento la tarifa de retención en la fuente para “valores de renta fija pública o privada o derivados financieros con subyacentes en valores de renta fija”. Es decir, los inversores en esos papeles, como los Títulos del Tesoro (TES), verían incrementadas sus utilidades, en particular los extranjeros. No es la primera vez: Duque lo hizo en 2019, en la Ley 2010, al bajar esa retención de 14 por ciento a 5, pero la lleva a 0 precisamente cuando, a diciembre de 2020, las inversiones foráneas en TES alcanzaban “máximos históricos” por 86,53 billones de pesos (SEMANA) y el ministro Restrepo decía en junio que “la inversión extranjera en títulos de deuda pública TES alcanzó récord de 10,8 billones de pesos” (Twitter).Convierte a Colombia en edén fiscal para seducir especuladores.

A calificadoras de riesgo, buitres y FMI. Fuera de lo anterior, para saciarlos, brindarles garantías y acatar compromisos con el FMI, Drácula cambiará la fórmula para la regla fiscal, el mecanismo ideado para el control presupuestal que permitía un pequeño porcentaje del PIB como diferencia máxima entre el gasto total y el ingreso total del Gobierno.

En el artículo 30, para asegurarles a prestadores, a Standard & Poor’s y similares y al FMI que se respetará a toda costa el servicio de la deuda, el cálculo del porcentaje de dicha regla se hará antes de deducir el pago de los créditos, sobre lo que se llama balance primario. En palabras sencillas: si desde 2015 el apretón se daba abarcando todas las partidas, en adelante no incluirá la cuota del endeudamiento, será intocable, y acortará más el gasto para bienestar social.

A Panama Papers. Se refiere a la “normalización” de capitales fugados al exterior, para especular o en finca raíz, o a activos no declarados o deudas inexistentes presentadas. La Ley 1739 de 2014 la cubrió hasta 2018 y se prorrogó en 2019 y 2020. Inició con tarifa de tributación del 10 por ciento, contra el valor de mercado de lo “normalizado”, subió luego a 13, después a 15 y Drácula la eleva a 17 hasta 2022. Con una ganga: aplicará sobre la mitad de los recursos omitidos, si duran al menos dos años en el país. ¡Plop! (artículo 1-6).

Desde 2015 hasta 2020, la “normalización” suma 25,3 billones de pesos (SEMANA) y ha recaudado apenas 1,77 billones (Dian). No solo no importa la fuente de los dineros, sino que se contradice a la Corte, que la declaró exequible solo si era “temporal”, y Duque la volvió constante. Dicen expertos: “Son amnistías disfrazadas… afectan la cultura tributaria… erosionan la recaudación” (Global Consulting).Premia la evasión de todo orden, abierta o encubierta.

A bancos y concesionarios de transporte. Remunerará los contratos clase TransMilenio, la criatura de Peñalosa tan favorable para los concesionarios, donde los gestores oficiales cubren la diferencia entre lo que se les reconoce por pasajero y el precio en taquilla. Con Uribe II se replicaron por Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Pereira.

El artículo 24 beneficia al oligopolio transportista y también a los bancos que apalancan la operación, porque la crisis puso a gatas a las ciudades para honrar los leoninos contratos, algunos con tasa de ganancia del 9 por ciento, como la otorgada por Peñalosa en 2018.

Es descomunal el monto que correrá por cuenta de todos los contribuyentes del país. En Bogotá, en 2020, se cubrieron 1,84 billones de pesos y en 2021 en junio iban 1,05 billones (M. Sarmiento). En Cartagena se avisa un faltante para cierre de año por 68.000 millones; en Bucaramanga en 2020 fue de 102.000; en Pereira acumula 45.500 y en Cali los ingresos diarios del MIO eran 12.457 millones antes de la pandemia y hace poco no llegaban a 3.000 (La República). La cuenta sumaría más de dos billones de pesos para que el PNB Paribas, JP Morgan o los titularizadores bursátiles de la operación respiren tranquilos.

Los concesionarios no harán sacrificios, pese a que unos como Consorcio Express (Bogotá) hayan tenido ingresos por 670.789 millones en 2020, más que el Metro de Medellín, y una exorbitante utilidad neta sobre el patrimonio de 36,6 por ciento (Dinero). Se honrará tal abuso.

Drácula motiva la opacidad fiscal; instala una “ventanilla siniestra” para todo tipo de flujos; se rinde ante capitales buitres y el FMI; mima al oligopolio del transporte y sus socios y, más importante aún, devela en quiénes el Gobierno de Duque ha depositado la suerte de la nación.

Reforma Duque-Restrepo: de Frankenstein a Drácula

No reactivará la economía: la presente crisis de demanda no se resuelve con política fiscal, sino con cambios en las políticas monetaria y comercial.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Cuando me indagaron en Mañanas Blu sobre la reforma tributaria Duque-Restrepo, una vez se enunciaron fuentes y montos, contesté: “Si fuera congresista, votaría NO”. Cinco son las razones para dicha negativa: regresiva, innecesaria, no estructural, farsa “social” que incumple principios presupuestales y no reactiva la economía.

Colombia es de los países más inequitativos entre personas naturales, con un Gini de 0,54, pero es peor entre empresas o personas jurídicas. Estudios de Acopi Bogotá-Cundinamarca y Garay-Espitia confirman que en ingresos, activos, utilidades y patrimonio dicho coeficiente supera 0,8. Por ende, imponer la tarifa de renta del 35 por ciento a todas, igual a una pyme de confección o calzado que a la AngloGold Ashanti, además de elevarla como propone la Duque-Restrepo, viola la progresividad que prescribe la Constitución.

Se alardea de que solo recaudará 15,2 billones de pesos, 17 menos que la Duque-Carrasquilla. Se omite que en los últimos meses la voracidad de la Hacienda se está saciando por otras vías. El alza del petróleo Brent superó las cuentas del Gobierno de 63 dólares el barril, en ascenso desde el primero de marzo hasta el 16 de julio en 73,59, y, dado que “cada dólar adicional en las cotizaciones de crudo representa medio billón de pesos a la Tesorería Nacional” (Ávila-El Tiempo), por impuestos, regalías y utilidades de Ecopetrol podrían facturarse, con promedio de 69 dólares el barril al año, de 3 a 4 billones inesperados.

Asimismo, el FMI asignará a los países miembros Derechos Especiales de Giro por 650.000 millones de dólares, como devolución de activos en reservas en esa entidad, de los que a Colombia le corresponderán 2.660, que a 3.800 pesos por dólar serán 10 billones extras. Finalmente, el Gobierno insiste en “optimizar sus patrimonios”, forma ladina como el ministro Restrepo trata la venta de ISA a Ecopetrol, que traería mínimo otros 14 billones. Cabe preguntar: ¿así sí vale tocar las reservas? ¿Con dichas entradas, es necesaria la reforma? ¿Es para endulzar a las calificadoras de riesgo? ¿Aseguran Duque y su parche una bolsa popocha de 45 billones en periodo electoral?

Varios economistas reclaman que no corrige distorsiones tributarias entre personas naturales (Angulo). Tras el “no se tocarán”, se diluyeron gravámenes mayores a los magnates rentistas de dividendos y se mantiene, como se deduce de las declaraciones ante la Dian, que la tarifa efectiva de renta sobre los ingresos brutos para la elite más poderosa sea 3 por ciento, mientras que la de los asalariados de clase media-alta es 13 por ciento (Espitia).

Seguirán libres las ganancias giradas de las subsidiarias multinacionales a sus casas matrices o a paraísos fiscales, no se sentará el tributo a la riqueza y, en tanto se considera una hazaña que los bancos paguen una sobretasa –que trasladarán a sus usuarios– y que se descuente solo 50 por ciento del impuesto de industria y comercio, 3,9 billones de pesos, del ciento por ciento antes aprobado, continuarán intocables 10 billones anuales en costos fiscales por beneficios tributarios, en especial a mineras y financieras, más otros 10 que, sin contar la rebaja aplazada del impuesto de renta, se decretaron por varios conceptos en la Ley 2010 de 2019. Sacar de un bolsillo y meter en otro.

La farsa en “Inversión Social” es igual a la Duque-Carrasquilla. El apoyo al empleo será irrisorio, 1,6 billones de pesos por todo motivo, y, sumándole Ingreso Solidario y Matrícula Cero, apenas 4,1 billones de pesos del recaudo irán a programas sociales del total esperado de 15,2 (Portafolio).

El gasto social completo en 2021, incluida la devolución del IVA, sumará 10,7 billones (SEMANA-DPS) para cubrir a 25 millones de personas, a razón de 1.172 pesos diarios para cada cual, 31 centavos de dólar, una miseria. Igualmente, al retirarle la Duque-Restrepo a la economía 10 billones más de los que así retornarían, incumple el principio de presupuesto de equilibrio balanceado en perjuicio del conjunto de la economía. ¡Duque proclama una Revolución!

Contra evidencia, le brotan loas a la Duque-Restrepo por ser cría de Uribe y Vargas Lleras; o porque tiene más gasto social que la anterior (Valencia-El Espectador) o, peor, la del asesor de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla: “El gobierno le hizo caso a Petro” (El Tiempo). No reactivará la economía: la presente crisis de demanda no se resuelve con política fiscal, sino con cambios en las políticas monetaria y comercial (E. Sarmiento).

Iván Duque romperá el Récord Guinness en presentación de reformas tributarias: cuatro en tres años. La primera la tumbó la Corte Constitucional por mañas en el trámite; la segunda, para subsanar la primera, y ahora, la cuarta, la Duque-Restrepo, un Drácula, para recoger los destrozos de la tercera, la Duque-Carrasquilla, ese Frankenstein que enterró el paro junto con su autor.

La pandemia social

El balance es el de un cataclismo social con pobreza y enfermedad, desigualdades crecientes y una población carente de ingreso suficiente para reactivar el país.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La revisión integral de documentos del Dane, producidos en su mayoría durante este periodo de la pandemia, brinda una mirada bastante completa sobre las secuelas sociales que ha causado, agregadas a las preexistentes, que siguen agravándose con incidencia en las protestas detonadas desde el 28 de abril.

El primero es el Pulso Social (abril 2021). Según él, 30 por ciento de los hogares consume solo dos comidas al día, apenas una decada 20 personas puede ahorrar y 92 por ciento ni siquiera alcanza a pensar en adquirir vivienda. Además, que se multiplicó por cinco quienes manifiestan tener un estado de salud malo y muy malo, el 15 por ciento de la población. Añade que las principales ayudas oficiales recibidas por los pobres han sido en especie, alimentos y mercados.

Otro documento, el relativo a la pobreza monetaria en 2020, revela el hecho lamentable de que dos de cada cinco personas están en esa condición, y si se agregan los clasificados como vulnerables, ascienden a siete de cada diez. Dicha tragedia va acompañada de otra: la pobreza monetaria extrema, que atribula al 15 por ciento de los habitantes, acarrea como corolario un alza en la desigualdad al nivel de las peores del planeta.

La reclasificación de las clases sociales que hiciera el Dane para el cierre de 2020 refuerza lo dicho. Todas las divisiones, media, vulnerables y alta, vieron descender sendos porcentajes al escalón inferior y, al final, aumentar la gente en el pozo de la clase más precaria. El asunto es tan dramático que apenas 860.000 personas, entre 50 millones, están en la clase alta y eso que este 1,7 por ciento de la élite abarca a quienes tienen un ingreso mensual individual no muy elevado, de 3,5 millones de pesos, 900 dólares.

En la base está el deterioro del empleo. No solo la mitad de la población ocupada está en la informalidad, sino que los desempleados casi suman 4 millones, de los cuales 3 ya lo estaban cuando sobrevino la pandemia, en el trimestre enero-marzo de 2020. En la contabilidad de los desocupados deben sumarse los “inactivos” que decidieron no ofrecer más su mano de obra. Es el desempleo voluntario.

Con los jóvenes, entre 14 y 28 años, se manifiestan con más crudeza los quebrantos del mercado laboral. En tanto la tasa de desempleo general es del 14,2 por ciento, para ellos es del 23,5, y en las mujeres en esta edad se trepa al 31,5, con más de 900.000 de ellas desocupadas, sin contar otras cientos de miles también calificadas como “inactivas”, forzadas a labores del hogar.

El grupo de desempleados jóvenes, en el documento ‘Panorama sociodemográfico de la juventud en Colombia’, robustece al conjunto llamado nini, que ni estudia ni trabaja, que es la tercera parte del total de 10.990.268 de esa cohorte juvenil. Cerca de seis de cada diez ninis son mujeres.

El balance es el de un cataclismo social con pobreza y enfermedad, desigualdades crecientes, y una población carente de ingreso suficiente para reactivar el país vía demanda y millones sin futuro viable. Si la inflación empieza a incrementarse y se suma al cuadro descrito y a un ingreso por habitante, que decreció a valores iguales a los de 2013 y parqueado alrededor de 6.400 dólares entre 2016 y 2019, subirán también los índices de miseria, en los cuales Colombia ronda los 15 primeros lugares.

Contribuyó a la postración la inoportuna e insuficiente asistencia del Gobierno en la pandemia. Los recursos del Fondo para la Mitigación de Emergencias (Fome), en todos los programas sociales para siete millones de beneficiarios, en cabeza de hogares o personas, no alcanzan a 1,5 dólares al día; y los apoyos a la nómina, el programa Paef, para sostener el 40 por ciento de la nómina mensual del salario mínimo cubrió, en cuentas largas, máximo 1,4 millones de puestos de trabajo al mes, frente a una planta laboral de 11 millones de empleos formales, 7 de los cuales trabajan en pymes.

Según el Ministerio de Hacienda, la ejecución del Fome en 12 meses fue del 67,4 por ciento, 27,3 billones de pesos, menos del 3 por ciento del PIB, que no sobresale entre los países emergentes, y en Suramérica figura debajo de Chile, Perú, Bolivia y Brasil (FMI-abril 2021).

En el colmo de la indolencia, Duque y Carrasquilla echaron a este polvorín el fósforo encendido de la reforma tributaria y ¡fue Troya! Lo peor es que, a contramano, Congreso y Gobierno legislan y ejecutan en dirección inversa a la que las calles reclaman. A quienes piden soluciones les adelanto: la vacuna a la ruinosa pandemia social que nos agobia no es la de Duque, en el puesto 51 entre 53 países estudiados en el manejo del coronavirus (Bloomberg), ni mucho menos la del maloliente establo parlamentario que preside Char.

¿Para quién es la “bonanza”, doctor Vélez?

La estructura de la industria cafetera cambió en el último lustro en sentido contrario al interés del minifundista, que predomina en ella con parcelas menores de una hectárea.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Aunque por equivocadas resoluciones, la mitad o más del café consumido en Colombia, como 1,3 millones de sacos en 2018-2019, venga de Perú, Ecuador u otros orígenes o que unos intermediarios mezclen ese mismo grano foráneo para exportarlo como Colombian Coffee, el tema cafetero ya no despierta mayor interés ni menos los dramas que viven los caficultores. No es principal fuente de ingresos del país, ni negocio de las élites, ni primer vínculo con el capital extranjero, pero ocupa en 500 municipios y hasta en 22 regiones a 550.000 familias en 900.000 hectáreas, y destina 90 por ciento de su producto al mercado externo como mayor exportador del sector agropecuario.

En 1989 se rompió el Pacto de Cuotas del Café, por el cual los países consumidores hacían compromisos de compra en precio y cantidad con los oferentes. Se dijo que el grano colombiano sería ganador en el libre comercio, pero ha sido cuadriplicado en producción por Brasil, duplicado por Vietnam, casi igualado por Indonesia y las reexportaciones europeas a zonas aledañas han copado ese segmento. El mercado, pese a primas o bonificaciones en nichos diferenciados, no escogió por la calidad.

El ingreso de la familia cafetera ha sido lesionado. Mientras que en 1989, con el equivalente de una carga de 10 arrobas se pagaban 60 jornales o se compraban 1.245 kilos de fertilizante o 75 kilos de carne o 299 galones de ACPM, en 2021, con precios de la presente “bonanza”, se reconocen por esa misma cantidad 42 jornales o 56 kilos de carne o 684 de fertilizante o 161 galones de diésel. El poder adquisitivo en unos renglones cayó a la mitad y en otros perdió la tercera parte, un empobrecimiento en precios relativos.

La estructura de la industria cafetera cambió en el último lustro en sentido contrario al interés del minifundista, que predomina en ella con parcelas menores de una hectárea. Las exportaciones institucionales, que hace la Federación de Cafeteros con recursos públicos del Fondo Nacional del Café, ceden terreno frente a las de los particulares, en su mayoría agencias de las comercializadoras globales. Entre 2011 y 2015, la Federación exportó casi uno de cada cuatro sacos; entre 2016 y 2020, menos de uno de cada cinco.

¿Qué implica tal pérdida de participación? Veamos: entre 2011 y 2015, cada saco de 60 kilos exportado por la Federación se vendió en promedio a 272 dólares, en tanto las agencias transnacionales lo pusieron a 236. Para el periodo entre 2016 y 2020, las colocaciones de la Federación cayeron a 210 dólares y las de los exportadores privados a 203. Convergen a la baja.

La causa, se han reducido las cotizaciones. Entre 2011 y 2015, el precio internacional por libra promedió en 1,97 dólares y en el último quinquenio en 1,48. Los precios han descendido, pero el valor medio del dólar, comparando los dos periodos, se movió en sentido contrario: de 2.051 a 3.187 pesos. Al multiplicar ambos factores, que determinan el precio interno de compra al productor, la libra alzó de 4.040 a 4.461 pesos, solo 10 por ciento, por debajo del incremento de los costos al caficultor en insumos y mano de obra.

Tal mecanismo de fijación del precio de compra es causa primordial de la erosión del ingreso cafetero y corre a favor de los intermediarios que van a la fija. Urge cambiarlo por otro en el que los riesgos no recaigan sobre la producción, la que debe remunerarse rentablemente antes de que sobrevenga otro estallido como en 1995, 2001 y 2013.

En esa senda, por ajustarse a la ruleta de precios internacionales a futuro y otras razones particulares, está amenazada la garantía de compra por medio del sistema de 33 cooperativas, algunas de las cuales, entre las más importantes, arrojan resultados negativos recurrentes. Así pasa en la de Andes en Antioquia, la de Risaralda, las de Tolima-Ibagué, Cafinorte y las del Huila que, con márgenes muy estrechos, acusan riesgo financiero.

Esto trae aparejado un efecto dominó sobre su exportadora matriz, Expocafé, a la que proveen el 30 por ciento del café transado, que en los últimos tres años tiene una pírrica rentabilidad media sobre los ingresos del 0,25 por ciento, un nivel de endeudamiento de tres de cada cuatro pesos de sus activos y utilidades financiadas con pasivos.

¿Para quién será entonces la “bonanza” anunciada, doctor Vélez? Como siempre ¿para agentes externos?

Nota: fui escogido en 2016 entre las ocho personas que podrían ser nombradas gerente de la Federación de Cafeteros y tuve respaldo de varios comités. He guardado cautela frente a la actual administración y coincido en defender la caficultura nacional frente al oligopsonio en la demanda mundial que deprime las cotizaciones. No obstante, ello empeora si el frente interno se entrega a quienes nos asfixian afuera.

La desigualdad tiene bloqueado al país

La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Colombia es de los países más desiguales en la distribución del ingreso. En el periodo 2012-2019, el Banco Mundial lo ubica entre los cinco más inicuos cuando evalúa de cero a uno por el coeficiente de Gini. Mientras más cerca de uno, mayor inequidad. El país marcó en ese periodo desde 0,517 en 2012 hasta 0,499 en 2017, para subir a 0,513 en 2019. Vergonzoso que en el escalafón del Índice de Desarrollo Humano ocupe el puesto 83 entre 189 naciones, pero, al ajustarse por desigualdad, caiga al 95 (PNUD, 2019).

La iniquidad en el ingreso no es la única; se pueden contar muchas más. En la renta; en el patrimonio y la riqueza entre personas naturales, entre las empresas; en género; en educación; en seguridad social, tanto en la salud como en el sistema pensional; en el empleo; en la distribución de la tierra rural; en la propiedad urbana; en la inversión bursátil y el sistema bancario, en los que cuatro grupos controlan el 80 por ciento de los activos. En suma, un país muy antidemocrático.

Abundan los datos contundentes que permiten ratificar esa condición ilegítima. Es el tercero peor en repartición de renta en Latinoamérica después de Brasil y Guatemala (Cepal, 2017); el 1 por ciento más rico concentra el 40,6 por ciento del total de la riqueza (Londoño), y de cada 100 pesos de ingreso, al 50 por ciento de la población –los más pobres– solo le llegan 17, mientras que al 10 por ciento más rico le tocan 40 (Suárez).PUBLICIDAD

Tampoco está exenta de desequilibrios la estructura empresarial. De 1.380.000 firmas estudiadas, las primeras 3.600 acaparan 40 de cada 100 pesos de las utilidades totales, y algo similar o peor ocurre con la propiedad de los activos para la mayoría de los sectores (Acopi. Bogotá, 2018).

A estos cuadros se suman similares en distintas áreas de la vida social. Según el PNUD, Colombia ocupa el puesto 101 en desigualdad de género, por debajo de Cuba, Brasil, El Salvador o México, y se expresa con énfasis en el empleo. En la pandemia, en el trimestre junio-agosto de 2020, la desocupación en las mujeres llegó a una de cada cuatro. Sin embargo, entre las jóvenes subió a más de una por cada tres, y la brecha salarial con los hombres es del 13 por ciento menos (Dane, 2019).

En el empleo también se manifiesta el desbalance. La mitad de los ocupados está en la informalidad y el 88 por ciento con remuneración laboral gana menos de dos salarios mínimos (Dane, 2020). La educación no está exenta de las execrables exclusiones: de 100 niños y niñas que entran a primaria, 44 aprueban el grado once, pero solo 21 logran entrar a la universidad y apenas diez terminan la educación superior, lo que reproduce sin solución las diferencias por generaciones (Acrees).

Lo de la seguridad social es aberrante. Pese a leyes y sentencias, los planes de beneficio en salud siguen discriminando a los afiliados de los distintos regímenes, y el acceso real, la atención y el servicio dependen del bolsillo. En el sistema pensional apenas tiene mesada una de cada cuatro personas en edad de jubilarse. De lo más perverso es la distribución de la tierra. Aunque las pequeñas propiedades son 1,7 millones, apenas ocupan el 2 por ciento del área rural. En contraste, las que tienen más de 1.000 hectáreas engloban tres de cada cuatro de las hectáreas totales (Dane-CNA). Peor, imposible.

Distintos autores explican las causas de tan bárbaras expresiones de discriminación. Thomas Piketty, en El capital en el siglo XXI, asevera que el “análisis erudito jamás pondrá fin a los violentos conflictos políticos suscitados por la desigualdad”. Joseph Stiglitz, en el Capitalismo progresista, dice: “La desigualdad económica se traduce inevitablemente en poder político y quienes lo ejercen lo utilizan en beneficio propio”. Angus Deaton, en El Gran Escape, afirma que quienes logran escabullirse hacia el bienestar “pueden bloquear los túneles detrás de ellos” y Ha Joon Chang, de Cambridge, indica: “El fracaso de construir una economía más igualitaria e innovadora es lo que está en el corazón de las protestas latinoamericanas” (BBC).

El que los más pobres requieran 600 años para obtener con sus exiguas entradas un patrimonio igual al del 1 por ciento más rico (Espitia) o que deban pasar 11 generaciones, 330 calendarios, para salir de la penuria (Ocde) permite concluir que Colombia, fuera de ser de las naciones más desiguales, es, de facto, la tierra de absurdas desigualdades. La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz: “La globalización y la liberación de los mercados causaron un deterioro en la distribución que no se contrarrestó con el estado de bienestar de transferencias” (Sarmiento, 2020).