Buenaventura: neoliberalismo salvaje

Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Entidades como Human Rights Watch, Taula Catalana, Fundación Ford, Usaid, la ONU, el caucus afro del Partido Demócrata norteamericano, la Iglesia católica y varias más han documentado las aciagas condiciones padecidas por casi 400.000 compatriotas, 90 por ciento afrodescendientes, en el primer puerto nacional sobre el Pacífico, y de los principales en esa costa en Suramérica.

Tanta información difiere con las soluciones. No porque no surjan, sino porque los planes, Conpes y las recetas se fundan en privatizaciones, capital extranjero y confianza inversionista –pilares del neoliberalismo–, por el supuesto efecto goteo de bienestar que se irrigaría sobre la población; pese a que de 10.000 trabajadores portuarios hace 25 años, hoy quedan 4.000, muchos de ellos tercerizados. Jugadores del negocio portuario global se tomaron la bahía. En la Sociedad Portuaria de Buenaventura, la mayor y privatizada en 1993, Harinera del Valle con otras firmas afines suman 30 por ciento de las acciones; la familia Parody, 21 por ciento; el Distrito de Buenaventura, 15 por ciento; y Dubai Port Authority-Capital Advisory-Hommes, 19 por ciento.

Además de agrias disputas societarias, se marchita por los fuertes competidores internacionales y por problemas de bajo calado para el acceso de buques de gran tamaño, que aminoraron la carga de 17 millones de toneladas en 2015 a 14,8 en 2019, de las que, por cada una de exportación, llegan casi cuatro importadas. La danesa Maersk controla el terminal de contenedores TCBUEN. Singapore Port Authority y la filipina ICTSI poseen 90 por ciento del puerto de Aguadulce. Compas, terminal cementero, es de Goldman Sachs, del grupo español Ership y la organización Corona. Invirtieron miles de millones de dólares, se ensancharon y construyeron vías e infraestructura adicional.

En contraste, las comunas aledañas viven en el desamparo. El índice de pobreza multidimensional es lastimoso: 12,9 por ciento de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas; 14 por ciento vive en analfabetismo; 43 por ciento afronta desempleo de larga duración; 26 por ciento no tiene acceso a fuente de agua mejorada; 32 por ciento permanece con inadecuada eliminación de excretas, y 88 por ciento, en la informalidad (Dane, 2018). El coeficiente de Gini, para repartición del ingreso, marca 0,57 –más que en Quibdó– y el de Theil, de distribución de la renta, 0,63 (ProPacífico). A esta mezcla de grandes capitales con miseria se añadieron violencia y corrupción. En 1980 las Farc incursionaron en áreas rurales, rutas y cultivos incipientes de coca; penetraron comunas urbanas, secuestraron y extorsionaron, hasta que en 2000 las AUC, con Éver Veloza (alias HH), iniciaron la construcción de “redes de poder en negocios y proyectos empresariales” (Taula Catalana).

En 2005, tras la desmovilización paramilitar, mandos remanentes formaron La Empresa e implantaron dominios territoriales, monopolios en el expendio de alimentos y provechos sobre el narcotráfico exportable y el microtráfico, en disputa con los Urabeños y con complicidad de algunos miembros de la fuerza pública, denunciados y condenados. Casas de pique y sarracina son la pesadilla de los últimos años. Entre 1990 y 2014 hubo 548 desaparecidos, 26 masacres (Taula Catalana), y hasta 2018, más de 5.300 homicidios orientados por capos que dirigen sus mafias desde afuera, incluido el exterior.

Cuatro alcaldes están procesados por corruptos: Quiñones, Ocoró, Valencia y el prosélito de Dilian Francisca, Eliécer Arboleda. Su nefasta gestión se plasma en un presupuesto de 644.000 millones de pesos con un déficit de 570.000 millones –por un faltante acumulado de 137.000 millones y fallos judiciales en contra por 351.000 millones (!)– y deuda en Bonos-Agua-Carrasquilla por 31.000 millones de pesos más.

El estallido social presente, detonado por la guerra en La Empresa entre Shotas y Espartanos, es el cuarto de los últimos años por el pavor y el abandono, ya que al menos 400 hombres, fuera del Clan del Golfo y del ELN, aterrorizan con armas sofisticadas y de largo alcance. La protesta más fuerte fue el paro de 2017, que logró inversión oficial por 10,2 billones de pesos en ocho años y fue la base para elegir a Víctor Vidal como actual alcalde. El avance de lo prometido no llega al 5 por ciento; el acueducto, en manos privadas de Hidropacífico, va en 15 por ciento, y apenas aflora FonBuenaventura, la entidad administradora del proceso, aún con pocos recursos y sin estudios para 140 proyectos.

El desplazamiento de 152.837 personas entre 1990 y 2014 no se subsanó con 63.717 asentadas en zonas de bajamar (Taula Catalana). En los últimos años emigraron otras 13.018 y solo arribaron 781 (Dane), lo que explica el dato más trágico: de 94.656 viviendas censadas en 2018, había 14.352 desocupadas. Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar? ¿Hay mejor ejemplo de un neoliberalismo más salvaje?

Valle del Cauca: la caída de la tasa de ganancia del capital local

El crecimiento promedio del Valle entre 1991 y 2015 fue de 3,3%.

La economía del Valle del Cauca sigue siendo la tercera del país, aunque su participación en el PIB nacional disminuyó entre 2003 y 2015 del 10,7% al 9,5%, precisamente en el periodo en el que se acentuó la revaluación, cuando la tasa de cambio promedio cayó de $2.877 a $1.868, en el marco del modelo de atracción de capital extranjero por la vía de los beneficios tributarios, la “locomotora” del petróleo y la minería e incentivos adicionales.

El resultado no sorprende. Datos recopilados por el ingeniero Julián Rincón de distintas fuentes, al mirar el crecimiento promedio del Valle entre 1991 y 2015, 3,3%, lo ubica por debajo de Santander, Antioquia, Bogotá y Atlántico, mientras que entre los años 2000 y 2015 (en precios constantes de 2015) el ingreso por habitante permaneció entre $11 y $12 millones y sus exportaciones apenas se duplicaron entre 2003 y 2013, rezagadas respecto a regiones petroleras y mineras. Los damnificados, como era de esperarse por los claros síntomas de Enfermedad Holandesa, fueron los sectores transables –agricultura e industria–, cuya participación de conjunto en la economía regional bajó del 28,3% al 21,5%.

A propósito, la agricultura vallecaucana ha vivido como la que más los efectos del libre comercio y se ha refugiado en cultivos tropicales o permanentes: en efecto, de 74.300 hectáreas de cultivos de cereales, algodón, soya, sorgo, millo y otros transitorios en 1990, tan solo restan ahora 19.600, la mitad en maíz. A contramano, el cultivo de la caña de azúcar pasó en estos 25 años de 106.600 hectáreas a más de 201 mil. Junto con los frutales -que hoy ocupan 30 mil hectáreas- fueron el destino de esa forzada operación de sustitución agrícola.

Dicha concentración se reflejó también en la manufactura. Los mismo cuatro sectores que en 1992 reunían el 64% del valor agregado, alimentos, sustancias químicas, bebidas y papel y cartón, para 2012 acumulaban el 72% en un proceso de convergencia explicable dado el poco espacio de crecimiento por las condiciones del comercio internacional para otros renglones. El sector de alimentos –que genera uno de cada tres pesos de dicho valor agregado– tiene como base, según lo destaca el economista Mario Valencia, 14 ingenios, que a su vez arrastran 12 cogeneradores de energía, 6 destilerías, una fábrica de papel, 40 industrias alimenticias, 3 de gaseosas, 8 de vinos y licores y 2.750 proveedores agrícolas. No hay duda de que ante la tragedia “revaluacionista”, durante los dos gobiernos de Uribe y el primero de Santos, se buscaron encadenamientos de protección.

Pese a esas esforzadas iniciativas, a partir de cálculos del estudiante del último año de Administración Empresas de Univalle, Pedro Cruz, la relación entre el valor agregado y los activos industriales entre 1990 y 2015 y con base en la EAM del DANE, cayó de 1,7 a 0,6. Igualmente, la relación producto/capital para dicho sector, descontado el monto total de salarios y prestaciones, estimada por el método de Dumenil y Levy, cae en picada entre 1990 y 2012, de 3,4 a 1,2, y tiene para 2015 una breve recuperación a 1,6, pero muy lejos de los valores de hace dos décadas.

En medio de tan incierto panorama, el gobierno Santos ha iniciado, disfrazado de Alianza Pacífico, un TLC con Australia, el segundo exportador de azúcar del mundo, un país que dedica 85% de su producción a la exportación, que muele el doble de toneladas de caña al año, que tiene zafra permanente, que duplica la producción colombiana y que, pese a que domina el comercio azucarero en Asia, ha perdido espacio allí, vacío que con seguridad busca recuperar allende el Pacífico.

A junio de 2017, el comercio minorista registra crecimientos negativos en Cali y también el Índice de Confianza del Consumidor está en zona roja. Y de remate, cada vez las colocaciones de cartera son superiores al ahorro captado en el sector financiero del Valle, lo cual induce a pensar que no está generando el capital suficiente para sus inversiones.

Se configura aquí el típico caso de cómo el capital nacional es actor de reparto en la política económica dominante, no hay ni un solo ingenio azucarero entre las cien mayores empresas de Colombia, en tanto el capital extranjero es el protagonista de cierre. Hasta los emires árabes reciben gabelas y beneficios, mientras se carga el costo a la producción y al trabajo local.

Fabricato: ¿textiles o ladrillos?

Aurelio Suárez analiza las recientes decisiones de Fabricato.

Hace unas semanas, la opinión oyó que Fabricato, una de las más emblemáticas empresas de textiles y confecciones del país, aunque venida a menos desde la última década del siglo xx, cerraría su operación fabril entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre. La gerencia lo explicó así:
 
“Es el resultado de las condiciones negativas de la economía del país, del debilitamiento de los aranceles de importación, de la masiva importación de prendas y telas, así mismo del contrabando de productos textiles, circunstancias que han afectado de manera sistemática nuestras ventas”. 
 
En efecto, cuando se revisa la evolución del sector textil en los últimos veinte años, la curva descendente es ostensible. En 1997, el 52% se destinaba como insumo intermedio para la producción de otros bienes industrializados, como confecciones; el 40% para los consumos directos de hogares y se exportaba algo más del 6%. Era el 7,2% de la producción industrial total y el 6,4% del valor agregado, el cuarto mayor. Ello pese a que ya afrontaba la competencia de las importaciones y el comercio desleal y la situación negativa del algodón nacional, en vía de extinción. 
 
A contramano, en 2015, el sector textil era menos del 2,3% de la producción industrial y del 1,4% del valor agregado total, relegado en ambas variables a lugares por debajo de los primeros 18 subsectores. Su incidencia se redujo notoriamente en el conjunto de la industria. 
 
¿Cómo han afrontado esta situación los propietarios de Fabricato? Algunas cifras compiladas por el estudiante de Economía de la Universidad de Antioquia, Andrés Trigos, dan algunas ideas. A precios constantes del 2016, las ventas han disminuido, entre 2011 y 2016, de $781.763 millones a solo $385.758 millones, 50,66% menos. Y la mayor rebaja se da por la caída de las exportaciones en un 65%, incluso desde 2014, con la devaluación del 80%, cuando se han mantenido estáticas en niveles de $73 mil millones. Por eso no se explica muy bien que en medio de una menor producción y un mayor endeudamiento respecto al patrimonio –pasó del 36% al 64%–, crezcan en paralelo las inversiones ajenas a los textiles, el objeto social principal, a más de $110 mil millones, referidas a proyectos inmobiliarios en Ibagué y Bello. 
 
Para completar el cuadro, al menos siete empresas ligadas al negocio textil, entre producción y comercialización, han sido liquidadas desde agosto de 2016 y otras seis más están en curso. En conjunto, estas decisiones seguramente tienen que ver con que el activo más valioso del conglomerado son los terrenos amplísimos de centenares de miles de metros cuadrados que están maduros para plusvalías exponenciales. En efecto, del total de los activos, dichos terrenos son casi el 30%, una tercera parte, y con relación al patrimonio llegan hasta el 50%.
 
Cuando se mira la estructura de la propiedad actual de Fabricato, se constata que fiduciarias y fondos de inversión, incluido el constituido por los damnificados de Interbolsa en cabeza de los liquidadores de Supersociedades del fondo Premium, controlan casi 40% del total. Se entiende entonces por qué su interés utilitarista sea exprimir al máximo ese capital separando su suerte de la centenaria misión textilera.  
 
Tal pronóstico puede corroborarse al saberse que el exministro de Hacienda del primer gobierno de Uribe, Alberto Carrasquilla, reportado en Panamá Papers con su matriz empresarial radicada allí, lidera el grupo de linces financieros al mando. 
 
Por lo visto, Fabricato como firma textil se reduciría a una operación tecnificada y en productos específicos en Riotex. El resto serán ladrillos y especulación inmobiliaria. Aunque logró salvarse de las garras de aventureros como Félix Correa hace más de tres décadas o de Corredori, ese apostador de caballos vuelto caballero de industria, parece haber llegado a su hora de nona. 
 
La sociedad regional puede intervenir para preservar este icono industrial y los dos mil o más empleos que todavía quedan luego de haber tenido casi 20 mil. De lo contrario, Fabricato seguirá convirtiéndose en ladrillos y en recuperación de inversiones a nivel de máximo lucro posible. Antioquia tiene la palabra.

Más justo, imposible

La crisis económica que se viene gestando en el país desde hace varias décadas está ocasionando gravísimos daños a millones de hogares: bajos salarios, carestía desbordada, desempleo e informalidad, precariedad en el acceso a servicios básicos como salud y educación, alzas inicuas en tarifas del transporte, de la energía y hasta del agua para los más pobres.

Es innegable que en el segundo gobierno de Santos estalló la economía y se genera mayor desigualdad.

Como si lo anterior no fuera suficiente, lo más grave es que el costo de la crisis se quiere seguir trasladando por otras vías como una reforma tributaria, en la cual se aumentan impuestos indirectos y regresivos como el IVA o el impuesto al consumo, que afecta el arroz y hasta al ‘corrientazo’ y las llamadas por celular. También la elevación de tasas de interés por el Banco de la Repú- blica, con el pretexto de combatir la inflación, pone un sobrecosto a los ya muy altos precios de los productos de la canasta familiar. Se quiere corregir la crisis con hambre.

La base laboral se siente burlada con el incumplimiento de promesas electorales, como la eliminación del cobro de la cuota de salud a pensionados; el establecimiento del horario nocturno desde las 6 de la tarde y la recuperación del cobro de horas extras.

La base campesina se ha sentido despreciada porque de los compromisos adquiridos desde los paros agrarios solo menos del 30% se han vuelto realidad. Si al cuadro anterior se le agrega la indignación nacional por la feria de Isagen y las privatizaciones anunciadas, se puede concluir que solo habría otro paro más justo que este si la situación empeora o si el gobierno trata con desdén el Pliego que las Centrales Obreras y demás organizaciones le han presentado.

‘It’s politics, stupid’ (es política, estúpido)

Según Ha Joon Chang, sin el Estado es ‘muy difícil alcanzar grandes cambios económicos o sociales’.

Asistí a la conferencia del profesor de economía de Cambridge Ha Joon Chang, en la Universidad de los Andes. Versó primeramente sobre su obra, ‘Economía para el 99 % de la población’. Es importante extraer las lecciones a mi juicio más relevantes, entendiendo que para otros pueden no ser las mismas.

En cuanto a las teorías económicas, y en una posición crítica a la escuela neoclásica, predominante hoy, destacó los “supuestos”, los “valores morales y políticos” y el contexto en el cual están enmarcadas todas las que enuncia. A partir de Smith, pasando por Marx, los desarrollistas, la escuela austríaca (Hayek), Schumpeter y Keynes, hasta los neoclásicos, institucionalistas y conductistas, Ha Joon Chang invoca, parodiando a Mao, que “florezcan cien flores” y remarca que es “necesario preservar esa diversidad” e incluso hacer “fertilización cruzada”.

En ingenioso juego, sugiere beber cocteles de varias teorías para abordar distintos asuntos. Por ejemplo, para “la viabilidad del capitalismo” sugiere hacerlo a partir de mezclar la teoría clásica con la de Marx, el institucionalismo y Schumpeter. Y para la “necesaria intervención estatal” recomienda combinar neoclásicos con desarrollistas y Keynes.

Al hablar sobre las cifras conocidas de la economía, va desmembrando el cuerpo de indicadores más utilizados para mostrar sus limitaciones. Coincide con Piketty al afirmar que el PIB denota crecimiento y actividad a corto plazo, pero no desarrollo. Valida el PNB, el producto nacional bruto, para mostrar la fortaleza de una economía a largo plazo, notando que actividades no remuneradas, como las domésticas, no están incorporadas.

En cuanto a la renta por habitante, o renta media, para calcular el nivel de vida de un país, cuestiona su imprecisión, en especial allí donde la distribución es más disímil. Esto, argumenta, no se corrige ni siquiera con el conocido PPA (paridad del poder adquisitivo), ajustando el ingreso medio con la tasa de cambio, como parámetro internacional. Sin desconocer que el análisis económico fundamentado no puede prescindir de cifras, recomienda, al utilizarlas, saber “qué dicen y qué ocultan”.

En una mirada sectorial destaca la jerarquía en el empleo de la agricultura en los países más pobres y, en cuanto a la industria, que llama “centro de aprendizaje de la economía”, ratifica que fabricar cosas sigue siendo trascendental y que por eso se destacan países como Japón, Suiza y Singapur. Respecto al sector financiero, exhorta a una verdadera regulación, pues se salió de órbita por el universo de “derivados” que ha conformado.

Enfocado en que la desigualdad no es inevitable, acusa de ella a las políticas económicas, afirmando que hace 200 años el mundo era como Ruanda y ahora es como Sudáfrica, y ubica a Colombia entre los más desiguales. Denota que la inequidad crece más cuando se comparan las riquezas –que cada quien atesora– que cuando se evalúan los ingresos devengados. Y añade que la pobreza crea un círculo de donde es casi imposible escapar, por obstáculos estructurales o por “la manipulación de los mercados”.

Frente a la economía internacional, la “cifra real” es la balanza de pagos, que contabiliza las operaciones externas de los países. Incide el comercio, la cuenta de capital, con las remesas de los emigrantes a otras tierras y con la inversión extranjera y las correspondientes contrapartidas de exportación de utilidades y ganancias a las casas matrices, obtenidas en los países receptores. Respecto al capital foráneo, asevera que “las evidencias de los efectos positivos son bastante escasas” y que además tiene otros “potencialmente negativos”. Sentencia, al respecto, que no “todas las formas de integración económica internacional son deseables”, de suerte que el grado dependerá de cada caso, de “los objetivos y capacidades a largo plazo”.

En la esencia de sus tesis está que “la economía es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de los economistas” y que la democracia pierde sentido si no se pone “en tela de juicio a los expertos”, con sus “deformaciones profesionales”. Como lo expone en el capítulo once del libro mencionado, define la economía como “un argumento político”. Resulta indiscutible, afirma, que sin el Estado es “muy difícil alcanzar grandes cambios económicos (o sociales)”. En otras palabras: que los problemas económicos se resuelven políticamente. “It´s politics”, dicen, y nos debe interesar a todos.