Federico Gutiérrez, el lobo feroz

Comprobado que es el candidato del Equipo Duque, no es exagerado decir que “Dios los cría y ellos se juntan”. Es el combo completo, todos, además de ser yes-man del Tío Sam, en uno.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Colombia está a las puertas de la más engañosa estrategia de marketing político, la “Operación Caperucita”. Consiste en transformar en el “de la gente” a la versión más condensada de lo que ha malgobernado al país durante 30 años, al candidato del Partido Liberal, del Partido Conservador, de la U, de Cambio Radical y del Centro Democrático. El viejo truco del lobo feroz disfrazado de abuela, como en el cuento, “para comerte mejor”.

Un Federico que no tuvo empacho en deslucir su nombre, el mismo de Hegel, Chopin, Engels, Nietzsche, List o García Lorca, por un alias de bacán de esquina de barrio o de cantante de géneros populares y hasta de torero, el todo es que suene “cercano”. El remoquete lo acompaña con el voseo, que en este caso se aproxima, por el tono y el gesto corporal, al llamado parlache, la versión vocal del bajo mundo tras la conversión en “un tipo común y corriente… como vos”.

Tal metamorfosis pretende camuflar lo que Federico Gutiérrez representa de verdad. ¿No expresa acaso en sus esencias el neoliberalismo de César Gaviria? ¿No está también mal relacionado como Samper, aunque este expresidente apoye a Petro? ¿Su ligereza conceptual no emula la futilidad y pedantería de Andrés Pastrana? ¿No ostenta autoritarismo de gamonal al peor estilo Uribe? ¿Y cuánto en él no hay de la fullería de tahúr de Santos o de la mediocridad reaccionaria de Iván Duque?

En efecto, en política económica anuncia la continuación de la estrategia de libre comercio y capital extranjero con los fallidos sonsonetes de “aprovechar oportunidades” y “confianza inversionista”, que han servido para saquear al país. En cuanto a respaldos ilegítimos, lo apoyan 45 de los 54 clanes de la corrupta politiquería criolla (A. Ávila). La carencia de profundidad en el discurso, que “no tiene intelecto suficiente para entender la sociedad colombiana”, se volvió axioma (S. Kalmanovitz) y el anuncio de la ley de fuga, por la que “los bandidos en la cárcel o en una tumba”, compite con los aciagos tiempos de la “mano firme”, cuyas barbaridades se empiezan a ventilar en la JEP. Comprobado que es el candidato del Equipo Duque, no es exagerado decir que “Dios los cría y ellos se juntan”. Es el combo completo, todos, además de ser yes-man del Tío Sam, en uno.PUBLICIDAD

A esto, Federico Gutiérrez agrega una hoja de vida sin mayores méritos. Fue dos periodos seguidos concejal de Medellín, en los que algunos colegas dicen que fue “juicioso”, y alcalde entre 2016 y 2019. En ese cuatrienio el índice de progreso social (IPS), una metodología de Medellín Cómo Vamos que califica distintos aspectos de la vida ciudadana, retrocedió en el total ponderado de 65,8 a 65,7 puntos.

La capital de Antioquia echó para atrás y los aspectos que más incidieron en la “rajada” no fueron de poca monta: el acceso al conocimiento básico, la dimensión de oportunidades, la nutrición en menores, la sostenibilidad ambiental, las restricciones a la libertad de expresión en el componente de derechos humanos, el acceso a la educación superior y la seguridad, de la que se jacta de ser experto, pero en la que tuvo el peor resultado, cayó de 79,5 puntos a 71,9, casi ocho menos. Los aspectos en los que Gutiérrez fracasó en Medellín son precisamente en los que más reclama ser atendida ahora la población nacional (ver Medellín Cómo Vamos, IPS, 2016-2019).

No solo eso. La pobreza monetaria creció entre 2015 y 2019 de forma escandalosa en Medellín: del 13,69 al 26,5 por ciento y la pobreza urbana extrema aumentó de 3,4 a 5,09 y la desigualdad, según coeficiente de Gini, subió de 0,504 a 0,587 (portal de Medellín, pobreza y desigualdad). Una catástrofe social porque el desempleo también alzó del 10,6 al 12,2 por ciento (Dane, DNP, DEE).

En cuanto a las finanzas públicas en ese tiempo, el endeudamiento fue la herramienta fiscal expedita de Federico Gutiérrez: el sector central de la Alcaldía lo incrementó en un desmesurado 61 por ciento, de 1,18 billones de pesos a 1,89, y en todo el conglomerado del municipio, incluyendo EPM y el Metro, en un 25 por ciento, de 22,07 billones de pesos a 27,38 (Contraloría, Medellín, deuda pública).

Hay evidencia de que el palmarés de Federico Gutiérrez es precario e idem su dominio de los asuntos del Estado. ¿Por qué cierta élite política, social y económica se obstina en presentarlo como gran adalid cuando su único “encanto” es ser el anti-Petro? Porque el declive y desprestigio de dicha cúpula es tal que, ante la escasez de auténticas figuras de Estado como otrora, decidieron echar por el atajo de una vana estrategia publicitaria para un personaje trivial la del lobo feroz de Caperucita, una senda, “para devorarte mejor”, por la cual arriesgan a irse a un abismo profundo.

Esperanza y Dignidad

Pediré el 13 de marzo el tarjetón de la consulta de la Esperanza y votaré por Jorge Enrique Robledo, de Dignidad, íntegro en su vida pública, quien enseña de modo serio y coherente una nueva democracia para Colombia.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Un fantasma recorre al mundo: el de la regresión. Tras el infarto de Wall Street en 2008 y el derrumbe de la extrema globalización, en la “desglobalización” (M. Bienefeld) afloran toda suerte de expresiones retrógradas. PanKaj Mishra, ensayista indio y escritor en The New York Times y The Guardian, entre otros, habla de La edad de la ira (2017).

Una era en la que brotan la xenofobia, el fanatismo, el anarquismo, el nihilismo, las utopías dementes, el mesianismo, la islamofobia, el chauvinismo, la demagogia, los populismos, el seguidismo político, el racismo, el supremacismo, el individualismo frenético y la aporofobia (A. Cortina), todos vestigios disgregadores del pasado, que asaltan como pesadilla millones de mentes humanas.

La economía corre “un periodo de más profundas transformaciones y problemas”, con “una crisis mayor que la reciente Gran Recesión, la que en retrospectiva parece ser solamente prólogo de un periodo” (Wolfgang Streeck, 2016). Según el sociólogo Streeck, persisten cinco desórdenes: “estancamiento económico, redistribución oligárquica, corrupción financiera, anarquía global y saqueo del sector público”. El resultado es un túnel, el caos para las fuerzas de la razón, ciencia incluida, del que nadie puede huir, aunque quisiera, dadas sus raíces materiales sin depender de ningún designio subjetivo. Así ocurre cuando las sociedades, a diferencia de los organismos, se descomponen antes de perecer. ¿Cuánto durará?

Colombia no es excepción, y acorde con un contertulio, “pasamos de la patria boba a la patria loca”. Humberto de la Calle, cabeza de lista al Senado de Verde-Coalición de la Esperanza, lo ratifica al decir: “impedir que el país se descarrile” cualquiera sea el extremo, porque “ambos infunden desconfianza” (El Espectador, 13/2/2022).

El despelote vendría de ocurrencias como restringir por decreto automático las reservas petroleras o similares, como las que en tiempos pretéritos se nombraron “socialismo utópico”, el de Proudhon, un “charlatán en la ciencia y contemporizador en la política”, combinadas con las no menos dañinas “recomendaciones” de la Ocde, además de la asociación a la Otan, máquina de guerra.

O se sigue descarrilando por otro lado. El Gobierno de Duque, encarnado en el Equipo Colombia, desvertebró más las descompuestas estructuras políticas, sociales y económicas nacionales. Hay 372 municipios con riesgo electoral por violencia (MOE), pérdida de la tendencia al crecimiento económico y desigualdad, pobreza y hambruna alarmantes que incubaron el paro nacional de 2021. En los foros políticos, sus precandidatos predican el autoritarismo en pro de la manida Confianza Inversionista, peor de lo mismo.

Concuerdo con De la Calle en que la agrupación electoral de oposición a Duque, conformada en la Coalición Esperanza, es la opción acertada, aquí y ahora. Con un programa general, trazado para salir del noveno círculo del infierno al que se lanzó al país, aclimata normas democráticas y éticas. Pediré el 13 de marzo el tarjetón de la consulta de la Esperanza y votaré por Jorge Enrique Robledo, de Dignidad, íntegro en su vida pública, quien enseña de modo serio y coherente una nueva democracia para Colombia y a partir de revisar los inicuos TLC. En la lista al Senado Verde-Esperanza mi voto será por Jorge Gómez Gallego (15), sobresaliente dirigente de la izquierda democrática en Antioquia con trayectoria consecuente y honestidad total, según lo demostró por cuatro años como representante por dicho departamento. Esto sin obviar al propio Humberto de la Calle, a Juan Carlos Flórez, a Iván Marulanda, en atrevida cruzada por otra política antidrogas, a Michel Maya, emprendedor vallecaucano, a Lina Arango, ambientalista, a Rosa Rodríguez, lideresa campesina, o a Martha Cardozo, empresaria rural.

Dignidad destaca en las cámaras jóvenes que son fruto del movimiento estudiantil y social de la última década: al médico Víctor Correa en Antioquia, quien ya se desempeñó en el Congreso con notas altas; en Santander, al abogado Juan Sebastián López, exvocero de las universidades privadas en la Mane; al economista David Mora en el Meta; al politólogo Yéilor Espinel en Cundinamarca; al investigador social Leonardo Jiménez en Bolívar y en Bogotá a Jennifer Pedraza, adalid del exitoso movimiento universitario de 2018. Vale mencionar a Johnson Torres, de los obreros cañeros en el Valle; al empresario Diego López, en Risaralda, y a Alonso Osorio, del sector agropecuario en Cauca. Sobresalen asimismo los nombres de Ana María Lleras y Fernando Rojas Parra, en Bogotá.

Un abanico que expresa de la mejor manera la Esperanza y la Dignidad, dos claves para que Colombia inicie un giro, una nueva historia.

Carabelas renovables y ¡olé!

Así, el TLC y el renovado Appri brindan “seguridad jurídica” contra todo riesgo, y de ahí el interés de reunirse con quien puntea las encuestas presidenciales, Gustavo Petro.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Las carabelas representan la colonización de América. La organización Recalca, a raíz de la negociación del TLC con la Unión Europea (UE) en 2009, produjo el documento Vuelven las carabelas, que definió las motivaciones del tratado: “Los países de la región compiten por la atracción de inversión extranjera, por ofrecer mano de obra barata y han abandonado los propósitos integracionistas”. Para la contraparte del Viejo Mundo, escribió: “La estrategia es sencilla y directa:firmar acuerdos de libre comercio que vayan más allá de lo definido en la OMC, con el objetivo de desregular al máximo las economías, eliminando las barreras comerciales, abrir el sector servicios, aumentar el acceso a materias primas (…) abrir mercados de compras públicas, proteger la propiedad intelectual” y “todo en beneficio de las trasnacionales europeas” (Recalca-2009).

El comercio se caracterizaba por la exportación nacional de materias primas, carbón, banano, café verde y petróleo. En este último, “60 millones de barriles, de los 193 que produce Colombia, es decir, 31 % del total, son producidos por las europeas BP Exploration, Perenco, Cepsa, Hocol y Emerald Energy” (Recalca, ídem). Las principales compras de Colombia a la UE eran medicamentos, vehículos, equipo de telecomunicaciones, maquinaria y licores finos (Recalca, ídem). El clásico intercambio asimétrico.

Las premoniciones de Recalca se cumplieron. Luego de casi una década del TLC, la balanza comercial acumulada, la de las exportaciones de Colombia a la UE menos las importaciones, entre 2012 y 2019, es negativa por -7.414 millones de dólares; las ventas siguieron siendo carbón, banano, oro, petróleo y café, solo la mitad son bienes no energéticos, y las compras también fueron medicamentos y vacunas, automóviles, equipo y aeronaves (MinCIT, 2020). Las inversiones europeas en el país sumaron, desde 2013 hasta 2018, 25.232 millones de dólares y las colombianas en Europa apenas la cuarta parte, 6.118, (Saqueo, págs. 110-111).

España es el país europeo con mayor inversión directa en Colombia, con 450 empresas presentes (Index.es). En lo corrido del siglo, acumula 21.825 millones de dólares (La República, 14/7/2021), de los cuales 19.824 desde 2007 a 2021 (BanRep), con firmas como Sacyr y OHL, en proyectos viales; Repsol, en petróleo; BBVA, entre los mayores conglomerados bancarios, y el Banco Santander en servicios financieros; o seguros Mapfre y aerolíneas como Iberia y Air Europa; el consorcio turístico y hotelero NH Hotel Group, y Telefónica (Movistar). ¡Cómo olvidar a Unión Fenosa en Electicaribe, a Aguas de Barcelona y Canal Isabel II en la Triple A!

La agenda española para Colombia se reorganiza con el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (Appri), recién firmado con Duque en septiembre de 2021, en el que “el beneficio es más del lado español” (La República-ídem). Recurriendo al anterior, Odebrecht demandó por expropiación al país en tribunales internacionales que siguen vigentes para solución de controversias. Así, el TLC y el renovado Appri brindan “seguridad jurídica” contra todo riesgo, y de ahí el interés de reunirse con quien puntea las encuestas presidenciales, Gustavo Petro.

En sendos encuentros, con mediación del PSOE y Podemos, que cohabitan con este empresariado, y la bendición lobista de Felipe González, hubo presencia de Repsol, Santander y BBVA; también de firmas cuyos negocios encajan con la prédica de Colombia Humana, como Ferrovial e Ineco, en redes ferroviarias y terminales aeroportuarios; de inversoras en mitigación del cambio climático y economía circular, como Indra, que además está en soluciones electorales; de Iberdrola y Acciona, en energías renovables; de turismo como el NH Hotel Group y de tecnología y ciberinteligencia como Future Space, Telefónica y Google. Fueron reuniones para nuevos filones al otro lado del océano (ver euroamerica.org-Coloquio G. Petro).

Que se sepa, no se mencionó revisar ni el TLC ni el Appri y menos al que Petro acudió, uno de doble tributación con España, cuando recompró en 2014, como alcalde y presidente de la junta del Grupo Energía de Bogotá (GEB), las acciones de The Rohatyn Group (Citi) en la transportadora de gas TGI, que facilitó al vendedor eludir hábilmente 150 millones de dólares de impuestos por ganancia ocasional. “El acuerdo no incluye cláusulas de abuso para hacer este tipo de controles a transacciones donde claramente hay utilidad y ganancia ocasional”, dijo sobre este caso particular Juan Ricardo Ortega, el entonces director de la Dian, y se divulgó ‘Vendedor de acciones de TGI no pagará impuestos en Colombia’. Recolonización, con carabelas renovables, y ¡olé!

¿Duque a lo Ortega?

Duque hace la democracia colombiana más imperfecta de lo que ya es, una de “desempeño medio”, hacia la “deriva autocrática”.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La Constitución y la ley prohíben la participación en política de los servidores públicos. Hay antecedentes como la reconvención del entonces procurador Mario Aramburo a Carlos Lleras Restrepo “por hablar públicamente en favor del entonces candidato presidencial Misael Pastrana Borrero” (El Tiempo), y en 2013 “el procurador Alejandro Ordóñez le pidió al mandatario Juan Manuel Santos no participar en actos políticos” (Blu Radio).

Ni la Procuraduría ni la Fiscalía se percatan, o se hacen las que no, de que el presidente Iván Duque se ha convertido en jefe de debate de la derecha: sus opiniones políticas en los medios y en intervenciones públicas; la iniciativa del Ejecutivo de derogar la figura de convenios interadministrativos en la Ley de Garantías, conexa con la acumulación de bolsas de dinero, de 80 billones de pesos, para repartir e irrigar con fines electorales; su desbocada cabalgata de publirreportajes para inducir el continuismo “histórico” o las referencias descalificadoras contra candidatos que no son de sus afectos.

En entrevista en El Tiempo (8/8/2021) no ahorró loas a los precandidatos del denominado Equipo por Colombia (“Coalición de la Mermelada”), tanto que los editores los calificaron como “guiños”: hay “políticos” con “grandes capacidades”, y “los veo en el Centro Democrático (…) también en el Partido Conservador”, “personas que vienen del liderazgo regional”. Y dio nombres: “El caso del exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez. Veo el caso de Alejandro Char, el de Enrique Peñalosa”. En segunda instancia, al ser inquirido al respecto, mencionó miembros del Centro Democrático: Óscar Iván Zuluaga, Edward Rodríguez y Ernesto Macías, estos dos de los más duquistas, de la cuadrilla que escolta al actual inquilino de la Casa de Nariño.

En reportaje a la agencia EFE (16/1/2022), con ocasión de la visita a las islas Galápagos en Ecuador, titulado “Ve a Colombia en su centro político histórico tras las elecciones”, con desparpajo expresó que “equipo” es una “palabra universal, pero ya muchos sabrán cómo querrán interpretarla”, en evidente alusión al grupo de sus favoritos, que además han gozado en el Gobierno Duque de gangas burocráticas y presupuestales.

Al responder sobre la unión del Centro Democrático y el Equipo por Colombia, agregó para no dejar dudas: “No con ‘coaliciones o pactos’ de ocasión”. El resto fue una perorata sobre el castrochavismo, tanto que la agencia noticioso-propagandística tituló tal apartado como “izquierda inaceptable”.

La matrícula política de Duque quedó más al descubierto con la aclaración radial de Óscar Iván Zuluaga a raíz de la decisión de no unirse con Char y compañía (Blu Radio, 17/1/2022). Dijo que había llamado al presidente a contarle y que este “se limitó a escuchar”, que “respetaba la decisión”, pero que, según Zuluaga, “lo deseable para todos” era la unificación. Fuera de lo insólito que es hacer pública la conversación entre un candidato y el jefe del Estado, puede intuirse que, entre los motivos in pectore para hacerlo, ronda el presentimiento de Zuluaga de la traición que se vislumbra en el pulso entre las vertientes del uribismo, las “centristas” y las barras bravas de Cabal y compañía.

Un cúmulo de disposiciones veda la conducta presidencial desaforada. El artículo 127 de la Constitución Política; el Código Penal o Ley 599 de 2000; la Ley 996 de 2005 o de Garantías (que solo se cambió en un artículo); la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único y sentencias de la Corte Constitucional como la C-794 de 2014, que tipifica cuatro tipos de abusos, todas para frenarlos, incluida la controversia política. Las conoce el egresado de la Universidad Sergio Arboleda, pero se burla de ellas.

Como se dice, se pasa por la faja hasta la norma constitucional, y así emula con otros gobernantes del continente en el proceder antidemocrático, al intervenir desde el Poder Ejecutivo para imponer a sus preferidos, trasgrediendo la norma de “reglas ciertas, resultados inciertos”. Duque hace la democracia colombiana más imperfecta de lo que ya es, una de “desempeño medio”, hacia la “deriva autocrática” como advierte el Idea Internacional en Latinoamérica (El Tiempo, 23/1/2022).

Nada parece detenerlo para meter mano en las elecciones al Congreso y a la Presidencia. Los vigilantes, la exministra Cabello y Barbosa, compañero de pupitre ahora en la Fiscalía, son de bolsillo; los congresistas saben que de la largueza presidencial depende su reelección; la opinión confusa y dispersa no se moviliza ante el descaro o está pendiente de sus propias disputas, mientras el nefasto mandato de 2018 a 2022 hace de todo por intentar prorrogarse tipo Ortega, como en Nicaragua, avivado con el fuelle de un presidente que abandonó deberes para montar la campaña de la Coalición de la Mermelada.

La coalición de la mermelada

Resulta injustificable que, con este balance, los responsables, que han ocupado posiciones de decisión en el Estado en las últimas décadas, aleguen “experiencia”.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El Paro Nacional fue un suceso notable en 2021 y mostró la indignación sobre el estado de cosas, concentrada en la absurda reforma tributaria de Duque y Carrasquilla y en la mercantilista relativa a la salud. La contrariedad casi general se expresa todavía en sondeos como el de Cifras y Conceptos (septiembre de 2021), en el que 41 por ciento dice estar “mamado”, 19 por ciento “incluyente” y 26 “reformista”. Piden, con distintos enfoques, un cambio, no continuidad.

Esos resultados, que no deben separarse de la ira que causa la corrupción, se relacionan además con pobreza, desempleo, desigualdad, salario e ingreso. Aunque de uso poco frecuente, un buen indicador para medir las condiciones socioeconómicas es el Índice de Miseria de Okun. En su versión más simple, la suma de la tasa de desempleo y la inflación para el tercer trimestre de 2021 en Colombia fue 16,62 (BanRep), más que en 2019, antes de la pandemia, cuando ya era de los países más miserables del planeta (Saqueo, página 208). En 2020, en la modalidad de Índice de Miseria Hanke, el nacional estuvo en 35,8, mientras que la mediana mundial fue 23,4 (Cato).

Resulta injustificable que, con este balance, los responsables, que han ocupado posiciones de decisión en el Estado en las últimas décadas, aleguen “experiencia” y se presenten, por encima de estos hechos, como “resolvedores” (sic) para “salir de la crisis” que reconocen.

Uno es Juan Carlos Echeverry, exdirector de Planeación de Pastrana, exministro de Minas y Energía de Santos y presidente de Ecopetrol en el mismo gobierno. Fundamenta su candidatura en “muy buenas relaciones en Washington y Wall Street” (KienyKe, 19/08/2021) además de ser paladín de la “disciplina fiscal”, la del FMI, de más ingresos (léase más impuestos) y menos gasto, que presume haber contribuido a aplicar más allá de los acuerdos con el Fondo (Modelosde desarrollo económico, 2002, págs. 429-477), que se reforzó desde 2012 con la implantación de la regla fiscal, que ya estalló dos veces, y que cuenta ahora con una versión más severa.PUBLICIDAD

Como ironía, Echeverry pone en la “descentralización” un emblema de campaña, cuando en 2001 en el DNP fue cogestor del Acto Legislativo 01 que transformó el régimen de transferencias en el Sistema de Participaciones (SGP), y que privó, en pesos de 2019, a municipios y departamentos de 318 billones de pesos, arrebatados a salud, educación y saneamiento básico (Espitia) para soportar largos beneficios tributarios. Plantea un salario mínimo inferior para el Chocó o Sucre, en busca de inversionistas hacia islotes de mano de obra barata como Bangladés o Etiopía o el distrito de Kaesong, el que montara Corea del Norte para empresas surcoreanas con salarios de 80 dólares al mes. ¿Echeverry y Kim Jong-un?

“Dime de qué alardeas y te diré de qué careces”, justo para Enrique Peñalosa. En todos los escenarios receta como pócima la “gerencia”, pomposo término con el que designa su doble alcaldía de Bogotá. En tanto el más grande daño al urbanismo fue sacar, en 2000, el metro de la Avenida Caracas, su eje natural, y reemplazarlo por buses de TransMilenio y 20 años después hubo que corregir, montándoles encima el tren eléctrico. En su dogmatismo “gerencial” declara fobia constante por los sindicatos y fervor por las privatizaciones. Asimismo, volvió modus vivendi ser candidato: el CNE certifica que a Peñalosa se le repusieron 5.794 millones de pesos por cuatro candidaturas entre 2007 y 2015, una cada dos años, tres a alcaldías, dos por firmas como ahora y otra a la presidencia. (ver documento CNE).

Federico Gutiérrez profesa el discurso continuista: aprovechar “no sé cuántos TLC (sic) para exportar” o que hay mucho “subsidio ocioso”, que “todo no puede ser regalado”, o las vías 5G como locomotora o culpar de la inseguridad a los jueces, lo que mezcla con demagogia, al doble del estimado de Camacol: hacer 1,8 millones de viviendas en el cuatrienio (Foro Semana). Se acomoda en este combo de “expertos” Barguil, oficialista de nocivas políticas centrales por tres periodos consecutivos en el Congreso y favorito de las burocracias gubernamentales, al que sus colegas del Partido del Presupuesto, como decía Roberto Gerlein, eligieron candidato.

La montonera fue confirmada en Barranquilla, precisamente donde 66 por ciento de los hogares no consumen tres comidas diarias, con Álex Char, campeón de la politiquería, y soldada con un pote de neoliberalismo y cucharadas de filosantismo y filouribismo, adobada con Cambio Radical, la U y los conservadores (El Tiempo 14/11/2021), donde cabrían Cárdenas o Zuluaga o Alejandro Gaviria.

Es solo otra unión más de los mismos con las mismas, un frente nacional de la mermelada, ingrediente conque el mismo Echeverry degradó en su ministerio la muy maltrecha democracia colombiana.

“Construyamos democracia, no más desigualdad” (Homenaje a Carlos Gaviria)

No le faltaba razón a Carlos Gaviria en su pregón: la política económica enunciada en 1991 no respondió a la igualdad proclamada doctrinariamente.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Pocas personas han hecho desarrollos de las normas de la Constitución de 1991 como Carlos Gaviria Díaz. Sus ponencias en fallos de la Corte se consideraron “herejías constitucionales” y de ahí la biografía que escribió Ana Cristina Restrepo titulada El hereje: Carlos Gaviria.

Cubren la autonomía personal, en el consumo de drogas y la eutanasia; las libertades de opinión e información para el ejercicio del periodismo; el principio de igualdad, que cobijó a la mujer, la pensión de vejez y la ley de cuotas; la familia, sobre asuntos espinosos como el sexo y la violencia en televisión, el incesto y el castigo a los niños.

Abordan la inviolabilidad parlamentaria, el delito político, la cobardía y el honor militar, la autonomía jurisdiccional en comunidades indígenas, incluyendo pluriculturalismo y derechos humanos, y el debido proceso para estos casos, para la extradición y para la extinción de dominio (FCE-2002).

No obstante, Gaviria decía que “de nada sirve el enriquecimiento del catálogo de derechos y libertades sin un mecanismo que permita hacerlos efectivos”. En consecuencia, siendo candidato presidencial en 2006, divulgó un lema todavía vigente: “Construyamos democracia, no más desigualdad”, para lo cual apelaba a poner al Gobierno, como cabeza del Estado, al frente de la orientación de la economía.

Ese postulado contraría los artículos de la Constitución de 1991 que prescriben la política económica: el 371 y el 373, al depositar de manera autónoma la política monetaria y cambiaria en el Banco de la República, y el 334, que fija la conducta fiscal para las ramas del poder público.

Condensan el dogma neoliberal en tanto restringen la intervención de los gobiernos en instrumentos a los que podría acudir en busca de estabilidad macroeconómica frente a volatilidades y choques externos o a dinamizar el gasto público proactivo hacia la producción y el empleo, con mayor premura en tiempos críticos como el actual.

El control de la inflación se fijó al inicio por una cantidad de dinero de “equilibrio” en la economía y luego, por orden del FMI, por un rango meta (Junguito, 2005). Aunque el principio rector es “el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, luego de 30 años una tercera parte de los hogares solo accede a dos o menos comidas diarias; escasamente un 5 por ciento puede ahorrar y, al 85 por ciento, sus ingresos no les alcanzan o apenas suplen sus necesidades. Los presupuestos familiares se han debilitado asimismo por el ánimo de lucro –permitido en la Constitución– a particulares en áreas de bienestar, como la salud, y por las cargas de 18 reformas tributarias.

En contraste, como prueba de que dichas normas constitucionales no son neutras, pero sí afines al Consenso de Washington, el sector financiero creció al 7 por ciento entre 2006 y 2019, mientras la economía lo hizo al 4. Sus tasas reales de interés son de las más altas y los márgenes de intermediación, prohibitivos. Asimismo, garantiza a las inversiones extranjeras, que a diciembre de 2020 valían 380.000 millones de dólares (Banrep), la valorización en pesos constantes. Escasos ganadores y muchos perdedores.

El 334 dejó expedito el camino a la ortodoxia fiscal para promover reformas, fundadas en el hiperpresidencialismo manifiesto en los artículos 154 y 189, que acinturaron más el gasto público. Un ejemplo fue el Acto Legislativo 01 de 2001, que cambió el régimen de transferencias para educación, salud y saneamiento básico a municipios y departamentos, ligado a los ingresos corrientes de la nación, por el Sistema General de Participaciones, por el que durante 18 años, en pesos constantes de 2019, han dejado de recibir 318 billones de pesos (Espitia, 2020). Por la puerta entreabierta se colaron en 2011 la regla y el incidente fiscal, si las sentencias judiciales se salen de molde, y en conjunto con el 373, forman un marco contractivo, como ahora, cuando se descartó la emisión monetaria. Los superpoderes presidenciales otorgados marginan al Congreso y se ejercen a sus anchas en campos como la deuda pública o el comercio exterior.

¿Cuál es el balance? Que en tres decenios Colombia es tanto o más desigual. En 1990 el coeficiente de Gini, que mide la distribución del ingreso, era de 0,546 y en 2020 fue de 0,544 (Dane). No le faltaba razón a Carlos Gaviria en su pregón: la política económica enunciada en 1991 no respondió a la igualdad proclamada doctrinariamente.

Urge cambiar el 373 y, sin quitar independencia técnica al Banco, regular la tasa máxima de interés remuneratorio con el propósito de promover la inversión, la competitividad y el empleo y con tales fines adaptar los requisitos, si es el caso, para emitir dinero, aplicado en forma certera en procura de enrutar a Colombia hacia la equidad y el progreso, asignatura básica de cualquier Carta.

BUITRES

Los buitres del capital financiero metieron su Esmad para notificarnos, antes de tomar otro curso, que su filón estará a salvo, como humillaron a Grecia, a la que desvalijaron del bienestar social, o con Argentina.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En mayo de 2021, la deuda global, de los hogares, las corporaciones no financieras y los gobiernos, sumaba 221 billones de dólares (IIF), mientras que en 2000 era de 63,7 billones, tres y media veces menos. Si a la actual se añadiera la del sector financiero, alcanzaría la cifra descomunal de 289 billones (IIF).

Triplica la producción mundial de bienes y servicios y cubre uno de cada cuatro de los dólares que hay en dinero. Es la mayor de las modalidades especulativas y arrastra otras colaterales. La organización económica ha montado un casino de préstamos a futuro esencial en la financiarización de la economía.

El creciente endeudamiento de las economías se remonta a la última década del siglo pasado (Oxford). En la globalización entró a una nueva fase, pues las que van acumulando déficits en sus cuentas externas acuden a créditos y a capitales financieros prestamistas, un mercado tan jugoso que en los TLC se considera como inversión con garantías plenas.

Dicho mercado abarca los gobiernos y empresas emisoras de bonos y otros agentes y requirió de entes que avalen confianza a los especuladores en sus operaciones. Cumplen la función tres firmas privadas de Estados Unidos, Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P), un oligopolio de calificadoras de riesgo.

Esa trilogía ha sido criticada por distintos economistas. Dani Rodrik descree del poder regulatorio confiado a un número limitado de agencias “humanas y muy falibles” (2007). Joseph Stiglitz acusa que en 2008 “las agencias de calificación, así como la gran mayoría de los bancos inversores, cometieron fraudes masivos” (2020). Adam Tooze alude al ridículo de S&P cuando en agosto de 2011 rebajó la calificación a Estados Unidos por causa de un mal cálculo sobre un escenario equivocado de referencia (Crash, 2018) y Tepper y Hearn revelan que las certificaciones, por las cuales cobran, les reportan retorno sobre sus patrimonios hasta del 84 por ciento, ya que han hecho de ellas un gran lucro (2019).

Pues bien, con S&P a la cabeza, se lanzaron a desacreditar a Colombia a raíz del hundimiento de la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla. El castigo es calificar los bonos de deuda del país como “bonos basura”, con lo cual los prestamistas cobrarían mayores tasas por sus créditos, algo extensivo a firmas como Ecopetrol o Banco Davivienda, que ya vieron la degradación. “Perdimos el grado de inversión”, gimen los idólatras de los mercados financieros.

La decisión resulta inexplicable en la lógica de los fundamentales de la economía nacional: no hay ni explosión inflacionaria, ni crisis cambiaria, ni resquebrajamiento patrimonial o de solvencia del sistema financiero. Ocurre luego de un préstamo de 750 millones de dólares del Banco Mundial y cuando se pronostica para 2021 un crecimiento del PIB entre 4 y 5 por ciento y más importante: los compromisos de pago de deuda a 2030 tienen un programa financiable y una tasa fija convenida (BanRep).

Al inferir que se trataría de una cuenta de cobro por los estragos de la pandemia, dos exministros de Hacienda, Ocampo y Hommes, se pronunciaron: las calificaciones crediticias “no pueden basarse en criterios de corto plazo”, dijo el primero, y “abusan de sus atribuciones”, manifestó el segundo.

¿Qué explica el atropello? El faltante en las cuentas externas, causado por la estrategia de libre comercio y capital extranjero, ha creado en las finanzas públicas un viacrucis de endeudamiento público. Colombia paga para que le presten y le prestan para que pague, un circuito dentro del Presupuesto que condujo a que en 2000 la deuda del Gobierno central por habitante, 1,8 millones de pesos, pasara en 2020 a 12 millones, 6,5 veces más, mientras el ingreso por persona solo se multiplicó por cuatro. El país, estatal y privado, vive del crédito provisto por agentes financieros globales, más que de petróleo o carbón como aducen quienes leen el desempeño económico con ligereza y lo acomodan a su retórica.

Con menor gasto y más recaudo impositivo, la fallida reforma tributaria creaba nuevos espacios fiscales que reforzaran tal círculo vicioso, para que a futuro los fondos de capital tuvieran negocio seguro en ese desequilibrio de 25 billones de pesos que se montaba a favor de la Hacienda. Pero la sociedad dijo ¡NO!

Los buitres del capital financiero metieron su Esmad para notificarnos, antes de tomar otro curso, que su filón estará a salvo, como humillaron a Grecia, a la que desvalijaron del bienestar social, o con Argentina, a la que le convirtieron bonos adquiridos por 48 millones de dólares en pagos por 1.330 (NYT). Cuando las colonias se resisten, ahora los poderes mundiales amplían el menú: de golpes de Estado, invasión o atentados a presidentes a reducir económicamente a las sociedades, elevar el agio y caer sobre la carroña.

La emboscada a la protesta

El gobierno de Duque, fuera de aludir a la protesta con el término policial “vías de hecho”, ostenta una conducta reaccionaria al respecto.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El artículo 37 de la Constitución, en el título II sobre derechos fundamentales, dice: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Los artículos 18, 20 y 40 lo complementan.

Los apartados 21 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas la resaltan como una “forma importante de ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión establecida” y tratadistas como Gargarella la nominan como primer derecho, pues de él se han derivado los demás.

Investigadores señalan que en Colombia “la protesta es una de las formas principales de participación ciudadana, y que en la gran mayoría de los casos, transcurre de manera pacífica. La gente suele acudir a la protesta en situaciones o momentos límites, cuando se agotan otros canales de participación o expresión del descontento ante situaciones injustas”. Estiman que entre 1975 y 2016 hubo 25.000 movilizaciones, que aumentaron “desde finales del decenio pasado, cuando aún era presidente Álvaro Uribe” y que “la tendencia se mantuvo con vaivenes bajo el Gobierno de Santos, con el que llegamos al pico de 1.037 en 2013” (Archila, García y Cinep).

El número descendió de 800 anuales a 300 entre 1975 y 1995, subió a 600 hacia 2007 y en adelante estuvo entre 800 y 1.000 hasta 2016 (Cinep). En los primeros tres meses del gobierno de Duque hubo 348 protestas, 59 por ciento más frente a igual periodo en 2017, cuando hubo 1,9 movilizaciones por día (FIP). Para 2019, tras el triunfante movimiento estudiantil de 2018, se activó la protesta contra el “paquetazo” de la Ocde que desató el paro iniciado el 21 de noviembre, teñido por el asesinato de Dilan Cruz con réplicas hasta febrero de 2020.

El Gobierno de Duque, fuera de aludir a la protesta con el término policial “vías de hecho”, ostenta una conducta reaccionaria al respecto: su primer ministro de Defensa, Guillermo Botero, previo a posesionarse hablaba no de garantizarla sino de reglamentarla, porque para él son minorías contra mayorías entorpecidas en su diario vivir. El fallecido ministro Trujillo debió presentar disculpas por excesos de la fuerza pública contra los protestantes, como le ordenó la Corte Suprema, y el actual, Diego Molano, es autor de la “genialidad” de confinar la protesta en un “protestódromo”.

Llueven críticas desde la comunidad mundial al Gobierno por su autoritarismo, que no cumple el protocolo acordado a instancias de la Corte de no usar armas letales, quizás orientado por la máxima instigadora de Álvaro Uribe del “derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad”.

Luego de 15 días, 2.700 concentraciones y 1.215 marchas en 750 municipios, el balance era 2.110 casos de violencia de la fuerza pública, con 40 presuntos homicidios, 34 con arma de fuego –el modus operandi que el 9 de septiembre de 2020 causó nueve crímenes similares y solo tres decisiones judiciales en Bogotá–, 362 víctimas de violencia física y 17 sexual, incluida Alison en Popayán, 1.055 detenciones arbitrarias y 168 posibles desaparecidos (Defensoría, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Indepaz y Temblores).

Deja mucho qué pensar que gatilleros de civil, en distintos episodios, sean vistos al lado de la Policía, la que, a su vez, tuvo 849 uniformados heridos y la muerte del capitán Solano al enfrentar un robo bancario en Soacha por vándalos que aprovecharon la manifestación.

También entrampan la protesta, al dificultar su carácter masivo, el vandalismo y el extremismo ejercido por anarcos, por la delincuencia organizada, gente descompuesta fruto de la misma crisis galopante, y por residuos insurrectos que persisten en suplir a las masas con acciones “heroicas” lanzándose “por el atajo de una insurrección imaginaria”. Estos modos, en lugar del dicho de los corifeos oficiales, no son criaturas de la protesta, son su contrario. Si se proscribiese la movilización civil y desembocara en la devastación, sería el caos.

Conspira contra la resistencia ciudadana la tecnocracia criolla, que no se explica cómo la “masa inculta” no entiende lo bueno de aumentar el IVA y oficia de eco de los mercados financieros, que castigarán la rebeldía justificada con la pérdida del grado de inversión a la economía y atemorizan con las calificadoras de riesgo que arrasaron en Grecia el estado de bienestar para calmar la voracidad de los especuladores. Tecnócratas alejados de la incertidumbre de 3,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Duque procedió al revés. Primero recaudo de impuestos que gasto público eficaz, primero fuerza desproporcionada que negociación abierta, y primero discurso hosco que mensaje de concordia. ¿Seguirá emboscada la protesta?

Un fantasma recorre la Orinoquia: la consulta popular

El terreno de los cuatro departamentos que componen la Orinoquia, tan ricos en hidrocarburos como en recursos hídricos, están solicitados en un 82% para concesión de explotaciones minero-energéticas.

Al recorrer la carretera de Villavicencio a Yopal se ven centenares de carrotanques cargando el petróleo que se mueve en la zona, que entrega, sumada Arauca, el 70% de todo el país. Diez compañías petroleras lo movilizan hasta las distintas estaciones de bombeo a escala nacional –que también cubre en alguna medida a la carretera Bogotá-Villavicencio– por el eje vial concesionado en ambos tramos, hasta el 2044, al grupo financiero más poderoso del país, AVAL, con peajes de alta tarifa cada 60 kilómetros.

Lo que el resto de la población devenga en tal proceso se limita a los consumos de transportistas, operarios y empleados y en contratos con firmas de suministros y servicios complementarios, que no llegan a ser ni 15% del total del ingreso bruto derivado de esa explotación petrolera. Este esquema no es más que fiel réplica de la distribución de valor, del estilo de la de Epulón y Lázaro, en la representación minero-energética del modelo de capital extranjero. Un dato de las inversiones sociales de las empresas petroleras por $185 mil millones en 2014 arroja tan solo $108 mil por habitante de la Orinoquia, escasamente un barril para cada uno al año.

La regalía promedio es de 8 barriles por cada 100 producidos, pero debido a la última reforma introducida –con el ánimo de que “la mermelada se regara por toda la tostada”– a la Orinoquia se le redujo su participación del 47% del total en 2009 a apenas 12% en 2016.

Los cuatro departamentos que componen la Orinoquia son tan ricos en hidrocarburos como en recursos hídricos. Su vasto territorio abarca el 22% de la superficie total de Colombia y está solicitado en un 82% para concesión de explotaciones minero-energéticas. Según un estudio del Instituto Von Humboldt, “la zona cuenta con un régimen de lluvias que produce un promedio de 23 mil m3/s, lo que representa el 33,8% de la escorrentía total nacional, estimada en 67.000 m3/s” y la cuenca del petróleo gira en especial en torno al río Meta, en cuyas márgenes está más del 90% del territorio de los departamentos de Casanare y Arauca, por la izquierda, y del departamento del Meta por la derecha, con 15 biomas y 92 ecosistemas.

En Casanare sobresalen afluentes como los ríos Upía, Túa, Cusiana, Cravo Sur, Guanápalo, Pauto, Guachiría, Ariporo, Casanare y Cravo Norte. En Arauca, en dirección al Orinoco, están además el Arauca, Tocoragua, Tame, Ele, Lipa, San Miguel y el conjunto Negro-Cinaruc. Y en el Meta fluyen Gabarra, Duda, Manacacías, Yucao, Guatiquía, Guayuriba, Ariari, Guacabía y Guaviare. A este sistema se le extraen cerca de 21 barriles de agua por cada uno de petróleo. El impacto se vio en 2014 con la muerte por sed de miles de animales en Paz de Ariporo, en una sequía que alcanzó niveles por encima de los históricos. Aunque el petróleo no es único responsable y también lo son la producción agropecuaria de arroz y palma y la ganadería, y hay otros factores adicionales, todos  se aúnan en la transformación anárquica de sabanas, morichales, esteros y humedales.

Las secuelas enunciadas se conjugaron para que hoy exista en la Orinoquia el más ferviente movimiento social contra la explotación petrolera y el modelo de capital extranjero que encarna, imponiendo a centenares de miles de personas un modo de vida que se resisten a adoptar.

Siete municipios del Meta, seis del Casanare y todo el departamento de Arauca –20 de 55 en los tres departamentos— han desatado una ola de consultas ciudadanas que se unifican en el desacuerdo común contra actividades de exploración, sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos.

La contradicción tiende a agravarse tanto porque el Ministerio de Hacienda, de forma autoritaria, ha quitado los recursos para financiar la democracia participativa, obligando a los municipios a asumir los costos, como porque se avizoran nuevos males como el fracking y la acumulación de baldíos para macroproyectos de agricultura a gran escala en baldíos de la Altillanura, a los que ya se están apuntando grandes poderes globales como los emires árabes amigos de Tony Blair, los mismos del oro de Santurbán.