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Entonces, ¿“Los que diga Duque”?

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

El plato queda servido: bolsas por casi 80 billones de pesos, el mecanismo para irrigarlas y documentos al por mayor de votantes anónimos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Se están contabilizando los montos que por distintas fuentes ha acumulado el Gobierno, un gasto público para 2022, pero ausente en lo peor de la pandemia, y hay recelos por el destino que tendrá a las puertas de las elecciones presidenciales y del Congreso de la República, si servirán para elegir a “los que diga Duque”.

La primera es la reforma tributaria de 2021, la de Restrepo, gestor del botín para el soborno social y político. En ella, se destinarán $6,6 billones en 2022 al llamado Ingreso Solidario para 4 millones de hogares menesterosos, hoy por fuera de los programas tradicionales, a los que, sin darles siquiera una renta básica, se les endulzará con una dádiva “histórica”, un rústico remedo de los cheques que Trump rubricó en la crisis sanitaria.

Irá con otros planes, no inscritos en el marco del derecho universal, sino en forma de óbolo, como la publicitada matrícula cero en universidades públicas, solo para estratos de ingreso bajo y medio-bajo. El Presupuesto General aplicará 35 billones para la denominada “recuperación social” en 2022 (El Tiempo, 21/10/2021, citando DNP).

No obstante, esa suma aún no es suficiente para el mercado electoral: urgen otras para financiar el universo de gastos de funcionamiento, que no se fondea con tributos y abarca las clientelas contratistas y la fronda burocrática, ampliada ahora en miles de puestos en la Contraloría, la Procuraduría y la Registraduría.

La más voluminosa y de libre disposición vendrá de Ecopetrol. Los cálculos del precio del barril de petróleo para un marco fiscal adecuado se hicieron en 63 dólares. El precio promedio este año superará los 70 y con ello el Gobierno, con una propiedad del 89 por ciento, se ganó la lotería, ya que desde junio se anunciaron traslados por utilidades e impuestos por más de 10,5 billones de pesos, que al terminar 2021 pueden subir a más de 20 (Portal Ecopetrol, junio 2021).

A las alforjas oficiales llegaron nuevas bolsas. Por la compra del 51,4 por ciento de ISA por Ecopetrol, a crédito, “exprimiendo la empresa” (Kalmanovitz), entró un cheque por 14,2 billones de pesos, bajo los enunciados de “reforzar la caja” o la “reactivación económica” (Portafolio). ¿Hay ya auditoría del contralor Córdoba al respecto?

Del exterior aterrizó otra partida. El ingreso de 2.790 millones de dólares que le asignó a Colombia el FMI de la desinversión de reservas internacionales por 1,96 mil millones de derechos especiales de giro (DEG). El Banco de la República, receptor de la remesa, explicó: “El Banco vendió reservas al Gobierno Nacional por un monto en dólares equivalente a la asignación de DEG y recibió como pago Títulos de Tesorería TES Clase B (…) el Gobierno obtuvo liquidez inmediata en dólares y mejoró el perfil de su deuda interna (…) los títulos entregados al Banco provienen de canjes (…) cuyo vencimiento (…) era el año 2022”, y fueron sustituidos por otros de largo plazo. En fin, una emisión camuflada para el Gobierno por 10,6 billones, acorde con la tasa de cambio de 3.806 pesos por dólar a 31 de agosto.

No contento con lo acumulado, Duque se apresta a vender 3.490,8 millones de acciones de Ecopetrol, el 8,49 por ciento, que, al precio unitario actual cercano a 2.660 pesos, totalizaría 9,28 billones. De pasarse por encima las restricciones que impone la Ley 1118 de 2006 para usarlos, como ya hizo con el “enroque” de ISA, este paquete cuantioso engordará más sus cajas menores.

Al final, además de los recursos ordinarios presupuestados, con estas maniobras adicionales calculadas se destinarán más de 70 billones para elegir a “los que diga Duque” en acción sucedánea de su mentor, hoy sub iudice y en franco desprestigio.

El bazar de votos, sin precedente, lo allanó el artículo 125 del Presupuesto con la modificación de la ley de garantías, para pasar en estos meses los convenios interadministrativos entre la Nación y los entes territoriales. Así el Centro Democrático cebaría a sus 42 alcaldes en Boyacá o los conservadores, a los del norte y el oriente de Antioquia, y, sin contar coaliciones, a 116 en total, y los liberales, a 99 en toda Colombia, o Cambio Radical, a 29 gobernaciones donde participa, o La U, en 22 (celag.org). La funcionaria estrella será Ana María Palau, consejera para las regiones, quien reemplazó ahí a Karen Abudinen.

A estas alturas, el registrador nacional, Alexánder Vega, el de “si no le gusta, váyase”, informa de 5 millones de cédulas en volandas, de colombianos en el exterior, de muertos o fraudulentas, como las que aprovechaba Aída Merlano. El plato queda servido: bolsas por casi 80 billones de pesos, el mecanismo para irrigarlas y documentos al por mayor de votantes anónimos. Es la engañosa hoja de ruta para elegir a “los que diga Duque”. Colombia y la comunidad internacional deben percatarse.

Pandora a la carta

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Con base en la información conocida, pueden intuirse las artimañas a las que varios “notables” acudieron para pagar pocos o no pagar impuestos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La Ley 1111 de 2006, de Álvaro Uribe y Alberto Carrasquilla, eliminó el impuesto del 7 por ciento al giro de utilidades al exterior de quienes por relaciones de dependencia o corporativas envían este tipo de remesas (Saqueo, pág. 86).

Las inversiones de nacionales en el exterior sumaban aquel año 23.943 millones de dólares, pero para 2017 ascendían a más de 53.000 (Saqueo, pág. 184). Protegido por la Ley 1111, el dinero se refugió “principalmente a partir de 2009” en Panamá, donde está el mayor porcentaje, 16 por ciento, con rentabilidades entre el 4,7 por ciento y el 6,8 (Banrep, Borradores de Economía, n.º 1068). También en España e Inglaterra por los tratados de protección de inversiones, los preferidos por el exfiscal Martínez Neira para registrar bienes raíces. Para monitorearlas, la Dian intercambia información con 48 jurisdicciones y solo hace dos años Panamá inició el proceso (El Tiempo, julio 2 de 2021).

La alianza periodística Connectas ha destapado los PanamaPapers (2017), en los que figuró el mismísimo Carrasquilla para tramitar el negociado de Bonos Agua, y ahora los Pandora Papers. El coro de que “todo es legal”, orquestado por Iván Duque, no elimina sospechas a empresas y magnates que se valen del mecanismo, ni menos logra cubrir a expresidentes y dirigentes políticos, en particular a los que, al iniciarse en la vida pública, estaban en deciles inferiores, y ni hablar de Junco, el director de la Dian, involucrados todos en el selectísimo grupo élite del 0,0012 por ciento de la población con tales prácticas. Con base en la información conocida, pueden intuirse las artimañas a las que varios “notables” acudieron para pagar pocos o no pagar impuestos.

Andrés Pastrana. Guardaba su patrimonio personal y familiar en una sociedad en comandita simple, Salatina Puyana y Cía. S., un viejo truco usual en familias adineradas para brincarse, por las características societarias, el pago del tributo a herencias. Al insertarla en Vanguard Investments Inc., en Panamá, dicho patrimonio pasó de pesos a dólares y quedó exento, fuera del impuesto a la riqueza, también del de renta sobre los beneficios causados. Es el típico personaje que “separa su suerte de la suerte de la Nación”. ¿Cuánto le dolerán nuestros infortunios al expresidente? Los explican dos refranes: “Donde está tu dinero está tu corazón” y “Mi patria, mi bolsillo”.

César Gaviria. Aparece como director de la sociedad panameña MC2 Internacional S. A., que absorbió a la radicada en Colombia MC2 SAS ESP (Cuestión Pública), del sector de hidrocarburos, en particular en distribución de gas en Colombia y Perú, asociada allá con la Organización Sarmiento Angulo y beneficiaria de contratos sin concurso en TGI y Ecopetrol. Gaviria también se mueve en el mercado de obras de arte, seguros y consultoría.

En claro aprovechamiento de la Ley 1111 de Carrasquilla y Uribe, remite a Panamá, sin pagar impuesto alguno, las ganancias a las que tiene derecho (¿el 100 por ciento?), venidas de la sociedad matriz colombiana, que caen al bolsillo de este otro expresidente en el 58 por ciento y el resto a familiares e íntimos. Impresentable.

Marta Lucía Ramírez. Las cuestionadas conexiones lucrativas de la vicepresidenta y canciller son de vieja data. Cuando fue ministra de Comercio Exterior, hubo de declararse impedida sobre zonas francas. Fue abogada de Philip Morris en pleitos con la Dian. Es conocida la sociedad constructora del Edificio Torres 85, que su firma familiar Hitos Urbanos pactó con el paramilitar Memo Fantasma. Y en el debate en el que el senador Robledo denunció la “indemnización” por 1,4 billones de pesos, que intentó pagarse por adelantado a los socios de la Ruta del Sol para evadir el fallo del tribunal de arbitramento, chispearon sus fuertes nexos con el Grupo Aval.

Marta Lucía Ramírez vuelve a escena por su asociación, de 2005 a 2012, en la comisionista de bolsa, Global Securities Management Corporation, basada en Islas Vírgenes Británicas, y con un socio condenado “lavador de dinero profesional”, para operar “en el mercado de valores con cobertura de diferentes países de Latinoamérica”. Según participaba desde la firma panameña Stulb Investments Corp., combinó Islas Vírgenes y Panamá, como modus operandi. ¿Qué pasó con las rentas en esos siete años? Sin mesura.

Gaviria, Pastrana, Ramírez y demás políticos nombrados en Pandora Papers como Peñalosa (“El negocio, socio”) o Alejandro Char (¡Cuándo no!), cada cual a la carta, deben ser esculcados a fondo. Tiraron lejos la admonición de Lleras Camargo, “no mezclar los negocios con la política”, y hoy pertenecen al club de superricos con una tarifa efectiva de tributación del 2,26 por ciento, la menor entre todas las de todos los contribuyentes (Garay y Espitia). Indignante.

#Minticgate (o los escándalos en Mintic en la era Duque)

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Abudinen y su rosca deben irse y el juicio ha de alcanzar a Iván Duque, quien presumió hacer del país un Silicon Valley y remata con Mintic vuelto foco de trastadas.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Los escándalos en Mintic escalan desde la aprobación de la Ley 1978 de 2019 con Silvia Constaín como ministra, que venía de Facebook como jefe de Políticas Públicas para el Sur y Gerente de Relaciones Gubernamentales de Apple para Sudamérica (Wikipedia). A estos agentes o Google o a Amazon, bajo la batuta del Comisionado TIC, Víctor Muñoz, se les diseñó una “ley sastre” permitiéndoles captar gran parte de la torta sin retribuir casi nada. Y a los operadores de telefonía y televisión se les extendieron con largueza las concesiones del espectro.

Las 61 mayores compañías de telecomunicaciones facturan al año 40 billones de pesos (Dinero). El líder es Claro, de Slim, que copó las bandas hasta el tope permitido. Lo siguen Movistar, de Telefónica de España, y Une-Tigo, compartida entre EPM y Millicom. Un oligopolio al que la telefonía móvil causa el 60 por ciento de sus ingresos, la fija, el 25 por ciento y otros servicios, el 15 por ciento. El acceso a internet se alinea hacia el consumo de voz, datos, aplicaciones y afines en un paquete que cuesta dos y media veces el promedio internacional (Ocde, El Tiempo, oct. 2019).

Constaín licitó en 2019 nuevas franjas del espectro. Se avisó que, por fuera del oligopolio, aparecería un operador nuevo, Partners, que obtuvo bloques en las bandas de 700 MHz y de 2.500 (Mintic). El tropezón sobrevino cuando renunció a uno de 10 MHz asignado en la de 2.500, porque “por error” ofreció 1,7 billones de pesos. Se escabulló aduciendo que anotó un cero de más. Se le impuso una ridícula multa de 42.000 millones de pesos, pero se le validó el resto, pese a la objeción de los competidores.

Vino la subasta para administrar y explotar el dominio de internet para Colombia. Desatendiendo admoniciones del procurador Carrillo, Constaín lo adjudicó a la norteamericana Neustar, que tenía demandado al Estado colombiano exigiéndole la renovación automática, aunque a los días fue vendida al gigante GoDaddy, cuyos bajos precios de oferta implicarían, según expertos, un monto inferior a los 41.000 millones de pesos percibidos en la última década (Montes, SEMANA, n.º 1981)

En medio del barullo, aterrizó una nueva ministra, Karen Abudinen, con su rosca: viceministro de Conectividad; secretaria general, que también maneja el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic); director jurídico; directora de industria de comunicaciones; jefa de fomento regional de TIC y subdirectora de gestión contractual, todos o colegas suyos en el ICBF o en administraciones de Barranquilla o en la Consejería Presidencial para las Regiones o paisanos (como se ve en el roscograma MinTic Abudinen – Char adjunto a esta columna en su versión digital).

En diciembre de 2020 lanzó la subasta por 2,1 billones de pesos para “revolucionar la conectividad en las escuelas rurales del país (…) 14.745 (…) 10.000 antes del 31 de diciembre próximo”. El resultado de la licitación, al final estructurada en dos grupos, fue la asignación de uno para Claro-Comcel (¡cuándo no!) con 7.468 centros digitales, y el otro, con 7.277 en 16 departamentos, para la unión temporal UT Centros Poblados, compuesta por cuatro empresas: una, contratista en la Costa Caribe con evidentes vínculos politiqueros; otras dos, que ajustaron su objeto social para obras TIC, las tres inscritas en la Cámara de Comercio de Barranquilla, que no están entre las 61 principales de telecomunicaciones ni entre las 104 primeras en tecnologías de la información (Dinero); y la cuarta, de pavimentos, también adecuada a TIC, ligada por años al exgobernador Álvaro Cruz, condenado por el carrusel de la contratación.

Pese a recibir 70.000 millones de pesos de anticipo, la UT no había cumplido lo acordado corridos seis meses. El escándalo estalló cuando el banco Itaú dijo que las pólizas de cumplimiento y garantías eran falsas. La UT gastó el dinero, hoy en volandas, en subcontratar con firmas relacionadas y en el giro irregular a una empresa fachada, basada en Delaware, Nuovo Security, con raíces en Barranquilla (Caracol Radio).

Frente a lo dicho por Iván Duque y Abudinen, la solución está lejana y más cuando el abogado de la UT, Pino Richi, ducho en recovecos jurídico-administrativos, como asesor en la Gobernación de Cruz, de los Nule y del Turco Hilsaca, centra su defensa en el despelote ministerial. ¿Se indagaron antecedentes a los miembros de la UT? ¿Acaso no hay en Mintic gestión de control con décadas de experiencia?

No basta acusar lo malo de “los malos”, también lo malo de “los buenos”, deslegitimados por evidentes fallas garrafales. ¿Vigilarán con curia los 2 billones de pesos en “obligaciones de hacer”, que pagarán los operadores del espectro? ¿Administrarán con transparencia el Fontic-Mintic con 1,5 billones de pesos? Abudinen y su rosca deben irse y el juicio ha de alcanzar a Iván Duque, quien presumió hacer del país un Silicon Valley y remata con Mintic vuelto foco de trastadas.

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Feria de Matecaña, gangazo a los Solarte

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Pese a avisos de veedores sobre los perjuicios que acaecerían con esta concesión, el alcalde Gallo desoyó y procedió con la barbaridad.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El Grupo Solarte (CSS-otros) es de los primeros contratistas en obras públicas, consentido por todos los gobiernos y vehículo de bancos para inversión en infraestructura. En el de Uribe 1 recibió la concesión Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS); en el de Samuel Moreno en Bogotá, en asocio con Odebrecht, hizo el interceptor Tunjuelo-Canoas, y en 2008, con Uribe 2, con el mismo socio brasileño y el Grupo Aval, ganó la manchada Ruta del Sol 2 y luego la adición Ocaña-Gamarra. Hace parte de Opain, la concesionaria del Aeropuerto El Dorado, y fue favorito de Vargas Lleras en la adjudicación de las vías 4G, con presencia en cinco de ellas. Súmele vías regionales como la Troncal de la Paz en Antioquia con Aníbal Gaviria, hoy detenido.

La concesión BTS, a 30 años con 15 más prorrogables, data de 2002. Según anunció la ANI, Solarte la vendió en 2020 al fondo australiano Macquarie y dejó tramos pendientes, pleitos con trabajadores (La W) y litigios con propietarios de predios. Un veedor dijo: “El Gobierno invirtió 1,6 billones de pesos, pero nunca se supo cuánto Solarte” (Boyacá Siete Días, septiembre, 2020).

Respecto a Tunjuelo-Canoas, “La Fiscalía pudo demostrar que las dos empresas (Odebrecht y CSS) pactaron pagar 8,75 por ciento del contrato en coimas para asegurar la consecución de la obra” y Paola Solarte aceptó el cargo, al acogerse a sentencia anticipada. En la Troncal de la Paz, Luis Fernando Solarte, “procesado por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales (…) dejará de ser investigado siempre y cuando revele información (…) que envuelve principalmente al gobernador suspendido de Antioquia, Aníbal Gaviria” (Infobae, junio, 2021).

Como socio del 29 por ciento de Opain en el aeropuerto El Dorado, ha disfrutado de 30 modificaciones ventajosas desde 2006 hasta 2019, más de dos por año (ANI). En cuanto a la corrupta Ruta del Sol 2, en la que participaba con el 4,99 por ciento, se benefició con ilegalidades, como denunció Camilo Gómez: “Pusieron los recursos empresas de Odebrecht y la constructora de Solarte y ahí mismo, tan pronto recibieron ingresos, la sacaron a manera de distribución anticipada de utilidades” (Asuntos Legales), “una dinámica de reembolsos y pagos irregulares en la ejecución” (SIC). ¿Escogió Odebrecht compinche para tan sombrías maniobras? Aunque por sanciones y restricciones del sector bancario, el Grupo Solarte viene mimetizándose tras las estructuras societarias en varias vías 4G, proyectos como Popayán-Santander de Quilichao ni siquiera han arrancado

Hay un desatino menos difundido: la concesión del Aeropuerto Matecaña, de Pereira, cuando ya se conocía de ciertos torcidos de CSS. “En abril del 2017 el alcalde Juan Pablo Gallo suscribió el contrato por valor de $287 mil millones y plazo de 20 años… se presentarían dos proponentes de 12 firmas habilitadas (…) El ganador ofreció (a Pereira) una participación de los ingresos (…) del 10,82 por ciento y el perdedor el 10,63”, un porcentaje bajo para este tipo de concesiones. Como dudosa coincidencia, el consorcio rival tenía entre sus miembros a William Vélez, asociado a CSS en El Dorado. No es suspicacia sospechar colusión entre los proponentes (Carlos A. Crosthwaite, Elopinadero.com.co).

Como “árbol que nace torcido, difícilmente endereza”, el desarrollo contractual es un sendero de disparates. Luego de cuatro años, CSS no ha cancelado la estampilla Procultura, que grava en Pereira todo contrato público con el 1 por ciento. El texto original lleva ya cinco modificaciones, varias sustanciales, como en la cláusula que exigía que el crédito bancario, con el que se respaldaba el contrato, fuera consignado en un patrimonio autónomo. Sin embargo, ya que por sus malandanzas CSS perdió la confianza del sector financiero, se le franqueó reemplazarlo con inciertos recursos propios, que podrían venir hasta de los mismos de la concesión (2017). ¿Se violaron in fraganti los términos de la licitación?

Llenó la copa “el rebose de las canales recolectoras de aguas lluvias de su cubierta cada vez que se presenta un fuerte aguacero (…) se ven discurrir aguas por las salas de atención a pasajeros (…) daños en baños de atención al público” (Crosthwaite). Se infiere que los recursos para mantenimiento correctivo o preventivo no se usan o quizás, por la iliquidez de CSS, ni existen (video). Pese a avisos de veedores sobre los perjuicios que acaecerían con esta concesión, el alcalde Gallo desoyó y procedió con la barbaridad. Ahora es candidato al Senado por el Partido Liberal, estampa de una clase emergente que capturó la administración pública pereirana, reedición de “los mismos con las mismas” que hicieron bazares del patrimonio público. Con tan profuso prontuario cabe inquirir: ¿fue sin contraprestación la feria de Matecaña? Averígüelo, señor Fiscal.

Prácticas non sanctas de Carrasquilla: ¿Qué dicen los entes de control?

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar beneficios tributarios enredados.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Carrasquilla dijo recién nombrado que al presupuesto le faltaban 14 billones de pesos de ingresos para cumplir la regla fiscal y que iba a cubrirlos con la Ley de Financiamiento de 2018. Anif y Mauricio Cárdenas advirtieron deficiencias, y Moody’s calculó que solo conseguiría 7 billones de pesos. La Corte Constitucional se la tumbó en octubre de 2019 por violar el debido trámite en el Congreso. En efecto, el recaudo de IVA y otros indirectos creció 5 billones de pesos, pero el de la renta, apenas 3 billones de pesos.

Inspirado en que “rebajar impuestos era el motor de la economía”, metió la Ley de Crecimiento, que rebajó la tarifa al impuesto de renta empresarial e introdujo beneficios tributarios con cargo al erario por 9,4 billones de pesos para 2021, 11,5 billones de pesos para 2022 y 19,4 billones de pesos para 2023, sin contar otras prebendas, y se guardó el as de las privatizaciones para cuadrar cuentas corrientes. Recambió los vencimientos de la deuda pública: bajó a 3,8 billones de pesos los 20,74 billones de pesos a pagar en 2020 y pasó el resto a 2025, cuando el monto será de 30,5 billones de pesos, legándole el chicharrón al Gobierno venidero (BanRep). El exministro Cárdenas juzgó que para pulir tales planes “se tiene que incurrir en prácticas non sanctas” (junio 2019) y que pensar que la reforma se pagará “a punta de mayor crecimiento, es un deseo más que una realidad” (noviembre 2019). Una vez en vigor la Ley de Crecimiento, Duque y Carrasquilla presumieron que ya había superávit antes del servicio de la deuda.

Las cuentas de la lechera estallaron con la pandemia, pero a Carrasquilla le sirvió para incurrir en nuevas prácticas non sanctas a fin de financiar el descuadre. El Observatorio Fiscal de la Javeriana reveló que los importes del fondo Fome, creado para la emergencia, no coincidían con lo publicado en los portales de Transparencia. A febrero de 2021 acumulaba 40,5 billones de pesos, pero desembolsados 22,6 billones de pesos, 2,1 por ciento del PIB, lo que hace del Gobierno de Duque uno “chichipato”.

Dado que varios rubros como la devolución del IVA estaban en el presupuesto, el dato final del PIB del gasto nominal del Gobierno en 2020 fue de 10,5 billones de pesos, mucho menos que en 2019, cuando no había crisis por el virus. Contra toda evidencia, Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar los beneficios tributarios enredados, más aún con la caída por 11 billones de pesos del recaudo en impuestos el año pasado. Tampoco validan la reforma nuevas deudas en TES a largo plazo por 36 billones de pesos; ni la de 12 billones de pesos a diez años con el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), contraída en un raponazo a los entes territoriales; ni la del FMI por 5.300 millones de dólares, casi la mitad usada sin saberse en qué.

Nada la justifica, y menos si se descarga sobre una economía hundida en -6,8 por ciento. Es tan absurda que el exdirector de la Dian expresó: “Más importante fortalecer la Dian y perseguir a los evasores que hacer nuevas reformas tributarias” (SEMANA, 13/2/21). En la onda gobiernista y sin evaluación mayor, algunos centros de estudio propusieron una por 20 billones de pesos, plagada de impuestos al salchichón, a la gasolina y al gas. También en un esfuerzo por cuadrar el círculo, economistas apuntan a devoluciones y sobretasas para tornar progresivo el IVA. Carrasquilla, desaforado, sin regla fiscal, se arroja sobre la clase media y decreta la impropia toma hostil de ISA desde la entrampada Ecopetrol.

¿Impunidad a Carrasquilla? Pido a Procuraduría y Contraloría impedirlo y revisar sus “prácticas non sanctas”, que violan el principio constitucional de transparencia.

Buenaventura: neoliberalismo salvaje

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Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Entidades como Human Rights Watch, Taula Catalana, Fundación Ford, Usaid, la ONU, el caucus afro del Partido Demócrata norteamericano, la Iglesia católica y varias más han documentado las aciagas condiciones padecidas por casi 400.000 compatriotas, 90 por ciento afrodescendientes, en el primer puerto nacional sobre el Pacífico, y de los principales en esa costa en Suramérica.

Tanta información difiere con las soluciones. No porque no surjan, sino porque los planes, Conpes y las recetas se fundan en privatizaciones, capital extranjero y confianza inversionista –pilares del neoliberalismo–, por el supuesto efecto goteo de bienestar que se irrigaría sobre la población; pese a que de 10.000 trabajadores portuarios hace 25 años, hoy quedan 4.000, muchos de ellos tercerizados. Jugadores del negocio portuario global se tomaron la bahía. En la Sociedad Portuaria de Buenaventura, la mayor y privatizada en 1993, Harinera del Valle con otras firmas afines suman 30 por ciento de las acciones; la familia Parody, 21 por ciento; el Distrito de Buenaventura, 15 por ciento; y Dubai Port Authority-Capital Advisory-Hommes, 19 por ciento.

Además de agrias disputas societarias, se marchita por los fuertes competidores internacionales y por problemas de bajo calado para el acceso de buques de gran tamaño, que aminoraron la carga de 17 millones de toneladas en 2015 a 14,8 en 2019, de las que, por cada una de exportación, llegan casi cuatro importadas. La danesa Maersk controla el terminal de contenedores TCBUEN. Singapore Port Authority y la filipina ICTSI poseen 90 por ciento del puerto de Aguadulce. Compas, terminal cementero, es de Goldman Sachs, del grupo español Ership y la organización Corona. Invirtieron miles de millones de dólares, se ensancharon y construyeron vías e infraestructura adicional.

En contraste, las comunas aledañas viven en el desamparo. El índice de pobreza multidimensional es lastimoso: 12,9 por ciento de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas; 14 por ciento vive en analfabetismo; 43 por ciento afronta desempleo de larga duración; 26 por ciento no tiene acceso a fuente de agua mejorada; 32 por ciento permanece con inadecuada eliminación de excretas, y 88 por ciento, en la informalidad (Dane, 2018). El coeficiente de Gini, para repartición del ingreso, marca 0,57 –más que en Quibdó– y el de Theil, de distribución de la renta, 0,63 (ProPacífico). A esta mezcla de grandes capitales con miseria se añadieron violencia y corrupción. En 1980 las Farc incursionaron en áreas rurales, rutas y cultivos incipientes de coca; penetraron comunas urbanas, secuestraron y extorsionaron, hasta que en 2000 las AUC, con Éver Veloza (alias HH), iniciaron la construcción de “redes de poder en negocios y proyectos empresariales” (Taula Catalana).

En 2005, tras la desmovilización paramilitar, mandos remanentes formaron La Empresa e implantaron dominios territoriales, monopolios en el expendio de alimentos y provechos sobre el narcotráfico exportable y el microtráfico, en disputa con los Urabeños y con complicidad de algunos miembros de la fuerza pública, denunciados y condenados. Casas de pique y sarracina son la pesadilla de los últimos años. Entre 1990 y 2014 hubo 548 desaparecidos, 26 masacres (Taula Catalana), y hasta 2018, más de 5.300 homicidios orientados por capos que dirigen sus mafias desde afuera, incluido el exterior.

Cuatro alcaldes están procesados por corruptos: Quiñones, Ocoró, Valencia y el prosélito de Dilian Francisca, Eliécer Arboleda. Su nefasta gestión se plasma en un presupuesto de 644.000 millones de pesos con un déficit de 570.000 millones –por un faltante acumulado de 137.000 millones y fallos judiciales en contra por 351.000 millones (!)– y deuda en Bonos-Agua-Carrasquilla por 31.000 millones de pesos más.

El estallido social presente, detonado por la guerra en La Empresa entre Shotas y Espartanos, es el cuarto de los últimos años por el pavor y el abandono, ya que al menos 400 hombres, fuera del Clan del Golfo y del ELN, aterrorizan con armas sofisticadas y de largo alcance. La protesta más fuerte fue el paro de 2017, que logró inversión oficial por 10,2 billones de pesos en ocho años y fue la base para elegir a Víctor Vidal como actual alcalde. El avance de lo prometido no llega al 5 por ciento; el acueducto, en manos privadas de Hidropacífico, va en 15 por ciento, y apenas aflora FonBuenaventura, la entidad administradora del proceso, aún con pocos recursos y sin estudios para 140 proyectos.

El desplazamiento de 152.837 personas entre 1990 y 2014 no se subsanó con 63.717 asentadas en zonas de bajamar (Taula Catalana). En los últimos años emigraron otras 13.018 y solo arribaron 781 (Dane), lo que explica el dato más trágico: de 94.656 viviendas censadas en 2018, había 14.352 desocupadas. Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar? ¿Hay mejor ejemplo de un neoliberalismo más salvaje?

Corrupción, desigualdad y educación en Colombia

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Colombia perdió 6 puestos en el ranking del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (CPI) de 2016 a 2017. La calificación de 37 puntos sobre 100, el nivel óptimo, ubica al país en el puesto 96, por debajo del promedio mundial de 43 puntos y de 44 en Latinoamérica.

Fuera de estar en el 69% de las naciones por debajo de 50 puntos, 30% de las personas encuestadas dijeron haber pagado sobornos para acceder a servicios públicos y se estima que se desvían $50 billones al año de los presupuestos públicos.

80% de los colombianos tiene la corrupción como uno de los mayores problemas con lo que coincide el portal www.business-anti-corruption.com, que analiza el sistema económico, las instituciones judiciales, de policía, de aduanas, legislación y el control público: “Impregna varios sectores de la economía (….) a la jerarquía del gobierno donde los casos en los niveles más altos(…) grandes redes de clientelismo se manifiestan particularmente en el sector de contratación pública (…) estas prácticas son generalizadas”.

¿Cuáles son las causas de tan execrable corruptela? Hay variadas respuestas, desde la de “manzanas podridas”, pasando por la de las “mafias”, hasta quienes sentencian una “putrefacción sistémica”.

Para explicarlas, en el libro Corrupción, cohesión social y desarrollo, Mulas-Granados y Alonso introducen como factor clave el nivel de desarrollo nacional, fuera de admitir también otros ya reconocidos como la falta de democracia y la inestabilidad política; burocracias sin carrera sostenible en la administración pública y la falta de firmeza del sistema judicial, evaluados en los índices de Gobernanza (Banco Mundial) y de Percepción de Corrupción (CPI).

Ellos, con base en un modelo econométrico, incluyen datos de Europa, Asia Central, Medio Oriente y norte de África para la estimación estadística e incorporan como variables explicativas el PIB por habitante; el coeficiente de GINI en la distribución de la renta; el peso de los impuestos como proporción del PIB; la apertura comercial y el nivel educativo de la población, medido por años de estudio, y acaban afirmando que estas “causas próximas” explican “entre los dos tercios y los tres cuartos de la variación de los niveles de corrupción entre países”.

La conclusión es que un aumento en la desigualdad se traduce en más podredumbre y, a la vez, que con mayor ingreso por habitante y con un pacto fiscal sólido, ella decrece. Puede inferirse entonces que, tal como está Colombia, es “tierra fértil” para que ese contubernio –entre actores privados, funcionarios nombrados y cargos electos– pueda desplegar conciertos para delinquir a gran escala, donde son pan cotidiano, entre muchos pestilentes,escándalos como Odebrecht, Reficar, Saludcoop, la Ley Urrutia-Zidres, el modelo Transmilenio en sus variantes, el Cartel de la Toga e Isagen, y ni hablar del narcotráfico.

Pero más allá, por sus efectos, ¿no será preciso cuestionar como raíz las políticas económicas, responsables en Colombia de las peores desigualdades y de un ingreso anual por habitante inferior a cinco mil dólares reales? ¿No es un causante financiar la economía con bajos salarios, impuestos indirectos e informalidad en pro de beneficios tributarios a grandes conglomerados y personas naturales de altos deciles? ¿No inciden en el bajo ingreso del 80% de la población, que no alcanza o apenas logra cubrir gastos mínimos?

Finalmente, la educación, cuando se toma en sentido general, no aparece significativa en la explicación del abominable fenómeno; sin embargo, al abordarla por niveles, Mulas-Granados y Alonso muestran que en secundaria, cuando la tasa bruta de cobertura nacional es superior al 74,5%, se llega a un punto de inflexión a partir del cual “disminuye la presencia” de la descomposición e igual sucede cuando –en la que denominan educación terciaria– rebasa al 34,8%.

Bajo estas premisas, tiene razón Sergio Fajardo, el más insistente, alincluir en un proyecto de largo alcance hacer universal la educación como efecto positivo y eficaz contra la grave podredumbre que hoy campea con regularidad e impunidad. Una educación universal reduce los efectos negativos que acarrea la corrupción sobre la eficiencia y la capacidad del Estado, sobre el crecimiento y el desarrollo, algo quizás imperceptible pero cierto, pues hay evidencia de que “el marco social y sus instituciones” recortan los tentáculos de los corruptos.

Otto Bula: un Aladino del siglo XXI

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Dos hechos acusan al exsenador del Partido Liberal, Otto Bula, en relación con el otrosí o adición al contrato original de la concesión Ruta del Sol 2: por un lado, el boletín de la Fiscalía General que señaló que la firma Odebrecht lo contrató en agosto del 2013 para obtener el contrato, sin licitación previa, de la vía Ocaña-Gamarra, a favor de la Concesionaria Ruta del Sol S. A. S. y que “se le confió (…) la inclusión de ciertas condiciones económicas”, agregando que por esta gestión “recibió pagos desde Brasil por USD $ 4,6 millones, que fueron fraccionados”. Por otro lado, el departamento jurídico de la transnacional brasileña confirmó que los giros se hicieron por conducto de varias empresas de fachada en China.

Ratificados tanto el éxito de la gestión de Bula como los honorarios recibidos, es necesario explicar cuáles fueron las muy “favorables condiciones” que este lobista pudo obtener, incluyendo algunas por encima del propio contrato original. Entre las más relevantes vale destacar que, al dividir el número total de kilómetros de la fracción original por el valor completo de la obra inicial, el costo por kilómetro resulta en poco menos de $ 5.000 millones; sin embargo, al hacer la misma operación exclusivamente para el nuevo tramo, Ocaña-Gamarra, se sube tres veces y media más, hasta $ 17.000 millones por kilómetro.

Como el cierre financiero se funda en el número y la tarifa de los peajes permitidos, Bula logró meter otro gran gol: pasar de 5 a 7, uno cada 40 kilómetros, según informa Radio Guatapurí de Valledupar, y con una remuneración por vehículo igual a la de la troncal. Con relación a la tarifa, Bula consiguió, de modo adicional al incremento previsto, que subiera todos los años el 3 % más desde el 2015 y hasta que la remuneración llegara a un 15 % de sobrecargo.

Ahí no pararon las jugosas condiciones arrebatadas por Bula para el nuevo ramal. En genuina ganga consiguió que “el plazo total de la Concesión No. 001 del 2010 será de veinticinco (25) años (…), es decir, hasta el año 2035”, cuando en el contrato original era de solo 20. Y, finalmente, en un acto prodigioso, al venir de un particular, Bula gana, además de los compromisos de los ministerios de Transporte y Hacienda para implantar las nuevas condiciones, que este último adelante las vigencias futuras comprometidas para los años 2024 y 2025 para el 2016, 2017 y 2018, a golpe de más de 30 millones de dólares por año. A propósito de lo anterior valdría preguntar: ¿ya se le entregaron las primeras a Odebrecht?

Con ello, el valor general del proyecto subió a $ 3,6 billones (en pesos originales), incluyendo los adelantos mencionados, que deberían ser recuperados por Odebrecht y sus socios en el año 2023, y que, dado el caso de que así no fuera, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cubriría el faltante, cláusula que Bula logró insertar para cobijar también a la nueva carretera.

Como si se tratara de una vara de premios, Bula alcanzó la cúspide con la expedición, en octubre del 2014, siete meses después del otrosí, del documento Conpes 3817 sobre la “modificación” de la “importancia estratégica del proyecto vial autopista Ruta del Sol”, suscrito por el presidente Santos, por todo el gabinete de entonces, por el actual fiscal, Néstor Humberto Martínez, como ministro de la Presidencia y, por supuesto, por el vicepresidente, Germán Vargas, gran jefe de las vías 4G, categoría en la que Bula pudo introducir el ramal Ocaña-Gamarra, que va en sentido distinto a la vía matriz.

Ese documento Conpes recoge lo que consignó el otrosí, firmado siete meses antes, y una aprobación del Confis de junio del 2014. El paquete completo de la concesión total, sumados los cerca de 30 kilómetros de vía nueva, el mejoramiento de otros 33, la pavimentación de 18 y máximo 10 kilómetros de viaductos, mantiene una rentabilidad del 23 %, fruto de utilidades por $ 1,045 billones, sobre un total de usos de $ 4,48 billones (del 2013), con lo cual se concretó el máximo interés de Odebrecht.

¿Cuáles son los superpoderes de Otto Bula, que logró tales hazañas seduciendo al equipo técnico de ANI, al DNP e incluso al propio presidente Santos y al vicepresidente Vargas, descontando que también en dicho documento Conpes se busca “mejorar conexiones a puertos fluviales al norte y sur de Gamarra” que rondan intereses cercanos a miembros del gabinete? Definitivamente, es un Aladino del siglo XXI, alguien que cumple “todos los deseos”.