Prácticas non sanctas de Carrasquilla: ¿Qué dicen los entes de control?

Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar beneficios tributarios enredados.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Carrasquilla dijo recién nombrado que al presupuesto le faltaban 14 billones de pesos de ingresos para cumplir la regla fiscal y que iba a cubrirlos con la Ley de Financiamiento de 2018. Anif y Mauricio Cárdenas advirtieron deficiencias, y Moody’s calculó que solo conseguiría 7 billones de pesos. La Corte Constitucional se la tumbó en octubre de 2019 por violar el debido trámite en el Congreso. En efecto, el recaudo de IVA y otros indirectos creció 5 billones de pesos, pero el de la renta, apenas 3 billones de pesos.

Inspirado en que “rebajar impuestos era el motor de la economía”, metió la Ley de Crecimiento, que rebajó la tarifa al impuesto de renta empresarial e introdujo beneficios tributarios con cargo al erario por 9,4 billones de pesos para 2021, 11,5 billones de pesos para 2022 y 19,4 billones de pesos para 2023, sin contar otras prebendas, y se guardó el as de las privatizaciones para cuadrar cuentas corrientes. Recambió los vencimientos de la deuda pública: bajó a 3,8 billones de pesos los 20,74 billones de pesos a pagar en 2020 y pasó el resto a 2025, cuando el monto será de 30,5 billones de pesos, legándole el chicharrón al Gobierno venidero (BanRep). El exministro Cárdenas juzgó que para pulir tales planes “se tiene que incurrir en prácticas non sanctas” (junio 2019) y que pensar que la reforma se pagará “a punta de mayor crecimiento, es un deseo más que una realidad” (noviembre 2019). Una vez en vigor la Ley de Crecimiento, Duque y Carrasquilla presumieron que ya había superávit antes del servicio de la deuda.

Las cuentas de la lechera estallaron con la pandemia, pero a Carrasquilla le sirvió para incurrir en nuevas prácticas non sanctas a fin de financiar el descuadre. El Observatorio Fiscal de la Javeriana reveló que los importes del fondo Fome, creado para la emergencia, no coincidían con lo publicado en los portales de Transparencia. A febrero de 2021 acumulaba 40,5 billones de pesos, pero desembolsados 22,6 billones de pesos, 2,1 por ciento del PIB, lo que hace del Gobierno de Duque uno “chichipato”.

Dado que varios rubros como la devolución del IVA estaban en el presupuesto, el dato final del PIB del gasto nominal del Gobierno en 2020 fue de 10,5 billones de pesos, mucho menos que en 2019, cuando no había crisis por el virus. Contra toda evidencia, Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar los beneficios tributarios enredados, más aún con la caída por 11 billones de pesos del recaudo en impuestos el año pasado. Tampoco validan la reforma nuevas deudas en TES a largo plazo por 36 billones de pesos; ni la de 12 billones de pesos a diez años con el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), contraída en un raponazo a los entes territoriales; ni la del FMI por 5.300 millones de dólares, casi la mitad usada sin saberse en qué.

Nada la justifica, y menos si se descarga sobre una economía hundida en -6,8 por ciento. Es tan absurda que el exdirector de la Dian expresó: “Más importante fortalecer la Dian y perseguir a los evasores que hacer nuevas reformas tributarias” (SEMANA, 13/2/21). En la onda gobiernista y sin evaluación mayor, algunos centros de estudio propusieron una por 20 billones de pesos, plagada de impuestos al salchichón, a la gasolina y al gas. También en un esfuerzo por cuadrar el círculo, economistas apuntan a devoluciones y sobretasas para tornar progresivo el IVA. Carrasquilla, desaforado, sin regla fiscal, se arroja sobre la clase media y decreta la impropia toma hostil de ISA desde la entrampada Ecopetrol.

¿Impunidad a Carrasquilla? Pido a Procuraduría y Contraloría impedirlo y revisar sus “prácticas non sanctas”, que violan el principio constitucional de transparencia.

Buenaventura: neoliberalismo salvaje

Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Entidades como Human Rights Watch, Taula Catalana, Fundación Ford, Usaid, la ONU, el caucus afro del Partido Demócrata norteamericano, la Iglesia católica y varias más han documentado las aciagas condiciones padecidas por casi 400.000 compatriotas, 90 por ciento afrodescendientes, en el primer puerto nacional sobre el Pacífico, y de los principales en esa costa en Suramérica.

Tanta información difiere con las soluciones. No porque no surjan, sino porque los planes, Conpes y las recetas se fundan en privatizaciones, capital extranjero y confianza inversionista –pilares del neoliberalismo–, por el supuesto efecto goteo de bienestar que se irrigaría sobre la población; pese a que de 10.000 trabajadores portuarios hace 25 años, hoy quedan 4.000, muchos de ellos tercerizados. Jugadores del negocio portuario global se tomaron la bahía. En la Sociedad Portuaria de Buenaventura, la mayor y privatizada en 1993, Harinera del Valle con otras firmas afines suman 30 por ciento de las acciones; la familia Parody, 21 por ciento; el Distrito de Buenaventura, 15 por ciento; y Dubai Port Authority-Capital Advisory-Hommes, 19 por ciento.

Además de agrias disputas societarias, se marchita por los fuertes competidores internacionales y por problemas de bajo calado para el acceso de buques de gran tamaño, que aminoraron la carga de 17 millones de toneladas en 2015 a 14,8 en 2019, de las que, por cada una de exportación, llegan casi cuatro importadas. La danesa Maersk controla el terminal de contenedores TCBUEN. Singapore Port Authority y la filipina ICTSI poseen 90 por ciento del puerto de Aguadulce. Compas, terminal cementero, es de Goldman Sachs, del grupo español Ership y la organización Corona. Invirtieron miles de millones de dólares, se ensancharon y construyeron vías e infraestructura adicional.

En contraste, las comunas aledañas viven en el desamparo. El índice de pobreza multidimensional es lastimoso: 12,9 por ciento de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas; 14 por ciento vive en analfabetismo; 43 por ciento afronta desempleo de larga duración; 26 por ciento no tiene acceso a fuente de agua mejorada; 32 por ciento permanece con inadecuada eliminación de excretas, y 88 por ciento, en la informalidad (Dane, 2018). El coeficiente de Gini, para repartición del ingreso, marca 0,57 –más que en Quibdó– y el de Theil, de distribución de la renta, 0,63 (ProPacífico). A esta mezcla de grandes capitales con miseria se añadieron violencia y corrupción. En 1980 las Farc incursionaron en áreas rurales, rutas y cultivos incipientes de coca; penetraron comunas urbanas, secuestraron y extorsionaron, hasta que en 2000 las AUC, con Éver Veloza (alias HH), iniciaron la construcción de “redes de poder en negocios y proyectos empresariales” (Taula Catalana).

En 2005, tras la desmovilización paramilitar, mandos remanentes formaron La Empresa e implantaron dominios territoriales, monopolios en el expendio de alimentos y provechos sobre el narcotráfico exportable y el microtráfico, en disputa con los Urabeños y con complicidad de algunos miembros de la fuerza pública, denunciados y condenados. Casas de pique y sarracina son la pesadilla de los últimos años. Entre 1990 y 2014 hubo 548 desaparecidos, 26 masacres (Taula Catalana), y hasta 2018, más de 5.300 homicidios orientados por capos que dirigen sus mafias desde afuera, incluido el exterior.

Cuatro alcaldes están procesados por corruptos: Quiñones, Ocoró, Valencia y el prosélito de Dilian Francisca, Eliécer Arboleda. Su nefasta gestión se plasma en un presupuesto de 644.000 millones de pesos con un déficit de 570.000 millones –por un faltante acumulado de 137.000 millones y fallos judiciales en contra por 351.000 millones (!)– y deuda en Bonos-Agua-Carrasquilla por 31.000 millones de pesos más.

El estallido social presente, detonado por la guerra en La Empresa entre Shotas y Espartanos, es el cuarto de los últimos años por el pavor y el abandono, ya que al menos 400 hombres, fuera del Clan del Golfo y del ELN, aterrorizan con armas sofisticadas y de largo alcance. La protesta más fuerte fue el paro de 2017, que logró inversión oficial por 10,2 billones de pesos en ocho años y fue la base para elegir a Víctor Vidal como actual alcalde. El avance de lo prometido no llega al 5 por ciento; el acueducto, en manos privadas de Hidropacífico, va en 15 por ciento, y apenas aflora FonBuenaventura, la entidad administradora del proceso, aún con pocos recursos y sin estudios para 140 proyectos.

El desplazamiento de 152.837 personas entre 1990 y 2014 no se subsanó con 63.717 asentadas en zonas de bajamar (Taula Catalana). En los últimos años emigraron otras 13.018 y solo arribaron 781 (Dane), lo que explica el dato más trágico: de 94.656 viviendas censadas en 2018, había 14.352 desocupadas. Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar? ¿Hay mejor ejemplo de un neoliberalismo más salvaje?

Corrupción, desigualdad y educación en Colombia

Colombia perdió 6 puestos en el ranking del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (CPI) de 2016 a 2017. La calificación de 37 puntos sobre 100, el nivel óptimo, ubica al país en el puesto 96, por debajo del promedio mundial de 43 puntos y de 44 en Latinoamérica.

Fuera de estar en el 69% de las naciones por debajo de 50 puntos, 30% de las personas encuestadas dijeron haber pagado sobornos para acceder a servicios públicos y se estima que se desvían $50 billones al año de los presupuestos públicos.

80% de los colombianos tiene la corrupción como uno de los mayores problemas con lo que coincide el portal www.business-anti-corruption.com, que analiza el sistema económico, las instituciones judiciales, de policía, de aduanas, legislación y el control público: “Impregna varios sectores de la economía (….) a la jerarquía del gobierno donde los casos en los niveles más altos(…) grandes redes de clientelismo se manifiestan particularmente en el sector de contratación pública (…) estas prácticas son generalizadas”.

¿Cuáles son las causas de tan execrable corruptela? Hay variadas respuestas, desde la de “manzanas podridas”, pasando por la de las “mafias”, hasta quienes sentencian una “putrefacción sistémica”.

Para explicarlas, en el libro Corrupción, cohesión social y desarrollo, Mulas-Granados y Alonso introducen como factor clave el nivel de desarrollo nacional, fuera de admitir también otros ya reconocidos como la falta de democracia y la inestabilidad política; burocracias sin carrera sostenible en la administración pública y la falta de firmeza del sistema judicial, evaluados en los índices de Gobernanza (Banco Mundial) y de Percepción de Corrupción (CPI).

Ellos, con base en un modelo econométrico, incluyen datos de Europa, Asia Central, Medio Oriente y norte de África para la estimación estadística e incorporan como variables explicativas el PIB por habitante; el coeficiente de GINI en la distribución de la renta; el peso de los impuestos como proporción del PIB; la apertura comercial y el nivel educativo de la población, medido por años de estudio, y acaban afirmando que estas “causas próximas” explican “entre los dos tercios y los tres cuartos de la variación de los niveles de corrupción entre países”.

La conclusión es que un aumento en la desigualdad se traduce en más podredumbre y, a la vez, que con mayor ingreso por habitante y con un pacto fiscal sólido, ella decrece. Puede inferirse entonces que, tal como está Colombia, es “tierra fértil” para que ese contubernio –entre actores privados, funcionarios nombrados y cargos electos– pueda desplegar conciertos para delinquir a gran escala, donde son pan cotidiano, entre muchos pestilentes,escándalos como Odebrecht, Reficar, Saludcoop, la Ley Urrutia-Zidres, el modelo Transmilenio en sus variantes, el Cartel de la Toga e Isagen, y ni hablar del narcotráfico.

Pero más allá, por sus efectos, ¿no será preciso cuestionar como raíz las políticas económicas, responsables en Colombia de las peores desigualdades y de un ingreso anual por habitante inferior a cinco mil dólares reales? ¿No es un causante financiar la economía con bajos salarios, impuestos indirectos e informalidad en pro de beneficios tributarios a grandes conglomerados y personas naturales de altos deciles? ¿No inciden en el bajo ingreso del 80% de la población, que no alcanza o apenas logra cubrir gastos mínimos?

Finalmente, la educación, cuando se toma en sentido general, no aparece significativa en la explicación del abominable fenómeno; sin embargo, al abordarla por niveles, Mulas-Granados y Alonso muestran que en secundaria, cuando la tasa bruta de cobertura nacional es superior al 74,5%, se llega a un punto de inflexión a partir del cual “disminuye la presencia” de la descomposición e igual sucede cuando –en la que denominan educación terciaria– rebasa al 34,8%.

Bajo estas premisas, tiene razón Sergio Fajardo, el más insistente, alincluir en un proyecto de largo alcance hacer universal la educación como efecto positivo y eficaz contra la grave podredumbre que hoy campea con regularidad e impunidad. Una educación universal reduce los efectos negativos que acarrea la corrupción sobre la eficiencia y la capacidad del Estado, sobre el crecimiento y el desarrollo, algo quizás imperceptible pero cierto, pues hay evidencia de que “el marco social y sus instituciones” recortan los tentáculos de los corruptos.

Otto Bula: un Aladino del siglo XXI

Dos hechos acusan al exsenador del Partido Liberal, Otto Bula, en relación con el otrosí o adición al contrato original de la concesión Ruta del Sol 2: por un lado, el boletín de la Fiscalía General que señaló que la firma Odebrecht lo contrató en agosto del 2013 para obtener el contrato, sin licitación previa, de la vía Ocaña-Gamarra, a favor de la Concesionaria Ruta del Sol S. A. S. y que “se le confió (…) la inclusión de ciertas condiciones económicas”, agregando que por esta gestión “recibió pagos desde Brasil por USD $ 4,6 millones, que fueron fraccionados”. Por otro lado, el departamento jurídico de la transnacional brasileña confirmó que los giros se hicieron por conducto de varias empresas de fachada en China.

Ratificados tanto el éxito de la gestión de Bula como los honorarios recibidos, es necesario explicar cuáles fueron las muy “favorables condiciones” que este lobista pudo obtener, incluyendo algunas por encima del propio contrato original. Entre las más relevantes vale destacar que, al dividir el número total de kilómetros de la fracción original por el valor completo de la obra inicial, el costo por kilómetro resulta en poco menos de $ 5.000 millones; sin embargo, al hacer la misma operación exclusivamente para el nuevo tramo, Ocaña-Gamarra, se sube tres veces y media más, hasta $ 17.000 millones por kilómetro.

Como el cierre financiero se funda en el número y la tarifa de los peajes permitidos, Bula logró meter otro gran gol: pasar de 5 a 7, uno cada 40 kilómetros, según informa Radio Guatapurí de Valledupar, y con una remuneración por vehículo igual a la de la troncal. Con relación a la tarifa, Bula consiguió, de modo adicional al incremento previsto, que subiera todos los años el 3 % más desde el 2015 y hasta que la remuneración llegara a un 15 % de sobrecargo.

Ahí no pararon las jugosas condiciones arrebatadas por Bula para el nuevo ramal. En genuina ganga consiguió que “el plazo total de la Concesión No. 001 del 2010 será de veinticinco (25) años (…), es decir, hasta el año 2035”, cuando en el contrato original era de solo 20. Y, finalmente, en un acto prodigioso, al venir de un particular, Bula gana, además de los compromisos de los ministerios de Transporte y Hacienda para implantar las nuevas condiciones, que este último adelante las vigencias futuras comprometidas para los años 2024 y 2025 para el 2016, 2017 y 2018, a golpe de más de 30 millones de dólares por año. A propósito de lo anterior valdría preguntar: ¿ya se le entregaron las primeras a Odebrecht?

Con ello, el valor general del proyecto subió a $ 3,6 billones (en pesos originales), incluyendo los adelantos mencionados, que deberían ser recuperados por Odebrecht y sus socios en el año 2023, y que, dado el caso de que así no fuera, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cubriría el faltante, cláusula que Bula logró insertar para cobijar también a la nueva carretera.

Como si se tratara de una vara de premios, Bula alcanzó la cúspide con la expedición, en octubre del 2014, siete meses después del otrosí, del documento Conpes 3817 sobre la “modificación” de la “importancia estratégica del proyecto vial autopista Ruta del Sol”, suscrito por el presidente Santos, por todo el gabinete de entonces, por el actual fiscal, Néstor Humberto Martínez, como ministro de la Presidencia y, por supuesto, por el vicepresidente, Germán Vargas, gran jefe de las vías 4G, categoría en la que Bula pudo introducir el ramal Ocaña-Gamarra, que va en sentido distinto a la vía matriz.

Ese documento Conpes recoge lo que consignó el otrosí, firmado siete meses antes, y una aprobación del Confis de junio del 2014. El paquete completo de la concesión total, sumados los cerca de 30 kilómetros de vía nueva, el mejoramiento de otros 33, la pavimentación de 18 y máximo 10 kilómetros de viaductos, mantiene una rentabilidad del 23 %, fruto de utilidades por $ 1,045 billones, sobre un total de usos de $ 4,48 billones (del 2013), con lo cual se concretó el máximo interés de Odebrecht.

¿Cuáles son los superpoderes de Otto Bula, que logró tales hazañas seduciendo al equipo técnico de ANI, al DNP e incluso al propio presidente Santos y al vicepresidente Vargas, descontando que también en dicho documento Conpes se busca “mejorar conexiones a puertos fluviales al norte y sur de Gamarra” que rondan intereses cercanos a miembros del gabinete? Definitivamente, es un Aladino del siglo XXI, alguien que cumple “todos los deseos”.