Carabelas renovables y ¡olé!

Así, el TLC y el renovado Appri brindan “seguridad jurídica” contra todo riesgo, y de ahí el interés de reunirse con quien puntea las encuestas presidenciales, Gustavo Petro.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Las carabelas representan la colonización de América. La organización Recalca, a raíz de la negociación del TLC con la Unión Europea (UE) en 2009, produjo el documento Vuelven las carabelas, que definió las motivaciones del tratado: “Los países de la región compiten por la atracción de inversión extranjera, por ofrecer mano de obra barata y han abandonado los propósitos integracionistas”. Para la contraparte del Viejo Mundo, escribió: “La estrategia es sencilla y directa:firmar acuerdos de libre comercio que vayan más allá de lo definido en la OMC, con el objetivo de desregular al máximo las economías, eliminando las barreras comerciales, abrir el sector servicios, aumentar el acceso a materias primas (…) abrir mercados de compras públicas, proteger la propiedad intelectual” y “todo en beneficio de las trasnacionales europeas” (Recalca-2009).

El comercio se caracterizaba por la exportación nacional de materias primas, carbón, banano, café verde y petróleo. En este último, “60 millones de barriles, de los 193 que produce Colombia, es decir, 31 % del total, son producidos por las europeas BP Exploration, Perenco, Cepsa, Hocol y Emerald Energy” (Recalca, ídem). Las principales compras de Colombia a la UE eran medicamentos, vehículos, equipo de telecomunicaciones, maquinaria y licores finos (Recalca, ídem). El clásico intercambio asimétrico.

Las premoniciones de Recalca se cumplieron. Luego de casi una década del TLC, la balanza comercial acumulada, la de las exportaciones de Colombia a la UE menos las importaciones, entre 2012 y 2019, es negativa por -7.414 millones de dólares; las ventas siguieron siendo carbón, banano, oro, petróleo y café, solo la mitad son bienes no energéticos, y las compras también fueron medicamentos y vacunas, automóviles, equipo y aeronaves (MinCIT, 2020). Las inversiones europeas en el país sumaron, desde 2013 hasta 2018, 25.232 millones de dólares y las colombianas en Europa apenas la cuarta parte, 6.118, (Saqueo, págs. 110-111).

España es el país europeo con mayor inversión directa en Colombia, con 450 empresas presentes (Index.es). En lo corrido del siglo, acumula 21.825 millones de dólares (La República, 14/7/2021), de los cuales 19.824 desde 2007 a 2021 (BanRep), con firmas como Sacyr y OHL, en proyectos viales; Repsol, en petróleo; BBVA, entre los mayores conglomerados bancarios, y el Banco Santander en servicios financieros; o seguros Mapfre y aerolíneas como Iberia y Air Europa; el consorcio turístico y hotelero NH Hotel Group, y Telefónica (Movistar). ¡Cómo olvidar a Unión Fenosa en Electicaribe, a Aguas de Barcelona y Canal Isabel II en la Triple A!

La agenda española para Colombia se reorganiza con el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (Appri), recién firmado con Duque en septiembre de 2021, en el que “el beneficio es más del lado español” (La República-ídem). Recurriendo al anterior, Odebrecht demandó por expropiación al país en tribunales internacionales que siguen vigentes para solución de controversias. Así, el TLC y el renovado Appri brindan “seguridad jurídica” contra todo riesgo, y de ahí el interés de reunirse con quien puntea las encuestas presidenciales, Gustavo Petro.

En sendos encuentros, con mediación del PSOE y Podemos, que cohabitan con este empresariado, y la bendición lobista de Felipe González, hubo presencia de Repsol, Santander y BBVA; también de firmas cuyos negocios encajan con la prédica de Colombia Humana, como Ferrovial e Ineco, en redes ferroviarias y terminales aeroportuarios; de inversoras en mitigación del cambio climático y economía circular, como Indra, que además está en soluciones electorales; de Iberdrola y Acciona, en energías renovables; de turismo como el NH Hotel Group y de tecnología y ciberinteligencia como Future Space, Telefónica y Google. Fueron reuniones para nuevos filones al otro lado del océano (ver euroamerica.org-Coloquio G. Petro).

Que se sepa, no se mencionó revisar ni el TLC ni el Appri y menos al que Petro acudió, uno de doble tributación con España, cuando recompró en 2014, como alcalde y presidente de la junta del Grupo Energía de Bogotá (GEB), las acciones de The Rohatyn Group (Citi) en la transportadora de gas TGI, que facilitó al vendedor eludir hábilmente 150 millones de dólares de impuestos por ganancia ocasional. “El acuerdo no incluye cláusulas de abuso para hacer este tipo de controles a transacciones donde claramente hay utilidad y ganancia ocasional”, dijo sobre este caso particular Juan Ricardo Ortega, el entonces director de la Dian, y se divulgó ‘Vendedor de acciones de TGI no pagará impuestos en Colombia’. Recolonización, con carabelas renovables, y ¡olé!

¿De rodillas por comida?

El estrés mundial, amplificado en el país, develó el fracaso en la sostenibilidad de la fórmula neoliberal para géneros básicos y dinamitó el concepto de seguridad alimentaria fundado en provisión externa.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Afloraron dos discusiones sobre la alimentación: la de Duque ante la FAO, por incluir a Colombia en el mapa de “riesgo alimentario” con Etiopía y Sudán, y la de precandidatos presidenciales, por la protección arancelaria a la producción nacional alimenticia, que según Alejandro Gaviria, en recalcitrante prédica del libre comercio y los TLC, es “una locura” (El Tiempo, 7/2/2022).

Los debates se tocan porque, en los últimos 30 años, la importación de “comida barata” es núcleo de la política monetaria de baja inflación y en mayor grado en periodos de dólar barato. Así, el exrector uniandino Hommes y sus afines supeditan el acceso a los alimentos al arancel cero y a los subsidios que las economías poderosas dan a sus excedentes exportados a precios porcentualmente por debajo de los costos de producción y transporte: al abusivo dumping, como el de Estados Unidos en el trigo de 38 por ciento y de 9 en el maíz (IATDP, 2017).

Desde la oferta, Juan Sánchez describió cómo de ese modo las importaciones agropecuarias, que suman 14 millones de toneladas, desplazaron la producción nacional de alimentos básicos. “En 1990, en trigo, cebada, sorgo, soya, fríjol, algodón, avena, arroz, maíz, la producción interna superaba las importaciones en casi cuatro millones de toneladas. Entre 1996 y 2005, las curvas estaban en niveles similares. Para 2017 las importaciones habían superado a la producción local en tres millones de toneladas” (Saqueo, pág. 240), el arancel vigente de diez por ciento no opera (DNP, 2019).

Sobre la demanda, el informe de la FAO, que sulfuró al Gobierno Duque, trae datos alarmantes sobre Colombia. Son 4,7 millones de compatriotas subnutridos, mientras en Haití 4,2; hay un Haití adentro. La kilocaloría diaria entregada por habitante en el planeta es de 2.950 y en el país de 2.872, como en Malí, y la inseguridad alimentaria, severa y moderada, que asola al 27,6 por ciento de la población mundial, en Colombia daña al 54,2, al doble (FAO Statistical Yearbook 2021, Banco de Alimentos). Escuálidos, con un tercio de los hogares sin tres comidas al día, y el abasto de energía, carbohidratos, proteínas y grasas remitido a panela, aceite de palma, papa, plátano y yuca o tomate o guayaba, huevo, salchichón o pollo, con creciente dependencia de proteína animal importada, y el arroz casi único cereal.

El estallido fue la inflación del 20 por ciento en alimentos. El estrés mundial, amplificado en el país, develó el fracaso en la sostenibilidad de la fórmula neoliberal para géneros básicos y dinamitó el concepto de seguridad alimentaria fundado en provisión externa. El 28 de enero la tonelada de soya importada puesta en Bogotá costaba 2.312.472 pesos (Fenalce), mientras el precio al productor nacional fue 2.250.000 pesos (Agameta). En maíz amarillo, la tonelada extranjera se transó en 1.580.511 pesos (Fenalce) y el maicero colombiano recibió 1.300.000 pesos (Agameta). Esto incide en los cárnicos, res, cerdo y aves, y en el bolsillo del consumidor: una libra de Promasa para arepas pasó de 1.900 pesos a 3.800 pesos en un año. En contraste, el arroz criollo, que abarca 98 por ciento del mercado, fue el de menor alza.

Los fanáticos del TLC eluden que el dólar a 4.000 pesos y las elevadas cotizaciones internacionales eliminaron las eventuales ventajas de “comida barata importada” tanto como que “la liberalización comercial tuvo abrupto final en 2018” cuando Estados Unidos promulgó “oleadas de aumentos de aranceles” (Carter, NBER, mayo 2020). La volatilidad por inventarios oscilantes, costos de fertilizantes, clima cambiante, productividades inestables, restricciones a las exportaciones, elevación de aranceles o conflictos geopolíticos, como el de Ucrania, exportador de trigo, golpea con dureza a los importadores de alimentos.

Urge una política distinta a los TLC, guiada por la soberanía alimentaria como derecho de las naciones a “su propio sistema alimentario, sus políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo” (U. Javeriana, CDR, vol. 18, 2021). Sirve conocer que, de suprimirse solo la quinta parte de las compras externas de maíz tecnificado, trigo, cebada, soya y algodón, se recuperarían 1,7 millones de toneladas, 350.000 hectáreas y 50.000 empleos permanentes que, con sus multiplicadores, agregan valor a la contabilidad del proteccionismo (Saqueo, pág. 786).

La economía política esclarece más el debate. Earl Butz, exsecretario de Agricultura de Estados Unidos, dijo (1974): “He escuchado (…) que la gente puede depender de nosotros para obtener sus alimentos. Se supone que no es buena noticia. Pero para mí lo es, ya que antes de hacer cualquier cosa la gente tiene que comer y si se busca una forma de que la gente dependa y colabore con uno, la dependencia alimentaria es fantástica”. Arrodillados por comida, ¿más claro?

Ni cuentas claras, ni café espeso

La tormenta inflacionaria local fue más perfecta por la fracasada estrategia de libre comercio y capital extranjero.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Conexión Sur, un medio de comunicación del suroeste antioqueño, entrevistó el pasado 7 de enero a una decena de productores, quienes en el video revelaron que la cosecha cafetera de 2021 cayó en esa región en 40 o 50 por ciento (https://www.youtube.com/watch?v=dkKj7SKqOB4). Caficultores de otras zonas estiman la reducción en el 30. No obstante, el gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, le dijo a La República que el descenso era solo del 9 por ciento, para una producción total anual de 12,6 millones de sacos de 60 kilos (https://www.youtube.com/watch?v=g26p3ZK6rtU&t=58s).

Dichas cuentas se descuadran cuando se consolidan con otros números: 1) El de las exportaciones por 12,44 millones de sacos (https://federaciondecafeteros.org/wp/estadisticas-cafeteras/); 2) El de las importaciones récord en la historia de grano extraño por 1,8 millones (Twitter-José Leibovich) y 3) El del consumo interno que, según Vélez, se disparó de 2,2 kilos por habitante a 2,8, lo que en una cuenta por lo bajo, para 50 millones de personas, requeriría un mínimo de 2,4 millones de sacos (La República, ídem).

Con estos datos sucede un imposible: al sumar las exportaciones más el consumo nacional, la demanda total alcanzaría 14,9 millones de sacos, mientras toda la oferta disponible, entre importaciones y producción, fue solo de 14,4 millones, con lo cual faltarían 500.000 eventualmente demandados, pero que no fueron ofrecidos, según las cifras de la Federación. ¿Hubo contrabando por dicho volumen? ¿Se trata de un “machetazo” en la contabilidad para encubrir las gravísimas circunstancias de mercado atendidas con remedios peores que la enfermedad?

En esta columna se han comentado en dos oportunidades los quebrantos de las cooperativas de caficultores, del Fondo Nacional del Café, de Expocafé y de importadores particulares, como La Meseta o Dreyfus, por no contar con cantidades suficientes para cumplir los contratos en el exterior. La razón, un grupo de productores no mayoritario se ha negado a entregarlas a los precios a los que lo transaron en el pasado para mercados a futuro, ya que son muy inferiores a los actuales que desde julio pasado tocaron el techo de 2 dólares por libra, un hecho que se aúna a la caída en picada de la producción. Se conoce, por ejemplo, que tales faltantes en diciembre de 2021 en la cooperativa de Andes, Antioquia, fueron de 14 millones de kilos; en la de Risaralda, de 11; en tres del Tolima de 2,5 y en una sola del Huila de 1,7. Es decir, en solo las nombradas, casi 30 millones de kilos. El monto final del notorio desbalance se desconoce, ya que la Federación, en reprobable decisión, se ha negado a entregarlo.

Al relacionar tan dramática circunstancia con las importaciones, que vienen como avalancha de varios orígenes, hasta de Brasil (ver foto n.° 1), no se peca por exceso de suspicacia al inferir que tales compras externas han suplido lo no recibido de los cafeteros colombianos. Lo más penoso es que son pésimas calidades que inundan las bodegas de “pasilleros” (ver foto n.° 2), quienes las mezclan en proporciones del 40 por ciento con 60 por ciento de grano nacional para pasar por debajo de la norma de 180 defectos, salir como Café de Colombia o producto Colombia, pagar la contribución a la Federación de 3 centavos de dólar por libra y gozar así de la bonificación diferencial hasta de 56 en el mercado mundial. ¿Está en riesgo el mayor patrimonio de la caficultura nacional, la confianza en su bien remunerada calidad?

Entre tanto, Vélez se dedica además a la campaña reeleccionista del senador del Centro Democrático Alejandro Corrales. Hay registros de reuniones gremiales en el departamento del Magdalena como también testimonios de asistentes a asambleas de comités en Risaralda donde pide el voto de manera abierta por su candidato. Ahí no para: de modo inexplicable se permite que Corrales utilice en sus vallas políticas el logo característico de Café de Colombia, al aparecer con un pocillo de los que la Federación fabrica en Vajillas Corona. ¿A cargo de qué este abuso? ¿Paga Corrales los derechos marcarios por avisos como los exhibidos en la avenida de Las Américas en Pereira o a la entrada del municipio de La Virginia o en el paraje Mata de Guadua, en Belén de Umbría, su tierra natal? (foto n.° 3).

¿Cuánta de esta laxitud es reciprocidad de Vélez con Corrales, quien, siendo miembro del comité de cafeteros de Risaralda en 2016, lo incluyó en una única terna, para luego ser nombrado gerente por los delegados del Gobierno de Santos con salario de 30.000 dólares mensuales? Jorge Enrique Robledo, en un debate en el Congreso, pidió hace poco la renuncia de Roberto Vélez, después de leer estas líneas cualquiera pensaría que le sobraron razones para dicha proposición.

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¿Duque a lo Ortega?

Duque hace la democracia colombiana más imperfecta de lo que ya es, una de “desempeño medio”, hacia la “deriva autocrática”.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La Constitución y la ley prohíben la participación en política de los servidores públicos. Hay antecedentes como la reconvención del entonces procurador Mario Aramburo a Carlos Lleras Restrepo “por hablar públicamente en favor del entonces candidato presidencial Misael Pastrana Borrero” (El Tiempo), y en 2013 “el procurador Alejandro Ordóñez le pidió al mandatario Juan Manuel Santos no participar en actos políticos” (Blu Radio).

Ni la Procuraduría ni la Fiscalía se percatan, o se hacen las que no, de que el presidente Iván Duque se ha convertido en jefe de debate de la derecha: sus opiniones políticas en los medios y en intervenciones públicas; la iniciativa del Ejecutivo de derogar la figura de convenios interadministrativos en la Ley de Garantías, conexa con la acumulación de bolsas de dinero, de 80 billones de pesos, para repartir e irrigar con fines electorales; su desbocada cabalgata de publirreportajes para inducir el continuismo “histórico” o las referencias descalificadoras contra candidatos que no son de sus afectos.

En entrevista en El Tiempo (8/8/2021) no ahorró loas a los precandidatos del denominado Equipo por Colombia (“Coalición de la Mermelada”), tanto que los editores los calificaron como “guiños”: hay “políticos” con “grandes capacidades”, y “los veo en el Centro Democrático (…) también en el Partido Conservador”, “personas que vienen del liderazgo regional”. Y dio nombres: “El caso del exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez. Veo el caso de Alejandro Char, el de Enrique Peñalosa”. En segunda instancia, al ser inquirido al respecto, mencionó miembros del Centro Democrático: Óscar Iván Zuluaga, Edward Rodríguez y Ernesto Macías, estos dos de los más duquistas, de la cuadrilla que escolta al actual inquilino de la Casa de Nariño.

En reportaje a la agencia EFE (16/1/2022), con ocasión de la visita a las islas Galápagos en Ecuador, titulado “Ve a Colombia en su centro político histórico tras las elecciones”, con desparpajo expresó que “equipo” es una “palabra universal, pero ya muchos sabrán cómo querrán interpretarla”, en evidente alusión al grupo de sus favoritos, que además han gozado en el Gobierno Duque de gangas burocráticas y presupuestales.

Al responder sobre la unión del Centro Democrático y el Equipo por Colombia, agregó para no dejar dudas: “No con ‘coaliciones o pactos’ de ocasión”. El resto fue una perorata sobre el castrochavismo, tanto que la agencia noticioso-propagandística tituló tal apartado como “izquierda inaceptable”.

La matrícula política de Duque quedó más al descubierto con la aclaración radial de Óscar Iván Zuluaga a raíz de la decisión de no unirse con Char y compañía (Blu Radio, 17/1/2022). Dijo que había llamado al presidente a contarle y que este “se limitó a escuchar”, que “respetaba la decisión”, pero que, según Zuluaga, “lo deseable para todos” era la unificación. Fuera de lo insólito que es hacer pública la conversación entre un candidato y el jefe del Estado, puede intuirse que, entre los motivos in pectore para hacerlo, ronda el presentimiento de Zuluaga de la traición que se vislumbra en el pulso entre las vertientes del uribismo, las “centristas” y las barras bravas de Cabal y compañía.

Un cúmulo de disposiciones veda la conducta presidencial desaforada. El artículo 127 de la Constitución Política; el Código Penal o Ley 599 de 2000; la Ley 996 de 2005 o de Garantías (que solo se cambió en un artículo); la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único y sentencias de la Corte Constitucional como la C-794 de 2014, que tipifica cuatro tipos de abusos, todas para frenarlos, incluida la controversia política. Las conoce el egresado de la Universidad Sergio Arboleda, pero se burla de ellas.

Como se dice, se pasa por la faja hasta la norma constitucional, y así emula con otros gobernantes del continente en el proceder antidemocrático, al intervenir desde el Poder Ejecutivo para imponer a sus preferidos, trasgrediendo la norma de “reglas ciertas, resultados inciertos”. Duque hace la democracia colombiana más imperfecta de lo que ya es, una de “desempeño medio”, hacia la “deriva autocrática” como advierte el Idea Internacional en Latinoamérica (El Tiempo, 23/1/2022).

Nada parece detenerlo para meter mano en las elecciones al Congreso y a la Presidencia. Los vigilantes, la exministra Cabello y Barbosa, compañero de pupitre ahora en la Fiscalía, son de bolsillo; los congresistas saben que de la largueza presidencial depende su reelección; la opinión confusa y dispersa no se moviliza ante el descaro o está pendiente de sus propias disputas, mientras el nefasto mandato de 2018 a 2022 hace de todo por intentar prorrogarse tipo Ortega, como en Nicaragua, avivado con el fuelle de un presidente que abandonó deberes para montar la campaña de la Coalición de la Mermelada.

Carestías y hambruna

La tormenta inflacionaria local fue más perfecta por la fracasada estrategia de libre comercio y capital extranjero.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La carestía fue el hecho económico en 2021 a escala global. Estados Unidos tuvo la más alta desde 1982, 7 por ciento, y las preocupaciones de los economistas giran en torno a esta distorsión. “En términos concretos, la aceleración de la inflación actual obedece a que el abastecimiento de bienes y servicios es menor que la demanda (…) el exceso de demanda desbordó los precios” (E. Sarmiento, El Espectador).

El índice de los alimentos de la FAO subió de 108,6 en 2020 a 133,7 en 2021. Con alzas en los cereales de 116 a 140; en aceites vegetales de 131 a 178; en lácteos de 109 a 128 y carnes de 94 a 111 (FAO, 100=2014-2016). Debe agregarse la falta de capacidad portuaria para atender la demanda creciente de una sociedad con gastos represados, impulsada por los apoyos fiscales a empresas y personas, y ahorros descongelados, que incrementaron el transporte marítimo de contenedores, cuyo costo promedio pasó de 1.290 dólares por unidad en noviembre de 2019 a 9.293 en diciembre de 2021 (Statista). Hay además escasez de chips electrónicos y hasta de conductores de camiones en las mayores economías. Prima la demanda sobre la oferta como fenómeno complejo, en el que unos factores se refuerzan con otros, más que el “demasiado dinero en busca de muy pocos bienes”, y las primeras víctimas “son 690 millones de personas que padecen hambre crónica en el mundo y 840 millones que la padecerán en 2030” (U. de Antioquia, 2022).

Se cree que en 2022 seguirá. En el escenario de riesgos, el Banco Mundial añade los efectos paralizantes de la variable ómicron, aparejada con bajos niveles de vacunación en muchos países. El Banco estima que los cuellos de botella en las cadenas de suministro no se resuelvan en el corto plazo con consecuentes alzas en los precios de los productos básicos, incluidos alimentos y energía, y alerta sobre elevados saldos de deuda pública en muchos países y sobre graves tensiones sociales y eventos climáticos extremos. Para América Latina, prevé que el crecimiento en 2021 del 6,7 por ciento caerá a 2,6 en 2022 y 2,7 en 2023 (WB, Global Economic Prospects). La alta inflación vendrá con bajo crecimiento, hacia la estanflación.

Colombia marcó en 2021 un Índice de Precios al Consumidor, IPC, del 5,62 por ciento y para los más vulnerables fue 6,85. Los alimentos alzaron 17,23; la comida fuera de casa 8,83, y el transporte 5,69 por la elevación de los combustibles en 11,32. Los alimentos responden por la mitad del índice, que sin ellos se hubiera incrementado 3,44 (Dane). Las listas de mercado lo confirman: entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, el huevo pasó de 317 pesos a 409; el kilo de pernil de pollo, de 6.637 a 12.800; el de papa, de 715 a 2.013; el de zanahoria, de 1.322 a 1.645; pastas y aceites se dispararon y el de manzana importada de 6.152 a 7.099 (Dane).

La tormenta inflacionaria local fue más perfecta por la fracasada estrategia de libre comercio y capital extranjero. Como abonos y plaguicidas son importados, los precios internacionales al alza, del nitrógeno, del potasio y del fósforo recargaron el Índice de Precios al Productor Agrario, que subió de 142,07 a 193,12, más de 50 puntos, el doble que entre 2015 y 2020. Colombia pagó por tonelada de insumos agrícolas 638 dólares en 2021, mientras que en 2019 fueron 500 (Cálculos, base Dane). Finalmente, la tasa de cambio completó el cuadro al treparse a 3.750 pesos en promedio en 2021, y a alimentos, insumos y transporte caros se sumó la devaluación.

Así, la dependencia de las importaciones de bienes del ámbito agropecuario, que bordean 14 millones de toneladas anuales, junto con dos millones de las de bienes intermedios para el agro, se conjuga con la debilidad del peso colombiano. “Sobresale el déficit de la balanza comercial” y “el fortalecimiento del dólar frente a las economías emergentes, siendo la colombiana de las más endeudadas y percibida como de mayor riesgo” (S. Kalmanovitz, El Espectador), cuando los “ciclos globales de liquidez” están ligados a “decisiones de política monetaria en Estados Unidos y otras economías avanzadas” (D. Guevara, El Espectador) que, por los anuncios, vendrán en sentido adverso.

El dramático balance empeora ante la falta de instrumentos para enderezar. Las restricciones de los TLC, la política cambiaria flexible, que relaciona con alto coeficiente la devaluación con el índice de precios, y la política monetaria, fallida en “mantener el poder adquisitivo”, impelen a modificar a fondo el neoliberalismo que las incubó en 1991. Sin reformas que admitan una coordinación monetaria entre las varias autoridades, la revisión de los tratados y el apoyo a la producción nacional, predominarán la carestía y la inseguridad alimentaria que azota al 54 por ciento de los hogares colombianos (SEMANA-Andi, 2021).

Caso Macaco, verdades del paramilitarismo

El caso Macaco debe servir para acabar la burla a las víctimas, que, para la reparación, no tengan que ir a cortes extranjeras.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En Colombia se aplican la ley del más fuerte y la del silencio. La primera explica la violencia, “la gran tragedia de la sociedad colombiana del último siglo” (Melo, 2017) y la segunda, la impunidad, por la que entre 1820 y 2001 se otorgaron 88 procesos de beneficios penales como la Ley 975 del Gobierno de Uribe en 2005, de Justicia y Paz, “que confirió ventajas jurídicas a los paramilitares” sin compensación a los afectados y al país (Revéiz, 2016).

Esa impunidad se amplió cuando la cúpula paramilitar fue extraditada a Estados Unidos, al prevalecer el delito de narcotráfico sobre crímenes atroces como desplazamientos, desapariciones y similares. Luego de diez años, “los paramilitares que pagan condenas en Estados Unidos por la misma razón, el promedio será 7 años y medio” (The New York Times). En mayo de 2008, Carlos Mario Jiménez, Macaco, fue el primero en ser condenado a 33 años en Estados Unidos por narcotráfico, que redujo a 11 por “colaboración con la justicia”, y volvió a Colombia en 2019.PUBLICIDAD

Jiménez fue jefe de 7.603 miembros del Bloque Central Bolívar (BCB) (https://verdadabierta.com/los-tentaculos-del-bloque-central-bolivar/), controló “el Magdalena Medio… a través de la corrupción, la tortura, el secuestro y ejecuciones extrajudiciales” (Corte, Distrito Sur de Florida, caso n.° 10-21951) y en marzo de 2021 “por la línea de mando” aceptó 162 hechos criminales (El Colombiano, 18/03/2021).

Luego de siete años, el Centro para la Justicia y Responsabilidad (CJA), en representación de familiares de una víctima del BCB, logró, el 28 de septiembre de 2021, que el magistrado Edwin G. Torres, de la Corte del Distrito Sur de Florida, decretara indemnización para sus clientes “que probablemente nunca podrán cobrar” (The Intercept, Speri, A., 24/11/2021). Fuera de la culpabilidad de Jiménez, el fallo es fundamental para precisar una narrativa veraz sobre el paramilitarismo en Colombia.PUBLICIDAD

Torres acudió a la Torture Victim Protection Act (TVPA), que faculta la intervención de la justicia norteamericana cuando la tortura o la ejecución extrajudicial se cometen “bajo la autoridad real o con apariencia legal, de cualquier nación extranjera” (Corte, Distrito Sur de Florida, caso n.° 10-21951) y “los perpetradores estén bajo autoridad jurisdiccional de Estados Unidos” (The Intercept, Speri, A., 24/11/2021).

Partió de que hubo “relación simbiótica” entre paramilitares y el Estado colombiano, al señalar que “utilizó a miembros paramilitares para luchar contra los grupos guerrilleros que causan disturbios civiles en áreas como la región fluvial del Magdalena Medio” y que “recibieron beneficios tangibles (…) como transporte y comunicaciones, y se financió a través de la producción, venta y tráfico de estupefacientes” (Corte, Distrito Sur de Florida, caso n.° 10-21951).

Destacó “abundancia de evidencia (…) de que el BCB operaba (…) con actores estatales colombianos” intercambiando “inteligencia, armas y uniformes militares” y “también hicieron la vista gorda ante la presencia (…) y actos delictivos del grupo debidos a sobornos”, que “eran la misma entidad porque la organización controlaba las operaciones del Estado”. El BCB mantuvo “nómina para pagos a militares y policías” y actuó con apariencia de ley (ídem).

Se extiende así responsabilidad a Estados Unidos que, fuera de jerarquizar el delito de narcotráfico allá sobre la reparación de las víctimas aquí, intervenía en el Gobierno y la fuerza pública al tenor del Plan Colombia. En ese orden, se rememoran hechos como la sanción contra Chiquita Brands por pagar a los paramilitares, aunque “reportaron los pagos al gobierno de Estados Unidos” y porque “usaban a Chiquita para exportar droga e importar armas” (Kelsey Jost-Creegan, en IPC.org.co).

Eleva a verdad judicial el dicho de Myles Frechette, exembajador en Colombia, de que “Washington apoyó porque quería reducir la violencia” (El Espectador, mayo de 2017), reitera denuncias de Human Rights Watch sobre batallones antinarcóticos que coordinaron con paramilitares, “creados con asistencia y financiación de Estados Unidos y entrenados por militares estadounidenses”, a los que Clinton “firmó una exención de las condiciones relativas a derechos humanos” (“Sexta División”, HRW). Roxanna Altholz, de Berkeley, Center for Latin American Studies, dice: “Mire, donde mire, verá los Estados Unidos” (The Intercept, Speri, A., 24/11/2021).

El caso Macaco debe servir para acabar la burla a las víctimas, que, para la reparación, no tengan que ir a cortes extranjeras y también para que la Comisión de la Verdad incluya el sustento de la sentencia del magistrado Torres: el paramilitarismo como instrumento de Estado y, según, personalidades, ONG, grupos de análisis y abogados, asistido de cierta forma por Estados Unidos.

🛢️ El entramado Oxy-Carlyle y Ecopetrol 🛢

La relación de Ecopetrol con OXY es estrecha: se aliaron en la explotación de fracking en Texas, comprando 49 por ciento de la operación por 1.500 millones de dólares, inversión que, al ritmo de explotación actual, solo se recobraría en 41,7 años.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 1980 se firmó el contrato de asociación Cravo Norte entre Ecopetrol y Occidental de Colombia (OXY) sobre 1.003.744 hectáreas para exploración de petróleo. Con el descubrimiento de Caño Limón, en 1983, se decretó su comercialidad sobre 1.100 millones de barriles, el mayor reservorio en años. La participación estatal (state take) era del 80 por ciento sobre el ingreso derivado de la mitad de las utilidades y de las regalías.

En 2004, cuando producía 95.000 barriles/día, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, lo extendió hasta el límite económico del campo, a perpetuidad, que estimaba en valor presente ingresos a Ecopetrol por 846 millones de dólares (presidencia.gov.co). Cubrió 19 bloques de los contratos de Asociación, Cravo Norte, Rondón, Chipirón y Cosecha, asociado con Ecopetrol, y de colaboración empresarial en La Cira Infantas, y aunque se pensó que la producción declinaría, se mantuvo sobre los 50.000.PUBLICIDAD

En el cambio del contrato, una eventual cesión se condicionó al visto bueno del presidente de Ecopetrol previo requisito como conocer el nombre del nuevo concesionario. Eso pasó. Occidental vendió en 2020 su parte por 825 millones de dólares, 3,2 billones de pesos, al Carlyle Group (Ávila, El Tiempo, 3/10) y metió en el negocio además bloques en Magdalena Medio, Santander y Putumayo y se quedó con los de costa afuera (off shore).

Un día antes de dicha transacción, Glenn Youngkin, codirector ejecutivo de Carlyle, la compradora, dejó su cargo para iniciar la campaña a la gobernación de Virginia, candidato de Donald Trump (CNN, NBC News), luego de destacarse como gran donante de campañas republicanas (opensecrets.org), un verdadero activista. También trabaja en Carlyle, como vicepresidente de temas globales, el exalmirante James Stavridis, compañero de Juan Manuel Santos en el consejo de administración de la Fundación Rockefeller y quizás “aquel contratista del Pentágono” que develó gestiones del embajador Francisco Santos para la colaboración oficial con la campaña de Trump, en tanto se conjetura que esa transacción, de OXY con Carlyle, pudo ser medio para allegar fondos a los republicanos, a cuyos candidatos OXY dio en el ciclo de 2020, incluido Trump, 92 por ciento de todas sus contribuciones (https://www.opensecrets.org/orgs/occidental-petroleum/totals).PUBLICIDAD

La relación de Ecopetrol con OXY es estrecha: se aliaron en la explotación de fracking en Texas, comprando 49 por ciento de la operación por 1.500 millones de dólares, aporte que además ayudó a OXY a cerrar la compra de la empresa Anadarko, propietaria de tales campos, inversión que, al ritmo de explotación actual, solo se recobraría en 41,7 años.

Una decisión poco convencional, tan extraña como que Ecopetrol asimismo no hubiera pujado por Caño Limón para quedarse con toda la operación por una suma solo algo más de la mitad de lo que puso en Texas, y que, aún con 10.000 barriles de petróleo al día, ya le hubiera reportado más de 300 millones de dólares y una recuperación de la inversión, con el actual nivel de precios en cuatro años.

¿Alguien entiende por qué Ecopetrol invirtió 1.500 millones de dólares, recuperables en 41 años, para detentar solo 49 por ciento de una torta y no pujó por Caño Limón, que valía la mitad, se recuperaba en cuatro años y garantizaba el control del ciento por ciento del proyecto? ¿Por qué optó por cederle a un tercero? Un extraño árbol de decisiones.

Las dudas frente al entramado, no extraño en un sector en el que ha habido casos sonados como en Argentina, se refuerzan cuando se conocen los vínculos de Tony Hayward, expresidente de Glencore en Colombia, con sus excolegas en British Petroleum; Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, y los vicepresidentes actuales, Consuegra y Caballero. Hayward es mandamás de Carlyle Group en Colombia, firma para la que “buscaba activos” desde 2017 (news.sky.com, oct.2017) y que maneja los comprados a OXY mediante Sierra Energy, empresa recién aparecida.

Al seguirse la plata (lo recomendable en estos casos), el círculo se cierra fácil: OXY le adquiere a Anadarko los campos para hacer fracking en Texas y después Ecopetrol se asocia allí con OXY, con lo que apalanca dicha compra, en una inversión que demorará cuatro décadas en rescatar. Después OXY saca a la venta Caño Limón, Ecopetrol no oferta y da el visto bueno a Carlyle. En medio de tales transacciones se desparramaron largas donaciones a los republicanos en Washington.

Al final, cabe preguntar: ¿nada supo Iván Duque? ¿Tampoco su íntimo, Luis Guillermo Echeverry, presidente de la Junta de Ecopetrol? Una trama petrolera –tan no convencional, como el fracking– que exige una explicación. ¿Las tiene el contralor Córdoba o acaso la SEC, la U.S. Securities and Exchange?

¡No callen a Norman!

Contrario a la propaganda oficial, el reemplazo de Electricaribe por Air-e aparece peor que la enfermedad, y Norman Alarcón no ahorra palabras para contarlo.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Norman Alarcón es un líder social y político. Luego de estudiar economía en la Universidad de Antioquia “se descalzó” por varias regiones de Colombia a disposición de justas causas, en medio de la lucha por la subsistencia, en una vocación de vida que se incubó desde cuando fuera activista estudiantil y siempre al lado de Marta Vélez, una docente, su compañera.

Por décadas puso esfuerzos y conocimientos para acompañar los pescadores y habitantes de las riberas del río Magdalena, desde Ciénaga hasta La Dorada, siguiéndoles el pulso a los sucesos alrededor de esta primera corriente hídrica del país. En ese empeño se distinguió por sus programas emitidos en Radio Pontoná y oídos por miles de ribereños entre ellos Actualidad Económica, el cual acompañaba con columnas sobre las problemáticas, incluidas las de los contornos aledaños, como la ganadería o el café, y los cultivos sembrados en llanuras y cordilleras. Estimuló la resistencia civil por su defensa y preservación.

Cumplía así con “ser la voz de los que no tienen voz”, independiente de los poderes políticos, militando en la izquierda democrática, aparte de oportunismos politiqueros y también de dañinos extremismos, lo que no pocos dolores de cabeza y persecuciones le ha acarreado.

Como Guillermo Cubillos, su piragua terminó hace más de dos décadas recalando, en este caso, en Barranquilla. Allí continuó la tarea de estudiar los problemas, esclarecerlos y velar por su justa solución, desde los medios, pero también desde la calle, en la reunión comunal, en foros, en el debate político y en la protesta pública y legal.

En su participación en 2006 en el Foro en Defensa del Patrimonio Público con una ponencia sobre los despojos en la Triple A, advirtió cómo se iban esfumando, por negligencias y trucos de distintas administraciones, las acciones mayoritarias del distrito de Barranquilla, que pasaron del 85 por ciento en 1996 al 14,5 en la actualidad, y alertó sobre la corruptela empotrada que culminó en el “cambiazo”, de Aguas de Barcelona a Canal Isabel II de Madrid a través de Inassa S. A., que, como se admitió por los propios culpables, trajo lucro descomunal para la burocracia española y para “distinguidos” cómplices locales. Esto le ha venido causando animosidad en su contra del combo dominante, dado que además escribe los hallazgos en el periódico La Libertad y en el portal Las 2 Orillas.

No obstante, el foco de las denuncias fue Electricaribe en manos de la española Unión Fenosa a partir del año 2000. Con investigaciones rigurosas develó el descarado saqueo ibérico: desmantelamiento de miles de kilómetros de redes de cobre, exportadas a Europa con pingües ganancias, reemplazadas por aluminio de poca vida útil en detrimento del servicio; tercerización laboral y despidos masivos, y robo de subsidios del Foes para 600.000 familias costeñas por 300.000 millones de pesos como lo corroboró la Contraloría General.

Contrario a la propaganda oficial, el reemplazo de Electricaribe por Air-e aparece peor que la enfermedad, y Norman Alarcón no ahorra palabras para contarlo. Son cuatro las razones: 1) entrega del patrimonio público, venido de Electricaribe y valorado por 2,4 billones de pesos, por apenas 285.000 millones, el 11 por ciento, cifra que el Plan de Desarrollo de Duque había cubierto de secretismo; 2) aumento de la tarifa plena del 70 por ciento en un año, al subir el cobro del kilovatio hora de 500 pesos a 852 pesos para financiar por anticipado obras de expansión y mejoras; 3) cobro ilegítimo de la cartera de Electricaribe a los usuarios, a los mismos despojados de los subsidios e 4) imposición a cargo de los hogares de medidores “inteligentes” AMI, sin soporte en resolución alguna de la Creg, que debería ser solo una opción del consumidor. Perjuicios similares acaecen con el otro operador, Afinia, lo que prolonga el menoscabo del bienestar de 11 millones de costeños.

Las denuncias de Norman y la organización de los usuarios en ligas y movilizaciones le valieron dos graves intimidaciones: seguimientos amenazantes frente al edificio donde reside, denunciados ante las autoridades con testimonios escuchados que “era al que había que seguir día y noche”, y una “denuncia penal en la Fiscalía por injuria y calumnia en calidad de representante de la Liga de Usuarios en la Costa Atlántica” por parte de Air-e.

No es proceder nuevo: así se acusó en 2020 por el grupo dominante en Air-e a Carlos Alfredo Crosthwaite por sus críticas a Enerpereira, la que también controla. Contrario al derecho de expresión, se tramita por las Fiscalías como delito y que, luego de esta columna, hasta podría venir una en mi contra, pero a ninguno acallarán y menos a Norman.

Fe de erratas: por impensado error en columna anterior escribí que Juan Carlos Echeverry fue ministro de Minas de Santos, fue de Hacienda.

La coalición de la mermelada

Resulta injustificable que, con este balance, los responsables, que han ocupado posiciones de decisión en el Estado en las últimas décadas, aleguen “experiencia”.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El Paro Nacional fue un suceso notable en 2021 y mostró la indignación sobre el estado de cosas, concentrada en la absurda reforma tributaria de Duque y Carrasquilla y en la mercantilista relativa a la salud. La contrariedad casi general se expresa todavía en sondeos como el de Cifras y Conceptos (septiembre de 2021), en el que 41 por ciento dice estar “mamado”, 19 por ciento “incluyente” y 26 “reformista”. Piden, con distintos enfoques, un cambio, no continuidad.

Esos resultados, que no deben separarse de la ira que causa la corrupción, se relacionan además con pobreza, desempleo, desigualdad, salario e ingreso. Aunque de uso poco frecuente, un buen indicador para medir las condiciones socioeconómicas es el Índice de Miseria de Okun. En su versión más simple, la suma de la tasa de desempleo y la inflación para el tercer trimestre de 2021 en Colombia fue 16,62 (BanRep), más que en 2019, antes de la pandemia, cuando ya era de los países más miserables del planeta (Saqueo, página 208). En 2020, en la modalidad de Índice de Miseria Hanke, el nacional estuvo en 35,8, mientras que la mediana mundial fue 23,4 (Cato).

Resulta injustificable que, con este balance, los responsables, que han ocupado posiciones de decisión en el Estado en las últimas décadas, aleguen “experiencia” y se presenten, por encima de estos hechos, como “resolvedores” (sic) para “salir de la crisis” que reconocen.

Uno es Juan Carlos Echeverry, exdirector de Planeación de Pastrana, exministro de Minas y Energía de Santos y presidente de Ecopetrol en el mismo gobierno. Fundamenta su candidatura en “muy buenas relaciones en Washington y Wall Street” (KienyKe, 19/08/2021) además de ser paladín de la “disciplina fiscal”, la del FMI, de más ingresos (léase más impuestos) y menos gasto, que presume haber contribuido a aplicar más allá de los acuerdos con el Fondo (Modelosde desarrollo económico, 2002, págs. 429-477), que se reforzó desde 2012 con la implantación de la regla fiscal, que ya estalló dos veces, y que cuenta ahora con una versión más severa.PUBLICIDAD

Como ironía, Echeverry pone en la “descentralización” un emblema de campaña, cuando en 2001 en el DNP fue cogestor del Acto Legislativo 01 que transformó el régimen de transferencias en el Sistema de Participaciones (SGP), y que privó, en pesos de 2019, a municipios y departamentos de 318 billones de pesos, arrebatados a salud, educación y saneamiento básico (Espitia) para soportar largos beneficios tributarios. Plantea un salario mínimo inferior para el Chocó o Sucre, en busca de inversionistas hacia islotes de mano de obra barata como Bangladés o Etiopía o el distrito de Kaesong, el que montara Corea del Norte para empresas surcoreanas con salarios de 80 dólares al mes. ¿Echeverry y Kim Jong-un?

“Dime de qué alardeas y te diré de qué careces”, justo para Enrique Peñalosa. En todos los escenarios receta como pócima la “gerencia”, pomposo término con el que designa su doble alcaldía de Bogotá. En tanto el más grande daño al urbanismo fue sacar, en 2000, el metro de la Avenida Caracas, su eje natural, y reemplazarlo por buses de TransMilenio y 20 años después hubo que corregir, montándoles encima el tren eléctrico. En su dogmatismo “gerencial” declara fobia constante por los sindicatos y fervor por las privatizaciones. Asimismo, volvió modus vivendi ser candidato: el CNE certifica que a Peñalosa se le repusieron 5.794 millones de pesos por cuatro candidaturas entre 2007 y 2015, una cada dos años, tres a alcaldías, dos por firmas como ahora y otra a la presidencia. (ver documento CNE).

Federico Gutiérrez profesa el discurso continuista: aprovechar “no sé cuántos TLC (sic) para exportar” o que hay mucho “subsidio ocioso”, que “todo no puede ser regalado”, o las vías 5G como locomotora o culpar de la inseguridad a los jueces, lo que mezcla con demagogia, al doble del estimado de Camacol: hacer 1,8 millones de viviendas en el cuatrienio (Foro Semana). Se acomoda en este combo de “expertos” Barguil, oficialista de nocivas políticas centrales por tres periodos consecutivos en el Congreso y favorito de las burocracias gubernamentales, al que sus colegas del Partido del Presupuesto, como decía Roberto Gerlein, eligieron candidato.

La montonera fue confirmada en Barranquilla, precisamente donde 66 por ciento de los hogares no consumen tres comidas diarias, con Álex Char, campeón de la politiquería, y soldada con un pote de neoliberalismo y cucharadas de filosantismo y filouribismo, adobada con Cambio Radical, la U y los conservadores (El Tiempo 14/11/2021), donde cabrían Cárdenas o Zuluaga o Alejandro Gaviria.

Es solo otra unión más de los mismos con las mismas, un frente nacional de la mermelada, ingrediente conque el mismo Echeverry degradó en su ministerio la muy maltrecha democracia colombiana.

Entonces, ¿“Los que diga Duque”?

El plato queda servido: bolsas por casi 80 billones de pesos, el mecanismo para irrigarlas y documentos al por mayor de votantes anónimos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Se están contabilizando los montos que por distintas fuentes ha acumulado el Gobierno, un gasto público para 2022, pero ausente en lo peor de la pandemia, y hay recelos por el destino que tendrá a las puertas de las elecciones presidenciales y del Congreso de la República, si servirán para elegir a “los que diga Duque”.

La primera es la reforma tributaria de 2021, la de Restrepo, gestor del botín para el soborno social y político. En ella, se destinarán $6,6 billones en 2022 al llamado Ingreso Solidario para 4 millones de hogares menesterosos, hoy por fuera de los programas tradicionales, a los que, sin darles siquiera una renta básica, se les endulzará con una dádiva “histórica”, un rústico remedo de los cheques que Trump rubricó en la crisis sanitaria.

Irá con otros planes, no inscritos en el marco del derecho universal, sino en forma de óbolo, como la publicitada matrícula cero en universidades públicas, solo para estratos de ingreso bajo y medio-bajo. El Presupuesto General aplicará 35 billones para la denominada “recuperación social” en 2022 (El Tiempo, 21/10/2021, citando DNP).

No obstante, esa suma aún no es suficiente para el mercado electoral: urgen otras para financiar el universo de gastos de funcionamiento, que no se fondea con tributos y abarca las clientelas contratistas y la fronda burocrática, ampliada ahora en miles de puestos en la Contraloría, la Procuraduría y la Registraduría.

La más voluminosa y de libre disposición vendrá de Ecopetrol. Los cálculos del precio del barril de petróleo para un marco fiscal adecuado se hicieron en 63 dólares. El precio promedio este año superará los 70 y con ello el Gobierno, con una propiedad del 89 por ciento, se ganó la lotería, ya que desde junio se anunciaron traslados por utilidades e impuestos por más de 10,5 billones de pesos, que al terminar 2021 pueden subir a más de 20 (Portal Ecopetrol, junio 2021).

A las alforjas oficiales llegaron nuevas bolsas. Por la compra del 51,4 por ciento de ISA por Ecopetrol, a crédito, “exprimiendo la empresa” (Kalmanovitz), entró un cheque por 14,2 billones de pesos, bajo los enunciados de “reforzar la caja” o la “reactivación económica” (Portafolio). ¿Hay ya auditoría del contralor Córdoba al respecto?

Del exterior aterrizó otra partida. El ingreso de 2.790 millones de dólares que le asignó a Colombia el FMI de la desinversión de reservas internacionales por 1,96 mil millones de derechos especiales de giro (DEG). El Banco de la República, receptor de la remesa, explicó: “El Banco vendió reservas al Gobierno Nacional por un monto en dólares equivalente a la asignación de DEG y recibió como pago Títulos de Tesorería TES Clase B (…) el Gobierno obtuvo liquidez inmediata en dólares y mejoró el perfil de su deuda interna (…) los títulos entregados al Banco provienen de canjes (…) cuyo vencimiento (…) era el año 2022”, y fueron sustituidos por otros de largo plazo. En fin, una emisión camuflada para el Gobierno por 10,6 billones, acorde con la tasa de cambio de 3.806 pesos por dólar a 31 de agosto.

No contento con lo acumulado, Duque se apresta a vender 3.490,8 millones de acciones de Ecopetrol, el 8,49 por ciento, que, al precio unitario actual cercano a 2.660 pesos, totalizaría 9,28 billones. De pasarse por encima las restricciones que impone la Ley 1118 de 2006 para usarlos, como ya hizo con el “enroque” de ISA, este paquete cuantioso engordará más sus cajas menores.

Al final, además de los recursos ordinarios presupuestados, con estas maniobras adicionales calculadas se destinarán más de 70 billones para elegir a “los que diga Duque” en acción sucedánea de su mentor, hoy sub iudice y en franco desprestigio.

El bazar de votos, sin precedente, lo allanó el artículo 125 del Presupuesto con la modificación de la ley de garantías, para pasar en estos meses los convenios interadministrativos entre la Nación y los entes territoriales. Así el Centro Democrático cebaría a sus 42 alcaldes en Boyacá o los conservadores, a los del norte y el oriente de Antioquia, y, sin contar coaliciones, a 116 en total, y los liberales, a 99 en toda Colombia, o Cambio Radical, a 29 gobernaciones donde participa, o La U, en 22 (celag.org). La funcionaria estrella será Ana María Palau, consejera para las regiones, quien reemplazó ahí a Karen Abudinen.

A estas alturas, el registrador nacional, Alexánder Vega, el de “si no le gusta, váyase”, informa de 5 millones de cédulas en volandas, de colombianos en el exterior, de muertos o fraudulentas, como las que aprovechaba Aída Merlano. El plato queda servido: bolsas por casi 80 billones de pesos, el mecanismo para irrigarlas y documentos al por mayor de votantes anónimos. Es la engañosa hoja de ruta para elegir a “los que diga Duque”. Colombia y la comunidad internacional deben percatarse.