La emboscada a la protesta

El gobierno de Duque, fuera de aludir a la protesta con el término policial “vías de hecho”, ostenta una conducta reaccionaria al respecto.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El artículo 37 de la Constitución, en el título II sobre derechos fundamentales, dice: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Los artículos 18, 20 y 40 lo complementan.

Los apartados 21 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas la resaltan como una “forma importante de ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión establecida” y tratadistas como Gargarella la nominan como primer derecho, pues de él se han derivado los demás.

Investigadores señalan que en Colombia “la protesta es una de las formas principales de participación ciudadana, y que en la gran mayoría de los casos, transcurre de manera pacífica. La gente suele acudir a la protesta en situaciones o momentos límites, cuando se agotan otros canales de participación o expresión del descontento ante situaciones injustas”. Estiman que entre 1975 y 2016 hubo 25.000 movilizaciones, que aumentaron “desde finales del decenio pasado, cuando aún era presidente Álvaro Uribe” y que “la tendencia se mantuvo con vaivenes bajo el Gobierno de Santos, con el que llegamos al pico de 1.037 en 2013” (Archila, García y Cinep).

El número descendió de 800 anuales a 300 entre 1975 y 1995, subió a 600 hacia 2007 y en adelante estuvo entre 800 y 1.000 hasta 2016 (Cinep). En los primeros tres meses del gobierno de Duque hubo 348 protestas, 59 por ciento más frente a igual periodo en 2017, cuando hubo 1,9 movilizaciones por día (FIP). Para 2019, tras el triunfante movimiento estudiantil de 2018, se activó la protesta contra el “paquetazo” de la Ocde que desató el paro iniciado el 21 de noviembre, teñido por el asesinato de Dilan Cruz con réplicas hasta febrero de 2020.

El Gobierno de Duque, fuera de aludir a la protesta con el término policial “vías de hecho”, ostenta una conducta reaccionaria al respecto: su primer ministro de Defensa, Guillermo Botero, previo a posesionarse hablaba no de garantizarla sino de reglamentarla, porque para él son minorías contra mayorías entorpecidas en su diario vivir. El fallecido ministro Trujillo debió presentar disculpas por excesos de la fuerza pública contra los protestantes, como le ordenó la Corte Suprema, y el actual, Diego Molano, es autor de la “genialidad” de confinar la protesta en un “protestódromo”.

Llueven críticas desde la comunidad mundial al Gobierno por su autoritarismo, que no cumple el protocolo acordado a instancias de la Corte de no usar armas letales, quizás orientado por la máxima instigadora de Álvaro Uribe del “derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad”.

Luego de 15 días, 2.700 concentraciones y 1.215 marchas en 750 municipios, el balance era 2.110 casos de violencia de la fuerza pública, con 40 presuntos homicidios, 34 con arma de fuego –el modus operandi que el 9 de septiembre de 2020 causó nueve crímenes similares y solo tres decisiones judiciales en Bogotá–, 362 víctimas de violencia física y 17 sexual, incluida Alison en Popayán, 1.055 detenciones arbitrarias y 168 posibles desaparecidos (Defensoría, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Indepaz y Temblores).

Deja mucho qué pensar que gatilleros de civil, en distintos episodios, sean vistos al lado de la Policía, la que, a su vez, tuvo 849 uniformados heridos y la muerte del capitán Solano al enfrentar un robo bancario en Soacha por vándalos que aprovecharon la manifestación.

También entrampan la protesta, al dificultar su carácter masivo, el vandalismo y el extremismo ejercido por anarcos, por la delincuencia organizada, gente descompuesta fruto de la misma crisis galopante, y por residuos insurrectos que persisten en suplir a las masas con acciones “heroicas” lanzándose “por el atajo de una insurrección imaginaria”. Estos modos, en lugar del dicho de los corifeos oficiales, no son criaturas de la protesta, son su contrario. Si se proscribiese la movilización civil y desembocara en la devastación, sería el caos.

Conspira contra la resistencia ciudadana la tecnocracia criolla, que no se explica cómo la “masa inculta” no entiende lo bueno de aumentar el IVA y oficia de eco de los mercados financieros, que castigarán la rebeldía justificada con la pérdida del grado de inversión a la economía y atemorizan con las calificadoras de riesgo que arrasaron en Grecia el estado de bienestar para calmar la voracidad de los especuladores. Tecnócratas alejados de la incertidumbre de 3,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Duque procedió al revés. Primero recaudo de impuestos que gasto público eficaz, primero fuerza desproporcionada que negociación abierta, y primero discurso hosco que mensaje de concordia. ¿Seguirá emboscada la protesta?

Ley para el negocio de salud

El proyecto persigue, en línea con la Ley 100, elevar la tasa de ganancia de los inversores en salud. El interés principal del articulado, ya con distintas versiones, es consolidar economías de escala a las empresas más fuertes.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El proyecto de reforma a la salud, 010-Senado y 425-Cámara, no garantiza la sanidad general, pero avanza en el negocio de la salud. Se corrobora al confrontar el estado del sector con los cambios propuestos al sistema de aseguramiento, con núcleo en las EPS; a la salud pública y la atención básica; a la educación médica; a la red pública hospitalaria; a la medicina familiar y al registro de historias clínicas, entre varios.

En 2020 había 39 EPS, dos de las cuales solo tienen afiliados en el régimen contributivo, mientras que las demás operan en este y en el subsidiado. Había 19 sin capital mínimo y 21 sin patrimonio adecuado aunque, al consultarse el ejercicio financiero de 2020, cuando siguieron recibiendo la Unidad de Pago por Capitación (UPC) pero suspendieron diversos servicios por la pandemia, las utilidades acumuladas suben a 2 billones de pesos.

La OMS estima que el gasto en salud es de 5 por ciento del PIB, más de 50 billones de pesos. Seis EPS controlan la mitad de los afiliados al régimen privado y dos de ellas, junto con cuatro lideradas por Coosalud, administran una porción similar en el público, con cobertura del 95 por ciento de la población. La que reúne más usuarios, 7,4 millones, es la estatal Nueva EPS.

Entre 1999 y 2018 creció el número de tutelas judiciales para exigir atención y entre 2014 y 2019 las peticiones, quejas y reclamos anuales subieron de 600.000 a más del doble. La Contraloría General (2018) inventarió en 12,17 billones de pesos la deuda de las EPS con las IPS y los precios en salud entre 2000 y 2018 crecieron al año 6,39 por ciento, por encima de la inflación, de 5,08 por ciento (Banrep). La rentabilidad de las EPS sobre los activos en 2019, entre las principales, osciló entre 1 y 14 por ciento (cálculos con base en Supersalud).

Es relevante el aumento de capital extranjero en distintos eslabones. UnitedHealthcare Group se hizo a las intermediarias Colmédica y Aliansalud y a los centros clínicos Portoazul, Colina y Country. También están Keralty, Fresenius, Falk y Christus Health. La inversión foránea entre 2018 y agosto de 2019 fue de 620 millones de dólares (Procolombia), con algunos puestos en las 13 zonas francas sectoriales (M. Tache y otros, UN, 2020).

De ahí se infiere que el proyecto persigue, en línea con la Ley 100, elevar la tasa de ganancia de los inversores en salud. El interés principal del articulado, ya con distintas versiones, es consolidar economías de escala a las empresas más fuertes, aun en detrimento de otras. Recurre, en primer término, al mecanismo de regionalización de un oligopolio dominante del aseguramiento (artículo 35). No para ahí. El artículo 78 introduce la figura de matriz o “controlante”, brincándose con sus propias estructuras las limitaciones a la integración vertical de las EPS.

La UPC creció 132 por ciento entre 2000 y 2019 para el régimen subsidiado y 32 por ciento para el contributivo. Su unificación y un incentivo variable por cumplimiento de metas la incrementa (artículo 34). Pese a lo cual las EPS irían a la fija con el establecimiento de una póliza de seguro que responderá a las instituciones de atención en casos de siniestro en los pagos. A propósito, el Estado queda facultado para promover alianzas público-privadas en cualquier componente del sector, desde el aseo hasta los hospitales (artículo 54).

El proyecto habla del médico familiar. Pero se cuestiona que, en su desarrollo, las EPS ocuparían personal apenas capacitado en un programa básico, no especializado, en “competencias en medicina general con enfoque familiar y comunitario”, dándoles además funciones educativas (S. Abril, 2021). Asumir esa misión les permitiría también controlar las historias clínicas y, por ende, el sistema. Respecto al régimen laboral del personal público, si bien ratifica la contratación directa, según lo prescribió la Corte Constitucional, desconoce la carrera administrativa y autoriza al Estado a definir plantas, salarios y prestaciones (artículos 76 y 77).

¿Cuál el futuro del sector? ¿El Estado solo regulará? Como tiende a concentrarse en los grupos con más palanca financiera, los extranjeros tendrán las de vencer por las normas favorables ya descritas, que se reglamentarán mediante autorizaciones otorgadas al presidente y al ministerio, y contarán con el patrocinio de los capítulos de servicios, inversiones y propiedad intelectual de los TLC. No dice el proyecto con qué tasa de ganancia se diseña, la que realmente se persigue a cambio de excluir al Estado de funciones de salud pública y paliar los costos crecientes, hacia una fase superior de privatización lucrativa. Lo que sí es seguro es el menoscabo al derecho ciudadano en acceso real a prevención, atención y tratamiento.

COCA NO ES COCAINA

Perú y Bolivia crearon empresas estatales comercializadoras y exportadoras de hoja. Mientras en Colombia las mafias en febrero de 2017 compraron a los cocaleros 25 libras a 18 dólares cada una, en el comercio legal en Lima se transaron a 50 dólares.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

A instancias de Perú, que definió la hoja de coca como nociva para los indios andinos y desechó su valor cultural, la ONU produjo en 1950 un informe que la proscribió y en 1961 la incluyó en la Convención sobre Drogas Narcóticas.

Los Gobiernos norteamericanos, demócratas y republicanos, incitados además por la acción criminal de los carteles, que en Latinoamérica desviaron la producción hacia la cocaína para proveer a millones de adictos en el Norte, desplegaron la Guerra contra las Drogas, cuya meta primera es destruir los cultivos. Montaron cuerpos antinarcóticos y la violencia escaló a niveles descomunales, más cuando las Farc, tras la caída del bloque soviético, se valieron del narcotráfico para financiarse, e igual todos los grupos armados, incluido el paramilitarismo. “Una Guerra sin Fin”, dice Rafael Pardo.

La aspersión aérea con glifosato y surfactantes fue arma predilecta. Desde 1994 hasta 2014 cubrió 2.086.750 hectáreas, ocho veces la superficie construida de Bogotá; 830.162 más entre 1994 y 2020 por erradicación manual, forzosa o voluntaria, y se destruyeron 50.000 laboratorios de pasta básica (Daniel Mejía, Observatorio de Drogas). Entrado el Plan Colombia con considerables contratos a firmas estadounidenses, el senador Joe Biden presentó un balance: “Los objetivos en la reducción de drogas no se cumplieron; pero la seguridad ha sido mejorada” (GAO, 2008).

Estudios de Daniel Mejía brindan más evidencia: 1) La aspersión aérea es la estrategia menos efectiva y más costosa, al gastar entre 72.000 y 110.000 dólares para eliminar una hectárea; 2) Con Adriana Camacho, luego de más de 5 millones de observaciones de consultas, hospitalizaciones y procedimientos, entre 2003 y 2007, encuentran efectos estadísticamente significativos sobre enfermedades dermatológicas, respiratorias y abortos espontáneos; 3) Entre 1994 y 2008, el aumento del mercado de cocaína y la estrategia contra las drogas explican 3.800 homicidios anuales, y 4) La participación del cultivo en los ingresos de la cadena total es 9 por ciento, en tanto la del tráfico es de 70.

La desconfianza hacia las instituciones crece donde se libra la guerra (García, 2015) y se prueba la contaminación de ecosistemas y fuentes de agua, como en un trabajo de campo de trazabilidad del glifosato de la organización Terrae que Dejusticia expuso ante la Corte Constitucional. De 160.000 familias cocaleras, 57 por ciento vive en pobreza (FIP), y la tercera parte es microfundista, también con cultivos de pancoger y ganado, afectados por la fumigación indiscriminada.

Las políticas antidrogas buscaban, al atacar la oferta, subir el precio del gramo de cocaína en las calles y tumbar la demanda. Entre 1990 y 2017, filtrado por pureza, fue en promedio de 144 dólares, al inicio de 167 y en 2018 de 160, porque los consumidores norteamericanos entre 17 y 25 años solo caen del 6,7 por ciento en 2002 a 5,8 en 2018 (UNODC). Fracaso.

En contravía, Perú y Bolivia crearon empresas estatales comercializadoras de hoja, que la venden a industrias de 30 subproductos y exportan. Mientras en Colombia las mafias en febrero de 2017 compraron a los cocaleros 25 libras a 18 dólares cada una, en el comercio legal en Lima se transaron a 50, y en La Paz, a 85 (Troyano y Restrepo, 2018).

Esa dinámica se cimienta en estudios como el primer bromatológico en hoja de coca (Duke-Plowman, Harvard, 1975), que la halló superior al promedio en calorías, proteínas, carbohidratos y fibra. Tenía más calcio, fósforo, hierro, vitamina A y riboflavina, y “satisfacía el complemento dietético diario de esos nutrientes, así como de vitamina E” (Davis). Se corrobora al compararse 250 gramos de base seca con una cantidad igual de lentejas, fríjol, maíz y plátano, excepto el fósforo con las leguminosas (Troyano y Restrepo, 2018).

No es nuevo. El químico corso Mariani en 1863 patentó un tónico con licencia de la Academia Francesa de Medicina; Carl Koller “descubrió propiedades anestésicas”; y la boticaria Parke-Davis surtía en 1880 ungüentos, galletas y el coctel Coca Cordial. En 1885, Pemberton, farmacéutico de Atlanta, registró French Wine of Coca: Ideal Nerve and Tonic Stimulant. Luego eliminó la cocaína, añadió nuez de coca, aceites cítricos, reemplazó el agua con soda y “en 1891 vendió la patente a Asa Griggs Candler, que fundó la Coca-Cola Company” (Davis). Con este y varios fines, Stepan Company de New Jersey importa hoy 120 toneladas anuales de hoja.

Cuando Duque decidió reiniciar las fumigaciones con glifosato, no contempló nada de lo anterior, ni menos las prioridades prescritas en el acuerdo de paz, solo colaborar al Tío Sam en el interés geoestratégico, cualquiera sea el inquilino en la Casa Blanca, alentado por el amañado cambio de la “chispa de la vida” a “la mata que mata”: perseguir a la coca más que a la cocaína.

La jugadita tributaria

Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5. Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Al presentar su tercera reforma tributaria como “transformación social”, el Gobierno de Duque, con el ministro Carrasquilla a la cabeza y alentado por la Ocde, en una jugadita imita a quienes recurren a doble contabilidad para evadir o eludir obligaciones tributarias. No solo infla programas sociales intrascendentes, sino que tapa las gravosas cargas que se pondrán sobre asalariados, jubilados, consumidores y usuarios de servicios públicos con IVA; sobre la clase media.

Arrancó desde la campaña electoral con el incumplido lema “más salarios y menos impuestos”. Los primeros crecen por debajo del ingreso por habitante y mucho menos que las rentas del capital, y lo segundo se desmiente con tres reformas expedidas para elevar gravámenes a las mayorías.

La marca de las carpetas con motes como Ley de Crecimiento, de Financiamiento y Solidaridad Sostenible es otra argucia. La de 2018 trajo un mediocre avance económico del 3 por ciento, basado en la expansión del crédito de consumo y las importaciones; la segunda, con el coronavirus, agravó los déficits creados por los beneficios otorgados a los megainversionistas, como lo reconoce la Andi; y esta tercera acrecentará las diferencias socioeconómicas al poner más IVA a bienes y servicios, ampliar la base de contribuyentes a la renta, y adicionar impuestos indirectos verdes a fin de estrangular –como hacía el Monstruo de Frankenstein con sus víctimas– ingresos disponibles, cesantías, salarios y pensiones.

La justificación es el Programa de Ingreso Solidario (PIS), la devolución de IVA y matrícula gratis en universidades públicas para estratos uno, dos y tres, que con cara dura llaman “transformación social”. ¿Cuál es su costo? Los apoyos mensuales estarán rasurados y “focalizados” a la baja por el Sisbén IV, por una manipulable fórmula de asignación y con la reducción del déficit fiscal del 2 por ciento del PIB al año, como techo al gasto público, según acordó Colombia con el FMI para el préstamo de 5.300 millones de dólares. Suerte igual correrá la devolución del IVA, que excluirá a grupos de ingreso bajo y no retornará completo a los beneficiarios lo que les sacarán de un bolsillo para meterlo en el otro, y sumará solo 2,8 por ciento del recaudo total de IVA, que fue 66 billones de pesos en 2019. La gratuidad a universitarios y promoción de empleo joven llega a 0,8 billones de pesos.

El PIS está lejos de una auténtica renta básica. No dará ni un dólar en promedio al día por persona, cuando la cifra mínima de ingreso en países de ingreso medio-alto, para no ser tenida como pobre, es de 5,50 (BancoMundial) o siquiera 4, según el Dane.

No hará ni cosquillas a la penuria, pero se muestra como panacea. Los padres de familia de los estudiantes de las universidades públicas, con ingresos mayores a 2,9 millones de pesos mensuales en 2023 y a 2,5 millones en 2024, pagarán impuesto de renta y así no costearían la matrícula de sus hijos en las tesorerías universitarias, sino en la Dian.

Nada salvará a los pobres de 2 billones de pesos que les caerán encima al pasarse, de bienes exentos a excluidos de IVA, las materias primas para alimentos como pollo, leche, arroz, huevo, cerdo y salchichón. Ni del alza del IVA a la gasolina y al diésel de 5 a 19 por ciento, que recaudará 2 billones de pesos más, ni de la depuración de la base para los subsidios a la energía, ni del recargo en computadores, teléfonos de gama baja, bicicletas y ladrillos, ni en productos de cuidado menstrual.

¿Cuál es la verdadera contabilidad? Por concepto del ajuste al impuesto de renta, al que incorporará uno de cada tres asalariados formales en 2022 y a tres de cada cinco en 2023, se recogerán más de 17 billones de pesos; por IVA, 7,3 billones, 4 billones con personas jurídicas y otros 4 por tributos verdes indirectos. Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5.

Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía; la agresividad en tiempos de pandemia contra clases medias y aún vulnerables, y la cosmética austeridad que decretaron. A Duque y a los suyos no los sacará del caldero político ni el clan Uribe, que acude a su rescate con palabras remilgadas y en asalto a la candidez, declarando que la criatura de Frankenstein está muerta porque ya no subirá el IVA a la sal, al azúcar, al chocolate y al café.

Falso. Como he comprobado y lo ratifica el texto final, la reforma está más viva que nunca, resurgió reforzada, y para enterrarla de verdad son forzosas las protestas ciudadanas, como la programada para el 28 de abril, tanto por este Monstruo en sí como en respuesta al Gobierno Duque, que funda la política fiscal en la pretendida ignorancia de la ciudadanía, a la que busca escamotear con la narrativa de una contabilidad mentirosa, una jugadita.

La avionada de Duque

Es una aberración fiscal gastar $14 billones en guerra en medio del acuerdo de paz y en plena pandemia, con déficit fiscal de $77 billones y deuda pública que supera 65 % del PIB.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El gobierno de Duque adquirirá 24 aviones caza F-16 Bloque 70 a Lockheed Martin por US$4.500 millones ($14 billones), en un paquete que “incluye mantenimiento, armas, apoyo de ingeniería, infraestructura y tecnología”. Así, Colombia, “mientras los Kfir estén operativos”, tendrá “83 aviones de combate”, en tanto “Chile tiene 45, con una flota de 35 F-16; Venezuela tiene 44, de los cuales 16 son F-16 no operativos; Brasil tiene la flota más grande con 120” (Noticias Caracol).

Iván Duque emula con sus antecesores. El Gobierno de Barco adquirió 12 aviones nuevos Kfir y otro de segunda mano a Israel, y la compra se complementó en 1991 con un Boeing 707 cisterna. Uribe, en su segundo mandato, compró otros 13 y repotenció 11 de los existentes. Para 2014, la FAC contaba con 21 unidades Kfir de distintas referencias.

En 1992 Colombia adquirió 15 helicópteros Black Hawk, sumados a 12 efectivos, para vigilar yacimientos de petróleo. En el Plan Colombia, hasta 2003, con Pastrana y Uribe, se llegó a 27 helicópteros UH-1N, 13 UH-60L y 24 HUEY II. En 2005 se compraron ocho MI-17 rusos (Conpes 3353) y 25 aviones Super Tucano de la brasileña Embraer, y hoy suman 38 de esta clase. El principal proveedor, incluidos contratos de soporte y tecnología, ha sido Lockheed Martin, y por esto y más Colombia, enfilada en la “lucha contrainsurgente”, era en 2018 el país de más gasto militar de la región, 3,1% del PIB (La República).

El negocio de los 24 F-16, iniciado en la Feria Aeronáutica Internacional F-AIR-2019 (Infodefensa.com), desató en redes sociales y en la oposición una justa oleada de críticas. Es una aberración fiscal gastar $14 billones en guerra en medio del acuerdo de paz y en plena pandemia, con déficit fiscal de $77 billones y deuda pública que supera 65 % del PIB; pero, ante todo, con una regresiva reforma tributaria que extraerá de las clases laboriosas más de $30 billones entre alza del IVA, impuesto de renta a uno de cada tres trabajadores formales y tributos indirectos verdes.

El asunto trasciende lo fiscal. La organización de monitoreo de transferencias de armas Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) señala que ese comercio se inclina a la corrupción por el secretismo inherente a la seguridad nacional; la intimidad entre compradores, proveedores e intermediarios; la opacidad en las cadenas de producción, transporte y finanzas; las especificaciones técnicas de los productos y las recompensas financieras que se estilan. World Peace Foundation compendia 41 casos de corruptela en el comercio exterior de armas, y Transparencia Internacional denunció que Estados Unidos suavizó en 2020 controles a las ventas militares y agrandó los agujeros por donde pasa la podredumbre.

Lockheed, primer contratista del Pentágono con US$75.000 millones en 2020 y conocido como “Walmart de la guerra” porque brinda una amplia gama de bienes y servicios para seguridad y defensa, no está libre de pecado. Forbes denunció que Lockheed tuvo que pagar una multa de US$4,7 millones por un lobby fraudulento al utilizar dineros provenientes de pagos del Estado para cabildear un contrato de más de 2.400 millones mediante una compañía subsidiaria. Es práctica común en la industria de armamento, en la que cada dólar de lobby rinde miles en contratos, usualmente con los Estados. ¿Alguien ganará una comisión de éxito en Colombia?

Las exportaciones estadounidenses de armas, que entre 2016 y 2018 valieron US$30.600 millones (OpenSecrets.org), son autorizadas por comités del Senado, halcones de los que a su vez dependen las ganancias de las industrias militares. Que no son pocas. Lockheed tendrá en la transacción del lote total de los F-16 un margen de beneficio del 11,4 %, que significa US$7.000 millones sobre US$62.000 millones de ventas totales (Rich Smith). En las arcas de State StreetThe VanguardCapital Research & Management y Black Rock, fondos de capital dueños de 30 % de dicha empresa, parará el alza de tributos sobre productos de consumo masivo, merced a la reforma tributaria de Duque.

¿A quién se bombardeará? Según el senador Bob Menéndez, del comité de Relaciones Exteriores, y algunos analistas, Colombia “es país ejemplar con cooperación extensiva”, y frente a los Sukhoi de Venezuela habría “respuesta coordinada por tener superioridad de aire” (Evan Ellis). ¿Ataque interno o escaramuzas bélicas en las fronteras? En la incómoda compañía de regímenes como Marruecos, Jordania y Baréin o puntas de lanza como Taiwán, compradores de esta versión de F-16, Colombia hará parte del grupo de países secuaces, no socios, de la Otan. Aviones a las órdenes de Washington, aunque logrados con dineros de los contribuyentes nacionales.

Reforma tributaria #19: argucias e inequidades de Duque y la OCDE

La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Muchas reformas de las finanzas públicas en Colombia las hicieron extranjeros, misiones como Kemmerer, Taylor, Musgrave y Bird-Wiesner (mixta), del Banco Mundial y el FMI y ahora de la Ocde refrenda los análisis y propuestas de Rosenbloom, Arnold, Owens y demás para, sin contar otras disposiciones atinentes, delinear la decimonovena reforma tributaria en 30 años.

El Congreso ordenó una comisión en la Ley 2010 de 2019, “de crecimiento económico”, para evaluar los beneficios cedidos a contribuyentes dentro de la Confianza Inversionista. El Gobierno y la Ocde desviaron este objetivo y se dedicaron a hurgar en el IVA y en el impuesto de renta para personas naturales y pretermitir las ventajas corporativas, que cuestan 10 billones de pesos anuales, concedidas cuando Carrasquilla ha manejado la Hacienda y que él llama “derechos adquiridos”. Se enfocaron en el costo fiscal anual por beneficios en el IVA en 52 billones de pesos y en 17 billones de pesos en el impuesto de renta de personas naturales. No vieron lo que sí la Contraloría en un documento: “Por cada peso pagado en impuestos el Estado le dejó de cobrar 51 centavos al sector financiero”.

En tan tendencioso empeño se “recomendó” revisar el cobro del IVA a 83 bienes y a los servicios para recabar 10,5 billones de pesos e incorporar al impuesto de renta a las personas naturales con ingresos de más de 2 millones de pesos mensuales, el 35 por ciento de los trabajadores formales, para 16,8 billones de pesos más, también con la supresión del 25 por ciento de su ingreso laboral depurado de exenciones y deducciones, y además el gravamen a las pensiones. Se omitió que en 2019, por 100 pesos recaudados, 54 vinieron de impuestos indirectos y regresivos, de los cuales el IVA aportó 42 y al resto ayudaron otros IVA disfrazados como combustibles, bolsas plásticas, consumo y carbono.

A contramano, los tributos directos, de renta y patrimonio, contribuyen con 46 pesos (Dian, 2019). Se tapó que la tarifa efectiva del impuesto de renta al sector financiero –al dividirlo por la renta líquida– es 22 por ciento, diez puntos menos de la nominal (Contraloría) o que personas naturales y jurídicas de nivel alto pagan tasas menores a las de ingreso medio en claro “sesgo pro rico” (Garay-Espitia). La estructura tributaria es regresiva y empeorará, ya que a las cúpulas económicas apenas se les cargarán tímidos aumentos en el tributo sobre dividendos, un exiguo porcentaje sobre abultados patrimonios y nada a los giros de ganancias de subsidiarias foráneas a sus casas matrices.

La comisión se apropió de la versión oficial del hueco fiscal: “La pandemia redujo los ingresos y aumentó los gastos. En periodos de crisis todos debemos hacer sacrificios” y escondió que el roto está en la Ley 2010 de 2019, que instauró contratos de Estabilidad Jurídica por 20 años para megainversiones superiores a un billón de pesos y 400 empleos creados, con tarifa del 27 por ciento, exención de renta presuntiva y patrimonio, o por diez años para proyectos agropecuarios con inversión superior a 856 millones de pesos y diez empleos, o para negocios de economía naranja por siete años con tres empleos, mantenidos todos en el proyecto de Reforma. Al sumarse a tanto regalo, la baja en la tarifa empresarial de renta de 33 a 30 por ciento; el descuento del 50 por ciento del impuesto de Industria y Comercio, ICA; la devolución del IVA en la importación de bienes de capital y la caída del recaudo en 2020 por 11 billones de pesos, se encuentra la mayor porción del déficit de 77 billones, en exceso sobre cualquier cálculo de gasto público en la pandemia.

La falsa narrativa contagió: Fescol y centros de estudio corrieron a proponer un recaudo de 20 billones de pesos venidos en parte por impuestos al salchichón, la cerveza, combustibles y servicios digitales; Fedesarrollo planteó acopiar 30 billones de pesos universalizando el IVA, eliminando el régimen pensional y arrinconando al sistema de compensación familiar, y Anif pidió tarifa plena paulatina de IVA del 18 por ciento a 2024 y aumentar el recaudo por renta en personas naturales en 8 billones. Duque justifica la iniquidad con “zanahoria social”, que implicará gasto adicional neto máximo por 4 billones de pesos, en tanto la Contraloría insiste en examinar el cumplimiento de los objetivos de los tratos preferenciales a empresas y advierte que aumentar el IVA afectaría a “millones de pobres”.

Como colofón, citar a Voltaire: “El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra”. La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

Confecciones y textiles: Comercio tramposo y traición de Duque

La crisis lleva a tendencias agresivas: China busca prendas hechas con salarios de miseria en África, Haití y Myanmar, pero se queda con los textiles; el comercio electrónico avanza y surge el mercado del usado.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El sector de confecciones y textiles es el más sensible al llamado libre comercio por la incidencia en el empleo. Aun con procesos robotizados, en el mundo hay 430 millones de trabajadores, la mayoría mujeres y muchas jefas de hogar (Banco Mundial, 2017). Esa fuerza, con su ingreso, consume otros bienes y servicios y en Colombia es primera fuente de ocupación industrial, 13 por ciento del total (EAM-Dane, 2019). El diseño del mercado global de vestuario y telas fue estructurado por dos decenas de trasnacionales de marca y comerciales, que no fabrican nada, pero que controlan las redes de distribución, aliadas con países de mano de obra barata que subsidian sus manufacturas. En Vietnam, Bangladesh y Sri Lanka el salario promedio por hora es 65 centavos de dólar; China, con instalaciones de propiedad estatal, devuelve hasta 17 por ciento de IVA a su exportador; Bangladesh paga los servicios públicos y da créditos subsidiados; Vietnam produce en parques industriales y zonas rurales, y alienta relaciones con importadores, aun con chinos que triangulan, y en India dan préstamos de bajo costo a fabricantes para tecnología.

Asia, con trucos impropios de libre mercado, o dumping por bajo estándar laboral y ambiental, es primer exportador mundial con el 65 por ciento, cuando en 2000 era 30 por ciento. En paralelo, se disparó la superproducción que afecta a gigantes como H&M con 4.700 almacenes e inventarios no vendidos en 2018 por 4.300 millones de dólares; o Nike, en el que crecieron en 2019 a 5.415 millones, el doble de 2010; o Zara, que duplicó en diez años las tiendas, pero solo aumentó 37 por ciento la venta por local. En la primavera de 2020, con el shock por la covid, acumularon 200 millones de dólares más en existencias (Reuters).

La crisis lleva a tendencias más agresivas: China busca provisión de prendas hechas con salarios de miseria en África, Haití y Myanmar, pero se queda con los textiles; India apunta como centro de moda; el comercio electrónico avanza; surge el mercado del usado y en arriendo; se reduce el ciclo de vida del producto para aminorar bodegajes, y se robotizan fábricas que producirán millones de camisetas a precios de quema. En esta guerra la reacción, según el FMI, es escalar aranceles. ¿Y Colombia? En 2019, el consumo de productos nacionales –133 referencias, sin calcetines ni calzado– fue de 303 millones de unidades y valió 6,8 billones de pesos, seis prendas al año por habitante a 22.500 pesos cada una, cinco veces inferior a Europa (EAM-Dane). Las importaciones, que cuadruplican las exportaciones, vienen 70 por ciento de China y Asia –incluidos millones de tapabocas en 2020– y valen 2,5 billones de pesos (Dian), con lo que el consumo legal total es 9,5 billones. Al confrontar con datos de Raddar, el egreso en vestuario, como 55 por ciento de todo el gasto en moda, es de 12 billones de pesos, y así aparecen sin explicación 3 billones, provenientes del contrabando, incluido el de tipo técnico. The Economist escribió en 2018: “Colombia es de los países activamente negligentes con las prácticas ilícitas”.

Los factores de producción cuestan más que a nuestros competidores: la tasa de interés del crédito y el valor del kilovatio hora son mayores que en Estados Unidos, India, Vietnam y China. Con ese costo país, fuera de la mala infraestructura, Colombia va atrás en competitividad industrial.

Clamores del empresariado confeccionista y textil frente a tales desventajas se concretaron en el Plan de Desarrollo al aprobarse en el Congreso aranceles exclusivos a los orígenes asiáticos sin TLC del 37,9 por ciento para compras menores a 20 dólares kilo. Pero Duque, traicionando promesas de campaña, apoyó con sus ministros a gremios importadores que los demandaron, y la Corte Constitucional aceptó por razón de competencia entre poderes.

El Ministerio de Comercio expidió entonces el Decreto 1419/19 que aplicó arancel de 40 por ciento a compras menores de 10 dólares kilo y, para las de precio superior, de 15 por ciento más un dólar de recargo. Una burla, porque el gravamen más fuerte no cobijó ni a 10 por ciento de las importaciones, de géneros menudos y baja calidad. Ahora repite la farsa al subirles a las mayores de 10 dólares, como yines y camisas, un ínfimo sobreprecio de 0,5 dólar sujeto a revisión en seis meses, y en el colmo del agravio el Centro Democrático en acto histriónico lo celebra como promesa cumplida. “Libertarios” e importadores arguyen que el precio del vestuario crecerá 25 por ciento, cuando tan delimitadas medidas incidirían a lo sumo en la quinta parte del consumo. Omiten que el triunfo mercantil de Asia en este ramo es de los más sucios de la globalización en un mercado de 400.000 millones de dólares año, y, con otros analistas, tapan las 20 grandes compañías promotoras que atesoran 97 por ciento de las ganancias (McKinsey & Company, 2019).

Prácticas non sanctas de Carrasquilla: ¿Qué dicen los entes de control?

Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar beneficios tributarios enredados.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Carrasquilla dijo recién nombrado que al presupuesto le faltaban 14 billones de pesos de ingresos para cumplir la regla fiscal y que iba a cubrirlos con la Ley de Financiamiento de 2018. Anif y Mauricio Cárdenas advirtieron deficiencias, y Moody’s calculó que solo conseguiría 7 billones de pesos. La Corte Constitucional se la tumbó en octubre de 2019 por violar el debido trámite en el Congreso. En efecto, el recaudo de IVA y otros indirectos creció 5 billones de pesos, pero el de la renta, apenas 3 billones de pesos.

Inspirado en que “rebajar impuestos era el motor de la economía”, metió la Ley de Crecimiento, que rebajó la tarifa al impuesto de renta empresarial e introdujo beneficios tributarios con cargo al erario por 9,4 billones de pesos para 2021, 11,5 billones de pesos para 2022 y 19,4 billones de pesos para 2023, sin contar otras prebendas, y se guardó el as de las privatizaciones para cuadrar cuentas corrientes. Recambió los vencimientos de la deuda pública: bajó a 3,8 billones de pesos los 20,74 billones de pesos a pagar en 2020 y pasó el resto a 2025, cuando el monto será de 30,5 billones de pesos, legándole el chicharrón al Gobierno venidero (BanRep). El exministro Cárdenas juzgó que para pulir tales planes “se tiene que incurrir en prácticas non sanctas” (junio 2019) y que pensar que la reforma se pagará “a punta de mayor crecimiento, es un deseo más que una realidad” (noviembre 2019). Una vez en vigor la Ley de Crecimiento, Duque y Carrasquilla presumieron que ya había superávit antes del servicio de la deuda.

Las cuentas de la lechera estallaron con la pandemia, pero a Carrasquilla le sirvió para incurrir en nuevas prácticas non sanctas a fin de financiar el descuadre. El Observatorio Fiscal de la Javeriana reveló que los importes del fondo Fome, creado para la emergencia, no coincidían con lo publicado en los portales de Transparencia. A febrero de 2021 acumulaba 40,5 billones de pesos, pero desembolsados 22,6 billones de pesos, 2,1 por ciento del PIB, lo que hace del Gobierno de Duque uno “chichipato”.

Dado que varios rubros como la devolución del IVA estaban en el presupuesto, el dato final del PIB del gasto nominal del Gobierno en 2020 fue de 10,5 billones de pesos, mucho menos que en 2019, cuando no había crisis por el virus. Contra toda evidencia, Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar los beneficios tributarios enredados, más aún con la caída por 11 billones de pesos del recaudo en impuestos el año pasado. Tampoco validan la reforma nuevas deudas en TES a largo plazo por 36 billones de pesos; ni la de 12 billones de pesos a diez años con el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), contraída en un raponazo a los entes territoriales; ni la del FMI por 5.300 millones de dólares, casi la mitad usada sin saberse en qué.

Nada la justifica, y menos si se descarga sobre una economía hundida en -6,8 por ciento. Es tan absurda que el exdirector de la Dian expresó: “Más importante fortalecer la Dian y perseguir a los evasores que hacer nuevas reformas tributarias” (SEMANA, 13/2/21). En la onda gobiernista y sin evaluación mayor, algunos centros de estudio propusieron una por 20 billones de pesos, plagada de impuestos al salchichón, a la gasolina y al gas. También en un esfuerzo por cuadrar el círculo, economistas apuntan a devoluciones y sobretasas para tornar progresivo el IVA. Carrasquilla, desaforado, sin regla fiscal, se arroja sobre la clase media y decreta la impropia toma hostil de ISA desde la entrampada Ecopetrol.

¿Impunidad a Carrasquilla? Pido a Procuraduría y Contraloría impedirlo y revisar sus “prácticas non sanctas”, que violan el principio constitucional de transparencia.

Buenaventura: neoliberalismo salvaje

Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Entidades como Human Rights Watch, Taula Catalana, Fundación Ford, Usaid, la ONU, el caucus afro del Partido Demócrata norteamericano, la Iglesia católica y varias más han documentado las aciagas condiciones padecidas por casi 400.000 compatriotas, 90 por ciento afrodescendientes, en el primer puerto nacional sobre el Pacífico, y de los principales en esa costa en Suramérica.

Tanta información difiere con las soluciones. No porque no surjan, sino porque los planes, Conpes y las recetas se fundan en privatizaciones, capital extranjero y confianza inversionista –pilares del neoliberalismo–, por el supuesto efecto goteo de bienestar que se irrigaría sobre la población; pese a que de 10.000 trabajadores portuarios hace 25 años, hoy quedan 4.000, muchos de ellos tercerizados. Jugadores del negocio portuario global se tomaron la bahía. En la Sociedad Portuaria de Buenaventura, la mayor y privatizada en 1993, Harinera del Valle con otras firmas afines suman 30 por ciento de las acciones; la familia Parody, 21 por ciento; el Distrito de Buenaventura, 15 por ciento; y Dubai Port Authority-Capital Advisory-Hommes, 19 por ciento.

Además de agrias disputas societarias, se marchita por los fuertes competidores internacionales y por problemas de bajo calado para el acceso de buques de gran tamaño, que aminoraron la carga de 17 millones de toneladas en 2015 a 14,8 en 2019, de las que, por cada una de exportación, llegan casi cuatro importadas. La danesa Maersk controla el terminal de contenedores TCBUEN. Singapore Port Authority y la filipina ICTSI poseen 90 por ciento del puerto de Aguadulce. Compas, terminal cementero, es de Goldman Sachs, del grupo español Ership y la organización Corona. Invirtieron miles de millones de dólares, se ensancharon y construyeron vías e infraestructura adicional.

En contraste, las comunas aledañas viven en el desamparo. El índice de pobreza multidimensional es lastimoso: 12,9 por ciento de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas; 14 por ciento vive en analfabetismo; 43 por ciento afronta desempleo de larga duración; 26 por ciento no tiene acceso a fuente de agua mejorada; 32 por ciento permanece con inadecuada eliminación de excretas, y 88 por ciento, en la informalidad (Dane, 2018). El coeficiente de Gini, para repartición del ingreso, marca 0,57 –más que en Quibdó– y el de Theil, de distribución de la renta, 0,63 (ProPacífico). A esta mezcla de grandes capitales con miseria se añadieron violencia y corrupción. En 1980 las Farc incursionaron en áreas rurales, rutas y cultivos incipientes de coca; penetraron comunas urbanas, secuestraron y extorsionaron, hasta que en 2000 las AUC, con Éver Veloza (alias HH), iniciaron la construcción de “redes de poder en negocios y proyectos empresariales” (Taula Catalana).

En 2005, tras la desmovilización paramilitar, mandos remanentes formaron La Empresa e implantaron dominios territoriales, monopolios en el expendio de alimentos y provechos sobre el narcotráfico exportable y el microtráfico, en disputa con los Urabeños y con complicidad de algunos miembros de la fuerza pública, denunciados y condenados. Casas de pique y sarracina son la pesadilla de los últimos años. Entre 1990 y 2014 hubo 548 desaparecidos, 26 masacres (Taula Catalana), y hasta 2018, más de 5.300 homicidios orientados por capos que dirigen sus mafias desde afuera, incluido el exterior.

Cuatro alcaldes están procesados por corruptos: Quiñones, Ocoró, Valencia y el prosélito de Dilian Francisca, Eliécer Arboleda. Su nefasta gestión se plasma en un presupuesto de 644.000 millones de pesos con un déficit de 570.000 millones –por un faltante acumulado de 137.000 millones y fallos judiciales en contra por 351.000 millones (!)– y deuda en Bonos-Agua-Carrasquilla por 31.000 millones de pesos más.

El estallido social presente, detonado por la guerra en La Empresa entre Shotas y Espartanos, es el cuarto de los últimos años por el pavor y el abandono, ya que al menos 400 hombres, fuera del Clan del Golfo y del ELN, aterrorizan con armas sofisticadas y de largo alcance. La protesta más fuerte fue el paro de 2017, que logró inversión oficial por 10,2 billones de pesos en ocho años y fue la base para elegir a Víctor Vidal como actual alcalde. El avance de lo prometido no llega al 5 por ciento; el acueducto, en manos privadas de Hidropacífico, va en 15 por ciento, y apenas aflora FonBuenaventura, la entidad administradora del proceso, aún con pocos recursos y sin estudios para 140 proyectos.

El desplazamiento de 152.837 personas entre 1990 y 2014 no se subsanó con 63.717 asentadas en zonas de bajamar (Taula Catalana). En los últimos años emigraron otras 13.018 y solo arribaron 781 (Dane), lo que explica el dato más trágico: de 94.656 viviendas censadas en 2018, había 14.352 desocupadas. Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar? ¿Hay mejor ejemplo de un neoliberalismo más salvaje?

Decreto 1174: Todos en el piso

Este decreto constituye un paso más en la cadena de rebajas salariales iniciada por la Ley 50 de 1990, con César Gaviria, y que continuó con la 789 de 2002, con Álvaro Uribe.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El 30 de abril de 2019, el Senado hundió cuatro artículos del Plan Nacional de Desarrollo, entre ellos, el 193, que ordenaba el piso de protección social. Al día siguiente, una jugadita de Macías como presidente, y a instancias de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, reabrió la discusión y, con mayorías aceitadas, celebró el Primero de Mayo a los trabajadores con ese obsequio. El Gobierno le dio curso mediante el Decreto 1174/020, que rige desde el primero de febrero de 2021.

¿En qué consiste? Para responder hay que recurrir al derecho laboral y a las matemáticas. Abogados laboralistas explican que para quienes tienen contrato por periodos inferiores a 30 días, y cuya remuneración-mes sea inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, el Decreto 1072/015 (Sección 4) fijaba el esquema para vincularlos a los sistemas de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar (S. Galeano).

La fórmula prescrita se entiende con un ejemplo: si un ingeniero de sistemas, de los que aludía Alicia Arango, va dos horas semanales a una empresa y gana 75.000 pesos por hora, devenga 600.000 al mes. Por concepto de seguridad social (pensiones y riesgos) y compensación familiar, la compañía, a tenor del 1072, debe pagar este año 41.084 pesos por cada semana de asistencia, es decir, 164.336 pesos mensuales. Para estas personas con “dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica” y con menos de un salario mínimo mensual, el 1174 dispuso ya no pagar dicha suma, sino solo el 15 por ciento del pago-mes. En el caso del ingeniero, serían 90.000 (15 por ciento de 600.000), de los cuales un 14 por ciento va para el sistema de beneficios económicos periódicos (Beps) y un 1 por ciento para un fondo de riesgo, pues se obliga a estar en el régimen subsidiado de salud. El empleador se guardará, en consecuencia, 74.336 pesos mensuales.

Algunos celebran este ahorro en aras de la “competitividad” en la globalización –objeto central del neoliberalismo dominante–, sin reparar que el beneficio al capital corre por cuenta del trabajador, que le traslada ingresos laborales como el subsidio familiar, quedando excluido del régimen pensional formal de prima media o de ahorro individual, o por la instauración del part time como en Estados Unidos, donde los empleos se demandan por tarea con secuelas develadas por Stiglitz como: contratos en ocupaciones separadas, jornadas partidas y agotadoras, desplazamientos y cambios de horarios y trabas a la organización sindical.

El tiempo necesario, que según la economía política es el requerido para conseguir la subsistencia, se vuelve todavía más pesado y extenso, y con el 1174 constituye un paso más en la cadena de rebajas salariales iniciada por la Ley 50/1990 con César Gaviria, y luego con la 789/2002, con Uribe. En tres décadas, contando salarios y compensaciones, la participación del trabajo en el ingreso nacional ha caído del 48 por ciento a apenas el 35 por ciento (Banco República-Dane). El 13 por ciento perdido se traspasó a las ganancias corporativas, a las rentas financieras y al Estado por vía de impuestos indirectos, y los resultados son: el 48 por ciento de los ocupados –9,5 millones de personas– gana menos del mínimo (Dane), una informalidad del 50 por ciento y el más alto desempleo de Suramérica, antes y después de la pandemia.

Frente a ese infierno laboral, que se trata de tapar con la falsa formalidad de “todos en el piso”, y con la drástica merma en el estándar de protección social que trae el 1174, hay conceptos encontrados entre la Ocde (2019), que recomienda estos inicuos regímenes, en particular para las mujeres, y la OIT, que rechaza tales “sistemas de ahorro voluntarios basados en cuentas individuales como mecanismos eficaces y capaces de garantizar, de manera suficiente y previsible, una seguridad básica”, por estar en contra de su Recomendación 202 y el Convenio 102 de seguridad social (I. Jaramillo).

Hay quienes exigen más. Ortodoxos neoliberales y un voraz sector de la patronal, al que le habla la vicepresidenta-candidata Marta Lucía Ramírez, piden más reformas laborales y pensionales fuera del 1174 y niegan la vergonzosa desigualdad imperante, cuya más notoria expresión en los últimos tiempos es el alza del salario mínimo en porcentajes inferiores al crecimiento anual del ingreso por habitante. El 1174 cae como anillo al dedo para enganchar a la barata al millón y medio de venezolanos “regularizados”, pero no se limitará a la mano de obra no calificada, y vendrán oleadas al finalizar contratos a término fijo que abarcarán, entre varios, a profesionales, obreros especializados, docentes de cátedra, dependientes de comercio, guardas de vigilancia y servicios domésticos. Duque prometió que no acudiría “por decreto a tratar de reducir la pobreza”, y tuvo razón: con el 1174 la acrecentará con mayor inequidad, fruto de tan mínima y vil versión del piso social.