Verdades Vías IP, auténtico saqueo

Al convertir flujos a 30 años con tasas del 14 por ciento, en otros con tasas del 8, hay instantáneas utilidades de cerca al 30 por ciento del valor de la emisión, ¡sin trabajar! Vías IP, auténtico saqueo.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En respuesta a Juan M. Caicedo en la edición 2083 de SEMANA, quien se quejó (SEMANA, n.º 2082) de que yo había puesto “en entredicho” y tendido “manto de duda” sobre el “virtuoso modelo” cuando escribiera sobre “Verdades 4G” (SEMANA, n.º 2081), advertí que ahondaría en el análisis y anuncié el capítulo “Verdades IP”.

Las concesiones viales de los años 90 y la primera década del siglo XXI fueron problemáticas. Según la Ocde, entre 1994 y 2010 seadicionaron 25 contratos, 430 veces, con un costo de 5.600 millones de dólares y 131 años de más en el término concesionado. ¡Escándalo! (Saqueo, págs. 579-580). Sobresalen Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS) del Grupo Solarte, Bogotá-Los Alpes, Bogotá-El Vino, Autopista del Café y Ruta Caribe 1. Para corregir el estropicio se expidió la Ley 1508, que reemplazó al putrefacto Inco por la ANI y creó los contratos de cuarta generación (4G), los que, se aseguró, erradicarían los torcidos contratos a perpetuidad.

Hecha la ley, hecha la trampa. La 1508 dejó la posibilidad de contrataciones expeditas en forma de alianzas público-privadas de iniciativa privada (IP). En efecto, después de la adjudicación de las primeras 20 vías 4G, vino un diluvio de 10 IP cuando un club de prestantes constructores se hizo adjudicar concesiones que en realidad fueron extensiones de las que tenían. “Vuelve el pollino al trigo y la mula a la cebada”.

Un recuento de casos evidenciará que los añadidos se pactaron en detrimento del erario y del bolsillo de los usuarios. La IP Antioquia-Bolívar, premio a Constructora Cóndor, con ocho peajes y cinco de ellos en Córdoba, salió de la contraprestación de la fallida Cesar-La Guajira, por la rebeldía de la población contra las casetas de peaje, y luego de que la ANI pagara 120.000 millones de pesos por indemnización.

A los concesionarios de la autopista Norte en Bogotá, MinCivil, se les alargó desde la calle 220 hasta La Caro y la variante Chía y, también para MinCivil, en el Valle de Aburrá, la que iba de Bello a Don Matías se estiró hasta el Alto de Dolores con el rebautizo de Vías del Nus.

A Odinsa le añadieron un anillo vial alrededor de Villavicencio y la mejora de la vía a San Martín, a lo que ya tenían hasta Puerto Gaitán, para crear la malla vial del Meta. Aun así, insatisfecha, acudió a un tribunal que, en su contra, exigió cumplir con la inversión comprometida y la ANI entonces facilitó un rediseño con bajo “riesgo de tráfico”. A Aval se le “reconcesionó” el tramo Bogotá-Villavicencio, que explota desde 1994 y empata con otra 4G de su portafolio, que va a Yopal.

La IP Caribe 2 es punto aparte. Favoreció a “Autopistas del Caribe”, que ya operaba Caribe 1, y cubre la misma ruta de la anterior (Cruz del Viso-Turbaco-Soledad). Se cobrarán 1,5 billones de pesos por construir menos de 100 km en terreno fácil, a razón de 15.000 millones de pesos por unidad, cuando el costo no debería superar los 4.000 millones, con un sobrecosto de 1,1 billones de pesos en total. La nueva concesión se otorgó contra la ley, ya que la primera no había terminado y cuando aún Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte condenado por recibir 6,5 millones de dólares de Odebrecht, era gerente de KMA, socio mayor del concesionario. Vergüenza.

Colpatria y otra vez MinCivil (cero y van tres) cogieron más de la piñata. Les ampliaron Girardot-Espinal-Ibagué a Cajamarca, como en todas las IP, a dedo. De lo más colorido es Cambao-Manizales. Asignada a Mota-Engil, la portuguesa que debió construir 248 colegios, de los que entregó solo 17 (SEMANA, 19/9/2019). En asocio con varios, como Icein o Alicia Naranjo de Pinzón (Alca Ingeniería SAS), consuegra de Juan Manuel Santos, y exdirectora de Invías de Uribe (2003-2004), planeaba atravesar el Parque Nacional Los Nevados, un proyecto inviable por razón ambiental. Al final, se transó por el mantenimiento de la red vial del norte del Tolima.

Ciudades y regiones como Cartagena, Montería, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Villavicencio, Palmira y el Valle del Cauca o Córdoba quedan cercadas por peajes para favorecer el cierre financiero, en jugoso contubernio inversionista. Las rentabilidades programadas con los supuestos de recaudo de peajes y tarifas de los proyectos, y a los cuales se compromete la nación, son entre 11 y 14 por ciento real anual, durante toda la concesión.

Los bonos de financiamiento pagan 2 o 3 por ciento de interés por encima de los colombianos e internacionales con plazos comparables. Goldman Sachs los promueve, “son riesgo Colombia, con garantía de la nación, con tasas más altas”. Al convertir flujos a 30 años con tasas del 14 por ciento, en otros con tasas del 8, hay instantáneas utilidades de cerca al 30 por ciento del valor de la emisión, ¡sin trabajar! Vías IP, auténtico saqueo.

Volcán social

Quien gane las elecciones del 19 de junio venidero, tras vítores y ceremonias, se enfrentará con el volcán social en vías de erupción. Será la hora de nona.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La contradicción principal en Colombia es entre las políticas económicas neoliberales de las tres últimas décadas y el sufrimiento, la estrechez, la bancarrota y la desolación causados a millones de hogares y a empresas y a estratégicos sectores productivos. Las expresiones más crudas han sido el paro nacional iniciado en abril de 2021 y las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022, en las que, como dice Adam Isacson, “el candidato elegido por la arraigada élite política colombiana no es uno de los finalistas (…) los colombianos están al límite” (WOLA, Isacson, 3/6/2022).

Quedaron dos candidatos “a favor del cambio”: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. El dilema es por cuál de los dos se decidirá la mayoría, bajo la premisa de que, como describe Isacson, hay coincidencias programáticas como implementar el acuerdo de paz, negociar con el ELN, reanudar relaciones con Venezuela, confrontar la política antidrogas, garantizar la protesta social y oponerse al fracking.

No obstante, hay diferencias. Las más importantes son el compromiso anunciado por Petro de aceptar la disciplina fiscal del FMI (El Tiempo/ 14/05/2022), que está en la esencia de la ruinosa política neoliberal. Lo avalará con una reforma tributaria de 50 billones para abonar la mitad a la deuda pública y además los expresidentes Santos y Samper, de manera directa o mediante alfiles, inciden con determinación en la ruta del Pacto Histórico. Rodolfo Hernández habla del fin de la era Uribe y marcó distancia con 20 puntos básicos, enfatiza en la lucha contra la corrupción de la politiquería, la erradicación de la pobreza y la reactivación del campo, la industria y la autosuficiencia alimentaria.

El debate no se centró en esos enfoques. Se interpretó la votación mediante la superposición de dos mapas: el de los resultados electorales del 29 de mayo sobre el del plebiscito por la paz en 2016, para concluir que los votos de Hernández eran “uribistas”. Se descartó a priori el carácter independiente que expresaron “descontentos con el statu quo”, pero “opuestos a Petro” (Isacson) y no se decantó por qué un empresario nacional, con deficiencias notorias y ocurrencias, recogió a millones de ciudadanos que cambiaron de actitud frente al régimen imperante. De personas que encauzaron así su descontento, quizás muchas de las cuales no acuden a la protesta pública, votaron con rebeldía. Un contingente significativo.

Este sorpresivo hecho fue condenado ipso facto y expuesto al matoneo, como en el escrito ‘Rodolfo de Hamelin’, en el que se les atribuye a dichos seguidores la condición de roedores (Figueroa, Las 2 Orillas). Tal como se vio en audios y videos en la primera vuelta (SEMANA), voceros del Pacto Histórico, como estrategia orientadora, abundaron en epítetos despectivos como “hampón”, “misógino” y “populista”, y hasta descripciones de una “personalidad psicopática”. El expresidente Samper equiparó a Hernández con el “pato Donald” y el “caballo de Troya”, y el candidato Petro lo remató como “talibán de Afganistán”.

Lo preocupante de este proceder, fuera del efecto electoral que tenga, es imaginar si tal será el trato a la oposición a un eventual gobierno petrista. Conducta peligrosa que intimida sobre la que vale dejar constancia. Se asemeja a la tesis de “el oro y la escoria”, practicada en épocas pretéritas, en la que un bando se arrogaba poseedor de la doctrina pura y al otro se le estigmatizaba como “la hez de la tierra”. Cabe advertir, como enseñan los manuales de convivencia, que la agresión verbal es la antesala de la violencia física.

Quien gane las elecciones del 19 de junio venidero, tras vítores y ceremonias, se enfrentará con el volcán social en vías de erupción. Será la hora de nona. ¿Se lo intentará desactivar “controlado”, como dice Alejandro Gaviria, enrutando la lava por los canales de la disciplina fiscal del FMI, un control tutelado por el renombrado neoliberal y banquero de inversión Rudolf Hommes en la directiva petrista, acaso con saldos para un margen de gasto en política pública?

Poner las fuerzas sociales y económicas nacionales, incluidos los activos del subsuelo convertidos en activos sobre la tierra (Stiglitz, 2003), como energía productiva transformadora y en forma armónica, con el Estado como promotor, sería la genuina explosión volcánica de una nueva Colombia, por el bienestar de “las clases medias descontentas” (Isacson) y 20 millones de pobres dentro del absoluto respeto democrático.

Pasa sine qua non por remover los ucases de saqueo de las instituciones financieras internacionales, y, en contra de lo hecho en 30 años, no acatarlos sin reparo. Concretaría mi opción política, lo que el país requiere aquí y ahora, que, por no hallarla en ningún candidato, será en blanco.

Bogotá en el limbo

¿Frente a estos nacientes filones, todos a cargo de la ciudadanía, podrá la política pública paliar los menoscabos al bolsillo popular? ¿Seguirá Bogotá en el limbo, esa conjunción de oligopolios con privaciones sociales?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 2017 escribí el libro Bogotá en el limbo: estructuras de poder que se lucran de la capital. Muestro que, durante 30 años, bienes públicos esenciales urbanos se entregaron a grupos privados con lucrativas tasas de ganancia, venidas de altas tarifas y subvenciones públicas. Se desató, asimismo, la especulación del suelo con exageradas plusvalías.

Un proceso continuo, desde Jaime Castro, con Mockus, Lucho Garzón y Samuel Moreno, hasta Gustavo Petro, que no fue excepción, y Enrique Peñalosa, el que más. Privatizaciones, contratos, prórrogas, subastas, planes parciales, valorizaciones, descapitalización de empresas adquiridas y fusiones que cedieron a inversionistas el aseo, energía eléctrica, plantas de agua potable y residual, transporte, salud, educación y APP, como la concesión por 25 años del coliseo El Campín a un grupo colombo-chileno, al final del Gobierno Petro.

Como “no hay almuerzo gratis”, este, a cargo de la ciudadanía, en 2004 había montado una “bomba social”. Uno de cada tres bogotanos estaba en pobreza monetaria, en extrema el 6 por ciento, la desigualdad en ingresos, medida por índice de Gini, era casi 0,56 y un hogar de estrato uno gastaba 29,1 por ciento del ingreso para servicios públicos, comunicaciones y transporte (op. cit., págs. 77, 170-171). Lucho Garzón, en plan desactivador, adelantó programas como salud en casa, educación gratuita, comedores comunitarios, cultura y participación ciudadana.

El bazar del patrimonio público no paró en medio de refuerzos y regresiones en el campo social. En 2015, al final de la administración Petro, los hogares con ingreso apenas suficiente para gastos mínimos eran el 62,2 por ciento, la reducción de la pobreza extrema se estancó, el índice Gini quedó en 0,497 y bajaron los menores de cinco años en jardín (op. cit., pág. 167).

Con Peñalosa II, el desempleo volvió a dos dígitos, la pobreza monetaria retrocedió al 27,2 por ciento, la extrema se dobló al 4,2 y la desigualdad, según índice de Gini, trepó a 0,513, la tercera más alta del país (Dane, 2019). De espaldas a esta realidad, ideó más negocios tipo “modelo Transmilenio”, en la operación del transporte y el aseo, en el mercado inmobiliario, en la venta de acciones del Grupo Energía Bogotá (GEB), troncales licitadas y el metro elevado.

El polvorín detonó en 2019, amplificado por el paro nacional de 2021 en la postpandemia. La desocupación en 2021 cerró en 16 por ciento; la pobreza, en 35,7 y la indigencia, en 9,4 (Dane, 2021).

La administración de Claudia López impulsó nuevos programas sociales. Por ejemplo, Parceros en Bogotá para 9.610 jóvenes, que reciben transferencias de medio salario mínimo por actividades de servicio, preventivas en salud y violencia, mantenimiento de locaciones y parques o rutas de empleo o perciben financiación de la matrícula universitaria, y aspira a llegar a 15.000.

Al articular las distintas instituciones para brindar tiempo a las cuidadoras, amplía los servicios a quienes ellas atienden –a niños, niñas, personas mayores, y a quienes con discapacidad requieren asistencia– y promueve su desarrollo personal, ingresos adicionales, bienestar, estudio y participación social y política. Se creó el Sistema Distrital de Cuidado, que hace miles de atenciones en manzanas establecidas con instalaciones adecuadas, unidades móviles y otros medios de soporte.

No obstante, Claudia no dejó de privatizar: en cuanto al metro, adjudicará la operación a una firma particular, luego de endeudar al Distrito en 2,8 billones para financiar costos de inversión y sostenimiento. Igual plantea para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas con apalancamiento público por otros 2,8 billones en crédito.

Fusionó Codensa y Emgesa, donde el GEB tenía el 51,3 por ciento y 51,5, con las filiales de la italiana Enel, Essa-Centroamérica y Enel GP. En esa unión el GEB rebaja su porcentaje a 42,51 y, dado que el Distrito tiene 65,7 en el GEB, lo recibido al final por la Hacienda caerá al 28 por ciento de las utilidades, que podría descender al 24, de transarse otro 10 por ciento de sus acciones en el GEB, como está propuesto.

Cursa la cesión de El Campín en el proceso iniciado por Petro, ampliado por Peñalosa a nuevas áreas, y que abarcará 167.000 metros cuadrados de un complejo que incluye el estadio Nemesio Camacho. Un consorcio, que invertirá 280 millones de dólares, lo usufructuará por 30 años con un irrisorio cupón anual del 2 por ciento de las entradas para el Distrito.

¿Frente a estos nacientes filones, todos a cargo de la ciudadanía, podrá la política pública paliar los menoscabos al bolsillo popular? ¿Seguirá Bogotá en el limbo, esa conjunción de oligopolios con privaciones sociales?

Muchos votos por Fajardo

Ojerizas demostrativas de que Fajardo está lejos de los mismos con las mismas y también de descocados fanatismos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

“El modelo está agotado”, dice Sergio Fajardo con convicción, fundado en el paro nacional de 2021, en el que, fuera del amplio respaldo de opinión, más de dos millones de personas protestaron en 862 municipios por la desigualdad, el hambre y el desempleo. “Hay legítimo malestar”, agrega. Cualquier solución a esa crisis debe ceñirse a principios básicos para ser eficaz e ir en la dirección adecuada y sacar a Colombia del “noveno círculo del infierno”, el de la traición, al que fue arrojada.

El primero es la independencia frente a los responsables que en 30 años incubaron tal indignación: los expresidentes Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos. Cada uno contribuyó a que hoy 46,7 por ciento de los colombianos se considere pobre (Dane, abril 2022), lo que acarrea tanta frustración y desesperanza como que para salir de ellas se requieren 11 generaciones (Ocde, 2022). Fajardo no acudió a donde los cinco caciques a canjear votos por mermelada.

El segundo principio es la oposición al pésimo Gobierno de Duque. De antemano escribió: “El Gobierno de Duque nunca tuvo norte claro, ni un proyecto de transformación de nuestra sociedad” (Twitter, 20/10/2020). En el dilema entre continuismo y cambio, Fajardo está del lado correcto. Por eso, tras la consulta del 13 de marzo, lidera la Coalición de la Esperanza, que acoge disímiles corrientes y que, sin ser la heterogénea unidad necesaria para construir una nueva democracia, se inspira en la atracción a todo aquel susceptible de ser unido, contraria a agrupaciones excluyentes por sectarismos, dogmatismos o caudillismos.

El tercer principio es la ética, desechar el todo vale. “Como se llega al poder, se gobierna”, reitera Fajardo. ¿Cómo construir una sociedad distinta en compañía de probados desfalcadores del erario? Aunque apartar ciertos sujetos causó discordia en un momento en la Coalición, no dejó de ser su piedra angular el código de normas que vindican la inclusión, la vida, el bien común, la verdad, el diálogo, la libertad, la igualdad, la dignidad humana y la salvaguarda de los recursos públicos.

Independencia, cambio y ética política son los cimientos para formular un programa que inicie la salida de Colombia del averno. Si bien con el de Fajardo es natural que no haya plenas coincidencias, contiene las bases esenciales para emprender el rescate: revisar los TLC y no negociar ninguno más; garantizar la seguridad alimentaria nacional y virar hacia una estructura tributaria progresiva que elimine abusivos beneficios para las rentas de capital, no toque el IVA y cobre tasas efectivas a la riqueza para un recaudo factible, mas no confiscatorio.

Ese acopio de recursos fiscales se dirige a una política pública anclada en el empleo que, al integrar producción moderna industrial con construcción de 1,2 millones de viviendas, desarrollo rural, educación e innovación con inversión hasta 1 por ciento del PIB, creará 1,5 millones de ocupaciones formales. Aumentará salarios y promoverá, con prioridad en jóvenes y mujeres, un plan de proyectos gubernamentales con 440.000 puestos regionales.

En la educación, que Fajardo considera factor revolucionario y universal, se garantizan tres años de preescolar; recursos crecientes para la universidad estatal e infraestructura educativa; Icetex al servicio del mayor acceso; Sena en línea de capacitación para el trabajo técnico; Universidad Nacional Digital y respaldo a la formación de docentes. La salud pública es prioridad al fortalecer el papel de los entes territoriales, de la red hospitalaria oficial, al instaurar el trabajo digno para el talento y al transformar las EPS.

Colombia se integrará –en la práctica del multilateralismo– a todas las naciones y son transversales programáticas el enfoque de género, la consolidación del acuerdo de paz, la sostenibilidad ambiental, con energía no convencional y preservación de biodiversidad y bosques y la igualdad como deber del Estado. Promueve la participación de las mujeres en el mercado laboral con énfasis en el Sistema Nacional de Cuidado como red de protección a los más vulnerables.

Se derrumban barreras al ejercicio de derechos de los sectores LGBTI y las cuentas estadísticas contendrán a las personas trans. Respetará la autonomía e identidad y protegerá la vida de las etnias indígenas; se destinará 10 por ciento de los planes de desarrollo para comunidades afros y la coca tendrá usos agroindustriales diversos.

En suma, sobran razones para ponerle muchos votos a Fajardo, incluidos los de izquierda democrática. Una buena réplica frente al complot de “quemarlo” de rivales políticos de diferentes campañas y de los jefes de los organismos de control y la Fiscalía. Ojerizas demostrativas de que Fajardo está lejos de los mismos con las mismas y también de descocados fanatismos.

Saqueo, macroeconomía y TLC con Estados Unidos

El debate trasciende porque los impactos macroeconómicos son más devastadores, postran la economía y la someten a vulnerabilidad estructural. El TLC es hidra de mil cabezas, ¿enfrentarlo será “estupidez” como dice Duque?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

“Trigo por uchuva” y “alimentos baratos por minería” fueron razones de los ministros uribistas Andrés Felipe Arias y Jorge Humberto Botero para defender el TLC con Estados Unidos (EU). Igual la “agenda interna” propuesta como flotador por el propio Uribe Vélez. Luego de diez años nada resultó.

Las cifras de Jorge Enrique Robledo sobre el déficit comercial en réplica a la ministra Lombana, de Comercio, son suficientes y se pueden resumir en que antes del tratado la balanza con EU era positiva y ahora es negativa. Entre 2012 y 2021, el desbalance acumulado entre ventas y compras es de -11.019 millones de dólares (https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c3010.html).

Tanto bienes agrícolas como industriales norteamericanos gozan del dumping, su venta externa por debajo del costo de producción y transporte proveniente de altísimos subsidios, y que los Gobiernos de Colombia han alcahueteado en la década. Estudios del IATDP ubican entre el 10 y 32 el porcentaje de trampa para trigo, algodón, soya y maíz (Saqueo, pág. 118) y en los últimos años también en lácteos, cerdo y pollo. En 2018, por ejemplo, el kilo de pollo llegó al importador, no a los hogares, a mitad del valor interno.

Las manufacturas no son ajenas al mecanismo. The New York Times encontró más de 80.000 millones de dólares anuales de subvenciones a la industria gringa, incluida la del etanol, que recibe 45 centavos de dólar de ayuda federal por galón. También a los carros de motor eficiente o eléctrico y a la refinación de petróleo y derivados. El 1,5 por ciento del valor agregado de exportación industrial en EU viene de incentivos por empleo creado. Imposible competir así aquí y allá (idem, págs. 119-120).

Además, el comercio de servicios es un capítulo del TLC, vuelto una vena rota, con cuenta especial en la balanza de pagos. Entre 2018 y 2020, para hablar solo de tres años, el déficit del comercio de servicios fue de -2.655, -2.362 y -2.512 millones de dólares con EU, responsable de cerca del 60 por ciento del desbalance total en este rubro. Propiedad intelectual, seguros, telecomunicaciones, financieros y servicios de viaje son los principales renglones en esa gravosa contabilidad (https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=62&step=9&isuri=1&6210=4).

La inversión directa de EU, atraída con excesivos beneficios tributarios, suma más de 40.000 millones de dólares y dos de cada tres aterrizaron desde 2012. Triplica la de Colombia en Norteamérica, y la renta neta exportada de sus ganancias destinadas a las matrices multinacionales, que las demandan ansiosas, implica no menos de 3.000 millones de dólares al año. “El TLC es un tratado de protección de inversiones”, afirmó Germán Umaña y acertó.

Los neoliberales, felices: bienes baratos, inversiones, etc. Ocultan que el déficit en el comercio de mercancías y servicios y en renta de capitales contribuye a los números rojos de las cuentas externas de Colombia. El TLC con EU cumple con rigor la máxima “el dinero va a donde puede salir”. Los tres rubros negativos juntos cuestan entre 6.000 y 7.000 millones de dólares al año, entre 2 y 3 por ciento del PIB, que es del 40 al 50 por ciento del saldo del faltante de Colombia en el frente exterior. Ese es el tamaño del saqueo anual del TLC con Estados Unidos.

Tal “dolarducto” se financia con deuda pública, con el obvio efecto fiscal en la Hacienda y el entrampamiento crediticio. No fue salvavidas, sino piedra de molino al cuello. Y, como pesadilla, también fondos de capital extranjero son los prestamistas de los dólares para honrar los préstamos crecientes, un “gota a gota”. Ha impelido a seis reformas tributarias, con predominio del IVA en menoscabo del consumidor y como sucedáneas del arancel no cobrado. ¿Debe la ministra Lombana contar cuánto ha pesado el TLC de EU en el alza de la deuda pública del Gobierno central de 217 billones de pesos en 2012 a 700 en 2022?

Al tenor de los capítulos de inversiones de este TLC, que, comparado con 1.628 tratados de inversiones y 51 apartados de otros, es el más concordante en lenguaje y contenido con el estándar norteamericano (idem, págs. 106 y 107), Colombia enfrenta ante tribunales internacionales de arbitraje cinco demandas, entre ellas Uber y firmas involucradas en Reficar, que costarían centenares de millones de dólares (Andje).

Son diez años de saqueo de trabajo, de riqueza y ahorro nacionales público y privado. El que 2.345 pymes exporten no lo enmienda, ni menos lo justifican los artificiosos argumentos del Gobierno Duque. Si bien las averías microeconómicas en comercio son el foco del quebranto, el debate trasciende porque los impactos macroeconómicos son más devastadores, postran la economía y la someten a vulnerabilidad estructural. El TLC es hidra de mil cabezas, ¿enfrentarlo será “estupidez” como dice Duque?

¿Por qué el poderío del Clan?

Duque falta a la verdad cuando dice que se ha capturado a más de 2.800 miembros “en casi 4 años”. Los Informes de Gestión de la Fiscalía en 2019-2020-2021 registran 1.440 detenciones de todos los grupos del crimen organizado.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

“El mensaje es uno solo: no vamos a ceder jamás ante el Clan del Golfo y ninguna estructura del narcotráfico”. No son palabras de Iván Duque del 7 de agosto de 2018, sino del 9 de mayo de 2022 (Twitter), aunque desde 2013 la Policía aseveró que era “la única banda criminal que hoy tiene connotación de carácter nacional” (Indepaz, 2015).

El tardío discurso, a días de dejar la presidencia, denota una problemática actitud frente al avance de ese grupo criminal. En abril de 2019, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) estaban en 222 municipios (‘Gran atlas del conflicto’, El Espectador), pero en 2020 se les atribuían 3.260 hombres y ya en 261 municipios había “intensidad alta de grupos narcoparamilitares” (El Tiempo, Indepaz, 2020).

El portal Verdad Abierta concluyó que en 2019 las AGC eran “gestores de riesgo” en 213 municipios y en 2022 en 253. Comparó la alerta temprana 035-19 de Riesgo Electoral, emitida por la Defensoría del Pueblo, que identificaba en 2019 a 402 con distintos niveles de riesgo, con la 004-2022, que los fijó en 521 para el año actual y 79 en el máximo. Las AGC son factor de alteración en Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Córdoba, Atlántico, Cauca y Norte de Santander.

Duque falta a la verdad cuando dice que se ha capturado a más de 2.800 miembros “en casi 4 años” (Twitter, 9/5/22). Los Informes de Gestión de la Fiscalía en 2019-2020-2021 registran 1.440 detenciones de todos los grupos del crimen organizado, incluidos “ELN, Pelusos, disidentes de las Farc, Clan del Golfo y Caparros”. (ver informes).

Al contrario, el alcalde de Frontino estima en 1.000 los hombres armados de las AGC en 19 pueblos del occidente antioqueño, lleva dos años sin salir del casco urbano, dice que la fuerza pública y la Fiscalía tienen muy baja presencia y cuestiona a Iván Duque por “minimizar” el paro armado (Blu Radio, 9/5/2022). En carta dirigida a la alta comisionada de Derechos Humanos, los alcaldes de esa región alegan que “nos sentimos vulnerables y en riesgo inminente, sin libertad y garantías plenas sin ejercer nuestras funciones constitucionales”.

El obispo de Quibdó, Juan C. Barreto, en abril de 2017, denunció que las AGC, “hace poco menos de dos años”, “avanzan sin mayor freno estatal”. La Defensoría del Pueblo anotó que “la fuerza pública presente (…) tiene relaciones de connivencia, colaboración y coordinación con las AGC”. Sus intereses fueron “los territorios que estuvieron bajo el dominio de las Farc” (Verdad Abierta, 27/4/ 2017).

Igual en Urabá: Mutatá, Murindó, Dabeiba y Vigía del Fuerte, antes de influencia de las ex-Farc, están bajo las AGC, robustecidas en su casa matriz. En septiembre de 2021, organizaciones sociales y la Iglesia católica expusieron “la degradación en las condiciones de seguridad” allí por la guerra entre las AGC y el ELN.

En Córdoba, en el Nudo de Paramillo, son amos de “una república independiente” (Nueva Prensa, 20/9/2022) e influyen en Montería, en barrios del sur donde “el que habla, se muere”, y en playas como Moñitos o Puerto Escondido. Una línea, desde Urabá hacia el interior, traza un corredor del mar a zonas de coca. Indepaz advirtió en 2015 que en el Bajo Cauca antioqueño las AGC “son el eslabón actual de una larga cadena” de “intereses económicos y geoestratégicos” en Cáceres, Tarazá, El Bagre, Nechí y Zaragoza, con los mayores índices nacionales de homicidios en 2018 (‘Gran atlas del conflicto’, El Espectador).

Las AGC captan 60 por ciento del PIB del narcotráfico, que es de 19 billones de pesos (S. Montenegro, Cede, 2019), y tienen a cargo narcomenudeo, minas, contrabando de combustibles y mercancías, despojo de tierras, contratación pública y ciertos proyectos agrícolas y pecuarios (Indepaz, 2015). Por la autoridad que ejercen, “ante la ausencia del Estado”, mangonean sobre los “coyotes” que mueven migrantes por el Darién (Juan A. Gómez).

En Urabá y Córdoba volcaron dinero hacia el comercio, la construcción y hoteles, al ‘gota a gota’ o ‘pagadiario’ y a la provisión de víveres. El boom de edificaciones es tal que, mientras en Montería los metros cuadrados nuevos edificados, comparado 2021 con 2019, crecieron 28,5 por ciento, en todas las 14 áreas metropolitanas solo alzaron 1,3 (Dane, Ceed, 4T, 2021).

El clan con la jefatura de Úsuga tuvo “poder y control territorial sobre vastas extensiones de la costa colombiana”, según acusación del fiscal del distrito este de Nueva York (InSight Crime), además en territorios de las ex-Farc. Es primer cartel de drogas, permea la economía y corrompe funcionarios y políticos, como se declaró ante la JEP. El paro, con 309 actos violentos, fuera de rechazar esa extradición, confirmó el poder que detenta frente al Estado, cuya floja reacción refleja una impropia conducta asumida durante el cuatrienio Duque, otra en el cúmulo de equivocaciones.

Federico Gutiérrez, el lobo feroz

Comprobado que es el candidato del Equipo Duque, no es exagerado decir que “Dios los cría y ellos se juntan”. Es el combo completo, todos, además de ser yes-man del Tío Sam, en uno.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Colombia está a las puertas de la más engañosa estrategia de marketing político, la “Operación Caperucita”. Consiste en transformar en el “de la gente” a la versión más condensada de lo que ha malgobernado al país durante 30 años, al candidato del Partido Liberal, del Partido Conservador, de la U, de Cambio Radical y del Centro Democrático. El viejo truco del lobo feroz disfrazado de abuela, como en el cuento, “para comerte mejor”.

Un Federico que no tuvo empacho en deslucir su nombre, el mismo de Hegel, Chopin, Engels, Nietzsche, List o García Lorca, por un alias de bacán de esquina de barrio o de cantante de géneros populares y hasta de torero, el todo es que suene “cercano”. El remoquete lo acompaña con el voseo, que en este caso se aproxima, por el tono y el gesto corporal, al llamado parlache, la versión vocal del bajo mundo tras la conversión en “un tipo común y corriente… como vos”.

Tal metamorfosis pretende camuflar lo que Federico Gutiérrez representa de verdad. ¿No expresa acaso en sus esencias el neoliberalismo de César Gaviria? ¿No está también mal relacionado como Samper, aunque este expresidente apoye a Petro? ¿Su ligereza conceptual no emula la futilidad y pedantería de Andrés Pastrana? ¿No ostenta autoritarismo de gamonal al peor estilo Uribe? ¿Y cuánto en él no hay de la fullería de tahúr de Santos o de la mediocridad reaccionaria de Iván Duque?

En efecto, en política económica anuncia la continuación de la estrategia de libre comercio y capital extranjero con los fallidos sonsonetes de “aprovechar oportunidades” y “confianza inversionista”, que han servido para saquear al país. En cuanto a respaldos ilegítimos, lo apoyan 45 de los 54 clanes de la corrupta politiquería criolla (A. Ávila). La carencia de profundidad en el discurso, que “no tiene intelecto suficiente para entender la sociedad colombiana”, se volvió axioma (S. Kalmanovitz) y el anuncio de la ley de fuga, por la que “los bandidos en la cárcel o en una tumba”, compite con los aciagos tiempos de la “mano firme”, cuyas barbaridades se empiezan a ventilar en la JEP. Comprobado que es el candidato del Equipo Duque, no es exagerado decir que “Dios los cría y ellos se juntan”. Es el combo completo, todos, además de ser yes-man del Tío Sam, en uno.PUBLICIDAD

A esto, Federico Gutiérrez agrega una hoja de vida sin mayores méritos. Fue dos periodos seguidos concejal de Medellín, en los que algunos colegas dicen que fue “juicioso”, y alcalde entre 2016 y 2019. En ese cuatrienio el índice de progreso social (IPS), una metodología de Medellín Cómo Vamos que califica distintos aspectos de la vida ciudadana, retrocedió en el total ponderado de 65,8 a 65,7 puntos.

La capital de Antioquia echó para atrás y los aspectos que más incidieron en la “rajada” no fueron de poca monta: el acceso al conocimiento básico, la dimensión de oportunidades, la nutrición en menores, la sostenibilidad ambiental, las restricciones a la libertad de expresión en el componente de derechos humanos, el acceso a la educación superior y la seguridad, de la que se jacta de ser experto, pero en la que tuvo el peor resultado, cayó de 79,5 puntos a 71,9, casi ocho menos. Los aspectos en los que Gutiérrez fracasó en Medellín son precisamente en los que más reclama ser atendida ahora la población nacional (ver Medellín Cómo Vamos, IPS, 2016-2019).

No solo eso. La pobreza monetaria creció entre 2015 y 2019 de forma escandalosa en Medellín: del 13,69 al 26,5 por ciento y la pobreza urbana extrema aumentó de 3,4 a 5,09 y la desigualdad, según coeficiente de Gini, subió de 0,504 a 0,587 (portal de Medellín, pobreza y desigualdad). Una catástrofe social porque el desempleo también alzó del 10,6 al 12,2 por ciento (Dane, DNP, DEE).

En cuanto a las finanzas públicas en ese tiempo, el endeudamiento fue la herramienta fiscal expedita de Federico Gutiérrez: el sector central de la Alcaldía lo incrementó en un desmesurado 61 por ciento, de 1,18 billones de pesos a 1,89, y en todo el conglomerado del municipio, incluyendo EPM y el Metro, en un 25 por ciento, de 22,07 billones de pesos a 27,38 (Contraloría, Medellín, deuda pública).

Hay evidencia de que el palmarés de Federico Gutiérrez es precario e idem su dominio de los asuntos del Estado. ¿Por qué cierta élite política, social y económica se obstina en presentarlo como gran adalid cuando su único “encanto” es ser el anti-Petro? Porque el declive y desprestigio de dicha cúpula es tal que, ante la escasez de auténticas figuras de Estado como otrora, decidieron echar por el atajo de una vana estrategia publicitaria para un personaje trivial la del lobo feroz de Caperucita, una senda, “para devorarte mejor”, por la cual arriesgan a irse a un abismo profundo.

Duque: un falso positivo económico

La desigualdad en el ingreso, medida por el coeficiente de Gini, también trepó. Es la iniquidad que deja Duque de legado.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

De las chocantes características del gobierno de Duque es la forma como entrega sus anuncios. El caricaturesco presidente-presentador de Prevención y acción los agiganta, les da connotación histórica y los vuelve hito. Entre los recientes, quizás el más amplificado fue el crecimiento económico en 2021 de 10,6 por ciento, el que, de manera abusiva e ilegítima, se adelantó en avisar con bombos y platillos en 10,2, reunido con la Unión Europea y en acto de autoelogio, antes que el Dane entregara el dato oficial (Efe, 14/2/2022).

Para el ciudadano del común, esa cifra, que sube a dos dígitos, puede sonar alentadora. Sin embargo, un análisis minucioso de los componentes del producto interno bruto (PIB), y desagregando los factores que llevaron a ese resultado, no trae conclusiones muy meritorias.

Varios elementos ayudan en esa tarea. En primer lugar, el rebote de la economía, de una que estuvo en cuarentena y con restricciones de oferta en 2020 a otra en 2021, recuperada la plena actividad y con mayores consumos, cuya principal expresión fueron las actividades artísticas y de recreación, que pasaron de la clausura plena a crecer 33 por ciento.

En segundo término, como variable determinante desde la demanda de los hogares, se destacan las importaciones, que subieron el 27 por ciento, casi tres veces el crecimiento total, afectadas por un dólar al alza con graves impactos inflacionarios en bienes industriales y del ámbito agropecuario que ya asoma a una carestía del 8 por ciento anual.

Un tercer factor es el aumento de la tasa demográfica, por la migración de dos millones de extranjeros, que se elevó del histórico 1,1 o 1 por ciento anual a 1,4 (Ocde), así el número de habitantes se acrecentó a un ritmo superior. No es extraño que una economía con estos rasgos predominantes presente un desempleo anual del 13,7 por ciento, que no recuperó la capacidad para demandar ocupación estable y formal (Dane).

Tal crecimiento, no fundado en el mayor valor agregado nacional, sino en circunstancias, no es sostenible, como se evidencia cuando se calcula el promedio anual atribuible a la administración Duque. Al sumar el 3,3 por ciento de 2019, el -7 de 2020 y el ruidoso 10,6 de 2021, el cociente de los tres años alcanza apenas al 2,3 por ciento. Y si se descuenta la tasa demográfica, ya mencionada de 1,4 por ciento, el ingreso por habitante, que mide el real avance fruto de la política económica, apenas alcanza a 0,9 por año. Vale comentar que en 2021 tampoco se remediaron los recurrentes déficits gemelos, el fiscal y el de las cuentas externas, de -7,1 y -6 por ciento del PIB, respectivamente (Minhacienda-JP Morgan).

¿Cómo explicar el fiasco? En pesos constantes (base 2015) el ingreso por habitante al finalizar 2018 era de 17.696.532 pesos y en 2021 de 17.740.418 (Banrep), subió apenas 44.000. Es decir que lo que ahora puede adquirir con su ingreso real cada habitante es lo mismo que hace cuatro años más esa exigua suma. Se puede apreciar desde otro ángulo: dado que el valor de una bolsa de leche es de 4.300 pesos, el equivalente al mayor ingreso en todo el cuatrienio es diez bolsas de leche, solo eso. Peor en dólares: entre 2018 y 2021, el ingreso individual pasó de 6.451 a 6.467, escasos 16 dólares agregados (Banrep). Al acudir a un parangón internacional, si una hamburguesa Big Mac vale 3,74 (Statista), el incremento es de una hamburguesa por año. He ahí el ínfimo aumento del poder adquisitivo bajo el Gobierno Duque.

A tan lánguido balance debe añadirse el creciente desastre social que lo acompaña, el incremento de la pobreza, la desigualdad y la miseria. En 2018, cuando Duque asumió el poder, las personas en la pobreza monetaria eran el 27 por ciento (Dane) y en América Latina, según la Cepal, Colombia fue de los países que más vieron subirla: el 7,9 en hombres y 8,5 en mujeres. El índice de miseria, la suma de la inflación y el desempleo era de 12,88 en 2018 (Banrep) y para 2021 marcó el descomunal 19,32 (Fedesarrollo). La desigualdad en el ingreso, medida por el coeficiente de Gini, también trepó. Es la iniquidad que deja Duque de legado.

Las ínfulas del presidente-presentador se desinflan del todo con el dato de Fedesarrollo sobre la tendencia histórica del PIB: de un índice de 100 en la prepandemia, se llegó al insuficiente 102,9 en 2021, cuando debería estar en 107,3, lo cual implica que se produjeron 47 billones de pesos menos del valor esperado.

En materia económica, Duque se rajó y sale por la puerta de atrás. Cada habitante le deberá a lo sumo, o diez bolsas de leche, o cinco Big Mac. Fue un falso positivo económico y así pasará a la historia que él tanto invoca.

Esperanza y Dignidad

Pediré el 13 de marzo el tarjetón de la consulta de la Esperanza y votaré por Jorge Enrique Robledo, de Dignidad, íntegro en su vida pública, quien enseña de modo serio y coherente una nueva democracia para Colombia.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Un fantasma recorre al mundo: el de la regresión. Tras el infarto de Wall Street en 2008 y el derrumbe de la extrema globalización, en la “desglobalización” (M. Bienefeld) afloran toda suerte de expresiones retrógradas. PanKaj Mishra, ensayista indio y escritor en The New York Times y The Guardian, entre otros, habla de La edad de la ira (2017).

Una era en la que brotan la xenofobia, el fanatismo, el anarquismo, el nihilismo, las utopías dementes, el mesianismo, la islamofobia, el chauvinismo, la demagogia, los populismos, el seguidismo político, el racismo, el supremacismo, el individualismo frenético y la aporofobia (A. Cortina), todos vestigios disgregadores del pasado, que asaltan como pesadilla millones de mentes humanas.

La economía corre “un periodo de más profundas transformaciones y problemas”, con “una crisis mayor que la reciente Gran Recesión, la que en retrospectiva parece ser solamente prólogo de un periodo” (Wolfgang Streeck, 2016). Según el sociólogo Streeck, persisten cinco desórdenes: “estancamiento económico, redistribución oligárquica, corrupción financiera, anarquía global y saqueo del sector público”. El resultado es un túnel, el caos para las fuerzas de la razón, ciencia incluida, del que nadie puede huir, aunque quisiera, dadas sus raíces materiales sin depender de ningún designio subjetivo. Así ocurre cuando las sociedades, a diferencia de los organismos, se descomponen antes de perecer. ¿Cuánto durará?

Colombia no es excepción, y acorde con un contertulio, “pasamos de la patria boba a la patria loca”. Humberto de la Calle, cabeza de lista al Senado de Verde-Coalición de la Esperanza, lo ratifica al decir: “impedir que el país se descarrile” cualquiera sea el extremo, porque “ambos infunden desconfianza” (El Espectador, 13/2/2022).

El despelote vendría de ocurrencias como restringir por decreto automático las reservas petroleras o similares, como las que en tiempos pretéritos se nombraron “socialismo utópico”, el de Proudhon, un “charlatán en la ciencia y contemporizador en la política”, combinadas con las no menos dañinas “recomendaciones” de la Ocde, además de la asociación a la Otan, máquina de guerra.

O se sigue descarrilando por otro lado. El Gobierno de Duque, encarnado en el Equipo Colombia, desvertebró más las descompuestas estructuras políticas, sociales y económicas nacionales. Hay 372 municipios con riesgo electoral por violencia (MOE), pérdida de la tendencia al crecimiento económico y desigualdad, pobreza y hambruna alarmantes que incubaron el paro nacional de 2021. En los foros políticos, sus precandidatos predican el autoritarismo en pro de la manida Confianza Inversionista, peor de lo mismo.

Concuerdo con De la Calle en que la agrupación electoral de oposición a Duque, conformada en la Coalición Esperanza, es la opción acertada, aquí y ahora. Con un programa general, trazado para salir del noveno círculo del infierno al que se lanzó al país, aclimata normas democráticas y éticas. Pediré el 13 de marzo el tarjetón de la consulta de la Esperanza y votaré por Jorge Enrique Robledo, de Dignidad, íntegro en su vida pública, quien enseña de modo serio y coherente una nueva democracia para Colombia y a partir de revisar los inicuos TLC. En la lista al Senado Verde-Esperanza mi voto será por Jorge Gómez Gallego (15), sobresaliente dirigente de la izquierda democrática en Antioquia con trayectoria consecuente y honestidad total, según lo demostró por cuatro años como representante por dicho departamento. Esto sin obviar al propio Humberto de la Calle, a Juan Carlos Flórez, a Iván Marulanda, en atrevida cruzada por otra política antidrogas, a Michel Maya, emprendedor vallecaucano, a Lina Arango, ambientalista, a Rosa Rodríguez, lideresa campesina, o a Martha Cardozo, empresaria rural.

Dignidad destaca en las cámaras jóvenes que son fruto del movimiento estudiantil y social de la última década: al médico Víctor Correa en Antioquia, quien ya se desempeñó en el Congreso con notas altas; en Santander, al abogado Juan Sebastián López, exvocero de las universidades privadas en la Mane; al economista David Mora en el Meta; al politólogo Yéilor Espinel en Cundinamarca; al investigador social Leonardo Jiménez en Bolívar y en Bogotá a Jennifer Pedraza, adalid del exitoso movimiento universitario de 2018. Vale mencionar a Johnson Torres, de los obreros cañeros en el Valle; al empresario Diego López, en Risaralda, y a Alonso Osorio, del sector agropecuario en Cauca. Sobresalen asimismo los nombres de Ana María Lleras y Fernando Rojas Parra, en Bogotá.

Un abanico que expresa de la mejor manera la Esperanza y la Dignidad, dos claves para que Colombia inicie un giro, una nueva historia.

Petro y la Ocde

Con el guion de acabar con la informalidad, refuerza las propuestas para bajar la tasa salarial, ya no respecto al mínimo, sino planteando incluso escalas inferiores para jóvenes y ciertas regiones.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

He votado a favor que (sic) Colombia pertenezca a la Ocde. Vamos a demostrar que en un gobierno progresista con buenas prácticas administrativas y financieras se pueden alcanzar los mejores niveles sociales y los mejores niveles tecnológicos en la tercera revolución industrial”, escribió Gustavo Petro el 13 de noviembre de 2018 en Twitter. Repitió el voto positivo para aprobar la ley de adhesión de Colombia a esa organización, que, por lo visto en el debate del 18 de febrero, se mantiene (Caracol TV, La Silla Vacía, 2022).

Los documentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sobre Colombia resaltan “la solidez del marco monetario, fiscal y financiero”. En los referentes a 23 sectores, emite “recomendaciones”, con cronogramas de cumplimiento y control para concretarlas. Una “tercera oleada neoliberal”, luego de la apertura del Banco Mundial y la OMC, en los noventa del siglo pasado, y de la del FMI y el Plan Colombia a inicios del presente con los ajustes macroeconómicos orientados a los TLC. El Plan de Desarrollo 2014-2018 incluyó 136 encargos en 44 artículos dentro de la ruta adoptada en septiembre del 2013, que “descartó el proteccionismo como modo de desarrollo”, según dijera Rodrigo Botero, el sumo pontífice ortodoxo. La Ocde ratificó que no era “club de países ricos” ni de “buenas prácticas”, sino “nodo de globalización” (A. Suárez, El Tiempo, 3-2-2015).

Entre las múltiples prescripciones figuran: la regla fiscal que acota el gasto social; tasa de cambio volátil sujeta al mercado de divisas; forzada acumulación progresiva de reservas internacionales; realce de alianzas público-privadas (APP) como las vías 4G; exclusión de lo que llama “costos no laborales”, como el importe al régimen contributivo en salud; elevación del salario mínimo solo a nivel de la inflación, en tanto decía que era 87 por ciento del salario medio; erradicación de políticas ambientales que impidieran adelantar macroproyectos; imposición de aranceles cero a productos agrícolas; salario femenino por horas; supresión de “subsidios” a pensiones y pago de jubilación por debajo del mínimo (Saqueo, págs. 223-236). Un “paquetazo” que atizó la chispa del paro nacional de 2021.

La Ocde vuelve con un recetario más agresivo en “Hacia una recuperación más sostenible” (Estudios Económicos, Ocde, Colombia 2022). Con el guion de acabar con la informalidad, refuerza las propuestas para bajar la tasa salarial, ya no respecto al mínimo, sino planteando incluso escalas inferiores para jóvenes y ciertas regiones; insiste en “aliviar la carga” de los “costos no laborales” al desmontar de la nómina los cargos de salud, pensión y compensación familiar y financiarlos en conjunto con otra reforma tributaria.

Enuncia así una igual al adefesio Duque-Carrasquilla: aumenta la base de contribuyentes del impuesto de renta, gravando “personas de clase media”; elimina las deducciones de la renta gravable por costo del crédito hipotecario, por pago de medicina prepagada o por aporte en pensiones voluntarias; propone “reducir los productos no afectados por el IVA” y “ampliar las bases imponibles en los impuestos a la renta y a los consumos” y a contramano exhorta a menores tarifas impositivas a empresas.

El “traslado de las cotizaciones laborales” a “recursos de la tributación” persigue una triple reforma: a la protección social, la laboral y la tributaria. Dictamina la “fusión de los regímenes paralelos de transferencias, pensionales y de salud”, al unificar para el primero las subvenciones de Familias en Acción, Ingreso Solidario y demás. A la par fusiona los regímenes contributivos de jubilación para “complementar una pensión básica universal”, acaba de contera con Colpensiones y proyecta la edad a 65 años, como Chile, en sintonía con la vida esperada y con el cálculo individual sobre los salarios de toda la vida laboral y no de los últimos diez años. Para quienes están en el régimen no contributivo, crea “una prestación básica”. Asimismo, agrupa los regímenes de salud al financiarlos con tributos, mientras llama a “focalizar el gasto social”, depurando el Sisbén y con “ajustes fiscales”, según la regla reforzada en la ley Duque-Restrepo de 2021 para el anclaje de la deuda pública.

Al reiterar la estrategia de libre comercio y capital extranjero, la Ocde reclama extinguir barreras arancelarias y no arancelarias a textiles, alimentos, automotriz, calzado, aceites naturales y arroz, con lo que, aunado al paquete completo, estima atraer más inversión foránea. El laurel es que en 15 años se tendrá un ingreso por habitante como Costa Rica, Uruguay y Argentina y advierte que “la mitad” del programa “está previsto para el 2023”, “para el próximo gobierno”. Tienen la palabra Petro y quienes avalan la sujeción de Colombia a la Ocde.