Caso Macaco, verdades del paramilitarismo

El caso Macaco debe servir para acabar la burla a las víctimas, que, para la reparación, no tengan que ir a cortes extranjeras.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En Colombia se aplican la ley del más fuerte y la del silencio. La primera explica la violencia, “la gran tragedia de la sociedad colombiana del último siglo” (Melo, 2017) y la segunda, la impunidad, por la que entre 1820 y 2001 se otorgaron 88 procesos de beneficios penales como la Ley 975 del Gobierno de Uribe en 2005, de Justicia y Paz, “que confirió ventajas jurídicas a los paramilitares” sin compensación a los afectados y al país (Revéiz, 2016).

Esa impunidad se amplió cuando la cúpula paramilitar fue extraditada a Estados Unidos, al prevalecer el delito de narcotráfico sobre crímenes atroces como desplazamientos, desapariciones y similares. Luego de diez años, “los paramilitares que pagan condenas en Estados Unidos por la misma razón, el promedio será 7 años y medio” (The New York Times). En mayo de 2008, Carlos Mario Jiménez, Macaco, fue el primero en ser condenado a 33 años en Estados Unidos por narcotráfico, que redujo a 11 por “colaboración con la justicia”, y volvió a Colombia en 2019.PUBLICIDAD

Jiménez fue jefe de 7.603 miembros del Bloque Central Bolívar (BCB) (https://verdadabierta.com/los-tentaculos-del-bloque-central-bolivar/), controló “el Magdalena Medio… a través de la corrupción, la tortura, el secuestro y ejecuciones extrajudiciales” (Corte, Distrito Sur de Florida, caso n.° 10-21951) y en marzo de 2021 “por la línea de mando” aceptó 162 hechos criminales (El Colombiano, 18/03/2021).

Luego de siete años, el Centro para la Justicia y Responsabilidad (CJA), en representación de familiares de una víctima del BCB, logró, el 28 de septiembre de 2021, que el magistrado Edwin G. Torres, de la Corte del Distrito Sur de Florida, decretara indemnización para sus clientes “que probablemente nunca podrán cobrar” (The Intercept, Speri, A., 24/11/2021). Fuera de la culpabilidad de Jiménez, el fallo es fundamental para precisar una narrativa veraz sobre el paramilitarismo en Colombia.PUBLICIDAD

Torres acudió a la Torture Victim Protection Act (TVPA), que faculta la intervención de la justicia norteamericana cuando la tortura o la ejecución extrajudicial se cometen “bajo la autoridad real o con apariencia legal, de cualquier nación extranjera” (Corte, Distrito Sur de Florida, caso n.° 10-21951) y “los perpetradores estén bajo autoridad jurisdiccional de Estados Unidos” (The Intercept, Speri, A., 24/11/2021).

Partió de que hubo “relación simbiótica” entre paramilitares y el Estado colombiano, al señalar que “utilizó a miembros paramilitares para luchar contra los grupos guerrilleros que causan disturbios civiles en áreas como la región fluvial del Magdalena Medio” y que “recibieron beneficios tangibles (…) como transporte y comunicaciones, y se financió a través de la producción, venta y tráfico de estupefacientes” (Corte, Distrito Sur de Florida, caso n.° 10-21951).

Destacó “abundancia de evidencia (…) de que el BCB operaba (…) con actores estatales colombianos” intercambiando “inteligencia, armas y uniformes militares” y “también hicieron la vista gorda ante la presencia (…) y actos delictivos del grupo debidos a sobornos”, que “eran la misma entidad porque la organización controlaba las operaciones del Estado”. El BCB mantuvo “nómina para pagos a militares y policías” y actuó con apariencia de ley (ídem).

Se extiende así responsabilidad a Estados Unidos que, fuera de jerarquizar el delito de narcotráfico allá sobre la reparación de las víctimas aquí, intervenía en el Gobierno y la fuerza pública al tenor del Plan Colombia. En ese orden, se rememoran hechos como la sanción contra Chiquita Brands por pagar a los paramilitares, aunque “reportaron los pagos al gobierno de Estados Unidos” y porque “usaban a Chiquita para exportar droga e importar armas” (Kelsey Jost-Creegan, en IPC.org.co).

Eleva a verdad judicial el dicho de Myles Frechette, exembajador en Colombia, de que “Washington apoyó porque quería reducir la violencia” (El Espectador, mayo de 2017), reitera denuncias de Human Rights Watch sobre batallones antinarcóticos que coordinaron con paramilitares, “creados con asistencia y financiación de Estados Unidos y entrenados por militares estadounidenses”, a los que Clinton “firmó una exención de las condiciones relativas a derechos humanos” (“Sexta División”, HRW). Roxanna Altholz, de Berkeley, Center for Latin American Studies, dice: “Mire, donde mire, verá los Estados Unidos” (The Intercept, Speri, A., 24/11/2021).

El caso Macaco debe servir para acabar la burla a las víctimas, que, para la reparación, no tengan que ir a cortes extranjeras y también para que la Comisión de la Verdad incluya el sustento de la sentencia del magistrado Torres: el paramilitarismo como instrumento de Estado y, según, personalidades, ONG, grupos de análisis y abogados, asistido de cierta forma por Estados Unidos.

🛢️ El entramado Oxy-Carlyle y Ecopetrol 🛢

La relación de Ecopetrol con OXY es estrecha: se aliaron en la explotación de fracking en Texas, comprando 49 por ciento de la operación por 1.500 millones de dólares, inversión que, al ritmo de explotación actual, solo se recobraría en 41,7 años.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 1980 se firmó el contrato de asociación Cravo Norte entre Ecopetrol y Occidental de Colombia (OXY) sobre 1.003.744 hectáreas para exploración de petróleo. Con el descubrimiento de Caño Limón, en 1983, se decretó su comercialidad sobre 1.100 millones de barriles, el mayor reservorio en años. La participación estatal (state take) era del 80 por ciento sobre el ingreso derivado de la mitad de las utilidades y de las regalías.

En 2004, cuando producía 95.000 barriles/día, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, lo extendió hasta el límite económico del campo, a perpetuidad, que estimaba en valor presente ingresos a Ecopetrol por 846 millones de dólares (presidencia.gov.co). Cubrió 19 bloques de los contratos de Asociación, Cravo Norte, Rondón, Chipirón y Cosecha, asociado con Ecopetrol, y de colaboración empresarial en La Cira Infantas, y aunque se pensó que la producción declinaría, se mantuvo sobre los 50.000.PUBLICIDAD

En el cambio del contrato, una eventual cesión se condicionó al visto bueno del presidente de Ecopetrol previo requisito como conocer el nombre del nuevo concesionario. Eso pasó. Occidental vendió en 2020 su parte por 825 millones de dólares, 3,2 billones de pesos, al Carlyle Group (Ávila, El Tiempo, 3/10) y metió en el negocio además bloques en Magdalena Medio, Santander y Putumayo y se quedó con los de costa afuera (off shore).

Un día antes de dicha transacción, Glenn Youngkin, codirector ejecutivo de Carlyle, la compradora, dejó su cargo para iniciar la campaña a la gobernación de Virginia, candidato de Donald Trump (CNN, NBC News), luego de destacarse como gran donante de campañas republicanas (opensecrets.org), un verdadero activista. También trabaja en Carlyle, como vicepresidente de temas globales, el exalmirante James Stavridis, compañero de Juan Manuel Santos en el consejo de administración de la Fundación Rockefeller y quizás “aquel contratista del Pentágono” que develó gestiones del embajador Francisco Santos para la colaboración oficial con la campaña de Trump, en tanto se conjetura que esa transacción, de OXY con Carlyle, pudo ser medio para allegar fondos a los republicanos, a cuyos candidatos OXY dio en el ciclo de 2020, incluido Trump, 92 por ciento de todas sus contribuciones (https://www.opensecrets.org/orgs/occidental-petroleum/totals).PUBLICIDAD

La relación de Ecopetrol con OXY es estrecha: se aliaron en la explotación de fracking en Texas, comprando 49 por ciento de la operación por 1.500 millones de dólares, aporte que además ayudó a OXY a cerrar la compra de la empresa Anadarko, propietaria de tales campos, inversión que, al ritmo de explotación actual, solo se recobraría en 41,7 años.

Una decisión poco convencional, tan extraña como que Ecopetrol asimismo no hubiera pujado por Caño Limón para quedarse con toda la operación por una suma solo algo más de la mitad de lo que puso en Texas, y que, aún con 10.000 barriles de petróleo al día, ya le hubiera reportado más de 300 millones de dólares y una recuperación de la inversión, con el actual nivel de precios en cuatro años.

¿Alguien entiende por qué Ecopetrol invirtió 1.500 millones de dólares, recuperables en 41 años, para detentar solo 49 por ciento de una torta y no pujó por Caño Limón, que valía la mitad, se recuperaba en cuatro años y garantizaba el control del ciento por ciento del proyecto? ¿Por qué optó por cederle a un tercero? Un extraño árbol de decisiones.

Las dudas frente al entramado, no extraño en un sector en el que ha habido casos sonados como en Argentina, se refuerzan cuando se conocen los vínculos de Tony Hayward, expresidente de Glencore en Colombia, con sus excolegas en British Petroleum; Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, y los vicepresidentes actuales, Consuegra y Caballero. Hayward es mandamás de Carlyle Group en Colombia, firma para la que “buscaba activos” desde 2017 (news.sky.com, oct.2017) y que maneja los comprados a OXY mediante Sierra Energy, empresa recién aparecida.

Al seguirse la plata (lo recomendable en estos casos), el círculo se cierra fácil: OXY le adquiere a Anadarko los campos para hacer fracking en Texas y después Ecopetrol se asocia allí con OXY, con lo que apalanca dicha compra, en una inversión que demorará cuatro décadas en rescatar. Después OXY saca a la venta Caño Limón, Ecopetrol no oferta y da el visto bueno a Carlyle. En medio de tales transacciones se desparramaron largas donaciones a los republicanos en Washington.

Al final, cabe preguntar: ¿nada supo Iván Duque? ¿Tampoco su íntimo, Luis Guillermo Echeverry, presidente de la Junta de Ecopetrol? Una trama petrolera –tan no convencional, como el fracking– que exige una explicación. ¿Las tiene el contralor Córdoba o acaso la SEC, la U.S. Securities and Exchange?

¡No callen a Norman!

Contrario a la propaganda oficial, el reemplazo de Electricaribe por Air-e aparece peor que la enfermedad, y Norman Alarcón no ahorra palabras para contarlo.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Norman Alarcón es un líder social y político. Luego de estudiar economía en la Universidad de Antioquia “se descalzó” por varias regiones de Colombia a disposición de justas causas, en medio de la lucha por la subsistencia, en una vocación de vida que se incubó desde cuando fuera activista estudiantil y siempre al lado de Marta Vélez, una docente, su compañera.

Por décadas puso esfuerzos y conocimientos para acompañar los pescadores y habitantes de las riberas del río Magdalena, desde Ciénaga hasta La Dorada, siguiéndoles el pulso a los sucesos alrededor de esta primera corriente hídrica del país. En ese empeño se distinguió por sus programas emitidos en Radio Pontoná y oídos por miles de ribereños entre ellos Actualidad Económica, el cual acompañaba con columnas sobre las problemáticas, incluidas las de los contornos aledaños, como la ganadería o el café, y los cultivos sembrados en llanuras y cordilleras. Estimuló la resistencia civil por su defensa y preservación.

Cumplía así con “ser la voz de los que no tienen voz”, independiente de los poderes políticos, militando en la izquierda democrática, aparte de oportunismos politiqueros y también de dañinos extremismos, lo que no pocos dolores de cabeza y persecuciones le ha acarreado.

Como Guillermo Cubillos, su piragua terminó hace más de dos décadas recalando, en este caso, en Barranquilla. Allí continuó la tarea de estudiar los problemas, esclarecerlos y velar por su justa solución, desde los medios, pero también desde la calle, en la reunión comunal, en foros, en el debate político y en la protesta pública y legal.

En su participación en 2006 en el Foro en Defensa del Patrimonio Público con una ponencia sobre los despojos en la Triple A, advirtió cómo se iban esfumando, por negligencias y trucos de distintas administraciones, las acciones mayoritarias del distrito de Barranquilla, que pasaron del 85 por ciento en 1996 al 14,5 en la actualidad, y alertó sobre la corruptela empotrada que culminó en el “cambiazo”, de Aguas de Barcelona a Canal Isabel II de Madrid a través de Inassa S. A., que, como se admitió por los propios culpables, trajo lucro descomunal para la burocracia española y para “distinguidos” cómplices locales. Esto le ha venido causando animosidad en su contra del combo dominante, dado que además escribe los hallazgos en el periódico La Libertad y en el portal Las 2 Orillas.

No obstante, el foco de las denuncias fue Electricaribe en manos de la española Unión Fenosa a partir del año 2000. Con investigaciones rigurosas develó el descarado saqueo ibérico: desmantelamiento de miles de kilómetros de redes de cobre, exportadas a Europa con pingües ganancias, reemplazadas por aluminio de poca vida útil en detrimento del servicio; tercerización laboral y despidos masivos, y robo de subsidios del Foes para 600.000 familias costeñas por 300.000 millones de pesos como lo corroboró la Contraloría General.

Contrario a la propaganda oficial, el reemplazo de Electricaribe por Air-e aparece peor que la enfermedad, y Norman Alarcón no ahorra palabras para contarlo. Son cuatro las razones: 1) entrega del patrimonio público, venido de Electricaribe y valorado por 2,4 billones de pesos, por apenas 285.000 millones, el 11 por ciento, cifra que el Plan de Desarrollo de Duque había cubierto de secretismo; 2) aumento de la tarifa plena del 70 por ciento en un año, al subir el cobro del kilovatio hora de 500 pesos a 852 pesos para financiar por anticipado obras de expansión y mejoras; 3) cobro ilegítimo de la cartera de Electricaribe a los usuarios, a los mismos despojados de los subsidios e 4) imposición a cargo de los hogares de medidores “inteligentes” AMI, sin soporte en resolución alguna de la Creg, que debería ser solo una opción del consumidor. Perjuicios similares acaecen con el otro operador, Afinia, lo que prolonga el menoscabo del bienestar de 11 millones de costeños.

Las denuncias de Norman y la organización de los usuarios en ligas y movilizaciones le valieron dos graves intimidaciones: seguimientos amenazantes frente al edificio donde reside, denunciados ante las autoridades con testimonios escuchados que “era al que había que seguir día y noche”, y una “denuncia penal en la Fiscalía por injuria y calumnia en calidad de representante de la Liga de Usuarios en la Costa Atlántica” por parte de Air-e.

No es proceder nuevo: así se acusó en 2020 por el grupo dominante en Air-e a Carlos Alfredo Crosthwaite por sus críticas a Enerpereira, la que también controla. Contrario al derecho de expresión, se tramita por las Fiscalías como delito y que, luego de esta columna, hasta podría venir una en mi contra, pero a ninguno acallarán y menos a Norman.

Fe de erratas: por impensado error en columna anterior escribí que Juan Carlos Echeverry fue ministro de Minas de Santos, fue de Hacienda.

La coalición de la mermelada

Resulta injustificable que, con este balance, los responsables, que han ocupado posiciones de decisión en el Estado en las últimas décadas, aleguen “experiencia”.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El Paro Nacional fue un suceso notable en 2021 y mostró la indignación sobre el estado de cosas, concentrada en la absurda reforma tributaria de Duque y Carrasquilla y en la mercantilista relativa a la salud. La contrariedad casi general se expresa todavía en sondeos como el de Cifras y Conceptos (septiembre de 2021), en el que 41 por ciento dice estar “mamado”, 19 por ciento “incluyente” y 26 “reformista”. Piden, con distintos enfoques, un cambio, no continuidad.

Esos resultados, que no deben separarse de la ira que causa la corrupción, se relacionan además con pobreza, desempleo, desigualdad, salario e ingreso. Aunque de uso poco frecuente, un buen indicador para medir las condiciones socioeconómicas es el Índice de Miseria de Okun. En su versión más simple, la suma de la tasa de desempleo y la inflación para el tercer trimestre de 2021 en Colombia fue 16,62 (BanRep), más que en 2019, antes de la pandemia, cuando ya era de los países más miserables del planeta (Saqueo, página 208). En 2020, en la modalidad de Índice de Miseria Hanke, el nacional estuvo en 35,8, mientras que la mediana mundial fue 23,4 (Cato).

Resulta injustificable que, con este balance, los responsables, que han ocupado posiciones de decisión en el Estado en las últimas décadas, aleguen “experiencia” y se presenten, por encima de estos hechos, como “resolvedores” (sic) para “salir de la crisis” que reconocen.

Uno es Juan Carlos Echeverry, exdirector de Planeación de Pastrana, exministro de Minas y Energía de Santos y presidente de Ecopetrol en el mismo gobierno. Fundamenta su candidatura en “muy buenas relaciones en Washington y Wall Street” (KienyKe, 19/08/2021) además de ser paladín de la “disciplina fiscal”, la del FMI, de más ingresos (léase más impuestos) y menos gasto, que presume haber contribuido a aplicar más allá de los acuerdos con el Fondo (Modelosde desarrollo económico, 2002, págs. 429-477), que se reforzó desde 2012 con la implantación de la regla fiscal, que ya estalló dos veces, y que cuenta ahora con una versión más severa.PUBLICIDAD

Como ironía, Echeverry pone en la “descentralización” un emblema de campaña, cuando en 2001 en el DNP fue cogestor del Acto Legislativo 01 que transformó el régimen de transferencias en el Sistema de Participaciones (SGP), y que privó, en pesos de 2019, a municipios y departamentos de 318 billones de pesos, arrebatados a salud, educación y saneamiento básico (Espitia) para soportar largos beneficios tributarios. Plantea un salario mínimo inferior para el Chocó o Sucre, en busca de inversionistas hacia islotes de mano de obra barata como Bangladés o Etiopía o el distrito de Kaesong, el que montara Corea del Norte para empresas surcoreanas con salarios de 80 dólares al mes. ¿Echeverry y Kim Jong-un?

“Dime de qué alardeas y te diré de qué careces”, justo para Enrique Peñalosa. En todos los escenarios receta como pócima la “gerencia”, pomposo término con el que designa su doble alcaldía de Bogotá. En tanto el más grande daño al urbanismo fue sacar, en 2000, el metro de la Avenida Caracas, su eje natural, y reemplazarlo por buses de TransMilenio y 20 años después hubo que corregir, montándoles encima el tren eléctrico. En su dogmatismo “gerencial” declara fobia constante por los sindicatos y fervor por las privatizaciones. Asimismo, volvió modus vivendi ser candidato: el CNE certifica que a Peñalosa se le repusieron 5.794 millones de pesos por cuatro candidaturas entre 2007 y 2015, una cada dos años, tres a alcaldías, dos por firmas como ahora y otra a la presidencia. (ver documento CNE).

Federico Gutiérrez profesa el discurso continuista: aprovechar “no sé cuántos TLC (sic) para exportar” o que hay mucho “subsidio ocioso”, que “todo no puede ser regalado”, o las vías 5G como locomotora o culpar de la inseguridad a los jueces, lo que mezcla con demagogia, al doble del estimado de Camacol: hacer 1,8 millones de viviendas en el cuatrienio (Foro Semana). Se acomoda en este combo de “expertos” Barguil, oficialista de nocivas políticas centrales por tres periodos consecutivos en el Congreso y favorito de las burocracias gubernamentales, al que sus colegas del Partido del Presupuesto, como decía Roberto Gerlein, eligieron candidato.

La montonera fue confirmada en Barranquilla, precisamente donde 66 por ciento de los hogares no consumen tres comidas diarias, con Álex Char, campeón de la politiquería, y soldada con un pote de neoliberalismo y cucharadas de filosantismo y filouribismo, adobada con Cambio Radical, la U y los conservadores (El Tiempo 14/11/2021), donde cabrían Cárdenas o Zuluaga o Alejandro Gaviria.

Es solo otra unión más de los mismos con las mismas, un frente nacional de la mermelada, ingrediente conque el mismo Echeverry degradó en su ministerio la muy maltrecha democracia colombiana.

Entonces, ¿“Los que diga Duque”?

El plato queda servido: bolsas por casi 80 billones de pesos, el mecanismo para irrigarlas y documentos al por mayor de votantes anónimos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Se están contabilizando los montos que por distintas fuentes ha acumulado el Gobierno, un gasto público para 2022, pero ausente en lo peor de la pandemia, y hay recelos por el destino que tendrá a las puertas de las elecciones presidenciales y del Congreso de la República, si servirán para elegir a “los que diga Duque”.

La primera es la reforma tributaria de 2021, la de Restrepo, gestor del botín para el soborno social y político. En ella, se destinarán $6,6 billones en 2022 al llamado Ingreso Solidario para 4 millones de hogares menesterosos, hoy por fuera de los programas tradicionales, a los que, sin darles siquiera una renta básica, se les endulzará con una dádiva “histórica”, un rústico remedo de los cheques que Trump rubricó en la crisis sanitaria.

Irá con otros planes, no inscritos en el marco del derecho universal, sino en forma de óbolo, como la publicitada matrícula cero en universidades públicas, solo para estratos de ingreso bajo y medio-bajo. El Presupuesto General aplicará 35 billones para la denominada “recuperación social” en 2022 (El Tiempo, 21/10/2021, citando DNP).

No obstante, esa suma aún no es suficiente para el mercado electoral: urgen otras para financiar el universo de gastos de funcionamiento, que no se fondea con tributos y abarca las clientelas contratistas y la fronda burocrática, ampliada ahora en miles de puestos en la Contraloría, la Procuraduría y la Registraduría.

La más voluminosa y de libre disposición vendrá de Ecopetrol. Los cálculos del precio del barril de petróleo para un marco fiscal adecuado se hicieron en 63 dólares. El precio promedio este año superará los 70 y con ello el Gobierno, con una propiedad del 89 por ciento, se ganó la lotería, ya que desde junio se anunciaron traslados por utilidades e impuestos por más de 10,5 billones de pesos, que al terminar 2021 pueden subir a más de 20 (Portal Ecopetrol, junio 2021).

A las alforjas oficiales llegaron nuevas bolsas. Por la compra del 51,4 por ciento de ISA por Ecopetrol, a crédito, “exprimiendo la empresa” (Kalmanovitz), entró un cheque por 14,2 billones de pesos, bajo los enunciados de “reforzar la caja” o la “reactivación económica” (Portafolio). ¿Hay ya auditoría del contralor Córdoba al respecto?

Del exterior aterrizó otra partida. El ingreso de 2.790 millones de dólares que le asignó a Colombia el FMI de la desinversión de reservas internacionales por 1,96 mil millones de derechos especiales de giro (DEG). El Banco de la República, receptor de la remesa, explicó: “El Banco vendió reservas al Gobierno Nacional por un monto en dólares equivalente a la asignación de DEG y recibió como pago Títulos de Tesorería TES Clase B (…) el Gobierno obtuvo liquidez inmediata en dólares y mejoró el perfil de su deuda interna (…) los títulos entregados al Banco provienen de canjes (…) cuyo vencimiento (…) era el año 2022”, y fueron sustituidos por otros de largo plazo. En fin, una emisión camuflada para el Gobierno por 10,6 billones, acorde con la tasa de cambio de 3.806 pesos por dólar a 31 de agosto.

No contento con lo acumulado, Duque se apresta a vender 3.490,8 millones de acciones de Ecopetrol, el 8,49 por ciento, que, al precio unitario actual cercano a 2.660 pesos, totalizaría 9,28 billones. De pasarse por encima las restricciones que impone la Ley 1118 de 2006 para usarlos, como ya hizo con el “enroque” de ISA, este paquete cuantioso engordará más sus cajas menores.

Al final, además de los recursos ordinarios presupuestados, con estas maniobras adicionales calculadas se destinarán más de 70 billones para elegir a “los que diga Duque” en acción sucedánea de su mentor, hoy sub iudice y en franco desprestigio.

El bazar de votos, sin precedente, lo allanó el artículo 125 del Presupuesto con la modificación de la ley de garantías, para pasar en estos meses los convenios interadministrativos entre la Nación y los entes territoriales. Así el Centro Democrático cebaría a sus 42 alcaldes en Boyacá o los conservadores, a los del norte y el oriente de Antioquia, y, sin contar coaliciones, a 116 en total, y los liberales, a 99 en toda Colombia, o Cambio Radical, a 29 gobernaciones donde participa, o La U, en 22 (celag.org). La funcionaria estrella será Ana María Palau, consejera para las regiones, quien reemplazó ahí a Karen Abudinen.

A estas alturas, el registrador nacional, Alexánder Vega, el de “si no le gusta, váyase”, informa de 5 millones de cédulas en volandas, de colombianos en el exterior, de muertos o fraudulentas, como las que aprovechaba Aída Merlano. El plato queda servido: bolsas por casi 80 billones de pesos, el mecanismo para irrigarlas y documentos al por mayor de votantes anónimos. Es la engañosa hoja de ruta para elegir a “los que diga Duque”. Colombia y la comunidad internacional deben percatarse.

La colonia AGA en Quebradona

Una comunidad desprovista de instrumentos para intervenir, como es el Acuerdo de Escazú que Duque, en equívoca complicidad, engavetó.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Del video Quebradona. Minería con propósito. Social. Ambiental. Económico en la página de la Anglo Gold Ashanti, AGA, y de una entrevista a su expresidente, Felipe Márquez, donde dice que “Colombia es el futuro de esta compañía” y que dicha mina es “la base para transformar la región con un propósito superior” (La República, 23/02/2021), se concluye que en 30 años venideros no caerá la hoja de un árbol en Jericó, Fredonia, Támesis, Tarso y Valparaíso sin que AGA lo decida. Con título sobre 7.593 hectáreas e inversión de 1.500 millones de dólares, bajo la figura de distrito minero, establecerá un enclave colonial y al amparo de los TLC.

La explotación de 3.000 millones de libras de cobre, 1,5 millones de onzas de oro y 21 millones de onzas de plata y quizás molibdeno, con vida potencial de 23 años, es novedad para AGA (Integrated-Report-2020), ya que más del 97 por ciento de sus ingresos han venido de fuente aurífera. El cambio se debe al rol del cobre en la “transición energética” para fabricar paneles solares y autos eléctricos. El precio por tonelada, desde 2012 hasta 2020, osciló entre 2.000 y 4.700 dólares, pero analistas consideran que este “nuevo petróleo”, por bajos inventarios para demandas crecientes, llegaría en 2025 hasta 20.000 (Elliot Smith, CNBC, 6/05/2021).

Con Quebradona, AGA entra al mercado en alza, por ahora de 20 millones de toneladas anuales, de las cuales Chile, con Codelco, y Perú producen 40 por ciento y otro 30 es reciclaje (www.nrcan.gc.ca, 3/02/2021). La mayor ganancia vendrá de la mencionada cantidad de concentrado (cobre, oro y plata) que se exportará para procesarse afuera. Vieja historia, como la del platino en Chocó.

La contabilidad minera tradicional pone los beneficios para el país dueño del recurso en los ingresos fiscales y en el empleo. En Quebradona se recibirán, a lo sumo, regalías del 5 por ciento, que, según AGA, significarían 60.000 millones de pesos al año, e impuestos de renta estimados en 250.000 millones de pesos anuales, y otros 2.000 por industria y comercio y predial para los municipios. No obstante, debe descontarse el costo fiscal de los beneficios tributarios que privilegian la minería.

Al final de la explotación, el país percibiría un neto de 2.500 millones de dólares y no mucho más. En cuanto a empleos, no serán ni la tercera parte de los perdidos en agricultura, ganadería y turismo, con menor coeficiente en la producción y el consumo generales.

A estos rubros, que para AGA serán costos, se le añaden 2 centavos de dólar por libra, el importe de la extracción. A contramano, en la otra columna del balance, AGA habla de un proyecto de bajo costo, flujo de efectivo y larga vida con un escandaloso margen entre 60 y 70 por ciento (AGA-Integrated Report-2020).

Esa contabilidad es todavía más inicua cuando se descartan externalidades negativas, como secuelas ambientales sobre el ecosistema del suroeste antioqueño, su biodiversidad y paisaje, sobre el agua por la afectación a estrellas hídricas, caudales, cuencas y acuíferos, al nivel freático, a 26 acueductos y 311 captaciones de agua en veredas circundantes, la polución subterránea y fenómenos como la bioacumulación.

También detrimentos del suelo por la agresiva deforestación, contaminaciones superficiales y más probabilidad sísmica, por el estallido constante de roca en profundidad y la emisión de GEI, humos nocivos y daños sobre flora y fauna. Estropicios a los que AGA, acorde con sus “estándares”, se compromete a “minimizar”. Peor es el manejo de los relaves, material de roca desechado, 120 millones de toneladas, con destino incierto en el territorio e inestable con el tiempo. El clásico pasivo ambiental.

Igual cuentan los males sociales como el abandono de la vocación agrícola campesina, el encarecimiento de la vivienda por el auge de migrantes, la congestión vial, la desvalorización de predios aledaños, el sabido aumento de enfermedades respiratorias, de transmisión sexual y las mentales en los marginados. Conviene asimismo verificar si la energía aplicada por dólar invertido es inferior a la obtenida, el factor EROI.

Como parte victorioso, AGA en informe a sus accionistas, entre ellos fondos institucionales de capital financiero, se ufana de la “amplia alianza estratégica con todas las partes interesadas relevantes para establecer un apoyo regional para el proyecto” (AGA-Integrated Report-2020). Un manejo político en Colombia, segundo país en conflictos socioambientales y primero en el homicidio de líderes para el medioambiente.

El proyecto Quebradona, fuera de menoscabar la soberanía y violentar derechos humanos por generaciones, recae sobre una comunidad desprovista de instrumentos para intervenir, como es el Acuerdo de Escazú que Duque, en equívoca complicidad, engavetó en provecho de transnacionales como AGA.

Economista Aurelio Suárez asegura que en los últimos 30 años el país ha sido saqueado, ¿por qué?

El analista económico, en su libro Saqueo, hace una radiografía de la economía colombiana en los últimos 30 años. ¿Cuál es su visión?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

SEMANA: ¿Por qué el título del libro: Saqueo?

AURELIO SUÁREZ (A.S.): Colombia, cuando ingresa a la globalización, cuando el país decide una estrategia económica de libre comercio de capital extranjero, el país poco a poco se va volviendo un país afluente de ahorro, de trabajo, de mercado interno, a los grandes circuitos internacionales del dinero. Y en esa afluencia el país no es correspondido, es decir, el mercado interno que el país entrega no tiene una correspondencia con las porciones de mercado externo que tenemos.

Los retornos de nuestras inversiones en el exterior son inferiores a los retornos de las inversiones de los extranjeros aquí. Y eso va acompañado además de unos ajustes fiscales muy fuertes: 19 reformas tributarias en 30 años y una disminución de los salarios en el ingreso nacional bruto.PUBLICIDAD

Además de los recursos naturales no renovables. Todo eso me configura a mí una síntesis que dice esto ha sido un saqueo, porque nos han sacado y nosotros no hemos podido compensar lo que hemos entregado a los mercados financieros internacionales.

SEMANA: Dice que esto es un proceso de recolonización, gracias al neoliberalismo. ¿Cuál fue el impacto del modelo?

A.S.: Hoy el capital extranjero es el dueño de la mitad de la economía colombiana. En el libro hago un estudio de 103 subsectores económicos y de esos 103 subsectores el 50 por ciento es capital extranjero, directamente o a través de asociaciones mixtas. Hay una toma de la economía nacional y, paralelo con eso, en el país se consolidaron unos grupos financieros que están ligados estrechamente a los circuitos internacionales del capital. Eso me permite hablar de una recolonización del país, una política económica que tiene una economía política, esa economía política me identifica los ganadores de esa política económica y es realmente el capital extranjero.

SEMANA: ¿Qué tiene que ver el tema del neoliberalismo ahí?

A.S.: Porque todo se hace sobre la base de un criterio fundamental que es la maximización de la tasa de ganancia. No hay otro elemento, es decir, ese es un elemento que va a regir la política monetaria, la política cambiaria e, incluso, la política fiscal. Porque en buena parte la política fiscal tiene 2 componentes, para mí, estructurales. Por un lado, el predominio de los impuestos indirectos, pero, por otro lado, los beneficios tributarios.

Cuando dice que yo entrego beneficios tributarios para maximizar la ganancia del inversionista, eso es en el fondo el neoliberalismo, el neoliberalismo es la maximización de ganancia y, sobre todo, de ganancia del capital financiero.

SEMANA: El libro recoge los últimos 30 años de la economía colombiana que coinciden, en el inicio, con la apertura económica. ¿Qué pasó en ese momento?

A.S.: Recojo la frase de Abdón Espinosa: fue una apertura hacia adentro. Cuando se mira el coeficiente de penetración de importaciones tanto en el agro como en la industria era del 17 por ciento. Es decir, Colombia, para satisfacer sus demandas de bienes agrícolas o industriales, consumía el 17 por ciento en productos extranjeros.

A los diez años de la apertura, en el caso de la agricultura era casi que el 60 por ciento de los cereales y las oleaginosas y en el de la industria el 33 por ciento. Colombia entrega el mercado interno. Pero muchos debates sobre apertura se dan solo en términos comerciales y resulta que eso tiene un impacto en las variables macroeconómicas: el país reduce el ahorro, tanto público como privado, a la mitad y la mitad de inversión.

Cuando estalla la crisis del fin de siglo en el 99, lo hace no solo por la quiebra de la agricultura y la industria, por el lío del UPAC, por el sistema bancario, sino que en el fondo la raíz del problema es que el país perdió la mitad de su ahorro y la mitad de su inversión en ese proceso de la apertura.

SEMANA: Advierte en el libro que perdimos con la globalización. ¿Cómo funcionar en un mundo tan interconectado?

A.S.: Sí podemos ingresar a ese escenario, pero no de una manera tan asimétrica. Usted puede integrarse con el resto del mundo, aquí nadie está hablando de la autarquía. Pero tenemos que integrarnos de una manera simétrica. Por ejemplo con los tratados de libre comercio, se hicieron de forma totalmente asimétrica. Colombia no puede prosperar en la agricultura y en la industria con unas cláusulas que son totalmente subyugantes al desarrollo industrial y agrícola del país.

SEMANA: ¿Qué hacer con los tratados de libre comercio?

A.S.: En todos los tratados de libre comercio perdemos, excepto con Centroamérica y la Comunidad Andina. Hay que reconocer que Colombia es un país ganador con la Comunidad Andina y Centroamérica. Entonces en primer lugar tenemos que integrarnos mucho más a esos mercados.

Creo que hay que renegociar algunos tratados. Colombia tiene cláusulas que no le permiten al país avanzar, hay que renegociar. El dumping no es solamente con productos agrícolas, también industriales. Cuento en el libro cómo Estados Unidos al año le da 86.000 millones de dólares de subsidios a las industrias. Colombia no puede competir en igualdad de condiciones. El capítulo 23 del TLC con los Estados Unidos considera que es posible enmendar, modificar o terminar.

Hay una gama de posibilidades, ¿hay voluntad política para eso? No, pero yo creo que el país tiene que renegociar.

SEMANA: Menciona a los grandes conglomerados como “una expresión autóctona de oligarquía mundial…”

A.S.: Lo que se reproduce como estructura productiva y empresarial en el país, como estructura económica en el país es una irradiación de lo que sucede en el mundo. Es la reproducción, perdóneme la palabra puede sonar un poco despectiva, criolla de la estructura global. Cuando hablo de las locomotoras, logro identificar que en la minero-energética, la economía naranja, las vías 4G va a encontrar los fondos financieros de capital internacional incrustados en el negocio a través de distintas modalidades. Son los dueños del mundo y cómo no van a ser los dueños de Colombia.

SEMANA: ¿Cuál es su posición con respecto a la inflación? ¿Por qué es necesario ajustar la política monetaria?

A.S.: El artículo 373 de la Constitución dice que la política monetaria debe tener como objeto la conservación del poder adquisitivo de la moneda. La pandemia develó la esencia de la política monetaria. Le atribuyo a la política monetaria restricciones en demanda, en los mercados laborales, y se encuentra que esa política monetaria de conservación del poder adquisitivo de la moneda fracasó en la pandemia.

Uno de cada tres hogares no tiene tres comidas al día, dos de cada tres hogares comen tres comidas al día y uno de tres solo come dos o menos de dos, solo el 5 por ciento de los hogares pueden ahorrar, el 65 por ciento de los hogares dicen que lo que les entra o no les alcanza para vivir o apenas les alcanza para vivir.

¿Cuál ha sido el papel de la conservación del poder adquisitivo de la moneda? Mientras eso pasa, ¿qué sucede con una política de baja inflación? El crédito tiene un interés real mucho mejor. Muestro en el libro que Colombia tiene altos márgenes de intermediación a escala mundial, pero en sus socios de TLC tiene la tasa de interés más alta, con una baja inflación que es lo que tenemos, una tasa de interés efectiva mucho más concreta, real, pero el más favorecido es el inversionista extranjero.

Por eso la Ocde resalta tanto en la estabilidad económica como atractivo para la inversión, la baja inflación. El país debe tener una política monetaria mucho más laxa.

SEMANA: ¿Cómo debería ser esa política monetaria, cuáles son los perjuicios que ha traído “la concepción ortodoxa”?

A.S.: Creo que ha tenido un perjuicio fundamental, y es la primacía del capital financiero sobre los demás sectores de la economía. Si nosotros tomamos el crecimiento económico de 2006 a 2019, el 2020 es atípico, encontramos que la economía creció al 4 por ciento, el sector financiero creció al 7,7 por ciento. Hay un predominio del capital financiero, es un país al servicio del capital financiero y no un capital financiero apalancando el despeje de la economía. Sí creo que hay que regular esa tasa de interés.

SEMANA: ¿Deberíamos salir a emitir?

A.S.: Claro que el Banco de la República debe emitir. Hay momentos en que necesitamos que el gasto público y la política monetaria que el Gobierno coordine con el banco, tienen que ser un factor dinamizador de la economía. No puede haber un dogma de que eso es pecado o un sacrilegio. Creo que en Colombia hay que emitir, pero hay que emitir con criterios.

SEMANA: ¿Eso qué significa?

A.S.: Dónde se pone la plata. Y yo la pondría en las nóminas de las pymes, por el enganche, por el despegue. Aquí hay unos que piensan en emitir como un helicóptero, y salir a repartirles a los pobres. Eso no es ni populismo, eso es charlatanería. Hay que emitir con unas normas, con un cuidado. Si yo emitiera, haría una salvaguardia en importaciones para que la plata que ponga en la economía, no se vaya a importaciones. Hoy en Colombia, la variable que más está creciendo de oferta y demanda son las importaciones, al 45 por ciento. Entonces ve una economía creciendo al 7, pero unas importaciones creciendo al 45.

Pandora a la carta

Con base en la información conocida, pueden intuirse las artimañas a las que varios “notables” acudieron para pagar pocos o no pagar impuestos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La Ley 1111 de 2006, de Álvaro Uribe y Alberto Carrasquilla, eliminó el impuesto del 7 por ciento al giro de utilidades al exterior de quienes por relaciones de dependencia o corporativas envían este tipo de remesas (Saqueo, pág. 86).

Las inversiones de nacionales en el exterior sumaban aquel año 23.943 millones de dólares, pero para 2017 ascendían a más de 53.000 (Saqueo, pág. 184). Protegido por la Ley 1111, el dinero se refugió “principalmente a partir de 2009” en Panamá, donde está el mayor porcentaje, 16 por ciento, con rentabilidades entre el 4,7 por ciento y el 6,8 (Banrep, Borradores de Economía, n.º 1068). También en España e Inglaterra por los tratados de protección de inversiones, los preferidos por el exfiscal Martínez Neira para registrar bienes raíces. Para monitorearlas, la Dian intercambia información con 48 jurisdicciones y solo hace dos años Panamá inició el proceso (El Tiempo, julio 2 de 2021).

La alianza periodística Connectas ha destapado los PanamaPapers (2017), en los que figuró el mismísimo Carrasquilla para tramitar el negociado de Bonos Agua, y ahora los Pandora Papers. El coro de que “todo es legal”, orquestado por Iván Duque, no elimina sospechas a empresas y magnates que se valen del mecanismo, ni menos logra cubrir a expresidentes y dirigentes políticos, en particular a los que, al iniciarse en la vida pública, estaban en deciles inferiores, y ni hablar de Junco, el director de la Dian, involucrados todos en el selectísimo grupo élite del 0,0012 por ciento de la población con tales prácticas. Con base en la información conocida, pueden intuirse las artimañas a las que varios “notables” acudieron para pagar pocos o no pagar impuestos.

Andrés Pastrana. Guardaba su patrimonio personal y familiar en una sociedad en comandita simple, Salatina Puyana y Cía. S., un viejo truco usual en familias adineradas para brincarse, por las características societarias, el pago del tributo a herencias. Al insertarla en Vanguard Investments Inc., en Panamá, dicho patrimonio pasó de pesos a dólares y quedó exento, fuera del impuesto a la riqueza, también del de renta sobre los beneficios causados. Es el típico personaje que “separa su suerte de la suerte de la Nación”. ¿Cuánto le dolerán nuestros infortunios al expresidente? Los explican dos refranes: “Donde está tu dinero está tu corazón” y “Mi patria, mi bolsillo”.

César Gaviria. Aparece como director de la sociedad panameña MC2 Internacional S. A., que absorbió a la radicada en Colombia MC2 SAS ESP (Cuestión Pública), del sector de hidrocarburos, en particular en distribución de gas en Colombia y Perú, asociada allá con la Organización Sarmiento Angulo y beneficiaria de contratos sin concurso en TGI y Ecopetrol. Gaviria también se mueve en el mercado de obras de arte, seguros y consultoría.

En claro aprovechamiento de la Ley 1111 de Carrasquilla y Uribe, remite a Panamá, sin pagar impuesto alguno, las ganancias a las que tiene derecho (¿el 100 por ciento?), venidas de la sociedad matriz colombiana, que caen al bolsillo de este otro expresidente en el 58 por ciento y el resto a familiares e íntimos. Impresentable.

Marta Lucía Ramírez. Las cuestionadas conexiones lucrativas de la vicepresidenta y canciller son de vieja data. Cuando fue ministra de Comercio Exterior, hubo de declararse impedida sobre zonas francas. Fue abogada de Philip Morris en pleitos con la Dian. Es conocida la sociedad constructora del Edificio Torres 85, que su firma familiar Hitos Urbanos pactó con el paramilitar Memo Fantasma. Y en el debate en el que el senador Robledo denunció la “indemnización” por 1,4 billones de pesos, que intentó pagarse por adelantado a los socios de la Ruta del Sol para evadir el fallo del tribunal de arbitramento, chispearon sus fuertes nexos con el Grupo Aval.

Marta Lucía Ramírez vuelve a escena por su asociación, de 2005 a 2012, en la comisionista de bolsa, Global Securities Management Corporation, basada en Islas Vírgenes Británicas, y con un socio condenado “lavador de dinero profesional”, para operar “en el mercado de valores con cobertura de diferentes países de Latinoamérica”. Según participaba desde la firma panameña Stulb Investments Corp., combinó Islas Vírgenes y Panamá, como modus operandi. ¿Qué pasó con las rentas en esos siete años? Sin mesura.

Gaviria, Pastrana, Ramírez y demás políticos nombrados en Pandora Papers como Peñalosa (“El negocio, socio”) o Alejandro Char (¡Cuándo no!), cada cual a la carta, deben ser esculcados a fondo. Tiraron lejos la admonición de Lleras Camargo, “no mezclar los negocios con la política”, y hoy pertenecen al club de superricos con una tarifa efectiva de tributación del 2,26 por ciento, la menor entre todas las de todos los contribuyentes (Garay y Espitia). Indignante.

Tres puntillazos a la producción nacional

Las amenazas al agro, al sistema cooperativo cafetero y al acero nacional no son extrañas al modelo económico prevaleciente y profundizado por Duque.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Duque se empeña en implantar políticas destructivas de ramas claves de la producción como la siderurgia, los fertilizantes y la comercialización del café, provocando la ruina de agricultores, de fábricas de acero y, en plena bonanza, de la red de cooperativas cafeteras.

Miles de caficultores, arroceros y maiceros viven una tragedia por la enorme alza de los precios de los fertilizantes en el último año. En la urea, por ejemplo, de 70.000 pesos a 150.000 por bulto de 50 kilos; en el Triple 15 y el DAP, incrementos de 90.000 pesos a 145.000 y de 100.000 pesos a 195.000. Los fertilizantes pasaron de ser 25 por ciento al 45 por ciento de los costos de producción del arroz, y los importes de producir una carga de café se treparon de 800.000 pesos a 1.100.000.

Es el resultado mixto de la devaluación del peso y de una subida mundial en el valor de los fertilizantes y sus materias primas, así como de los fletes, ya que ambos son importados. “La mayoría de los precios de los fertilizantes se dispararon en 2021, en particular los fosfatos y la urea, impulsados por la fuerte demanda” (Banco Mundial). A su vez, el valor medio global de transportar un contenedor pasó de 2.250 dólares a 10.517 (https://fbx.freightos.com/).

En tan trágico escenario, el Gobierno de Duque, mediante la Supersociedades, intervino, por razón opaca e información incierta, a Monómeros Colombo-Venezolanos. Al mirarse el mercado nacional de abonos, que, según el Banco Mundial y la FAO, es de los de mayor consumo en el mundo, se orienta hacia una alta concentración de la oferta a favor de la multinacional Yara, que prepondera desde 2014 con la compra de Abocol.

Como si fuera poco, Ferticol, factoría pública nacional de fertilizantes, sobresaliente por su producto Nitron 26 y proveída por la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, acaba de clausurarse por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, deshonrando su palabra de campaña.

Se avanza hacia un eventual monopolio para surtir los dos millones de toneladas utilizadas, de las cuales 400.000 se elaboran localmente y las otras son importadas por más de 700 millones de dólares, suma que, por lo visto, se duplicaría, ya que es el cuarto arancel que más carga moviliza. Duque, en vez de aliviar, refuerza las cargas sobre el agro.

En la siderurgia, el empujón al abismo es más recio. Por la coyuntura mundial, los precios del acero se han elevado, a pesar de lo cual la producción nacional aumentó 46 por ciento. Atendiendo demandas de las firmas constructoras, de gancho con las financieras, el Ministerio de Comercio, para abaratarlo, optó por rebajar los aranceles, del 10 al 5 por ciento, y propiciar el ingreso de más producto de China y Turquía, que ya captura una porción del mercado y reconocido por venir con dumping, debajo del costo de producción.

Las principales siderúrgicas en Colombia son de consorcios brasileños, y hay dos colombianas, en el Valle y en Boyacá. Suman 45.000 empleos entre todas y una capacidad de 2,6 millones de toneladas que apenas se utiliza al 60 por ciento, por la importación de productos extranjeros en condiciones espurias. Con la nueva disposición, las siderúrgicas marchan a la parálisis.

Las cooperativas cafeteras viven un apuro crucial. Destacado hasta por Duque como “éxito” el sistema de compras a futuro, en Andes, Antioquia (video minuto 1-40 a 2-30, https://www.youtube.com/watch?v=i3ygd8FR1p4), enfrentan un revés insólito por los altos precios internacionales. Al haber transado de antemano con miles de caficultores a valores cercanos a un millón de pesos por carga y con compromisos de entrega en el exterior, enfrentan un cuello de botella, pues los productores, al ver alzarse las cotizaciones a más de 1.800.000 pesos, decidieron incumplir y rehúsan mover su café hacia las cooperativas.

La falta, que podría llegar a 500.000 sacos de 60 kilos, con un sobrecosto de 200 millones de dólares, hundiría el sistema cooperativo, que ya perdió en 2020 casi 25.000 millones de pesos. Caerían entidades como las de Andes, Risaralda, algunas de Tolima y Valle en estados financieros negativos y otras con márgenes muy estrechos. ¿Se saldará a cargo del Fondo del Café? ¿Del ahorro patrimonial de los afilados? ¿De Expocafé?

Las amenazas al agro, al sistema cooperativo cafetero y al acero nacional no son extrañas al modelo económico prevaleciente y profundizado por Duque. La algarabía, por un crecimiento económico del 8,8 por ciento en el primer semestre de 2021, oculta que la variable más influyente son las importaciones, incluido el café en grano, que escalaron en el año corrido el 45 por ciento, por encima de cualquier otra.

Los puntillazos reseñados se suman a muchos del martillo del libre comercio contra la producción nacional. Otros tres más.

¡Manos arriba!

Cunde el pánico porque además se perciben la falta de una política integral de seguridad, sin diagnóstico certero, y palos de ciego en las medidas correctivas.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La inseguridad es tema prioritario de la agenda urbana en Colombia. Invamer dice que para 96 por ciento de la opinión está empeorando; Ecoanalítica, que el 15,3 por ciento lo ve como “primer problema”; Datexco, que 5 por ciento percibe mejoras. SEMANA-CNC mostró las secuelas sobre la favorabilidad de las distintas autoridades.

Cunde el pánico porque además se perciben la falta de una política integral de seguridad, sin diagnóstico certero, y palos de ciego en las medidas correctivas, como que se puede “disuadir” con 350 soldados de PM o con aumentar las penas a “los recurrentes” o que con sesgos xenófobos o que con culpar a los jueces se explican las causas. Experiencias internacionales, que podrían acogerse, no pasan por la mente del jefe nacional de la Policía, Iván Duque, y menos por la del ministro Molano, el del “protestódromo”, algo que mueve más a risa que a indignación.

Por ejemplo, el BID (2016), en ‘Delitos violentos en ciudades de América Latina’, afirma: “No comprender las causas de la delincuencia y descartar evidencia puede conducir a que los tomadores de decisión implementen estrategias ineficaces”. Definió cuatro factores concomitantes con el crimen: 1) Las penurias económicas; 2) La inestabilidad residencial, para los delitos contra la propiedad y lesiones; 3) La combinación de desintegración familiar, ausentismo escolar y estructura de edad de la población y 4) el consumo de alcohol. Sin desconocer particularidades, como en Colombia, donde contribuyen remanentes del conflicto armado y el narcotráfico.

También un compendio de The Guardian (junio 2015), ‘24 medios para reducir el crimen en las más violentas ciudades del mundo’, aporta otras ideas: “No usar lenguaje violento” (Padayachee); hacer “balance entre represión y prevención” (Muggah y Leite), y tratar la “violencia virtual”; incidir en la cultura por la convivencia y asistir con programas a asociaciones comunitarias y escuelas (De Boer-ONU); “atender la desigualdad” (Leite) y “reforzar controles de las armas ilegales” (Overton), que en Colombia crecieron de dos millones a 4.267.790 en 25 años, cuyo uso, fuera de homicidios, se triplicó hacia hurtos (www.ideaspaz.org). Rajados en todo.

Según la estadística delictiva (Policía Nacional) en el país, desde 2015 se cometen más de 12.000 homicidios al año. El robo a comercios se disparó de 23.060 a más de 60.000 en 2017, 2018 y 2019. Por la pandemia bajó, pero en 2021, con 25.000 que iban en agosto, pasarán de 40.000. El hurto a personas se triplicó entre 2015 y 2019, de 101.449 a 306.847, y descendió por la cuarentena, pero en 2021, a golpe de 21.000 mensuales, llegaría a 250.000, a 29 por hora, uno cada dos minutos.

En Bogotá se cuentan 271 atracos personales diarios, y a agosto 31 iban 65.207, tantos como en ese mes de 2018. Por hora se roban seis celulares y más de una bicicleta, y cada 120 minutos, una motocicleta (Secretaría de Seguridad y Convivencia). Se insiste en que “La guerra mundial contra las drogas es gran generadora de crimen, violencia e inseguridad” (Platt). En Colombia urbana es relevante. Aunque el consumo de sustancias ilícitas pasó del 2,7 por ciento de la población al 3,75 por ciento en una década, las capturas conexas con estupefacientes van en contravía: pese al mercado creciente, pasaron de 249 diarias en 2013 a 150 en 2019 (Cálculos-datos de MinJusticia y Gicri).

Sobre el microtráfico y las armas ilegales, se dice: “Todo se agrava en la medida en que las fuerzas de seguridad comienzan a confiar en estructuras corruptas”. La Policía Nacional no está exenta. Al consultar en Google “Policías corruptos en Colombia”, aparecen 894.000 resultados, más que en Ecuador, México y Francia, entre 420.000 y 768.000, pero menos que en Brasil y España, encima de un millón, fuera de reiteradas culpas en la observancia de los derechos humanos. En mayo de 2016, una “purga general” expulsó a “más de 2.000 uniformados” (SEMANA, mayo 2016). Entre 2016-2017 se destituyó por diversos delitos a 1.160 agentes, 54 por ciento por concierto para delinquir (MinDefensa). En 2018 había 2.488 policías detenidos (El Colombiano, 6 de noviembre de 2018). En Bogotá, entre junio de 2016 y 2019, se destituyeron a 547 (Publimetro) y un coronel y varios policiales fueron brazo de “ganchos” del Bronx.

“Si la sal se hizo insípida”, ¿quién le devolverá sabor? El debate debe iniciar por ahí y coincide con tres proyectos de ley, dos oficiales y uno de la oposición, para reformar a la Policía, de los que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, ya anunció que se aprobará el “que el gobierno quisiera” (Navas). Gómez pone así “¡Manos arriba!” a sus colegas, mientras el Modelo de Transformación Institucional (MTI) propuesto por una comisión consultiva en 2017, con glosas sobre salarios, reclutamiento y transparencia en investigaciones internas, sigue engavetado.