Bogotá: ¿del limbo al infierno?

Planeación Distrital presentó el Avance Físico del Plan de Desarrollo de Bogotá Mejor para Todos 2016-2020. Los programas deberían estar en un 50 % de cumplimiento, descontando tiempos de inicio y empalme, pero, por lo registrado, el balance es desalentador, en particular, en áreas cruciales.

En educación, de 30 colegios nuevos prometidos se han construido solo dos, y de 32 restituciones de sedes educativas van en una tercera parte.

Tres programas claves de dicha Secretaría están en cero: la reforma institucional, la alfabetización para adultos y los 35.000 cupos adicionales en educación superior. También como tortuga va la infraestructura sanitaria. De 40 CAPS (Centros de Atención Prioritaria), 22 se adaptaron en los eliminados Camis; no se ha puesto un ladrillo en los CEUS (Centros de Urgencia del Sur), ni en la reposición de cuatro hospitales, incluido el de Usme, ni menos en dos hospitales nuevos proyectados.

La atención de las personas no inscritas en régimen alguno, “los vinculados”, escasamente llega al 40 %. Y aunque se diga que en 2017 la EPS Capital Salud ganó $41.000 millones, el concejal Manuel Sarmiento demostró —con pruebas— pérdidas por $1.300 millones. Además, el saneamiento de dicha entidad, según Planeación, está apenas en 38 %.

Los damnificados de Peñalosa II son los niños y niñas. La Personería evidencia que de 723 mil, entre los cero y cinco años, el Distrito solo atiende al 17 %; es decir, a 125.436 en 366 jardines infantiles, muchos con notorias deficiencias. Por otro lado, se clausuraron 47 servicios diurnos y nueve nocturnos, como lo ratificó el informe de Planeación, que asigna un cumplimiento del 31,9 %. Los demás menores atendidos asisten a centros privados.

La alarma se prende en materias económicas y sociales. El crecimiento del PIB fue de 2,96 % en 2016 y 1,61 % en 2017, por debajo del resultado nacional de 3 % y 1,7 %, respectivamente; la pobreza monetaria creció, frente a 2015, de 10,4 % a 11,5 %, la extrema de 2 % a 2,5 % y el desempleo de 8,3 % a 10,5 % en mayo de 2018. En infraestructura social, va 21,9 % en ciclorrutas y 16 % en nuevo espacio público; de 60 mil viviendas VIS marcha apenas la tercera parte y lo planeado en alcantarillado alcanza un irrisorio 10 %.

En seguridad, pese a bajar los homicidios, el robo se disparó. El de bicicletas subió 66 % en los cinco primeros meses de 2018 con respecto a 2017; el de residencias se trepó a 8,6 %; los distintos robos que afectan a las personas aumentaron 56 %; el de celulares al 70 % —seis cada hora—, el cual se produce principalmente en el transporte público; el de autos y motos disminuyó marginalmente y los reportes por narcóticos aumentaron 9 %.

Movilidad es un fracaso. Para dejar el metro en un 30 % de avance solo se ha hecho el 10 %, lo que significa, como dice el concejal Hinestrosa, apenas un 3 % del gran proyecto de Bogotá. Ni un kilómetro de troncal; la malla vial arterial en buen estado ha decaído (según Veeduría-IDU); sigue en crisis el SITP, aún con billón y medio de pesos trasladado a los operadores, y el provisional permanece aplazado por dos años, mientras que tampoco tiene éxito la “guerra a los colados”.

En 2017, el 89 % de la contratación —por valor de $2,13 billones, que representa el 35 % del monto total— fue a dedo y tres licitaciones (aseo, semaforización y grúas-patios) están glosadas por organismos de control por graves motivos, lo que deja al descubierto un vacío de transparencia en la Bogotá de Peñalosa II.

Como afirmó el concejal Flórez, por la licitación de TM, continuarán miles de “buses-chimenea” de marca conocida, pero, al final, no se iniciará obra alguna, quizás el funesto Transmilenio por la Séptima. No obstante, quedará un cúmulo de contratos firmados con endeudamientos por décadas, pero sin estudios completos; el metro seguirá envolatado; se elevarán los impuestos confiscatorios, y el POT se guiará por marcados negocios inmobiliarios. Para rematar, Peñalosa ferió el 16% de la Empresa de Energía y atenta contra la ETB, que la ciudadanía espera salvar.

El libro Bogotá en el limbo, que presenté en noviembre de 2017, sintetizando los últimos 25 años, incluido Peñalosa I, corre el riesgo de perder vigencia: con Peñalosa II parece empezar el tránsito al infierno.

La troncal de TransMilenio por la Séptima: un falso positivo, opinión de Aurelio Suárez

«Los miles de bogotanos que enarbolan la bandera Defendamos la Séptima están llenos de argumentos frente al alcalde Peñalosa».

Al revisar la literatura actual sobre evaluación de proyectos de infraestructura, la metodología del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Kansas, utilizada en múltiples casos, parte de la premisa de que un análisis de decisión completo requiere tanto estudios Beneficio/Costo como de Impacto Económico Neto. Afirma –textualmente– que todo plan que carezca de ellos será un falso positivo.

Ambos estudios deben permitir responder preguntas como: ¿Hay ancho suficiente en todos los tramos de la vía en construcción? ¿Cuál es el resultado del vector de movilidad, en relación con el presente? ¿Cuántos accidentes se evitan? ¿Es suficiente el número de carriles? ¿Cómo funcionarían las intersecciones? ¿Cuál es el costo (VP) de la construcción? ¿Cuál es en valor presente el costo que tendrá la comunidad durante el periodo de construcción? ¿Cuál es, en términos ambientales, el beneficio por reducir la contaminación del aire y visual? ¿Cuál el intangible de destruir edificaciones de patrimonio cultural?

Un ejercicio del economista y magister egresado de la Universidad de los Andes, Mateo Hoyos, para el cuestionado plan de Transmilenio por la Séptima, demuestra que trayendo los flujos de caja que obtendría el Distrito una vez entre en funcionamiento esa troncal –a una tasa de retorno del 4%– apenas recuperaría en el año 2300 los $2,4 billones que Peñalosa y sus funcionarios han dicho de afán que valdría la obra. Agrega Hoyos que, de aplicarse una tasa del 7%, estándar a nivel internacional, la vía quedaría como programa a fondo perdido para el Distrito. ¿Nada va a decir la Contraloría Distrital al respecto?

Resulta peor cuando se evalúa el costo social de este Transmilenio por la Séptima. Desatendiendo el documento CONPES 3093, que jerarquiza troncales que atiendan áreas con alta densidad de generación (…) comunicando en su mayoría zonas de vivienda de estratos 1,2 y 3”, el TM se va a implantar sobre las localidades de Chapinero y Usaquén las de menor presencia de esta población. Entre las dos solo suman el 3,1% del total de Bogotá; apenas 10% de las viviendas y 8% de las personas. Entre tanto se relegan otras, como la de la Avenida Ciudad de Cali, que impactarían a dos millones de personas. A esto, el alcalde Peñalosa responde que estará feliz viendo “a los ricos en el transporte masivo”.

El balance es más grave cuando se nota que, como la Troncal por la Séptima no cumple tal condición del documento CONPES, su costo, como lo ha admitido la propia Administración, debería imputarse al del “Metro esbelto y elevado” a cargo del Distrito. De ahí resulta que para las finanzas de Bogotá dicha solución, seleccionada como la más barata, resultó más costosa: $6,3 billones, al sumarse estos $2,4 billones a los $3,9 billones del aporte distrital al proyecto global.

Tampoco la Troncal aliviará la movilidad. Para 2021, Transmilenio moverá 3.288.000 pasajeros al día y la Troncal de la Séptima, que tendrá una capacidad de 20 mil pasajeros-hora-sentido, a lo sumo absorbería la demanda creciente, pero no resolverá el colapso. Al final, se justifica como vía alterna a la Caracas cuando esté en construcción el esperpento del Metro “elevado” sobre los buses rojos; es decir, Peñalosa acude a esta absurda solución intentando enmendar su imperdonable error histórico: haber suplantado en el año 2000 del Metro por Transmilenio. Una equivocación para corregir una anterior.

Ambientalmente, aun en el caso de que miles de automóviles fueran reemplazados por 150 buses diésel, la ecuación inicial de contaminación no aparece positiva. Los primeros generan mucho menos gases de Efecto Invernadero (GEI) como CO2 y NOx, e igual sucede con el material particulado. Y si las unidades no fueran diésel sino eléctricas, cuyo costo de adquisición es mucho mayor, el tiempo de recuperación de la inversión es casi el doble, lo cual incidirá en la tarifa a los usuarios.  

A estas alturas, la Administración de Peñalosa no logra responder las objeciones expuestas, fiscales, ambientales, de movilidad y sociales y muchas otras más, porque carece de estudios mínimos que al menos comparen el costo de oportunidad del cuestionado plan frente a otras alternativas de gasto público. Y todo con el silencio cómplice de los organismos de control.

Los miles de bogotanos que enarbolan la banderaDefendamos la Séptima están llenos de argumentos frente al Alcalde que, a contramano, estuvo libando y celebrando por el endeudamiento que el Concejo le aprobó para este –técnicamente hablando– falso positivo.

Ciudad Verde: ganadores y perdedores en megaproyectos de vivienda

El estudioso, Aurelio Suárez Montoya, analizó la situación del crecimiento de las ciudades modernas.

El crecimiento de las ciudades modernas está supeditado tanto a la inevitable migración, que en Bogotá es de 120 mil personas al año, como a la política que se adopte para vivienda popular. Debe agregarse el crecimiento demográfico, que es del 1,1%, y la demanda de la clase media, que tiene en una casa su sueño patrimonial.

En la capital de la República ha habido dos ejes en la construcción de vivienda: el “pirata”- que ha construido el 50%, incluyendo invasiones- y el negocio inmobiliario, que ha evolucionado bajo distintas modalidades. El mercado de la vivienda involucra tres factores: la tierra, el capital –principalmente como crédito– y los materiales de construcción. 

Antes de 1972, el BCH y el ICT, corrían con la financiación, en oportunidades asociados con bancos comerciales. Luego vino el UPAC, que volvió rector al capital financiero con bancos y hasta capitales foráneos involucrados. Además de la cuota inicial, se creó un filón con préstamos de largo plazo y baja tasa de interés, tanto que los costos del capital en la construcción en 1982 ya eran 19%, el doble de una década antes.

El deterioro de la economía, según Álvaro Montenegro en 1998 cambió el préstamo UPAC de “una tasa de interés de 7,5% para préstamos y con una corrección igual a la inflación”, donde “el margen de intermediación… era de 5%”, a uno “tres veces mayor”. Como consecuencia, el sistema estalló en 1999 y 800 mil hogares perdieron sus viviendas. En Bogotá, de 48% de hogares con casa propia se cayó al 41%. El INURBE, creado en 1991 para apalancar con subsidios esa operación, fue arrastrado y liquidado en 2002.

En cuanto al suelo, según Samuel Jaramillo, ha habido una especulación “estructural” e “inductiva” para explicar los sobreprecios que se agregan cuando se “voltea” su uso. El índice del precio del suelo para Bogotá (IPS), de 100 puntos en 1960 pasó a 1.998 en 2016 y, por ende, entre 2003 y 2015 el precio de la vivienda, nueva y usada, creció 2,5 veces. 

La industria colombiana de materiales de construcción es “madura y fuerte”,  exporta cientos de millones de dólares y su principal mercado es la vivienda y la VIS, el 30% de las construidas, que goza de devolución de IVA. Hay un oligopolio cementero; en cerámica existe posición dominante de pocas firmas y también en elementos básicos como tubería plástica, ladrillos, tejas y hierro y acero. El Índice de costos de construcción de vivienda anual entre 2006 y 2017 varió en torno al 3,5%.

Las empresas constructoras, que facturan $27 billones al  año, también se concentraron en un grupo selecto. Amarilo, Cusezar, Grupo Colpatria, Constructora Bolívar, Marval, Prodesa, Urbe Capital, Coninsa Ramón H, Ospinas y Cajas de Compensación tienen lugar relevante.

Como solución “novedosa” se dictó el artículo 79 en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 con la figura de Macroproyectos de Interés Social Nacional, que dio lugar a 20 planes de este tipo, entre ellos Ciudad Verde en Soacha, contiguo a Bogotá. Entregaba al Gobierno Nacional la facultad para adelantarlos por encima de las autoridades territoriales y enganchar socios privados. Más tarde, la sentencia C-149-2010 de la Corte Constitucional, lo declaró inexequible por “desplazar las competencias constitucionalmente asignadas a los concejos municipales”. No obstante, permitió los que se estaban ejecutando.

Ciudad Verde es emblemática. Luego de seis años, se han ubicado 36 mil familias, de 42 mil proyectadas. Las de la primera etapa, que colonizaron el proyecto, fueron plantadas en la parte más occidental del terreno, una antigua propiedad rural de la familia Puyana y de otros, a un kilómetro de donde se planea la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas, zona que el POT de Soacha no tenía dentro de las 230 hectáreas contempladas para expansión sin afectaciones ambientales ni inundaciones. El proyecto, en una suerte de “volteo”, siguió desde ahí hacia el oriente.

Las quejas de la población habitante, además de los malos olores en áreas circundantes, son múltiples: quedó tirada en este territorio con colegios insuficientes para la cantidad de estudiantes; sin un centro de salud para urgencias; con transporte deficiente e inexistente en horas nocturnas y a la hora de ir a trabajar; con una sola guardería donde se hacinan 600 niños; inseguridad creciente, con pandillas y microtráfico, ante la falta de Policía; exorbitantes tarifas de los servicios públicos, como la del aseo, a nivel de estrato cuatro, sin una prestación adecuada y con defectuoso suministro de acueducto.

Se trata de hogares con uno y dos salarios mínimos que acceden a subsidios de $22 millones pero que aun así no logran pagar las cuotas de amortización de crédito y  administración de sus conjuntos, por lo cual 60% de los habitantes son arrendatarios.

Cuando se evalúan las políticas de vivienda popular, VIP, VIS o Gratis, los ganadores son los mismos y los perdedores los de siempre. ¿Será posible un cambio con dicha estructura oligopólica e integrada bajo los mismos intereses financieros, de especulación inmobiliaria y alta concentración del negocio? Me temo que no, que toda “mejora” irá en peor.

‘Bogotá, peor para todos’

Análisis del informe de Calidad de Vida de ‘Bogotá Cómo Vamos’ sobre la gestión de Peñalosa.

Con los resultados del Informe de Calidad de Vida, de Bogotá cómo vamos año 2016, confirmé que la revocatoria promovida en Bogotá contra Enrique Peñalosa, y que el Consejo Nacional Electoral quiere enredar, obedece no a que el Alcalde no haya podido mejorar lo heredado, sino que lo ha empeorado.

En educación declinó la cobertura escolar, que bajó más de 4% y, aunque se atribuye a un cambio de metodología, la matrícula en el sector oficial se redujo en 50 mil estudiantes. Paralelo con esto, anda subiendo, para todos los niveles, la tasa de deserción escolar. Correlacionado con el incremento de la criminalidad entre jóvenes el asunto se torna de gran preocupación.

Ha subido el número de niños menores de 5 años muertos por cada mil, creciendo los de Infección Respiratoria Aguda. También el 17,5% de ellos tiene prevalencia de desnutrición crónica y, en materia de salud sexual, crecen tanto los casos de sífilis como los de incidencia de notificación de VIH/SIDA, que llega a 34,8 por cada 100 mil habitantes, el doble de hace 5 años.

Bogotá ya no es metrópolis de oportunidades. El tiempo para recuperar el empleo perdido creció hasta por 20 semanas, y el desempleo, del 9,3%, está por encima del nacional y en jóvenes supera el 15%.
En seguridad sólo el 19% se siente seguro en la ciudad y el 40% ha sido víctima de un delito, crece la violencia sexual, la intrafamiliar y el hurto a vehículos.

Resulta además patético lo de movilidad. Siendo Peñalosa un experto, aumentó el tiempo de duración de los viajes y sobre todo en Transmilenio, que va en 77,8 minutos, el más alto de todos los modos de transporte. Es decir, 2016 fue peor hasta para Peñalosa.

Glosas a la valoración de ETB por Carlos Caballero

En la edición de El Tiempo del 15 de mayo, Carlos Caballero tituló su columna “ETB no es una joya sino…un lastre”. Los fundamentos son que las joyas no pierden valor y, según él –retomando el método de valoración de un periodista de Semana–, la empresa lo ha perdido. Agrega que ETB está atrasada tecnológicamente y que por los escasos recursos financieros del Distrito se justifica, haciendo un símil con la venta de Isagen, que el producto de su enajenación se destine a inversión social y a vías.

De la parrafada contra ETB no se sabe qué es peor: si el desconocimiento de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá o el método burdo para valorarla o la arbitraria comparación con la ingrata subasta de uno de Isagen.

Para información del columnista, vale recordar que ETB tiene una nada despreciable red de cobre y una de fibra óptica con capacidad de conectar a 1,2 millones de predios en la ciudad. Con ella ofrece servicios completos de telefonía básica, de televisión con el mayor número de canales en el país, de internet de 25 megas, como ninguno otro, y todo esto –en los estratos sociales medios– al mismo precio que los admirados “operadores privados”. Y ni hablar en los estratos altos, donde las condiciones los doblan en calidad y los precios no llegan a la mitad. ¿Dónde vive Carlos Caballero?

ETB participa en un conjunto de empresas ligadas al sector TIC como Colvatel (prestación y comercialización de bienes y servicios en ese campo), Skynet (de transmisión satelital) y tiene el Data Center más moderno de Colombia, que permite amplio y masivo almacenamiento de datos en la nube garantizando la seguridad de dicha información. Increíble que Caballero escriba sin conocer bien de qué habla, obviando incluso que un estudio de Fedesarrollo de 2015 estableció que la pérdida de bienestar de los consumidores de Colombia por “falta de competencia efectiva” y por “alta concentración del mercado”, en servicios móviles, donde predominan los monopolios a los que ensalza, es de $8 billones anuales y que la OCDE advirtió que el 92% de las conexiones de internet se encuentra en el nivel de velocidad inferior a 4 MB.

Tan disparatado como su descripción de ETB es el método que usa para valorarla, con el que de un plumazo concluye que es un “lastre”, que “pasó de valer 2.000 millones de dólares en 1998 a 798”. Para esto coge la tasa de cambio de entonces, cercana a $1.500, como el divisor de un valor a esa fecha (¿En libros? ¿De mercado?).

En círculos académicos de cierto nivel, la forma correcta de valorar una empresa –y más en casos como éste– es mediante los flujos de caja futuros traídos a valor presente y no el rústico de la división simple de valores por tasa de cambio que utiliza este decano de Uniandes. Hay estudios que, haciendo ese tipo de valoración, dicen que al menos la rentabilidad de ETB será igual o superior a su costo de capital y que, tasando el patrimonio con base en ellos, se acercaría a $4 billones para 2016, teniendo en cuenta que las inversiones de ETB en fibra óptica y en tecnología 4G LTE tienen menos de tres años, que están en estado intermedio, y que debido a que el plan de negocios no incorporó una eficaz estrategia comercial no han empezado a monetizarse al ritmo esperado.

En cuanto al marginamiento del Estado del sector de las telecomunicaciones, Caballero sienta otra falacia. Por la seguridad informática y el desarrollo tecnológico el Estado es indispensable, como se prueba en casi todos los países europeos donde sigue siendo socio importante de las primeras empresas respectivas y en Stokab, de propiedad ciento por ciento de la ciudad de Estocolmo, tenida como el primer nodo TIC del mundo.

Tampoco cabe aquí -como en Isagen- “cambiar un activo por otro activo”. Los colegios se construirían con plata del gobierno nacional, y, en cuanto a la salud y a la niñez, los recursos de la subasta de ETB no serían ni el 2% del valor del Plan de Desarrollo y, si van para invertirlos en vías, para concesionarlas al SITP, por razones conocidas este sistema ha causado al Distrito una rentabilidad promedio en los últimos 4 años del -300%!! ¿Van los recursos a este barril sin fondo?

Los estados financieros de ETB se han alterado: a raíz de la aplicación de las normas contables NIIF, los egresos aparecen insólitamente pasando de $0,9 billón a $1,8 billón en tres años, duplicados, un manipulación igual a la de 2012, cuando se registraron ingresos que no ocurrieron.

En la historia de ETB se cometieron graves errores: La salida a la baja de Comcel y la mala aventura en OLA y también la transacción reciente de las acciones de TIGO en 40 millones de dólares menos (acorde con el avalúo de la banca de inversión) o la especulación bursátil cuando el alcalde Moreno buscó “socio estratégico”. Por fortuna no se ha cometido el peor: la venta, agravada si se valora como lo hizo Carlos Caballero, que, para colmo de males, le mereció un trino de felicitación del alcalde Peñalosa.