¿Para quién es la “bonanza”, doctor Vélez?

La estructura de la industria cafetera cambió en el último lustro en sentido contrario al interés del minifundista, que predomina en ella con parcelas menores de una hectárea.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Aunque por equivocadas resoluciones, la mitad o más del café consumido en Colombia, como 1,3 millones de sacos en 2018-2019, venga de Perú, Ecuador u otros orígenes o que unos intermediarios mezclen ese mismo grano foráneo para exportarlo como Colombian Coffee, el tema cafetero ya no despierta mayor interés ni menos los dramas que viven los caficultores. No es principal fuente de ingresos del país, ni negocio de las élites, ni primer vínculo con el capital extranjero, pero ocupa en 500 municipios y hasta en 22 regiones a 550.000 familias en 900.000 hectáreas, y destina 90 por ciento de su producto al mercado externo como mayor exportador del sector agropecuario.

En 1989 se rompió el Pacto de Cuotas del Café, por el cual los países consumidores hacían compromisos de compra en precio y cantidad con los oferentes. Se dijo que el grano colombiano sería ganador en el libre comercio, pero ha sido cuadriplicado en producción por Brasil, duplicado por Vietnam, casi igualado por Indonesia y las reexportaciones europeas a zonas aledañas han copado ese segmento. El mercado, pese a primas o bonificaciones en nichos diferenciados, no escogió por la calidad.

El ingreso de la familia cafetera ha sido lesionado. Mientras que en 1989, con el equivalente de una carga de 10 arrobas se pagaban 60 jornales o se compraban 1.245 kilos de fertilizante o 75 kilos de carne o 299 galones de ACPM, en 2021, con precios de la presente “bonanza”, se reconocen por esa misma cantidad 42 jornales o 56 kilos de carne o 684 de fertilizante o 161 galones de diésel. El poder adquisitivo en unos renglones cayó a la mitad y en otros perdió la tercera parte, un empobrecimiento en precios relativos.

La estructura de la industria cafetera cambió en el último lustro en sentido contrario al interés del minifundista, que predomina en ella con parcelas menores de una hectárea. Las exportaciones institucionales, que hace la Federación de Cafeteros con recursos públicos del Fondo Nacional del Café, ceden terreno frente a las de los particulares, en su mayoría agencias de las comercializadoras globales. Entre 2011 y 2015, la Federación exportó casi uno de cada cuatro sacos; entre 2016 y 2020, menos de uno de cada cinco.

¿Qué implica tal pérdida de participación? Veamos: entre 2011 y 2015, cada saco de 60 kilos exportado por la Federación se vendió en promedio a 272 dólares, en tanto las agencias transnacionales lo pusieron a 236. Para el periodo entre 2016 y 2020, las colocaciones de la Federación cayeron a 210 dólares y las de los exportadores privados a 203. Convergen a la baja.

La causa, se han reducido las cotizaciones. Entre 2011 y 2015, el precio internacional por libra promedió en 1,97 dólares y en el último quinquenio en 1,48. Los precios han descendido, pero el valor medio del dólar, comparando los dos periodos, se movió en sentido contrario: de 2.051 a 3.187 pesos. Al multiplicar ambos factores, que determinan el precio interno de compra al productor, la libra alzó de 4.040 a 4.461 pesos, solo 10 por ciento, por debajo del incremento de los costos al caficultor en insumos y mano de obra.

Tal mecanismo de fijación del precio de compra es causa primordial de la erosión del ingreso cafetero y corre a favor de los intermediarios que van a la fija. Urge cambiarlo por otro en el que los riesgos no recaigan sobre la producción, la que debe remunerarse rentablemente antes de que sobrevenga otro estallido como en 1995, 2001 y 2013.

En esa senda, por ajustarse a la ruleta de precios internacionales a futuro y otras razones particulares, está amenazada la garantía de compra por medio del sistema de 33 cooperativas, algunas de las cuales, entre las más importantes, arrojan resultados negativos recurrentes. Así pasa en la de Andes en Antioquia, la de Risaralda, las de Tolima-Ibagué, Cafinorte y las del Huila que, con márgenes muy estrechos, acusan riesgo financiero.

Esto trae aparejado un efecto dominó sobre su exportadora matriz, Expocafé, a la que proveen el 30 por ciento del café transado, que en los últimos tres años tiene una pírrica rentabilidad media sobre los ingresos del 0,25 por ciento, un nivel de endeudamiento de tres de cada cuatro pesos de sus activos y utilidades financiadas con pasivos.

¿Para quién será entonces la “bonanza” anunciada, doctor Vélez? Como siempre ¿para agentes externos?

Nota: fui escogido en 2016 entre las ocho personas que podrían ser nombradas gerente de la Federación de Cafeteros y tuve respaldo de varios comités. He guardado cautela frente a la actual administración y coincido en defender la caficultura nacional frente al oligopsonio en la demanda mundial que deprime las cotizaciones. No obstante, ello empeora si el frente interno se entrega a quienes nos asfixian afuera.

“Lo que gasto es más de lo que gano”

Contrabando e importaciones y la elevación de los costos lo tienen produciendo a pérdida. José Erney Vargas, se queja también de la negociación en la CAN, que permite a Perú y Ecuador traer arroz barato. Están entrando con el TLC más de 200 mil toneladas. Un caso empresarial.

Erney es hijo de uno de los más recios colonizadores del Ariari, por entonces un terreno selvático, que él desbrozó a fuerza de tesón para sembrar maíz y plátano. Provenía del sur del Tolima, desplazado por la violencia, y se instaló en el caserío de Dosquebradas, perteneciente hoy al municipio de Granada, Meta. Debió dejar atrás la casa, los enseres y una recua de nueve mulas, pero la nueva tierra fue pródiga con él y el sembrío le dio para levantar a sus siete hijos, cinco varones y dos mujeres.

El primogénito, José Erney, nacido en Ibagué en 1960, heredó el temple de su padre y la entereza de aquellos viejos inmigrantes que abrieron hace décadas las puertas de la Orinoquia y la Amazonia, 600 mil kilómetros cuadrados de una Colombia aún desconocida.

José Erney se inició como camionero, pero muy joven todavía decidió dar el paso a la agricultura del maíz, ya por entonces más tecnificada gracias a la influencia de Fenalce y a la del Comité de Cerealistas de Villavicencio, que
reunía a los pioneros en el impulso del cultivo.

Comenzó produciendo 3 toneladas por hectárea hasta llegar a 7 en el mejor momento, con combinadas, tractores y transferencia de tecnología, a nivel empresarial. Fue una labor difícil, reconoce, por los graves problemas que  perturbaron durante muchos años la región del Ariari, escenario de continuos enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares. La enturbiaba además el narcotráfico, grupos y grupos de bandidos que terminaron acaparando el territorio e imponiendo su ley. “Los más perjudicados fuimos nosotros los civiles, empresarios, trabajadores, campesinos, víctimas de extorsiones o secuestros y no menos de las fumigaciones aéreas, que acabaron contaminando el suelo”.

Fue por aquella época cuando decidió abandonar otros géneros para concentrarse en el arroz, aun cuando la familia combina todavía ambos cultivos en la finca paterna, de 120 hectáreas, sembradas en su totalidad. Con 3 tractores,
2 combinadas, la sembradora, varias encaladoras, cultivadora, rastras, rastrillos, boleadora y fumigadora, el cosechero produjo en 2014 entre 4 y 5 toneladas por Contrabando e importaciones y la elevación de los costos
lo tienen produciendo a pérdida. José Erney Vargas, se queja también de la negociación en la CAN, que permite a
Perú y Ecuador traer arroz barato. Están entrando con el TLC más de 200 mil toneladas. Un caso empresarial.
23 Efectos del TLC Colombia-EE.UU. sobre el agro – Los rostros – hectárea. Pero se queja de que el equipo y la maquinaria se le quedaron obsoletos, porque no hay excedentes para renovarlos.

¿La razón? El arrocero une su voz a la protesta unánime de campesinos y empresarios que se escucha en Colombia de La Guajira hasta Nariño: “Desde cuando empezó a aplicarse el TLC, estamos produciendo a pérdida. Lo que gasto es más de lo que gano”.

Y precisa: “Los costos de combustibles e insumos se han incrementado, los márgenes de rentabilidad disminuido por la caída de los precios, la maleza ha adquirido resistencia a herbicidas y fungicidas y, frente a tantas y crecientes dificultades, el gobierno no tiene una política de apoyo al productor nacional. Nos ponen a competir con los agricultores norteamericanos, pero sin los subsidios de los que ellos sí disfrutan”.

La denuncia es explícita: “No se ven los beneficios del TLC, porque el tratado era supuestamente para traer materias primas importadas baratas, pero hacia los productores no sirve. Sembrar una hectárea de arroz cuesta alrededor
de 4 millones y medio de pesos y llevamos dos y tres años perdiendo plata, porque todo ha subido. Nos perjudican además las sequías en el verano y las inundaciones en invierno, los bajos precios del producto y los problemas de
comercialización”.

Reafirma: “Los agricultores queremos seguir adelante y no le creemos al gobierno cuando dice que el futuro del agro son las uchuvas u otras clases de productos. La realidad es que el gobierno está mintiendo cuando afirma que se
genera empleo. Hoy en día uno invierte plata o capital en el estudio para sacar a la familia adelante, pero no hay oportunidades”.

José Erney es claro en afirmar que la situación económica del empresariado arrocero ha ido desmejorando: “El panorama es gris oscuro para cualquier cantidad de gente que lleva décadas haciendo patria. Los pocos bienes que hemos hecho a través de la historia de nuestra vida están a punto de perderse, porque los bancos nos tienen embargados o reportados y a punto de quedarse con ellos”.

El crédito, una dependencia amarga, no sirve para avanzar

Como todos los empresarios, José Erney Vargas, depende del crédito. Por el año 1990 vivió su primera amarga experiencia amarga de otras que seguirían iguales o perores. Fue con un préstamo de fomento otorgado por el hoy
Banco Agrario para adquirir una máquina combinada. La entidad le concedió 32 millones de pesos, pero él terminó pagando en total 240. Hasta le embargaron la propiedad, que alcanzó a salvar a última hora.

Hace tres años recibió un crédito de la banca comercial por 120 millones de pesos, con dos años de plazo, para atender una emergencia por la ola invernal. Hasta ahora ha cancelado el 60% y consiguió reestructurar el saldo a otros dos años. El crédito estaba a una tasa de DTF y con la reestructuración le quedó por encima del 1% mensual.

El balance es desalentador: “La presión de las deudas es enorme. Voy a cumplir 55 años y no he logrado avanzar. Vivo con las mismas deudas y los mismos problemas que tengo desde hace 25 años”.

Por el lado del precio tampoco pinta bien el panorama. Hace dos años el arroz estaba en 106 mil la carga de 125 kilos, un precio impuesto por los molineros, que no equivale al valor real, puesto que el arroz puede tener humedad, impurezas y grano partido y en la práctica sale apenas en 90 mil pesos, un nivel que los molineros mantuvieron en el 2014, pese a que los insumos y demás costos se han incrementado en forma casi exponencial. Producir una tonelada de arroz paddy le cuesta entre 800 y 850 mil pesos y está sacando alrededor de 5, laborando todos los días y a toda hora. En solo semillas certificadas, fertilizantes y agroquímicos se le va el 60% y el resto en arriendo, mano de obra, recolección y transporte.

“En los bajos precios —explica José Erney— inciden las importaciones permitidas por el TLC, que ya superan las 200 mil toneladas, como también el contrabando y la negociación del libre comercio con la CAN, pues Ecuador y Perú producen un cereal mucho más barato, que entra a Colombia importado legalmente con cero arancel o de contrabando”. Y esto sin contar el factor climático y el problema de los ácaros y bacterias, agrega.

Él, como el resto de maiceros y arroceros, adquiere a crédito los fertilizantes comprándolos a los grandes distribuidores con almacenes en Granada. Toca apelar a veces a intermediarios de otras firmas, añade, porque no pocos agricultores están reportados o vencidos en sus créditos. “El gobierno nada ha hecho por bajarles el costo —dice—. Nada absolutamente nada, el ministro es un leguleyo. Tampoco presta ningún tipo de asistencia técnica”.

Comenta que en la región han disminuido las siembras de arroz y ya tan solo con una cosecha al año. Hoy en total no hay más de 15 mil hectáreas sembradas.

Con el ánimo en baja ante el receso productivo y la falta de apoyo estatal, José Erney Vargas no deja a veces de sentirse tentado a vender la finca y a vivir de la renta, junto a su anciana progenitora, que está a su cargo, la esposa y los dos hijos. “Pero no me decido, porque no sirvo para eso”.

Por ello no ha recurrido al expediente usual en estos casos, el despido de los trabajadores. “Mantengo siete trabajadores diarios, entre tractoristas y combinadores,
y pago en salarios 350 millones de pesos al año”.

José Erney Vargas Perdomo es un destacado dirigente gremial, desde hace veinte años presidente del Comité de Cerealistas, miembro de la junta directiva de Fenalce, directivo de Agameta —cuya lucha acompaña desde hace trece
años— e integrante de Dignidad Nacional Agropecuaria. Abriga la convicción de que es solo así, mediante el esfuerzo unificado de todos, empresarios y campesinos, como se le puede hacer resistencia a la ofensiva contra la producción
nacional.

 

Tomado del libro ‘Efectos del TLC Colombia -EE.UU. sobre el agro. Los rostros y las cifras.’ 

Polémica sobre la cuestión agraria con Hommes

Rudolf Hommes se refirió a un cara a cara –entre él y yo– que hizo en su último número (aún en imprenta) la revista Banca y Economía sobre ‘¿qué hacer con el campo colombiano?’. Su propuesta tiene dos premisas: un fondo de tierras para arrendarlas a campesinos y pequeños productores, y desmontar la UAF para permitir la inversión de grandes capitales, en especial en la Altillanura. Más allá de si coinciden con el Estado Social de Derecho, vale mirar si ambas pueden recuperar el agro de su indignante estado de postración.

No sorprende lo que se está conociendo de la realidad rural. La desigualdad en la estructura de la propiedad, el predominio de cultivos tropicales y la participación superior de la ganadería en el área agropecuaria eran verdades sabidas, y comprobadas por el Censo. Si se añade que el país importa el 30% de sus alimentos, el cuadro no puede ser peor.

Ese resultado no es fortuito, es fruto de las políticas económicas y sectoriales que han regido. Si se parte de que la pequeña propiedad es más productiva, el aumento de su participación en la agricultura nacional, empezando por la que cuenta con tamaños y recursos básicos, dependerá de la “demanda efectiva por sus alimentos o productos” (Bejarano, 1998) y del acceso a bienes necesarios para su fomento, asistencia técnica, recursos de capital, etc. Es decir, tan indispensable como la dotación es el consumo doméstico, hoy entregado, en gran proporción, a géneros extranjeros importados con dumping, como lo ha comprobado Woodrow Wilson International Center (2010) para el caso mexicano.

Ahora bien, que la tierra sea propia o arrendada no es asunto menor. Está demostrado que la propiedad es elemento de control de los demás recursos productivos, crédito, infraestructura y tecnología, y la concentración de la tierra conlleva “mantener un dominio diferencial” en dichas áreas (Bejarano, 1998). Por otra parte, arrendarla a los pequeños y entregarla a potentados, sin límite ni control, no solo ahonda la iniquidad, sino que lleva implícito un “costo social de preferencia” (Deininger K. y Byerlee, BM, 2011), definido como “expansión en lugar de la intensificación, y comúnmente dejan a las comunidades locales con muy pocos beneficios, y (…) a menudo con efectos negativos sociales y ambientales”. En otras palabras, esa gran propiedad así abierta es más especulación que producción, está documentado en procesos del ‘acaparamiento’ global que se ha desatado.

Ello no puede servir para excluir a la genuina agricultura empresarial, que en Colombia existe y debe perdurar. Su lógica económica es distinta a la de la campesina, pero su desarrollo depende de que el empresario rural recupere el capital invertido en insumos, equipo, salarios, así como el costo de oportunidad de la tierra más una tasa de ganancia y una renta adicional de la tierra por unidad producida (Suárez, 2007).

¿Garantizan las políticas actuales dicho ingreso al capitalismo del campo? Me temo que no, con los fertilizantes de altísimos costos, la pérdida en precios relativos en energía y combustibles y un IPP creciente, de más de 40 puntos desde el 2005. Todos son factores, junto con la pérdida del mercado interno, ligados a las fullerías del ‘libre comercio’ contemporáneo en países como Colombia, cuyo capitalismo adolece de desarrollo suficiente y con baja capacidad nacional de competencia.

Con pena, debo decir que no me “es posible tender el puente y la visión de compromiso” que me propone Hommes, ya que sus formulaciones llevan implícitas las mismas políticas que dieron al traste con el campo, y, como tales, no solucionan los problemas estructurales, los ahondan. No es ideología, son criterios básicos de economía de la agricultura.