Cauca: café y conflictos en el posconflicto

En el departamento existen 15.000 hectáreas de coca en municipios como El Tambo –entre los 5 primeros de Colombia–, Balboa, Miranda y Corinto.

Casi uno de cada cinco caficultores de Colombia está en el Cauca. Cuenta el exdirector del periódico El Nuevo Liberal, Manuel Saa, que en la época de la bonanza, por los años setentas del siglo pasado, su padre llevó las primeras semillas, vistas entonces por allá como exóticas. Hoy noventa mil minifundistas producen ocho millones de arrobas, cien millones de kilos, un millón seiscientos mil sacos, cerca del doce por ciento de la cosecha nacional.

De dichas proporciones se deduce que la producción individual es de muy poco volumen, de 17 sacos, 8 y media cargas, lo cual arroja a cada productor un ingreso bruto de solo $600.000 mensuales y cuyo saldo neto resulta muy precario.

Estando así el café en dichos niveles, que en algunas zonas caucanas recibe precios superiores por ser de categoría especial, los demás renglones agrícolas tienen aún rentabilidades inferiores. Entre todos los departamentos, la región cuenta con el mayor número de cultivadores minifundistas de plátano, yuca y otros tubérculos. Así mismo, la siembra de caña de azúcar se ha extendido hasta las estribaciones de la cordillera, donde los ingenios con sus plantaciones hacen del Cauca el segundo del país en este género, con el 18% de la superficie sembrada y con solo 7.700 unidades productivas.

A contramano, en el Cauca existen 15.000 hectáreas de coca en municipios como El Tambo –entre los 5 primeros de Colombia–, Balboa, Miranda y Corinto. Según ciertos relatos, el tamaño promedio de este cultivo genera cien arrobas de coca trimestrales, que les significa a los cultivadores cerca de $4 millones de ingreso en ese lapso. Al final, acorde con las cuentas de los propios campesinos luego de descontar costos, se causa un ingreso neto de $700.000 al mes, superior al de muchos cultivos. Y aquí surge un primer gran conflicto: ¿cómo y cuándo y a cambio de qué se sustituirán las casi 200 millones de matas existentes?

El 20% de los caucanos son indígenas que reclaman los territorios que consideran propios según cédulas coloniales expedidas cuatro siglos antes. Así mismo, el 21% que son afrodescendientes en pueblos como Guachené, surgidos de los descendientes de los cimarrones rebelados contra la esclavitud, corren el riesgo de quedar ahogados ante el avance de la agroindustria en áreas colindantes. El gran ausente para dirimir estas disputas y concertar su solución es el Gobierno de Santos, que no actúa como árbitro sino como observador pasivo, aunque en no pocas ocasiones recurre al ESMAD.

Hoy están movilizados campesinos e indígenas en las principales vías reclamando que al menos se cumplan las propuestas reformistas consagradas en los acuerdos de terminación del conflicto. El gobierno debe atenderlos, tanto por el bien de los sectores reclamantes como para aclimatar la convivencia y el bienestar general.

Un ministro de Agricultura “urbanizador”

Análisis sobre el recién electo ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga.

Cuando Juan Manuel Santos presentó a Juan Guillermo Zuluaga como nuevo ministro de Agricultura y dijo que “tenía gran experiencia en el sector”, quienes lo conocen bien quedaron atónitos porque, fuera de practicar team penning (deporte de vaqueros a caballo, según La Silla Vacía), no sabe ni siquiera “castrar novillos”, condición que esgrimía el anterior ministro Iragorri para validarse. Zuluaga ha hecho, ante todo, carrera política desde asesor del Congreso hasta alcalde de Villavicencio, mayormente al lado del Partido de  la U.

En lo que Zuluaga tiene experticia es en procesos urbanísticos, como los adelantados en su Alcaldía entre 2012 y 2015. Basado en un Convenio Interadministrativo con la Gobernación de Alan Jara, el 554 del 28 de junio de 2013 -que sumaba $126.561 millones-, y aunando esfuerzos para la disposición de 3196 viviendas VIS, impulsó a su vez, desde Villavivienda, el 005 del 25 de septiembre de 2013, para la construcción de 1874 de precarias especificaciones en la Ciudadela La Madrid, y el 006, del 4 de diciembre de 2013, para otras 1322 en la Trece de Mayo, ambas de  impacto inmobiliario al suroeste de Villavo. 

En el primer convenio, el 005, Zuluaga, en terrenos de propiedad del municipio, configuró como “aliado estratégico” al mayor contratista de ese departamento, Iván Pérez, escogido a dedo precisamente cuando Carmelo Pérez, primo del beneficiario, era secretario departamental de vivienda. Algo similar pasó con el 006, donde el “dedazo” fue para  Óscar Salamanca quien resultó domiciliado en el “escritorio del lado” en la misma oficina de Iván Pérez en el Parque Comercial La Primavera.

El valor de las viviendas se pactó a $43 millones por cada una y sus fuentes de pago fueron $28 millones puestos por la Gobernación; $6 millones aportados por los beneficiarios; urbanismo y terrenos auxiliados por Villavivienda y un exiguo monto por la firma MC de Pérez.

Ninguno de los dos proyectos llegó a término en sendos plazos de quince y once meses sin que se hubiera pactado prórroga para cubrir el desfase. En lo que sí hubo agilidad fue en vender 70 lotes en la zona más contigua de expansión de La Madrid, sobre las nuevas vías principales,  y varios a Pérez y a sus empresas. 

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En el marco de legalizar tardíamente tales convenios, Zuluaga los introdujo en la revisión del POT de Villavicencio, sancionado a la sazón por el Concejo el 29 de diciembre de 2015, una vez había aprobado y ajustado los necesarios planes parciales el 31 de diciembre de 2014 y el 27 de octubre de 2015, mucho tiempo después de haber seleccionado a Pérez y a sus asociados. Este proceder enrevesado le valió hasta acusaciones de Pérez, quien lo calificó de “manejo improvisado y desordenado”. Ese POT se expidió en medio de un boom de mercado de tierras al voltear por expansión dos mil nuevas hectáreas y que en 2015 se expresó entre los tres mayores índices de precios de vivienda nueva en el país.   

Hay más cuestionamientos a la gestión urbanística de Zuluaga como la declaración de tres zonas industriales en el nuevo perímetro urbano sin siquiera tener servicios públicos y como el leonino contrato del Municipio para zonas azules -de parqueo permitido en calle- donde el socio privado se queda con el 80% del producido. También se critica el inicuo cobro de cesiones urbanísticas al Parque Comercial La Primavera a valores irrisorios, así como el negocio de la plusvalía que debía pagar la encumbrada firma Amarilo, en desarrollo de la construcción de miles de unidades de vivienda, canjeada por algunas áreas que al parecer resultaron localizadas sobre la línea de transmisión de gas, una servidumbre que impide cualquier utilización.

Si la labor de Zuluaga con el agro se equipara a la de su Alcaldía, con estos hechos que son de público conocimiento, le esperan al sector mayores tragedias que las que motivan la justa protesta arrocera desde el 12 de octubre.

Lo anterior no debe ir en detrimento de que haya un llanero en esa cartera, pero de los que abundan en dicha tierra de gente laboriosa, que conocen de agricultura y ganadería, no de duchos en pasar tierra rural a urbana. ¡Vaya paradoja!

Adenda: ¿Será que la investigación de la Fiscalía a Iván Pérez se extenderá hasta la Alcaldía de Villavicencio 2012-2015? Por menos hay unos cuantos ex alcaldes imputados y hasta detenidos.