Agro, Ingreso Seguro 2.0

En el colmo de los colmos, el crédito agropecuario está destinando cuantiosos montos a financiar las importaciones de productos del agro. ¡Horror!

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 2006, Álvaro Uribe lanzó el programa de crédito agropecuario subsidiado Agro, Ingreso Seguro, presentado para “promover la productividad y la competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía” (DNP).

Jorge Enrique Robledo demostró lo contrario: “El gobierno nacional tomó los escasos recursos del sector agropecuario (…) y los distribuyó de una manera concentradísima, en beneficio de unos pocos muy poderosos, a quienes les dio mucho, mientras que a casi todo el resto de los colombianos no les dio nada y a unos cuantos tan solo alguna cosa”.

Desde el comienzo se sabía que, dentro de las dadivosas entregas a la cúpula de beneficiarios, se violaron las normas en cerca de 40 casos por valor de 16.567 millones de pesos, por lo que los implicados debieron devolver esa suma (El Espectador). El ministro Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por 17 años, inhabilitado y multado por organismos de control, y con él llevados a juicio más de una decena de funcionarios. Varios de ellos y un número similar de los particulares aventajados irregularmente se acogieron a sentencia anticipada (El Espectador).

Resulta absurdo que, en 2020, 15 años después, el Gobierno de Duque repita la historia, al menos con la concentración del crédito. Informes de Finagro y glosas de analistas y gremios del campo lo demuestran. De 24,2 billones de pesos que se colocaron, 17,2 billones, el 71 por ciento, se prestaron apenas al 2 por ciento de los solicitantes, calificados como “grandes”. En la otra orilla, el 75 por ciento de los prestatarios, los “pequeños”, apenas recibieron 14 por ciento de las colocaciones, 3,4 billones (Finagro).

En números absolutos significa que “el saldo promedio de cartera de un pequeño productor es de cerca de $7 millones; el de un mediano, de $60 millones, y el de un grande, de $1.202 millones” (Finagro, 2020, p. 86). Luego 14.309 “muy poderosos” disponen de casi 18 billones de pesos, en tanto 60.000 medianos se hacen a 3,6 billones, y 485.714 campesinos y menores productores acceden entre todos apenas a 3,4 billones. Como las unidades de producción agropecuaria son casi 2 millones, resulta que cerca de tres de cada cuatro no acceden a ningún tipo de crédito. ¿Así o más desigual? (Dane- ENA-2019).

Ahí no para la iniquidad. Cuando se mira el objetivo de los créditos, el dato es aterrador. Sabiendo que los escasos recursos son solo 2,4 por ciento del PIB, mientras el agro es casi el 7 por ciento de la economía, tres de cada diez pesos colocados van a “normalización”. Es el nombre técnico para “refinanciación”, que no es para nuevas actividades, sino para sujetos cuyas obligaciones “no han podido cumplir con el cronograma de pagos acordado”. No fomenta la producción, sino que prorroga a mayor costo los recorridos de crédito sobre morosos entrampados, lo que es evidencia de las gigantescas dificultades del campo.

Un documento de Fedegán denuncia quiénes son los “muy poderosos”: “Dentro de una distorsionada concepción de cadena, incluyen rubros de Comercialización y Servicios de Apoyo, por donde se cuelan hasta grandes superficies, multinacionales de agroquímicos e industrias procesadoras” y que, en cuentas gruesas, capturan casi la mitad de todos los créditos, 45 por ciento. El hecho es conocido por los arroceros, que ven “fugar” ingentes paquetes hacia el oligopolio de los molinos, vía “comercialización” (Agameta). En el colmo de los colmos, el crédito agropecuario está destinando cuantiosos montos a financiar las importaciones de productos del agro. ¡Horror!

El manejo del crédito está puesto en alto porcentaje en las entidades privadas, como banca de primer piso, a las que se entregan recursos del Gobierno, de Finagro, a tasa de DTF + 1 por ciento y los colocan a DTF + 10 por ciento, por ejemplo, al mediano productor, vuelto así en “vaca lechera” de la banca. Un margen confiscatorio.

Las distorsiones son inconcebibles: la tasa de interés, para el pequeño productor, oscila alrededor del 11,5 por ciento; la del mediano, en torno al 10,5 y la del grande, donde hay libertad a los bancos para negociarla, del 8,5 real (Fedegán). ¿Es posible mayor asimetría? ¿Habrá en las generosas tarifas a los “grandes” una reedición de los desaguisados del original Agro, Ingreso Seguro? En manos de la Contraloría General y del control político del Congreso queda averiguarlo.

Iván Duque anhela ser recordado por la “equidad”. El caso del crédito para la agricultura será uno más donde ocurrirá al revés: lo añorarán el sector financiero y los “muy poderosos” favorecidos también con la promovida Agricultura por Contrato, donde el agricultor queda sometido por el intermediario, como acaeció con la Philip Morris y los tabacaleros, hasta que los extinguiera.

¿Para quién es la “bonanza”, doctor Vélez?

La estructura de la industria cafetera cambió en el último lustro en sentido contrario al interés del minifundista, que predomina en ella con parcelas menores de una hectárea.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Aunque por equivocadas resoluciones, la mitad o más del café consumido en Colombia, como 1,3 millones de sacos en 2018-2019, venga de Perú, Ecuador u otros orígenes o que unos intermediarios mezclen ese mismo grano foráneo para exportarlo como Colombian Coffee, el tema cafetero ya no despierta mayor interés ni menos los dramas que viven los caficultores. No es principal fuente de ingresos del país, ni negocio de las élites, ni primer vínculo con el capital extranjero, pero ocupa en 500 municipios y hasta en 22 regiones a 550.000 familias en 900.000 hectáreas, y destina 90 por ciento de su producto al mercado externo como mayor exportador del sector agropecuario.

En 1989 se rompió el Pacto de Cuotas del Café, por el cual los países consumidores hacían compromisos de compra en precio y cantidad con los oferentes. Se dijo que el grano colombiano sería ganador en el libre comercio, pero ha sido cuadriplicado en producción por Brasil, duplicado por Vietnam, casi igualado por Indonesia y las reexportaciones europeas a zonas aledañas han copado ese segmento. El mercado, pese a primas o bonificaciones en nichos diferenciados, no escogió por la calidad.

El ingreso de la familia cafetera ha sido lesionado. Mientras que en 1989, con el equivalente de una carga de 10 arrobas se pagaban 60 jornales o se compraban 1.245 kilos de fertilizante o 75 kilos de carne o 299 galones de ACPM, en 2021, con precios de la presente “bonanza”, se reconocen por esa misma cantidad 42 jornales o 56 kilos de carne o 684 de fertilizante o 161 galones de diésel. El poder adquisitivo en unos renglones cayó a la mitad y en otros perdió la tercera parte, un empobrecimiento en precios relativos.

La estructura de la industria cafetera cambió en el último lustro en sentido contrario al interés del minifundista, que predomina en ella con parcelas menores de una hectárea. Las exportaciones institucionales, que hace la Federación de Cafeteros con recursos públicos del Fondo Nacional del Café, ceden terreno frente a las de los particulares, en su mayoría agencias de las comercializadoras globales. Entre 2011 y 2015, la Federación exportó casi uno de cada cuatro sacos; entre 2016 y 2020, menos de uno de cada cinco.

¿Qué implica tal pérdida de participación? Veamos: entre 2011 y 2015, cada saco de 60 kilos exportado por la Federación se vendió en promedio a 272 dólares, en tanto las agencias transnacionales lo pusieron a 236. Para el periodo entre 2016 y 2020, las colocaciones de la Federación cayeron a 210 dólares y las de los exportadores privados a 203. Convergen a la baja.

La causa, se han reducido las cotizaciones. Entre 2011 y 2015, el precio internacional por libra promedió en 1,97 dólares y en el último quinquenio en 1,48. Los precios han descendido, pero el valor medio del dólar, comparando los dos periodos, se movió en sentido contrario: de 2.051 a 3.187 pesos. Al multiplicar ambos factores, que determinan el precio interno de compra al productor, la libra alzó de 4.040 a 4.461 pesos, solo 10 por ciento, por debajo del incremento de los costos al caficultor en insumos y mano de obra.

Tal mecanismo de fijación del precio de compra es causa primordial de la erosión del ingreso cafetero y corre a favor de los intermediarios que van a la fija. Urge cambiarlo por otro en el que los riesgos no recaigan sobre la producción, la que debe remunerarse rentablemente antes de que sobrevenga otro estallido como en 1995, 2001 y 2013.

En esa senda, por ajustarse a la ruleta de precios internacionales a futuro y otras razones particulares, está amenazada la garantía de compra por medio del sistema de 33 cooperativas, algunas de las cuales, entre las más importantes, arrojan resultados negativos recurrentes. Así pasa en la de Andes en Antioquia, la de Risaralda, las de Tolima-Ibagué, Cafinorte y las del Huila que, con márgenes muy estrechos, acusan riesgo financiero.

Esto trae aparejado un efecto dominó sobre su exportadora matriz, Expocafé, a la que proveen el 30 por ciento del café transado, que en los últimos tres años tiene una pírrica rentabilidad media sobre los ingresos del 0,25 por ciento, un nivel de endeudamiento de tres de cada cuatro pesos de sus activos y utilidades financiadas con pasivos.

¿Para quién será entonces la “bonanza” anunciada, doctor Vélez? Como siempre ¿para agentes externos?

Nota: fui escogido en 2016 entre las ocho personas que podrían ser nombradas gerente de la Federación de Cafeteros y tuve respaldo de varios comités. He guardado cautela frente a la actual administración y coincido en defender la caficultura nacional frente al oligopsonio en la demanda mundial que deprime las cotizaciones. No obstante, ello empeora si el frente interno se entrega a quienes nos asfixian afuera.

Cauca: café y conflictos en el posconflicto

En el departamento existen 15.000 hectáreas de coca en municipios como El Tambo –entre los 5 primeros de Colombia–, Balboa, Miranda y Corinto.

Casi uno de cada cinco caficultores de Colombia está en el Cauca. Cuenta el exdirector del periódico El Nuevo Liberal, Manuel Saa, que en la época de la bonanza, por los años setentas del siglo pasado, su padre llevó las primeras semillas, vistas entonces por allá como exóticas. Hoy noventa mil minifundistas producen ocho millones de arrobas, cien millones de kilos, un millón seiscientos mil sacos, cerca del doce por ciento de la cosecha nacional.

De dichas proporciones se deduce que la producción individual es de muy poco volumen, de 17 sacos, 8 y media cargas, lo cual arroja a cada productor un ingreso bruto de solo $600.000 mensuales y cuyo saldo neto resulta muy precario.

Estando así el café en dichos niveles, que en algunas zonas caucanas recibe precios superiores por ser de categoría especial, los demás renglones agrícolas tienen aún rentabilidades inferiores. Entre todos los departamentos, la región cuenta con el mayor número de cultivadores minifundistas de plátano, yuca y otros tubérculos. Así mismo, la siembra de caña de azúcar se ha extendido hasta las estribaciones de la cordillera, donde los ingenios con sus plantaciones hacen del Cauca el segundo del país en este género, con el 18% de la superficie sembrada y con solo 7.700 unidades productivas.

A contramano, en el Cauca existen 15.000 hectáreas de coca en municipios como El Tambo –entre los 5 primeros de Colombia–, Balboa, Miranda y Corinto. Según ciertos relatos, el tamaño promedio de este cultivo genera cien arrobas de coca trimestrales, que les significa a los cultivadores cerca de $4 millones de ingreso en ese lapso. Al final, acorde con las cuentas de los propios campesinos luego de descontar costos, se causa un ingreso neto de $700.000 al mes, superior al de muchos cultivos. Y aquí surge un primer gran conflicto: ¿cómo y cuándo y a cambio de qué se sustituirán las casi 200 millones de matas existentes?

El 20% de los caucanos son indígenas que reclaman los territorios que consideran propios según cédulas coloniales expedidas cuatro siglos antes. Así mismo, el 21% que son afrodescendientes en pueblos como Guachené, surgidos de los descendientes de los cimarrones rebelados contra la esclavitud, corren el riesgo de quedar ahogados ante el avance de la agroindustria en áreas colindantes. El gran ausente para dirimir estas disputas y concertar su solución es el Gobierno de Santos, que no actúa como árbitro sino como observador pasivo, aunque en no pocas ocasiones recurre al ESMAD.

Hoy están movilizados campesinos e indígenas en las principales vías reclamando que al menos se cumplan las propuestas reformistas consagradas en los acuerdos de terminación del conflicto. El gobierno debe atenderlos, tanto por el bien de los sectores reclamantes como para aclimatar la convivencia y el bienestar general.

Un ministro de Agricultura “urbanizador”

Análisis sobre el recién electo ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga.

Cuando Juan Manuel Santos presentó a Juan Guillermo Zuluaga como nuevo ministro de Agricultura y dijo que “tenía gran experiencia en el sector”, quienes lo conocen bien quedaron atónitos porque, fuera de practicar team penning (deporte de vaqueros a caballo, según La Silla Vacía), no sabe ni siquiera “castrar novillos”, condición que esgrimía el anterior ministro Iragorri para validarse. Zuluaga ha hecho, ante todo, carrera política desde asesor del Congreso hasta alcalde de Villavicencio, mayormente al lado del Partido de  la U.

En lo que Zuluaga tiene experticia es en procesos urbanísticos, como los adelantados en su Alcaldía entre 2012 y 2015. Basado en un Convenio Interadministrativo con la Gobernación de Alan Jara, el 554 del 28 de junio de 2013 -que sumaba $126.561 millones-, y aunando esfuerzos para la disposición de 3196 viviendas VIS, impulsó a su vez, desde Villavivienda, el 005 del 25 de septiembre de 2013, para la construcción de 1874 de precarias especificaciones en la Ciudadela La Madrid, y el 006, del 4 de diciembre de 2013, para otras 1322 en la Trece de Mayo, ambas de  impacto inmobiliario al suroeste de Villavo. 

En el primer convenio, el 005, Zuluaga, en terrenos de propiedad del municipio, configuró como “aliado estratégico” al mayor contratista de ese departamento, Iván Pérez, escogido a dedo precisamente cuando Carmelo Pérez, primo del beneficiario, era secretario departamental de vivienda. Algo similar pasó con el 006, donde el “dedazo” fue para  Óscar Salamanca quien resultó domiciliado en el “escritorio del lado” en la misma oficina de Iván Pérez en el Parque Comercial La Primavera.

El valor de las viviendas se pactó a $43 millones por cada una y sus fuentes de pago fueron $28 millones puestos por la Gobernación; $6 millones aportados por los beneficiarios; urbanismo y terrenos auxiliados por Villavivienda y un exiguo monto por la firma MC de Pérez.

Ninguno de los dos proyectos llegó a término en sendos plazos de quince y once meses sin que se hubiera pactado prórroga para cubrir el desfase. En lo que sí hubo agilidad fue en vender 70 lotes en la zona más contigua de expansión de La Madrid, sobre las nuevas vías principales,  y varios a Pérez y a sus empresas. 

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En el marco de legalizar tardíamente tales convenios, Zuluaga los introdujo en la revisión del POT de Villavicencio, sancionado a la sazón por el Concejo el 29 de diciembre de 2015, una vez había aprobado y ajustado los necesarios planes parciales el 31 de diciembre de 2014 y el 27 de octubre de 2015, mucho tiempo después de haber seleccionado a Pérez y a sus asociados. Este proceder enrevesado le valió hasta acusaciones de Pérez, quien lo calificó de “manejo improvisado y desordenado”. Ese POT se expidió en medio de un boom de mercado de tierras al voltear por expansión dos mil nuevas hectáreas y que en 2015 se expresó entre los tres mayores índices de precios de vivienda nueva en el país.   

Hay más cuestionamientos a la gestión urbanística de Zuluaga como la declaración de tres zonas industriales en el nuevo perímetro urbano sin siquiera tener servicios públicos y como el leonino contrato del Municipio para zonas azules -de parqueo permitido en calle- donde el socio privado se queda con el 80% del producido. También se critica el inicuo cobro de cesiones urbanísticas al Parque Comercial La Primavera a valores irrisorios, así como el negocio de la plusvalía que debía pagar la encumbrada firma Amarilo, en desarrollo de la construcción de miles de unidades de vivienda, canjeada por algunas áreas que al parecer resultaron localizadas sobre la línea de transmisión de gas, una servidumbre que impide cualquier utilización.

Si la labor de Zuluaga con el agro se equipara a la de su Alcaldía, con estos hechos que son de público conocimiento, le esperan al sector mayores tragedias que las que motivan la justa protesta arrocera desde el 12 de octubre.

Lo anterior no debe ir en detrimento de que haya un llanero en esa cartera, pero de los que abundan en dicha tierra de gente laboriosa, que conocen de agricultura y ganadería, no de duchos en pasar tierra rural a urbana. ¡Vaya paradoja!

Adenda: ¿Será que la investigación de la Fiscalía a Iván Pérez se extenderá hasta la Alcaldía de Villavicencio 2012-2015? Por menos hay unos cuantos ex alcaldes imputados y hasta detenidos.