Duque: un falso positivo económico

La desigualdad en el ingreso, medida por el coeficiente de Gini, también trepó. Es la iniquidad que deja Duque de legado.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

De las chocantes características del gobierno de Duque es la forma como entrega sus anuncios. El caricaturesco presidente-presentador de Prevención y acción los agiganta, les da connotación histórica y los vuelve hito. Entre los recientes, quizás el más amplificado fue el crecimiento económico en 2021 de 10,6 por ciento, el que, de manera abusiva e ilegítima, se adelantó en avisar con bombos y platillos en 10,2, reunido con la Unión Europea y en acto de autoelogio, antes que el Dane entregara el dato oficial (Efe, 14/2/2022).

Para el ciudadano del común, esa cifra, que sube a dos dígitos, puede sonar alentadora. Sin embargo, un análisis minucioso de los componentes del producto interno bruto (PIB), y desagregando los factores que llevaron a ese resultado, no trae conclusiones muy meritorias.

Varios elementos ayudan en esa tarea. En primer lugar, el rebote de la economía, de una que estuvo en cuarentena y con restricciones de oferta en 2020 a otra en 2021, recuperada la plena actividad y con mayores consumos, cuya principal expresión fueron las actividades artísticas y de recreación, que pasaron de la clausura plena a crecer 33 por ciento.

En segundo término, como variable determinante desde la demanda de los hogares, se destacan las importaciones, que subieron el 27 por ciento, casi tres veces el crecimiento total, afectadas por un dólar al alza con graves impactos inflacionarios en bienes industriales y del ámbito agropecuario que ya asoma a una carestía del 8 por ciento anual.

Un tercer factor es el aumento de la tasa demográfica, por la migración de dos millones de extranjeros, que se elevó del histórico 1,1 o 1 por ciento anual a 1,4 (Ocde), así el número de habitantes se acrecentó a un ritmo superior. No es extraño que una economía con estos rasgos predominantes presente un desempleo anual del 13,7 por ciento, que no recuperó la capacidad para demandar ocupación estable y formal (Dane).

Tal crecimiento, no fundado en el mayor valor agregado nacional, sino en circunstancias, no es sostenible, como se evidencia cuando se calcula el promedio anual atribuible a la administración Duque. Al sumar el 3,3 por ciento de 2019, el -7 de 2020 y el ruidoso 10,6 de 2021, el cociente de los tres años alcanza apenas al 2,3 por ciento. Y si se descuenta la tasa demográfica, ya mencionada de 1,4 por ciento, el ingreso por habitante, que mide el real avance fruto de la política económica, apenas alcanza a 0,9 por año. Vale comentar que en 2021 tampoco se remediaron los recurrentes déficits gemelos, el fiscal y el de las cuentas externas, de -7,1 y -6 por ciento del PIB, respectivamente (Minhacienda-JP Morgan).

¿Cómo explicar el fiasco? En pesos constantes (base 2015) el ingreso por habitante al finalizar 2018 era de 17.696.532 pesos y en 2021 de 17.740.418 (Banrep), subió apenas 44.000. Es decir que lo que ahora puede adquirir con su ingreso real cada habitante es lo mismo que hace cuatro años más esa exigua suma. Se puede apreciar desde otro ángulo: dado que el valor de una bolsa de leche es de 4.300 pesos, el equivalente al mayor ingreso en todo el cuatrienio es diez bolsas de leche, solo eso. Peor en dólares: entre 2018 y 2021, el ingreso individual pasó de 6.451 a 6.467, escasos 16 dólares agregados (Banrep). Al acudir a un parangón internacional, si una hamburguesa Big Mac vale 3,74 (Statista), el incremento es de una hamburguesa por año. He ahí el ínfimo aumento del poder adquisitivo bajo el Gobierno Duque.

A tan lánguido balance debe añadirse el creciente desastre social que lo acompaña, el incremento de la pobreza, la desigualdad y la miseria. En 2018, cuando Duque asumió el poder, las personas en la pobreza monetaria eran el 27 por ciento (Dane) y en América Latina, según la Cepal, Colombia fue de los países que más vieron subirla: el 7,9 en hombres y 8,5 en mujeres. El índice de miseria, la suma de la inflación y el desempleo era de 12,88 en 2018 (Banrep) y para 2021 marcó el descomunal 19,32 (Fedesarrollo). La desigualdad en el ingreso, medida por el coeficiente de Gini, también trepó. Es la iniquidad que deja Duque de legado.

Las ínfulas del presidente-presentador se desinflan del todo con el dato de Fedesarrollo sobre la tendencia histórica del PIB: de un índice de 100 en la prepandemia, se llegó al insuficiente 102,9 en 2021, cuando debería estar en 107,3, lo cual implica que se produjeron 47 billones de pesos menos del valor esperado.

En materia económica, Duque se rajó y sale por la puerta de atrás. Cada habitante le deberá a lo sumo, o diez bolsas de leche, o cinco Big Mac. Fue un falso positivo económico y así pasará a la historia que él tanto invoca.

Esperanza y Dignidad

Pediré el 13 de marzo el tarjetón de la consulta de la Esperanza y votaré por Jorge Enrique Robledo, de Dignidad, íntegro en su vida pública, quien enseña de modo serio y coherente una nueva democracia para Colombia.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Un fantasma recorre al mundo: el de la regresión. Tras el infarto de Wall Street en 2008 y el derrumbe de la extrema globalización, en la “desglobalización” (M. Bienefeld) afloran toda suerte de expresiones retrógradas. PanKaj Mishra, ensayista indio y escritor en The New York Times y The Guardian, entre otros, habla de La edad de la ira (2017).

Una era en la que brotan la xenofobia, el fanatismo, el anarquismo, el nihilismo, las utopías dementes, el mesianismo, la islamofobia, el chauvinismo, la demagogia, los populismos, el seguidismo político, el racismo, el supremacismo, el individualismo frenético y la aporofobia (A. Cortina), todos vestigios disgregadores del pasado, que asaltan como pesadilla millones de mentes humanas.

La economía corre “un periodo de más profundas transformaciones y problemas”, con “una crisis mayor que la reciente Gran Recesión, la que en retrospectiva parece ser solamente prólogo de un periodo” (Wolfgang Streeck, 2016). Según el sociólogo Streeck, persisten cinco desórdenes: “estancamiento económico, redistribución oligárquica, corrupción financiera, anarquía global y saqueo del sector público”. El resultado es un túnel, el caos para las fuerzas de la razón, ciencia incluida, del que nadie puede huir, aunque quisiera, dadas sus raíces materiales sin depender de ningún designio subjetivo. Así ocurre cuando las sociedades, a diferencia de los organismos, se descomponen antes de perecer. ¿Cuánto durará?

Colombia no es excepción, y acorde con un contertulio, “pasamos de la patria boba a la patria loca”. Humberto de la Calle, cabeza de lista al Senado de Verde-Coalición de la Esperanza, lo ratifica al decir: “impedir que el país se descarrile” cualquiera sea el extremo, porque “ambos infunden desconfianza” (El Espectador, 13/2/2022).

El despelote vendría de ocurrencias como restringir por decreto automático las reservas petroleras o similares, como las que en tiempos pretéritos se nombraron “socialismo utópico”, el de Proudhon, un “charlatán en la ciencia y contemporizador en la política”, combinadas con las no menos dañinas “recomendaciones” de la Ocde, además de la asociación a la Otan, máquina de guerra.

O se sigue descarrilando por otro lado. El Gobierno de Duque, encarnado en el Equipo Colombia, desvertebró más las descompuestas estructuras políticas, sociales y económicas nacionales. Hay 372 municipios con riesgo electoral por violencia (MOE), pérdida de la tendencia al crecimiento económico y desigualdad, pobreza y hambruna alarmantes que incubaron el paro nacional de 2021. En los foros políticos, sus precandidatos predican el autoritarismo en pro de la manida Confianza Inversionista, peor de lo mismo.

Concuerdo con De la Calle en que la agrupación electoral de oposición a Duque, conformada en la Coalición Esperanza, es la opción acertada, aquí y ahora. Con un programa general, trazado para salir del noveno círculo del infierno al que se lanzó al país, aclimata normas democráticas y éticas. Pediré el 13 de marzo el tarjetón de la consulta de la Esperanza y votaré por Jorge Enrique Robledo, de Dignidad, íntegro en su vida pública, quien enseña de modo serio y coherente una nueva democracia para Colombia y a partir de revisar los inicuos TLC. En la lista al Senado Verde-Esperanza mi voto será por Jorge Gómez Gallego (15), sobresaliente dirigente de la izquierda democrática en Antioquia con trayectoria consecuente y honestidad total, según lo demostró por cuatro años como representante por dicho departamento. Esto sin obviar al propio Humberto de la Calle, a Juan Carlos Flórez, a Iván Marulanda, en atrevida cruzada por otra política antidrogas, a Michel Maya, emprendedor vallecaucano, a Lina Arango, ambientalista, a Rosa Rodríguez, lideresa campesina, o a Martha Cardozo, empresaria rural.

Dignidad destaca en las cámaras jóvenes que son fruto del movimiento estudiantil y social de la última década: al médico Víctor Correa en Antioquia, quien ya se desempeñó en el Congreso con notas altas; en Santander, al abogado Juan Sebastián López, exvocero de las universidades privadas en la Mane; al economista David Mora en el Meta; al politólogo Yéilor Espinel en Cundinamarca; al investigador social Leonardo Jiménez en Bolívar y en Bogotá a Jennifer Pedraza, adalid del exitoso movimiento universitario de 2018. Vale mencionar a Johnson Torres, de los obreros cañeros en el Valle; al empresario Diego López, en Risaralda, y a Alonso Osorio, del sector agropecuario en Cauca. Sobresalen asimismo los nombres de Ana María Lleras y Fernando Rojas Parra, en Bogotá.

Un abanico que expresa de la mejor manera la Esperanza y la Dignidad, dos claves para que Colombia inicie un giro, una nueva historia.

Petro y la Ocde

Con el guion de acabar con la informalidad, refuerza las propuestas para bajar la tasa salarial, ya no respecto al mínimo, sino planteando incluso escalas inferiores para jóvenes y ciertas regiones.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

He votado a favor que (sic) Colombia pertenezca a la Ocde. Vamos a demostrar que en un gobierno progresista con buenas prácticas administrativas y financieras se pueden alcanzar los mejores niveles sociales y los mejores niveles tecnológicos en la tercera revolución industrial”, escribió Gustavo Petro el 13 de noviembre de 2018 en Twitter. Repitió el voto positivo para aprobar la ley de adhesión de Colombia a esa organización, que, por lo visto en el debate del 18 de febrero, se mantiene (Caracol TV, La Silla Vacía, 2022).

Los documentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sobre Colombia resaltan “la solidez del marco monetario, fiscal y financiero”. En los referentes a 23 sectores, emite “recomendaciones”, con cronogramas de cumplimiento y control para concretarlas. Una “tercera oleada neoliberal”, luego de la apertura del Banco Mundial y la OMC, en los noventa del siglo pasado, y de la del FMI y el Plan Colombia a inicios del presente con los ajustes macroeconómicos orientados a los TLC. El Plan de Desarrollo 2014-2018 incluyó 136 encargos en 44 artículos dentro de la ruta adoptada en septiembre del 2013, que “descartó el proteccionismo como modo de desarrollo”, según dijera Rodrigo Botero, el sumo pontífice ortodoxo. La Ocde ratificó que no era “club de países ricos” ni de “buenas prácticas”, sino “nodo de globalización” (A. Suárez, El Tiempo, 3-2-2015).

Entre las múltiples prescripciones figuran: la regla fiscal que acota el gasto social; tasa de cambio volátil sujeta al mercado de divisas; forzada acumulación progresiva de reservas internacionales; realce de alianzas público-privadas (APP) como las vías 4G; exclusión de lo que llama “costos no laborales”, como el importe al régimen contributivo en salud; elevación del salario mínimo solo a nivel de la inflación, en tanto decía que era 87 por ciento del salario medio; erradicación de políticas ambientales que impidieran adelantar macroproyectos; imposición de aranceles cero a productos agrícolas; salario femenino por horas; supresión de “subsidios” a pensiones y pago de jubilación por debajo del mínimo (Saqueo, págs. 223-236). Un “paquetazo” que atizó la chispa del paro nacional de 2021.

La Ocde vuelve con un recetario más agresivo en “Hacia una recuperación más sostenible” (Estudios Económicos, Ocde, Colombia 2022). Con el guion de acabar con la informalidad, refuerza las propuestas para bajar la tasa salarial, ya no respecto al mínimo, sino planteando incluso escalas inferiores para jóvenes y ciertas regiones; insiste en “aliviar la carga” de los “costos no laborales” al desmontar de la nómina los cargos de salud, pensión y compensación familiar y financiarlos en conjunto con otra reforma tributaria.

Enuncia así una igual al adefesio Duque-Carrasquilla: aumenta la base de contribuyentes del impuesto de renta, gravando “personas de clase media”; elimina las deducciones de la renta gravable por costo del crédito hipotecario, por pago de medicina prepagada o por aporte en pensiones voluntarias; propone “reducir los productos no afectados por el IVA” y “ampliar las bases imponibles en los impuestos a la renta y a los consumos” y a contramano exhorta a menores tarifas impositivas a empresas.

El “traslado de las cotizaciones laborales” a “recursos de la tributación” persigue una triple reforma: a la protección social, la laboral y la tributaria. Dictamina la “fusión de los regímenes paralelos de transferencias, pensionales y de salud”, al unificar para el primero las subvenciones de Familias en Acción, Ingreso Solidario y demás. A la par fusiona los regímenes contributivos de jubilación para “complementar una pensión básica universal”, acaba de contera con Colpensiones y proyecta la edad a 65 años, como Chile, en sintonía con la vida esperada y con el cálculo individual sobre los salarios de toda la vida laboral y no de los últimos diez años. Para quienes están en el régimen no contributivo, crea “una prestación básica”. Asimismo, agrupa los regímenes de salud al financiarlos con tributos, mientras llama a “focalizar el gasto social”, depurando el Sisbén y con “ajustes fiscales”, según la regla reforzada en la ley Duque-Restrepo de 2021 para el anclaje de la deuda pública.

Al reiterar la estrategia de libre comercio y capital extranjero, la Ocde reclama extinguir barreras arancelarias y no arancelarias a textiles, alimentos, automotriz, calzado, aceites naturales y arroz, con lo que, aunado al paquete completo, estima atraer más inversión foránea. El laurel es que en 15 años se tendrá un ingreso por habitante como Costa Rica, Uruguay y Argentina y advierte que “la mitad” del programa “está previsto para el 2023”, “para el próximo gobierno”. Tienen la palabra Petro y quienes avalan la sujeción de Colombia a la Ocde.

Carabelas renovables y ¡olé!

Así, el TLC y el renovado Appri brindan “seguridad jurídica” contra todo riesgo, y de ahí el interés de reunirse con quien puntea las encuestas presidenciales, Gustavo Petro.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Las carabelas representan la colonización de América. La organización Recalca, a raíz de la negociación del TLC con la Unión Europea (UE) en 2009, produjo el documento Vuelven las carabelas, que definió las motivaciones del tratado: “Los países de la región compiten por la atracción de inversión extranjera, por ofrecer mano de obra barata y han abandonado los propósitos integracionistas”. Para la contraparte del Viejo Mundo, escribió: “La estrategia es sencilla y directa:firmar acuerdos de libre comercio que vayan más allá de lo definido en la OMC, con el objetivo de desregular al máximo las economías, eliminando las barreras comerciales, abrir el sector servicios, aumentar el acceso a materias primas (…) abrir mercados de compras públicas, proteger la propiedad intelectual” y “todo en beneficio de las trasnacionales europeas” (Recalca-2009).

El comercio se caracterizaba por la exportación nacional de materias primas, carbón, banano, café verde y petróleo. En este último, “60 millones de barriles, de los 193 que produce Colombia, es decir, 31 % del total, son producidos por las europeas BP Exploration, Perenco, Cepsa, Hocol y Emerald Energy” (Recalca, ídem). Las principales compras de Colombia a la UE eran medicamentos, vehículos, equipo de telecomunicaciones, maquinaria y licores finos (Recalca, ídem). El clásico intercambio asimétrico.

Las premoniciones de Recalca se cumplieron. Luego de casi una década del TLC, la balanza comercial acumulada, la de las exportaciones de Colombia a la UE menos las importaciones, entre 2012 y 2019, es negativa por -7.414 millones de dólares; las ventas siguieron siendo carbón, banano, oro, petróleo y café, solo la mitad son bienes no energéticos, y las compras también fueron medicamentos y vacunas, automóviles, equipo y aeronaves (MinCIT, 2020). Las inversiones europeas en el país sumaron, desde 2013 hasta 2018, 25.232 millones de dólares y las colombianas en Europa apenas la cuarta parte, 6.118, (Saqueo, págs. 110-111).

España es el país europeo con mayor inversión directa en Colombia, con 450 empresas presentes (Index.es). En lo corrido del siglo, acumula 21.825 millones de dólares (La República, 14/7/2021), de los cuales 19.824 desde 2007 a 2021 (BanRep), con firmas como Sacyr y OHL, en proyectos viales; Repsol, en petróleo; BBVA, entre los mayores conglomerados bancarios, y el Banco Santander en servicios financieros; o seguros Mapfre y aerolíneas como Iberia y Air Europa; el consorcio turístico y hotelero NH Hotel Group, y Telefónica (Movistar). ¡Cómo olvidar a Unión Fenosa en Electicaribe, a Aguas de Barcelona y Canal Isabel II en la Triple A!

La agenda española para Colombia se reorganiza con el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (Appri), recién firmado con Duque en septiembre de 2021, en el que “el beneficio es más del lado español” (La República-ídem). Recurriendo al anterior, Odebrecht demandó por expropiación al país en tribunales internacionales que siguen vigentes para solución de controversias. Así, el TLC y el renovado Appri brindan “seguridad jurídica” contra todo riesgo, y de ahí el interés de reunirse con quien puntea las encuestas presidenciales, Gustavo Petro.

En sendos encuentros, con mediación del PSOE y Podemos, que cohabitan con este empresariado, y la bendición lobista de Felipe González, hubo presencia de Repsol, Santander y BBVA; también de firmas cuyos negocios encajan con la prédica de Colombia Humana, como Ferrovial e Ineco, en redes ferroviarias y terminales aeroportuarios; de inversoras en mitigación del cambio climático y economía circular, como Indra, que además está en soluciones electorales; de Iberdrola y Acciona, en energías renovables; de turismo como el NH Hotel Group y de tecnología y ciberinteligencia como Future Space, Telefónica y Google. Fueron reuniones para nuevos filones al otro lado del océano (ver euroamerica.org-Coloquio G. Petro).

Que se sepa, no se mencionó revisar ni el TLC ni el Appri y menos al que Petro acudió, uno de doble tributación con España, cuando recompró en 2014, como alcalde y presidente de la junta del Grupo Energía de Bogotá (GEB), las acciones de The Rohatyn Group (Citi) en la transportadora de gas TGI, que facilitó al vendedor eludir hábilmente 150 millones de dólares de impuestos por ganancia ocasional. “El acuerdo no incluye cláusulas de abuso para hacer este tipo de controles a transacciones donde claramente hay utilidad y ganancia ocasional”, dijo sobre este caso particular Juan Ricardo Ortega, el entonces director de la Dian, y se divulgó ‘Vendedor de acciones de TGI no pagará impuestos en Colombia’. Recolonización, con carabelas renovables, y ¡olé!

¿De rodillas por comida?

El estrés mundial, amplificado en el país, develó el fracaso en la sostenibilidad de la fórmula neoliberal para géneros básicos y dinamitó el concepto de seguridad alimentaria fundado en provisión externa.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Afloraron dos discusiones sobre la alimentación: la de Duque ante la FAO, por incluir a Colombia en el mapa de “riesgo alimentario” con Etiopía y Sudán, y la de precandidatos presidenciales, por la protección arancelaria a la producción nacional alimenticia, que según Alejandro Gaviria, en recalcitrante prédica del libre comercio y los TLC, es “una locura” (El Tiempo, 7/2/2022).

Los debates se tocan porque, en los últimos 30 años, la importación de “comida barata” es núcleo de la política monetaria de baja inflación y en mayor grado en periodos de dólar barato. Así, el exrector uniandino Hommes y sus afines supeditan el acceso a los alimentos al arancel cero y a los subsidios que las economías poderosas dan a sus excedentes exportados a precios porcentualmente por debajo de los costos de producción y transporte: al abusivo dumping, como el de Estados Unidos en el trigo de 38 por ciento y de 9 en el maíz (IATDP, 2017).

Desde la oferta, Juan Sánchez describió cómo de ese modo las importaciones agropecuarias, que suman 14 millones de toneladas, desplazaron la producción nacional de alimentos básicos. “En 1990, en trigo, cebada, sorgo, soya, fríjol, algodón, avena, arroz, maíz, la producción interna superaba las importaciones en casi cuatro millones de toneladas. Entre 1996 y 2005, las curvas estaban en niveles similares. Para 2017 las importaciones habían superado a la producción local en tres millones de toneladas” (Saqueo, pág. 240), el arancel vigente de diez por ciento no opera (DNP, 2019).

Sobre la demanda, el informe de la FAO, que sulfuró al Gobierno Duque, trae datos alarmantes sobre Colombia. Son 4,7 millones de compatriotas subnutridos, mientras en Haití 4,2; hay un Haití adentro. La kilocaloría diaria entregada por habitante en el planeta es de 2.950 y en el país de 2.872, como en Malí, y la inseguridad alimentaria, severa y moderada, que asola al 27,6 por ciento de la población mundial, en Colombia daña al 54,2, al doble (FAO Statistical Yearbook 2021, Banco de Alimentos). Escuálidos, con un tercio de los hogares sin tres comidas al día, y el abasto de energía, carbohidratos, proteínas y grasas remitido a panela, aceite de palma, papa, plátano y yuca o tomate o guayaba, huevo, salchichón o pollo, con creciente dependencia de proteína animal importada, y el arroz casi único cereal.

El estallido fue la inflación del 20 por ciento en alimentos. El estrés mundial, amplificado en el país, develó el fracaso en la sostenibilidad de la fórmula neoliberal para géneros básicos y dinamitó el concepto de seguridad alimentaria fundado en provisión externa. El 28 de enero la tonelada de soya importada puesta en Bogotá costaba 2.312.472 pesos (Fenalce), mientras el precio al productor nacional fue 2.250.000 pesos (Agameta). En maíz amarillo, la tonelada extranjera se transó en 1.580.511 pesos (Fenalce) y el maicero colombiano recibió 1.300.000 pesos (Agameta). Esto incide en los cárnicos, res, cerdo y aves, y en el bolsillo del consumidor: una libra de Promasa para arepas pasó de 1.900 pesos a 3.800 pesos en un año. En contraste, el arroz criollo, que abarca 98 por ciento del mercado, fue el de menor alza.

Los fanáticos del TLC eluden que el dólar a 4.000 pesos y las elevadas cotizaciones internacionales eliminaron las eventuales ventajas de “comida barata importada” tanto como que “la liberalización comercial tuvo abrupto final en 2018” cuando Estados Unidos promulgó “oleadas de aumentos de aranceles” (Carter, NBER, mayo 2020). La volatilidad por inventarios oscilantes, costos de fertilizantes, clima cambiante, productividades inestables, restricciones a las exportaciones, elevación de aranceles o conflictos geopolíticos, como el de Ucrania, exportador de trigo, golpea con dureza a los importadores de alimentos.

Urge una política distinta a los TLC, guiada por la soberanía alimentaria como derecho de las naciones a “su propio sistema alimentario, sus políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo” (U. Javeriana, CDR, vol. 18, 2021). Sirve conocer que, de suprimirse solo la quinta parte de las compras externas de maíz tecnificado, trigo, cebada, soya y algodón, se recuperarían 1,7 millones de toneladas, 350.000 hectáreas y 50.000 empleos permanentes que, con sus multiplicadores, agregan valor a la contabilidad del proteccionismo (Saqueo, pág. 786).

La economía política esclarece más el debate. Earl Butz, exsecretario de Agricultura de Estados Unidos, dijo (1974): “He escuchado (…) que la gente puede depender de nosotros para obtener sus alimentos. Se supone que no es buena noticia. Pero para mí lo es, ya que antes de hacer cualquier cosa la gente tiene que comer y si se busca una forma de que la gente dependa y colabore con uno, la dependencia alimentaria es fantástica”. Arrodillados por comida, ¿más claro?

Ni cuentas claras, ni café espeso

La tormenta inflacionaria local fue más perfecta por la fracasada estrategia de libre comercio y capital extranjero.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Conexión Sur, un medio de comunicación del suroeste antioqueño, entrevistó el pasado 7 de enero a una decena de productores, quienes en el video revelaron que la cosecha cafetera de 2021 cayó en esa región en 40 o 50 por ciento (https://www.youtube.com/watch?v=dkKj7SKqOB4). Caficultores de otras zonas estiman la reducción en el 30. No obstante, el gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, le dijo a La República que el descenso era solo del 9 por ciento, para una producción total anual de 12,6 millones de sacos de 60 kilos (https://www.youtube.com/watch?v=g26p3ZK6rtU&t=58s).

Dichas cuentas se descuadran cuando se consolidan con otros números: 1) El de las exportaciones por 12,44 millones de sacos (https://federaciondecafeteros.org/wp/estadisticas-cafeteras/); 2) El de las importaciones récord en la historia de grano extraño por 1,8 millones (Twitter-José Leibovich) y 3) El del consumo interno que, según Vélez, se disparó de 2,2 kilos por habitante a 2,8, lo que en una cuenta por lo bajo, para 50 millones de personas, requeriría un mínimo de 2,4 millones de sacos (La República, ídem).

Con estos datos sucede un imposible: al sumar las exportaciones más el consumo nacional, la demanda total alcanzaría 14,9 millones de sacos, mientras toda la oferta disponible, entre importaciones y producción, fue solo de 14,4 millones, con lo cual faltarían 500.000 eventualmente demandados, pero que no fueron ofrecidos, según las cifras de la Federación. ¿Hubo contrabando por dicho volumen? ¿Se trata de un “machetazo” en la contabilidad para encubrir las gravísimas circunstancias de mercado atendidas con remedios peores que la enfermedad?

En esta columna se han comentado en dos oportunidades los quebrantos de las cooperativas de caficultores, del Fondo Nacional del Café, de Expocafé y de importadores particulares, como La Meseta o Dreyfus, por no contar con cantidades suficientes para cumplir los contratos en el exterior. La razón, un grupo de productores no mayoritario se ha negado a entregarlas a los precios a los que lo transaron en el pasado para mercados a futuro, ya que son muy inferiores a los actuales que desde julio pasado tocaron el techo de 2 dólares por libra, un hecho que se aúna a la caída en picada de la producción. Se conoce, por ejemplo, que tales faltantes en diciembre de 2021 en la cooperativa de Andes, Antioquia, fueron de 14 millones de kilos; en la de Risaralda, de 11; en tres del Tolima de 2,5 y en una sola del Huila de 1,7. Es decir, en solo las nombradas, casi 30 millones de kilos. El monto final del notorio desbalance se desconoce, ya que la Federación, en reprobable decisión, se ha negado a entregarlo.

Al relacionar tan dramática circunstancia con las importaciones, que vienen como avalancha de varios orígenes, hasta de Brasil (ver foto n.° 1), no se peca por exceso de suspicacia al inferir que tales compras externas han suplido lo no recibido de los cafeteros colombianos. Lo más penoso es que son pésimas calidades que inundan las bodegas de “pasilleros” (ver foto n.° 2), quienes las mezclan en proporciones del 40 por ciento con 60 por ciento de grano nacional para pasar por debajo de la norma de 180 defectos, salir como Café de Colombia o producto Colombia, pagar la contribución a la Federación de 3 centavos de dólar por libra y gozar así de la bonificación diferencial hasta de 56 en el mercado mundial. ¿Está en riesgo el mayor patrimonio de la caficultura nacional, la confianza en su bien remunerada calidad?

Entre tanto, Vélez se dedica además a la campaña reeleccionista del senador del Centro Democrático Alejandro Corrales. Hay registros de reuniones gremiales en el departamento del Magdalena como también testimonios de asistentes a asambleas de comités en Risaralda donde pide el voto de manera abierta por su candidato. Ahí no para: de modo inexplicable se permite que Corrales utilice en sus vallas políticas el logo característico de Café de Colombia, al aparecer con un pocillo de los que la Federación fabrica en Vajillas Corona. ¿A cargo de qué este abuso? ¿Paga Corrales los derechos marcarios por avisos como los exhibidos en la avenida de Las Américas en Pereira o a la entrada del municipio de La Virginia o en el paraje Mata de Guadua, en Belén de Umbría, su tierra natal? (foto n.° 3).

¿Cuánta de esta laxitud es reciprocidad de Vélez con Corrales, quien, siendo miembro del comité de cafeteros de Risaralda en 2016, lo incluyó en una única terna, para luego ser nombrado gerente por los delegados del Gobierno de Santos con salario de 30.000 dólares mensuales? Jorge Enrique Robledo, en un debate en el Congreso, pidió hace poco la renuncia de Roberto Vélez, después de leer estas líneas cualquiera pensaría que le sobraron razones para dicha proposición.

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¿Duque a lo Ortega?

Duque hace la democracia colombiana más imperfecta de lo que ya es, una de “desempeño medio”, hacia la “deriva autocrática”.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La Constitución y la ley prohíben la participación en política de los servidores públicos. Hay antecedentes como la reconvención del entonces procurador Mario Aramburo a Carlos Lleras Restrepo “por hablar públicamente en favor del entonces candidato presidencial Misael Pastrana Borrero” (El Tiempo), y en 2013 “el procurador Alejandro Ordóñez le pidió al mandatario Juan Manuel Santos no participar en actos políticos” (Blu Radio).

Ni la Procuraduría ni la Fiscalía se percatan, o se hacen las que no, de que el presidente Iván Duque se ha convertido en jefe de debate de la derecha: sus opiniones políticas en los medios y en intervenciones públicas; la iniciativa del Ejecutivo de derogar la figura de convenios interadministrativos en la Ley de Garantías, conexa con la acumulación de bolsas de dinero, de 80 billones de pesos, para repartir e irrigar con fines electorales; su desbocada cabalgata de publirreportajes para inducir el continuismo “histórico” o las referencias descalificadoras contra candidatos que no son de sus afectos.

En entrevista en El Tiempo (8/8/2021) no ahorró loas a los precandidatos del denominado Equipo por Colombia (“Coalición de la Mermelada”), tanto que los editores los calificaron como “guiños”: hay “políticos” con “grandes capacidades”, y “los veo en el Centro Democrático (…) también en el Partido Conservador”, “personas que vienen del liderazgo regional”. Y dio nombres: “El caso del exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez. Veo el caso de Alejandro Char, el de Enrique Peñalosa”. En segunda instancia, al ser inquirido al respecto, mencionó miembros del Centro Democrático: Óscar Iván Zuluaga, Edward Rodríguez y Ernesto Macías, estos dos de los más duquistas, de la cuadrilla que escolta al actual inquilino de la Casa de Nariño.

En reportaje a la agencia EFE (16/1/2022), con ocasión de la visita a las islas Galápagos en Ecuador, titulado “Ve a Colombia en su centro político histórico tras las elecciones”, con desparpajo expresó que “equipo” es una “palabra universal, pero ya muchos sabrán cómo querrán interpretarla”, en evidente alusión al grupo de sus favoritos, que además han gozado en el Gobierno Duque de gangas burocráticas y presupuestales.

Al responder sobre la unión del Centro Democrático y el Equipo por Colombia, agregó para no dejar dudas: “No con ‘coaliciones o pactos’ de ocasión”. El resto fue una perorata sobre el castrochavismo, tanto que la agencia noticioso-propagandística tituló tal apartado como “izquierda inaceptable”.

La matrícula política de Duque quedó más al descubierto con la aclaración radial de Óscar Iván Zuluaga a raíz de la decisión de no unirse con Char y compañía (Blu Radio, 17/1/2022). Dijo que había llamado al presidente a contarle y que este “se limitó a escuchar”, que “respetaba la decisión”, pero que, según Zuluaga, “lo deseable para todos” era la unificación. Fuera de lo insólito que es hacer pública la conversación entre un candidato y el jefe del Estado, puede intuirse que, entre los motivos in pectore para hacerlo, ronda el presentimiento de Zuluaga de la traición que se vislumbra en el pulso entre las vertientes del uribismo, las “centristas” y las barras bravas de Cabal y compañía.

Un cúmulo de disposiciones veda la conducta presidencial desaforada. El artículo 127 de la Constitución Política; el Código Penal o Ley 599 de 2000; la Ley 996 de 2005 o de Garantías (que solo se cambió en un artículo); la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único y sentencias de la Corte Constitucional como la C-794 de 2014, que tipifica cuatro tipos de abusos, todas para frenarlos, incluida la controversia política. Las conoce el egresado de la Universidad Sergio Arboleda, pero se burla de ellas.

Como se dice, se pasa por la faja hasta la norma constitucional, y así emula con otros gobernantes del continente en el proceder antidemocrático, al intervenir desde el Poder Ejecutivo para imponer a sus preferidos, trasgrediendo la norma de “reglas ciertas, resultados inciertos”. Duque hace la democracia colombiana más imperfecta de lo que ya es, una de “desempeño medio”, hacia la “deriva autocrática” como advierte el Idea Internacional en Latinoamérica (El Tiempo, 23/1/2022).

Nada parece detenerlo para meter mano en las elecciones al Congreso y a la Presidencia. Los vigilantes, la exministra Cabello y Barbosa, compañero de pupitre ahora en la Fiscalía, son de bolsillo; los congresistas saben que de la largueza presidencial depende su reelección; la opinión confusa y dispersa no se moviliza ante el descaro o está pendiente de sus propias disputas, mientras el nefasto mandato de 2018 a 2022 hace de todo por intentar prorrogarse tipo Ortega, como en Nicaragua, avivado con el fuelle de un presidente que abandonó deberes para montar la campaña de la Coalición de la Mermelada.

Carestías y hambruna

La tormenta inflacionaria local fue más perfecta por la fracasada estrategia de libre comercio y capital extranjero.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La carestía fue el hecho económico en 2021 a escala global. Estados Unidos tuvo la más alta desde 1982, 7 por ciento, y las preocupaciones de los economistas giran en torno a esta distorsión. “En términos concretos, la aceleración de la inflación actual obedece a que el abastecimiento de bienes y servicios es menor que la demanda (…) el exceso de demanda desbordó los precios” (E. Sarmiento, El Espectador).

El índice de los alimentos de la FAO subió de 108,6 en 2020 a 133,7 en 2021. Con alzas en los cereales de 116 a 140; en aceites vegetales de 131 a 178; en lácteos de 109 a 128 y carnes de 94 a 111 (FAO, 100=2014-2016). Debe agregarse la falta de capacidad portuaria para atender la demanda creciente de una sociedad con gastos represados, impulsada por los apoyos fiscales a empresas y personas, y ahorros descongelados, que incrementaron el transporte marítimo de contenedores, cuyo costo promedio pasó de 1.290 dólares por unidad en noviembre de 2019 a 9.293 en diciembre de 2021 (Statista). Hay además escasez de chips electrónicos y hasta de conductores de camiones en las mayores economías. Prima la demanda sobre la oferta como fenómeno complejo, en el que unos factores se refuerzan con otros, más que el “demasiado dinero en busca de muy pocos bienes”, y las primeras víctimas “son 690 millones de personas que padecen hambre crónica en el mundo y 840 millones que la padecerán en 2030” (U. de Antioquia, 2022).

Se cree que en 2022 seguirá. En el escenario de riesgos, el Banco Mundial añade los efectos paralizantes de la variable ómicron, aparejada con bajos niveles de vacunación en muchos países. El Banco estima que los cuellos de botella en las cadenas de suministro no se resuelvan en el corto plazo con consecuentes alzas en los precios de los productos básicos, incluidos alimentos y energía, y alerta sobre elevados saldos de deuda pública en muchos países y sobre graves tensiones sociales y eventos climáticos extremos. Para América Latina, prevé que el crecimiento en 2021 del 6,7 por ciento caerá a 2,6 en 2022 y 2,7 en 2023 (WB, Global Economic Prospects). La alta inflación vendrá con bajo crecimiento, hacia la estanflación.

Colombia marcó en 2021 un Índice de Precios al Consumidor, IPC, del 5,62 por ciento y para los más vulnerables fue 6,85. Los alimentos alzaron 17,23; la comida fuera de casa 8,83, y el transporte 5,69 por la elevación de los combustibles en 11,32. Los alimentos responden por la mitad del índice, que sin ellos se hubiera incrementado 3,44 (Dane). Las listas de mercado lo confirman: entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, el huevo pasó de 317 pesos a 409; el kilo de pernil de pollo, de 6.637 a 12.800; el de papa, de 715 a 2.013; el de zanahoria, de 1.322 a 1.645; pastas y aceites se dispararon y el de manzana importada de 6.152 a 7.099 (Dane).

La tormenta inflacionaria local fue más perfecta por la fracasada estrategia de libre comercio y capital extranjero. Como abonos y plaguicidas son importados, los precios internacionales al alza, del nitrógeno, del potasio y del fósforo recargaron el Índice de Precios al Productor Agrario, que subió de 142,07 a 193,12, más de 50 puntos, el doble que entre 2015 y 2020. Colombia pagó por tonelada de insumos agrícolas 638 dólares en 2021, mientras que en 2019 fueron 500 (Cálculos, base Dane). Finalmente, la tasa de cambio completó el cuadro al treparse a 3.750 pesos en promedio en 2021, y a alimentos, insumos y transporte caros se sumó la devaluación.

Así, la dependencia de las importaciones de bienes del ámbito agropecuario, que bordean 14 millones de toneladas anuales, junto con dos millones de las de bienes intermedios para el agro, se conjuga con la debilidad del peso colombiano. “Sobresale el déficit de la balanza comercial” y “el fortalecimiento del dólar frente a las economías emergentes, siendo la colombiana de las más endeudadas y percibida como de mayor riesgo” (S. Kalmanovitz, El Espectador), cuando los “ciclos globales de liquidez” están ligados a “decisiones de política monetaria en Estados Unidos y otras economías avanzadas” (D. Guevara, El Espectador) que, por los anuncios, vendrán en sentido adverso.

El dramático balance empeora ante la falta de instrumentos para enderezar. Las restricciones de los TLC, la política cambiaria flexible, que relaciona con alto coeficiente la devaluación con el índice de precios, y la política monetaria, fallida en “mantener el poder adquisitivo”, impelen a modificar a fondo el neoliberalismo que las incubó en 1991. Sin reformas que admitan una coordinación monetaria entre las varias autoridades, la revisión de los tratados y el apoyo a la producción nacional, predominarán la carestía y la inseguridad alimentaria que azota al 54 por ciento de los hogares colombianos (SEMANA-Andi, 2021).

“Cuando pa Chile me voy…”

En lo que sí se parecen Chile y Colombia es en estar aherrojados por los TLC. La nación austral tiene 26 firmados y nosotros 16, y ella fue la primera en Suramérica en suscribir uno con Estados Unidos, en 2004.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Es “chibchombiano”, para acudir a una voz genuina, equiparar a Colombia con Chile. Que Boric se parece a Petro o “más a Robledo” (H. Riveros, Blu Radio) o que Kast es Óscar Iván Zuluaga. No es nuevo. Durante tres décadas, los neoliberales pusieron como ejemplo el modelo chileno, omitiendo los procesos sociales y políticos –en particular los más recientes estallidos signados por la desigualdad, mayor la colombiana que la chilena–, que tienen raíces y desarrollos propios, incluidas las violencias padecidas. Y aunque la aplicación del neoliberalismo en Chile se hizo al tenor de la dictadura genocida de Pinochet, en ciertos aspectos ha sido aún más profunda en Colombia.

Allá, por ejemplo, no privatizaron la empresa minera ciento por ciento estatal Codelco, “el sueldo de Chile”, como la llaman, que representa el 20 por ciento o más de toda su economía y posee el mayor nivel de reservas y recursos de cobre conocidos en el planeta. Entre tanto, aquí se privatizaron las de carbón y níquel, incluido el ferroníquel, su derivación industrial, reducidas a un simple recurso fiscal vía regalías. Los fondos de pensiones chilenos, entre los que está el grupo Sura, están desligados de los bancos que operan en su territorio, mientras que en Colombia son una de sus ramificaciones financieras, algo que hasta la Ocde objetó. El salario mínimo en Chile alcanza para 6,7 canastas básicas alimentarias y en Colombia solo para dos, sin vivienda ni servicios (Bloomberg, 2022). El índice de desarrollo humano ubica a ese país en el puesto 43 y a nosotros en el 83 (PNUD, 2020) con un desempleo siempre superior. El neoliberalismo colombiano ha hecho más daño que el chileno y tiene que ver con que entre 1990 y 2019 hayan emigrado hacia allá 150.000 nacionales (Depto. de Extranjería de Chile, 2019) y no al revés.

Colombia es país tropical con ilimitadas posibilidades para la producción agropecuaria, mientras que Chile como austral está restringido a cultivos temporales. Además de la zona Antártica de 1.250.000 kilómetros, posee una franja costera continental sobre el Pacífico de 756.000 kilómetros de superficie, casi 105.000 desérticos, que implica actividades divergentes posibles. De un total de 20 millones de habitantes, apenas el 40 por ciento de la población colombiana, la mayoría vive en la planicie de la zona central.

Estas características y las restricciones de su mercado interno, lo que no es el caso de Colombia, proyectan a Chile como economía exportadora, con ventas externas, fuera de cobre y molibdeno, de uvas, arándanos, ciruelas, manzanas, cerezas, nueces, vino y frambuesas, salmón y celulosa, a cambio de importar casi todos los bienes industriales y otros agrícolas. No obstante, mantiene un recurrente superávit comercial apuntalado en el impulso minero, aunque sus cuentas externas sean negativas por las excesivas rentas devengadas por el alud de inversión extranjera en el sector bancario y otras ramas con 446.000 millones de dólares, un exorbitante 160 por ciento del PIB, además de la deuda externa del sector privado, por 138.000 millones de dólares (Banco Central, 2019) superior a la del sector público, y una burguesía intermediaria vinculada a esos circuitos globales, como el Grupo Luksic, Piñera, Ponce, Salata, Angelini, Matte, Paulmann, Yarur, Saleh (Forbes) y firmas como Banchile, Banco Ripley, Falabella o Cencosud, varias en calidad de traslatinas.

En lo que sí se parecen Chile y Colombia es en estar aherrojados por los TLC. La nación austral tiene 26 firmados y nosotros 16, y ella fue la primera en Suramérica en suscribir uno con Estados Unidos, en 2004, durante el gobierno socialista de Ricardo Lagos, y luego con la Unión Europea, China, Japón, Malasia, Vietnam, India, Tailandia, Indonesia, y la Alianza del Pacífico con Perú y Colombia, entre otros. “Le pusimos reglas al ogro”, dijeron entonces en un foro realizado en Santiago al cual fui invitado. Décadas después se ve que el capital internacional, con sus aliados locales, fue quien las puso, tal como se les advirtió.

En la carta en que Piketty, Stiglitz, Ocampo, Ha-Joon Chang y Mariana Mazzucato brindan apoyo a Boric, se habla de “una agenda productiva dinámica y sostenible, capaz de lograr el crecimiento, la equidad y el desarrollo” que “el mercado, por sí solo, no puede resolver”, pero extrañamente omiten que para cumplirla así deban revisarse los TLC. El nuevo presidente anunció que en conversación con Biden hablaron de comercio justo, crisis climática y democracia, remitida a la Constituyente en marcha, pero por lo visto sería solo aproximación a un cambio cierto de rumbo.

Como en la canción Cuando pa Chile me voy, a Boric “en las dos puntas alguien me aguarda”. En una, el capital financiero y, en la otra, los 5 millones de votos que obtuvo. Veremos.

Caso Macaco, verdades del paramilitarismo

El caso Macaco debe servir para acabar la burla a las víctimas, que, para la reparación, no tengan que ir a cortes extranjeras.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En Colombia se aplican la ley del más fuerte y la del silencio. La primera explica la violencia, “la gran tragedia de la sociedad colombiana del último siglo” (Melo, 2017) y la segunda, la impunidad, por la que entre 1820 y 2001 se otorgaron 88 procesos de beneficios penales como la Ley 975 del Gobierno de Uribe en 2005, de Justicia y Paz, “que confirió ventajas jurídicas a los paramilitares” sin compensación a los afectados y al país (Revéiz, 2016).

Esa impunidad se amplió cuando la cúpula paramilitar fue extraditada a Estados Unidos, al prevalecer el delito de narcotráfico sobre crímenes atroces como desplazamientos, desapariciones y similares. Luego de diez años, “los paramilitares que pagan condenas en Estados Unidos por la misma razón, el promedio será 7 años y medio” (The New York Times). En mayo de 2008, Carlos Mario Jiménez, Macaco, fue el primero en ser condenado a 33 años en Estados Unidos por narcotráfico, que redujo a 11 por “colaboración con la justicia”, y volvió a Colombia en 2019.PUBLICIDAD

Jiménez fue jefe de 7.603 miembros del Bloque Central Bolívar (BCB) (https://verdadabierta.com/los-tentaculos-del-bloque-central-bolivar/), controló “el Magdalena Medio… a través de la corrupción, la tortura, el secuestro y ejecuciones extrajudiciales” (Corte, Distrito Sur de Florida, caso n.° 10-21951) y en marzo de 2021 “por la línea de mando” aceptó 162 hechos criminales (El Colombiano, 18/03/2021).

Luego de siete años, el Centro para la Justicia y Responsabilidad (CJA), en representación de familiares de una víctima del BCB, logró, el 28 de septiembre de 2021, que el magistrado Edwin G. Torres, de la Corte del Distrito Sur de Florida, decretara indemnización para sus clientes “que probablemente nunca podrán cobrar” (The Intercept, Speri, A., 24/11/2021). Fuera de la culpabilidad de Jiménez, el fallo es fundamental para precisar una narrativa veraz sobre el paramilitarismo en Colombia.PUBLICIDAD

Torres acudió a la Torture Victim Protection Act (TVPA), que faculta la intervención de la justicia norteamericana cuando la tortura o la ejecución extrajudicial se cometen “bajo la autoridad real o con apariencia legal, de cualquier nación extranjera” (Corte, Distrito Sur de Florida, caso n.° 10-21951) y “los perpetradores estén bajo autoridad jurisdiccional de Estados Unidos” (The Intercept, Speri, A., 24/11/2021).

Partió de que hubo “relación simbiótica” entre paramilitares y el Estado colombiano, al señalar que “utilizó a miembros paramilitares para luchar contra los grupos guerrilleros que causan disturbios civiles en áreas como la región fluvial del Magdalena Medio” y que “recibieron beneficios tangibles (…) como transporte y comunicaciones, y se financió a través de la producción, venta y tráfico de estupefacientes” (Corte, Distrito Sur de Florida, caso n.° 10-21951).

Destacó “abundancia de evidencia (…) de que el BCB operaba (…) con actores estatales colombianos” intercambiando “inteligencia, armas y uniformes militares” y “también hicieron la vista gorda ante la presencia (…) y actos delictivos del grupo debidos a sobornos”, que “eran la misma entidad porque la organización controlaba las operaciones del Estado”. El BCB mantuvo “nómina para pagos a militares y policías” y actuó con apariencia de ley (ídem).

Se extiende así responsabilidad a Estados Unidos que, fuera de jerarquizar el delito de narcotráfico allá sobre la reparación de las víctimas aquí, intervenía en el Gobierno y la fuerza pública al tenor del Plan Colombia. En ese orden, se rememoran hechos como la sanción contra Chiquita Brands por pagar a los paramilitares, aunque “reportaron los pagos al gobierno de Estados Unidos” y porque “usaban a Chiquita para exportar droga e importar armas” (Kelsey Jost-Creegan, en IPC.org.co).

Eleva a verdad judicial el dicho de Myles Frechette, exembajador en Colombia, de que “Washington apoyó porque quería reducir la violencia” (El Espectador, mayo de 2017), reitera denuncias de Human Rights Watch sobre batallones antinarcóticos que coordinaron con paramilitares, “creados con asistencia y financiación de Estados Unidos y entrenados por militares estadounidenses”, a los que Clinton “firmó una exención de las condiciones relativas a derechos humanos” (“Sexta División”, HRW). Roxanna Altholz, de Berkeley, Center for Latin American Studies, dice: “Mire, donde mire, verá los Estados Unidos” (The Intercept, Speri, A., 24/11/2021).

El caso Macaco debe servir para acabar la burla a las víctimas, que, para la reparación, no tengan que ir a cortes extranjeras y también para que la Comisión de la Verdad incluya el sustento de la sentencia del magistrado Torres: el paramilitarismo como instrumento de Estado y, según, personalidades, ONG, grupos de análisis y abogados, asistido de cierta forma por Estados Unidos.