¿Cómo debe ser una reforma tributaria progresiva?

Un artículo de ‘Columbia Journal of Tax Law’ (Benshalom y Stead, 2018) afirma que “el régimen del impuesto a la renta es un instrumento vital para lograr la redistribución en las democracias liberales, por lo que académicos y legisladores deberían ver un análisis distributivo concreto de sus atributos como una necesidad”. El texto refuta las, por lo menos, 16 reformas tributarias que en los últimos 27 años han maltratado impunemente el artículo 363 de la Constitución: “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”.

Dicha deformación, justificada al tenor de la eficiencia, causó que en el sistema tributario nacional no predomine el impuesto de renta. Veamos: con base en información de la Dian del año gravable 2016, que se registra en 2017, cuando solo se aplicaron los impuestos indirectos, quedando pendiente el de renta para las declaraciones del 2018, el recaudo total fue de $ 136 billones. El IVA (externo + interno), el de combustibles, los aranceles, el impuesto al consumo y el cuatro por mil sumaron $ 70 billones, mientras que el de renta, el Cree y el de riqueza, estos últimos en vías de extinción, llegaron a $ 66 billones. La brecha entre ambos se seguirá ahondando.

Así mismo, en 2017, el impuesto de renta a cargo de personas jurídicas ‒de acuerdo con la Dian‒ facturó $ 23 billones, frente a una renta líquida de $ 104 billones, lo cual significa una tasa efectiva promedio del 22 por ciento, lejos de la nominal de más del 40 por ciento que regía en 2016 y también alejada en sectores claves, por ejemplo, el de los bancos en 2015, con el 16,9 por ciento (Villabona). Iniquidad presente además en las personas naturales, como entre las obligadas a llevar contabilidad, donde los asalariados, con $ 248.000 millones de ingresos totales, tuvieron un impuesto a cargo de $ 19.498 millones, el 7,8 por ciento, insólitamente similar al de los rentistas del capital, con ingresos por $ 726.000 millones, con tributo de renta por $ 58.300 millones, de lo que resulta una tasa del 8 por ciento.

El mundo discute la tarifa tributaria respectiva, particularmente para activos de inversión, que, como se muestra en muchos países, se concentran en el 1 por ciento más adinerado.

Está comprobado que Colombia va en contravía de la progresividad, ordenada expresamente por la norma constitucional, como ha ocurrido también en Estados Unidos desde 1960-1970, donde, según Piketty, se produjo “caída en los impuestos corporativos y en los impuestos a las sucesiones y donaciones combinada con un fuerte cambio en la composición de los principales ingresos lejos del ingreso del capital y hacia el ingreso laboral”. Es la línea continuada por Trump, así como la plasmada en la reforma tributaria del 2016 en Colombia y la propuesta por candidatos como Vargas, Duque y otros.

Un grupo de trabajo (R. Barrera, N. Moreno y M. Hoyos) construyó un bosquejo de trazado tributario hacia la progresividad. Ellos sugieren, en primera instancia, sabiendo que el Gini de las utilidades empresariales es mayor a 0,8, que se fije una tarifa esa sí progresiva, favoreciendo a las pymes, poniendo a las mayores contribuyentes el 36 por ciento y descendiendo en escala hasta 22 por ciento, con lo cual incluso el recaudo crecería y no sería cero, como está proyectado entre 2017 y 2022.

Así mismo, proponen, con Piketty, gravar el patrimonio-riqueza de personas naturales en el exterior que buscan ‘despatrimonializarse’, como en el caso de los papeles de Panamá y otros modelos paradisíacos. El mundo discute la tarifa tributaria respectiva, particularmente para activos de inversión, que, como se muestra en muchos países, se concentran en el 1 por ciento más adinerado.

También sugieren acabar de eliminar los estrambóticos privilegios consignados en los ‘contratos de estabilidad jurídica’; elevar impuestos a las grandes sucesiones; suprimir ‒como se vio‒ las excesivas deducciones, cuyo costo fiscal se estimó entre 2000 y 2015 en más de $ 120 billones (Villabona y Quimbay) y alzar la carga impositiva a los dividendos. Plantean, como Piketty, retomar el gravamen a los giros de capital al exterior de ganancias de firmas transnacionales, anulado por Uribe y Carrasquilla en 2006, que para 2017, aplicando solo 7 por ciento a los 13.641 millones de dólares ‒la renta remitida‒ recabaría $ 3 billones, un tercio del producto del alza del IVA del 16 al 19 por ciento.

Sergio Fajardo ha convocado un diálogo general para elaborar la reforma fiscal indispensable y este análisis pretende contribuir con fundamento para avanzar hacia la equidad y hacia una efectiva redistribución del bienestar, lo cual es el fin mínimo que debe buscarse en el presente orden económico y social.

NiNi

Pese a que algunos hacen elucubraciones sobre el papel de la coalición que se cataloga como tal, ella es la que puede trazar la senda diferente, dar valor agregado al ejercicio político.

Desde el dos de febrero está en furor el sabotaje a los actos de las campañas políticas. Fue en Armenia donde Rodrigo Londoño, candidato presidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en una vista pública recibió improperios y denuestos por un grupo de personas.

Los análisis concluyen que, sin duda, en muchos permanece viva la indignación por los muy graves errores cometidos por dicha organización; no obstante, había que reconocerle el cumplimiento de los acuerdos de terminación del conflicto, en especial el desarme y el cambio de la violencia por la política. 
 
Así mismo, en el debate sobre estos hechos y los sucesivos en Pereira y en Florencia se insistió en que –aparte de espontáneos ciudadanos de a pie, que puede haberlos- dirigentes y medios de comunicación, sin excepción, deberían observar una actitud ejemplarizante para crear distensión y no polarización en el ambiente político nacional, en el marco de una reconciliación que no es un fin en sí misma, sino el medio para que Colombia pueda entrar a resolver las enormes dificultades, que en términos de desarrollo, particularmente sociales y económicas, padece proverbialmente. 
 
Luego vino la acusación de Héctor Abad contra Petro de “documentos cambiados” cuando estaba en el Polo. El mismo Abad resume que “no soporté más los insultos, las calumnias y las amenazas de los bots, los trolls, los fans y los plumíferos”. Cuando en Blu Radio afirmé que no me constaba tal comportamiento pero que Petro sí aprobaba una cosa en el Polo y hacía otra, recibí andanada igual o peor que la infligida a Abad, incluyendo a los periodistas Enrique Santos Molano, que me mandó a un psicoanálisis, y Antonio Morales Riveira, quien me puso como un vendido a la barata. 
 
En ese ambiente, donde lo de menos es la mella insignificante que pueda hacérseles a los agraviados, cuya arena son las redes sociales y el protagonista las barras bravas, se está librando el pulso entre las dos consultas que se van a celebrar en simultánea con las elecciones al Congreso el 11 de marzo. Uribistas y petristas, quizá por recomendaciones de sus respectivos asesores, han llevado la polarización al extremo con fines políticos, ir más allá que cualquiera en la “guerra aérea”, lo que al final se ha traducido en una verdadera “guerra terrestre” con la rechifla en Popayán contra el Centro Democrático, desembocada en confrontación con la Policía, pero, ante todo, por el tropel con alto grado de agresión y aun no debidamente explicado en  Cúcuta contra Petro.  
 
Se desprende de esto que es otra la senda que Colombia necesita recorrer. Claro que debe haber debate público, pero en el marco de la confrontación sobre ideas, programas y propuestas y, ante todo, acerca del nuevo proyecto de país que hay que adelantar para hacerlo autónomo, democrático y equitativo, respetable en el ámbito mundial,  un país que potencie sus energías productivas para  que pueda ir saliendo de los profundos anillos del Averno a los que se le ha relegado.   
 
Para promover estos trascendentales propósitos cobra mayor vigencia respaldar este domingo venidero las listas de quienes representan la opción política que permita crear planos de discusión civilizada que, al final, ojalá logre unir al 90% o más de los nacionales hacia una transformación real de Colombia. Pese a que algunos hacen elucubraciones sobre el papel de la Coalición que se cataloga como NiNi, que no se deja encasillar en fatuos y peligrosos fanatismos, ella es la que puede trazar la senda diferente, dar valor agregado al ejercicio político –por fuera de los mismos de siempre responsables de la crisis abismal- y derrotar el “todo vale” causante de que 60% de los posibles electores no quiera participar. 
 
Quienes son los probados portaestandartes de dichas listas para Senado y Cámara, veteranos y jóvenes, son líderes reconocidos y por ellos votaré, aplicando que “No se trata de alentar el odio y la venganza, sino reflexionar sobre la sociedad que queremos y las capacidades y herramientas con las que contamos para construirla” (libro “Comunicarnos sin daño” de la Universidad Javeriana).   

Indignación ciudadana por el predial ha sido tapada por la campaña política

Hace unas semanas escribí acerca de la exacción a los barranquilleros con el cobro del impuesto predial para 2018. Un alza del 47% prevista en el recaudo respecto al año 2017, que ha llevado a que –acorde con su ingreso– cada ciudadano deba dedicar 20 días al año para pagar impuestos distritales.

Así mismo, en Ibagué se presentó otra ola de rechazo por un intento alcabalero similar. Allí se proyectó una iniciativa que combinaba una mayor tarifa mínima, del uno por mil al cinco por mil, con la actualización catastral y la incorporación de nuevos predios –pasando de 139 mil en 2010 a 176 mil en 2018– hasta llegar a un avalúo total de $8,5 billones para la capital del Tolima. Se planeaba pasar de cobrar $57.576 millones de recaudo en 2017 a más de $65 mil millones en 2018, a pesar de que el crecimiento del índice de valor predial en esta ciudad ha caído de 6,7 en 2015 a 5,4 en 2017. Menos mal, la protesta social pudo más que el atropello.

El punto máximo se está alcanzando en Bogotá. Desde la administración de Moreno se inició una espiral alcista desde un recaudo cercano a $1,2 billones en 2009 a más de $2 billones en 2015 con Petro y a $3,1 billones con Peñalosa para 2018: un incremento del 200% por ocho años consecutivos al que han contribuido, sin excepción, las respectivas administraciones. Para 2018, se proyecta, por efectos equivalentes en avalúos, la elevación del tributo en 12,95% al estrato uno; del 16,06% al dos y al 14,67% al tres y también entre el 7,14% y el 10,52% para los demás. Sufrirá tan gravoso aumento la casi totalidad de los hogares, el 95%, como lo viene denunciando el concejal Manuel Sarmiento.

Un cobro explosivo, desde hace ocho años, que supera tanto el crecimiento del salario mínimo y el de la inflación (Mateo Hoyos-lasillavacia.com) como el del ingreso por habitante. Millón y medio de familias sufrirán otra vez esta nueva arremetida.

Gustavo Petro justificó haber duplicado el recaudo del predial en su administración porque así “financió el gasto social” y me calificó como reaccionario por oponerme a la alcabala indefinida. No obstante, el torrente de ingresos corrientes no se ha dedicado solo a dicha finalidad. Entre 2012 y 2015, él lo usó en más de $1,2 billón para llenar las arcas de los operadores privados de Transmilenio y del SITP, compensando la diferencia entre la tarifa técnica reconocida y la comercial que pagan los usuarios, cuyos contratos prorrogó sin licitación ni cambios sustanciales y cuya inadecuada implementación encabezó. Enrique Peñalosa lo ha imitado gustoso, supliendo también así al oligopolio transportador.

También en Tunja se denuncia que al 25% se les subió el predial desde el 101% hasta el 300% y el IGAC argumenta que simplemente trasladó un supuesto boom inmobiliario al valor catastral de los más de 80 mil predios tunjanos, que han alcanzado un valor total de $8 billones, equivalentes al doble de 2012, cuando también se duplicó con iguales sofismas. Por doquier se ha levantado la indignación ciudadana.

El desborde del cobro del impuesto predial urbano en los municipios, porque el área rural sigue subestimada, está en línea con una política fiscal del Ministerio de Hacienda: ir disminuyendo su dependencia de los recursos nacionales. El mejor ejemplo es Bogotá: En 2006, solo el 35% de sus ingresos totales eran ingresos corrientes mientras para 2016 ya alcanzaban el 62%.

Así la ciudadanía ve disminuido doblemente su ingreso disponible: por un lado, con IVA al 19%, promocionado por Ricardo Bonilla, el ex secretario de Hacienda de Petro, más impuestos crecientes al consumo y a los combustibles, más el cuatro por mil. Y por el otro, con inicuos tributos prediales fijados por encima de todo parámetro y ligados exclusivamente a procesos comerciales inmobiliarios. En medio del transcurso electoral, por todas partes y en forma casi invisible, millones de hogares impugnan y se movilizan contra tan grave afectación a sus de por sí menguadas economías familiares.

La alcabala predial en Barranquilla

Gran inconformismo ocasiona el alza del impuesto predial en Barranquilla. No es para menos: mientras que en 2017 el recaudo efectivo por ese concepto fue de $247 mil millones, para 2018 se ha proyectado, según el presupuesto de Hacienda, en $364 mil millones, una escandalosa alza del 47 %. Fuera de este tributo y el de Industria y Comercio, allí se pagan varios que ni siquiera se cobran en Bogotá –líder en tributación por poblador–, como telefonía y alumbrado.

A través de procesos de actualización catastral –que desde 2017 está en manos de la Administración– en Barranquilla viene creciendo dicho impuesto en forma exponencial: en 2009, los 304 mil predios valían $17,4 billones y para 2018 los 352 mil sumarán más de $32 billones en avalúo. Por tanto, el valor de cada predio ha pasado de $57 millones en promedio a $91 millones. Es decir, en 2009 se pagó un peso de impuesto por $123 de avalúo, mientras que en 2018 se pagaría uno por cada $87. Además, un predio de $250 millones, que en Bogotá tiene una tasa de 6,4 por mil, en Barranquilla, estando en estrato cinco, coge una de 9,7 por mil. Y uno de 30 millones, que en Bogotá tendría tarifa de solo 5,5 por mil, en Barranquilla, por estar en estrato tres, le toca la de 7 por mil.

Las características sociales de Barranquilla son tan complejas como en las demás ciudades. En los estratos sociales de ingresos bajos y muy bajos, hay casi 2 de cada 3 habitantes y si sumamos los de ingreso medio, se llega a 3 de cada 4. El desempleo, que descendió al comienzo de la década, se estancó en algo más de 8% y, si se suman los subempleados, se llega a la mitad de toda la fuerza laboral. Una de cada dos personas es trabajador por cuenta propia y, como en el resto del país, el ingreso por habitante en 2017 no subió ni el 1%. Esa población, con dicha estructura socioeconómica, ha visto pasar el pago de impuestos locales por poblador de $293 mil en 2008 a uno proyectado de $906 mil para 2018, el triple en diez años, más del doble en pesos reales, lo cual implica que cada ciudadano, cualquiera sea su condición, le entrega al Distrito cerca de 20 días de ingreso al año, cuando en Bogotá solo llega a 15. Los exprimen al máximo.

El alcalde Álex Char justifica tanta expoliación argumentando que hoy “Barranquilla vale más”. Una verdad que tiene una réplica: los barranquilleros han pagado y siguen pagando dos cobros de valorización por un aforo total cercano a $600 mil millones. Con la contribución de valorización, pagaron parques, obras viales, escenarios para los Centroamericanos y canalización de arroyos, y, de encima, ven cómo aumenta el valor del impuesto predial, fruto de ese mayor valor que ellos crearon. Se les cobra por punta y punta.

Ahora bien, tanta alcabala ha sido insuficiente, porque una parte sustancial de la inversión publicitada ha sido con alto endeudamiento. Contratado con tasas del DTF + 1,26% y recientemente a DTF+2,5%, como lo registra el muy completo informe fiscal de Fundesarrollo (2016), la Administración ha contraído en diez años créditos por $814.422 millones por los que ha pagado servicio de deuda por $728. 015. Si agregamos que el saldo por pagar es todavía de $663.188 millones, al final el pago por cada peso prestado será mínimo de $1,70.

Como, para 2018, se planea pedir prestados otros $230 mil millones, el monto adeudado podría subir a más del 75 % de los ingresos corrientes lo que lo pone en un punto limítrofe del 80 %, el máximo permitido por el Índice de Sostenibilidad de la Ley 358. Esto se ve en la calificación de BRC Standard &Poor’ que, si bien acredita a Barranquilla con calificación AAA, está en perspectiva negativa, explicada en parte por la incierta capacidad de pago, como producto del altísimo nivel de cobro impositivo y por lo cual nunca el recaudo efectivo ha cubierto más del 80 % de lo esperado.

Se ha formado una coalición cívica de gremios, sindicatos, fuerzas sociales y políticas independientes que demanda una revisión general de esta alcabala gremial, sobran razones para ser oída.

Nota. Total rechazo a la utilización del terrorismo contra Barranquilla cualquiera sea la causa y solidaridad plena con su ciudadanía.

Urbanismo a la brava en Cali: Jarillón y Terminal Sur

En Cali hay distintos procesos de urbanismo. Dos casos, no únicos, el del Jarillón del río Cauca y el del Terminal Sur, son cuestionados incluso por los organismos de control. Información recopilada por el edil de la Comuna 6, Marcel López, y los profesionales Nathaly Cruz, Julián Rincón y Ángela Quevedo devela hechos que demandan explicación tanto de la administración Armitage como del gobierno nacional.

Este último, mediante el Fondo de Adaptación, lidera el Macro-proyecto del Jarillón: un programa de obras que apunta a mitigar el desbordamiento del Cauca y del Cali y la afectación que pudiera tener sobre la planta de agua de Puerto Mallarino, que aprovisiona al 72% de la ciudad, la PTAR de Cañaveralejo y la estación de bombeo del Paso del Comercio. Dichas obras exigen desplazar a 8.700 familias asentadas en inmediaciones de las riberas.

Pasados cinco años, la reubicación de esos hogares avanza a paso de tortuga, mientras que el hostigamiento para el desalojo y la represión sí van a toda máquina: a unas familias se les expide un exiguo auxilio de arrendamiento y a otras se asignaron viviendas VIP y VIS; sin embargo, entre los dos operadores encargados, COMFANDI y el FEV de Cali, mantienen en vilo a cerca de 6 mil familias. Iniquidad similar han vivido PYMES que fueron desterradas, en los mejores casos, con $50 millones para cubrir el daño. A contramano, según Iván Mustafá, un Parque Lineal sucedáneo valorizaría algunos terrenos circundantes.

Tampoco progresan las obras de infraestructura, ejecutadas por CVC y Emcali, para cuya gerencia y coordinación se contrató directamente a la Fundación FDI por $32 mil millones y a 44 meses, ya transcurridos. En julio de 2017, al hacer la auditoría del Plan, la Contraloría de Cali rajó la Gestión calificándola con 48,7 puntos sobre cien; en Legalidad, le puso solo 25,5; en Ambiental, en la que destacaba el retraso en las obras, apenas 39, y en Control Financiero, 50. Determinó 28 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal, ratificando un Informe de octubre de 2016 de la Contraloría General de la República, que habló de “cifras caóticas”.

También en el Sur concita rechazo ciudadano la edificación del Terminal del MIO con sus patios-talleres. Modificando el emplazamiento original en Piedragrande, el Terminal se implantó sobre el Humedal El Cortijo, ubicado en un lote cuya adquisición no trasmite suficiente transparencia. El predio es parte de uno mayor de 160 mil, comprado como rural por un particular y vendido a MetroCali como urbano. Había sido adquirido a la antigua DNE por $27.700/m2 y fue vendido por casi $280.000/m², un incremento del 1.000%. La parte correspondiente a los talleres está en controversia, pendiente de jugosa indemnización por expropiación.

La administración se empeña en negarle valor ambiental al Cortijo, catalogándolo como “un meandro del río Lili” y desconociendo hechos remarcados en 2011 desde el Plan Parcial del Sur. Se talaron 238 árboles y se hizo un cerramiento que lo aísla del río; que rompe su continuidad con la estructura ecológica principal conectada con el Parque los Farallones; que no lo valora como Bosque Cálido Humedal en Piedemonte; que desconoce olímpicamente la existencia de 24 familias y 49 especies de aves, así como de otros géneros pioneros de Bosque Seco Tropical.

Así mismo deslegitima la condición de patrimonio arqueológico, de indígenas asentados en épocas prehispánicas, en esas áreas consideradas de “expectativa arqueológica media”. La administración veló al parecer estos elementos al solicitar a la CVC el permiso ambiental para la construcción.

Mientras se originan impactos en movilidad y bienestar que padecerán los habitantes de las comunas 17 y 22, se provoca una valorización automática, que alcanzará tanto el segmento del lote que quedó por fuera del Terminal como al suelo comprendido por otros planes parciales del sur de Cali, que abarca 1.632 hectáreas de expansión, y hasta la zona franca Zona-América. El proyecto está en curso y lo construye la firma SAINC en contratos por un total de $90 mil millones, que se añadirán a los $726 mil millones que Cali ya adeuda por obras de infraestructura. Entre tanto, no se define el impuesto de plusvalía que pagarían los proyectos inmobiliarios en gestación.

El presente urbanismo de Cali vulnera derechos ciudadanos y normas ambientales, afecta la sostenibilidad financiera de la Hacienda y quebranta parámetros en distintos órdenes. Así, con recursos públicos, deja bastantes perdedores y pocos ganadores. “Van porque van”, desafía Armitage.

Boyacá, riqueza extranjera y «rebusque» criollo

La población boyacense está regada en 123 municipios que son más del 10% de los del país– muchos de ellos poblados con menos de diez mil habitantes- y produce tres de cada cien pesos de la economía nacional. Constituye caso especial en cuanto a la apertura de su economía: al dividir la suma de las exportaciones por habitante, 218 dólares, más las importaciones también por habitante, 76 dólares, por el ingreso per cápita, 6.412 dólares, arroja un factor de 4,5%, muy lejos del de Colombia que es del 26%. Boyacá, con ese bajo grado de apertura registra –para sorpresa de quienes ligan el crecimiento con la internacionalización- un ingreso superior al del promedio de los colombianos que es de 5.800 dólares.

Sin embargo, según información recopilada por la estudiante de economía de la UPTC, Andrea Salazar, la agricultura, pese a que en el año 2000 era el 20,9% de su economía y para 2015 había caído al 13,7%, sigue como sector líder. Dicha reducción ha sido a costa del incremento de la minería, en especial del petróleo de Puerto Boyacá, que subió del 5,7% del PIB boyacense en 2000 al 10,9% en 2015. En años como 2007, 2008 y 2011, Boyacá creció por encima del valor consolidado nacional.

Dos productos dominan la estructura agrícola departamental: la caña panelera y la papa mientras los pastos, claves para la vocación lechera, adoptada luego de los quebrantos del trigo y la cebada, ocupan 77% del área en uso agropecuario. Además elabora uno de cada cinco pesos de las hortalizas del mercado colombiano.

A contramano, el sector industrial, quedó en manos extranjeras. El de las bebidas, con la cerveza principalmente y que tenía una articulación con la cebada local, hoy está en manos de los fondos de capital que controlan este mercado globalmente y se surte en más de 250 mil toneladas importadas merced a los TLC, para el 96% del consumo nacional, de Argentina, Dinamarca y Canadá.

El cemento, que se caracteriza por presencia de yacimientos abundantes de materias primas  para su elaboración, está en manos del oligopolio que lo controla a escala nacional y sobre cuya explotación hay una opinión crítica por el deterioro ambiental causado al hacerlo sin tasa ni medida.

La siderurgia, sector emblemático y con vocación natural por encontrarse en inmediaciones de una región minera que facilita la aleación de acero, quedó también en manos foráneas subordinada a las importaciones, mayormente de Brasil, de productos intermedios de hierro, de desperdicios del mismo mineral y de ferroaleaciones para obtener los productos finales. Es una manufactura cuasi-ensambladora y que cubre menos del 60% de la demanda nacional sensible a la volatilidad de la tasa de cambio, con las correspondientes secuelas productivas, laborales y sociales.

La explotación de carbón, en la que predomina el coquizable, está sujeta al control multinacional del título minero 070, renovado en 2012 hasta el año 2039, y que le otorga a la brasilera Votorantin condiciones de señor y dueño para permitir el trabajo de la pequeña minería en sus contornos. Un proceso similar se vive con las esmeraldas, en los 11 municipios del occidente, que junto con el coque son primer renglón de exportación, y que ha caído, desde la primera cesión que hiciera  Víctor Carranza, en poder de compañías internacionales. La piedra sale en bruto hacia zonas francas en Bogotá y de allí a países donde la talla agrega máximo valor, proceso que ha generado dudas  sobre el real valor al cual se registran las respectivas ventas al exterior. En ambos casos, carbón y esmeraldas, está en explotación solo 2% del área concesionada con deterioro patrimonial regional y nacional.

Entre tanto, los poblados boyacenses se dedican al “rebusque” colectivo, especializándose en frutos como la feijoa, la cebolla o la trucha o también los balones de fútbol, las ruanas o los postres, orientados hacia el mercado interno viendo viajar el fruto de sus riquezas naturales a otras naciones, incluida la energía –que con gran potencial térmico natural- ha quedado en el patrimonio del fondo Brookfield el mismo de Isagen. Triste es este destino – precisamente- en el territorio donde se fraguó la independencia de Colombia hace 200 años.

Un fantasma recorre la Orinoquia: la consulta popular

El terreno de los cuatro departamentos que componen la Orinoquia, tan ricos en hidrocarburos como en recursos hídricos, están solicitados en un 82% para concesión de explotaciones minero-energéticas.

Al recorrer la carretera de Villavicencio a Yopal se ven centenares de carrotanques cargando el petróleo que se mueve en la zona, que entrega, sumada Arauca, el 70% de todo el país. Diez compañías petroleras lo movilizan hasta las distintas estaciones de bombeo a escala nacional –que también cubre en alguna medida a la carretera Bogotá-Villavicencio– por el eje vial concesionado en ambos tramos, hasta el 2044, al grupo financiero más poderoso del país, AVAL, con peajes de alta tarifa cada 60 kilómetros.

Lo que el resto de la población devenga en tal proceso se limita a los consumos de transportistas, operarios y empleados y en contratos con firmas de suministros y servicios complementarios, que no llegan a ser ni 15% del total del ingreso bruto derivado de esa explotación petrolera. Este esquema no es más que fiel réplica de la distribución de valor, del estilo de la de Epulón y Lázaro, en la representación minero-energética del modelo de capital extranjero. Un dato de las inversiones sociales de las empresas petroleras por $185 mil millones en 2014 arroja tan solo $108 mil por habitante de la Orinoquia, escasamente un barril para cada uno al año.

La regalía promedio es de 8 barriles por cada 100 producidos, pero debido a la última reforma introducida –con el ánimo de que “la mermelada se regara por toda la tostada”– a la Orinoquia se le redujo su participación del 47% del total en 2009 a apenas 12% en 2016.

Los cuatro departamentos que componen la Orinoquia son tan ricos en hidrocarburos como en recursos hídricos. Su vasto territorio abarca el 22% de la superficie total de Colombia y está solicitado en un 82% para concesión de explotaciones minero-energéticas. Según un estudio del Instituto Von Humboldt, “la zona cuenta con un régimen de lluvias que produce un promedio de 23 mil m3/s, lo que representa el 33,8% de la escorrentía total nacional, estimada en 67.000 m3/s” y la cuenca del petróleo gira en especial en torno al río Meta, en cuyas márgenes está más del 90% del territorio de los departamentos de Casanare y Arauca, por la izquierda, y del departamento del Meta por la derecha, con 15 biomas y 92 ecosistemas.

En Casanare sobresalen afluentes como los ríos Upía, Túa, Cusiana, Cravo Sur, Guanápalo, Pauto, Guachiría, Ariporo, Casanare y Cravo Norte. En Arauca, en dirección al Orinoco, están además el Arauca, Tocoragua, Tame, Ele, Lipa, San Miguel y el conjunto Negro-Cinaruc. Y en el Meta fluyen Gabarra, Duda, Manacacías, Yucao, Guatiquía, Guayuriba, Ariari, Guacabía y Guaviare. A este sistema se le extraen cerca de 21 barriles de agua por cada uno de petróleo. El impacto se vio en 2014 con la muerte por sed de miles de animales en Paz de Ariporo, en una sequía que alcanzó niveles por encima de los históricos. Aunque el petróleo no es único responsable y también lo son la producción agropecuaria de arroz y palma y la ganadería, y hay otros factores adicionales, todos  se aúnan en la transformación anárquica de sabanas, morichales, esteros y humedales.

Las secuelas enunciadas se conjugaron para que hoy exista en la Orinoquia el más ferviente movimiento social contra la explotación petrolera y el modelo de capital extranjero que encarna, imponiendo a centenares de miles de personas un modo de vida que se resisten a adoptar.

Siete municipios del Meta, seis del Casanare y todo el departamento de Arauca –20 de 55 en los tres departamentos— han desatado una ola de consultas ciudadanas que se unifican en el desacuerdo común contra actividades de exploración, sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos.

La contradicción tiende a agravarse tanto porque el Ministerio de Hacienda, de forma autoritaria, ha quitado los recursos para financiar la democracia participativa, obligando a los municipios a asumir los costos, como porque se avizoran nuevos males como el fracking y la acumulación de baldíos para macroproyectos de agricultura a gran escala en baldíos de la Altillanura, a los que ya se están apuntando grandes poderes globales como los emires árabes amigos de Tony Blair, los mismos del oro de Santurbán.

El modelo de capital extranjero en marihuana: caso Barichara

Nada más aplaudido en determinados momentos que la Ley 1787 de 2016 por la que tres Ministerios, Salud, Agricultura y Justicia, reglamentarían conjuntamente todo lo concerniente al control y la regulación de las actividades de cultivo, producción, fabricación, adquisición de cualquier título, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso y posesión de las semillas de la planta de cannabis y de sus derivados y de los productos que lo contengan con fines medicinales y científicos.

A la sazón se empezó a hablar de que Colombia se convertiría en una potencia mundial de este producto. “Que podría ser un nuevo commodity para el país”, dijo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, al dar a conocer hace un mes que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) le abrió al país un cupo de 40,5 toneladas de producción, de un total mundial anual licenciado de 155,5. En esa misma línea se conoció que seis empresas ya tienen licencia local para producir cannabis (tanto psicoactiva como no psicoactiva) y derivados, unas subsidiarias de compañías internacionales basadas en Canadá y otras tres nacionales, alguna también en busca de socios de dicho país: Pharmacielo Colombia Holdings S.A.S., Khiron Life Sciences Corp., FCM Global S.A.S, Canmecol S.A.S, Medcann S.A.S. y Cannavida.

Para tal propósito, esta última compañía adquirió 17 hectáreas en inmediaciones de la vereda Santa Helena, en el área rural del emblemático municipio de Barichara. La transacción –y es de esperar que se haya efectuado en el marco legal apropiado por ser de hecho tierra en manos extranjeras– empezó a alertar a las comunidades locales y rurales circundantes, cuando vieron en la propiedad de la canadiense excavaciones de pozos subterráneos de agua hasta de 80 metros de profundidad. Barichara es un municipio con sentidas situaciones de escasez de agua, cuyas fuentes debe compartir con Villanueva y otros.
Tales preocupaciones no son infundadas: el cultivo de marihuana, según investigadores de California Department of Fish and Wildlife, acorde con USA Today en agosto de 2015, encontraron que en el Triángulo Esmeralda, cuatro cuencas hidrográficas que suplen agua entre 23 mil y 32 mil plantas agotan de 138.000 a 192.000 galones por día.

Se ratifica que cada planta consume diariamente 6 litros. Si se asume que Cannavida sembrará al menos 10 hectáreas, a razón de 2.500 plantas por hectárea, se podría hablar de un gasto cotidiano de al menos 125.000 litros, más de 45.000 metros cúbicos al año, ya que la marihuana “es una planta sedienta”.
Además, el cultivo de marihuana consume altos contenidos de plaguicidas, incluidos los rodeicidas, pues parece atractivo a este género de animales. La combinación de agua con este paquete produce al final un torrente de lixiviados que afectan todo el entorno y lo depredan. Su efecto sobre los cafetales, incluidos proyectos de caficultura orgánica comunitaria, podría ser, de concretarse, claramente devastador. Estas consideraciones, y el que en Canadá y otros países sea muy costoso producir, han hecho de Colombia, país tropical, un nuevo origen bajo el esquema principal de compañías extranjeras que se ubican acá, el mismo esquema inicial del café y del banano y demás géneros tropicales en que se decidió encasillarnos bajo el manido principio de “ventaja competitiva”.
En efecto, así como en el café los países productores reciben sólo uno de cada 10 dólares del consumo final en taza, en la marihuana, acorde con cálculos de distintos centros de investigación, se habla de que los productos finales tendrán al menos 60 veces más valor que el producto primo. Es decir, se repite la eterna historia de beneficios foráneos y costos nacionales, no respetan ni a Barichara. ¿Hasta cuándo este sistema colonial?

¿Desaceleración o crisis? He ahí la cuestión

Afirmando que “no son los mismos con las mismas” y de que “me sorprendería”, Rudolf Hommes, por la vía de un chat, me hizo llegar el discurso económico de Humberto de la Calle en la Seap. En la línea de todos los analistas oficiales y del Ministerio de Hacienda, el ya candidato del Partido Liberal parte de que “la economía colombiana atraviesa por una coyuntura de desaceleración” y que el mecanismo expedito para superarla o evitar su agravamiento consiste en “sanar las finanzas públicas (…) para poner al país en una nueva senda de crecimiento”.

Es evidente que tanto su base de análisis como sus soluciones están en el marco de la misma política económica que rige hace 25 años. ¿Será apenas una simple desaceleración cuando, en 2017, la sumatoria del déficit de las cuentas externas con el déficit fiscal, como porcentaje del PIB, será del 7,6 por ciento ‒si el primero se estima en 4 por ciento y el segundo en 3,6 por ciento (Clavijo)‒, superior a la de 2014, del 7 por ciento, pero luego de haber ya agotado todos los instrumentos: la política monetaria, con alza y baja de la tasa de interés; la política cambiaria, que corrigió la tasa de cambio en torno a $ 3.000, y la saturación de la política fiscal, con la inicua reforma tributaria, que no aumentó el recaudo en pesos reales?

Nada se dice en términos de empleo y de incentivar la demanda efectiva. Las cinco ‘locomotoras’ de Santos apenas crearon, entre 2010 y 2017, 300.000 de los más de tres millones de nuevos ocupados, en tanto los desocupados siguen por encima de los dos millones de personas. Incluso la propuesta liberal que busca preservar el grado de inversión no apunta a detener el crecimiento exponencial del endeudamiento público, sino que quiere ‒por lo expuesto‒ garantizarle recorrido seguro. La propuesta tampoco protege al país de nuevos choques externos provenientes de alzas sostenidas en las tasas de interés de la FED o del Trump’s Corporate-Tax Plan.

Esto, sin debatir que el candidato plantea ahondar, de hecho, los TLC, con aranceles tope al 10 por ciento y sin reversa a los de 0 por ciento, y el modelo de capital extranjero. No sé si sean los mismos, pero sí son las mismas, de la misma línea de la excentricidad de Vargas de poner en 0 por ciento la tarifa de renta a los intereses cobrados por los fondos de capital extranjero que adquieren TES y que fue hazmerreír en Wall Street.

Como el talante verdadero de un gobierno se determina en los siguientes términos, según Voltaire: “El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra”, me concentro en cómo lo propone De la Calle, dejando de lado las otras propuestas complementarias.

Presenta una reforma tributaria “progresiva”, la cual, paradójicamente, arranca fijando una tarifa de impuesto de renta corporativo “plano”, para grandes, pequeñas y medianas empresas, en el 25 por ciento, sin deducciones ni beneficios, omitiendo de entrada que las utilidades empresariales tienen un índice Gini del 0,82 (Acopi Bogotá, Suárez, Martínez), mucho peor que el del ingreso entre personas, que es del 0,52.

Es decir que los tres mil grandes contribuyentes de personas jurídicas que en 2016 pagaban tarifa del 41 por ciento bajarían 16 puntos de un tajo, más allá incluso del 33 por ciento en el que quedaría la tarifa nominal en 2018, en condición igual a las pymes, precisamente las que están pasando por su peor momento. Dicha rebaja se compensaría, anota De la Calle, ampliando la base del IVA, fuera de la canasta básica, al 16 por ciento. Es decir, menos impuestos directos y todavía más indirectos, con los costos que corren a cargo de los de a pie. En cuanto a personas, aboga que “nuestra contribución sea creciente en nuestro nivel de riqueza”, mas no precisa cómo hacerlo realidad. Lo acompasa con flexibilizar la regla fiscal y con el lugar común de “eliminar trámites” y “combatir evasión”.

Si se quiere ser progresivo, ¿por qué no una tarifa diferencial para empresas ‒según tamaño‒ o aumentar el impuesto a las herencias, defectuoso, o gravar capitales golondrina especulativos, o aplicar una tasa a los patrimonios personales en el exterior, sustraídos del torrente económico nacional, o revivir la que se aplicó hasta 2006 al giro de las rentas de subsidiarias extranjeras a casas matrices, tal como existe en Perú, Francia y España? Esas sí serían ideas distintas.

“Lo que gasto es más de lo que gano”

Contrabando e importaciones y la elevación de los costos lo tienen produciendo a pérdida. José Erney Vargas, se queja también de la negociación en la CAN, que permite a Perú y Ecuador traer arroz barato. Están entrando con el TLC más de 200 mil toneladas. Un caso empresarial.

Erney es hijo de uno de los más recios colonizadores del Ariari, por entonces un terreno selvático, que él desbrozó a fuerza de tesón para sembrar maíz y plátano. Provenía del sur del Tolima, desplazado por la violencia, y se instaló en el caserío de Dosquebradas, perteneciente hoy al municipio de Granada, Meta. Debió dejar atrás la casa, los enseres y una recua de nueve mulas, pero la nueva tierra fue pródiga con él y el sembrío le dio para levantar a sus siete hijos, cinco varones y dos mujeres.

El primogénito, José Erney, nacido en Ibagué en 1960, heredó el temple de su padre y la entereza de aquellos viejos inmigrantes que abrieron hace décadas las puertas de la Orinoquia y la Amazonia, 600 mil kilómetros cuadrados de una Colombia aún desconocida.

José Erney se inició como camionero, pero muy joven todavía decidió dar el paso a la agricultura del maíz, ya por entonces más tecnificada gracias a la influencia de Fenalce y a la del Comité de Cerealistas de Villavicencio, que
reunía a los pioneros en el impulso del cultivo.

Comenzó produciendo 3 toneladas por hectárea hasta llegar a 7 en el mejor momento, con combinadas, tractores y transferencia de tecnología, a nivel empresarial. Fue una labor difícil, reconoce, por los graves problemas que  perturbaron durante muchos años la región del Ariari, escenario de continuos enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares. La enturbiaba además el narcotráfico, grupos y grupos de bandidos que terminaron acaparando el territorio e imponiendo su ley. “Los más perjudicados fuimos nosotros los civiles, empresarios, trabajadores, campesinos, víctimas de extorsiones o secuestros y no menos de las fumigaciones aéreas, que acabaron contaminando el suelo”.

Fue por aquella época cuando decidió abandonar otros géneros para concentrarse en el arroz, aun cuando la familia combina todavía ambos cultivos en la finca paterna, de 120 hectáreas, sembradas en su totalidad. Con 3 tractores,
2 combinadas, la sembradora, varias encaladoras, cultivadora, rastras, rastrillos, boleadora y fumigadora, el cosechero produjo en 2014 entre 4 y 5 toneladas por Contrabando e importaciones y la elevación de los costos
lo tienen produciendo a pérdida. José Erney Vargas, se queja también de la negociación en la CAN, que permite a
Perú y Ecuador traer arroz barato. Están entrando con el TLC más de 200 mil toneladas. Un caso empresarial.
23 Efectos del TLC Colombia-EE.UU. sobre el agro – Los rostros – hectárea. Pero se queja de que el equipo y la maquinaria se le quedaron obsoletos, porque no hay excedentes para renovarlos.

¿La razón? El arrocero une su voz a la protesta unánime de campesinos y empresarios que se escucha en Colombia de La Guajira hasta Nariño: “Desde cuando empezó a aplicarse el TLC, estamos produciendo a pérdida. Lo que gasto es más de lo que gano”.

Y precisa: “Los costos de combustibles e insumos se han incrementado, los márgenes de rentabilidad disminuido por la caída de los precios, la maleza ha adquirido resistencia a herbicidas y fungicidas y, frente a tantas y crecientes dificultades, el gobierno no tiene una política de apoyo al productor nacional. Nos ponen a competir con los agricultores norteamericanos, pero sin los subsidios de los que ellos sí disfrutan”.

La denuncia es explícita: “No se ven los beneficios del TLC, porque el tratado era supuestamente para traer materias primas importadas baratas, pero hacia los productores no sirve. Sembrar una hectárea de arroz cuesta alrededor
de 4 millones y medio de pesos y llevamos dos y tres años perdiendo plata, porque todo ha subido. Nos perjudican además las sequías en el verano y las inundaciones en invierno, los bajos precios del producto y los problemas de
comercialización”.

Reafirma: “Los agricultores queremos seguir adelante y no le creemos al gobierno cuando dice que el futuro del agro son las uchuvas u otras clases de productos. La realidad es que el gobierno está mintiendo cuando afirma que se
genera empleo. Hoy en día uno invierte plata o capital en el estudio para sacar a la familia adelante, pero no hay oportunidades”.

José Erney es claro en afirmar que la situación económica del empresariado arrocero ha ido desmejorando: “El panorama es gris oscuro para cualquier cantidad de gente que lleva décadas haciendo patria. Los pocos bienes que hemos hecho a través de la historia de nuestra vida están a punto de perderse, porque los bancos nos tienen embargados o reportados y a punto de quedarse con ellos”.

El crédito, una dependencia amarga, no sirve para avanzar

Como todos los empresarios, José Erney Vargas, depende del crédito. Por el año 1990 vivió su primera amarga experiencia amarga de otras que seguirían iguales o perores. Fue con un préstamo de fomento otorgado por el hoy
Banco Agrario para adquirir una máquina combinada. La entidad le concedió 32 millones de pesos, pero él terminó pagando en total 240. Hasta le embargaron la propiedad, que alcanzó a salvar a última hora.

Hace tres años recibió un crédito de la banca comercial por 120 millones de pesos, con dos años de plazo, para atender una emergencia por la ola invernal. Hasta ahora ha cancelado el 60% y consiguió reestructurar el saldo a otros dos años. El crédito estaba a una tasa de DTF y con la reestructuración le quedó por encima del 1% mensual.

El balance es desalentador: “La presión de las deudas es enorme. Voy a cumplir 55 años y no he logrado avanzar. Vivo con las mismas deudas y los mismos problemas que tengo desde hace 25 años”.

Por el lado del precio tampoco pinta bien el panorama. Hace dos años el arroz estaba en 106 mil la carga de 125 kilos, un precio impuesto por los molineros, que no equivale al valor real, puesto que el arroz puede tener humedad, impurezas y grano partido y en la práctica sale apenas en 90 mil pesos, un nivel que los molineros mantuvieron en el 2014, pese a que los insumos y demás costos se han incrementado en forma casi exponencial. Producir una tonelada de arroz paddy le cuesta entre 800 y 850 mil pesos y está sacando alrededor de 5, laborando todos los días y a toda hora. En solo semillas certificadas, fertilizantes y agroquímicos se le va el 60% y el resto en arriendo, mano de obra, recolección y transporte.

“En los bajos precios —explica José Erney— inciden las importaciones permitidas por el TLC, que ya superan las 200 mil toneladas, como también el contrabando y la negociación del libre comercio con la CAN, pues Ecuador y Perú producen un cereal mucho más barato, que entra a Colombia importado legalmente con cero arancel o de contrabando”. Y esto sin contar el factor climático y el problema de los ácaros y bacterias, agrega.

Él, como el resto de maiceros y arroceros, adquiere a crédito los fertilizantes comprándolos a los grandes distribuidores con almacenes en Granada. Toca apelar a veces a intermediarios de otras firmas, añade, porque no pocos agricultores están reportados o vencidos en sus créditos. “El gobierno nada ha hecho por bajarles el costo —dice—. Nada absolutamente nada, el ministro es un leguleyo. Tampoco presta ningún tipo de asistencia técnica”.

Comenta que en la región han disminuido las siembras de arroz y ya tan solo con una cosecha al año. Hoy en total no hay más de 15 mil hectáreas sembradas.

Con el ánimo en baja ante el receso productivo y la falta de apoyo estatal, José Erney Vargas no deja a veces de sentirse tentado a vender la finca y a vivir de la renta, junto a su anciana progenitora, que está a su cargo, la esposa y los dos hijos. “Pero no me decido, porque no sirvo para eso”.

Por ello no ha recurrido al expediente usual en estos casos, el despido de los trabajadores. “Mantengo siete trabajadores diarios, entre tractoristas y combinadores,
y pago en salarios 350 millones de pesos al año”.

José Erney Vargas Perdomo es un destacado dirigente gremial, desde hace veinte años presidente del Comité de Cerealistas, miembro de la junta directiva de Fenalce, directivo de Agameta —cuya lucha acompaña desde hace trece
años— e integrante de Dignidad Nacional Agropecuaria. Abriga la convicción de que es solo así, mediante el esfuerzo unificado de todos, empresarios y campesinos, como se le puede hacer resistencia a la ofensiva contra la producción
nacional.

 

Tomado del libro ‘Efectos del TLC Colombia -EE.UU. sobre el agro. Los rostros y las cifras.’