Política energética: Importar fracking y exportar fracking

Con el documento firmado entre la Embajada de EE. UU. y el Gobierno, el modelo extractivista queda algo desueto, pues el país se aprestaría a traer el gas del exterior.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En noviembre de 2019 el gobierno de Duque firmó con la embajada norteamericana un documento que redefine la política energética y de infraestructura, ‘Marco para afianzar la cooperación en el fortalecimiento financiero y de mercado en materia de energía e infraestructura’. Expertos consultados y miembros de la industria dijeron desconocerlo, lo cual ratifica el secretismo frente a asuntos tocantes a los altos intereses de la Nación como con los contratos de las vacunas anticovid.

Duque suscribe una política más sumisa que la de Pastrana con la Ley 756/02, que retrocedió un siglo en el régimen de explotación de recursos naturales no renovables al revivir las concesiones y tumbar la participación del Estado con regalías móviles, como en el petróleo de 85 a 50 por ciento, o todavía menos si se contabilizan los perversos beneficios tributarios o los artificios contables a los que acuden las compañías. El Marco privilegia a Estados Unidos como puntal para “capitalizar capital privado y facilitar el crecimiento del mercado financiero en materia de energía e infraestructura mediante la identificación de oportunidades de inversión”. Pero no para ahí, también define las gangas: “Facilidades de importación de gas licuado e infraestructura de gasoductos” o “energías renovables no convencionales” o “exploración y producción de petróleo y gas, incluyendo reservorios convencionales y no convencionales” (léase fracking).

Dichas “áreas de cooperación” se asocian a mecanismos que facilitarán a los mercados de capitales actuar a sus anchas al inducir cambios en la regulación y en los esquemas tarifarios “que reduzcan los costos financieros” por cuenta de los usuarios. El timonazo es tal que el terminacho “modelo extractivista” queda algo desueto, ya que Colombia se apresta a importar gas para un mercado interno con potencial creciente, pues 34 por ciento de las industrias y 20 por ciento de los hogares lo usan, y compañías norteamericanas podrían traerlo, transportarlo y hasta distribuirlo. El Marco subraya el poder del capital financiero según el dicho “Sin bancos no hay petróleo” como en Ecopetrol, que ya les adeuda 33 por ciento de sus activos.

No son conjeturas. Duque anda obstinado en montar una planta regasificadora en Buenaventura surtida con gas foráneo y en contra de la industria gasífera nacional, cuyo principal agente es Ecopetrol. A Estados Unidos, primer exportador mundial de gas licuado por la abundancia del shale allá, le urge colocar inventarios que está acopiando. Desde 2015 acumula 50 millones de barriles, y sus exportaciones semanales de 400.000 barriles-día en ese año se treparon a más de 1,6 millones (EIA). Ni la planta ni las importaciones son necesarias.

Estudios muestran reservas probadas por diez años, sin necesidad de fracking para extraerse, y probables por 100 (Upme, Contrato C-041-2018). Todo indica que el eventual costo de 800 millones de dólares de la regasificadora de Buenaventura se cubriría con el mismo esquema de la ya existente en Cartagena, recargada en 65 por ciento sobre los estratos socioeconómicos uno y dos, con el agravante de que el gas importado es más caro que el nacional. Respecto al fracking en Colombia vale repetir que causa pasivos ambientales y males sociales de tal grado que violan el derecho al ambiente sano y varias convenciones internacionales como lo expuso David Boyd, relator de la ONU, en reciente audiencia en la Cámara de Representantes.

El Marco avanza en sentido contrario. Estipula maniobras financieras en mercados secundarios de deuda u otros derivados en los que el prestamista de Estados Unidos tendrá alto y rápido retorno del crédito en un sistema que quebró a más de 200 compañías allá. El proyecto de fracking con usura tendría a Ecopetrol en la mira como primer contratista de la ANH para explotaciones de carácter “investigativo”, que demandan alto volumen de capital debido a que 45 por ciento del crudo sale en los primeros años y no puede diferirse en el tiempo como en el modo convencional. Están en la fila Exxon y Drummond. Se habla también de adjudicar a operadores estadounidenses plantas de energías renovables que competirían con las que ya se habían asignado en una primera subasta con demanda copada, y un trino del ministro Diego Mesa con Bill Burlew de US-Colombia Business Partnership de 3-02-20 (7:14 p. m.) las define junto con el proyecto de la planta regasificadora del Pacífico como “oportunidades e inversiones” (@DiegoMesaP).

Es un fast track energy que pone el control del sector en Estados Unidos, con gas de fracking importado y crudo de fracking exportado. Dado que existe la posibilidad de terminarlo, ojalá el sucesor de Duque actúe en consecuencia, lo derogue y además proscriba el fracking, como en Uruguay, Costa Rica y Francia, y que Colombia recupere la menoscabada política energética.

Relaciones USA-Colombia: de república bananera

El cambio del halcón Trump por la paloma Biden traerá para sus neocolonias —fuera de alguna agenda nueva en medioambiente, tecnología y otras— el canje tradicional de big stick a carrot (garrote a zanahoria) como con Reagan a Clinton o con Bush a Obama.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Se discute sobre la relación del gobierno de Biden con el de Duque, y en la Cancillería repiten la frase de cajón: “Tenemos una alianza histórica entre los dos países”. Sí, historia en la que la superpotencia ordena y Colombia obedece, de república bananera, precisamente la categoría mencionada por George W. Bush a propósito de la turba trumpista y la toma del Capitolio en rechazo al resultado electoral. Desde 1900 Estados Unidos “convirtió la acción militar en el principal mecanismo de dominación en el Caribe y Centroamérica”, cuya máxima expresión de intervencionismo fue la separación de Panamá de Colombia en 1904, y volvió normal –diez veces hasta 1932– el uso del gran garrote de Theodore Roosevelt (García-Peña, 1994).

Estados Unidos buscó, además, la expansión económica con compañías petroleras y empresas bananeras de la mano del Departamento de Estado y con el crédito público que en 1928 ya sumaba en Colombia 217 millones de dólares en tiempos de la “prosperidad al debe” (Avella, 2007). Las concesiones Barco y De Mares se entregaron a Rockefeller e inversionistas gringos (Villegas, 1994), y la United Fruit creó un enclave en el Magdalena donde recurrió a la masacre con complicidad gubernamental.

La avanzada contó con el colaboracionismo de los gobiernos conservadores de los primeros 30 años del siglo XX, guiados por la máxima de Marco Fidel Suárez: “Mirad a la estrella del Norte” (respice polum) vuelta regla para gobernar a Colombia y retomada por los liberales con Olaya Herrera, que prometieron “desarrollar una política financiera de orden y economía” para atraer los mercados, en particular los de Estados Unidos (J. F. Ocampo, 1980). La Banana Republic fue forjándose a la medida de Washington en conchabanza con dirigentes de los dos partidos, tanto que López Michelsen dijo: “La corrupción empezó en Colombia con la United Fruit Company” (E. Santos Calderón, 2001).

El país ha visto pasar sinnúmero de misiones made in USA desde la Kemmerer en 1923, políticas agrícolas y educativas elaboradas en universidades norteamericanas, desiguales tratados de comercio e inversión, endeudamiento sin tasa ni medida, devaluaciones y revaluaciones según dicta la FED, alineación en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, Alianza para el Progreso y Tiar, neoliberalismo y el Consenso de Washington; hasta el Plan Colombia, violencias políticas y paramilitarismo con armas en buques bananeros porque “Washington quería reducir la violencia en Colombia” (Frechette, 2017), dictadura, Frente Nacional y revolcón, acuerdos con el FMI y dictados del Banco Mundial, “buenas prácticas” de la Ocde, concesiones mineras y petroleras, privatizaciones a la barata, desnacionalización del aparato productivo, inútil guerra contra las drogas y glifosato, injerencia en la justicia, la fuerza pública y la política social, y zonas de despeje y acuerdos de paz supervisados.

Colombia se moldeó al antojo del Tío Sam –que absorbe el néctar con pitillos o a porrones según le convenga– como inicua criatura: uno de cada tres pobladores se considera pobre, tiene el mayor desempleo de Suramérica (Cepal-2020-3T), el agro arruinado, la economía desindustrializada, estancada y proveedora de bienes primos, una posición internacional vulnerable y un ‘dolarducto’ instalado por donde sale más dinero del que entra.

El cambio del halcón Trump por la paloma Biden traerá para sus neocolonias –fuera de alguna agenda nueva en medioambiente, tecnología y otras– el canje tradicional de big stick a carrot (garrote a zanahoria) como con Reagan a Clinton o con Bush a Obama. En realidad lo novedoso ha sido la alineación de bandos nacionales con las facciones políticas en el Norte en tan deslucido espectáculo que el embajador Goldberg pidió “no involucrarse en las elecciones de Estados Unidos” (SEMANA) y donde no importa lo que “los gringos digan o quieran sino de cuán capaces seamos de sacarle provecho a las condiciones creadas a partir de sus lineamientos” (García-Peña, 1994) en un traslado al plano bilateral del nefasto tipo ¿cómo voy yo?

Además del cuadro de despecho de Iván Duque con llamada en espera desde la Oficina Oval, el mosaico de deshonrosas lagarterías contiene el ¡Hola! de Uribe y Pastrana a Trump en Mar-a-Lago recién posesionado; al embajador Pacho Santos engrudando afiches trumpistas o al Centro Democrático desplegado con la colonia paisa en Florida. Pero también los gritos criollos ¡Ganamos! con el triunfo demócrata y a Gustavo Petro en el clímax: “El programa de Biden es de la misma estirpe del de Colombia Humana en 2018”. Thanks, Mr. Petro!

A contramano, muchos pensamos como un conocido empresario: “Tenemos que dejar de ser los idiotas útiles de los países más desarrollados” (Mayer, SEMANA). ¿Quién, sin cálculo politiquero, nos representaría? ¿Quién que piense en futuras generaciones más que en próximas elecciones?

Vacunas antiCovid-19: con el pecado y sin el género

La desigualdad entre países explica buena parte de la inequidad mundial, brecha que amplió la globalización y es más visible en la industria, en la que los poderosos se fortalecieron fabricando los bienes de mayor complejidad, y los débiles, los productos comunes.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Nota: Cuando Alberto Lleras y Jorge Zalamea fundaron SEMANA, la mira fue crear un medio promotor del análisis, una línea mantenida en las etapas siguientes por los columnistas que me antecedieron en esta tarea, que, por invitación de las actuales directivas, haré con independencia y criterio personal, como conducta constante de que digo lo que pienso y lo digo pegado a los hechos.

La desigualdad entre países explica buena parte de la inequidad mundial, brecha que amplió la globalización y es más visible en la industria, en la que los poderosos se fortalecieron fabricando los bienes de mayor complejidad, y los débiles, los productos comunes. Los primeros gozan de exceso de demanda, en cambio a los segundos les sobra oferta. Entre los renglones apropiados por las potencias, en particular por Norteamérica, está la farmacéutica. Las Big Pharma responden por 50 por ciento de la inversión mundial para investigación y desarrollo en esa rama, son 4 por ciento del PIB de Estados Unidos, perciben ingresos superiores a un billón (millón de millones) y medio de dólares anuales, emplean un millón de personas en investigación, soporte técnico y manufactura, y a 5 millones en toda la cadena (www.selectusa.gov).

Su dominio posa en las cumbres de Washington y Wall Street. Un informe del National Center for Biotechnology Information (NCBI) sobre el lobby político de las Big Pharma para proteger y aprobar normas favorables en los estados, a nivel federal y en el mundo, registra la suma de 4.700 millones dólares en apoyos a candidatos presidenciales, congresistas nacionales y estaduales norteamericanos entre 1999 y 2018, por encima de cualquier otra industria. La más beneficiada fue la dupla Obama-Biden, con 5,5 millones de dólares entre 2008 y 2012. En 2020 Biden recibió 5,9 millones, mientras que Trump, la cuarta parte, 1,5 millones. Las Big Pharma apuestan a ambos bandos (globaldata.com).

El imperio económico tras Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, creadoras principales de las vacunas anticovid-19 y ahora al alza en las bolsas de valores, son los fondos financieros The Vanguard, BlackRock, Fidelity, Capital Research & Management y State Street, que como accionistas institucionales suman entre todos entre 15 y 22 por ciento del patrimonio en cada caso. Las ganancias correrán así a las mismas arcas, cualquiera que sea la vacuna aplicada. Es la figura conocida en el mundo bursátil como horizontal shareholding, que los mismos fondos usan para el control en las Big Oil (petroleras), en las de “economía verde”, de energía solar y eólica y en las primeras firmas contratistas del Pentágono (marketscreener.com).

Con base en la propiedad intelectual, considerada “la sangre del sector privado”, montaron un mercado con normas de hierro para garantizarse el monopolio mediante el sistema de patentes que imponen en tratados como ADPIC, TBI y TLC, con derechos específicos incluso sobre vacunas, patentes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un “mercado” antes que un bien de dominio público. Por ello, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre varios, basados en los juicios de Albert Bourla, CEO de Pfizer, se opusieron, contando con la vergonzosa abstención de Colombia, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a adoptar esa justa calificación propuesta por Sudáfrica e India para las anticovid-19, idea respaldada por personalidades de la comunidad internacional como el nobel de paz 2006, Muhammad Yunus.

Con la lógica del monopolio se hicieron los contratos para la adquisición de vacunas contra el coronavirus, pese a ser desarrolladas en 85 por ciento con fondos públicos y filantrópicos (Airfinity). Según Bloomberg, los han firmado 189 países con distinta cobertura poblacional, pero es inicuo el comportamiento de los países ricos, que con 14 por ciento de la población acapararon 53 por ciento de la producción inicial (Oxfam). Colombia ocupa el puesto 62 con 33 por ciento de cubrimiento reconocido, debajo de diez países de América Latina, más atrás en la fila de lo anunciado en el programa televisivo presidencial Prevención y acción. De hecho, más de 50 países están vacunando y aquí vamos en cero.

La confidencialidad, con cláusulas onerosas como la de anticipos, que podrían subir a 1,5 billones de pesos, la de datos de los vacunados, la exoneración de responsabilidad a las Big Pharma por eventos adversos prescrita en la Ley 2064, el reconocimiento del monopolio y la exclusión de la farmacéutica nacional, los precios y cuántas más cláusulas desconocidas movieron a un alto funcionario a decirme: “Aurelio, nos arrodillaron”. Tan crudo balance, cierto para muchos países, lo será peor para aquellos con Gobiernos de corvas flojas, entre los que se encuentra el de Iván Duque por no acudir a la cláusula de excepción de protocolos internacionales (TLC) que en casos de epidemia garantiza el acceso sin la extorsión de las Big Pharma. Con el pecado y sin el género.

Teoría de juegos para el tarjetón 2022

¿Se devolverá el péndulo del poder desde la extrema esquina del uribato? ¿Hasta dónde?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Tras la malograda designación de Néstor Humberto Martínez como embajador en España, Iván Duque dijo: “Estará en una comisión de lucha contra el crimen”, y conviene saber si en tal condición Martínez escribió en SEMANA: “Ni Fajardo ni Petro estarán en el tarjetón 2022”. Esa intimidación es parte de las conjeturas sobre las próximas elecciones presidenciales, muchas guiadas por el deseo, aunque hay una que parece cobrar cierta fuerza: serán tres las pistas por donde correrán agrupadas las precandidaturas, no por ser izquierda, centro o derecha, pues en tiempos de confusión “los límites de cada uno distan de estar fijados” (Anderson, 2005), sino por pragmatismo político, lo que tampoco las despoja de eje ideológico.

No obstante, más allá de las suposiciones hay contradicciones que las candidaturas deben resolver para ser viables, algo más realista y menos especulativo. A Petro, por ejemplo, lo acosa la circular de Interpol para Juan Carlos Montes, vinculada a la amenaza hecha por Martínez Neira. Asimismo, se enfrenta al dilema de mantener crispadas a las “barras bravas” –45 por ciento de la gente lo cataloga de extrema izquierda y 35 por ciento, de izquierda (Ecoanalítica)– o de atraer al establecimiento, como intenta con el “acuerdo” que le lanzó a Biden con el telón del cambio climático a ver si cubre el arcoíris desde Washington y sale del aislamiento.

El Partido Verde, eventual núcleo de otro agrupamiento, tiene las alcaldías de Bogotá y Cali y depende de ellas para avanzar, como también de cuajar la unidad entre el conjunto variopinto de tendencias y de contar con candidaturas de peso, pues las que suenan no parecen hervir para la hora. De captar a Ángela María Robledo le daría duro golpe a Petro, y por adelantado tendría buen tiquete de salida. En ese ámbito está Sergio Fajardo, puesto en el foco de la coerción del exfiscal por Hidroituango, y ya con planes de empleo de “emergencia” o para cerrar las brechas en la educación, pero que debe decidir si se allega a los verdes o sigue con su Compromiso Ciudadano, pese a que quizás sea dicha indefinición la que sustenta una favorabilidad del 57 por ciento, ya que 35 por ciento de la opinión no lo ubica políticamente (Ecoanalítica).

Por ahí podrían correr alfiles santistas, como Alejandro Gaviria, Roy, De la Calle, Cristo o los neosocialdemócratas. También Jorge Enrique Robledo, sobre quien, por mi conocimiento de vieja data, coincido con Jimmy Mayer: “De gran integridad y preocupado por el bien del país”, y con Antonio Caballero: “El más serio, tiene inteligencia, coherencia”, pero ni esto ni el atrayente movimiento Dignidad le bastan. Tiene el reto, fuera de oponerse a disparatadas reformas tributarias atiborradas de impuestos indirectos, de hacer razonables pero audaces propuestas sobre empleo, corrupción, paz, salud, equidad de género, ambiental, fiscal y otros temas básicos, además de renegociar el TLC. En suma, “salirse de la fila” para hacerse alcanzable a quienes lo desconocen. Galán es marca en política, aunque a veces se refiere indistintamente a la memoria de Luis Carlos o a Carlos Fernando o Juan Manuel. El relanzamiento del Nuevo Liberalismo será la cuota inicial, pero tendrá una tarea enorme en aras de construir un proyecto factible bajo el precedente del fracaso en 2011 y 2019 en la campaña a la alcaldía de Bogotá, que fuera su plaza.

El peregrinaje al Ubérrimo, que marca la tercera pista, está sellado por el reaccionario Gobierno de Duque y el desprestigio creciente de Uribe, imputado penalmente. Hacen fila Fico, Char, Dilian, Paloma, Trujillo, Nieto, Pinzón y demás. Cargarán, como el exalcalde de Curramba, con pecados propios y también con las nuevas violencias incontroladas y la irracionalidad contra el acuerdo de paz. O con el neoliberalismo repugnante de Carrasquilla. O con el mayor desempleo de Suramérica y con la cuña hereditaria de Tomás (¿cabeza del Centro Democrático?), cuyo talante se mide por la frase: “La JEP hay que acabarla, es muy costosa”.

En el Conservador la enseña la porta Marta Lucía Ramírez, pese a emproblemados negocios familiares, a mil desatinos verbales, a ser vicepresidenta de Duque y hasta de contraer covid por desechar el tapabocas, como Trump. En perspectiva, la colectividad azul seguirá de apéndice del Partido del Presupuesto, según predicó Roberto Gerlein.

Al liberalismo lo ronda la indefinición: no se sabe si está con Duque o es independiente, porque una cosa expresa su jefe en los noticieros, y otra, los congresistas con sus votos, adecuando a Horacio Serpa: es más chicha que limonada. ¿Cultivan acaso la precandidatura dinástica de Simón Gaviria? Sobre el mapa descrito y sin noticias de Vargas Lleras o del insaciable Peñalosa, caben dos hipótesis centrales en el juego: ¿se devolverá el péndulo del poder desde la extrema esquina del uribato? ¿Hasta dónde?

China

A futuro, el país delineó la inteligencia artificial como la primera carta de navegación.

La opinión mira –en esta coyuntura– hacia oriente, quizás sin conocer los fundamentos de la República Popular China (China). Esta columna, sin agotarlos, pretende describir algunos. Tiene 1.400 millones de habitantes y un producto interno bruto (PIB) de 14 billones de dólares. Es la segunda economía, y si en 2018 creció 6,6 %, entre 1978 y 2010 lo hizo 10 % anual, apalancada por crédito irrigado a hogares, empresas, gobiernos locales, bancos y gobierno central, que suma 300 % del PIB. Sus reservas externas alcanzan 3,12 billones de dólares, con 1,14 en bonos del Tesoro norteamericano.

Es fuente comercial de 140 países, responsable del alza mercantil entre 2002 y 2012 y del crecimiento global. Conviven “dos sistemas”: empresas estatales estratégicas y un sector privado que aporta 66 % del PIB y 70 % del empleo e incluye 338 multimillonarios. Los mercados financieros de Shenzen y Shanghái –solo superados por Wall Street– cuentan con miles de firmas emisoras que transan billones anuales en acciones, bonos públicos y privados con retornos en 20 años hasta del 20 % e inflación media del 4 %. A futuro, China delineó la inteligencia artificial como la primera carta de navegación.

Su iniciativa exterior es “One Belt, One Road”, nuevo “Camino de la Seda”, motor en construcción de puertos, ferrocarriles, hidroeléctricas, gasoductos, industrias e infraestructura logística

El 19.o Congreso del Partido Comunista, encabezado por Xi Jin Ping, tras sacar 270.000 miembros corruptos, anunció una “nueva era del socialismo con características chinas” que definió como la contradicción principal “entre las necesidades de las personas por una vida mejor y un desarrollo desequilibrado”, e instó a “una sociedad moderadamente próspera”, con “el mercado en la asignación de recursos” y “fuerzas armadas fuertes y modernas”, sometidas al Partido.

Proclama un “rejuvenecimiento nacional”, pues 15 % de su población supera los 60 años, y en 2050 la edad media será de 46; la población en edad de trabajar ha caído a 900 millones y la económicamente activa es de 770 –con alta informalidad rural, donde existen 50 millones en pobreza absoluta–, aunque desde 1990 emigraron a las urbes cerca de 220. China gasta 4 % del PIB en educación, frente al 7 % promedio mundial; cobija en pensiones al 60 %; en salud, el gasto de hogares es un elevado 30 % del total –para medicinas, consultas y hospitalización a 95 % de las personas–; el resto es gasto social y público.

China cobra influencia global basándose en relaciones económicas: Según Heritage Foundation, exportó capital –entre 2005 y junio de 2018 por inversión directa y contratos de infraestructura– por 1,87 billones de dólares a 150 países en 2.907 transacciones, 953 en Asia oriental y occidental y 521 en África subsahariana. Por sectores, 861 fueron a energía –importa 67 % del petróleo y 34 % del gas– y 840, en construcción y finca raíz. Ha adquirido tierras en casi 30 países por un millón de hectáreas.

Su iniciativa exterior es “One Belt, One Road”, nuevo “Camino de la Seda”, motor en construcción de puertos, ferrocarriles, hidroeléctricas, gasoductos, industrias e infraestructura logística y de intercambios en ciencia, tecnología y comercio vía corredores económicos a través de Asia, Europa y África.

Xi Jin Ping, que avizora “una oportunidad estratégica”, reorganiza el Ejército Popular de Liberación (EPL) a alto nivel tecnológico, apoyado en un complejo-militar-privado y perfilado a operaciones externas que jerarquizan Asia y los mares circundantes. Con una primera base externa en Djibouti, divide sus tropas combinadas de 78 brigadas en cinco teatros geográficos: las terrestres, con 7.400 tanques, 10.600 piezas de artillería y 915.000 efectivos; en las aéreas destacan 1.490 cazas, 130 aviones de misión especial y 530 bombarderos y las navales con un portaviones, 56 submarinos, 28 destructores, 28 corbetas, 51 fragatas y 346 entre patrulleros y guardacostas. Contabiliza entre 75 y cien misiles intercontinentales, de 16 a 30 intermedios y más de 1.500 de mediano y bajo rango, y puede cargar 280 ojivas nucleares en tanto Rusia y Estados Unidos poseen 1.550. Es el segundo ejército, que también adelanta cibertareas, con presupuesto de 150.000 millones de dólares anuales.

Michael Beckley desestima “el inminente riesgo de Estados Unidos de ser sobrepasado”, pues colige que los países populosos reducen sus recursos netos luego de descontar los gastados en alimentar y proteger a su gente, y además argumenta que las empresas chinas carecen de eficiencia, y su equipamiento militar, de alcance, potencia y precisión, y Krugman afirma que China “está llegando a su muralla”.

A contramano, en el ‘Orden mundial’, Kissinger advierte que en quince casos históricos, cuando “interactuaron una potencia en ascenso y otra establecida”, diez terminaron en guerra. En medio de la crisis de la globalización, la tensión escala y va tornándose en primera contradicción mundial.

¿Generación E o Generación D? Es la contradicción

La UNESCO define la Educación Superior como derecho humano universal y, a la vez, como bien público social de calidad que es deber del Estado garantizar. ¿Ha cumplido Colombia dicho mandato? Algunas cifras permiten responder

En Educación Superior, según la OCDE (2016), el gasto privado en nuestro país es 64% del total, mientras que el público es apenas 36%. De 37 países analizados, estamos entre los 7 donde esa relación está invertida frente al papel prescrito al Estado de “hacer posible el acceso a todas las personas”. A contramano están 27 países, encabezados por Finlandia, Alemania, Francia y México, donde el importe estatal supera 70% de las expensas generales.

De 43 países estudiados (OCDE, 2017), Colombia ocupa, con el 28,1%, el puesto 36 en términos de la población entre 25 y 34 años con educación superior (incluyendo la tecnológica), mientras que el promedio en países de la OCDE es 44%. Hay solo 16 países en que dicho porcentaje es inferior al 40%. Estados Unidos es donde menos ha crecido dicha población con respecto a hace 30 años, al subir solo del 42% al 47%.

Precisamente, Colombia copió el modelo fallido de Estados Unidos: el del negocio financiero, incentivando la demanda educativa por la vía del crédito, gestando un filón cuyo monto supera allá los 1,4 billones de dólares (millones de millones) y abarca a más de 44 millones de deudores.

Aquí el ICETEX, convertido en banco de segundo piso y en eslabón clave, tiene 640 mil clientes de crédito, casi uno de cada tres estudiantes. 406 mil de ellos son atendidos con recursos propios, más del 90% de estratos 1,2 y 3, y otros 232 mil mediante diversos fondos administrados por $2,6 billones, incluidos $900 mil millones de Ser Pilo Paga. Su cartera total es de $4,7 billones, con 52.228 créditos morosos que suman el 8,8% del total prestado. El ICETEX acumuló utilidades por $550 mil millones entre 2015 y 2017 y acrecentó su patrimonio en 30% con rentabilidades promedio del 10% anual.

A tan jugoso desempeño contribuyó además que, en 2017 y 2018, se desviaron para el ICETEX recursos esperados de reformas tributarias tanto por IVA “social” como por CREE por cerca de un billón de pesos. Se desviaron, porque eran para instituciones públicas de educación superior. Igualmente, el Capital Extranjero montó allí un nicho: el Banco Mundial, el BIRF y la Agencia Francesa para el Desarrollo le han provisto cientos de millones de dólares para su objetivo de costosísimo prestamista.

La propuesta de Generación E, escudada tras un superlativo, la Excelencia, relanza el Ser Pilo Paga (SPP), aun cuando empeorándolo: Los estudiantes del SISBEN con menos de 57 puntos, con puntaje mayor a 360 en pruebas SABER y que vayan a universidades privadas –no son ni el 3% de los aspirantes– tendrán un componente de la matrícula por la vía del “crédito condonable”. El “impulso” a las universidades públicas, como apoyo del gobierno, estará sujeto apenas a estudiantes admitidos y con SISBEN de menos de 32 puntos.

Al margen quedaron por tanto el sistema estatal como el grueso de la población estudiantil, la cual podría llamarse Generación D, aquella que reclama el ingreso a la educación superior por ser un Derecho fundamental, tal como lo dicta la UNESCO: para ambos poco o nada hubo en la propuesta de Duque. Los rectores del sistema estatal (SUE) afirmaron que el aumento de la demanda, en cuanto les atañe, causaría nuevos gastos y que en el “escenario crítico”—con faltantes de caja por más de $3 billones— obliga más a reducir que a crear nuevos trámites ante el ICETEX. Explicaron que la Generación E es un programa similar al SPP, con financiación incierta, y que la propuesta de incrementar lo transferido, bajo parámetro anual del IPC + 1,8%, es insuficiente, ratificando la necesidad de fijarlo en IPC + 4%, como sostienen estudios demostrativos de que el “gasto docente” crece mínimo 3,5% por encima de la inflación (Acosta,2018).

Luego de dos semanas de movilización y anormalidad académica en más de 20 universidades, el presidente Duque, quien hace anuncios por twitter y en monólogos sin citar al indispensable diálogo, persiste en poner el crédito y el ICETEX como protagonistas del sector educativo superior, y, para colmo de males, sus copartidarios tramitan al mismo tiempo en el Congreso la resurrección del ánimo de lucro como leitmotiv  de la educación.

Así las cosas, el gasto particular de los hogares para educarse continuará predominando; la población educada será poca; las universidades públicas verán prorrogado su marchitamiento y quienes aspiran a acceder a ellas como un derecho, la Generación D, seguirán excluidos por barreras económicas y presupuestales. ¿Hasta cuándo resistirá el engendro?

Bogotá: ¿del limbo al infierno?

Planeación Distrital presentó el Avance Físico del Plan de Desarrollo de Bogotá Mejor para Todos 2016-2020. Los programas deberían estar en un 50 % de cumplimiento, descontando tiempos de inicio y empalme, pero, por lo registrado, el balance es desalentador, en particular, en áreas cruciales.

En educación, de 30 colegios nuevos prometidos se han construido solo dos, y de 32 restituciones de sedes educativas van en una tercera parte.

Tres programas claves de dicha Secretaría están en cero: la reforma institucional, la alfabetización para adultos y los 35.000 cupos adicionales en educación superior. También como tortuga va la infraestructura sanitaria. De 40 CAPS (Centros de Atención Prioritaria), 22 se adaptaron en los eliminados Camis; no se ha puesto un ladrillo en los CEUS (Centros de Urgencia del Sur), ni en la reposición de cuatro hospitales, incluido el de Usme, ni menos en dos hospitales nuevos proyectados.

La atención de las personas no inscritas en régimen alguno, “los vinculados”, escasamente llega al 40 %. Y aunque se diga que en 2017 la EPS Capital Salud ganó $41.000 millones, el concejal Manuel Sarmiento demostró —con pruebas— pérdidas por $1.300 millones. Además, el saneamiento de dicha entidad, según Planeación, está apenas en 38 %.

Los damnificados de Peñalosa II son los niños y niñas. La Personería evidencia que de 723 mil, entre los cero y cinco años, el Distrito solo atiende al 17 %; es decir, a 125.436 en 366 jardines infantiles, muchos con notorias deficiencias. Por otro lado, se clausuraron 47 servicios diurnos y nueve nocturnos, como lo ratificó el informe de Planeación, que asigna un cumplimiento del 31,9 %. Los demás menores atendidos asisten a centros privados.

La alarma se prende en materias económicas y sociales. El crecimiento del PIB fue de 2,96 % en 2016 y 1,61 % en 2017, por debajo del resultado nacional de 3 % y 1,7 %, respectivamente; la pobreza monetaria creció, frente a 2015, de 10,4 % a 11,5 %, la extrema de 2 % a 2,5 % y el desempleo de 8,3 % a 10,5 % en mayo de 2018. En infraestructura social, va 21,9 % en ciclorrutas y 16 % en nuevo espacio público; de 60 mil viviendas VIS marcha apenas la tercera parte y lo planeado en alcantarillado alcanza un irrisorio 10 %.

En seguridad, pese a bajar los homicidios, el robo se disparó. El de bicicletas subió 66 % en los cinco primeros meses de 2018 con respecto a 2017; el de residencias se trepó a 8,6 %; los distintos robos que afectan a las personas aumentaron 56 %; el de celulares al 70 % —seis cada hora—, el cual se produce principalmente en el transporte público; el de autos y motos disminuyó marginalmente y los reportes por narcóticos aumentaron 9 %.

Movilidad es un fracaso. Para dejar el metro en un 30 % de avance solo se ha hecho el 10 %, lo que significa, como dice el concejal Hinestrosa, apenas un 3 % del gran proyecto de Bogotá. Ni un kilómetro de troncal; la malla vial arterial en buen estado ha decaído (según Veeduría-IDU); sigue en crisis el SITP, aún con billón y medio de pesos trasladado a los operadores, y el provisional permanece aplazado por dos años, mientras que tampoco tiene éxito la “guerra a los colados”.

En 2017, el 89 % de la contratación —por valor de $2,13 billones, que representa el 35 % del monto total— fue a dedo y tres licitaciones (aseo, semaforización y grúas-patios) están glosadas por organismos de control por graves motivos, lo que deja al descubierto un vacío de transparencia en la Bogotá de Peñalosa II.

Como afirmó el concejal Flórez, por la licitación de TM, continuarán miles de “buses-chimenea” de marca conocida, pero, al final, no se iniciará obra alguna, quizás el funesto Transmilenio por la Séptima. No obstante, quedará un cúmulo de contratos firmados con endeudamientos por décadas, pero sin estudios completos; el metro seguirá envolatado; se elevarán los impuestos confiscatorios, y el POT se guiará por marcados negocios inmobiliarios. Para rematar, Peñalosa ferió el 16% de la Empresa de Energía y atenta contra la ETB, que la ciudadanía espera salvar.

El libro Bogotá en el limbo, que presenté en noviembre de 2017, sintetizando los últimos 25 años, incluido Peñalosa I, corre el riesgo de perder vigencia: con Peñalosa II parece empezar el tránsito al infierno.

La enfermedad holandesa financiera

En entrevista reciente, el ministro Cárdenas registró como el mayor logro económico de los ocho años del gobierno de Santos el aumento de la inversión extranjera, anotando que entre 2002 y 2010 los flujos netos anuales eran en promedio de 6.000 millones de dólares, mientras que entre 2010 y 2016 subieron a 14.000 millones. Confirmó así que el capital externo es hoy la variable de cierre de la economía colombiana, cuando entre 1996 y 2002 la media fue apenas de 2.500 millones. Es a partir de esa avalancha de divisas como debe analizarse la economía nacional y, contrariando la difundida especie del modelo ‘extractivista’, que no corresponde a una caracterización precisa, urge evaluar el efecto conjunto de los flujos externos como esencia de la política económica del siglo XXI.

El monto (stock) de la inversión extranjera directa en Colombia a marzo del 2018 es de 182.342 millones de dólares. ¿Cómo se distribuyó la ocurrida entre 2000 y 2017? En petróleo suman 44.915 millones y en minas, 26.019; en industria llega a 28.721; en servicios financieros, a 19.466; en transporte y comunicaciones, a 17.406 y en comercio, a 13.800, para mencionar lo más relevante (Banco de la República, 2018).

Lo anterior se ratifica al mirar las 21 mayores empresas por ingresos superiores a $ 4 billones en 2017: diez son transnacionales; cinco, predominantemente nacionales; dos son públicas y cuatro, mixtas (público-privadas). Entre ellas hay cinco relacionadas con hidrocarburos y minería, encabezadas de lejos por Ecopetrol; tres, con comercio; dos, con servicios financieros y cabezas de ‘holding’ de inversión; tres, con servicios públicos; dos, con servicios de salud; dos, con TIC; tres vinculadas con la industria y una, con transporte aéreo.

Colombia cayó en el entrampamiento crediticio con el propio capital internacional al que le abrió con laxitud sus puertas en la orgía de la confianza inversionista.

Las lucrativas operaciones –que incluyen además los giros a las economías foráneas de origen– tienen como contrapartida ingentes costos para sostenerlas, manifestados en los crecientes niveles del endeudamiento bruto del sector público. En 2000, este era de $ 88 billones, equivalente al 45 por ciento del PIB; para 2010 subió a $ 234 billones, entonces 43 por ciento del PIB, y para 2017 se disparó a $ 500,9 billones, 54,4 por ciento del PIB, que, como advirtió la Anif, al agregarse el pasivo de Ecopetrol, se acercaría al 60 por ciento, nivel a partir del cual la Unión Europea trata como “paria” a una economía.

No obstante, al estudiar los acreedores de dicha deuda, se encuentra que también el capital extranjero participa en gran medida. De acuerdo con información de Juan Pablo Fernández, la denominada inversión de portafolio, eminentemente especulativa, vale 87.282 millones, muy por encima de lo puesto en petróleo y minería, y 56.182 de ellos están representados en títulos de deuda pública, TES. Así mismo, los pasivos externos (inversión extranjera + deuda + especulación con monedas) llegan ya a 328.291 millones de dólares, un 147 por ciento más con respecto a marzo del 2010, de los cuales cerca de 130.000 millones corresponden a títulos y préstamos. Colombia cayó en el entrampamiento crediticio con el propio capital internacional al que le abrió con laxitud sus puertas en la orgía de la confianza inversionista.

La mayor ‘extracción’ no es petróleo ni carbón ni oro. Es de ahorro y de trabajo nacional para cubrir el pago del exorbitante endeudamiento, principalmente con bajos salarios y mínimos ingresos disponibles –de la base social nacional–, mermados por impuestos indirectos como IVA, al consumo, cuatro por mil y gravamen a los combustibles.

Los capitales foráneos, incentivados por favorables diferenciales en las tasas de interés y beneficios tributarios, hacen del mercado colombiano jugoso filón, tanto que, según IIF, el país ocupó de 2015 a 2017 el cuarto lugar, de acuerdo con el porcentaje del PIB, como receptor de flujos de deuda entre las economías emergentes, luego de la República Checa, Líbano y Sudáfrica. Además de endurecer la revaluación del peso, se subordina al conjunto de la economía al pago cumplido y, encima, supervisado por las calificadoras de riesgo de Wall Street, que enjalmaron a los gobiernos anteriores e igual harán con el de Duque.

El desarrollo armónico de los distintos sectores productivos estuvo afectado entre 2002 y 2010 por la conocida enfermedad holandesa y ahora lo está aún más por esta fase superior robustecida con capitales especulativos, tal como lo explica Alberto Botta (2015, Universidad de Calabria y Universidad de Greenwich) al estudiar el caso de Colombia.

Este es el balance macroeconómico de 16 años de uribosantismo, que, al parecer, será similar para el futuro próximo en busca de espacios fiscales para cubrir esta espiral sin límite.

OCDE, OTAN, Trump y elecciones

De las falacias más difundidas en los últimos años en Colombia es que la OCDE es “el club de los países ricos” o, en versión más sutil, “el de las buenas prácticas”. Es de la misma matriz lingüística de nombrar “libre comercio” al asimétrico entre poderosos y débiles o “Consenso de Washington” a los ajustes exigidos para implantar el neoliberalismo.

El ingreso a la OCDE no es un hecho puntual ni fortuito: está en el proceso de inserción global de Colombia que se inició con los ajustes estructurales de los años noventa guiados por el Banco Mundial; con las definiciones centrales hacia un modelo de Capital Extranjero vía acuerdos con el FMI, Plan Colombia y los TLC y con esta tercera fase que apuntala reglas en instituciones e incluso en el funcionamiento microeconómico de algunos mercados. Con razón, dijo José Antonio Adarvín, director de la OCDE en México para América Latina, en 2009: es un “nodo de la globalización”.

Lejos quedó esa institución de la Guerra Fría de 1961 o el reputado “club” que empezó a incluir a unos no tan ricos como Chile, Estonia, Hungría, Eslovenia, Portugal o Colombia o Costa Rica.

A la OCDE se adhiere, y por ende las reglas se hacen allá, no se negocian, así se les llame “recomendaciones”. Es más, tales encomiendas se van implantando en la medida en que 23 comités sectoriales perfilan su intervención, con su propia carga de economía política –no neutra– en manejo ambiental, químicos, gobierno corporativo de empresas públicas, empleo, seguridad social, mercados financieros, desarrollo económico y territorial, educación, salud, agricultura, inversión, comercio, asuntos fiscales, empleo, pensiones y seguridad social, mercados financieros, regulación, estadísticas, TIC y CIT (ciencia y tecnología) y bienestar del consumidor. En adelante no caerá la hoja de un árbol en Colombia sin que este Gran Hermano esté respirando en la nuca.

El estatus de Colombia como “cooperante”, único latinoamericano entre 40 países miembros, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se ha matizado igual: que se trata, según el General Mejía, de otro “club”, el de “las buenas prácticas militares”. Aunque analistas como Tickner resaltan más la eventual participación en “misiones de paz” que en “operativos militares”, y de su rol en el tránsito de “conflicto armado a no guerra” y en ese marco con “reacomodos” y “recortes” en tamaño y en “actividades alternativas”, es innegable que –por secundaria que sea la membresía– matricula al país en una visión de la política internacional, la sesga en la geopolítica global, la aleja de la neutralidad en confrontaciones globales, que pueden estarse gestando, entre terceros y grandes potencias por el reparto del mundo. Colombia quedó adscrita a uno de los bandos mundiales con un ejército surtido de población joven –con edad promedio de 30 años–, a contramano de Europa y Estados Unidos, donde ronda los 40.

Si a las grises adhesiones y adscripciones se suma la tendencia mundial regresiva, guerrerista, de garrote, de la “Era de la Ira” que campea en el mundo contemporáneo en el incierto periodo de poscrisis y a cuya cabeza está Donald Trump, con el cometido de “hacer a América grande de nuevo” a toda costa y costo y en todos las esferas, una nación subsidiaria como Colombia queda sujeta en las redes de la Superpotencia que la ha puesto bajo su control hace décadas, que la tiene como “socio estratégico” en América Latina, y, en esa onda, el intérprete predilecto del momento de dicha partitura aquí y ahora es Iván Duque.

Mientras Petro y el uribismo buscan los votos, Santos culmina la tarea de atadura de los destinos nacionales, a un punto tal que hasta cabe preguntar si la terminación del conflicto con las FARC trasciende los meros deberes constitucionales que lo obligaban a buscarla y que, más allá del Premio Nobel, la convierte en funcional a la agenda reforzada de recolonización de Colombia.

Corrupción, desigualdad y educación en Colombia

Colombia perdió 6 puestos en el ranking del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (CPI) de 2016 a 2017. La calificación de 37 puntos sobre 100, el nivel óptimo, ubica al país en el puesto 96, por debajo del promedio mundial de 43 puntos y de 44 en Latinoamérica.

Fuera de estar en el 69% de las naciones por debajo de 50 puntos, 30% de las personas encuestadas dijeron haber pagado sobornos para acceder a servicios públicos y se estima que se desvían $50 billones al año de los presupuestos públicos.

80% de los colombianos tiene la corrupción como uno de los mayores problemas con lo que coincide el portal www.business-anti-corruption.com, que analiza el sistema económico, las instituciones judiciales, de policía, de aduanas, legislación y el control público: “Impregna varios sectores de la economía (….) a la jerarquía del gobierno donde los casos en los niveles más altos(…) grandes redes de clientelismo se manifiestan particularmente en el sector de contratación pública (…) estas prácticas son generalizadas”.

¿Cuáles son las causas de tan execrable corruptela? Hay variadas respuestas, desde la de “manzanas podridas”, pasando por la de las “mafias”, hasta quienes sentencian una “putrefacción sistémica”.

Para explicarlas, en el libro Corrupción, cohesión social y desarrollo, Mulas-Granados y Alonso introducen como factor clave el nivel de desarrollo nacional, fuera de admitir también otros ya reconocidos como la falta de democracia y la inestabilidad política; burocracias sin carrera sostenible en la administración pública y la falta de firmeza del sistema judicial, evaluados en los índices de Gobernanza (Banco Mundial) y de Percepción de Corrupción (CPI).

Ellos, con base en un modelo econométrico, incluyen datos de Europa, Asia Central, Medio Oriente y norte de África para la estimación estadística e incorporan como variables explicativas el PIB por habitante; el coeficiente de GINI en la distribución de la renta; el peso de los impuestos como proporción del PIB; la apertura comercial y el nivel educativo de la población, medido por años de estudio, y acaban afirmando que estas “causas próximas” explican “entre los dos tercios y los tres cuartos de la variación de los niveles de corrupción entre países”.

La conclusión es que un aumento en la desigualdad se traduce en más podredumbre y, a la vez, que con mayor ingreso por habitante y con un pacto fiscal sólido, ella decrece. Puede inferirse entonces que, tal como está Colombia, es “tierra fértil” para que ese contubernio –entre actores privados, funcionarios nombrados y cargos electos– pueda desplegar conciertos para delinquir a gran escala, donde son pan cotidiano, entre muchos pestilentes,escándalos como Odebrecht, Reficar, Saludcoop, la Ley Urrutia-Zidres, el modelo Transmilenio en sus variantes, el Cartel de la Toga e Isagen, y ni hablar del narcotráfico.

Pero más allá, por sus efectos, ¿no será preciso cuestionar como raíz las políticas económicas, responsables en Colombia de las peores desigualdades y de un ingreso anual por habitante inferior a cinco mil dólares reales? ¿No es un causante financiar la economía con bajos salarios, impuestos indirectos e informalidad en pro de beneficios tributarios a grandes conglomerados y personas naturales de altos deciles? ¿No inciden en el bajo ingreso del 80% de la población, que no alcanza o apenas logra cubrir gastos mínimos?

Finalmente, la educación, cuando se toma en sentido general, no aparece significativa en la explicación del abominable fenómeno; sin embargo, al abordarla por niveles, Mulas-Granados y Alonso muestran que en secundaria, cuando la tasa bruta de cobertura nacional es superior al 74,5%, se llega a un punto de inflexión a partir del cual “disminuye la presencia” de la descomposición e igual sucede cuando –en la que denominan educación terciaria– rebasa al 34,8%.

Bajo estas premisas, tiene razón Sergio Fajardo, el más insistente, alincluir en un proyecto de largo alcance hacer universal la educación como efecto positivo y eficaz contra la grave podredumbre que hoy campea con regularidad e impunidad. Una educación universal reduce los efectos negativos que acarrea la corrupción sobre la eficiencia y la capacidad del Estado, sobre el crecimiento y el desarrollo, algo quizás imperceptible pero cierto, pues hay evidencia de que “el marco social y sus instituciones” recortan los tentáculos de los corruptos.