La enfermedad holandesa financiera

En entrevista reciente, el ministro Cárdenas registró como el mayor logro económico de los ocho años del gobierno de Santos el aumento de la inversión extranjera, anotando que entre 2002 y 2010 los flujos netos anuales eran en promedio de 6.000 millones de dólares, mientras que entre 2010 y 2016 subieron a 14.000 millones. Confirmó así que el capital externo es hoy la variable de cierre de la economía colombiana, cuando entre 1996 y 2002 la media fue apenas de 2.500 millones. Es a partir de esa avalancha de divisas como debe analizarse la economía nacional y, contrariando la difundida especie del modelo ‘extractivista’, que no corresponde a una caracterización precisa, urge evaluar el efecto conjunto de los flujos externos como esencia de la política económica del siglo XXI.

El monto (stock) de la inversión extranjera directa en Colombia a marzo del 2018 es de 182.342 millones de dólares. ¿Cómo se distribuyó la ocurrida entre 2000 y 2017? En petróleo suman 44.915 millones y en minas, 26.019; en industria llega a 28.721; en servicios financieros, a 19.466; en transporte y comunicaciones, a 17.406 y en comercio, a 13.800, para mencionar lo más relevante (Banco de la República, 2018).

Lo anterior se ratifica al mirar las 21 mayores empresas por ingresos superiores a $ 4 billones en 2017: diez son transnacionales; cinco, predominantemente nacionales; dos son públicas y cuatro, mixtas (público-privadas). Entre ellas hay cinco relacionadas con hidrocarburos y minería, encabezadas de lejos por Ecopetrol; tres, con comercio; dos, con servicios financieros y cabezas de ‘holding’ de inversión; tres, con servicios públicos; dos, con servicios de salud; dos, con TIC; tres vinculadas con la industria y una, con transporte aéreo.

Colombia cayó en el entrampamiento crediticio con el propio capital internacional al que le abrió con laxitud sus puertas en la orgía de la confianza inversionista.

Las lucrativas operaciones –que incluyen además los giros a las economías foráneas de origen– tienen como contrapartida ingentes costos para sostenerlas, manifestados en los crecientes niveles del endeudamiento bruto del sector público. En 2000, este era de $ 88 billones, equivalente al 45 por ciento del PIB; para 2010 subió a $ 234 billones, entonces 43 por ciento del PIB, y para 2017 se disparó a $ 500,9 billones, 54,4 por ciento del PIB, que, como advirtió la Anif, al agregarse el pasivo de Ecopetrol, se acercaría al 60 por ciento, nivel a partir del cual la Unión Europea trata como “paria” a una economía.

No obstante, al estudiar los acreedores de dicha deuda, se encuentra que también el capital extranjero participa en gran medida. De acuerdo con información de Juan Pablo Fernández, la denominada inversión de portafolio, eminentemente especulativa, vale 87.282 millones, muy por encima de lo puesto en petróleo y minería, y 56.182 de ellos están representados en títulos de deuda pública, TES. Así mismo, los pasivos externos (inversión extranjera + deuda + especulación con monedas) llegan ya a 328.291 millones de dólares, un 147 por ciento más con respecto a marzo del 2010, de los cuales cerca de 130.000 millones corresponden a títulos y préstamos. Colombia cayó en el entrampamiento crediticio con el propio capital internacional al que le abrió con laxitud sus puertas en la orgía de la confianza inversionista.

La mayor ‘extracción’ no es petróleo ni carbón ni oro. Es de ahorro y de trabajo nacional para cubrir el pago del exorbitante endeudamiento, principalmente con bajos salarios y mínimos ingresos disponibles –de la base social nacional–, mermados por impuestos indirectos como IVA, al consumo, cuatro por mil y gravamen a los combustibles.

Los capitales foráneos, incentivados por favorables diferenciales en las tasas de interés y beneficios tributarios, hacen del mercado colombiano jugoso filón, tanto que, según IIF, el país ocupó de 2015 a 2017 el cuarto lugar, de acuerdo con el porcentaje del PIB, como receptor de flujos de deuda entre las economías emergentes, luego de la República Checa, Líbano y Sudáfrica. Además de endurecer la revaluación del peso, se subordina al conjunto de la economía al pago cumplido y, encima, supervisado por las calificadoras de riesgo de Wall Street, que enjalmaron a los gobiernos anteriores e igual harán con el de Duque.

El desarrollo armónico de los distintos sectores productivos estuvo afectado entre 2002 y 2010 por la conocida enfermedad holandesa y ahora lo está aún más por esta fase superior robustecida con capitales especulativos, tal como lo explica Alberto Botta (2015, Universidad de Calabria y Universidad de Greenwich) al estudiar el caso de Colombia.

Este es el balance macroeconómico de 16 años de uribosantismo, que, al parecer, será similar para el futuro próximo en busca de espacios fiscales para cubrir esta espiral sin límite.

OCDE, OTAN, Trump y elecciones

De las falacias más difundidas en los últimos años en Colombia es que la OCDE es “el club de los países ricos” o, en versión más sutil, “el de las buenas prácticas”. Es de la misma matriz lingüística de nombrar “libre comercio” al asimétrico entre poderosos y débiles o “Consenso de Washington” a los ajustes exigidos para implantar el neoliberalismo.

El ingreso a la OCDE no es un hecho puntual ni fortuito: está en el proceso de inserción global de Colombia que se inició con los ajustes estructurales de los años noventa guiados por el Banco Mundial; con las definiciones centrales hacia un modelo de Capital Extranjero vía acuerdos con el FMI, Plan Colombia y los TLC y con esta tercera fase que apuntala reglas en instituciones e incluso en el funcionamiento microeconómico de algunos mercados. Con razón, dijo José Antonio Adarvín, director de la OCDE en México para América Latina, en 2009: es un “nodo de la globalización”.

Lejos quedó esa institución de la Guerra Fría de 1961 o el reputado “club” que empezó a incluir a unos no tan ricos como Chile, Estonia, Hungría, Eslovenia, Portugal o Colombia o Costa Rica.

A la OCDE se adhiere, y por ende las reglas se hacen allá, no se negocian, así se les llame “recomendaciones”. Es más, tales encomiendas se van implantando en la medida en que 23 comités sectoriales perfilan su intervención, con su propia carga de economía política –no neutra– en manejo ambiental, químicos, gobierno corporativo de empresas públicas, empleo, seguridad social, mercados financieros, desarrollo económico y territorial, educación, salud, agricultura, inversión, comercio, asuntos fiscales, empleo, pensiones y seguridad social, mercados financieros, regulación, estadísticas, TIC y CIT (ciencia y tecnología) y bienestar del consumidor. En adelante no caerá la hoja de un árbol en Colombia sin que este Gran Hermano esté respirando en la nuca.

El estatus de Colombia como “cooperante”, único latinoamericano entre 40 países miembros, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se ha matizado igual: que se trata, según el General Mejía, de otro “club”, el de “las buenas prácticas militares”. Aunque analistas como Tickner resaltan más la eventual participación en “misiones de paz” que en “operativos militares”, y de su rol en el tránsito de “conflicto armado a no guerra” y en ese marco con “reacomodos” y “recortes” en tamaño y en “actividades alternativas”, es innegable que –por secundaria que sea la membresía– matricula al país en una visión de la política internacional, la sesga en la geopolítica global, la aleja de la neutralidad en confrontaciones globales, que pueden estarse gestando, entre terceros y grandes potencias por el reparto del mundo. Colombia quedó adscrita a uno de los bandos mundiales con un ejército surtido de población joven –con edad promedio de 30 años–, a contramano de Europa y Estados Unidos, donde ronda los 40.

Si a las grises adhesiones y adscripciones se suma la tendencia mundial regresiva, guerrerista, de garrote, de la “Era de la Ira” que campea en el mundo contemporáneo en el incierto periodo de poscrisis y a cuya cabeza está Donald Trump, con el cometido de “hacer a América grande de nuevo” a toda costa y costo y en todos las esferas, una nación subsidiaria como Colombia queda sujeta en las redes de la Superpotencia que la ha puesto bajo su control hace décadas, que la tiene como “socio estratégico” en América Latina, y, en esa onda, el intérprete predilecto del momento de dicha partitura aquí y ahora es Iván Duque.

Mientras Petro y el uribismo buscan los votos, Santos culmina la tarea de atadura de los destinos nacionales, a un punto tal que hasta cabe preguntar si la terminación del conflicto con las FARC trasciende los meros deberes constitucionales que lo obligaban a buscarla y que, más allá del Premio Nobel, la convierte en funcional a la agenda reforzada de recolonización de Colombia.

Corrupción, desigualdad y educación en Colombia

Colombia perdió 6 puestos en el ranking del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (CPI) de 2016 a 2017. La calificación de 37 puntos sobre 100, el nivel óptimo, ubica al país en el puesto 96, por debajo del promedio mundial de 43 puntos y de 44 en Latinoamérica.

Fuera de estar en el 69% de las naciones por debajo de 50 puntos, 30% de las personas encuestadas dijeron haber pagado sobornos para acceder a servicios públicos y se estima que se desvían $50 billones al año de los presupuestos públicos.

80% de los colombianos tiene la corrupción como uno de los mayores problemas con lo que coincide el portal www.business-anti-corruption.com, que analiza el sistema económico, las instituciones judiciales, de policía, de aduanas, legislación y el control público: “Impregna varios sectores de la economía (….) a la jerarquía del gobierno donde los casos en los niveles más altos(…) grandes redes de clientelismo se manifiestan particularmente en el sector de contratación pública (…) estas prácticas son generalizadas”.

¿Cuáles son las causas de tan execrable corruptela? Hay variadas respuestas, desde la de “manzanas podridas”, pasando por la de las “mafias”, hasta quienes sentencian una “putrefacción sistémica”.

Para explicarlas, en el libro Corrupción, cohesión social y desarrollo, Mulas-Granados y Alonso introducen como factor clave el nivel de desarrollo nacional, fuera de admitir también otros ya reconocidos como la falta de democracia y la inestabilidad política; burocracias sin carrera sostenible en la administración pública y la falta de firmeza del sistema judicial, evaluados en los índices de Gobernanza (Banco Mundial) y de Percepción de Corrupción (CPI).

Ellos, con base en un modelo econométrico, incluyen datos de Europa, Asia Central, Medio Oriente y norte de África para la estimación estadística e incorporan como variables explicativas el PIB por habitante; el coeficiente de GINI en la distribución de la renta; el peso de los impuestos como proporción del PIB; la apertura comercial y el nivel educativo de la población, medido por años de estudio, y acaban afirmando que estas “causas próximas” explican “entre los dos tercios y los tres cuartos de la variación de los niveles de corrupción entre países”.

La conclusión es que un aumento en la desigualdad se traduce en más podredumbre y, a la vez, que con mayor ingreso por habitante y con un pacto fiscal sólido, ella decrece. Puede inferirse entonces que, tal como está Colombia, es “tierra fértil” para que ese contubernio –entre actores privados, funcionarios nombrados y cargos electos– pueda desplegar conciertos para delinquir a gran escala, donde son pan cotidiano, entre muchos pestilentes,escándalos como Odebrecht, Reficar, Saludcoop, la Ley Urrutia-Zidres, el modelo Transmilenio en sus variantes, el Cartel de la Toga e Isagen, y ni hablar del narcotráfico.

Pero más allá, por sus efectos, ¿no será preciso cuestionar como raíz las políticas económicas, responsables en Colombia de las peores desigualdades y de un ingreso anual por habitante inferior a cinco mil dólares reales? ¿No es un causante financiar la economía con bajos salarios, impuestos indirectos e informalidad en pro de beneficios tributarios a grandes conglomerados y personas naturales de altos deciles? ¿No inciden en el bajo ingreso del 80% de la población, que no alcanza o apenas logra cubrir gastos mínimos?

Finalmente, la educación, cuando se toma en sentido general, no aparece significativa en la explicación del abominable fenómeno; sin embargo, al abordarla por niveles, Mulas-Granados y Alonso muestran que en secundaria, cuando la tasa bruta de cobertura nacional es superior al 74,5%, se llega a un punto de inflexión a partir del cual “disminuye la presencia” de la descomposición e igual sucede cuando –en la que denominan educación terciaria– rebasa al 34,8%.

Bajo estas premisas, tiene razón Sergio Fajardo, el más insistente, alincluir en un proyecto de largo alcance hacer universal la educación como efecto positivo y eficaz contra la grave podredumbre que hoy campea con regularidad e impunidad. Una educación universal reduce los efectos negativos que acarrea la corrupción sobre la eficiencia y la capacidad del Estado, sobre el crecimiento y el desarrollo, algo quizás imperceptible pero cierto, pues hay evidencia de que “el marco social y sus instituciones” recortan los tentáculos de los corruptos.

Sergio Fajardo, alguien más que un profesor

Está resonando el estribillo “Un profesor, un profesor…”, referido a la candidatura de Sergio Fajardo. Quienes lo corean destacan a aquellas personas que no se olvidan: de los que aprendemos, que en sus alumnos ligan la razón con el corazón como lo hizo el maestro Carlos Gaviria quien inspiró a muchos durante años. De lo dicho y hecho por Fajardo en esta campaña quedan sembrados aprendizajes imperecederos.

Resalto en particular el concepto de equipo. Reiterar que toda iniciativa política y social es fruto de un trabajo conjunto no de un “iluminado” con “fórmulas mágicas” que solo requieren que la gran masa les endose su voluntad para producir ipso facto la redención. No, la agenda de Fajardo es colectiva, convocante, movilizadora, contrapuesta con las modalidades del “socialismo primitivo” que encontraban en el chispazo individual la pócima para toda enfermedad.

Respecto a las fuerzas políticas nacionales, el valor agregado de la candidatura de Fajardo está en el atrevimiento de irse por la calle de en medio de las vertientes tradicionales, por fuera de los mismos con las mismas que han detentado el poder. Emprendió camino aparte de los responsables de tanta iniquidad que hoy causa en Colombia una indignación superlativa por abusos cometidos durante décadas contra la ciudadanía.

Fajardo se agrupó con posiciones políticas disimiles mediante un programa construido en conjunto. Entre ellos está el Polo Democrático, que además de aportar elementos de su Ideario, marca un hito frente al inveterado cartabón de que “la izquierda solo se une con la izquierda”. En conjunto con la Alianza Verde y Compromiso Ciudadano proyectan un entendimiento de largo plazo.

La Coalición Colombia va más allá de los acuerdos que ubican como contradicción única la del trabajo con el capital y, en procura de una Nueva Democracia, le traza rumbo a una alianza de amplio espectro para alcanzarla, lo cual trasciende los discursos de verdades generales que dividen más de lo que congregan.

Parodiando al Dante, la nación colombiana está entre el octavo y el noveno anillo del Averno, entre el de los ladrones y el de los traidores. Sacarla de tan profundas honduras no es proceso de un cuatrienio y engaña a los electores quien esto prometa, lo que, asaltando la conciencia de la opinión como decía Gaitán, es tan corrupto como desfalcar al Erario.

El programa de la Coalición que lidera Fajardo inicia el indispensable salvamento de Colombia con unos elementos básicos: educar, educar y educar, que acorde con Carlos Gaviria citando a Adela Cortina, hace “una comunidad pensante, consciente, conviviente”, para lo cual propone realzar la educación pública y programas como “Jóvenes con Futuro” que cubre la capacitación como una forma de empleo público. También respetar los derechos de los trabajadores; favorecer las PYMES con una tarifa de renta progresiva; un programa ambiental que delinea acciones y serias políticas concretas; luchar de frente contra la corrupción; y reanimar el aparato productivo creando, entre iniciativas públicas y privadas, 1,5  millón de empleos, convocando los actores económicos y sociales a la revisión de los TLC que en muy variados asuntos se han tornado en coyundas para el desarrollo.

El ensayista Pankaj Mishra describe la época contemporánea como “La Era de la Ira” en la cual –como reacción a la crisis global y sin norte en la brújula- está saturada de “líderes autoritarios que manipulan el cinismo y el descontento de las mayorías furiosas”. En consecuencia reclama poner “un poco de racionalismo a los problemas del alma”. Ese racionalismo es, aquí y ahora, Sergio Fajardo, alguien más que un profesor.

Debate pensional: ¿Todo por rescatar las AFP?

“Los escenarios dicen que el pasivo pensional va cayendo como porcentaje del PIB (…) no hay bomba de tiempo”, dijo Mauricio Cárdenas al clausurar el Congreso de Asofondos. En la Ocde sus miembros aplican en promedio el 8,2 % del PIB de fondos públicos para las jubilaciones. En Colombia solo 3,9 %.

Cárdenas desvirtuó el relato del “excesivo” y creciente gasto público para subsidiar a Colpensiones, entidad administradora del Régimen de Prima Media (RPM) y Beneficios Económicos Periódicos (Beps), señalada como el problema del sistema y a la que Anif pide “marchitar”: que no reciba nuevos cotizantes.

Desde la Ley 100 de 1993 coexiste con el Régimen de Ahorro Individual (RAI), que fija la pensión por el ahorro personal capitalizado mediante contribución definida, sujeto a rentabilidades y tiempos y es administrado por las AFP. Su instauración rompió solidaridades como la intergeneracional, donde los jóvenes aportan para los pagos a los mayores; la social, reducida al 1,5 % de los salarios para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y aportes adicionales cuando se devengan más de cuatro salarios mínimos; y así mismo puso en entredicho la concurrencia de los impuestos para asegurar el derecho pensional.

Al RAI pertenecen 14,84 millones de afiliados, con edad promedio de 44 años, la mitad, cotizantes activos. Acumula $ 227 billones y tiene solo 130.616 pensionados a cargo. Los afiliados al RPM, en cambio, son 6,52 millones, entre 45 y 55 años, también la mitad activa, pero responde por 1,3 millón pensionados y por los Beps y otros programas asistenciales. Colpensiones posee escasas reservas, pero el RPM lo paga principalmente el Estado mediante transferencias que para 2018 serán de $ 13,5 billones. Otros $ 28 billones se utilizarán del Presupuesto General para las pensiones de 55.000 miembros de las FF. AA.; de 195.000 docentes y de los jubilados estatales, de distintas ramas y niveles, adscritos a la UGPP.

Como el mercado laboral es fuente primaria del sistema, debe relacionarse con el mapa anterior. Según Anif, “la formalidad laboral de Colombia no es del 43 % de la población económicamente activa”, sino que “se acerca a un 27 % en promedio o al 15 %” si se contabiliza solo a quienes cotizan durante todo el año. Y tres de cada cuatro cotizantes ganan menos de dos salarios mínimos mensuales.

En tan precarias condiciones es muy baja la cobertura: solo una de cada cuatro personas, en edad de pensionarse, goza de tal derecho. Así mismo, el porcentaje del último salario que fija el valor de la pensión, llamado tasa de reemplazo, es en Colpensiones -en la mayoría de los casos- más del doble que en el RAI, lo cual ha estimulado el éxodo de este régimen.

El ‘Modelo de simulación del RAI en Colombia’ (Banrep, 2009) proyectó que los ingresos serán menores que los gastos para las AFP entre 2030 y 2040. Entrarían en déficit estructural para responderles debidamente a la mayoría de afiliados que perciben bajas remuneraciones o que no cotizan todos los meses ni logran acumular para una pensión o las semanas necesarias; a lo cual se sumarían los desembolsos obligatorios por los cambios de régimen u otros motivos y los pagos de supervivencia a los beneficiarios. El BID (2015) ratificó dicho riesgo como “deficiente funcionamiento del régimen privado de pensiones (RAI) en su parte de des-acumulación”, desequilibrando inclusive al oligopolio bancario que lo controla.

Consciente del incierto futuro del RAI, la Comisión de Gasto Público sugiere acudir al salvamento de las AFP: subir edades, aumentar semanas y porcentajes de cotización y asignar los cotizantes de salario mínimo solo al RPM. Su prioridad es mantener a las AFP ante todo, aún a costa de sus afiliados, como inversores que -con excedentes del ahorro laboral- sigan dinamizando el mercado especulativo, acciones, TES, mercados de deuda y futuros bursátiles externos y hasta en vías 4G, y no como garantes efectivos del derecho fundamental a la seguridad social.

Los cuellos de botella están tanto en la informalidad o semiinformalidad de la mayoría de los trabajadores como en el incumplimiento del RAI con los pronósticos de hace 25 años de más cobertura, equidad y pensión adecuada. Los ajustes deben tocar la política económica –financiada con bajos salarios, poco ingreso general disponible y el rebusque- y además al RAI para que retome su genuina misión de proveer, entre otras, cómo los excedentes de los jóvenes ayudan a mejorar las condiciones para los mayores y también, si existen, corregir las desigualdades en el RPM. Resulta inicuo aplicar el “todo vale” por rescatar a las AFP.

¿Está hecha trizas la salud en Colombia?

El balance de la ley 100 de 1993 que creó un Sistema General de Seguridad Social es negativo, arroja más carencias que beneficios. Promulgada para abarcar derechos fundamentales relativos a la calidad de vida y bajo principios como la universalidad y la solidaridad, terminó sujeta a las herramientas prescritas para alcanzarlos. En la salud, por ejemplo, las EPS, el POS, las comisiones de administración y otros, subordinaron el objetivo al ánimo de lucro.

En diversas encuestas la salud está entre los mayores padecimientos: más del 70% responde que va mal. Es un sector de costos crecientes donde las economías de escala, por la variedad de casos atendidos, están limitadas. De hecho, mientras el  Índice del IPC total pasó, entre 2000 y 2017, de 100 a 138, el de precios de la salud creció hasta 154,25, fruto de parámetros propios agregados a los generales de la economía. Esto se amplifica en un mercado donde la demanda incentivada -para tener coberturas alrededor del 95%- se cruza con una oferta de atención rígida (inelástica) y el ajuste se da por la elevación de costos y precios.

La irrigación de carnets no significó acceso efectivo a los recursos médicos donde y cuando las personas los necesitan. Un estudio (Ayala, Banrep 2014) encontró que entre 1997 y 2012 disminuyó el porcentaje que pudo utilizarlos al momento de requerirlos, de 79,1% a 75,5%, – 173 mil menos- lo cual se reiteró en 2016 con las 163 mil tutelas presentadas por el derecho a la salud, el doble de las 81.017 de 2005. Igualmente la calificación obtenida por “oportunidad en las citas” en 2017, según “Así vamos en Salud”, fue en el mejor caso de 32 puntos sobre 100.

Los recursos generales para financiar el sistema llegaron a $40, 9 billones en 2017, menos de 950 dólares por habitante, de los cuales el régimen contributivo aporta más de la mitad, mientras el gasto de bolsillo, no cubierto y adicional aportado por los usuarios, llega a más de $8 billones, un 15% del total, subiendo incesantemente con notoria participación de los importes en medicamentos.

Las EPS, privadas y públicas, tienen números rojos en solvencia y rentabilidad, derivados de que tan solo en los últimos tres años sumaron pérdidas conjuntas, sin Saludcoop ni Caprecom, por $4,68 billones; los patrimonios deficitarios en 2015 alcanzaban ya $2,8 billones y las deudas acumuladas a junio de 2017 con clínicas y hospitales, cuyos ingresos dependen en 93% de las EPS, eran de $5,6 billones. Los “tanques de oxígeno” de recursos de liquidez aplicados desde 2016 al sistema suman $4 billones, siendo $1,4 billones para créditos blandos -intermediados por Findeter- que crea así nuevo filón al sector financiero.

En medio de este estallido microeconómico, la oferta se ha reducido agravando el problema. El área hospitalaria en construcción, entre 2014 y 2017, declinó de 850 mil metros cuadrados a la mitad; el número de camas por 100 mil habitantes sigue en 1,6, en el puesto 130 entre 192 según la OMS; las salas de partos, ambulancias, servicios de urgencias y quirófanos aumentan a ritmo lento y las EPS no incrementan las plantas de personal, muchas en condiciones laborales ilegales, para cubrir la unificación del POS, con solo 1,8 médicos por mil habitantes, cuando el promedio en la OCDE es 3,2. A tal desinversión debe añadirse el debilitamiento o liquidación de hospitales universitarios y el cierre de servicios, como en el sistema público de Bogotá, desde 2014.

En ese contexto se incrementan las muertes por VIH-SIDA, en ciudades donde todos los pacientes no reciben tratamiento;por cáncer gástrico, que pasó de una mortalidad de 10,59 a 15,16 por 100 mil habitantes en la última década; también por el de pulmón y por el de mama; por tuberculosis en alza desde 2011 y por las enfermedades cardiovasculares. La cobertura de vacunación Triple Viral fue menor en 2016 que en 2005; el ciclo del dengue no se ha quebrado y la salud mental, de la que demanda intervención el 10% de la población, está fuera de la agenda. En esas situaciones pesan determinantes socio-económicos como pobreza, urbanización, hábitos y aumento de la obesidad; sin embargo, urge diseñar otro marco de salud pública como punto de partida para asegurar el derecho universal.

Por consiguiente, el camino no es juntar estas trizas para hacer una colcha ni solo reducir el debate al cambio del  sistema de aseguramiento. Sin avanzar en investigación e información detallada, sin trabajar en prevención y atención básica; sin incentivar la infraestructura y el conjunto de la oferta; sin fomentar la industria farmacéutica nacional; sin reparar las malas condiciones de vida para millones, los frutos no vendrán. Es complejo, no hay chispazo salvador. ¡Ojalá hubiera!

¿Qué soluciones debe plantear Colombia frente al cambio climático?

En “Our Revolution”, Bernie Sanders dice: “El cambio climático es real, causado por la actividad humana”. Y añade que 650 mil años antes, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera nunca excedió 300 partes por millón, que en la Revolución Industrial era 270 y que en 2013 el Observatorio de Mauna Loa en Hawái reseñaba 400, que crecerían de a dos por año.

Indicadores internacionales muestran que las responsabilidades de los países son disímiles frente a este fenómeno, que constituye una afectación al ciclo natural del clima. En el porcentaje total –respecto a la emisión de gases de Efecto Invernadero–, China responde por 25,9 %; Estados Unidos por 14,75 %; la UE (28) por 9,33 % y Colombia solo por 0,35 %. En toneladas métricas anuales de CO2 por habitante, venidas de combustibles fósiles y de la industria del cemento, Qatar llega a 40,5; Estados Unidos a 16,4; Corea del Sur a 11,8 y Colombia apenas a 1,9. En cuanto a emisiones de CO2 en toneladas métricas anuales por dólar de PIB, China genera 2,077; Estados Unidos 0,412; Chile 0,541 y Colombia 0,371, siendo 0,620 el promedio mundial.

En el Índice de Desempeño Ambiental-2018, Colombia ocupa el puesto 42 con 65,22 puntos, Suiza es primero con 87,42 y Estados Unidos el vigesimoséptimo con 71,19. Los perfiles difieren entre sí: por ejemplo, Ecuador presenta sus mayores deficiencias en el manejo del recurso hídrico y la polución del aire y Colombia en temas rurales, saneamiento básico y biodiversidad, un campo en el que los TLC les abrieron las puertas a los agentes externos para tener acceso a ella y patentarla.

Tan específicos como las causas del cambio climático en cada país, también lo son los impactos en las distintas zonas del planeta, tanto que hasta US Global Change Research Program los distingue para las varias regiones norteamericanas. En países de clima templado, activos contaminadores, las secuelas se expresan, entre otras, en grandes tormentas, destructivos huracanes, más crudos inviernos y muy ardientes veranos. En los tropicales, con la mayor precipitación pluvial y menor participación en la contaminación, se exterioriza por desastres naturales, desborde de ríos y sequías que estropean a las poblaciones en zonas de riesgo. Colombia está en el puesto 19 entre 233 en probabilidad de impactos, es segunda en el Atlas de conflictos ambientales y como actor pasivo sufre más de lo que origina.

¿Qué hacer en Colombia? El Foro Nacional Ambiental (2013) identificó tres orígenes del Cambio en este país “megadiverso” y “megacomplejo”: 1) La deforestación de 5 millones de hectáreas desde 1990, el 29 % en el Caribe por expansión ganadera, y otro 20 % más en la Orinoquia y la Amazonia, muchas por cultivos de coca como en la Sierra de La Macarena; 2) La locomotora minero-energética, que además exporta esa “degradación ambiental”, con Áreas Estratégicas proyectadas por 2,9 millones de hectáreas en franjas interandinas y por 17 millones más en el nororiente amazónico y 3) Ciudades “dispersas”, fruto de la falta de planeación urbana. Ahora bien, en cuanto al porcentaje del total de generación de energía con fuentes renovables, convencionales o no, Colombia, dotada de potencial hídrico, lo hace en 69,4 %, Estados Unidos solo en 14% y Corea del Sur apenas en 2,1 %.

Con base en lo anterior vale preguntar: ¿Será respuesta adecuada para la problemática nacional especular con bonos bursátiles de carbono pagados a menos de 40 euros por tonelada de emisión reducida? ¿Será solución el fondo financiero Generation de Al Gore, dedicado a apuestas futuras sobre clima, agua o supresión de combustibles fósiles? ¿Lo será la subsidiada industria de vehículos eléctricos de las nuevas élites billonarias de California alentada por Clinton? ¿Será este tipo de negocios de oportunidad calificados por Stiglitz como de plazo intermedio?

En la campaña presidencial  habrán de evaluarse los programas respecto al cambio climático: el de Vargas carece del capítulo respectivo, a la vez que busca  limitarles las consultas a las comunidades frente a los megaproyectos; el de Duque, que si bien habla de mitigar el cambio climático, persiste, como lo han hecho los gobiernos de Uribe y Santos, en invocar “altos estándares de responsabilidad ambiental”, desechando las competencias estatales para implantarlos; el de Petro, quien para su enunciada apuesta de supresión de “energías fósiles” da la bienvenida a “los empresarios de energías limpias como la solar”, y el  de Fajardo, que propone como ejes “la preservación del entorno natural, la defensa del agua, el crecimiento verde y el fomento de la educación ambiental”.

El debate está abierto. Que ojalá surjan soluciones adecuadas al contexto nacional.

¿Cómo debe ser una reforma tributaria progresiva?

Un artículo de ‘Columbia Journal of Tax Law’ (Benshalom y Stead, 2018) afirma que “el régimen del impuesto a la renta es un instrumento vital para lograr la redistribución en las democracias liberales, por lo que académicos y legisladores deberían ver un análisis distributivo concreto de sus atributos como una necesidad”. El texto refuta las, por lo menos, 16 reformas tributarias que en los últimos 27 años han maltratado impunemente el artículo 363 de la Constitución: “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”.

Dicha deformación, justificada al tenor de la eficiencia, causó que en el sistema tributario nacional no predomine el impuesto de renta. Veamos: con base en información de la Dian del año gravable 2016, que se registra en 2017, cuando solo se aplicaron los impuestos indirectos, quedando pendiente el de renta para las declaraciones del 2018, el recaudo total fue de $ 136 billones. El IVA (externo + interno), el de combustibles, los aranceles, el impuesto al consumo y el cuatro por mil sumaron $ 70 billones, mientras que el de renta, el Cree y el de riqueza, estos últimos en vías de extinción, llegaron a $ 66 billones. La brecha entre ambos se seguirá ahondando.

Así mismo, en 2017, el impuesto de renta a cargo de personas jurídicas ‒de acuerdo con la Dian‒ facturó $ 23 billones, frente a una renta líquida de $ 104 billones, lo cual significa una tasa efectiva promedio del 22 por ciento, lejos de la nominal de más del 40 por ciento que regía en 2016 y también alejada en sectores claves, por ejemplo, el de los bancos en 2015, con el 16,9 por ciento (Villabona). Iniquidad presente además en las personas naturales, como entre las obligadas a llevar contabilidad, donde los asalariados, con $ 248.000 millones de ingresos totales, tuvieron un impuesto a cargo de $ 19.498 millones, el 7,8 por ciento, insólitamente similar al de los rentistas del capital, con ingresos por $ 726.000 millones, con tributo de renta por $ 58.300 millones, de lo que resulta una tasa del 8 por ciento.

El mundo discute la tarifa tributaria respectiva, particularmente para activos de inversión, que, como se muestra en muchos países, se concentran en el 1 por ciento más adinerado.

Está comprobado que Colombia va en contravía de la progresividad, ordenada expresamente por la norma constitucional, como ha ocurrido también en Estados Unidos desde 1960-1970, donde, según Piketty, se produjo “caída en los impuestos corporativos y en los impuestos a las sucesiones y donaciones combinada con un fuerte cambio en la composición de los principales ingresos lejos del ingreso del capital y hacia el ingreso laboral”. Es la línea continuada por Trump, así como la plasmada en la reforma tributaria del 2016 en Colombia y la propuesta por candidatos como Vargas, Duque y otros.

Un grupo de trabajo (R. Barrera, N. Moreno y M. Hoyos) construyó un bosquejo de trazado tributario hacia la progresividad. Ellos sugieren, en primera instancia, sabiendo que el Gini de las utilidades empresariales es mayor a 0,8, que se fije una tarifa esa sí progresiva, favoreciendo a las pymes, poniendo a las mayores contribuyentes el 36 por ciento y descendiendo en escala hasta 22 por ciento, con lo cual incluso el recaudo crecería y no sería cero, como está proyectado entre 2017 y 2022.

Así mismo, proponen, con Piketty, gravar el patrimonio-riqueza de personas naturales en el exterior que buscan ‘despatrimonializarse’, como en el caso de los papeles de Panamá y otros modelos paradisíacos. El mundo discute la tarifa tributaria respectiva, particularmente para activos de inversión, que, como se muestra en muchos países, se concentran en el 1 por ciento más adinerado.

También sugieren acabar de eliminar los estrambóticos privilegios consignados en los ‘contratos de estabilidad jurídica’; elevar impuestos a las grandes sucesiones; suprimir ‒como se vio‒ las excesivas deducciones, cuyo costo fiscal se estimó entre 2000 y 2015 en más de $ 120 billones (Villabona y Quimbay) y alzar la carga impositiva a los dividendos. Plantean, como Piketty, retomar el gravamen a los giros de capital al exterior de ganancias de firmas transnacionales, anulado por Uribe y Carrasquilla en 2006, que para 2017, aplicando solo 7 por ciento a los 13.641 millones de dólares ‒la renta remitida‒ recabaría $ 3 billones, un tercio del producto del alza del IVA del 16 al 19 por ciento.

Sergio Fajardo ha convocado un diálogo general para elaborar la reforma fiscal indispensable y este análisis pretende contribuir con fundamento para avanzar hacia la equidad y hacia una efectiva redistribución del bienestar, lo cual es el fin mínimo que debe buscarse en el presente orden económico y social.

Transmilenio vs. metro, en tarifas

A largo plazo, montar en metro puede ser más barato para los presupuestos de los hogares de ingresos medios y bajos.

La tarifa técnica de Transmilenio, que es la que se les paga a los operadores, subió 40% por encima de la inflación entre 2000 y 2015. / Archivo El Espectador

Hace dos semanas, en un foro en el Congreso de la República que organizó el Polo Democrático, denominado “El mejor metro para Bogotá”, hice una comparación entre las tarifas técnicas de Transmilenio y el metro. Para ello me apoyé en la documentación suministrada por el economista y candidato a maestría de la Universidad de los Andes Mateo Hoyos, basada en la evolución tarifaria en los primeros 15 años del metro de Medellín y en los primeros 15 años de Transmilenio en Bogotá.

Ese análisis requiere dos observaciones previas. Primera: no incluye, en ninguno de los dos casos, el cargo de las respectivas obras de infraestructura, que siempre, contadas excepciones, se hacen en forma de obra pública a fondo perdido. Segunda: la demanda de pasajeros, que permite economías de escala, es mucho mayor en Bogotá que en Medellín.

Esas tarifas reflejan dos componentes de los costos: los fijos y los variables. Con respecto a los primeros, en el caso de Transmilenio se carga el valor del elemento articulado o biarticulado (bus rojo) y se divide por el número de pasajeros que puede acarrear. Dado que en el articulado el costo es de US$400.000 y la capacidad es de 160 pasajeros, el costo unitario es de US$2.500; y para el segundo, por su capacidad de carga de 260 personas y un precio de US$500.000, baja a US$2.110. Una configuración básica de metro, que consta del tren más mínimo tres vagones, está avaluada en US$2 millones, pero, dado que así moviliza un mínimo de 1.500 pasajeros, el cargo por cada uno es de US$1.333.

Vale anotar que la vida útil de un bus articulado es máximo de 15 años (aquí la administración anterior ya la prorrogó 13), mientras la de una configuración férrea como la descrita dura el doble, mínimo 30 años, y, repotenciada y ajustada, hasta 50. Es decir: en un escenario de máximo aprovechamiento, para ambos casos se requerirían tres Transmilenios por una configuración básica de metro en un horizonte de largo plazo.

Con relación a los costos variables, algunos datos de las correspondientes estructuras de importes dan luces sobre las notorias diferencias entre uno y otro sistema. En los de Transmilenio, el combustible fósil es entre el 36% y el 38,5% del total, mientras que en el metro la energía eléctrica, limpia, es apenas el 8,3%. En cuanto al mantenimiento, el peso en los buses excede varias veces el del metro.

Según Ming Zhang, reconocido experto en transporte, en Estados Unidos el costo de operación por pasajero por milla en Bus Rapid Transit (BRT), equivalente a TM, es de 7,2 centavos de dólar, en tanto el del metro subterráneo es de 4,9 centavos (http://bit.ly/1VR4IeK). ¡Más barata la operación del metro que la de Transmilenio!

Todo esto se ha vuelto realidad en la evolución de la tarifa técnica, que es la que al final se paga a cada operador, tanto en Transmilenio como en el metro de Medellín. En 1996, al iniciar el metro en la capital de Antioquia, esa tarifa se fijó en $784 y, a los 15 años, en 2010, había subido a $1.442. Al compararlo con la evolución de la inflación, el alza del 84% en ese tiempo fue menos de la mitad del aumento en el costo de vida. A contramano, la tarifa de Transmilenio, que inició en $780 en diciembre de 2000 y alcanzó los $1.946 para octubre de 2015, estuvo 40% por encima de la inflación en tal período.

Es más: cálculos en Medellín, donde se dice que la tarifa al usuario estuvo por debajo de lo que la ley definía como tope posible, implicaron $1,2 billones (de 2010) de bienestar para el consumidor. En cambio, en Bogotá, además del pasaje, en los últimos cuatro años se trasladaron de fondos públicos cerca de $750.000 millones a los operadores de las troncales como subsidio a la operación. La diferencia entre uno y otro superaría en un horizonte de 15 años, en cuentas reales, más de $2 billones en perjuicio de los usuarios bogotanos. Y si a la cuenta anterior se le agrega la necesaria renovación de la infraestructura vial, que también debe hacerse para los buses cada 15 años, en contraposición con lo que sucede con las vías férreas, la contradicción se torna casi antagónica.

Precisamente por eso, los sistemas deben ser integrados, pero no como un mero enunciado general, según lo ha hecho saber Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad. La integración que se concluye de este análisis es indiscutible: el metro, a partir de su primera línea, debe ser el Eje (con mayúscula) articulador del sistema. Es, además, la única fórmula para aprovechar las denominadas economías de alcance, que caracterizan a los sistemas integrados de transporte público al transmitir, en su interacción, menores costos medios (eficiencias) para los distintos modos del sistema. En otras palabras, en Bogotá, si se hace bien, el metro hasta les ayudaría a los buses favoritos del alcalde Enrique Peñalosa a prestar un mejor servicio, más accesible, tal y como ocurre en Ciudad de México, por ejemplo.

Por la vía de las tarifas queda otra vez demostrado que el metro y Transmilenio no significan lo mismo ni hacen lo mismo, como en un gazapo proverbial lo sentenció hace poco Peñalosa. A largo plazo, el metro no les vale lo mismo a los presupuestos de los hogares de ingresos medios y bajos, primeros usuarios del transporte público.

NiNi

Pese a que algunos hacen elucubraciones sobre el papel de la coalición que se cataloga como tal, ella es la que puede trazar la senda diferente, dar valor agregado al ejercicio político.

Desde el dos de febrero está en furor el sabotaje a los actos de las campañas políticas. Fue en Armenia donde Rodrigo Londoño, candidato presidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en una vista pública recibió improperios y denuestos por un grupo de personas.

Los análisis concluyen que, sin duda, en muchos permanece viva la indignación por los muy graves errores cometidos por dicha organización; no obstante, había que reconocerle el cumplimiento de los acuerdos de terminación del conflicto, en especial el desarme y el cambio de la violencia por la política. 
 
Así mismo, en el debate sobre estos hechos y los sucesivos en Pereira y en Florencia se insistió en que –aparte de espontáneos ciudadanos de a pie, que puede haberlos- dirigentes y medios de comunicación, sin excepción, deberían observar una actitud ejemplarizante para crear distensión y no polarización en el ambiente político nacional, en el marco de una reconciliación que no es un fin en sí misma, sino el medio para que Colombia pueda entrar a resolver las enormes dificultades, que en términos de desarrollo, particularmente sociales y económicas, padece proverbialmente. 
 
Luego vino la acusación de Héctor Abad contra Petro de “documentos cambiados” cuando estaba en el Polo. El mismo Abad resume que “no soporté más los insultos, las calumnias y las amenazas de los bots, los trolls, los fans y los plumíferos”. Cuando en Blu Radio afirmé que no me constaba tal comportamiento pero que Petro sí aprobaba una cosa en el Polo y hacía otra, recibí andanada igual o peor que la infligida a Abad, incluyendo a los periodistas Enrique Santos Molano, que me mandó a un psicoanálisis, y Antonio Morales Riveira, quien me puso como un vendido a la barata. 
 
En ese ambiente, donde lo de menos es la mella insignificante que pueda hacérseles a los agraviados, cuya arena son las redes sociales y el protagonista las barras bravas, se está librando el pulso entre las dos consultas que se van a celebrar en simultánea con las elecciones al Congreso el 11 de marzo. Uribistas y petristas, quizá por recomendaciones de sus respectivos asesores, han llevado la polarización al extremo con fines políticos, ir más allá que cualquiera en la “guerra aérea”, lo que al final se ha traducido en una verdadera “guerra terrestre” con la rechifla en Popayán contra el Centro Democrático, desembocada en confrontación con la Policía, pero, ante todo, por el tropel con alto grado de agresión y aun no debidamente explicado en  Cúcuta contra Petro.  
 
Se desprende de esto que es otra la senda que Colombia necesita recorrer. Claro que debe haber debate público, pero en el marco de la confrontación sobre ideas, programas y propuestas y, ante todo, acerca del nuevo proyecto de país que hay que adelantar para hacerlo autónomo, democrático y equitativo, respetable en el ámbito mundial,  un país que potencie sus energías productivas para  que pueda ir saliendo de los profundos anillos del Averno a los que se le ha relegado.   
 
Para promover estos trascendentales propósitos cobra mayor vigencia respaldar este domingo venidero las listas de quienes representan la opción política que permita crear planos de discusión civilizada que, al final, ojalá logre unir al 90% o más de los nacionales hacia una transformación real de Colombia. Pese a que algunos hacen elucubraciones sobre el papel de la Coalición que se cataloga como NiNi, que no se deja encasillar en fatuos y peligrosos fanatismos, ella es la que puede trazar la senda diferente, dar valor agregado al ejercicio político –por fuera de los mismos de siempre responsables de la crisis abismal- y derrotar el “todo vale” causante de que 60% de los posibles electores no quiera participar. 
 
Quienes son los probados portaestandartes de dichas listas para Senado y Cámara, veteranos y jóvenes, son líderes reconocidos y por ellos votaré, aplicando que “No se trata de alentar el odio y la venganza, sino reflexionar sobre la sociedad que queremos y las capacidades y herramientas con las que contamos para construirla” (libro “Comunicarnos sin daño” de la Universidad Javeriana).