Agro, Ingreso Seguro 2.0

En el colmo de los colmos, el crédito agropecuario está destinando cuantiosos montos a financiar las importaciones de productos del agro. ¡Horror!

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 2006, Álvaro Uribe lanzó el programa de crédito agropecuario subsidiado Agro, Ingreso Seguro, presentado para “promover la productividad y la competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía” (DNP).

Jorge Enrique Robledo demostró lo contrario: “El gobierno nacional tomó los escasos recursos del sector agropecuario (…) y los distribuyó de una manera concentradísima, en beneficio de unos pocos muy poderosos, a quienes les dio mucho, mientras que a casi todo el resto de los colombianos no les dio nada y a unos cuantos tan solo alguna cosa”.

Desde el comienzo se sabía que, dentro de las dadivosas entregas a la cúpula de beneficiarios, se violaron las normas en cerca de 40 casos por valor de 16.567 millones de pesos, por lo que los implicados debieron devolver esa suma (El Espectador). El ministro Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por 17 años, inhabilitado y multado por organismos de control, y con él llevados a juicio más de una decena de funcionarios. Varios de ellos y un número similar de los particulares aventajados irregularmente se acogieron a sentencia anticipada (El Espectador).

Resulta absurdo que, en 2020, 15 años después, el Gobierno de Duque repita la historia, al menos con la concentración del crédito. Informes de Finagro y glosas de analistas y gremios del campo lo demuestran. De 24,2 billones de pesos que se colocaron, 17,2 billones, el 71 por ciento, se prestaron apenas al 2 por ciento de los solicitantes, calificados como “grandes”. En la otra orilla, el 75 por ciento de los prestatarios, los “pequeños”, apenas recibieron 14 por ciento de las colocaciones, 3,4 billones (Finagro).

En números absolutos significa que “el saldo promedio de cartera de un pequeño productor es de cerca de $7 millones; el de un mediano, de $60 millones, y el de un grande, de $1.202 millones” (Finagro, 2020, p. 86). Luego 14.309 “muy poderosos” disponen de casi 18 billones de pesos, en tanto 60.000 medianos se hacen a 3,6 billones, y 485.714 campesinos y menores productores acceden entre todos apenas a 3,4 billones. Como las unidades de producción agropecuaria son casi 2 millones, resulta que cerca de tres de cada cuatro no acceden a ningún tipo de crédito. ¿Así o más desigual? (Dane- ENA-2019).

Ahí no para la iniquidad. Cuando se mira el objetivo de los créditos, el dato es aterrador. Sabiendo que los escasos recursos son solo 2,4 por ciento del PIB, mientras el agro es casi el 7 por ciento de la economía, tres de cada diez pesos colocados van a “normalización”. Es el nombre técnico para “refinanciación”, que no es para nuevas actividades, sino para sujetos cuyas obligaciones “no han podido cumplir con el cronograma de pagos acordado”. No fomenta la producción, sino que prorroga a mayor costo los recorridos de crédito sobre morosos entrampados, lo que es evidencia de las gigantescas dificultades del campo.

Un documento de Fedegán denuncia quiénes son los “muy poderosos”: “Dentro de una distorsionada concepción de cadena, incluyen rubros de Comercialización y Servicios de Apoyo, por donde se cuelan hasta grandes superficies, multinacionales de agroquímicos e industrias procesadoras” y que, en cuentas gruesas, capturan casi la mitad de todos los créditos, 45 por ciento. El hecho es conocido por los arroceros, que ven “fugar” ingentes paquetes hacia el oligopolio de los molinos, vía “comercialización” (Agameta). En el colmo de los colmos, el crédito agropecuario está destinando cuantiosos montos a financiar las importaciones de productos del agro. ¡Horror!

El manejo del crédito está puesto en alto porcentaje en las entidades privadas, como banca de primer piso, a las que se entregan recursos del Gobierno, de Finagro, a tasa de DTF + 1 por ciento y los colocan a DTF + 10 por ciento, por ejemplo, al mediano productor, vuelto así en “vaca lechera” de la banca. Un margen confiscatorio.

Las distorsiones son inconcebibles: la tasa de interés, para el pequeño productor, oscila alrededor del 11,5 por ciento; la del mediano, en torno al 10,5 y la del grande, donde hay libertad a los bancos para negociarla, del 8,5 real (Fedegán). ¿Es posible mayor asimetría? ¿Habrá en las generosas tarifas a los “grandes” una reedición de los desaguisados del original Agro, Ingreso Seguro? En manos de la Contraloría General y del control político del Congreso queda averiguarlo.

Iván Duque anhela ser recordado por la “equidad”. El caso del crédito para la agricultura será uno más donde ocurrirá al revés: lo añorarán el sector financiero y los “muy poderosos” favorecidos también con la promovida Agricultura por Contrato, donde el agricultor queda sometido por el intermediario, como acaeció con la Philip Morris y los tabacaleros, hasta que los extinguiera.

Los regalos de la reforma Duque-Restrepo

Drácula motiva la opacidad fiscal; instala una “ventanilla siniestra” para todo tipo de flujos; se rinde ante capitales buitres y el FMI; mima al oligopolio del transporte y sus socios y, más importante aún, devela en quiénes el Gobierno de Duque ha depositado la suerte de la nación.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Drácula sangraba a sus víctimas. La reforma Duque-Restrepo también y, para atraer dólares sea como sea, encima regalos a otros vampiros: prestamistas y calificadoras de riesgo, al Fondo Monetario Internacional (FMI), a evasores como Panama Papers, y redime a concesionarios y financiadores de los sistemas de transporte.

El regalo a fondos internacionales de capital. El artículo 8 fija en 0 por ciento la tarifa de retención en la fuente para “valores de renta fija pública o privada o derivados financieros con subyacentes en valores de renta fija”. Es decir, los inversores en esos papeles, como los Títulos del Tesoro (TES), verían incrementadas sus utilidades, en particular los extranjeros. No es la primera vez: Duque lo hizo en 2019, en la Ley 2010, al bajar esa retención de 14 por ciento a 5, pero la lleva a 0 precisamente cuando, a diciembre de 2020, las inversiones foráneas en TES alcanzaban “máximos históricos” por 86,53 billones de pesos (SEMANA) y el ministro Restrepo decía en junio que “la inversión extranjera en títulos de deuda pública TES alcanzó récord de 10,8 billones de pesos” (Twitter).Convierte a Colombia en edén fiscal para seducir especuladores.

A calificadoras de riesgo, buitres y FMI. Fuera de lo anterior, para saciarlos, brindarles garantías y acatar compromisos con el FMI, Drácula cambiará la fórmula para la regla fiscal, el mecanismo ideado para el control presupuestal que permitía un pequeño porcentaje del PIB como diferencia máxima entre el gasto total y el ingreso total del Gobierno.

En el artículo 30, para asegurarles a prestadores, a Standard & Poor’s y similares y al FMI que se respetará a toda costa el servicio de la deuda, el cálculo del porcentaje de dicha regla se hará antes de deducir el pago de los créditos, sobre lo que se llama balance primario. En palabras sencillas: si desde 2015 el apretón se daba abarcando todas las partidas, en adelante no incluirá la cuota del endeudamiento, será intocable, y acortará más el gasto para bienestar social.

A Panama Papers. Se refiere a la “normalización” de capitales fugados al exterior, para especular o en finca raíz, o a activos no declarados o deudas inexistentes presentadas. La Ley 1739 de 2014 la cubrió hasta 2018 y se prorrogó en 2019 y 2020. Inició con tarifa de tributación del 10 por ciento, contra el valor de mercado de lo “normalizado”, subió luego a 13, después a 15 y Drácula la eleva a 17 hasta 2022. Con una ganga: aplicará sobre la mitad de los recursos omitidos, si duran al menos dos años en el país. ¡Plop! (artículo 1-6).

Desde 2015 hasta 2020, la “normalización” suma 25,3 billones de pesos (SEMANA) y ha recaudado apenas 1,77 billones (Dian). No solo no importa la fuente de los dineros, sino que se contradice a la Corte, que la declaró exequible solo si era “temporal”, y Duque la volvió constante. Dicen expertos: “Son amnistías disfrazadas… afectan la cultura tributaria… erosionan la recaudación” (Global Consulting).Premia la evasión de todo orden, abierta o encubierta.

A bancos y concesionarios de transporte. Remunerará los contratos clase TransMilenio, la criatura de Peñalosa tan favorable para los concesionarios, donde los gestores oficiales cubren la diferencia entre lo que se les reconoce por pasajero y el precio en taquilla. Con Uribe II se replicaron por Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Pereira.

El artículo 24 beneficia al oligopolio transportista y también a los bancos que apalancan la operación, porque la crisis puso a gatas a las ciudades para honrar los leoninos contratos, algunos con tasa de ganancia del 9 por ciento, como la otorgada por Peñalosa en 2018.

Es descomunal el monto que correrá por cuenta de todos los contribuyentes del país. En Bogotá, en 2020, se cubrieron 1,84 billones de pesos y en 2021 en junio iban 1,05 billones (M. Sarmiento). En Cartagena se avisa un faltante para cierre de año por 68.000 millones; en Bucaramanga en 2020 fue de 102.000; en Pereira acumula 45.500 y en Cali los ingresos diarios del MIO eran 12.457 millones antes de la pandemia y hace poco no llegaban a 3.000 (La República). La cuenta sumaría más de dos billones de pesos para que el PNB Paribas, JP Morgan o los titularizadores bursátiles de la operación respiren tranquilos.

Los concesionarios no harán sacrificios, pese a que unos como Consorcio Express (Bogotá) hayan tenido ingresos por 670.789 millones en 2020, más que el Metro de Medellín, y una exorbitante utilidad neta sobre el patrimonio de 36,6 por ciento (Dinero). Se honrará tal abuso.

Drácula motiva la opacidad fiscal; instala una “ventanilla siniestra” para todo tipo de flujos; se rinde ante capitales buitres y el FMI; mima al oligopolio del transporte y sus socios y, más importante aún, devela en quiénes el Gobierno de Duque ha depositado la suerte de la nación.

Reforma Duque-Restrepo: de Frankenstein a Drácula

No reactivará la economía: la presente crisis de demanda no se resuelve con política fiscal, sino con cambios en las políticas monetaria y comercial.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Cuando me indagaron en Mañanas Blu sobre la reforma tributaria Duque-Restrepo, una vez se enunciaron fuentes y montos, contesté: “Si fuera congresista, votaría NO”. Cinco son las razones para dicha negativa: regresiva, innecesaria, no estructural, farsa “social” que incumple principios presupuestales y no reactiva la economía.

Colombia es de los países más inequitativos entre personas naturales, con un Gini de 0,54, pero es peor entre empresas o personas jurídicas. Estudios de Acopi Bogotá-Cundinamarca y Garay-Espitia confirman que en ingresos, activos, utilidades y patrimonio dicho coeficiente supera 0,8. Por ende, imponer la tarifa de renta del 35 por ciento a todas, igual a una pyme de confección o calzado que a la AngloGold Ashanti, además de elevarla como propone la Duque-Restrepo, viola la progresividad que prescribe la Constitución.

Se alardea de que solo recaudará 15,2 billones de pesos, 17 menos que la Duque-Carrasquilla. Se omite que en los últimos meses la voracidad de la Hacienda se está saciando por otras vías. El alza del petróleo Brent superó las cuentas del Gobierno de 63 dólares el barril, en ascenso desde el primero de marzo hasta el 16 de julio en 73,59, y, dado que “cada dólar adicional en las cotizaciones de crudo representa medio billón de pesos a la Tesorería Nacional” (Ávila-El Tiempo), por impuestos, regalías y utilidades de Ecopetrol podrían facturarse, con promedio de 69 dólares el barril al año, de 3 a 4 billones inesperados.

Asimismo, el FMI asignará a los países miembros Derechos Especiales de Giro por 650.000 millones de dólares, como devolución de activos en reservas en esa entidad, de los que a Colombia le corresponderán 2.660, que a 3.800 pesos por dólar serán 10 billones extras. Finalmente, el Gobierno insiste en “optimizar sus patrimonios”, forma ladina como el ministro Restrepo trata la venta de ISA a Ecopetrol, que traería mínimo otros 14 billones. Cabe preguntar: ¿así sí vale tocar las reservas? ¿Con dichas entradas, es necesaria la reforma? ¿Es para endulzar a las calificadoras de riesgo? ¿Aseguran Duque y su parche una bolsa popocha de 45 billones en periodo electoral?

Varios economistas reclaman que no corrige distorsiones tributarias entre personas naturales (Angulo). Tras el “no se tocarán”, se diluyeron gravámenes mayores a los magnates rentistas de dividendos y se mantiene, como se deduce de las declaraciones ante la Dian, que la tarifa efectiva de renta sobre los ingresos brutos para la elite más poderosa sea 3 por ciento, mientras que la de los asalariados de clase media-alta es 13 por ciento (Espitia).

Seguirán libres las ganancias giradas de las subsidiarias multinacionales a sus casas matrices o a paraísos fiscales, no se sentará el tributo a la riqueza y, en tanto se considera una hazaña que los bancos paguen una sobretasa –que trasladarán a sus usuarios– y que se descuente solo 50 por ciento del impuesto de industria y comercio, 3,9 billones de pesos, del ciento por ciento antes aprobado, continuarán intocables 10 billones anuales en costos fiscales por beneficios tributarios, en especial a mineras y financieras, más otros 10 que, sin contar la rebaja aplazada del impuesto de renta, se decretaron por varios conceptos en la Ley 2010 de 2019. Sacar de un bolsillo y meter en otro.

La farsa en “Inversión Social” es igual a la Duque-Carrasquilla. El apoyo al empleo será irrisorio, 1,6 billones de pesos por todo motivo, y, sumándole Ingreso Solidario y Matrícula Cero, apenas 4,1 billones de pesos del recaudo irán a programas sociales del total esperado de 15,2 (Portafolio).

El gasto social completo en 2021, incluida la devolución del IVA, sumará 10,7 billones (SEMANA-DPS) para cubrir a 25 millones de personas, a razón de 1.172 pesos diarios para cada cual, 31 centavos de dólar, una miseria. Igualmente, al retirarle la Duque-Restrepo a la economía 10 billones más de los que así retornarían, incumple el principio de presupuesto de equilibrio balanceado en perjuicio del conjunto de la economía. ¡Duque proclama una Revolución!

Contra evidencia, le brotan loas a la Duque-Restrepo por ser cría de Uribe y Vargas Lleras; o porque tiene más gasto social que la anterior (Valencia-El Espectador) o, peor, la del asesor de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla: “El gobierno le hizo caso a Petro” (El Tiempo). No reactivará la economía: la presente crisis de demanda no se resuelve con política fiscal, sino con cambios en las políticas monetaria y comercial (E. Sarmiento).

Iván Duque romperá el Récord Guinness en presentación de reformas tributarias: cuatro en tres años. La primera la tumbó la Corte Constitucional por mañas en el trámite; la segunda, para subsanar la primera, y ahora, la cuarta, la Duque-Restrepo, un Drácula, para recoger los destrozos de la tercera, la Duque-Carrasquilla, ese Frankenstein que enterró el paro junto con su autor.

La lógica bélica duquista

El informe de la CIDH impugna los ataques a las misiones médicas y al periodismo, el ciberespionaje y los excesos contra los bienes públicos (…). No es un documento parcializado.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Ni el presidente Duque, ni la vicepresidenta y canciller Marta Ramírez con una desatinada perorata en la ONU, ni Vargas Lleras, su socio político, parecen NO percatarse de la principal observación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe: “La persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social”, que “dificultan todo esfuerzo de diálogo como mecanismo para alcanzar soluciones (…) entre personas que hay que proteger y no frente a enemigos que hay que combatir” (puntos 7 y 8).

El Gobierno hace sordina sobre dicho aspecto central del informe y de ahí sus conductas arbitrarias y hasta la forma como lo evalúa: desde el lugar común de “sesgado” hasta el desobligante de Duque: “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad” o el absolutorio “no es vinculante”.

Son 48 páginas, 187 puntos y 41 recomendaciones, y se divide en tres partes: una, de contexto del paro, que subraya como causa del descontento “reivindicaciones estructurales e históricas”, que “subyacen en la inequidad, pobreza y acceso a derechos”, recrudecidos en la pandemia para jóvenes y mujeres. Igualmente, reseña el ambiente político de “polarización” y ve más preocupante “cuando estos discursos provienen de autoridades públicas”.

La segunda es un recuento de hechos, fundado en “información recibida” de la Fiscalía, la Defensoría y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, confrontada con varias ONG y representantes de la sociedad civil, que lleva a la CIDH a concluir que hubo “graves violaciones de los derechos humanos”. El informe enfatiza en que se afectó la vida, la integridad personal y la libertad de los manifestantes, pero también que se causó perjuicio a derechos fundamentales de terceros y se incurrió en acciones irracionales, como en Tuluá.

Aunque lamenta las “disparidades” en las cifras de las diversas entidades, contabiliza 12.478 protestas, en 862 municipios y 32 departamentos, de las cuales 11.060 fueron pacíficas y 1.418 con “acciones violentas”. También 51 muertes, 1.113 civiles heridos, 18 lesiones oculares, 84 desaparecidos, 113 hechos de violencia de género; asimismo, 1.253 policías heridos y pérdidas a la economía por 3.300 millones dólares, entre ellas, el asedio a Buenaventura, clave en el comercio exterior. Impugna los ataques a las misiones médicas y al periodismo, el ciberespionaje y los excesos contra los bienes públicos, que abarcan en estos casos desde el uso oficial “excesivo y desproporcionado de la fuerza” hasta a “grupos ajenos a la protesta”. No es un documento parcializado.

La CIDH describe una espiral de violencia que debe desmontarse. Reprocha que la policía y los civiles usen armas de fuego para enfrentar la protesta y esgriman en forma inadecuada otras “menos letales”. Y que la fuerza pública estuviera “dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones”, y más cuando los lesionados fueron jóvenes, grupos étnicos o mujeres. Circunscribe la fuerza a un “último recurso” y deplora el abuso con la figura del “traslado por protección” para privar de la libertad a 7.020 personas.

Afirma que “la protesta no es derecho absoluto” y sus límites deben fijarse en una ley estatutaria pendiente de trámite. Resulta insólito entonces que consejeros de Duque, a contramano, se enfoquen en una “ley antivandalismo”, redundante al Código Penal, dentro de la lógica belicista del Gobierno Duque.

De las 41 recomendaciones, en la tercera parte, la que causa mayor reacción en la Casa de Nariño es la que acepta cierto grado de perturbación en los “cortes de rutas” (bloqueos), 1.937 en total, si bien la CIDH no descarta que puedan levantarse recurriendo a mínima fuerza si afectan la alimentación, la salud o producen graves perjuicios a terceros, como pudo ocurrir eventualmente en 124 de ellos, mayores de siete días. La propuesta de adscribir la Policía y el Esmad al Ministerio del Interior, como estructura civil, cercana al ciudadano y lejos del sello antinarcóticos imprimido hace décadas, fue denigrada como un atentado contra un cuerpo “apolítico y profesional” (Vargas, El Tiempo). El Gobierno también desestimó la insistencia de la CIDH a la Procuraduría para que se ciña a los estándares vigentes para la sanción a elegidos por voto popular.

La CIDH exhorta a abandonar “lógicas bélicas” y a acoger el diálogo para resolver las contradicciones, un llamado a los grupos de extrema derecha, que impelen a resolverlas por mano propia; a los de la “insurgencia imaginaria”, que en cada estallido ven ocasión para derrocamientos; pero, en particular, al Gobierno de Duque, que con sus erróneos actos hace trizas la paz, mina la confianza institucional y, como también le advierte la Ocde, ahonda “el deterioro democrático”.

“Construyamos democracia, no más desigualdad” (Homenaje a Carlos Gaviria)

No le faltaba razón a Carlos Gaviria en su pregón: la política económica enunciada en 1991 no respondió a la igualdad proclamada doctrinariamente.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Pocas personas han hecho desarrollos de las normas de la Constitución de 1991 como Carlos Gaviria Díaz. Sus ponencias en fallos de la Corte se consideraron “herejías constitucionales” y de ahí la biografía que escribió Ana Cristina Restrepo titulada El hereje: Carlos Gaviria.

Cubren la autonomía personal, en el consumo de drogas y la eutanasia; las libertades de opinión e información para el ejercicio del periodismo; el principio de igualdad, que cobijó a la mujer, la pensión de vejez y la ley de cuotas; la familia, sobre asuntos espinosos como el sexo y la violencia en televisión, el incesto y el castigo a los niños.

Abordan la inviolabilidad parlamentaria, el delito político, la cobardía y el honor militar, la autonomía jurisdiccional en comunidades indígenas, incluyendo pluriculturalismo y derechos humanos, y el debido proceso para estos casos, para la extradición y para la extinción de dominio (FCE-2002).

No obstante, Gaviria decía que “de nada sirve el enriquecimiento del catálogo de derechos y libertades sin un mecanismo que permita hacerlos efectivos”. En consecuencia, siendo candidato presidencial en 2006, divulgó un lema todavía vigente: “Construyamos democracia, no más desigualdad”, para lo cual apelaba a poner al Gobierno, como cabeza del Estado, al frente de la orientación de la economía.

Ese postulado contraría los artículos de la Constitución de 1991 que prescriben la política económica: el 371 y el 373, al depositar de manera autónoma la política monetaria y cambiaria en el Banco de la República, y el 334, que fija la conducta fiscal para las ramas del poder público.

Condensan el dogma neoliberal en tanto restringen la intervención de los gobiernos en instrumentos a los que podría acudir en busca de estabilidad macroeconómica frente a volatilidades y choques externos o a dinamizar el gasto público proactivo hacia la producción y el empleo, con mayor premura en tiempos críticos como el actual.

El control de la inflación se fijó al inicio por una cantidad de dinero de “equilibrio” en la economía y luego, por orden del FMI, por un rango meta (Junguito, 2005). Aunque el principio rector es “el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, luego de 30 años una tercera parte de los hogares solo accede a dos o menos comidas diarias; escasamente un 5 por ciento puede ahorrar y, al 85 por ciento, sus ingresos no les alcanzan o apenas suplen sus necesidades. Los presupuestos familiares se han debilitado asimismo por el ánimo de lucro –permitido en la Constitución– a particulares en áreas de bienestar, como la salud, y por las cargas de 18 reformas tributarias.

En contraste, como prueba de que dichas normas constitucionales no son neutras, pero sí afines al Consenso de Washington, el sector financiero creció al 7 por ciento entre 2006 y 2019, mientras la economía lo hizo al 4. Sus tasas reales de interés son de las más altas y los márgenes de intermediación, prohibitivos. Asimismo, garantiza a las inversiones extranjeras, que a diciembre de 2020 valían 380.000 millones de dólares (Banrep), la valorización en pesos constantes. Escasos ganadores y muchos perdedores.

El 334 dejó expedito el camino a la ortodoxia fiscal para promover reformas, fundadas en el hiperpresidencialismo manifiesto en los artículos 154 y 189, que acinturaron más el gasto público. Un ejemplo fue el Acto Legislativo 01 de 2001, que cambió el régimen de transferencias para educación, salud y saneamiento básico a municipios y departamentos, ligado a los ingresos corrientes de la nación, por el Sistema General de Participaciones, por el que durante 18 años, en pesos constantes de 2019, han dejado de recibir 318 billones de pesos (Espitia, 2020). Por la puerta entreabierta se colaron en 2011 la regla y el incidente fiscal, si las sentencias judiciales se salen de molde, y en conjunto con el 373, forman un marco contractivo, como ahora, cuando se descartó la emisión monetaria. Los superpoderes presidenciales otorgados marginan al Congreso y se ejercen a sus anchas en campos como la deuda pública o el comercio exterior.

¿Cuál es el balance? Que en tres decenios Colombia es tanto o más desigual. En 1990 el coeficiente de Gini, que mide la distribución del ingreso, era de 0,546 y en 2020 fue de 0,544 (Dane). No le faltaba razón a Carlos Gaviria en su pregón: la política económica enunciada en 1991 no respondió a la igualdad proclamada doctrinariamente.

Urge cambiar el 373 y, sin quitar independencia técnica al Banco, regular la tasa máxima de interés remuneratorio con el propósito de promover la inversión, la competitividad y el empleo y con tales fines adaptar los requisitos, si es el caso, para emitir dinero, aplicado en forma certera en procura de enrutar a Colombia hacia la equidad y el progreso, asignatura básica de cualquier Carta.

La dignidad de las víctimas

La Comisión de la Verdad es un “modo de sanación”, del “derecho de las víctimas a conocer”, y tiene antecedentes en países como Guatemala, Sudáfrica, Argentina, El Salvador y otros.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El punto V del Acuerdo de Paz, sobre víctimas del conflicto, las reconoce, asume responsabilidad frente a ellas, persigue plena satisfacción de sus derechos, las invita a participar para lograrlo, propone esclarecimiento de la verdad, la reparación, la no repetición, protección y seguridad, dentro del espíritu de reconciliación. Para concretar esos propósitos se diseñó un sistema integral de tres entidades: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

La JEP presenta cifras que ponen en letra gruesa las realidades más relevantes del conflicto, con 44.374 víctimas acreditadas; 21.396 hechos de secuestros con 59 comparecientes como responsables; 17.024 reclutamientos de menores con 37 determinadores de tales delitos, además de 6.402 muertos ilegítimamente y presentados como bajas en combate por agentes del Estado, mal llamados “falsos positivos” o “ejecuciones extrajudiciales”, con 394 implicados, todos dentro de las 12.946 personas sometidas a su jurisdicción. Como órgano de justicia, la JEP se propone confirmar lo acaecido y precisarlo en busca de la verdad jurídica plena, a fin de aplicar la pena correspondiente a los culpables en tanto la reconozcan.

Por su parte, la Comisión construye la verdad histórica fundada en evidencia verificable sujeta al marco de interpretación más objetiva posible, el que, dice el historiador Edward H. Carr, interviene en todos los hechos considerados históricos elaborados por el juicio del historiador, que vive en el presente y reflexiona sobre el pasado. La Comisión de la Verdad es un “modo de sanación”, del “derecho de las víctimas a conocer”, y tiene antecedentes en países como Guatemala, Sudáfrica, Argentina, El Salvador y otros. Un comisionado, el mayor (r) Carlos Ospina Ovalle, postulado por las víctimas pertenecientes a las Fuerzas Militares, definió el punto de partida: “Fue una barbarie”.

Ambas quedaron incluidas en el ordenamiento constitucional y con tareas prescritas. En la JEP recaen las decisiones en el campo judicial, quedando exentos quienes han ocupado la Presidencia de la República. A la Comisión acuden quienes de manera voluntaria contribuyen, con vivencias e ideas, a comprender lo sucedido para generaciones presentes y futuras.

La conducta frente a las dos instituciones revela la condición humana de los distintos actores. La de las víctimas, que reclaman todo lo que el acuerdo les otorga, y la de los victimarios, a quienes se pide confesar la verdad –lo que no excluye el llanto–, pues los crímenes cometidos son de tal dimensión y crudeza que no basta la explicación política, sino la atrición del corazón por las atrocidades cometidas.

El país además reclama sincera actitud de sus expresidentes. Unos han ido más a exculparse, con peticiones formales de perdón, como Juan Manuel Santos, quien adecuó su presentación a lo escrito sobre los “falsos positivos” en el libro La batalla por la paz (páginas 135-145). Ventila un relato con buenas dosis de mezquindad, con la que se tiende a dividir a los colombianos en ismos contemporáneos, como los rojos y azules de otrora, que algunos buscan perpetuar.

Ni hablar de Álvaro Uribe. Niega de manera olímpica el conflicto, desconoce las instituciones del acuerdo y crea las propias en los medios de comunicación, a su arbitrio. Así convirtió una pesebrera de Rionegro en sala alterna de la Corte Suprema de Justicia, con abogados en el sainete, una vez imputado por manipulación de testigos. Es el autoritarismo que moldea instituciones a su amaño, ejemplo negativo para la ciudadanía a la que, antes bien, debería inculcarle respeto por estas. Vergonzoso.

El tercer derecho, la reparación, según la Unidad para la Atención y Reparación, de 7.368.335 víctimas admitidas se han hecho giros a 1.163.650, luego de diez años (mayo 2021). Además de la irresolución del efectivo aporte de las ex-Farc, interfiere la concepción fiscal, común a los Gobiernos, de Santos, Uribe y Duque, que la supedita a la sostenibilidad de las finanzas públicas, pese a estudios que concluyen: “Usan los recursos de la indemnización para reconstruir sus proyectos de vida… impactando positivamente sus condiciones de vida… estimulando mayor acumulación de capital humano, como menor embarazo adolescente y mayor emprendimiento productivo”. (Londoño, Guarín-2019).

Se libra un pulso entre la JEP, la Comisión de la Verdad y las víctimas, del lado de la dignidad, con aquellos que se resisten a otorgarla, como el general Montoya, quien atribuyó “los falsos positivos” a “soldados de estrato uno que no saben ni manejar los cubiertos”. Colombia no puede vacilar a la hora de escoger: han de primar justicia, verdad y reparación, pilares de la dignidad, detrás de estandartes portados por el padre Francisco de Roux o por Patricia Linares. Esa sí es “la paz con legitimidad”. No hay otra.

La pandemia social

El balance es el de un cataclismo social con pobreza y enfermedad, desigualdades crecientes y una población carente de ingreso suficiente para reactivar el país.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La revisión integral de documentos del Dane, producidos en su mayoría durante este periodo de la pandemia, brinda una mirada bastante completa sobre las secuelas sociales que ha causado, agregadas a las preexistentes, que siguen agravándose con incidencia en las protestas detonadas desde el 28 de abril.

El primero es el Pulso Social (abril 2021). Según él, 30 por ciento de los hogares consume solo dos comidas al día, apenas una decada 20 personas puede ahorrar y 92 por ciento ni siquiera alcanza a pensar en adquirir vivienda. Además, que se multiplicó por cinco quienes manifiestan tener un estado de salud malo y muy malo, el 15 por ciento de la población. Añade que las principales ayudas oficiales recibidas por los pobres han sido en especie, alimentos y mercados.

Otro documento, el relativo a la pobreza monetaria en 2020, revela el hecho lamentable de que dos de cada cinco personas están en esa condición, y si se agregan los clasificados como vulnerables, ascienden a siete de cada diez. Dicha tragedia va acompañada de otra: la pobreza monetaria extrema, que atribula al 15 por ciento de los habitantes, acarrea como corolario un alza en la desigualdad al nivel de las peores del planeta.

La reclasificación de las clases sociales que hiciera el Dane para el cierre de 2020 refuerza lo dicho. Todas las divisiones, media, vulnerables y alta, vieron descender sendos porcentajes al escalón inferior y, al final, aumentar la gente en el pozo de la clase más precaria. El asunto es tan dramático que apenas 860.000 personas, entre 50 millones, están en la clase alta y eso que este 1,7 por ciento de la élite abarca a quienes tienen un ingreso mensual individual no muy elevado, de 3,5 millones de pesos, 900 dólares.

En la base está el deterioro del empleo. No solo la mitad de la población ocupada está en la informalidad, sino que los desempleados casi suman 4 millones, de los cuales 3 ya lo estaban cuando sobrevino la pandemia, en el trimestre enero-marzo de 2020. En la contabilidad de los desocupados deben sumarse los “inactivos” que decidieron no ofrecer más su mano de obra. Es el desempleo voluntario.

Con los jóvenes, entre 14 y 28 años, se manifiestan con más crudeza los quebrantos del mercado laboral. En tanto la tasa de desempleo general es del 14,2 por ciento, para ellos es del 23,5, y en las mujeres en esta edad se trepa al 31,5, con más de 900.000 de ellas desocupadas, sin contar otras cientos de miles también calificadas como “inactivas”, forzadas a labores del hogar.

El grupo de desempleados jóvenes, en el documento ‘Panorama sociodemográfico de la juventud en Colombia’, robustece al conjunto llamado nini, que ni estudia ni trabaja, que es la tercera parte del total de 10.990.268 de esa cohorte juvenil. Cerca de seis de cada diez ninis son mujeres.

El balance es el de un cataclismo social con pobreza y enfermedad, desigualdades crecientes, y una población carente de ingreso suficiente para reactivar el país vía demanda y millones sin futuro viable. Si la inflación empieza a incrementarse y se suma al cuadro descrito y a un ingreso por habitante, que decreció a valores iguales a los de 2013 y parqueado alrededor de 6.400 dólares entre 2016 y 2019, subirán también los índices de miseria, en los cuales Colombia ronda los 15 primeros lugares.

Contribuyó a la postración la inoportuna e insuficiente asistencia del Gobierno en la pandemia. Los recursos del Fondo para la Mitigación de Emergencias (Fome), en todos los programas sociales para siete millones de beneficiarios, en cabeza de hogares o personas, no alcanzan a 1,5 dólares al día; y los apoyos a la nómina, el programa Paef, para sostener el 40 por ciento de la nómina mensual del salario mínimo cubrió, en cuentas largas, máximo 1,4 millones de puestos de trabajo al mes, frente a una planta laboral de 11 millones de empleos formales, 7 de los cuales trabajan en pymes.

Según el Ministerio de Hacienda, la ejecución del Fome en 12 meses fue del 67,4 por ciento, 27,3 billones de pesos, menos del 3 por ciento del PIB, que no sobresale entre los países emergentes, y en Suramérica figura debajo de Chile, Perú, Bolivia y Brasil (FMI-abril 2021).

En el colmo de la indolencia, Duque y Carrasquilla echaron a este polvorín el fósforo encendido de la reforma tributaria y ¡fue Troya! Lo peor es que, a contramano, Congreso y Gobierno legislan y ejecutan en dirección inversa a la que las calles reclaman. A quienes piden soluciones les adelanto: la vacuna a la ruinosa pandemia social que nos agobia no es la de Duque, en el puesto 51 entre 53 países estudiados en el manejo del coronavirus (Bloomberg), ni mucho menos la del maloliente establo parlamentario que preside Char.

¿Para quién es la “bonanza”, doctor Vélez?

La estructura de la industria cafetera cambió en el último lustro en sentido contrario al interés del minifundista, que predomina en ella con parcelas menores de una hectárea.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Aunque por equivocadas resoluciones, la mitad o más del café consumido en Colombia, como 1,3 millones de sacos en 2018-2019, venga de Perú, Ecuador u otros orígenes o que unos intermediarios mezclen ese mismo grano foráneo para exportarlo como Colombian Coffee, el tema cafetero ya no despierta mayor interés ni menos los dramas que viven los caficultores. No es principal fuente de ingresos del país, ni negocio de las élites, ni primer vínculo con el capital extranjero, pero ocupa en 500 municipios y hasta en 22 regiones a 550.000 familias en 900.000 hectáreas, y destina 90 por ciento de su producto al mercado externo como mayor exportador del sector agropecuario.

En 1989 se rompió el Pacto de Cuotas del Café, por el cual los países consumidores hacían compromisos de compra en precio y cantidad con los oferentes. Se dijo que el grano colombiano sería ganador en el libre comercio, pero ha sido cuadriplicado en producción por Brasil, duplicado por Vietnam, casi igualado por Indonesia y las reexportaciones europeas a zonas aledañas han copado ese segmento. El mercado, pese a primas o bonificaciones en nichos diferenciados, no escogió por la calidad.

El ingreso de la familia cafetera ha sido lesionado. Mientras que en 1989, con el equivalente de una carga de 10 arrobas se pagaban 60 jornales o se compraban 1.245 kilos de fertilizante o 75 kilos de carne o 299 galones de ACPM, en 2021, con precios de la presente “bonanza”, se reconocen por esa misma cantidad 42 jornales o 56 kilos de carne o 684 de fertilizante o 161 galones de diésel. El poder adquisitivo en unos renglones cayó a la mitad y en otros perdió la tercera parte, un empobrecimiento en precios relativos.

La estructura de la industria cafetera cambió en el último lustro en sentido contrario al interés del minifundista, que predomina en ella con parcelas menores de una hectárea. Las exportaciones institucionales, que hace la Federación de Cafeteros con recursos públicos del Fondo Nacional del Café, ceden terreno frente a las de los particulares, en su mayoría agencias de las comercializadoras globales. Entre 2011 y 2015, la Federación exportó casi uno de cada cuatro sacos; entre 2016 y 2020, menos de uno de cada cinco.

¿Qué implica tal pérdida de participación? Veamos: entre 2011 y 2015, cada saco de 60 kilos exportado por la Federación se vendió en promedio a 272 dólares, en tanto las agencias transnacionales lo pusieron a 236. Para el periodo entre 2016 y 2020, las colocaciones de la Federación cayeron a 210 dólares y las de los exportadores privados a 203. Convergen a la baja.

La causa, se han reducido las cotizaciones. Entre 2011 y 2015, el precio internacional por libra promedió en 1,97 dólares y en el último quinquenio en 1,48. Los precios han descendido, pero el valor medio del dólar, comparando los dos periodos, se movió en sentido contrario: de 2.051 a 3.187 pesos. Al multiplicar ambos factores, que determinan el precio interno de compra al productor, la libra alzó de 4.040 a 4.461 pesos, solo 10 por ciento, por debajo del incremento de los costos al caficultor en insumos y mano de obra.

Tal mecanismo de fijación del precio de compra es causa primordial de la erosión del ingreso cafetero y corre a favor de los intermediarios que van a la fija. Urge cambiarlo por otro en el que los riesgos no recaigan sobre la producción, la que debe remunerarse rentablemente antes de que sobrevenga otro estallido como en 1995, 2001 y 2013.

En esa senda, por ajustarse a la ruleta de precios internacionales a futuro y otras razones particulares, está amenazada la garantía de compra por medio del sistema de 33 cooperativas, algunas de las cuales, entre las más importantes, arrojan resultados negativos recurrentes. Así pasa en la de Andes en Antioquia, la de Risaralda, las de Tolima-Ibagué, Cafinorte y las del Huila que, con márgenes muy estrechos, acusan riesgo financiero.

Esto trae aparejado un efecto dominó sobre su exportadora matriz, Expocafé, a la que proveen el 30 por ciento del café transado, que en los últimos tres años tiene una pírrica rentabilidad media sobre los ingresos del 0,25 por ciento, un nivel de endeudamiento de tres de cada cuatro pesos de sus activos y utilidades financiadas con pasivos.

¿Para quién será entonces la “bonanza” anunciada, doctor Vélez? Como siempre ¿para agentes externos?

Nota: fui escogido en 2016 entre las ocho personas que podrían ser nombradas gerente de la Federación de Cafeteros y tuve respaldo de varios comités. He guardado cautela frente a la actual administración y coincido en defender la caficultura nacional frente al oligopsonio en la demanda mundial que deprime las cotizaciones. No obstante, ello empeora si el frente interno se entrega a quienes nos asfixian afuera.

Derechos humanos: ¿“Plomo es lo que hay”?

La CIDH impele a la “interlocución y negociación”, contrastando la pantomima de Emilio Archila con el Comité de Paro.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Naciones Unidas expidió en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El sujeto es el individuo y los Estados están obligados a cumplirla con los pactos, protocolos y convenios que emanen del sistema internacional.

Consigna más de diez libertades fundamentales, derechos civiles y políticos, a la vida e integridad física y moral, a la participación y la libertad, además de una gama de derechos sociales, económicos y culturales. Establece protocolos contra la tortura y desaparición forzada, y por la protección a la intimidad e igualdad entre hombres y mujeres, y para las poblaciones especiales como infantes y minorías étnicas, entre otros (Galvis, 2006).

El derecho a la protesta, en relación con la participación política, fue desarrollado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA). En 2019, la Relatoría para la Libertad de Expresión expidió el documento ‘Protesta y derechos humanos’ con estándares sobre los derechos involucrados y características obligatorias de la respuesta estatal. (https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf).

La CIDH, al considerar la protesta “esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas”, contradice la visión reaccionaria que en Colombia privilegia la represión sobre la libre expresión y reunión pacífica. Expresa que los Estados deben “garantizar, proteger y facilitar protestas y manifestaciones”, contrariando a quienes descargan las responsabilidades en los organizadores, y señala que “la disrupción” que causan no las “hace per se ilegítimas”. El trato no es el Esmad.

En contravía a lo dispuesto por Duque en el paro, la CIDH promueve “gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo”, y, respecto al autoritarismo, restringe el uso de la fuerza a “último recurso”. Desdice de quienes plantean “protestódromos”, como Diego Molano, o exigen requisitos para protestar, pues invoca “la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje” en el ejercicio “pacífico y sin armas”.

A contramano de la maña reaccionaria de asemejar protesta con violencia y destrucción: prescribe que los extremistas sean “individualizados”, pero insiste en que los demás participantes conservan su derecho. La CIDH impele a la “interlocución y negociación”, contrastando la pantomima de Emilio Archila con el Comité de Paro.

En contradicción con ominosas actuaciones de la fuerza pública, exhorta a “máxima restricción al uso de armas de fuego”, excluir “las fuerzas armadas” y acudir a la “dispersión o desconcentración” en casos excepcionales. Pide no “criminalizar” líderes ni incriminarlos con “figuras ambiguas”, como erróneamente hace la procuradora Cabello, prohíbe “detenciones arbitrarias” e “infiltrar” organizaciones sociales y objeta “estigmatizar con el discurso”, usual en la retórica derechista.

A entidades como la Fiscalía les exige investigar, juzgar y sancionar las violaciones a la norma humanitaria, requiere valorar a quienes monitorean actuaciones gubernamentales, como las ONG, y a los medios les demanda objetividad.

La autocracia de Duque en 43 días de paro quebrantó preceptos de la CIDH. Con corte a 31 de mayo se registran al menos “3.798 víctimas de violencia por parte de miembros de la fuerza pública distribuidas así: 1.248 víctimas de violencia física… 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego…” (temblores.org, Paiis-Uniandes, Indepaz). Agréguese 91 desaparecidos (Fiscalía); 20 homicidios, por disparos de policías a la cabeza o al tórax y uno por paliza, de 68 en investigación; 71 casos de violencia basada en género (HRW) y el Decreto 575, que ordena “asistencia militar” en 8 departamentos y 13 ciudades, tildado de inconstitucional por juristas.

Duque y el Centro Democrático porfiaron su suerte a la de Trump. El uno, con el embajador en Washington, y el otro, con su jefe a la cabeza, intervinieron abiertamente en la campaña. El costo es el desaire de Biden, reprobación internacional por el despotismo y quién sabe qué más, pues ¿permitirá la superpotencia que un “aliado estratégico” pisotee derechos humanos cuando ellos mismos son línea roja frente a Rusia y China, que tiene como amenaza a su hegemonía?

En el máximo desvarío, el uribismo envió una delegación a la CIDH, encabezada por la senadora que pugna por “armar a la población civil en defensa de la vida”. ¿Acaso el libreto es el agresivo lema “plomo es lo que hay”, que profesan los grupos que dispararon en Cali sobre manifestantes inermes en presencia de la Policía o quienes arremeten sobre jóvenes con un Porsche de alta gama o los sicarios que mataron a Lucas Villa en Pereira?

La desigualdad tiene bloqueado al país

La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Colombia es de los países más desiguales en la distribución del ingreso. En el periodo 2012-2019, el Banco Mundial lo ubica entre los cinco más inicuos cuando evalúa de cero a uno por el coeficiente de Gini. Mientras más cerca de uno, mayor inequidad. El país marcó en ese periodo desde 0,517 en 2012 hasta 0,499 en 2017, para subir a 0,513 en 2019. Vergonzoso que en el escalafón del Índice de Desarrollo Humano ocupe el puesto 83 entre 189 naciones, pero, al ajustarse por desigualdad, caiga al 95 (PNUD, 2019).

La iniquidad en el ingreso no es la única; se pueden contar muchas más. En la renta; en el patrimonio y la riqueza entre personas naturales, entre las empresas; en género; en educación; en seguridad social, tanto en la salud como en el sistema pensional; en el empleo; en la distribución de la tierra rural; en la propiedad urbana; en la inversión bursátil y el sistema bancario, en los que cuatro grupos controlan el 80 por ciento de los activos. En suma, un país muy antidemocrático.

Abundan los datos contundentes que permiten ratificar esa condición ilegítima. Es el tercero peor en repartición de renta en Latinoamérica después de Brasil y Guatemala (Cepal, 2017); el 1 por ciento más rico concentra el 40,6 por ciento del total de la riqueza (Londoño), y de cada 100 pesos de ingreso, al 50 por ciento de la población –los más pobres– solo le llegan 17, mientras que al 10 por ciento más rico le tocan 40 (Suárez).PUBLICIDAD

Tampoco está exenta de desequilibrios la estructura empresarial. De 1.380.000 firmas estudiadas, las primeras 3.600 acaparan 40 de cada 100 pesos de las utilidades totales, y algo similar o peor ocurre con la propiedad de los activos para la mayoría de los sectores (Acopi. Bogotá, 2018).

A estos cuadros se suman similares en distintas áreas de la vida social. Según el PNUD, Colombia ocupa el puesto 101 en desigualdad de género, por debajo de Cuba, Brasil, El Salvador o México, y se expresa con énfasis en el empleo. En la pandemia, en el trimestre junio-agosto de 2020, la desocupación en las mujeres llegó a una de cada cuatro. Sin embargo, entre las jóvenes subió a más de una por cada tres, y la brecha salarial con los hombres es del 13 por ciento menos (Dane, 2019).

En el empleo también se manifiesta el desbalance. La mitad de los ocupados está en la informalidad y el 88 por ciento con remuneración laboral gana menos de dos salarios mínimos (Dane, 2020). La educación no está exenta de las execrables exclusiones: de 100 niños y niñas que entran a primaria, 44 aprueban el grado once, pero solo 21 logran entrar a la universidad y apenas diez terminan la educación superior, lo que reproduce sin solución las diferencias por generaciones (Acrees).

Lo de la seguridad social es aberrante. Pese a leyes y sentencias, los planes de beneficio en salud siguen discriminando a los afiliados de los distintos regímenes, y el acceso real, la atención y el servicio dependen del bolsillo. En el sistema pensional apenas tiene mesada una de cada cuatro personas en edad de jubilarse. De lo más perverso es la distribución de la tierra. Aunque las pequeñas propiedades son 1,7 millones, apenas ocupan el 2 por ciento del área rural. En contraste, las que tienen más de 1.000 hectáreas engloban tres de cada cuatro de las hectáreas totales (Dane-CNA). Peor, imposible.

Distintos autores explican las causas de tan bárbaras expresiones de discriminación. Thomas Piketty, en El capital en el siglo XXI, asevera que el “análisis erudito jamás pondrá fin a los violentos conflictos políticos suscitados por la desigualdad”. Joseph Stiglitz, en el Capitalismo progresista, dice: “La desigualdad económica se traduce inevitablemente en poder político y quienes lo ejercen lo utilizan en beneficio propio”. Angus Deaton, en El Gran Escape, afirma que quienes logran escabullirse hacia el bienestar “pueden bloquear los túneles detrás de ellos” y Ha Joon Chang, de Cambridge, indica: “El fracaso de construir una economía más igualitaria e innovadora es lo que está en el corazón de las protestas latinoamericanas” (BBC).

El que los más pobres requieran 600 años para obtener con sus exiguas entradas un patrimonio igual al del 1 por ciento más rico (Espitia) o que deban pasar 11 generaciones, 330 calendarios, para salir de la penuria (Ocde) permite concluir que Colombia, fuera de ser de las naciones más desiguales, es, de facto, la tierra de absurdas desigualdades. La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz: “La globalización y la liberación de los mercados causaron un deterioro en la distribución que no se contrarrestó con el estado de bienestar de transferencias” (Sarmiento, 2020).