Abudinen y su rosca deben irse y el juicio ha de alcanzar a Iván Duque, quien presumió hacer del país un Silicon Valley y remata con Mintic vuelto foco de trastadas.
*Publicado originalmente en Revista Semana.
Los escándalos en Mintic escalan desde la aprobación de la Ley 1978 de 2019 con Silvia Constaín como ministra, que venía de Facebook como jefe de Políticas Públicas para el Sur y Gerente de Relaciones Gubernamentales de Apple para Sudamérica (Wikipedia). A estos agentes o Google o a Amazon, bajo la batuta del Comisionado TIC, Víctor Muñoz, se les diseñó una “ley sastre” permitiéndoles captar gran parte de la torta sin retribuir casi nada. Y a los operadores de telefonía y televisión se les extendieron con largueza las concesiones del espectro.
Las 61 mayores compañías de telecomunicaciones facturan al año 40 billones de pesos (Dinero). El líder es Claro, de Slim, que copó las bandas hasta el tope permitido. Lo siguen Movistar, de Telefónica de España, y Une-Tigo, compartida entre EPM y Millicom. Un oligopolio al que la telefonía móvil causa el 60 por ciento de sus ingresos, la fija, el 25 por ciento y otros servicios, el 15 por ciento. El acceso a internet se alinea hacia el consumo de voz, datos, aplicaciones y afines en un paquete que cuesta dos y media veces el promedio internacional (Ocde, El Tiempo, oct. 2019).
Constaín licitó en 2019 nuevas franjas del espectro. Se avisó que, por fuera del oligopolio, aparecería un operador nuevo, Partners, que obtuvo bloques en las bandas de 700 MHz y de 2.500 (Mintic). El tropezón sobrevino cuando renunció a uno de 10 MHz asignado en la de 2.500, porque “por error” ofreció 1,7 billones de pesos. Se escabulló aduciendo que anotó un cero de más. Se le impuso una ridícula multa de 42.000 millones de pesos, pero se le validó el resto, pese a la objeción de los competidores.
Vino la subasta para administrar y explotar el dominio de internet para Colombia. Desatendiendo admoniciones del procurador Carrillo, Constaín lo adjudicó a la norteamericana Neustar, que tenía demandado al Estado colombiano exigiéndole la renovación automática, aunque a los días fue vendida al gigante GoDaddy, cuyos bajos precios de oferta implicarían, según expertos, un monto inferior a los 41.000 millones de pesos percibidos en la última década (Montes, SEMANA, n.º 1981)
En medio del barullo, aterrizó una nueva ministra, Karen Abudinen, con su rosca: viceministro de Conectividad; secretaria general, que también maneja el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic); director jurídico; directora de industria de comunicaciones; jefa de fomento regional de TIC y subdirectora de gestión contractual, todos o colegas suyos en el ICBF o en administraciones de Barranquilla o en la Consejería Presidencial para las Regiones o paisanos (como se ve en el roscograma MinTic Abudinen – Char adjunto a esta columna en su versión digital).
En diciembre de 2020 lanzó la subasta por 2,1 billones de pesos para “revolucionar la conectividad en las escuelas rurales del país (…) 14.745 (…) 10.000 antes del 31 de diciembre próximo”. El resultado de la licitación, al final estructurada en dos grupos, fue la asignación de uno para Claro-Comcel (¡cuándo no!) con 7.468 centros digitales, y el otro, con 7.277 en 16 departamentos, para la unión temporal UT Centros Poblados, compuesta por cuatro empresas: una, contratista en la Costa Caribe con evidentes vínculos politiqueros; otras dos, que ajustaron su objeto social para obras TIC, las tres inscritas en la Cámara de Comercio de Barranquilla, que no están entre las 61 principales de telecomunicaciones ni entre las 104 primeras en tecnologías de la información (Dinero); y la cuarta, de pavimentos, también adecuada a TIC, ligada por años al exgobernador Álvaro Cruz, condenado por el carrusel de la contratación.
Pese a recibir 70.000 millones de pesos de anticipo, la UT no había cumplido lo acordado corridos seis meses. El escándalo estalló cuando el banco Itaú dijo que las pólizas de cumplimiento y garantías eran falsas. La UT gastó el dinero, hoy en volandas, en subcontratar con firmas relacionadas y en el giro irregular a una empresa fachada, basada en Delaware, Nuovo Security, con raíces en Barranquilla (Caracol Radio).
Frente a lo dicho por Iván Duque y Abudinen, la solución está lejana y más cuando el abogado de la UT, Pino Richi, ducho en recovecos jurídico-administrativos, como asesor en la Gobernación de Cruz, de los Nule y del Turco Hilsaca, centra su defensa en el despelote ministerial. ¿Se indagaron antecedentes a los miembros de la UT? ¿Acaso no hay en Mintic gestión de control con décadas de experiencia?
No basta acusar lo malo de “los malos”, también lo malo de “los buenos”, deslegitimados por evidentes fallas garrafales. ¿Vigilarán con curia los 2 billones de pesos en “obligaciones de hacer”, que pagarán los operadores del espectro? ¿Administrarán con transparencia el Fontic-Mintic con 1,5 billones de pesos? Abudinen y su rosca deben irse y el juicio ha de alcanzar a Iván Duque, quien presumió hacer del país un Silicon Valley y remata con Mintic vuelto foco de trastadas.
