La crisis económica que se viene gestando en el país desde hace varias décadas está ocasionando gravísimos daños a millones de hogares: bajos salarios, carestía desbordada, desempleo e informalidad, precariedad en el acceso a servicios básicos como salud y educación, alzas inicuas en tarifas del transporte, de la energía y hasta del agua para los más pobres.
Es innegable que en el segundo gobierno de Santos estalló la economía y se genera mayor desigualdad.
Como si lo anterior no fuera suficiente, lo más grave es que el costo de la crisis se quiere seguir trasladando por otras vías como una reforma tributaria, en la cual se aumentan impuestos indirectos y regresivos como el IVA o el impuesto al consumo, que afecta el arroz y hasta al ‘corrientazo’ y las llamadas por celular. También la elevación de tasas de interés por el Banco de la Repú- blica, con el pretexto de combatir la inflación, pone un sobrecosto a los ya muy altos precios de los productos de la canasta familiar. Se quiere corregir la crisis con hambre.
La base laboral se siente burlada con el incumplimiento de promesas electorales, como la eliminación del cobro de la cuota de salud a pensionados; el establecimiento del horario nocturno desde las 6 de la tarde y la recuperación del cobro de horas extras.
La base campesina se ha sentido despreciada porque de los compromisos adquiridos desde los paros agrarios solo menos del 30% se han vuelto realidad. Si al cuadro anterior se le agrega la indignación nacional por la feria de Isagen y las privatizaciones anunciadas, se puede concluir que solo habría otro paro más justo que este si la situación empeora o si el gobierno trata con desdén el Pliego que las Centrales Obreras y demás organizaciones le han presentado.
