Entonces, ¿“Los que diga Duque”?

El plato queda servido: bolsas por casi 80 billones de pesos, el mecanismo para irrigarlas y documentos al por mayor de votantes anónimos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Se están contabilizando los montos que por distintas fuentes ha acumulado el Gobierno, un gasto público para 2022, pero ausente en lo peor de la pandemia, y hay recelos por el destino que tendrá a las puertas de las elecciones presidenciales y del Congreso de la República, si servirán para elegir a “los que diga Duque”.

La primera es la reforma tributaria de 2021, la de Restrepo, gestor del botín para el soborno social y político. En ella, se destinarán $6,6 billones en 2022 al llamado Ingreso Solidario para 4 millones de hogares menesterosos, hoy por fuera de los programas tradicionales, a los que, sin darles siquiera una renta básica, se les endulzará con una dádiva “histórica”, un rústico remedo de los cheques que Trump rubricó en la crisis sanitaria.

Irá con otros planes, no inscritos en el marco del derecho universal, sino en forma de óbolo, como la publicitada matrícula cero en universidades públicas, solo para estratos de ingreso bajo y medio-bajo. El Presupuesto General aplicará 35 billones para la denominada “recuperación social” en 2022 (El Tiempo, 21/10/2021, citando DNP).

No obstante, esa suma aún no es suficiente para el mercado electoral: urgen otras para financiar el universo de gastos de funcionamiento, que no se fondea con tributos y abarca las clientelas contratistas y la fronda burocrática, ampliada ahora en miles de puestos en la Contraloría, la Procuraduría y la Registraduría.

La más voluminosa y de libre disposición vendrá de Ecopetrol. Los cálculos del precio del barril de petróleo para un marco fiscal adecuado se hicieron en 63 dólares. El precio promedio este año superará los 70 y con ello el Gobierno, con una propiedad del 89 por ciento, se ganó la lotería, ya que desde junio se anunciaron traslados por utilidades e impuestos por más de 10,5 billones de pesos, que al terminar 2021 pueden subir a más de 20 (Portal Ecopetrol, junio 2021).

A las alforjas oficiales llegaron nuevas bolsas. Por la compra del 51,4 por ciento de ISA por Ecopetrol, a crédito, “exprimiendo la empresa” (Kalmanovitz), entró un cheque por 14,2 billones de pesos, bajo los enunciados de “reforzar la caja” o la “reactivación económica” (Portafolio). ¿Hay ya auditoría del contralor Córdoba al respecto?

Del exterior aterrizó otra partida. El ingreso de 2.790 millones de dólares que le asignó a Colombia el FMI de la desinversión de reservas internacionales por 1,96 mil millones de derechos especiales de giro (DEG). El Banco de la República, receptor de la remesa, explicó: “El Banco vendió reservas al Gobierno Nacional por un monto en dólares equivalente a la asignación de DEG y recibió como pago Títulos de Tesorería TES Clase B (…) el Gobierno obtuvo liquidez inmediata en dólares y mejoró el perfil de su deuda interna (…) los títulos entregados al Banco provienen de canjes (…) cuyo vencimiento (…) era el año 2022”, y fueron sustituidos por otros de largo plazo. En fin, una emisión camuflada para el Gobierno por 10,6 billones, acorde con la tasa de cambio de 3.806 pesos por dólar a 31 de agosto.

No contento con lo acumulado, Duque se apresta a vender 3.490,8 millones de acciones de Ecopetrol, el 8,49 por ciento, que, al precio unitario actual cercano a 2.660 pesos, totalizaría 9,28 billones. De pasarse por encima las restricciones que impone la Ley 1118 de 2006 para usarlos, como ya hizo con el “enroque” de ISA, este paquete cuantioso engordará más sus cajas menores.

Al final, además de los recursos ordinarios presupuestados, con estas maniobras adicionales calculadas se destinarán más de 70 billones para elegir a “los que diga Duque” en acción sucedánea de su mentor, hoy sub iudice y en franco desprestigio.

El bazar de votos, sin precedente, lo allanó el artículo 125 del Presupuesto con la modificación de la ley de garantías, para pasar en estos meses los convenios interadministrativos entre la Nación y los entes territoriales. Así el Centro Democrático cebaría a sus 42 alcaldes en Boyacá o los conservadores, a los del norte y el oriente de Antioquia, y, sin contar coaliciones, a 116 en total, y los liberales, a 99 en toda Colombia, o Cambio Radical, a 29 gobernaciones donde participa, o La U, en 22 (celag.org). La funcionaria estrella será Ana María Palau, consejera para las regiones, quien reemplazó ahí a Karen Abudinen.

A estas alturas, el registrador nacional, Alexánder Vega, el de “si no le gusta, váyase”, informa de 5 millones de cédulas en volandas, de colombianos en el exterior, de muertos o fraudulentas, como las que aprovechaba Aída Merlano. El plato queda servido: bolsas por casi 80 billones de pesos, el mecanismo para irrigarlas y documentos al por mayor de votantes anónimos. Es la engañosa hoja de ruta para elegir a “los que diga Duque”. Colombia y la comunidad internacional deben percatarse.

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