El 7 de agosto, hace casi tres meses, al cumplir siete años el mandato de Juan Manuel Santos, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, publicó un documento denominado ‘Colombia en cifras’, en el que muestra la evolución de algunas variables sociales y de la economía entre 2011 y 2016, entre ellas, la tasa de inversión, los montos de inversión extranjera directa, el coeficiente de Gini y la tasa de desempleo e informalidad. Incluye en él indicadores sobre el impacto de la inversión del Gobierno en infraestructura, seguridad, salud, vivienda, saneamiento básico, energía, educación y las TIC, entre otros.
Pero el ministro no anotó el valor de tales inversiones. Para saberlo, hubo que elevarles algunos derechos de petición a Planeación Nacional y a otras dependencias. El resultado, en números redondos: los más de 7 millones de conexiones de saneamiento básico costaron $ 7,43 billones; las 159.741 acometidas de energía eléctrica implicaron un costo de $ 1,38 billones; las 117.000 soluciones de vivienda gratis sumaron $ 4,7 billones y otros $ 2 billones más valió el apoyo a las 124.000 viviendas rurales VIS. Los programas Ser Pilo Paga, el aumento de la cobertura en la educación superior –con recursos para Icetex y para las universidades públicas– y la gratuidad en la educación suman $ 522.000 millones, $ 23 billones y $ 3,6 billones, respectivamente, entre 2011 y 2016 y desde que rige Ser Pilo Paga.
En salud, agregar 4,6 millones de personas al régimen subsidiado implicó un gasto de $ 3,15 billones y acrecentar el pie de Fuerza Pública en 23.100 policías más sumó $ 1,4 billones, a razón de $ 60 millones cada uno. En cuanto a infraestructura, entre segundas calzadas construidas y las redes viales primaria, secundaria y terciaria se destinaron $ 12,2 billones, según Invías. En conectividad, entre conexiones de banda ancha, de alta velocidad a municipios y tabletas y computadores a colegios, el Gobierno invirtió $ 2,5 billones. Los cálculos de la sumatoria total de esta inversión pública hechos por la economista y magíster Natalia Moreno dan $ 61,8 billones para el periodo 2011-2016, a razón de $ 10 billones por año. Es decir, la estrechez fiscal de Colombia no da a duras penas sino para pagar gastos básicos, o cuando mucho para asegurar derechos mínimos que deberían estar resueltos hace años.
No obstante, el análisis debe completarse examinando las fuentes de los recursos. Según el trabajo de Moreno, el recaudo de impuestos en dicho periodo fue de $ 655 billones, en pesos corrientes, y los gastos de funcionamiento, $ 595 billones. El excedente de $ 60 billones en esos años fue insuficiente para financiar presupuestalmente toda la inversión, máxime cuando la restante, excluyendo la que destaca Cárdenas en su documento, tuvo montos anuales superiores a $ 20 billones.
La contrapartida fuerte es el endeudamiento sin tasa ni medida del Gobierno central (GNC) y del sector público no financiero. Moreno afora la deuda del GNC contraída entre 2011 y 2016 en escandalosos $ 243 billones, y lo peor es que los intereses pagados suman $ 112 billones y las amortizaciones, con los cálculos tomados de las fuentes fiscales del Ministerio de Hacienda, fueron de $ 120 billones. Es decir, “Colombia se endeuda para pagar y paga para endeudarse”. Al final, el servicio anual menos el pago de intereses se va acumulando como deuda neta en un vertiginoso ‘debt rollover’ ‒“refinanciación de los créditos sobre sí mismos” ‒, lo que en plata blanca es una operación cruda de exacción sobre el ahorro nacional público y privado. Todo al debe.
El actual debate electoral debe pasar, así no lo quieran el ministro Cárdenas o la ministra Gutiérrez o los centros de pensamiento oficial, por un cuestionamiento a fondo de la política económica, que nos ha llevado entre el octavo y el noveno de los ‘anillos del infierno’ en este, el primer asunto público del país. Si en el pantano de la corrupción se clama por “no más los mismos con las mismas”, aquí, en la economía, cabe el doble.
