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Hubo sí una extensión del TLC, con jugaditas a favor del Norte y de ñapas a Europa con algo que denomina “recomendaciones exigentes”.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El exministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas, publicó una suerte de novela económica, de “episodios y anécdotas”, titulada Cómo avanza Colombia, que suscita debate no solo por chocar con la opinión general, que vive lo contrario, sino por omitir asuntos trascendentales como el balance sobre los resultados de los TLC puestos en marcha como estrategia central por ese Gobierno, al que sirvió por 83 meses como ministro de Minas y luego de Hacienda.

Se complace de que Trump no hubiera invitado de manera directa a renegociar el TLC, como pasó con México (pág. 87). No obstante, sin miramientos y al tenor del ingreso a la Ocde, cuenta las cesiones a Estados Unidos en cinco “cabos sueltos” del Tratado: derechos de autor, licores, “chatarrización” de camiones, farmacéuticos (Res. 06-CNPD-agosto 6-2018) y asuntos laborales, estos últimos como taparrabo. Es decir, hubo sí una extensión de los TLC, con secretismo y jugaditas a favor del Norte y de ñapas para Europa, con algo que denomina “recomendaciones exigentes” (capítulo 2).

Destaca al yerno de Trump, Jared Kushner, el marido de Ivanka, como palanca para resolver “dos grandes obstáculos en la recta final” del ingreso a la Ocde, por lo que Cárdenas agradece su diligencia. Kushner, según narra, ayudó a ablandar –frente a las enmiendas en los capítulos enunciados– al representante comercial, Robert Lighthizer, que vio, en la obstinación de Colombia por entrar a la Ocde, un chance para “apretar tuercas” sobre los temas pendientes (pág. 90). ¿No conocía Cárdenas las denuncias sobre los Kushner acusados de múltiples ilegalidades vinculadas al tráfico de influencias? Hasta en Netflix están. ¿O no supo que siguió “participando en los negocios (…) beneficiándose de políticas que impulsó dentro de la administración”? (Wikipedia). ¿Kushner cobró? Inaceptable.

El que no se guarde mínimo recato en esta narrativa se explica por el dogma en que algunos convirtieron los TLC, “fuera del cual no hay salvación”, que todo lo justifica y vale y que cuenta entre sus destacados correligionarios a varios precandidatos como Óscar Iván Zuluaga, Juan Carlos Echeverry, a los propios Alejandro Gaviria y Enrique Peñalosa, y otros prosélitos como Iván Duque, Alberto Carrasquilla y Andrés Felipe Arias, quien defendió el acuerdo con Estados Unidos por el intercambio “de trigo por uchuva”. Le salió al revés: luego de nueve años, importamos en promedio anual 150 millones de dólares del cereal y exportamos menos de 3 millones de la fruta. Coinciden en la feligresía a los TLC, igualitos (USDA FAS-ProColombia).

Para refrescar la memoria de Cárdenas, sirve retomar cifras del balance de algunos TLC, vigentes desde Santos y varios negociados por Uribe, presentados como fuente substituta de ahorro para salvar la destorcida de los precios del petróleo y de la minería a partir de 2014. El déficit comercial acumulado por Colombia en el TLC con Estados Unidos entre 2012 y 2019 fue de -7.593 millones de dólares; con la Unión Europea, de -7.414; con México, espina dorsal de la Alianza del Pacífico, de -25.566; con Mercosur, de -14.876; con Canadá, de -2.989 y con Corea del Sur, de -3.819. Peor imposible (cálculo con datos MinCit).

La inversión extranjera directa no trajo la utopía que documentos oficiales le atribuían como “fundamentales para lograr el financiamiento de una tasa de inversión del 30,7 %” (Conpes 3837, 2015). Aunque esa modalidad creció 65.436 millones de dólares entre 2015 y 2019 (Banrep), el PIB creció solo 2,4 por ciento en promedio, el peor en lo corrido del siglo hasta entonces, y el PIB por habitante, en dólares constantes de 2015, apenas el insignificante 0,5 por ciento anual, menor que la tasa de crecimiento de la población, y, si se acoge el concepto de renta nacional de Piketty, que sustrae del PIB las utilidades del capital foráneo, el resultado sería más funesto.

Para cubrir tal estancamiento y el déficit externo, la deuda del sector público consolidado entre 2015 y 2019 creció de 438 billones de pesos a 593, un exorbitante 35 por ciento, y por habitante llegó a niveles del 57 por ciento del ingreso personal (Banrep). Así el lector puede comprobar si la estrategia de libre comercio y atracción a toda costa del capital extranjero, como variable de cierre, lleva, según aduce Cárdenas, “al progreso”. Mejores los datos que las anécdotas.

Dos precandidatos, De la Calle y Jorge Robledo, han planteado en forma abierta la revisión de los TLC. Incluso Petro avaló el ingreso a la Ocde, que, como se devela, se mezcló con el endurecimiento de los tratados. ¿Hay avance o hay retroceso? Aunque se vea remoto, este es el debate principal de la campaña política en curso y en consecuencia: ¿cambio o continuismo?

Duque deberá mostrar la contraprestación de Colombia, que apenas es responsable de 0,28 por ciento de la contaminación global, a los capitales financieros volcados sobre la economía verde como nuevo filón.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Mientras que el análisis común de la tercera reforma tributaria de Duque se enfoca en los ajustes al alza en el IVA o en los millones de asalariados nuevos contribuyentes de impuesto de renta, hay una carpeta oculta con 4 billones de pesos más en impuestos indirectos verdes, con lo que se rebasarían los 30 billones de pesos en el recaudo.

Pese a que ciertos criollos fungen de autores intelectuales del impuesto al carbono, la propuesta original es de William Nordhaus, Premio Nobel de Economía en 2018. En el libro The Climate Casino (2013), expone que la mitigación es la estrategia indicada para reducir la emisión y concentración de CO2 y de gases de efecto invernadero en la atmósfera, como causa del calentamiento global, y la considera como “la más cara en el corto plazo”. Consiste en revertir la acumulación de los gases mediante políticas que afecten las decisiones de miles de millones de personas; de tecnologías que reduzcan la emisión neta de CO2; de una operación industrial más eficiente y del desarrollo rentable de tecnologías limpias.

El punto es ponerle precio al carbón y Nordhaus sugiere dos vías: una, el pago al Gobierno de un importe por derechos de emisiones, con un límite permitido, de las firmas que intercambian bienes con contenido de carbono; y la otra, que califica como “la más fácil”: poner un tributo a las emisiones de CO2, el impuesto al carbono, que fue la escogida por Duque y Carrasquilla en la avalancha de alcabalas que se han empeñado en imponer.

En la Ley de Crecimiento Limpio y Desarrollo Sostenible, presentada en marzo de 2020, Planeación Nacional delineó el paquete bomba que se arrojaría luego sobre los oprimidos presupuestos de los hogares colombianos. Proyecta alzar los impuestos verdes de 0,4 por ciento del PIB a 2,5 por ciento; fija para los combustibles fósiles en 17.211 pesos la tarifa por tonelada de CO2 y reduce los subsidios del Estado en la energía para inculcar el “consumo razonable”.

En consecuencia, en el capítulo de ‘Redistribución de externalidades ambientales’, la reforma tributaria prescribe varias suertes de impuestos verdes pagaderos por los consumidores sin discriminación alguna, a tabla rasa. Para todos los usuarios de energía 7 pesos por kilovatio hora consumido, con el que piensan recoger entre 1,2 y 1,8 billones de pesos; por cada vehículo, fuera del impuesto de rodamiento, una contribución por contaminación, que incluye motos, carros públicos y particulares, de pasajeros y de carga, por el que aspiran a recaudar hasta 2,14 billones de pesos más, que se cederán a los entes territoriales; el de plásticos de un solo uso y el de consumo de plaguicidas, que extraerán entre ambos casi 100.000 millones de pesos.

Calculan que la noble causa verde de resistir el calentamiento planetario, o de que el país reduzca hasta 5 millones de toneladas las emisiones de CO2 a 2030, justifica todo, así se acreciente la regresividad tributaria mediante el diluvio de impuestos indirectos. Significa, además, encarecer en 1,25 por ciento la factura mensual de energía, teniendo en cuenta el valor de la tarifa media en 2021, y en más de 100.000 pesos los tributos a los 16 millones de vehículos que hay en Colombia. Nordhaus avisa que el impuesto al carbono trae impactos inflacionarios y un menor ingreso disponible, y habrá de sumarse a los efectos depredadores de los capítulos ya debatidos de la reforma en la peor crisis de demanda y en picos de pandemia.

En simultánea, la jefa de gabinete, María Paula Correa, ostenta la invitación de Biden a Duque a un encuentro virtual (Summit) de Cambio Climático en abril, para el cual, con otros países advenedizos y agregados a los 17 mayores responsables de 80 por ciento de la contaminación global, lo impele a compartir “cómo su gobierno contribuirá a mantener la meta dentro del alcance de 1,5 grados centígrados” (de calentamiento) y le anuncia “estrategias” que “movilizarán más fuerte financiación pública y privada” (créditos e inversión extranjera) hacia la transformación de tecnologías, dado que también estarán presentes “líderes de negocios”.

Duque deberá mostrar la contraprestación de Colombia, que apenas es responsable de 0,28 por ciento de la contaminación global, a los capitales financieros volcados sobre la economía verde como nuevo filón. En lugar de increpar a las potencias a esforzarse por dejar de intoxicar y a expedir una agenda nacional ambiental autónoma, llegará con el paquete de 4 billones de impuestos indirectos verdes de soporte para sufragar los costos de insertarse en este, convertido en nuevo gran negocio, que no pagarán las compañías energéticas ni la gran minería de carbón ni las petroleras, estas responsables de 10 por ciento de las emisiones de CO2 desde 1996, sino la ciudadanía toda.

¿Se devolverá el péndulo del poder desde la extrema esquina del uribato? ¿Hasta dónde?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Tras la malograda designación de Néstor Humberto Martínez como embajador en España, Iván Duque dijo: “Estará en una comisión de lucha contra el crimen”, y conviene saber si en tal condición Martínez escribió en SEMANA: “Ni Fajardo ni Petro estarán en el tarjetón 2022”. Esa intimidación es parte de las conjeturas sobre las próximas elecciones presidenciales, muchas guiadas por el deseo, aunque hay una que parece cobrar cierta fuerza: serán tres las pistas por donde correrán agrupadas las precandidaturas, no por ser izquierda, centro o derecha, pues en tiempos de confusión “los límites de cada uno distan de estar fijados” (Anderson, 2005), sino por pragmatismo político, lo que tampoco las despoja de eje ideológico.

No obstante, más allá de las suposiciones hay contradicciones que las candidaturas deben resolver para ser viables, algo más realista y menos especulativo. A Petro, por ejemplo, lo acosa la circular de Interpol para Juan Carlos Montes, vinculada a la amenaza hecha por Martínez Neira. Asimismo, se enfrenta al dilema de mantener crispadas a las “barras bravas” –45 por ciento de la gente lo cataloga de extrema izquierda y 35 por ciento, de izquierda (Ecoanalítica)– o de atraer al establecimiento, como intenta con el “acuerdo” que le lanzó a Biden con el telón del cambio climático a ver si cubre el arcoíris desde Washington y sale del aislamiento.

El Partido Verde, eventual núcleo de otro agrupamiento, tiene las alcaldías de Bogotá y Cali y depende de ellas para avanzar, como también de cuajar la unidad entre el conjunto variopinto de tendencias y de contar con candidaturas de peso, pues las que suenan no parecen hervir para la hora. De captar a Ángela María Robledo le daría duro golpe a Petro, y por adelantado tendría buen tiquete de salida. En ese ámbito está Sergio Fajardo, puesto en el foco de la coerción del exfiscal por Hidroituango, y ya con planes de empleo de “emergencia” o para cerrar las brechas en la educación, pero que debe decidir si se allega a los verdes o sigue con su Compromiso Ciudadano, pese a que quizás sea dicha indefinición la que sustenta una favorabilidad del 57 por ciento, ya que 35 por ciento de la opinión no lo ubica políticamente (Ecoanalítica).

Por ahí podrían correr alfiles santistas, como Alejandro Gaviria, Roy, De la Calle, Cristo o los neosocialdemócratas. También Jorge Enrique Robledo, sobre quien, por mi conocimiento de vieja data, coincido con Jimmy Mayer: “De gran integridad y preocupado por el bien del país”, y con Antonio Caballero: “El más serio, tiene inteligencia, coherencia”, pero ni esto ni el atrayente movimiento Dignidad le bastan. Tiene el reto, fuera de oponerse a disparatadas reformas tributarias atiborradas de impuestos indirectos, de hacer razonables pero audaces propuestas sobre empleo, corrupción, paz, salud, equidad de género, ambiental, fiscal y otros temas básicos, además de renegociar el TLC. En suma, “salirse de la fila” para hacerse alcanzable a quienes lo desconocen. Galán es marca en política, aunque a veces se refiere indistintamente a la memoria de Luis Carlos o a Carlos Fernando o Juan Manuel. El relanzamiento del Nuevo Liberalismo será la cuota inicial, pero tendrá una tarea enorme en aras de construir un proyecto factible bajo el precedente del fracaso en 2011 y 2019 en la campaña a la alcaldía de Bogotá, que fuera su plaza.

El peregrinaje al Ubérrimo, que marca la tercera pista, está sellado por el reaccionario Gobierno de Duque y el desprestigio creciente de Uribe, imputado penalmente. Hacen fila Fico, Char, Dilian, Paloma, Trujillo, Nieto, Pinzón y demás. Cargarán, como el exalcalde de Curramba, con pecados propios y también con las nuevas violencias incontroladas y la irracionalidad contra el acuerdo de paz. O con el neoliberalismo repugnante de Carrasquilla. O con el mayor desempleo de Suramérica y con la cuña hereditaria de Tomás (¿cabeza del Centro Democrático?), cuyo talante se mide por la frase: “La JEP hay que acabarla, es muy costosa”.

En el Conservador la enseña la porta Marta Lucía Ramírez, pese a emproblemados negocios familiares, a mil desatinos verbales, a ser vicepresidenta de Duque y hasta de contraer covid por desechar el tapabocas, como Trump. En perspectiva, la colectividad azul seguirá de apéndice del Partido del Presupuesto, según predicó Roberto Gerlein.

Al liberalismo lo ronda la indefinición: no se sabe si está con Duque o es independiente, porque una cosa expresa su jefe en los noticieros, y otra, los congresistas con sus votos, adecuando a Horacio Serpa: es más chicha que limonada. ¿Cultivan acaso la precandidatura dinástica de Simón Gaviria? Sobre el mapa descrito y sin noticias de Vargas Lleras o del insaciable Peñalosa, caben dos hipótesis centrales en el juego: ¿se devolverá el péndulo del poder desde la extrema esquina del uribato? ¿Hasta dónde?

La zona cafetera del país era considerada una “Suiza” entre las regiones de Colombia, ahora, el panorama, es diferente.

Durante décadas Caldas, Quindío y Risaralda se consideraron como una “Suiza” entre las regiones de Colombia. Fruto de la importancia del café en la economía nacional y en las exportaciones, este Eje ostentaba liderazgo nacional: los tres disputaban el mayor nivel de rendimiento por hectárea entre 12 y 13 cargas, lejos de Huila y Antioquia, que –luego de 20 años– los desplazaron.

En 1980-1981, cuando el café era el 5,8% del PIB total y cerca del 20% del PIB agrícola, los tres tenían en conjunto más de 220 mil hectáreas sembradas, casi la cuarta parte del país, y eran el 30% de la producción cafetera nacional. Al contrario, en 2014, acorde con el Censo Nacional Agropecuario, dicha participación en conjunto bajó al 16% tanto del porcentaje del área sembrada como de lo producido, casi igual que Antioquia y Huila pero cada uno por separado.

Las tres últimas crisis cafeteras, la de 1995, la de 2001 y la de 2013, dejaron a los departamentos del entonces Eje Cafetero como principales damnificados, se perdió el norte de la vocación y no se ha retomado ni menos encontrado otra diferente ni siquiera en el sector agropecuario, cuyo primer renglón sigue siendo el café, sólo afloran los call centers. En Caldas, que es quinto productor nacional, según el DANE, es aún 40% de la producción agrícola en volumen; en Risaralda, que es séptimo, es el 45%, y en Quindío, que ha caído al puesto número doce, sigue siendo 96,6% de las exportaciones quindianas y 62% del producto agropecuario. Allí la contribución del ecoturismo, al que se convirtió un número grande de fincas, es sólo el 5,6% del PIB departamental, menos que toda la agricultura. 

Depender todavía del grano, pero menguado y debilitado, ha hecho que en el Quindío el 73% de la población económicamente activa esté entre el desempleo y la informalidad y que uno de cada cinco risaraldenses se fuera de su región, que viva en España, Francia o Chile, siendo las remesas de estos emigrantes la variable de cierre de la demanda de los hogares para adquirir vivienda y bienes importados y suntuarios. En Caldas, el que la industria sea 15% del PIB y casi 20% del de Manizales, ayuda a una situación menos frágil que la de los otros dos casos donde la manufactura declinó. Como economías en decadencia en ninguna el ahorro de capital local logra financiar la inversión necesaria, las captaciones en el sector financiero son inferiores a las colocaciones.

En estos tres departamentos, la clase política inescrupulosa y una dirigencia económica, que abandonó los criterios cívicos fundacionales de esta comarca, se dedicaron a feriar los patrimonios públicos construidos por décadas. Empresas de energía, de telecomunicaciones y de aseo, alumbrados y aeropuertos (el de Manizales acabó en un desfalco) cayeron en manos de terceros e importantes activos regionales del gremio cafetero como las corporaciones financieras –para impulsar el desarrollo– se extinguieron. Los recursos derivados de las privatizaciones se esfumaron y no pocos congresistas, ex gobernadores y ex alcaldes han sido destituidos y encausados por corrupción y otros desaguisados.  

Todo al final decanta en agravamiento de males sociales: En Pereira crecen los adictos a la heroína y su edad promedio es de 16 años. De diez ciudades analizadas por Uniandes y otras entidades sobre el crecimiento del Índice de Progreso Social entre 2009 y 2014, Pereira ocupó el octavo puesto, con puntaje de 66,63, mientras el promedio nacional fue 68,85. Armenia ha estado entre las tres ciudades con más desempleo en los últimos años y el PIB del Quindío ocupa el puesto 22 entre todos los departamentos, superando solo a Chocó, Arauca, San Andrés y Vichada y a los seis de la Amazonia. También Quindío y Risaralda están entre los de mayor prevalencia de VIH. Caldas, por su parte, tiene tasa de migración negativa y la demográfica crece por debajo de la nacional. Se volvió región expulsora.

El antes denominado Eje Cafetero, víctima de la política económica de los últimos 25 años y de cabecillas que asaltaron el barco en medio del naufragio, requiere recuperar la senda del progreso. Aquí cabe la máxima: “las sociedades cambian cuando sus gentes cambian”: ¿llegó el momento de otros dirigentes?  https://static.bluradio.com/apps-frame/index.html

De la Cátedra de Contexto sobre tierras y territorios.