Categoría: Uncategorized

Matemáticas elementales para revisar el TLC con USA

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Con el TLC, Colombia ha retrocedido. ¿Por qué? La entrega del mercado nacional es razón primordial.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 2005, en la negociación del TLC con Estados Unidos, escribí el artículo “Matemáticas elementales para el TLC”. Mostré que, de las importaciones de Norteamérica, la oferta de Colombia no satisfacía los bienes más demandados. El TLC exportador era espejismo.

Entonces el ingreso anual estadounidense era de 11,7 billones de dólares (con 12 ceros) y las importaciones, de 1,48 billones. El 90 por ciento del mercado norteamericano se surtía de mercancíaspropias, y las mayores compras externas eran combustibles, automóviles, autopartes y tecnológicos como computadores y accesorios, maquinaria industrial, equipo de telecomunicaciones, de medición, médico, aeronáutico, y semiconductores.

Colombia proveyó ese año 1,8 por ciento de los combustibles, 0,18 por ciento de los bienes de consumo final y 1,1 por ciento en alimentos y bebidas como café, banano, azúcar, galletas y camarones. Las exportaciones nacionales a Estados Unidos fueron 8.479 millones de dólares (Dane), 0,57 por ciento de las compras estadounidenses.

Al pensar en revisar el TLC con USA a los diez años de vigencia, y si, como dijo el ministro Ocampo, no es “proteccionista” y “todo lo que hay que hacer es fomento exportador” (SEMANA), sirve comparar las matemáticas de 2005 con las de 2021 para mirar si algo cambió.

Las importaciones de Estados Unidos en 2021 en 142 referencias sumaron 2,83 billones de dólares (Census.gov), el doble de 16 años atrás. El ingreso de 332,18 millones de habitantes suma 23,02 billones de dólares, a 69.288 dólares por cabeza, que dedican 12 por ciento del consumo a mercancías extranjeras.

Los renglones más importados son iguales a 2005: farmacéuticos, carros, celulares, autopartes, computadores, semiconductores, aparatos electrónicos, de telecomunicaciones y médicos, vestuario, textiles y camiones. Colombia, de ellos, no suministra nada o casi nada y en petróleo crudo abasteció 3,2 por ciento de 130.000 millones de dólares totales (Census.gov).

Tras una década de TLC, el hidrocarburo junto con café, banano, flores, carbón, “otros alimentos” (azúcar, galletas, confites, pescado, aguacate y cacao), fuel oil, metalmecánica y envíos de menor valor venden más de 200 millones de dólares anuales y la novedad es el oro, por 1.568 millones de dólares, como en la Colonia (Census.gov).

Se reitera al mirar las 50 primeras compañías exportadoras desde Colombia a todo destino. Hay 29 extranjeras, las 19 principales en el sector minero-energético y en la petroquímica, cinco en café y flores, pocas en industrias, automotriz, metálicas, agroquímicos, cosméticos y resinas (Portafolio, 2019).

De 137 referencias vendidas en USA, 112 registran menos de 50 millones de dólares, solo 15 entre 50 y 200, y confecciones y textiles combinados un poco por encima de los 200. De todo lo que importa Estados Unidos, por 2,83 billones, las mercancías colombianas suman 13.177 millones de dólares, 0,46 por ciento, peor que en 2005 (Census.gov).

Con el TLC, Colombia ha retrocedido. ¿Por qué? La entrega del mercado nacional es razón primordial. En 2018, por 100 pesos de consumo de bienes industriales, incluso insumos, 44 eran de origen extranjero. Si las exportaciones son excedentes de las ventas internas, ¿cómo conquistar mercados afuera? El calzado lo ilustra. De 110 millones de pares demandados al año por los colombianos, 70 son importados. A Estados Unidos solo se exportan 200.000 pares por 7,5 millones de dólares. ¿Se renegociarán los TLC para enviar otro tanto allá antes que recuperar demanda aquí?

La ventaja comparativa no opera. Tal es el caso de las confecciones en USA. En julio de 2021, los diez países más vendedores, China, Vietnam, Bangladesh, India, Indonesia, México, Honduras, El Salvador, Camboya y Pakistán, colocaron 6.989 millones de dólares. ¿Apelar a la guerra salarial como ventaja absoluta? (https://apparelresources.com).

Hay barreras insalvables. La manufactura norteamericana tiene subsidios para exportar y para competir adentro. En 2016 hubo 86.000 millones de dólares en subvenciones; los recursos públicos compran 20 por ciento del PIB industrial (Saqueo, pág. 117) y esta semana pasó una ley por 280.000 millones de dólares que “acelerará la fabricación de semiconductores en Estados Unidos, bajando los precios en todo, desde automóviles hasta vajillas”(NYT). Predominan además duopolios y oligopolios: “Docenas de industrias están tan atrozmente concentradas que vale requerir qué hacen las autoridades antitrust” (Tepper-Hearn, 2019). ¿Los derrotaremos?

Con ese panorama, la revisión del TLC en los capítulos comerciales, pocos entre 23, debe centrarse, incluso con la pretensión exportadora, en la reconquista del mercado interno. La realidad muestra lo irrisorio de solo buscar más apertura en Estados Unidos. Sería un engaño.

El agujero negro de Air-e

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

¿El descomunal costo fiscal y los esforzados sacrificios de millones de costeños corren, revueltos con réditos de las subsidiarias de Utilities, a un agujero negro al exterior?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Desde 2005, antes y después de Electricaribe, los gobiernos nacionales gastaron 13 billones de pesos en subsidios sociales, inversiones, asunción del pasivo pensional y otros. Se subvencionó la operación y se abonó el terreno para Afinia y Air-e, que ganaron, en marzo de 2020, la subasta para el comercio y distribución de energía en la costa caribe.

En el caso de Air-e, la “adquisición de los activos” para operar en el Atlántico, Magdalena y La Guajira, avaluados en 2,44 billones de pesos, le fueron entregados por 285.000 millones, el 11 por ciento del valor. Resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) y decretos de MinMinas concretaron el artículo 318 del Plan de Desarrollo del Gobierno Duque –que llena los bolsillos “inversionistas”– y formaron un atractivo negocio en detrimento del servicio público.

A partir de “un régimen especial tarifario” para la costa caribe, las resoluciones 010 de 2020 y 078 de 2021 de la Creg colgaron sobrecargos y rubros adicionales, tanto que, de octubre de 2020, cuando se inició la operación, hasta mayo de 2022, la tarifa plena pasó de 487 pesos a 920, un exorbitante 88 por ciento que la Creg aprobó diferir por años y que ahora va en 713, el 46 por ciento, tras una tasa de retorno del 11,36 por ciento (Creg, Res. 007 de 2020). El viacrucis va en la mitad.

¿Cuáles las arandelas colgadas a la gravosa tarifa? Un kilovatio base más caro; las pérdidas eléctricas reconocidas del sistema, factor que en 2020 era de 41 pesos por kilovatio, se trepó a 280 en junio de 2022; el traslado del impuesto de renta al consumidor a tasa del 35 por ciento, cuando la efectiva es 17,6 (Villabona, UN); la financiación de las inversiones futuras imputada a la factura, aunque la ejecución del plan en 2021 para corregir pérdidas eléctricas, con corte al tercer trimestre, iba en 53 por ciento de la programada, y para la calidad de potencia apenas en 43 por ciento (Superservicios, abril/2022), y además la instauración de la leonina modalidad prepago. El Decreto 1231 de 2020 de MinMinas reforzó la facultad de hacer y deshacer.

Air-e, con la confabulación institucional, empuja la implantación de los contadores tipo AMI, que miden el consumo, el voltaje, la corriente y más datos, para hacer lecturas “inteligentes” a fin de garantizar plena recuperación de costos. Hay un plan piloto de 10.000 instalados en una zona de Barranquilla y es un pulso pendiente con la ciudadanía.

¿Qué tal la suerte de Air-e con tan generosa regulación? Los estados financieros depositados en la Cámara de Comercio de Barranquilla, fuera de registrar cartera por 426.000 millones de pesos, alguna heredada, arrojan pérdida neta en 2020 por 153.164 millones y para 2021 por 373.165. Esas cifras están afectadas por el rubro contable “deterioro de valor de activos” por 123.953 y 493.830 millones en 2020 y 2021.

Si a los números rojos de este último año 2021 se les quitara ese “deterioro”, una estimación contable proyectada por una consultora, afloran ganancias en pesos corrientes de 120.665 millones. Sin la artificiosa depreciación de activos, que también reduce el pago del impuesto de renta, de la contabilidad para 2021 resulta una rentabilidad sobre ingresos de 3,8 por ciento y 3,1 sobre activos (ver estados financieros Air-e).

Nada extraño, solo que 99,5 por ciento de Utilities Inc. nació como propiedad de firmas domiciliadas en Panamá, tuteladas por el bufete Obaldía y García de Paredes, con un carrusel de funcionarios comunes. A las originales Globus Capital Corp., Tiznow Finance, Barnes Finance y Ramber Latinoamericana, se añaden otras –locales y panameñas– en una intrincada telaraña. Por ejemplo, la asamblea de Utilities Inc. de agosto 13 de 2020 en Bogotá, en la carrera 8a. n.° 69-67, decidió que 99 por ciento de las utilidades del conglomerado se girarían a Globus Capital Corp. (ver acta art. n.° 6). Típico Panamá Papers.

¿El descomunal costo fiscal y los esforzados sacrificios de millones de costeños corren, revueltos con réditos de las subsidiarias de Utilities, a un agujero negro al exterior? Ojalá veedores sociales o la Liga de Usuarios del Atlántico o frentes amplios ciudadanos, como el de Riohacha, destapen a quienes declaran quebrantos contables en Colombia, pero giran jugosos dividendos a Panamá o quizás a otros destinos.

Las herencias de Pipe

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

¿Pasará la herencia de Pipe por encima del “cambio” o será parte del variopinto Acuerdo Nacional, recargado por “los mismos con las mismas”? Veremos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Al iniciar su periodo conversé con Felipe Córdoba y le dije que esa posición podría ser plataforma para sentar un precedente contra tanto ladrón tradicional del erario y el despilfarro de recursos públicos. La era de Córdoba se rigió por el Acto Legislativo 04 de 2019, que adicionó el control preventivo y concomitante, y concretó un sistema de advertencias que aumentó el número de funcionarios a 6.829 y el presupuesto a 1,33 billones, triplica el de 2019 (SEMANA 15/1/2022, “Control descontrolado”).

Terminó en chasco. Según denuncias de Valeria Santos y Sebastián Nohra en Blu Radio, a dos contralores delegados que visaban proyectos del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), luego de ser aprobados, les valió para cobrar coimas. Eran parte de un carrusel con alcaldes, congresistas conservadores como Merheg, Ape Cuello y Manzur, señalados en la investigación, y el director de regalías de Planeación Nacional (DNP), Álvaro Ávila, “coterráneo y copartidario” del director, Luis Alberto Rodríguez. Se estima el desfalco en centenares de miles de millones de pesos, y los contralores Quiroz y Gualdrón, de acuerdo con la acusación, pedían 2 por ciento de la contratación tramitada.

Córdoba deshonró asimismo la gestión de la Contraloría en el proceso de Hidroituango contra Sergio Fajardo. Con el escándalo en plena campaña electoral, fue evidente la dañina motivación cuando, como se había advertido, el seguro cubrió los costos del detrimento patrimonial. En la firma del pago de la póliza entre Mapfre y EPM, tras haber puesto en la horca a Fajardo y a 25 personas más, dijo con solemnidad: “En el momento en que se salden los 4,3 billones de pesos no habrá inhabilidades ni sanciones para ninguno de los 26 (sancionados)” (El Tiempo, 10/12/2021). Sentó el funesto precedente del control fiscal amañado como arma política.

A los desatinos institucionales, del control preventivo vuelto previo o del abuso para afectar carreras electorales, se añaden espinosos asuntos que envuelven a Felipe Córdoba. El primero es el deliberado ocultamiento del valor real de una mansión de 1.083 metros cuadrados en un lote de 4.158 en la zona de mayor valorización en Pereira, Malabar, a medio millón de pesos por unidad de terreno, que construye la “sociedad conyugal vigente” con Marcela Yepes (El Espectador, julio 3 de 2022).

En la crónica sobre esta edificación se relatan asimismo los vínculos que ha tenido con empleados y recursos técnicos de la firma constructora Grupo Rivera, la misma que le vendiera a la Contraloría un edificio en obra negra para la sede en Pereira, por 5.184 millones de pesos, después de adquirirla, tres meses antes, a un banco por 3.200. Al mismo contratista se le adjudicó la obra de adecuación por otros 6.973 millones. ¿Cómo fueron los concursos para el terreno y para los acabados que ambos beneficiaron al mencionado grupo? (El Espectador, idem).

El segundo es el doctorado exprés, que le permite a Pipe cargos futuros en las cortes o la Fiscalía. La documentación exhaustiva, de disímiles fuentes, da cuenta de que, en ejercicio de funciones de tiempo completo, en “dos años y medio se graduó de abogado de la Universidad Politécnico Grancolombiano y obtuvo, además, el título de un doctorado en la Universidad de Jaén en España”, con reconocimiento cum laude. Una revisión académica y periodística, que encontró inconsistencias, plagios y manipulaciones ideológicas en el trabajo de grado, dio para el sonoro titular: “Summa cum fraude” (Caracol Radio, 2/6/2022).

Antes de que el Tribunal de Cundinamarca resolviera “rehacer la lista de elegibles” por razones de mérito y género (14/2/2022), Córdoba había formado un elenco de diez personas para la sucesión. Ocho de su cuerda: seis burócratas de la Contraloría, incluidos Quiroz y Gualdrón, más el excontralor de Bogotá, Andrés Castro, y Luis A. Rodríguez, exdirector del DNP, enredado en la manchada tramitación de proyectos PDET.

Toma fuerza María Fernanda Rangel, directora de una división de la Contraloría, la Diari, que recibía las hojas de vida recomendadas por los politiqueros y colocaba la clientela, como la del corrupto Mario Castaño. Tiene trayectoria, de empleada o contratista, en la Presidencia, el Ministerio del Interior, el Senado, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Previsora, siempre apadrinada, y es de oídas su cercanía con Roy Barreras, el eficaz lobby a su favor del “gordo” Bautista, paisano cucuteño, y el segundo grado de consanguinidad con los dueños de la emproblemada empresa operadora del relleno Doña Juana de Bogotá. La campaña a la Contraloría, con base en el directorio cordobista, está en marcha. ¿Pasará la herencia de Pipe por encima del “cambio” o será parte del variopinto Acuerdo Nacional, recargado por “los mismos con las mismas”? Veremos.

Nocaut a la institución cafetera

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

¿Por qué tal catástrofe en tiempos de bonanza? Buena parte de ellas fueron inducidas a concursar en los mercados a futuros por la misma Federacafé, en iniciativa colectiva y desconociendo en forma inexplicable la penosa experiencia de Andes.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El 4 de abril de 2022 se recordará en Andes (Antioquia) con tristeza. Ese día se bajaron los avisos de la Cooperativa de Cafeteros, que estaba intervenida por la Supersolidaria desde 2019. Enclavada en una zona de la mayor importancia en esa industria, el suroeste antioqueño, compraba entre 400.000 y 500.000 sacos al año, pero venía en caída. Era la principal cooperativa para las transacciones institucionales de la Federación Nacional de Cafeteros (Federacafé) y del Fondo Nacional del Café (FNC) (ver fotos).

Su balance a diciembre de 2021 muestra un patrimonio negativo de -77.373 millones de pesos y pérdida de -35.006 millones (ver estados financieros). Como causa primera del déficit, la firma Deloitte destaca las fallidas transacciones en el mercado de futuros en las bolsas internacionales mediante una filial creada en Nueva York en agosto de 2015, DelosAndes Coffee Inc.

Estima que los productores, comprometidos a entregar sus granos, no pudieron honrar los contratos debido a la fuerte contracción de la producción, o se negaron a hacerlo a menosprecio por el alza posterior de la cotización internacional o por los costos crecientes. Anota que el faltante es de 11.557.000 kilos por 124.849 millones de pesos.

No es la única en estado terminal que arrastra activos y ahorros de decenas de miles de productores, invertidos en cooperativas. La Supersolidaria intervino, en vías de liquidación, que se sepa, otras tres: Coopcafitolima, Coodecafec (Cundinamarca) y Anserma (Caldas) (ver resoluciones).PUBLICIDAD

El tablero de control de 33 cooperativas con 521 puntos de compra para 2021, que comercializaron 240 millones de kilos, equivalentes a cuatro millones de sacos, poco menos de un tercio de la cosecha, reporta pérdidas consolidadas de -39.228 millones de pesos. La mayor es la de Andes, pero diez más tuvieron números rojos, Risaralda, Quindío, Caicedonia, Nororiente, Tolima, Antioquia, Anserma, Cafetera de la Costa, Cundinamarca y Central del Huila. Otras como Salgar, Norte de Nariño, Catatumbo, sur del Tolima, Occidente-Antioquia, Manizales, Cauca y Departamental del Huila tienen margen operacional negativo. El sistema cooperativo cafetero está en la lona y en riesgo alto la garantía de compra al productor. Una debacle (ver tablero de control, 2021).

¿Por qué tal catástrofe en tiempos de bonanza? Buena parte de ellas fueron inducidas a concursar en los mercados a futuros por la misma Federacafé, en iniciativa colectiva y desconociendo en forma inexplicable la penosa experiencia de Andes.

¿Cómo se diseñó el instrumento? “El caficultor anticipa la venta hasta 24 meses antes de su cosecha” y define en el mismo momento el precio a futuro según la fecha definida para la entrega (ver https://federaciondecafeteros.org/app/uploads/2019/11/Ventas-de-caf%C3%A9-con-entrega-a-futuro.pdf).

Dado que podían presentarse riesgos de incumplimiento, la prudencia aconsejaba hacer cobertura de dichas compras mediante mecanismos conocidos en el negocio. ¿Se cubrió cada operación de compra en café físico a futuros en la Bolsa de Nueva York? Es necesario conocerlo porque, de lo contrario, se infiere que el líder del proceso, Federacafé, jugó siempre al alza, no incluyó una cláusula precautelativa de liquidar el contrato en caso de subas dramáticas de la cotización y se recargó en el leonino contrato suscrito con el caficultor en la cláusula 9.ª (ver). ¿Se lanzó a la especulación ciega, además sin reparar que se apostaba con dineros públicos del FNC?

Federacafé trata de resarcirse lo enredado, que superaría los 60 millones de kilos incumplidos, más de 100 millones de dólares. Apoyada en Supersolidaria, liquidan cooperativas y se rematan activos en subasta, en desmedro de los ahorros de miles de sencillos caficultores y, de otro lado, se embarga a quienes fallaron, se incautan sus tierras. Ni más ni menos.

Roberto Vélez, gerente de Federacafé, y el Comité Nacional, incluidos miembros del Gobierno Duque, deben mostrar esas coberturas tomadas para cada operación, y revelar si, dentro de los recursos que acopien, como los 40 millones de dólares de un préstamo contratado con el banco Sumitomo, que compromete a los 340.000 agremiados, cuántos van para reparar al comisionista en bolsa que, según dichos, es FCStone, también corredor bursátil en el fiasco de Andes.

Vélez ha de explicar cómo evalúa el daño causado a la calidad y seriedad de la caficultura nacional y le toca aclarar –en medio del embrollo– el conflicto de interés que tiene como miembro del Consejo Asesor de Nespresso, de Nestlé, en contra del artículo 6 del Código de Ética y Buen Gobierno de Federacafé. En fin, confesar la cruda realidad tras el nocaut a la institución cafetera. (https://www.sustainability.nespresso.com/nespresso-sustainability-advisory-board).

Tasa de cambio moral y petrismo

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Armado el rompecabezas, se colige que, el petrismo en el todo vale para un éxito rápido, acudió a lo que Édgard Revéiz denomina tasa de cambio moral.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Uribe propuso en agosto de 2021 una amnistía general. Gustavo Petro dijo que coincidía y la perfumó con el “perdón social” del filósofo posmoderno Derrida: “El perdón social e histórico es un momento casi irrepetible para las sociedades. Pero antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa” (La Silla Vacía).

No es nuevo. En 2007, en el debate sobre paramilitarismo en Antioquia, Petro esbozó “un acuerdo de verdad que sonaba a impunidad y punto final” (SEMANA, 20/4/2007) y tuvo beneplácito de Mancuso. Volvió a proposiciones similares en 2011 y 2015 (@mcestupinan, 13/4/2022) y el 12 de abril de 2022 en Aguachica planteó “una JEP para narcotraficantes” (ver video). El “perdón social” pertenece a su ideario contemporizador.

Esa indulgencia resuena cuando parapolíticos se han frustrado pidiendo pista en la JEP, y ladrones del erario y cerebros criminales cumplen largas penas. A Kiko Gómez, por ejemplo, se le rechazó la primera solicitud y, aunque se reconsideró (Cuestión Pública, 12/4/2022), solo cubre delitos menores que no lo salvan del presidio por 55 años. Álvaro García, después de admitido, fue expulsado por no aportar verdad nueva y detallada (Caribe Noticias, 3/3/2022) y seguirá preso 40 años. Tampoco fue aceptado el exalcalde de Villavicencio Germán Chaparro y paga 39 años por homicidio. Conviven en el patio Ere Sur de La Picota con otros, como el exsenador Martín Morales, quien, fuera de tráfico de narcóticos y armas y homicidio, está untado del “cartel de la toga” y condenado a 25 años de cárcel (Asuntos Legales, 3/11/2018).

En su nombre, Iván Moreno, del “carrusel de la contratación” en Bogotá, con Morales, Chaparro y Ronald Housni, exgobernador sanandresano sancionado a siete años por corrupción, firmaron el 2 de marzo de 2022 una carta al abogado de Kiko, Pedro Niño, para “tratar (…) temas (que) contribuirán a construir un nuevo país”. Enuncian seis, todos tocantes con la justicia (ver documento).

No es esa sola carta. El diario La Razón.co dice que “presos de nueve cárceles” enviaron otra en la que le piden amnistía a Gustavo Petro. Expresan que “hemos venido impulsando (…) la campaña política (…) por él (sic) Pacto Histórico y (…) en favor del candidato Gustavo Petro” y que “creemos firmemente qué (sic) merecemos otra oportunidad, de resarcimiento, de justicia alternativa y restaurativa, de rebaja de penas, de amnistía e indulto”.

Se forjaba intercambio de votos por beneficios jurídicos para penados sin distingo alguno.

El 11 de abril Petro afirmó que su hermano Juan Fernando estaba “hablando con Iván Moreno” porque “nos ha sugerido” ser “constructor de (…) perdón social” que “se está discutiendo dentro de las cárceles” (Sigue La W, 11/4/2022). El 13 de abril (La W, 3 p. m.) la abogada Cielo Rusinque, vocera petrista, reiteró que “esa invitación (…) se atiende para escuchar lo que tienen que decir o en qué medida pueden aportar”. Es decir, el Pacto Histórico decidió dar trámite a las cartas.

Noticias Caracol, el mismo día, divulgó los asistentes a la reunión del 8 de abril, reconocida por Rusinque y Petro, donde “se habría hablado de una reforma de la justicia que incluiría rebaja de penas para corruptos y la supuesta eliminación de jueces de ejecución de penas” (Noticias Caracol, 13/4/2022).

Juan Fernando contó en diálogo con SEMANA, al mediodía de ese 13, que los presos le dieron un documento para el candidato, que preguntaron “¿Qué significa perdón social?” y que aspiran a la “esperanza de segunda oportunidad”. Contrario a lo destacado dos días antes por Petro y Rusinque, dijo que su misión “era independiente”, que “no se sabía que él iba a ir” pese a la obvia presunción sobre el carácter político de la diligencia (SEMANA, 13/4/2022).

Al sentir estallar la tempestad sobre su cabeza por el disparate, el candidato arrancó una saga de desmentidos para construir otro relato. El medio digital @Ultimahoracol, en el video “Petro contra Petro”, sumó 14 (ver en Instagram) y hay otras tantas más cometidas en la condescendiente entrevista de la revista Cambio el Viernes Santo. Ahí Petro convino con los periodistas que fue “papayazo”, o un “a mis espaldas” o un “me acabo de enterar”, sin descartar el “entrampamiento”, versión reforzada con un testimonio radial del convicto Germán Chaparro (La W, 18/4/2022) y sostenida frente a los nuevos bullicios.

Armado el rompecabezas, se colige que, el petrismo en el todo vale para un éxito rápido, acudió a lo que Édgard Revéiz denomina tasa de cambio moral, la manipulación de la justicia, como se ha hecho por décadas “en la preferencia social que han tenido los gobiernos (…) respecto a la sanción que debe darse a los delitos que más afectan a los ciudadanos”. Una censurable y dañina adopción.

Verdades 4G

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

El perfeccionista Duque no cumplirá con el enunciado del Plan Nacional de Desarrollo ni menos con la promesa de entregar 20 vías al final del mandato (Forbes, 2020).

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Faltaba. El reciente debate del representante del partido Dignidad por Antioquia, Jorge Gómez Gallego, sobre los desarrollos y estado de las vías 4G, programa de infraestructura que inició en 2014 el Gobierno Santos-Vargas Lleras. El actual, de Iván Duque, se comprometió a “8 autopistas que entrarán en etapa de operación y mantenimiento, vamos a dejar al finalizar el cuatrienio 13 autopistas con más del 50 % de avance y reactivadas los 8 restantes, para completar las 29” (PND-ANI, 2018).

El documento Conpes 3760 de 2013 le fijó los lineamientos, que abarcó al final 30 proyectos de iniciativa pública y privada y estableció que: “Los choques de inversión en infraestructura tienen un efecto multiplicador de 1,7 en el PIB, para todo el periodo”. Pasar así de crecimientos de 4,6 por ciento en 2012 al 5,1 en 2022 y 5,3 para 2024, y que los empleos serían entre 180.000 y 450.000. ¿Cuál es la realidad años después? Entre 2014-2019, antes de la pandemia y cuando hubo más inversión 4G, el crecimiento promedio del PIB fue 2,81 por ciento y a marzo de 2021 los ocupados directos e indirectos eran 140. 000 (ANI).

¿Por qué el chasco? Gómez lo dijo: “El modelo adelantado no fue de desarrollo, sino de utilidades”. Esa “locomotora”, antes de sacar al país del puesto 79 en el mundo en infraestructura de transporte en 2010, tuvo como propósito central garantizar el cierre financiero, la óptima rentabilidad con plenas salvaguardias a todos los inversionistas, proteger la cacareada confianza. En 2019 cayó al 81 (Foro Económico Mundial).

Se eliminó el riesgo “comercial, cambiario, predial o por los reparos de las comunidades”, un negocio de “burro amarrado” completado por vigencias futuras del Presupuesto y en el recaudo por peajes, asegurando, pase o no, el tráfico esperado según un balance cada ocho años. Por peso invertido del constructor, el Estado pone 3,65. Por uno en crédito, aporta 1,99 y, en general, correrá con 35 por ciento del valor de la operación y mantenimiento del programa. En pesos constantes de 2021, el costo total será 105 billones de pesos; el flujo de caja 137 y en la pandemia se reconoció 100 por ciento del hipotético tráfico que habrían tenido, una ganga. ¿Cuántas veces se pagará este filón? (A. Trigos, 2022).

Beneficiarios de la adjudicación de la piñata fueron consorcios constructores y conglomerados financieros locales y extranjeros. El Grupo Solarte, señalado por corruptelas, recibió cinco vías, costeado por Bancolombia y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC), o el Cóndor otras cinco con plante de Davivienda y Goldman Sachs, o la española Sacyr con cuatro, respaldada por JP Morgan, Sumitomo y Black Rock, o el Grupo Aval, que recibió seis, de ellas cuatro para su billetera junto con bancos franceses e IFC y dos más, una en asocio con Florentino Pérez, en inversión conjunta con Capital Credicorp o el GEA, que con Odinsa tiene dos concesiones apalancadas con Sura, Bancolombia e IFC, o tres al Consorcio Mario Huertas-Meco, firma de Costa Rica cuyo dueño, Carlos Cardas, está preso por corrupción, fondeado por Goldman Sachs, bonos y banca de Centroamérica. Apoyadas en recursos públicos, las vías 4G son fuente de lucro con tasa interna de retorno entre 8 y 9 por ciento (Saqueo, págs. 587-594).

Se adueñarán de las vías a 25 y hasta 39 años. En comparación con Ecuador, donde por cada dólar en peajes en la carretera Guayaquil-Quito se recorren 174 kilómetros, aquí, en Neiva-Girardot apenas 16,5 o 22,1 en Pacífico I (Saqueo, pág. 600).

Las 4G no están libres de corrupción. Fuera del antecedente 3G de Ruta del Sol II con Odebrecht, el Grupo Solarte en la vía Pamplona-Bucaramanga presenta avance solo de 12 por ciento y en la Popayán-Santander de Quilichao de 0 por ciento y “ningún proceso sancionatorio o de caducidad” (G. Vargas, El Tiempo). O la ruidosa denuncia de Gómez Gallego de la Caribe 2, sobre el mismo trazado de la anulada Caribe 1, donde participó con KMA, concesionario con dudosos socios, “en alguna etapa de la presentación y evaluación de la iniciativa privada”, el exviceministro García Morales, condenado por sobornos de Odebrecht. O la expedita venta de la Ruta Costera Cartagena-Barranquilla, por Huertas, Colpatria y Meco a ISA, antes que Ecopetrol adquiriera la transportadora de energía.

El perfeccionista Duque no cumplirá con el enunciado del Plan Nacional de Desarrollo ni menos con la promesa de entregar 20 vías al final del mandato (Forbes, 2020). A estas alturas, son cinco las finalizadas; otras cinco en más del 90 por ciento; 11 entre el 50 y el 90, y nueve en menos de la mitad de adelanto. Dolido, Vargas Lleras inquirió: “¿Y en qué terminará el compromiso sobre la entrega de 20 concesiones 4G el 7 de agosto? Me temo que en nada” (El Tiempo). De remate, la sentencia de Gómez Gallego: “Concesiones 4G: saqueo y corrupción”. Verdades.

Roy, el efectivo

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Por tanta “efectividad”, en nombre de la “izquierda” como mano derecha de Petro, el Legislativo el 20 de julio de 2022 quedaría en sus manos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

No hay político en ejercicio sobre el que se hayan escrito más columnas y notas periodísticas, relacionadas con redes de corrupción y desaguisados, que Roy Leonardo Barreras Montealegre. Es una historia semioculta tras el transfuguismo, desde el Nuevo Liberalismo en su natal Cali a Cambio Radical, al uribismo, al santismo de la U y al petrismo en menos de 20 años.

No son agresiones de una orilla del espectro, sino denuncias de autores y portales desde todas. Las inició SEMANA (Coronell, 2009) con el título “El Iscariote” y a vuelo de pájaro se encuentran en La Silla Vacía, Cuestión Pública, Las 2 Orillas, La Otra Cara, Vorágine, Blu Radio, Politika, Los Irreverentes y El Expediente, y reseñas en medios como El Tiempo, El País y otros.

Versan sobre cómo Barreras tras bambalinas y valido de “fichas”, “socios” o “calanchines”, según se les llama, devora las mermeladas que le sirven. Son personas como Giovanni Chamorro, secuaz por muchos años, en la Esap (La Silla Vacía), o Mario Andrés Urán, a quien puso en Caprecom para la compra centralizada de medicamentos no POS viniendo de la gerencia de la multinacional Roche (Vorágine), o Julián Andrés Restrepo, su exsecretario, quien con una empresa, Cleaner, acumula 63 contratos de aseo, 60 a dedo, en entidades públicas entre 2013-2019 (Cuestión Pública), entre ellas 130 cárceles donde Caprecom servía (El Tiempo), o el íntimo, negociante y depositario de hospitales de Caprecom y Girardot, Miguel Ángel Duarte, quien se lanzó por las de SaludCoop en liquidación en la aciaga gestión de Guillermo Grosso (La Otra Cara-Las 2 Orillas).

Las acusaciones atañen a Caprecom, SaludCoop y la Esap con el modus operandi de convenios interadministrativos o contrataciones con fundaciones sin ánimo de lucro. En la Esap, a 15 de estas entidades de Cali se les contrataron para disímiles objetos por 13.000 millones de pesos. A Edured, institución de centros de educación superior pública del Valle, en 2018 y 2019 (Duque le dejó el control un rato), le asignaron 23.000 millones de pesos “para organizar eventos”.

Estos casos en la Esap, denunciados en detalle por veedores, se están investigando en la Corte Suprema de Justicia en el despacho del magistrado Farfán Molina y cobijan a Roy por “posible participación en actos de corrupción”.

A Barreras le rinde el ajetreo. En un apartamento donde domicilian dos empresas de papel, Barreras y Cía. S. A. S. y la Clínica Médica Biológica Barreras Ltda., vigentes en la Cámara de Comercio de Cali, en la calle 38 N # 4 N-140, barrio La Flora (ver documentos), una banda le hurtó 1.200 millones de pesos en efectivo, como declaró alias Pinocho ante los jueces (SEMANA 6/4/2016). Pese a que Barreras lo negó, andar con efectivo le es habitual, como se evidenció con el maletín olvidado en el Hotel Ópera con “fajos de billetes de $10.000 y un sobre sellado” (El Tiempo 28/8/2021).

Quizás Roy pagó la deuda por 450 millones de pesos que consignó en la declaración de bienes y rentas de 2017 con Jorge Eduardo Amézquita (ver documentos), constructor de cinco grandes proyectos viales en Cali por 96.000 millones de pesos. Aunque con “incumplimientos y cesiones de contratos”, recibió adiciones por otros 57.000 en la administración Ospina, bien cercana a Barreras (Caliescribe.com). Amézquita es nombrado en las denuncias del “carrusel” de la Esap, entidad al mandato de Barreras desde 2014 con Alejandro Larramendi, Claudia Marcela Franco y en 2018 con Chamorro cuando hubo déficit, contratación desbordada y los gastos anuales crecieron 20 por ciento (CGR-auditoría).

También finca raíz. Según Supernotariado, Barreras tiene bajo su titularidad casas, lotes y apartamentos en Cali y Bogotá, uno en conjunto con su actual esposa, Gloria Arizabaleta, exasesora de la subdirección de Caprecom y representante electa por el Pacto Histórico. Avaluadores consultados los estiman en cerca de 7.000 millones de pesos en el mercado inmobiliario, escrituras casi todas posteriores a 2010 (Ver documentos).

Éxito empresarial. Se sabe socio de cuatro firmas vigentes: La Clínica con cero empleados, dos de tipo familiar y la más reciente, Plataforma Nelmona SAS, donde tiene 57,8 por ciento de 1.750 millones de pesos en activos (ver documentos) y sin conocerse eventuales inversiones en el exterior. La declaración de renta de 2018 confirmó que ya era adinerado: patrimonio bruto de 5.020 millones de pesos y deudas menores a 9 por ciento, e ingresos brutos, ordinarios y ocasionales por 2.625 millones. ¿Es fruto de los años en la política? (Ver documentos).

El efectivo Roy se lució como rescatista de cuatro curules en el Senado para el Pacto Histórico y oficia como puente político con César Gaviria y otras fuerzas. Por tanta “efectividad”, en nombre de la “izquierda” como mano derecha de Petro, el Legislativo el 20 de julio de 2022 quedaría en sus manos.

Anticapitalismos

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

No es hora de ningún anticapitalismo, menos del que echa la rueda para atrás o de la acracia, así la indignación empuje hacia allá.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Difícil hallar descripción más precisa sobre el significado histórico del modo de producción capitalista que la de haber “creado fuerzas productivas más abundantes y grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas”. (C. Marx, 1848).

Originó naciones poderosas y débiles. Cuatro economías son más de la mitad de la producción mundial, incluida China, “socialista de mercado”. La de Estados Unidos es mayor que la de 170 países (visualcapitalist.com, 2021) y acapara 37 por ciento del capital financiero global (McKinsey). Colombia es marginal.

Fue creación destructiva, trajo perdedores. La industria arrinconó a la manufactura; las relaciones entre el capital y el trabajo suplantaron las anteriores, idílicas, comunales, feudales o de quienes en sus terruños eran tenidos como “superiores naturales”. Atrás quedó “el fervor religioso”, desplazado por el reino del dinero; las actividades rurales se supeditaron a las urbanas; pequeños negociantes, campesinos y artesanos fueron despojados de propiedades y talleres, y vueltos proletarios sujetos al salario a cambio de la fuerza de trabajo, en el que los más humillantes y mal pagados oficios le toca a la mujer (F. Mosquera, 1982).

El despojo causó reacciones para regresar al orden anterior. Surgió el anarquismo inspirado en un mundo sin Estado y con acciones directas para expresar ira, dolor y el furtivo propósito. Bakunin fue el ideólogo que le adicionó “el colectivismo” como sociedad fraternal ideal. Destacó en Inglaterra el movimiento ludista, dedicado a destruir la maquinaria textil que arrumbaba el telar tradicional y en el campo la emprendió contra las trilladoras incorporadas a la labranza. El primitivismo de la protesta obrera.

Aparecieron utopías de mundos paralelos como las colonias de Owen; los falansterios de Fourier y o la Icaria de Cabet, “castillos en el aire”, o el “socialismo utópico” de Saint Simon y Proudhon. Iluminados, para usar el término en boga, en un “vivir sabroso”.

No fue el único anticapitalismo. Surgió el que basado en el análisis histórico plantea otro modo de producción, el socialismo, un cambio que eliminará las crisis generales recurrentes causadas por las contradicciones inherentes al régimen del capital. Esas crisis, que alcanzan dimensiones sistémicas y planetarias, han provocado descomunales conflictos bélicos mundiales que dieron pie a la aparición de Estados socialistas precursores.

La globalización, surgida de la solución de la Guerra Fría a favor de Estados Unidos, fue, como dijo Alan Greenspan, otra “destrucción creativa”. Alargó los tentáculos del capital financiero a niveles impensados hasta que el Infarto de Wall Street en 2008 la puso en entredicho y dejó en el balance de las sociedades –de casi todas las latitudes– que el daño fue más que el arreglo.

De ahí brotan la furia desatada por doquier y más conflictos y guerras que podrían escalar en un “prolongado periodo de entropía social”. Son predicciones sombrías ante una era llena de “incertidumbres” (Streeck, 2016) y un capitalismo que resultó, lejos de la libre competencia, en “grotesca y deformada versión” (Tepper, Hearn, 2019).

¿Qué viene para Colombia? En la globalización, el país quedó insertado en el “mundo pasivo”, que debe ajustarse a los choques externos. “Apertura hacia adentro” y saqueo son formas de expresar que fuimos más afluentes que receptores de beneficios, que estamos en el lado de los perdedores y que en la destorcida tal condición se agravará. Para resolverla hay que partir del diagnóstico estructural de un país con un ingreso por habitante de poder adquisitivo de 16.802 dólares (FMI, 2021), en el puesto 82, y en el 83 en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2020). De mitad de tabla.

Contrario a lo que unos creen, dichos males no se dan en Colombia por exceso de capitalismo nacional, sino por carencia de él. El mercado interno industrial, la provisión de géneros agrícolas básicos, la prestación de servicios públicos esenciales, la política monetaria y cambiaria y el régimen tributario, así como la estrategia comercial, están estructurados en pro de las mercancías foráneas, el capital extranjero financiero, las multinacionales y el ahorro externo. Una economía neocolonial, con rasgos semifeudales, atrasada, cuyos agro e industria crecieron cerca del mediocre 2,5 por ciento anual entre 2006 y 2019.

Un proyecto de rescate debe desatar las energías productivas nacionales, favorecer el ahorro interno, impulsar el proyecto capitalista de producción agropecuaria y fabril propio y, con el insustituible apoyo del Estado, una estrategia y una política económica consecuentes hacia el pleno empleo. No es hora de ningún anticapitalismo, menos del que echa la rueda para atrás o de la acracia, así la indignación empuje hacia allá.

Pensiones miserables

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Como todo régimen pensional exige subsidio estatal, los ingleses reciben el 7,7 por ciento del PIB, los germanos, el 10,3 (Ocde, 2022) y aquí apenas el 1,25 para los pensionados de Colpensiones.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Cuando se expidieron en Alemania las primeras leyes de seguridad social y luego en Inglaterra al instaurarse los Seguros Sociales, el principio rector fue el de solidaridad colectiva, de ingresos altos a bajos y de jóvenes a mayores. Del apoyo mutuo y del Estado no se puede prescindir para un sistema equitativo y eficaz, pero en Colombia se desechó con la Ley 100 de 1993.

El thatcherismo revirtió grados de bienestar; no obstante, el gasto público social en el Reino Unido y Alemania, como porcentaje del PIB, es del 26,9 y 20,6, mientras en Colombia 13,1 (Ocde, 2019). Como todo régimen pensional exige subsidio estatal, los ingleses reciben el 7,7 por ciento del PIB, los germanos, el 10,3 (Ocde, 2022) y aquí apenas el 1,25 para los pensionados de Colpensiones. Con otro 2,75, se cumple con 200.000 docentes jubilados, 55.000 militares y miles de exfuncionarios.

¿Por qué tan poco gasto público pensional? Con dos regímenes, de Ahorro Individual (Rais) y Administradoras Privadas (AFP) y de Prima Media (RPM) manejado por Colpensiones, se orientó al grueso de los afiliados y cotizantes al primero, donde cada individuo hace su capital. Tiene 17,93 millones inscritos, solo 6,94 pagan aportes, y acumula 358 billones de pesos en 27 años.

Ese dinero se invierte en el mercado financiero con rentabilidades mínimas decrecientes (Saqueo, pág. 218), principalmente por el duopolio de Porvenir y Protección, que devenga una comisión del 7,7 por ciento de cada contribución más el importe del seguro individual que contratan en sus respectivas aseguradoras. Un completo filón. El Rais tiene 247.236 pensionados, que perciben cerca de 4 billones de pesos al año (Asofondos-Superfinanciera, 2022).

Colpensiones cuenta con 6,78 millones de afiliados, apenas 2,7 cotizantes, y cubre 1,5 millones de jubilados con 95 por ciento de sus mesadas inferiores a cinco salarios mínimos. Valen 33,5 billones de pesos anuales pagadas por: 1) contribuciones de los usuarios, 2) bonos pensionales de personas trasladadas del Rais, más de 80.000 al año, y 3) transferencias presupuestales por 11,7 billones de pesos (Colpensiones, Informes de Gestión, 2019 a 2021).

La Ley 100 fracasó, cumplió “parcialmente” (OIT, Casalí-Farné, 2020). Apenas se jubila una de cada cuatro personas en edad de pensión y peor en las mujeres. La Misión de Empleo (2022) dijo: “El Rais no pensiona a la mayoría de sus afiliados, dejándolos desprotegidos para enfrentar la vejez” y que de 2017 a 2019, por cada pensionado, 1,65 personas solicitaron la devolución del ahorro. Para jubilarse con el mínimo deberían trabajar 52 años (idem, págs. 21-22) y el matemático Diego Escobar calcula que en 25 años acopian 39 millones de pesos.

En Colpensiones la cobertura es superior, pues con los requisitos cumplidos se logra el derecho fundamental, pero se alega la desigual distribución de los subsidios, en tanto el monto dado a las pensiones de diez salarios mínimos es nueve veces el de las de uno (idem, pág. 17). En el RPM la pensión es 70 por ciento del último salario y en el Rais del 37,5 (BID, 2014).

“Aumentar la cobertura implica atacar la informalidad” (Econometría-Olivera) en cuya base están la mitad de los ocupados, que ganan menos del salario mínimo (Dane, 2020). Este es el primer problema y refleja el fiasco de la política económica. Muchas propuestas pasan por encima de ese desbarajuste y se alinean o en “formalizar” lo informal –dar una “prestación”– o en cambiar parámetros de edad o tiempo en busca de menos gasto público, como dictaminan los organismos internacionales.

De ahí que ciertas “iniciativas han indicado que el problema principal es fiscal” (idem-Olivera), incluida la de Gustavo Petro, quien para financiar la “prestación” a los desamparados recurriría a porciones del ahorro en el Rais al volverlo “público”, del que extraería, según cálculo de Diego Escobar, 13,49 billones de pesos anuales. Lo enlaza con poner en Colpensiones las cotizaciones de ingresos hasta cuatro salarios mínimos, circunscribe la solidaridad a tal conjunto laboral y de tal modo reducir los subsidios estatales. Las AFP conservarán los usuarios de ingresos más altos. Una carambola que coincide con el plan de tres pilares del Banco Mundial, discriminatorio.

Abogo por restablecer la solidaridad colectiva como fundamento. Con más aportes a los fondos sociales y de garantía mínima; con una reforma tributaria que grave a personas naturales y jurídicas “superricas” (Garay) para planes de empleo y pensión como un derecho derivado, y un menor subsidio a las mesadas de deciles altos para redistribuirlo entre los bajos. Son medidas factibles para virar hacia la colaboración recíproca sin la cual seguirán pensiones miserables bajo la posición dominante de dos AFP –integradas a sus bancos–, que es cuestionada hasta por la Ocde.

La maldición expresidencial

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Es intolerable que quienes han tenido las riendas del país y se resisten a soltarlas practiquen de forma engañosa “Mi patria, mi bolsillo”.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La frase “los expresidentes son muebles viejos” se atribuye a Harry Truman, del Partido Demócrata, quien fue presidente de Estados Unidos entre 1945 y 1953. Sus dos mayores gestas, lanzar la bomba atómica contra Japón, por la que murieron más de 220.000 personas, y declarar la guerra de Corea.

Esa idea no ha pegado en Colombia. Algunos de los candidatos escogidos el pasado 13 de marzo en varias consultas han hecho romerías a los expresidentes, apropiados de los partidos políticos, con el propósito de alinearlos.

Es otra figura extravagante de la muy deteriorada democracia nacional: Gaviria, jefe del Partido Liberal; Álvaro Uribe, señor feudal del Centro Democrático; Andrés Pastrana, mediante esbirros, voz mandante del Partido Conservador; Juan Manuel Santos, fundador del Partido de la U, mete baza como tahúr por doquier; Ernesto Samper merodea por predios de “izquierda” e intenta incidir mediante el supranacional grupo de Puebla. Hasta Iván Duque, a quien le restan cinco meses para tener la condición de ex, fletó al Equipo por Colombia.

Lo anterior resulta más insólito cuando entre estos expresidentes hay muchas más grandes coincidencias que pequeñas divergencias. Aparte del acuerdo de paz con las Farc, de la que el uribismo ha hecho caballito de batalla e insiste en perpetuar como distintivo, concuerdan en temas estructurales como la política neoliberal de libre comercio y de maximización de la tasa de ganancia del capital extranjero, aplicada por 30 años; en el ejercicio del clientelismo y de ciertas dosis de corrupción consentidas a sus respectivas huestes, de lo que hay recientes ejemplos, y, ante todo, en la docilidad frente a los ucases de Estados Unidos sobre esta neocolonia.

Es más, parte de las disputas entre expresidentes vasallos es por aparecer cada uno como más fiel intérprete de los libretos del Tío Sam en cada coyuntura: bien paz o bien guerra; bien garrote o bien zanahoria; bien halcones o bien palomas; bien Plan Colombia o bien Plan Bicentenario; bien FMI o bien Ocde; bien Tiar o bien Otan. Unos se uncen al carro republicano y otros al demócrata en la línea norteamericana para el Sur que, según conveniencia de tiempo y modo, “o fortalecen derechas o cooptan izquierdas”.

Además, sus decisiones sobre la inversión de sus patrimonios, puestas en evidencia por sendos capítulos de Panama Papers, Pandora Papers o Paradise Papers, marcan una pauta común: garantizar hacia el futuro su riqueza particular, poniéndola en el exterior y en disfrute de jugosos ventajismos tributarios.

Es intolerable que quienes han tenido las riendas del país y se resisten a soltarlas practiquen de forma engañosa “Mi patria, mi bolsillo”, o ¿acaso la quieren para llenarlo más? Andrés Pastrana lo tiene en Panamá en Vanguard Investments Inc.; César Gaviria, en sociedad con hermano y allegados, también guarda en el Istmo su bóveda MC2 Internacional S. A., empresa beneficiaria de contratos oficiales en hidrocarburos (SEMANA, A. Suárez, 16/10/2021). Juan Manuel Santos, consejero de la Fundación Rockefeller, fue director en Nova Holding Company, de Barbados, en el año 2000 y suena ligado a Global Tuition & Education Insurance Corp., liderada por Gabriel Silva, el eslabón que une al kínder de Gaviria con varios gobiernos, incluidos los de Santos y Uribe, en las relaciones con Estados Unidos, asuntos cafeteros y defensa y seguridad. Álvaro Uribe ha mezclado sus activos rurales con bien remuneradas consejerías directivas en consorcios como News Corp y J. P. Morgan (Europa Press, 10/02/2014).

Como colorante adicional, las banderías que los expresidentes forman unos contra otros, se refuerzan sembrando entre la sociedad y la opinión el odio recíproco, que no es ninguna “estrategia de desarrollo”, aunque así se intente mostrar, y a veces con toda suerte de improperios que han llegado hasta la Comisión de la Verdad. Son fuentes primeras de la polarización, que encuentra eco en redes sociales, lo que se define como “enfrentamiento manipulado” en el “mercado de la ira” (Revéiz, 2021).

Excepto Fajardo, a quien por su condición independiente se le da por aislado y derrotado de antemano, candidatos como Petro o Federico Gutiérrez ya iniciaron las peregrinaciones a los oráculos de la burguesía intermediaria criolla. Esto, que politólogas uniandinas, como Carolina Fierro (RCN) o Laura Wills (Congreso Visible), calificarían como “síndrome expresidencial”, se trata de mucho más: de la maldición expresidencial, de caciques eternizados en la captura del Estado. ¡Chao, expresidentes!