Roy, el efectivo

Por tanta “efectividad”, en nombre de la “izquierda” como mano derecha de Petro, el Legislativo el 20 de julio de 2022 quedaría en sus manos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

No hay político en ejercicio sobre el que se hayan escrito más columnas y notas periodísticas, relacionadas con redes de corrupción y desaguisados, que Roy Leonardo Barreras Montealegre. Es una historia semioculta tras el transfuguismo, desde el Nuevo Liberalismo en su natal Cali a Cambio Radical, al uribismo, al santismo de la U y al petrismo en menos de 20 años.

No son agresiones de una orilla del espectro, sino denuncias de autores y portales desde todas. Las inició SEMANA (Coronell, 2009) con el título “El Iscariote” y a vuelo de pájaro se encuentran en La Silla Vacía, Cuestión Pública, Las 2 Orillas, La Otra Cara, Vorágine, Blu Radio, Politika, Los Irreverentes y El Expediente, y reseñas en medios como El Tiempo, El País y otros.

Versan sobre cómo Barreras tras bambalinas y valido de “fichas”, “socios” o “calanchines”, según se les llama, devora las mermeladas que le sirven. Son personas como Giovanni Chamorro, secuaz por muchos años, en la Esap (La Silla Vacía), o Mario Andrés Urán, a quien puso en Caprecom para la compra centralizada de medicamentos no POS viniendo de la gerencia de la multinacional Roche (Vorágine), o Julián Andrés Restrepo, su exsecretario, quien con una empresa, Cleaner, acumula 63 contratos de aseo, 60 a dedo, en entidades públicas entre 2013-2019 (Cuestión Pública), entre ellas 130 cárceles donde Caprecom servía (El Tiempo), o el íntimo, negociante y depositario de hospitales de Caprecom y Girardot, Miguel Ángel Duarte, quien se lanzó por las de SaludCoop en liquidación en la aciaga gestión de Guillermo Grosso (La Otra Cara-Las 2 Orillas).

Las acusaciones atañen a Caprecom, SaludCoop y la Esap con el modus operandi de convenios interadministrativos o contrataciones con fundaciones sin ánimo de lucro. En la Esap, a 15 de estas entidades de Cali se les contrataron para disímiles objetos por 13.000 millones de pesos. A Edured, institución de centros de educación superior pública del Valle, en 2018 y 2019 (Duque le dejó el control un rato), le asignaron 23.000 millones de pesos “para organizar eventos”.

Estos casos en la Esap, denunciados en detalle por veedores, se están investigando en la Corte Suprema de Justicia en el despacho del magistrado Farfán Molina y cobijan a Roy por “posible participación en actos de corrupción”.

A Barreras le rinde el ajetreo. En un apartamento donde domicilian dos empresas de papel, Barreras y Cía. S. A. S. y la Clínica Médica Biológica Barreras Ltda., vigentes en la Cámara de Comercio de Cali, en la calle 38 N # 4 N-140, barrio La Flora (ver documentos), una banda le hurtó 1.200 millones de pesos en efectivo, como declaró alias Pinocho ante los jueces (SEMANA 6/4/2016). Pese a que Barreras lo negó, andar con efectivo le es habitual, como se evidenció con el maletín olvidado en el Hotel Ópera con “fajos de billetes de $10.000 y un sobre sellado” (El Tiempo 28/8/2021).

Quizás Roy pagó la deuda por 450 millones de pesos que consignó en la declaración de bienes y rentas de 2017 con Jorge Eduardo Amézquita (ver documentos), constructor de cinco grandes proyectos viales en Cali por 96.000 millones de pesos. Aunque con “incumplimientos y cesiones de contratos”, recibió adiciones por otros 57.000 en la administración Ospina, bien cercana a Barreras (Caliescribe.com). Amézquita es nombrado en las denuncias del “carrusel” de la Esap, entidad al mandato de Barreras desde 2014 con Alejandro Larramendi, Claudia Marcela Franco y en 2018 con Chamorro cuando hubo déficit, contratación desbordada y los gastos anuales crecieron 20 por ciento (CGR-auditoría).

También finca raíz. Según Supernotariado, Barreras tiene bajo su titularidad casas, lotes y apartamentos en Cali y Bogotá, uno en conjunto con su actual esposa, Gloria Arizabaleta, exasesora de la subdirección de Caprecom y representante electa por el Pacto Histórico. Avaluadores consultados los estiman en cerca de 7.000 millones de pesos en el mercado inmobiliario, escrituras casi todas posteriores a 2010 (Ver documentos).

Éxito empresarial. Se sabe socio de cuatro firmas vigentes: La Clínica con cero empleados, dos de tipo familiar y la más reciente, Plataforma Nelmona SAS, donde tiene 57,8 por ciento de 1.750 millones de pesos en activos (ver documentos) y sin conocerse eventuales inversiones en el exterior. La declaración de renta de 2018 confirmó que ya era adinerado: patrimonio bruto de 5.020 millones de pesos y deudas menores a 9 por ciento, e ingresos brutos, ordinarios y ocasionales por 2.625 millones. ¿Es fruto de los años en la política? (Ver documentos).

El efectivo Roy se lució como rescatista de cuatro curules en el Senado para el Pacto Histórico y oficia como puente político con César Gaviria y otras fuerzas. Por tanta “efectividad”, en nombre de la “izquierda” como mano derecha de Petro, el Legislativo el 20 de julio de 2022 quedaría en sus manos.

Anticapitalismos

No es hora de ningún anticapitalismo, menos del que echa la rueda para atrás o de la acracia, así la indignación empuje hacia allá.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Difícil hallar descripción más precisa sobre el significado histórico del modo de producción capitalista que la de haber “creado fuerzas productivas más abundantes y grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas”. (C. Marx, 1848).

Originó naciones poderosas y débiles. Cuatro economías son más de la mitad de la producción mundial, incluida China, “socialista de mercado”. La de Estados Unidos es mayor que la de 170 países (visualcapitalist.com, 2021) y acapara 37 por ciento del capital financiero global (McKinsey). Colombia es marginal.

Fue creación destructiva, trajo perdedores. La industria arrinconó a la manufactura; las relaciones entre el capital y el trabajo suplantaron las anteriores, idílicas, comunales, feudales o de quienes en sus terruños eran tenidos como “superiores naturales”. Atrás quedó “el fervor religioso”, desplazado por el reino del dinero; las actividades rurales se supeditaron a las urbanas; pequeños negociantes, campesinos y artesanos fueron despojados de propiedades y talleres, y vueltos proletarios sujetos al salario a cambio de la fuerza de trabajo, en el que los más humillantes y mal pagados oficios le toca a la mujer (F. Mosquera, 1982).

El despojo causó reacciones para regresar al orden anterior. Surgió el anarquismo inspirado en un mundo sin Estado y con acciones directas para expresar ira, dolor y el furtivo propósito. Bakunin fue el ideólogo que le adicionó “el colectivismo” como sociedad fraternal ideal. Destacó en Inglaterra el movimiento ludista, dedicado a destruir la maquinaria textil que arrumbaba el telar tradicional y en el campo la emprendió contra las trilladoras incorporadas a la labranza. El primitivismo de la protesta obrera.

Aparecieron utopías de mundos paralelos como las colonias de Owen; los falansterios de Fourier y o la Icaria de Cabet, “castillos en el aire”, o el “socialismo utópico” de Saint Simon y Proudhon. Iluminados, para usar el término en boga, en un “vivir sabroso”.

No fue el único anticapitalismo. Surgió el que basado en el análisis histórico plantea otro modo de producción, el socialismo, un cambio que eliminará las crisis generales recurrentes causadas por las contradicciones inherentes al régimen del capital. Esas crisis, que alcanzan dimensiones sistémicas y planetarias, han provocado descomunales conflictos bélicos mundiales que dieron pie a la aparición de Estados socialistas precursores.

La globalización, surgida de la solución de la Guerra Fría a favor de Estados Unidos, fue, como dijo Alan Greenspan, otra “destrucción creativa”. Alargó los tentáculos del capital financiero a niveles impensados hasta que el Infarto de Wall Street en 2008 la puso en entredicho y dejó en el balance de las sociedades –de casi todas las latitudes– que el daño fue más que el arreglo.

De ahí brotan la furia desatada por doquier y más conflictos y guerras que podrían escalar en un “prolongado periodo de entropía social”. Son predicciones sombrías ante una era llena de “incertidumbres” (Streeck, 2016) y un capitalismo que resultó, lejos de la libre competencia, en “grotesca y deformada versión” (Tepper, Hearn, 2019).

¿Qué viene para Colombia? En la globalización, el país quedó insertado en el “mundo pasivo”, que debe ajustarse a los choques externos. “Apertura hacia adentro” y saqueo son formas de expresar que fuimos más afluentes que receptores de beneficios, que estamos en el lado de los perdedores y que en la destorcida tal condición se agravará. Para resolverla hay que partir del diagnóstico estructural de un país con un ingreso por habitante de poder adquisitivo de 16.802 dólares (FMI, 2021), en el puesto 82, y en el 83 en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2020). De mitad de tabla.

Contrario a lo que unos creen, dichos males no se dan en Colombia por exceso de capitalismo nacional, sino por carencia de él. El mercado interno industrial, la provisión de géneros agrícolas básicos, la prestación de servicios públicos esenciales, la política monetaria y cambiaria y el régimen tributario, así como la estrategia comercial, están estructurados en pro de las mercancías foráneas, el capital extranjero financiero, las multinacionales y el ahorro externo. Una economía neocolonial, con rasgos semifeudales, atrasada, cuyos agro e industria crecieron cerca del mediocre 2,5 por ciento anual entre 2006 y 2019.

Un proyecto de rescate debe desatar las energías productivas nacionales, favorecer el ahorro interno, impulsar el proyecto capitalista de producción agropecuaria y fabril propio y, con el insustituible apoyo del Estado, una estrategia y una política económica consecuentes hacia el pleno empleo. No es hora de ningún anticapitalismo, menos del que echa la rueda para atrás o de la acracia, así la indignación empuje hacia allá.

Pensiones miserables

Como todo régimen pensional exige subsidio estatal, los ingleses reciben el 7,7 por ciento del PIB, los germanos, el 10,3 (Ocde, 2022) y aquí apenas el 1,25 para los pensionados de Colpensiones.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Cuando se expidieron en Alemania las primeras leyes de seguridad social y luego en Inglaterra al instaurarse los Seguros Sociales, el principio rector fue el de solidaridad colectiva, de ingresos altos a bajos y de jóvenes a mayores. Del apoyo mutuo y del Estado no se puede prescindir para un sistema equitativo y eficaz, pero en Colombia se desechó con la Ley 100 de 1993.

El thatcherismo revirtió grados de bienestar; no obstante, el gasto público social en el Reino Unido y Alemania, como porcentaje del PIB, es del 26,9 y 20,6, mientras en Colombia 13,1 (Ocde, 2019). Como todo régimen pensional exige subsidio estatal, los ingleses reciben el 7,7 por ciento del PIB, los germanos, el 10,3 (Ocde, 2022) y aquí apenas el 1,25 para los pensionados de Colpensiones. Con otro 2,75, se cumple con 200.000 docentes jubilados, 55.000 militares y miles de exfuncionarios.

¿Por qué tan poco gasto público pensional? Con dos regímenes, de Ahorro Individual (Rais) y Administradoras Privadas (AFP) y de Prima Media (RPM) manejado por Colpensiones, se orientó al grueso de los afiliados y cotizantes al primero, donde cada individuo hace su capital. Tiene 17,93 millones inscritos, solo 6,94 pagan aportes, y acumula 358 billones de pesos en 27 años.

Ese dinero se invierte en el mercado financiero con rentabilidades mínimas decrecientes (Saqueo, pág. 218), principalmente por el duopolio de Porvenir y Protección, que devenga una comisión del 7,7 por ciento de cada contribución más el importe del seguro individual que contratan en sus respectivas aseguradoras. Un completo filón. El Rais tiene 247.236 pensionados, que perciben cerca de 4 billones de pesos al año (Asofondos-Superfinanciera, 2022).

Colpensiones cuenta con 6,78 millones de afiliados, apenas 2,7 cotizantes, y cubre 1,5 millones de jubilados con 95 por ciento de sus mesadas inferiores a cinco salarios mínimos. Valen 33,5 billones de pesos anuales pagadas por: 1) contribuciones de los usuarios, 2) bonos pensionales de personas trasladadas del Rais, más de 80.000 al año, y 3) transferencias presupuestales por 11,7 billones de pesos (Colpensiones, Informes de Gestión, 2019 a 2021).

La Ley 100 fracasó, cumplió “parcialmente” (OIT, Casalí-Farné, 2020). Apenas se jubila una de cada cuatro personas en edad de pensión y peor en las mujeres. La Misión de Empleo (2022) dijo: “El Rais no pensiona a la mayoría de sus afiliados, dejándolos desprotegidos para enfrentar la vejez” y que de 2017 a 2019, por cada pensionado, 1,65 personas solicitaron la devolución del ahorro. Para jubilarse con el mínimo deberían trabajar 52 años (idem, págs. 21-22) y el matemático Diego Escobar calcula que en 25 años acopian 39 millones de pesos.

En Colpensiones la cobertura es superior, pues con los requisitos cumplidos se logra el derecho fundamental, pero se alega la desigual distribución de los subsidios, en tanto el monto dado a las pensiones de diez salarios mínimos es nueve veces el de las de uno (idem, pág. 17). En el RPM la pensión es 70 por ciento del último salario y en el Rais del 37,5 (BID, 2014).

“Aumentar la cobertura implica atacar la informalidad” (Econometría-Olivera) en cuya base están la mitad de los ocupados, que ganan menos del salario mínimo (Dane, 2020). Este es el primer problema y refleja el fiasco de la política económica. Muchas propuestas pasan por encima de ese desbarajuste y se alinean o en “formalizar” lo informal –dar una “prestación”– o en cambiar parámetros de edad o tiempo en busca de menos gasto público, como dictaminan los organismos internacionales.

De ahí que ciertas “iniciativas han indicado que el problema principal es fiscal” (idem-Olivera), incluida la de Gustavo Petro, quien para financiar la “prestación” a los desamparados recurriría a porciones del ahorro en el Rais al volverlo “público”, del que extraería, según cálculo de Diego Escobar, 13,49 billones de pesos anuales. Lo enlaza con poner en Colpensiones las cotizaciones de ingresos hasta cuatro salarios mínimos, circunscribe la solidaridad a tal conjunto laboral y de tal modo reducir los subsidios estatales. Las AFP conservarán los usuarios de ingresos más altos. Una carambola que coincide con el plan de tres pilares del Banco Mundial, discriminatorio.

Abogo por restablecer la solidaridad colectiva como fundamento. Con más aportes a los fondos sociales y de garantía mínima; con una reforma tributaria que grave a personas naturales y jurídicas “superricas” (Garay) para planes de empleo y pensión como un derecho derivado, y un menor subsidio a las mesadas de deciles altos para redistribuirlo entre los bajos. Son medidas factibles para virar hacia la colaboración recíproca sin la cual seguirán pensiones miserables bajo la posición dominante de dos AFP –integradas a sus bancos–, que es cuestionada hasta por la Ocde.

La maldición expresidencial

Es intolerable que quienes han tenido las riendas del país y se resisten a soltarlas practiquen de forma engañosa “Mi patria, mi bolsillo”.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La frase “los expresidentes son muebles viejos” se atribuye a Harry Truman, del Partido Demócrata, quien fue presidente de Estados Unidos entre 1945 y 1953. Sus dos mayores gestas, lanzar la bomba atómica contra Japón, por la que murieron más de 220.000 personas, y declarar la guerra de Corea.

Esa idea no ha pegado en Colombia. Algunos de los candidatos escogidos el pasado 13 de marzo en varias consultas han hecho romerías a los expresidentes, apropiados de los partidos políticos, con el propósito de alinearlos.

Es otra figura extravagante de la muy deteriorada democracia nacional: Gaviria, jefe del Partido Liberal; Álvaro Uribe, señor feudal del Centro Democrático; Andrés Pastrana, mediante esbirros, voz mandante del Partido Conservador; Juan Manuel Santos, fundador del Partido de la U, mete baza como tahúr por doquier; Ernesto Samper merodea por predios de “izquierda” e intenta incidir mediante el supranacional grupo de Puebla. Hasta Iván Duque, a quien le restan cinco meses para tener la condición de ex, fletó al Equipo por Colombia.

Lo anterior resulta más insólito cuando entre estos expresidentes hay muchas más grandes coincidencias que pequeñas divergencias. Aparte del acuerdo de paz con las Farc, de la que el uribismo ha hecho caballito de batalla e insiste en perpetuar como distintivo, concuerdan en temas estructurales como la política neoliberal de libre comercio y de maximización de la tasa de ganancia del capital extranjero, aplicada por 30 años; en el ejercicio del clientelismo y de ciertas dosis de corrupción consentidas a sus respectivas huestes, de lo que hay recientes ejemplos, y, ante todo, en la docilidad frente a los ucases de Estados Unidos sobre esta neocolonia.

Es más, parte de las disputas entre expresidentes vasallos es por aparecer cada uno como más fiel intérprete de los libretos del Tío Sam en cada coyuntura: bien paz o bien guerra; bien garrote o bien zanahoria; bien halcones o bien palomas; bien Plan Colombia o bien Plan Bicentenario; bien FMI o bien Ocde; bien Tiar o bien Otan. Unos se uncen al carro republicano y otros al demócrata en la línea norteamericana para el Sur que, según conveniencia de tiempo y modo, “o fortalecen derechas o cooptan izquierdas”.

Además, sus decisiones sobre la inversión de sus patrimonios, puestas en evidencia por sendos capítulos de Panama Papers, Pandora Papers o Paradise Papers, marcan una pauta común: garantizar hacia el futuro su riqueza particular, poniéndola en el exterior y en disfrute de jugosos ventajismos tributarios.

Es intolerable que quienes han tenido las riendas del país y se resisten a soltarlas practiquen de forma engañosa “Mi patria, mi bolsillo”, o ¿acaso la quieren para llenarlo más? Andrés Pastrana lo tiene en Panamá en Vanguard Investments Inc.; César Gaviria, en sociedad con hermano y allegados, también guarda en el Istmo su bóveda MC2 Internacional S. A., empresa beneficiaria de contratos oficiales en hidrocarburos (SEMANA, A. Suárez, 16/10/2021). Juan Manuel Santos, consejero de la Fundación Rockefeller, fue director en Nova Holding Company, de Barbados, en el año 2000 y suena ligado a Global Tuition & Education Insurance Corp., liderada por Gabriel Silva, el eslabón que une al kínder de Gaviria con varios gobiernos, incluidos los de Santos y Uribe, en las relaciones con Estados Unidos, asuntos cafeteros y defensa y seguridad. Álvaro Uribe ha mezclado sus activos rurales con bien remuneradas consejerías directivas en consorcios como News Corp y J. P. Morgan (Europa Press, 10/02/2014).

Como colorante adicional, las banderías que los expresidentes forman unos contra otros, se refuerzan sembrando entre la sociedad y la opinión el odio recíproco, que no es ninguna “estrategia de desarrollo”, aunque así se intente mostrar, y a veces con toda suerte de improperios que han llegado hasta la Comisión de la Verdad. Son fuentes primeras de la polarización, que encuentra eco en redes sociales, lo que se define como “enfrentamiento manipulado” en el “mercado de la ira” (Revéiz, 2021).

Excepto Fajardo, a quien por su condición independiente se le da por aislado y derrotado de antemano, candidatos como Petro o Federico Gutiérrez ya iniciaron las peregrinaciones a los oráculos de la burguesía intermediaria criolla. Esto, que politólogas uniandinas, como Carolina Fierro (RCN) o Laura Wills (Congreso Visible), calificarían como “síndrome expresidencial”, se trata de mucho más: de la maldición expresidencial, de caciques eternizados en la captura del Estado. ¡Chao, expresidentes!

Duque: un falso positivo económico

La desigualdad en el ingreso, medida por el coeficiente de Gini, también trepó. Es la iniquidad que deja Duque de legado.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

De las chocantes características del gobierno de Duque es la forma como entrega sus anuncios. El caricaturesco presidente-presentador de Prevención y acción los agiganta, les da connotación histórica y los vuelve hito. Entre los recientes, quizás el más amplificado fue el crecimiento económico en 2021 de 10,6 por ciento, el que, de manera abusiva e ilegítima, se adelantó en avisar con bombos y platillos en 10,2, reunido con la Unión Europea y en acto de autoelogio, antes que el Dane entregara el dato oficial (Efe, 14/2/2022).

Para el ciudadano del común, esa cifra, que sube a dos dígitos, puede sonar alentadora. Sin embargo, un análisis minucioso de los componentes del producto interno bruto (PIB), y desagregando los factores que llevaron a ese resultado, no trae conclusiones muy meritorias.

Varios elementos ayudan en esa tarea. En primer lugar, el rebote de la economía, de una que estuvo en cuarentena y con restricciones de oferta en 2020 a otra en 2021, recuperada la plena actividad y con mayores consumos, cuya principal expresión fueron las actividades artísticas y de recreación, que pasaron de la clausura plena a crecer 33 por ciento.

En segundo término, como variable determinante desde la demanda de los hogares, se destacan las importaciones, que subieron el 27 por ciento, casi tres veces el crecimiento total, afectadas por un dólar al alza con graves impactos inflacionarios en bienes industriales y del ámbito agropecuario que ya asoma a una carestía del 8 por ciento anual.

Un tercer factor es el aumento de la tasa demográfica, por la migración de dos millones de extranjeros, que se elevó del histórico 1,1 o 1 por ciento anual a 1,4 (Ocde), así el número de habitantes se acrecentó a un ritmo superior. No es extraño que una economía con estos rasgos predominantes presente un desempleo anual del 13,7 por ciento, que no recuperó la capacidad para demandar ocupación estable y formal (Dane).

Tal crecimiento, no fundado en el mayor valor agregado nacional, sino en circunstancias, no es sostenible, como se evidencia cuando se calcula el promedio anual atribuible a la administración Duque. Al sumar el 3,3 por ciento de 2019, el -7 de 2020 y el ruidoso 10,6 de 2021, el cociente de los tres años alcanza apenas al 2,3 por ciento. Y si se descuenta la tasa demográfica, ya mencionada de 1,4 por ciento, el ingreso por habitante, que mide el real avance fruto de la política económica, apenas alcanza a 0,9 por año. Vale comentar que en 2021 tampoco se remediaron los recurrentes déficits gemelos, el fiscal y el de las cuentas externas, de -7,1 y -6 por ciento del PIB, respectivamente (Minhacienda-JP Morgan).

¿Cómo explicar el fiasco? En pesos constantes (base 2015) el ingreso por habitante al finalizar 2018 era de 17.696.532 pesos y en 2021 de 17.740.418 (Banrep), subió apenas 44.000. Es decir que lo que ahora puede adquirir con su ingreso real cada habitante es lo mismo que hace cuatro años más esa exigua suma. Se puede apreciar desde otro ángulo: dado que el valor de una bolsa de leche es de 4.300 pesos, el equivalente al mayor ingreso en todo el cuatrienio es diez bolsas de leche, solo eso. Peor en dólares: entre 2018 y 2021, el ingreso individual pasó de 6.451 a 6.467, escasos 16 dólares agregados (Banrep). Al acudir a un parangón internacional, si una hamburguesa Big Mac vale 3,74 (Statista), el incremento es de una hamburguesa por año. He ahí el ínfimo aumento del poder adquisitivo bajo el Gobierno Duque.

A tan lánguido balance debe añadirse el creciente desastre social que lo acompaña, el incremento de la pobreza, la desigualdad y la miseria. En 2018, cuando Duque asumió el poder, las personas en la pobreza monetaria eran el 27 por ciento (Dane) y en América Latina, según la Cepal, Colombia fue de los países que más vieron subirla: el 7,9 en hombres y 8,5 en mujeres. El índice de miseria, la suma de la inflación y el desempleo era de 12,88 en 2018 (Banrep) y para 2021 marcó el descomunal 19,32 (Fedesarrollo). La desigualdad en el ingreso, medida por el coeficiente de Gini, también trepó. Es la iniquidad que deja Duque de legado.

Las ínfulas del presidente-presentador se desinflan del todo con el dato de Fedesarrollo sobre la tendencia histórica del PIB: de un índice de 100 en la prepandemia, se llegó al insuficiente 102,9 en 2021, cuando debería estar en 107,3, lo cual implica que se produjeron 47 billones de pesos menos del valor esperado.

En materia económica, Duque se rajó y sale por la puerta de atrás. Cada habitante le deberá a lo sumo, o diez bolsas de leche, o cinco Big Mac. Fue un falso positivo económico y así pasará a la historia que él tanto invoca.

Esperanza y Dignidad

Pediré el 13 de marzo el tarjetón de la consulta de la Esperanza y votaré por Jorge Enrique Robledo, de Dignidad, íntegro en su vida pública, quien enseña de modo serio y coherente una nueva democracia para Colombia.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Un fantasma recorre al mundo: el de la regresión. Tras el infarto de Wall Street en 2008 y el derrumbe de la extrema globalización, en la “desglobalización” (M. Bienefeld) afloran toda suerte de expresiones retrógradas. PanKaj Mishra, ensayista indio y escritor en The New York Times y The Guardian, entre otros, habla de La edad de la ira (2017).

Una era en la que brotan la xenofobia, el fanatismo, el anarquismo, el nihilismo, las utopías dementes, el mesianismo, la islamofobia, el chauvinismo, la demagogia, los populismos, el seguidismo político, el racismo, el supremacismo, el individualismo frenético y la aporofobia (A. Cortina), todos vestigios disgregadores del pasado, que asaltan como pesadilla millones de mentes humanas.

La economía corre “un periodo de más profundas transformaciones y problemas”, con “una crisis mayor que la reciente Gran Recesión, la que en retrospectiva parece ser solamente prólogo de un periodo” (Wolfgang Streeck, 2016). Según el sociólogo Streeck, persisten cinco desórdenes: “estancamiento económico, redistribución oligárquica, corrupción financiera, anarquía global y saqueo del sector público”. El resultado es un túnel, el caos para las fuerzas de la razón, ciencia incluida, del que nadie puede huir, aunque quisiera, dadas sus raíces materiales sin depender de ningún designio subjetivo. Así ocurre cuando las sociedades, a diferencia de los organismos, se descomponen antes de perecer. ¿Cuánto durará?

Colombia no es excepción, y acorde con un contertulio, “pasamos de la patria boba a la patria loca”. Humberto de la Calle, cabeza de lista al Senado de Verde-Coalición de la Esperanza, lo ratifica al decir: “impedir que el país se descarrile” cualquiera sea el extremo, porque “ambos infunden desconfianza” (El Espectador, 13/2/2022).

El despelote vendría de ocurrencias como restringir por decreto automático las reservas petroleras o similares, como las que en tiempos pretéritos se nombraron “socialismo utópico”, el de Proudhon, un “charlatán en la ciencia y contemporizador en la política”, combinadas con las no menos dañinas “recomendaciones” de la Ocde, además de la asociación a la Otan, máquina de guerra.

O se sigue descarrilando por otro lado. El Gobierno de Duque, encarnado en el Equipo Colombia, desvertebró más las descompuestas estructuras políticas, sociales y económicas nacionales. Hay 372 municipios con riesgo electoral por violencia (MOE), pérdida de la tendencia al crecimiento económico y desigualdad, pobreza y hambruna alarmantes que incubaron el paro nacional de 2021. En los foros políticos, sus precandidatos predican el autoritarismo en pro de la manida Confianza Inversionista, peor de lo mismo.

Concuerdo con De la Calle en que la agrupación electoral de oposición a Duque, conformada en la Coalición Esperanza, es la opción acertada, aquí y ahora. Con un programa general, trazado para salir del noveno círculo del infierno al que se lanzó al país, aclimata normas democráticas y éticas. Pediré el 13 de marzo el tarjetón de la consulta de la Esperanza y votaré por Jorge Enrique Robledo, de Dignidad, íntegro en su vida pública, quien enseña de modo serio y coherente una nueva democracia para Colombia y a partir de revisar los inicuos TLC. En la lista al Senado Verde-Esperanza mi voto será por Jorge Gómez Gallego (15), sobresaliente dirigente de la izquierda democrática en Antioquia con trayectoria consecuente y honestidad total, según lo demostró por cuatro años como representante por dicho departamento. Esto sin obviar al propio Humberto de la Calle, a Juan Carlos Flórez, a Iván Marulanda, en atrevida cruzada por otra política antidrogas, a Michel Maya, emprendedor vallecaucano, a Lina Arango, ambientalista, a Rosa Rodríguez, lideresa campesina, o a Martha Cardozo, empresaria rural.

Dignidad destaca en las cámaras jóvenes que son fruto del movimiento estudiantil y social de la última década: al médico Víctor Correa en Antioquia, quien ya se desempeñó en el Congreso con notas altas; en Santander, al abogado Juan Sebastián López, exvocero de las universidades privadas en la Mane; al economista David Mora en el Meta; al politólogo Yéilor Espinel en Cundinamarca; al investigador social Leonardo Jiménez en Bolívar y en Bogotá a Jennifer Pedraza, adalid del exitoso movimiento universitario de 2018. Vale mencionar a Johnson Torres, de los obreros cañeros en el Valle; al empresario Diego López, en Risaralda, y a Alonso Osorio, del sector agropecuario en Cauca. Sobresalen asimismo los nombres de Ana María Lleras y Fernando Rojas Parra, en Bogotá.

Un abanico que expresa de la mejor manera la Esperanza y la Dignidad, dos claves para que Colombia inicie un giro, una nueva historia.

Petro y la Ocde

Con el guion de acabar con la informalidad, refuerza las propuestas para bajar la tasa salarial, ya no respecto al mínimo, sino planteando incluso escalas inferiores para jóvenes y ciertas regiones.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

He votado a favor que (sic) Colombia pertenezca a la Ocde. Vamos a demostrar que en un gobierno progresista con buenas prácticas administrativas y financieras se pueden alcanzar los mejores niveles sociales y los mejores niveles tecnológicos en la tercera revolución industrial”, escribió Gustavo Petro el 13 de noviembre de 2018 en Twitter. Repitió el voto positivo para aprobar la ley de adhesión de Colombia a esa organización, que, por lo visto en el debate del 18 de febrero, se mantiene (Caracol TV, La Silla Vacía, 2022).

Los documentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sobre Colombia resaltan “la solidez del marco monetario, fiscal y financiero”. En los referentes a 23 sectores, emite “recomendaciones”, con cronogramas de cumplimiento y control para concretarlas. Una “tercera oleada neoliberal”, luego de la apertura del Banco Mundial y la OMC, en los noventa del siglo pasado, y de la del FMI y el Plan Colombia a inicios del presente con los ajustes macroeconómicos orientados a los TLC. El Plan de Desarrollo 2014-2018 incluyó 136 encargos en 44 artículos dentro de la ruta adoptada en septiembre del 2013, que “descartó el proteccionismo como modo de desarrollo”, según dijera Rodrigo Botero, el sumo pontífice ortodoxo. La Ocde ratificó que no era “club de países ricos” ni de “buenas prácticas”, sino “nodo de globalización” (A. Suárez, El Tiempo, 3-2-2015).

Entre las múltiples prescripciones figuran: la regla fiscal que acota el gasto social; tasa de cambio volátil sujeta al mercado de divisas; forzada acumulación progresiva de reservas internacionales; realce de alianzas público-privadas (APP) como las vías 4G; exclusión de lo que llama “costos no laborales”, como el importe al régimen contributivo en salud; elevación del salario mínimo solo a nivel de la inflación, en tanto decía que era 87 por ciento del salario medio; erradicación de políticas ambientales que impidieran adelantar macroproyectos; imposición de aranceles cero a productos agrícolas; salario femenino por horas; supresión de “subsidios” a pensiones y pago de jubilación por debajo del mínimo (Saqueo, págs. 223-236). Un “paquetazo” que atizó la chispa del paro nacional de 2021.

La Ocde vuelve con un recetario más agresivo en “Hacia una recuperación más sostenible” (Estudios Económicos, Ocde, Colombia 2022). Con el guion de acabar con la informalidad, refuerza las propuestas para bajar la tasa salarial, ya no respecto al mínimo, sino planteando incluso escalas inferiores para jóvenes y ciertas regiones; insiste en “aliviar la carga” de los “costos no laborales” al desmontar de la nómina los cargos de salud, pensión y compensación familiar y financiarlos en conjunto con otra reforma tributaria.

Enuncia así una igual al adefesio Duque-Carrasquilla: aumenta la base de contribuyentes del impuesto de renta, gravando “personas de clase media”; elimina las deducciones de la renta gravable por costo del crédito hipotecario, por pago de medicina prepagada o por aporte en pensiones voluntarias; propone “reducir los productos no afectados por el IVA” y “ampliar las bases imponibles en los impuestos a la renta y a los consumos” y a contramano exhorta a menores tarifas impositivas a empresas.

El “traslado de las cotizaciones laborales” a “recursos de la tributación” persigue una triple reforma: a la protección social, la laboral y la tributaria. Dictamina la “fusión de los regímenes paralelos de transferencias, pensionales y de salud”, al unificar para el primero las subvenciones de Familias en Acción, Ingreso Solidario y demás. A la par fusiona los regímenes contributivos de jubilación para “complementar una pensión básica universal”, acaba de contera con Colpensiones y proyecta la edad a 65 años, como Chile, en sintonía con la vida esperada y con el cálculo individual sobre los salarios de toda la vida laboral y no de los últimos diez años. Para quienes están en el régimen no contributivo, crea “una prestación básica”. Asimismo, agrupa los regímenes de salud al financiarlos con tributos, mientras llama a “focalizar el gasto social”, depurando el Sisbén y con “ajustes fiscales”, según la regla reforzada en la ley Duque-Restrepo de 2021 para el anclaje de la deuda pública.

Al reiterar la estrategia de libre comercio y capital extranjero, la Ocde reclama extinguir barreras arancelarias y no arancelarias a textiles, alimentos, automotriz, calzado, aceites naturales y arroz, con lo que, aunado al paquete completo, estima atraer más inversión foránea. El laurel es que en 15 años se tendrá un ingreso por habitante como Costa Rica, Uruguay y Argentina y advierte que “la mitad” del programa “está previsto para el 2023”, “para el próximo gobierno”. Tienen la palabra Petro y quienes avalan la sujeción de Colombia a la Ocde.

Carabelas renovables y ¡olé!

Así, el TLC y el renovado Appri brindan “seguridad jurídica” contra todo riesgo, y de ahí el interés de reunirse con quien puntea las encuestas presidenciales, Gustavo Petro.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Las carabelas representan la colonización de América. La organización Recalca, a raíz de la negociación del TLC con la Unión Europea (UE) en 2009, produjo el documento Vuelven las carabelas, que definió las motivaciones del tratado: “Los países de la región compiten por la atracción de inversión extranjera, por ofrecer mano de obra barata y han abandonado los propósitos integracionistas”. Para la contraparte del Viejo Mundo, escribió: “La estrategia es sencilla y directa:firmar acuerdos de libre comercio que vayan más allá de lo definido en la OMC, con el objetivo de desregular al máximo las economías, eliminando las barreras comerciales, abrir el sector servicios, aumentar el acceso a materias primas (…) abrir mercados de compras públicas, proteger la propiedad intelectual” y “todo en beneficio de las trasnacionales europeas” (Recalca-2009).

El comercio se caracterizaba por la exportación nacional de materias primas, carbón, banano, café verde y petróleo. En este último, “60 millones de barriles, de los 193 que produce Colombia, es decir, 31 % del total, son producidos por las europeas BP Exploration, Perenco, Cepsa, Hocol y Emerald Energy” (Recalca, ídem). Las principales compras de Colombia a la UE eran medicamentos, vehículos, equipo de telecomunicaciones, maquinaria y licores finos (Recalca, ídem). El clásico intercambio asimétrico.

Las premoniciones de Recalca se cumplieron. Luego de casi una década del TLC, la balanza comercial acumulada, la de las exportaciones de Colombia a la UE menos las importaciones, entre 2012 y 2019, es negativa por -7.414 millones de dólares; las ventas siguieron siendo carbón, banano, oro, petróleo y café, solo la mitad son bienes no energéticos, y las compras también fueron medicamentos y vacunas, automóviles, equipo y aeronaves (MinCIT, 2020). Las inversiones europeas en el país sumaron, desde 2013 hasta 2018, 25.232 millones de dólares y las colombianas en Europa apenas la cuarta parte, 6.118, (Saqueo, págs. 110-111).

España es el país europeo con mayor inversión directa en Colombia, con 450 empresas presentes (Index.es). En lo corrido del siglo, acumula 21.825 millones de dólares (La República, 14/7/2021), de los cuales 19.824 desde 2007 a 2021 (BanRep), con firmas como Sacyr y OHL, en proyectos viales; Repsol, en petróleo; BBVA, entre los mayores conglomerados bancarios, y el Banco Santander en servicios financieros; o seguros Mapfre y aerolíneas como Iberia y Air Europa; el consorcio turístico y hotelero NH Hotel Group, y Telefónica (Movistar). ¡Cómo olvidar a Unión Fenosa en Electicaribe, a Aguas de Barcelona y Canal Isabel II en la Triple A!

La agenda española para Colombia se reorganiza con el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (Appri), recién firmado con Duque en septiembre de 2021, en el que “el beneficio es más del lado español” (La República-ídem). Recurriendo al anterior, Odebrecht demandó por expropiación al país en tribunales internacionales que siguen vigentes para solución de controversias. Así, el TLC y el renovado Appri brindan “seguridad jurídica” contra todo riesgo, y de ahí el interés de reunirse con quien puntea las encuestas presidenciales, Gustavo Petro.

En sendos encuentros, con mediación del PSOE y Podemos, que cohabitan con este empresariado, y la bendición lobista de Felipe González, hubo presencia de Repsol, Santander y BBVA; también de firmas cuyos negocios encajan con la prédica de Colombia Humana, como Ferrovial e Ineco, en redes ferroviarias y terminales aeroportuarios; de inversoras en mitigación del cambio climático y economía circular, como Indra, que además está en soluciones electorales; de Iberdrola y Acciona, en energías renovables; de turismo como el NH Hotel Group y de tecnología y ciberinteligencia como Future Space, Telefónica y Google. Fueron reuniones para nuevos filones al otro lado del océano (ver euroamerica.org-Coloquio G. Petro).

Que se sepa, no se mencionó revisar ni el TLC ni el Appri y menos al que Petro acudió, uno de doble tributación con España, cuando recompró en 2014, como alcalde y presidente de la junta del Grupo Energía de Bogotá (GEB), las acciones de The Rohatyn Group (Citi) en la transportadora de gas TGI, que facilitó al vendedor eludir hábilmente 150 millones de dólares de impuestos por ganancia ocasional. “El acuerdo no incluye cláusulas de abuso para hacer este tipo de controles a transacciones donde claramente hay utilidad y ganancia ocasional”, dijo sobre este caso particular Juan Ricardo Ortega, el entonces director de la Dian, y se divulgó ‘Vendedor de acciones de TGI no pagará impuestos en Colombia’. Recolonización, con carabelas renovables, y ¡olé!

¿De rodillas por comida?

El estrés mundial, amplificado en el país, develó el fracaso en la sostenibilidad de la fórmula neoliberal para géneros básicos y dinamitó el concepto de seguridad alimentaria fundado en provisión externa.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Afloraron dos discusiones sobre la alimentación: la de Duque ante la FAO, por incluir a Colombia en el mapa de “riesgo alimentario” con Etiopía y Sudán, y la de precandidatos presidenciales, por la protección arancelaria a la producción nacional alimenticia, que según Alejandro Gaviria, en recalcitrante prédica del libre comercio y los TLC, es “una locura” (El Tiempo, 7/2/2022).

Los debates se tocan porque, en los últimos 30 años, la importación de “comida barata” es núcleo de la política monetaria de baja inflación y en mayor grado en periodos de dólar barato. Así, el exrector uniandino Hommes y sus afines supeditan el acceso a los alimentos al arancel cero y a los subsidios que las economías poderosas dan a sus excedentes exportados a precios porcentualmente por debajo de los costos de producción y transporte: al abusivo dumping, como el de Estados Unidos en el trigo de 38 por ciento y de 9 en el maíz (IATDP, 2017).

Desde la oferta, Juan Sánchez describió cómo de ese modo las importaciones agropecuarias, que suman 14 millones de toneladas, desplazaron la producción nacional de alimentos básicos. “En 1990, en trigo, cebada, sorgo, soya, fríjol, algodón, avena, arroz, maíz, la producción interna superaba las importaciones en casi cuatro millones de toneladas. Entre 1996 y 2005, las curvas estaban en niveles similares. Para 2017 las importaciones habían superado a la producción local en tres millones de toneladas” (Saqueo, pág. 240), el arancel vigente de diez por ciento no opera (DNP, 2019).

Sobre la demanda, el informe de la FAO, que sulfuró al Gobierno Duque, trae datos alarmantes sobre Colombia. Son 4,7 millones de compatriotas subnutridos, mientras en Haití 4,2; hay un Haití adentro. La kilocaloría diaria entregada por habitante en el planeta es de 2.950 y en el país de 2.872, como en Malí, y la inseguridad alimentaria, severa y moderada, que asola al 27,6 por ciento de la población mundial, en Colombia daña al 54,2, al doble (FAO Statistical Yearbook 2021, Banco de Alimentos). Escuálidos, con un tercio de los hogares sin tres comidas al día, y el abasto de energía, carbohidratos, proteínas y grasas remitido a panela, aceite de palma, papa, plátano y yuca o tomate o guayaba, huevo, salchichón o pollo, con creciente dependencia de proteína animal importada, y el arroz casi único cereal.

El estallido fue la inflación del 20 por ciento en alimentos. El estrés mundial, amplificado en el país, develó el fracaso en la sostenibilidad de la fórmula neoliberal para géneros básicos y dinamitó el concepto de seguridad alimentaria fundado en provisión externa. El 28 de enero la tonelada de soya importada puesta en Bogotá costaba 2.312.472 pesos (Fenalce), mientras el precio al productor nacional fue 2.250.000 pesos (Agameta). En maíz amarillo, la tonelada extranjera se transó en 1.580.511 pesos (Fenalce) y el maicero colombiano recibió 1.300.000 pesos (Agameta). Esto incide en los cárnicos, res, cerdo y aves, y en el bolsillo del consumidor: una libra de Promasa para arepas pasó de 1.900 pesos a 3.800 pesos en un año. En contraste, el arroz criollo, que abarca 98 por ciento del mercado, fue el de menor alza.

Los fanáticos del TLC eluden que el dólar a 4.000 pesos y las elevadas cotizaciones internacionales eliminaron las eventuales ventajas de “comida barata importada” tanto como que “la liberalización comercial tuvo abrupto final en 2018” cuando Estados Unidos promulgó “oleadas de aumentos de aranceles” (Carter, NBER, mayo 2020). La volatilidad por inventarios oscilantes, costos de fertilizantes, clima cambiante, productividades inestables, restricciones a las exportaciones, elevación de aranceles o conflictos geopolíticos, como el de Ucrania, exportador de trigo, golpea con dureza a los importadores de alimentos.

Urge una política distinta a los TLC, guiada por la soberanía alimentaria como derecho de las naciones a “su propio sistema alimentario, sus políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo” (U. Javeriana, CDR, vol. 18, 2021). Sirve conocer que, de suprimirse solo la quinta parte de las compras externas de maíz tecnificado, trigo, cebada, soya y algodón, se recuperarían 1,7 millones de toneladas, 350.000 hectáreas y 50.000 empleos permanentes que, con sus multiplicadores, agregan valor a la contabilidad del proteccionismo (Saqueo, pág. 786).

La economía política esclarece más el debate. Earl Butz, exsecretario de Agricultura de Estados Unidos, dijo (1974): “He escuchado (…) que la gente puede depender de nosotros para obtener sus alimentos. Se supone que no es buena noticia. Pero para mí lo es, ya que antes de hacer cualquier cosa la gente tiene que comer y si se busca una forma de que la gente dependa y colabore con uno, la dependencia alimentaria es fantástica”. Arrodillados por comida, ¿más claro?

Ni cuentas claras, ni café espeso

La tormenta inflacionaria local fue más perfecta por la fracasada estrategia de libre comercio y capital extranjero.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Conexión Sur, un medio de comunicación del suroeste antioqueño, entrevistó el pasado 7 de enero a una decena de productores, quienes en el video revelaron que la cosecha cafetera de 2021 cayó en esa región en 40 o 50 por ciento (https://www.youtube.com/watch?v=dkKj7SKqOB4). Caficultores de otras zonas estiman la reducción en el 30. No obstante, el gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, le dijo a La República que el descenso era solo del 9 por ciento, para una producción total anual de 12,6 millones de sacos de 60 kilos (https://www.youtube.com/watch?v=g26p3ZK6rtU&t=58s).

Dichas cuentas se descuadran cuando se consolidan con otros números: 1) El de las exportaciones por 12,44 millones de sacos (https://federaciondecafeteros.org/wp/estadisticas-cafeteras/); 2) El de las importaciones récord en la historia de grano extraño por 1,8 millones (Twitter-José Leibovich) y 3) El del consumo interno que, según Vélez, se disparó de 2,2 kilos por habitante a 2,8, lo que en una cuenta por lo bajo, para 50 millones de personas, requeriría un mínimo de 2,4 millones de sacos (La República, ídem).

Con estos datos sucede un imposible: al sumar las exportaciones más el consumo nacional, la demanda total alcanzaría 14,9 millones de sacos, mientras toda la oferta disponible, entre importaciones y producción, fue solo de 14,4 millones, con lo cual faltarían 500.000 eventualmente demandados, pero que no fueron ofrecidos, según las cifras de la Federación. ¿Hubo contrabando por dicho volumen? ¿Se trata de un “machetazo” en la contabilidad para encubrir las gravísimas circunstancias de mercado atendidas con remedios peores que la enfermedad?

En esta columna se han comentado en dos oportunidades los quebrantos de las cooperativas de caficultores, del Fondo Nacional del Café, de Expocafé y de importadores particulares, como La Meseta o Dreyfus, por no contar con cantidades suficientes para cumplir los contratos en el exterior. La razón, un grupo de productores no mayoritario se ha negado a entregarlas a los precios a los que lo transaron en el pasado para mercados a futuro, ya que son muy inferiores a los actuales que desde julio pasado tocaron el techo de 2 dólares por libra, un hecho que se aúna a la caída en picada de la producción. Se conoce, por ejemplo, que tales faltantes en diciembre de 2021 en la cooperativa de Andes, Antioquia, fueron de 14 millones de kilos; en la de Risaralda, de 11; en tres del Tolima de 2,5 y en una sola del Huila de 1,7. Es decir, en solo las nombradas, casi 30 millones de kilos. El monto final del notorio desbalance se desconoce, ya que la Federación, en reprobable decisión, se ha negado a entregarlo.

Al relacionar tan dramática circunstancia con las importaciones, que vienen como avalancha de varios orígenes, hasta de Brasil (ver foto n.° 1), no se peca por exceso de suspicacia al inferir que tales compras externas han suplido lo no recibido de los cafeteros colombianos. Lo más penoso es que son pésimas calidades que inundan las bodegas de “pasilleros” (ver foto n.° 2), quienes las mezclan en proporciones del 40 por ciento con 60 por ciento de grano nacional para pasar por debajo de la norma de 180 defectos, salir como Café de Colombia o producto Colombia, pagar la contribución a la Federación de 3 centavos de dólar por libra y gozar así de la bonificación diferencial hasta de 56 en el mercado mundial. ¿Está en riesgo el mayor patrimonio de la caficultura nacional, la confianza en su bien remunerada calidad?

Entre tanto, Vélez se dedica además a la campaña reeleccionista del senador del Centro Democrático Alejandro Corrales. Hay registros de reuniones gremiales en el departamento del Magdalena como también testimonios de asistentes a asambleas de comités en Risaralda donde pide el voto de manera abierta por su candidato. Ahí no para: de modo inexplicable se permite que Corrales utilice en sus vallas políticas el logo característico de Café de Colombia, al aparecer con un pocillo de los que la Federación fabrica en Vajillas Corona. ¿A cargo de qué este abuso? ¿Paga Corrales los derechos marcarios por avisos como los exhibidos en la avenida de Las Américas en Pereira o a la entrada del municipio de La Virginia o en el paraje Mata de Guadua, en Belén de Umbría, su tierra natal? (foto n.° 3).

¿Cuánta de esta laxitud es reciprocidad de Vélez con Corrales, quien, siendo miembro del comité de cafeteros de Risaralda en 2016, lo incluyó en una única terna, para luego ser nombrado gerente por los delegados del Gobierno de Santos con salario de 30.000 dólares mensuales? Jorge Enrique Robledo, en un debate en el Congreso, pidió hace poco la renuncia de Roberto Vélez, después de leer estas líneas cualquiera pensaría que le sobraron razones para dicha proposición.

https://es.scribd.com/embeds/556931236/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-KCyvGQboROwbwwzIBhLv