Glosas a la valoración de ETB por Carlos Caballero

En la edición de El Tiempo del 15 de mayo, Carlos Caballero tituló su columna “ETB no es una joya sino…un lastre”. Los fundamentos son que las joyas no pierden valor y, según él –retomando el método de valoración de un periodista de Semana–, la empresa lo ha perdido. Agrega que ETB está atrasada tecnológicamente y que por los escasos recursos financieros del Distrito se justifica, haciendo un símil con la venta de Isagen, que el producto de su enajenación se destine a inversión social y a vías.

De la parrafada contra ETB no se sabe qué es peor: si el desconocimiento de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá o el método burdo para valorarla o la arbitraria comparación con la ingrata subasta de uno de Isagen.

Para información del columnista, vale recordar que ETB tiene una nada despreciable red de cobre y una de fibra óptica con capacidad de conectar a 1,2 millones de predios en la ciudad. Con ella ofrece servicios completos de telefonía básica, de televisión con el mayor número de canales en el país, de internet de 25 megas, como ninguno otro, y todo esto –en los estratos sociales medios– al mismo precio que los admirados “operadores privados”. Y ni hablar en los estratos altos, donde las condiciones los doblan en calidad y los precios no llegan a la mitad. ¿Dónde vive Carlos Caballero?

ETB participa en un conjunto de empresas ligadas al sector TIC como Colvatel (prestación y comercialización de bienes y servicios en ese campo), Skynet (de transmisión satelital) y tiene el Data Center más moderno de Colombia, que permite amplio y masivo almacenamiento de datos en la nube garantizando la seguridad de dicha información. Increíble que Caballero escriba sin conocer bien de qué habla, obviando incluso que un estudio de Fedesarrollo de 2015 estableció que la pérdida de bienestar de los consumidores de Colombia por “falta de competencia efectiva” y por “alta concentración del mercado”, en servicios móviles, donde predominan los monopolios a los que ensalza, es de $8 billones anuales y que la OCDE advirtió que el 92% de las conexiones de internet se encuentra en el nivel de velocidad inferior a 4 MB.

Tan disparatado como su descripción de ETB es el método que usa para valorarla, con el que de un plumazo concluye que es un “lastre”, que “pasó de valer 2.000 millones de dólares en 1998 a 798”. Para esto coge la tasa de cambio de entonces, cercana a $1.500, como el divisor de un valor a esa fecha (¿En libros? ¿De mercado?).

En círculos académicos de cierto nivel, la forma correcta de valorar una empresa –y más en casos como éste– es mediante los flujos de caja futuros traídos a valor presente y no el rústico de la división simple de valores por tasa de cambio que utiliza este decano de Uniandes. Hay estudios que, haciendo ese tipo de valoración, dicen que al menos la rentabilidad de ETB será igual o superior a su costo de capital y que, tasando el patrimonio con base en ellos, se acercaría a $4 billones para 2016, teniendo en cuenta que las inversiones de ETB en fibra óptica y en tecnología 4G LTE tienen menos de tres años, que están en estado intermedio, y que debido a que el plan de negocios no incorporó una eficaz estrategia comercial no han empezado a monetizarse al ritmo esperado.

En cuanto al marginamiento del Estado del sector de las telecomunicaciones, Caballero sienta otra falacia. Por la seguridad informática y el desarrollo tecnológico el Estado es indispensable, como se prueba en casi todos los países europeos donde sigue siendo socio importante de las primeras empresas respectivas y en Stokab, de propiedad ciento por ciento de la ciudad de Estocolmo, tenida como el primer nodo TIC del mundo.

Tampoco cabe aquí -como en Isagen- “cambiar un activo por otro activo”. Los colegios se construirían con plata del gobierno nacional, y, en cuanto a la salud y a la niñez, los recursos de la subasta de ETB no serían ni el 2% del valor del Plan de Desarrollo y, si van para invertirlos en vías, para concesionarlas al SITP, por razones conocidas este sistema ha causado al Distrito una rentabilidad promedio en los últimos 4 años del -300%!! ¿Van los recursos a este barril sin fondo?

Los estados financieros de ETB se han alterado: a raíz de la aplicación de las normas contables NIIF, los egresos aparecen insólitamente pasando de $0,9 billón a $1,8 billón en tres años, duplicados, un manipulación igual a la de 2012, cuando se registraron ingresos que no ocurrieron.

En la historia de ETB se cometieron graves errores: La salida a la baja de Comcel y la mala aventura en OLA y también la transacción reciente de las acciones de TIGO en 40 millones de dólares menos (acorde con el avalúo de la banca de inversión) o la especulación bursátil cuando el alcalde Moreno buscó “socio estratégico”. Por fortuna no se ha cometido el peor: la venta, agravada si se valora como lo hizo Carlos Caballero, que, para colmo de males, le mereció un trino de felicitación del alcalde Peñalosa.

Cargo por confiabilidad: peor que Saludcoop o Reficar

Un compendio de la evolución de las cifras básicas de la Upme del sistema eléctrico de Colombia en los últimos 20 años, realizado por el estudiante de economía de la Universidad de Antioquia, Andrés Trigos, lleva a una de las más dramáticas conclusiones que en este campo puedan tenerse.

Pese a la inversión, entre el 2006 y el 2015 de cerca de 18 billones de pesos, calculados, año a año, en dólares, según la respectiva tasa de cambio, para establecer un “colchón de seguridad” que atendiera situaciones de estrés como los daños técnicos o las sequías, los resultados son tanto o más insatisfactorios que en las funestas épocas del ‘apagón’. Poco o nada se ha ganado.

Veamos. Entre 1996 y 2005, acorde con las leyes de servicios públicos, se fijó un cargo por capacidad que llevara a crear un margen diferencial suficiente entre la potencia instalada en el sistema y la demanda máxima de potencia de los distintos agentes, y que borrara para siempre los oscuros recuerdos de 1992. Para 1994, la potencia instalada de todo el sistema era de 10.080 MW, y la demanda máxima de 6.896 MW. Es decir, que el ‘colchón’ era de 31,6 por ciento. Vale agregar que en el primer año la composición de fuentes de energía era en 78 por ciento para las hidráulicas, y en 22 por ciento para las térmicas. Al finalizar esa década, el margen entre oferta y demanda fue del 35,3 por ciento, casi 4 por ciento más, al crecer la potencia instalada a 13.348 MW y la demanda máxima a 8.639 MW.

La participación proporcional en la oferta total de las fuentes se modificó a 67,4 por ciento para las de origen hídrico, y a 32,6 por ciento para las de combustibles fósiles.
Desde cuando se creó, en el 2006, el cargo por confiabilidad, para expansión, reservas para combustibles y puesta a punto de todas centrales, que en los últimos diez años se ha estimado en la astronómica suma citada y pagada por los usuarios, no se ha producido cambio sustancial alguno.

En efecto, en el 2016, la potencia instalada es de 16.442 MW y la demanda máxima estimada es de 10.745 MW, o sea que el margen de seguridad del sistema, la diferencia entre oferta y demanda, cayó al 34,6 por ciento.

Luego de tan descomunal aporte salido del bolsillo del ciudadano común, aumentó la vulnerabilidad del sistema, tanto por el menor ‘colchón’ como por el alza de la participación en la oferta hidráulica sobre la térmica, ahora de 70 a 30 por ciento.

¿En qué se utilizaron, entonces, los billones de incentivos dados a las empresas generadoras privadas y públicas? El crecimiento de la demanda, en el periodo, entre el 2006 y el 2016, fue del 48 por ciento, y el de la oferta, del 55 por ciento.

¿Qué quiere decir esto? Que el grueso de los recursos recibido por las firmas en esa década no se destinó a acrecentar el margen de seguridad del sistema, sino a cubrir la ampliación natural del mercado dada por una demanda cautiva, que se hace efectiva casi que por la sola tasa demográfica y la expansión de la economía.

Los datos muestran que no se concretó el esfuerzo adicional que las empresas generadoras debían hacer para restarle inseguridad al sistema. Por el contrario, con buena parte de las casi dos billones de pesos anuales que los colombianos aportamos durante una década, y seguimos aportando, más los 10 pesos por KW-h, según el último decreto, las empresas financiaron la capacidad instalada cuya expansión les era menester para atender la tasa vegetativa del consumo. Y eso que la industria, un gran consumidor, ha tenido el suyo a la baja en los últimos cuatro años.

En la medida en que estallan Guatapé y Termoflores, seguramente por esfuerzos que exceden sus topes de operación y por las difíciles circunstancias para darles mantenimiento, mientras el fenómeno de ‘El Niño’ causa estragos, va quedando develado otro gran fraude –¿uno más?–, superior al ocurrido en Saludcoop o en Reficar.

Esta vez, con seguridad, en medio de mutuas inculpaciones, tampoco aparecerán los responsables. Y entre tinieblas y apagones, sí que será bien difícil encontrarlos.

Polémica sobre la cuestión agraria con Hommes

Rudolf Hommes se refirió a un cara a cara –entre él y yo– que hizo en su último número (aún en imprenta) la revista Banca y Economía sobre ‘¿qué hacer con el campo colombiano?’. Su propuesta tiene dos premisas: un fondo de tierras para arrendarlas a campesinos y pequeños productores, y desmontar la UAF para permitir la inversión de grandes capitales, en especial en la Altillanura. Más allá de si coinciden con el Estado Social de Derecho, vale mirar si ambas pueden recuperar el agro de su indignante estado de postración.

No sorprende lo que se está conociendo de la realidad rural. La desigualdad en la estructura de la propiedad, el predominio de cultivos tropicales y la participación superior de la ganadería en el área agropecuaria eran verdades sabidas, y comprobadas por el Censo. Si se añade que el país importa el 30% de sus alimentos, el cuadro no puede ser peor.

Ese resultado no es fortuito, es fruto de las políticas económicas y sectoriales que han regido. Si se parte de que la pequeña propiedad es más productiva, el aumento de su participación en la agricultura nacional, empezando por la que cuenta con tamaños y recursos básicos, dependerá de la “demanda efectiva por sus alimentos o productos” (Bejarano, 1998) y del acceso a bienes necesarios para su fomento, asistencia técnica, recursos de capital, etc. Es decir, tan indispensable como la dotación es el consumo doméstico, hoy entregado, en gran proporción, a géneros extranjeros importados con dumping, como lo ha comprobado Woodrow Wilson International Center (2010) para el caso mexicano.

Ahora bien, que la tierra sea propia o arrendada no es asunto menor. Está demostrado que la propiedad es elemento de control de los demás recursos productivos, crédito, infraestructura y tecnología, y la concentración de la tierra conlleva “mantener un dominio diferencial” en dichas áreas (Bejarano, 1998). Por otra parte, arrendarla a los pequeños y entregarla a potentados, sin límite ni control, no solo ahonda la iniquidad, sino que lleva implícito un “costo social de preferencia” (Deininger K. y Byerlee, BM, 2011), definido como “expansión en lugar de la intensificación, y comúnmente dejan a las comunidades locales con muy pocos beneficios, y (…) a menudo con efectos negativos sociales y ambientales”. En otras palabras, esa gran propiedad así abierta es más especulación que producción, está documentado en procesos del ‘acaparamiento’ global que se ha desatado.

Ello no puede servir para excluir a la genuina agricultura empresarial, que en Colombia existe y debe perdurar. Su lógica económica es distinta a la de la campesina, pero su desarrollo depende de que el empresario rural recupere el capital invertido en insumos, equipo, salarios, así como el costo de oportunidad de la tierra más una tasa de ganancia y una renta adicional de la tierra por unidad producida (Suárez, 2007).

¿Garantizan las políticas actuales dicho ingreso al capitalismo del campo? Me temo que no, con los fertilizantes de altísimos costos, la pérdida en precios relativos en energía y combustibles y un IPP creciente, de más de 40 puntos desde el 2005. Todos son factores, junto con la pérdida del mercado interno, ligados a las fullerías del ‘libre comercio’ contemporáneo en países como Colombia, cuyo capitalismo adolece de desarrollo suficiente y con baja capacidad nacional de competencia.

Con pena, debo decir que no me “es posible tender el puente y la visión de compromiso” que me propone Hommes, ya que sus formulaciones llevan implícitas las mismas políticas que dieron al traste con el campo, y, como tales, no solucionan los problemas estructurales, los ahondan. No es ideología, son criterios básicos de economía de la agricultura.