La lógica bélica duquista

El informe de la CIDH impugna los ataques a las misiones médicas y al periodismo, el ciberespionaje y los excesos contra los bienes públicos (…). No es un documento parcializado.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Ni el presidente Duque, ni la vicepresidenta y canciller Marta Ramírez con una desatinada perorata en la ONU, ni Vargas Lleras, su socio político, parecen NO percatarse de la principal observación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe: “La persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social”, que “dificultan todo esfuerzo de diálogo como mecanismo para alcanzar soluciones (…) entre personas que hay que proteger y no frente a enemigos que hay que combatir” (puntos 7 y 8).

El Gobierno hace sordina sobre dicho aspecto central del informe y de ahí sus conductas arbitrarias y hasta la forma como lo evalúa: desde el lugar común de “sesgado” hasta el desobligante de Duque: “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad” o el absolutorio “no es vinculante”.

Son 48 páginas, 187 puntos y 41 recomendaciones, y se divide en tres partes: una, de contexto del paro, que subraya como causa del descontento “reivindicaciones estructurales e históricas”, que “subyacen en la inequidad, pobreza y acceso a derechos”, recrudecidos en la pandemia para jóvenes y mujeres. Igualmente, reseña el ambiente político de “polarización” y ve más preocupante “cuando estos discursos provienen de autoridades públicas”.

La segunda es un recuento de hechos, fundado en “información recibida” de la Fiscalía, la Defensoría y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, confrontada con varias ONG y representantes de la sociedad civil, que lleva a la CIDH a concluir que hubo “graves violaciones de los derechos humanos”. El informe enfatiza en que se afectó la vida, la integridad personal y la libertad de los manifestantes, pero también que se causó perjuicio a derechos fundamentales de terceros y se incurrió en acciones irracionales, como en Tuluá.

Aunque lamenta las “disparidades” en las cifras de las diversas entidades, contabiliza 12.478 protestas, en 862 municipios y 32 departamentos, de las cuales 11.060 fueron pacíficas y 1.418 con “acciones violentas”. También 51 muertes, 1.113 civiles heridos, 18 lesiones oculares, 84 desaparecidos, 113 hechos de violencia de género; asimismo, 1.253 policías heridos y pérdidas a la economía por 3.300 millones dólares, entre ellas, el asedio a Buenaventura, clave en el comercio exterior. Impugna los ataques a las misiones médicas y al periodismo, el ciberespionaje y los excesos contra los bienes públicos, que abarcan en estos casos desde el uso oficial “excesivo y desproporcionado de la fuerza” hasta a “grupos ajenos a la protesta”. No es un documento parcializado.

La CIDH describe una espiral de violencia que debe desmontarse. Reprocha que la policía y los civiles usen armas de fuego para enfrentar la protesta y esgriman en forma inadecuada otras “menos letales”. Y que la fuerza pública estuviera “dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones”, y más cuando los lesionados fueron jóvenes, grupos étnicos o mujeres. Circunscribe la fuerza a un “último recurso” y deplora el abuso con la figura del “traslado por protección” para privar de la libertad a 7.020 personas.

Afirma que “la protesta no es derecho absoluto” y sus límites deben fijarse en una ley estatutaria pendiente de trámite. Resulta insólito entonces que consejeros de Duque, a contramano, se enfoquen en una “ley antivandalismo”, redundante al Código Penal, dentro de la lógica belicista del Gobierno Duque.

De las 41 recomendaciones, en la tercera parte, la que causa mayor reacción en la Casa de Nariño es la que acepta cierto grado de perturbación en los “cortes de rutas” (bloqueos), 1.937 en total, si bien la CIDH no descarta que puedan levantarse recurriendo a mínima fuerza si afectan la alimentación, la salud o producen graves perjuicios a terceros, como pudo ocurrir eventualmente en 124 de ellos, mayores de siete días. La propuesta de adscribir la Policía y el Esmad al Ministerio del Interior, como estructura civil, cercana al ciudadano y lejos del sello antinarcóticos imprimido hace décadas, fue denigrada como un atentado contra un cuerpo “apolítico y profesional” (Vargas, El Tiempo). El Gobierno también desestimó la insistencia de la CIDH a la Procuraduría para que se ciña a los estándares vigentes para la sanción a elegidos por voto popular.

La CIDH exhorta a abandonar “lógicas bélicas” y a acoger el diálogo para resolver las contradicciones, un llamado a los grupos de extrema derecha, que impelen a resolverlas por mano propia; a los de la “insurgencia imaginaria”, que en cada estallido ven ocasión para derrocamientos; pero, en particular, al Gobierno de Duque, que con sus erróneos actos hace trizas la paz, mina la confianza institucional y, como también le advierte la Ocde, ahonda “el deterioro democrático”.

“Construyamos democracia, no más desigualdad” (Homenaje a Carlos Gaviria)

No le faltaba razón a Carlos Gaviria en su pregón: la política económica enunciada en 1991 no respondió a la igualdad proclamada doctrinariamente.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Pocas personas han hecho desarrollos de las normas de la Constitución de 1991 como Carlos Gaviria Díaz. Sus ponencias en fallos de la Corte se consideraron “herejías constitucionales” y de ahí la biografía que escribió Ana Cristina Restrepo titulada El hereje: Carlos Gaviria.

Cubren la autonomía personal, en el consumo de drogas y la eutanasia; las libertades de opinión e información para el ejercicio del periodismo; el principio de igualdad, que cobijó a la mujer, la pensión de vejez y la ley de cuotas; la familia, sobre asuntos espinosos como el sexo y la violencia en televisión, el incesto y el castigo a los niños.

Abordan la inviolabilidad parlamentaria, el delito político, la cobardía y el honor militar, la autonomía jurisdiccional en comunidades indígenas, incluyendo pluriculturalismo y derechos humanos, y el debido proceso para estos casos, para la extradición y para la extinción de dominio (FCE-2002).

No obstante, Gaviria decía que “de nada sirve el enriquecimiento del catálogo de derechos y libertades sin un mecanismo que permita hacerlos efectivos”. En consecuencia, siendo candidato presidencial en 2006, divulgó un lema todavía vigente: “Construyamos democracia, no más desigualdad”, para lo cual apelaba a poner al Gobierno, como cabeza del Estado, al frente de la orientación de la economía.

Ese postulado contraría los artículos de la Constitución de 1991 que prescriben la política económica: el 371 y el 373, al depositar de manera autónoma la política monetaria y cambiaria en el Banco de la República, y el 334, que fija la conducta fiscal para las ramas del poder público.

Condensan el dogma neoliberal en tanto restringen la intervención de los gobiernos en instrumentos a los que podría acudir en busca de estabilidad macroeconómica frente a volatilidades y choques externos o a dinamizar el gasto público proactivo hacia la producción y el empleo, con mayor premura en tiempos críticos como el actual.

El control de la inflación se fijó al inicio por una cantidad de dinero de “equilibrio” en la economía y luego, por orden del FMI, por un rango meta (Junguito, 2005). Aunque el principio rector es “el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, luego de 30 años una tercera parte de los hogares solo accede a dos o menos comidas diarias; escasamente un 5 por ciento puede ahorrar y, al 85 por ciento, sus ingresos no les alcanzan o apenas suplen sus necesidades. Los presupuestos familiares se han debilitado asimismo por el ánimo de lucro –permitido en la Constitución– a particulares en áreas de bienestar, como la salud, y por las cargas de 18 reformas tributarias.

En contraste, como prueba de que dichas normas constitucionales no son neutras, pero sí afines al Consenso de Washington, el sector financiero creció al 7 por ciento entre 2006 y 2019, mientras la economía lo hizo al 4. Sus tasas reales de interés son de las más altas y los márgenes de intermediación, prohibitivos. Asimismo, garantiza a las inversiones extranjeras, que a diciembre de 2020 valían 380.000 millones de dólares (Banrep), la valorización en pesos constantes. Escasos ganadores y muchos perdedores.

El 334 dejó expedito el camino a la ortodoxia fiscal para promover reformas, fundadas en el hiperpresidencialismo manifiesto en los artículos 154 y 189, que acinturaron más el gasto público. Un ejemplo fue el Acto Legislativo 01 de 2001, que cambió el régimen de transferencias para educación, salud y saneamiento básico a municipios y departamentos, ligado a los ingresos corrientes de la nación, por el Sistema General de Participaciones, por el que durante 18 años, en pesos constantes de 2019, han dejado de recibir 318 billones de pesos (Espitia, 2020). Por la puerta entreabierta se colaron en 2011 la regla y el incidente fiscal, si las sentencias judiciales se salen de molde, y en conjunto con el 373, forman un marco contractivo, como ahora, cuando se descartó la emisión monetaria. Los superpoderes presidenciales otorgados marginan al Congreso y se ejercen a sus anchas en campos como la deuda pública o el comercio exterior.

¿Cuál es el balance? Que en tres decenios Colombia es tanto o más desigual. En 1990 el coeficiente de Gini, que mide la distribución del ingreso, era de 0,546 y en 2020 fue de 0,544 (Dane). No le faltaba razón a Carlos Gaviria en su pregón: la política económica enunciada en 1991 no respondió a la igualdad proclamada doctrinariamente.

Urge cambiar el 373 y, sin quitar independencia técnica al Banco, regular la tasa máxima de interés remuneratorio con el propósito de promover la inversión, la competitividad y el empleo y con tales fines adaptar los requisitos, si es el caso, para emitir dinero, aplicado en forma certera en procura de enrutar a Colombia hacia la equidad y el progreso, asignatura básica de cualquier Carta.

La dignidad de las víctimas

La Comisión de la Verdad es un “modo de sanación”, del “derecho de las víctimas a conocer”, y tiene antecedentes en países como Guatemala, Sudáfrica, Argentina, El Salvador y otros.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El punto V del Acuerdo de Paz, sobre víctimas del conflicto, las reconoce, asume responsabilidad frente a ellas, persigue plena satisfacción de sus derechos, las invita a participar para lograrlo, propone esclarecimiento de la verdad, la reparación, la no repetición, protección y seguridad, dentro del espíritu de reconciliación. Para concretar esos propósitos se diseñó un sistema integral de tres entidades: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

La JEP presenta cifras que ponen en letra gruesa las realidades más relevantes del conflicto, con 44.374 víctimas acreditadas; 21.396 hechos de secuestros con 59 comparecientes como responsables; 17.024 reclutamientos de menores con 37 determinadores de tales delitos, además de 6.402 muertos ilegítimamente y presentados como bajas en combate por agentes del Estado, mal llamados “falsos positivos” o “ejecuciones extrajudiciales”, con 394 implicados, todos dentro de las 12.946 personas sometidas a su jurisdicción. Como órgano de justicia, la JEP se propone confirmar lo acaecido y precisarlo en busca de la verdad jurídica plena, a fin de aplicar la pena correspondiente a los culpables en tanto la reconozcan.

Por su parte, la Comisión construye la verdad histórica fundada en evidencia verificable sujeta al marco de interpretación más objetiva posible, el que, dice el historiador Edward H. Carr, interviene en todos los hechos considerados históricos elaborados por el juicio del historiador, que vive en el presente y reflexiona sobre el pasado. La Comisión de la Verdad es un “modo de sanación”, del “derecho de las víctimas a conocer”, y tiene antecedentes en países como Guatemala, Sudáfrica, Argentina, El Salvador y otros. Un comisionado, el mayor (r) Carlos Ospina Ovalle, postulado por las víctimas pertenecientes a las Fuerzas Militares, definió el punto de partida: “Fue una barbarie”.

Ambas quedaron incluidas en el ordenamiento constitucional y con tareas prescritas. En la JEP recaen las decisiones en el campo judicial, quedando exentos quienes han ocupado la Presidencia de la República. A la Comisión acuden quienes de manera voluntaria contribuyen, con vivencias e ideas, a comprender lo sucedido para generaciones presentes y futuras.

La conducta frente a las dos instituciones revela la condición humana de los distintos actores. La de las víctimas, que reclaman todo lo que el acuerdo les otorga, y la de los victimarios, a quienes se pide confesar la verdad –lo que no excluye el llanto–, pues los crímenes cometidos son de tal dimensión y crudeza que no basta la explicación política, sino la atrición del corazón por las atrocidades cometidas.

El país además reclama sincera actitud de sus expresidentes. Unos han ido más a exculparse, con peticiones formales de perdón, como Juan Manuel Santos, quien adecuó su presentación a lo escrito sobre los “falsos positivos” en el libro La batalla por la paz (páginas 135-145). Ventila un relato con buenas dosis de mezquindad, con la que se tiende a dividir a los colombianos en ismos contemporáneos, como los rojos y azules de otrora, que algunos buscan perpetuar.

Ni hablar de Álvaro Uribe. Niega de manera olímpica el conflicto, desconoce las instituciones del acuerdo y crea las propias en los medios de comunicación, a su arbitrio. Así convirtió una pesebrera de Rionegro en sala alterna de la Corte Suprema de Justicia, con abogados en el sainete, una vez imputado por manipulación de testigos. Es el autoritarismo que moldea instituciones a su amaño, ejemplo negativo para la ciudadanía a la que, antes bien, debería inculcarle respeto por estas. Vergonzoso.

El tercer derecho, la reparación, según la Unidad para la Atención y Reparación, de 7.368.335 víctimas admitidas se han hecho giros a 1.163.650, luego de diez años (mayo 2021). Además de la irresolución del efectivo aporte de las ex-Farc, interfiere la concepción fiscal, común a los Gobiernos, de Santos, Uribe y Duque, que la supedita a la sostenibilidad de las finanzas públicas, pese a estudios que concluyen: “Usan los recursos de la indemnización para reconstruir sus proyectos de vida… impactando positivamente sus condiciones de vida… estimulando mayor acumulación de capital humano, como menor embarazo adolescente y mayor emprendimiento productivo”. (Londoño, Guarín-2019).

Se libra un pulso entre la JEP, la Comisión de la Verdad y las víctimas, del lado de la dignidad, con aquellos que se resisten a otorgarla, como el general Montoya, quien atribuyó “los falsos positivos” a “soldados de estrato uno que no saben ni manejar los cubiertos”. Colombia no puede vacilar a la hora de escoger: han de primar justicia, verdad y reparación, pilares de la dignidad, detrás de estandartes portados por el padre Francisco de Roux o por Patricia Linares. Esa sí es “la paz con legitimidad”. No hay otra.

La pandemia social

El balance es el de un cataclismo social con pobreza y enfermedad, desigualdades crecientes y una población carente de ingreso suficiente para reactivar el país.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La revisión integral de documentos del Dane, producidos en su mayoría durante este periodo de la pandemia, brinda una mirada bastante completa sobre las secuelas sociales que ha causado, agregadas a las preexistentes, que siguen agravándose con incidencia en las protestas detonadas desde el 28 de abril.

El primero es el Pulso Social (abril 2021). Según él, 30 por ciento de los hogares consume solo dos comidas al día, apenas una decada 20 personas puede ahorrar y 92 por ciento ni siquiera alcanza a pensar en adquirir vivienda. Además, que se multiplicó por cinco quienes manifiestan tener un estado de salud malo y muy malo, el 15 por ciento de la población. Añade que las principales ayudas oficiales recibidas por los pobres han sido en especie, alimentos y mercados.

Otro documento, el relativo a la pobreza monetaria en 2020, revela el hecho lamentable de que dos de cada cinco personas están en esa condición, y si se agregan los clasificados como vulnerables, ascienden a siete de cada diez. Dicha tragedia va acompañada de otra: la pobreza monetaria extrema, que atribula al 15 por ciento de los habitantes, acarrea como corolario un alza en la desigualdad al nivel de las peores del planeta.

La reclasificación de las clases sociales que hiciera el Dane para el cierre de 2020 refuerza lo dicho. Todas las divisiones, media, vulnerables y alta, vieron descender sendos porcentajes al escalón inferior y, al final, aumentar la gente en el pozo de la clase más precaria. El asunto es tan dramático que apenas 860.000 personas, entre 50 millones, están en la clase alta y eso que este 1,7 por ciento de la élite abarca a quienes tienen un ingreso mensual individual no muy elevado, de 3,5 millones de pesos, 900 dólares.

En la base está el deterioro del empleo. No solo la mitad de la población ocupada está en la informalidad, sino que los desempleados casi suman 4 millones, de los cuales 3 ya lo estaban cuando sobrevino la pandemia, en el trimestre enero-marzo de 2020. En la contabilidad de los desocupados deben sumarse los “inactivos” que decidieron no ofrecer más su mano de obra. Es el desempleo voluntario.

Con los jóvenes, entre 14 y 28 años, se manifiestan con más crudeza los quebrantos del mercado laboral. En tanto la tasa de desempleo general es del 14,2 por ciento, para ellos es del 23,5, y en las mujeres en esta edad se trepa al 31,5, con más de 900.000 de ellas desocupadas, sin contar otras cientos de miles también calificadas como “inactivas”, forzadas a labores del hogar.

El grupo de desempleados jóvenes, en el documento ‘Panorama sociodemográfico de la juventud en Colombia’, robustece al conjunto llamado nini, que ni estudia ni trabaja, que es la tercera parte del total de 10.990.268 de esa cohorte juvenil. Cerca de seis de cada diez ninis son mujeres.

El balance es el de un cataclismo social con pobreza y enfermedad, desigualdades crecientes, y una población carente de ingreso suficiente para reactivar el país vía demanda y millones sin futuro viable. Si la inflación empieza a incrementarse y se suma al cuadro descrito y a un ingreso por habitante, que decreció a valores iguales a los de 2013 y parqueado alrededor de 6.400 dólares entre 2016 y 2019, subirán también los índices de miseria, en los cuales Colombia ronda los 15 primeros lugares.

Contribuyó a la postración la inoportuna e insuficiente asistencia del Gobierno en la pandemia. Los recursos del Fondo para la Mitigación de Emergencias (Fome), en todos los programas sociales para siete millones de beneficiarios, en cabeza de hogares o personas, no alcanzan a 1,5 dólares al día; y los apoyos a la nómina, el programa Paef, para sostener el 40 por ciento de la nómina mensual del salario mínimo cubrió, en cuentas largas, máximo 1,4 millones de puestos de trabajo al mes, frente a una planta laboral de 11 millones de empleos formales, 7 de los cuales trabajan en pymes.

Según el Ministerio de Hacienda, la ejecución del Fome en 12 meses fue del 67,4 por ciento, 27,3 billones de pesos, menos del 3 por ciento del PIB, que no sobresale entre los países emergentes, y en Suramérica figura debajo de Chile, Perú, Bolivia y Brasil (FMI-abril 2021).

En el colmo de la indolencia, Duque y Carrasquilla echaron a este polvorín el fósforo encendido de la reforma tributaria y ¡fue Troya! Lo peor es que, a contramano, Congreso y Gobierno legislan y ejecutan en dirección inversa a la que las calles reclaman. A quienes piden soluciones les adelanto: la vacuna a la ruinosa pandemia social que nos agobia no es la de Duque, en el puesto 51 entre 53 países estudiados en el manejo del coronavirus (Bloomberg), ni mucho menos la del maloliente establo parlamentario que preside Char.

¿Para quién es la “bonanza”, doctor Vélez?

La estructura de la industria cafetera cambió en el último lustro en sentido contrario al interés del minifundista, que predomina en ella con parcelas menores de una hectárea.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Aunque por equivocadas resoluciones, la mitad o más del café consumido en Colombia, como 1,3 millones de sacos en 2018-2019, venga de Perú, Ecuador u otros orígenes o que unos intermediarios mezclen ese mismo grano foráneo para exportarlo como Colombian Coffee, el tema cafetero ya no despierta mayor interés ni menos los dramas que viven los caficultores. No es principal fuente de ingresos del país, ni negocio de las élites, ni primer vínculo con el capital extranjero, pero ocupa en 500 municipios y hasta en 22 regiones a 550.000 familias en 900.000 hectáreas, y destina 90 por ciento de su producto al mercado externo como mayor exportador del sector agropecuario.

En 1989 se rompió el Pacto de Cuotas del Café, por el cual los países consumidores hacían compromisos de compra en precio y cantidad con los oferentes. Se dijo que el grano colombiano sería ganador en el libre comercio, pero ha sido cuadriplicado en producción por Brasil, duplicado por Vietnam, casi igualado por Indonesia y las reexportaciones europeas a zonas aledañas han copado ese segmento. El mercado, pese a primas o bonificaciones en nichos diferenciados, no escogió por la calidad.

El ingreso de la familia cafetera ha sido lesionado. Mientras que en 1989, con el equivalente de una carga de 10 arrobas se pagaban 60 jornales o se compraban 1.245 kilos de fertilizante o 75 kilos de carne o 299 galones de ACPM, en 2021, con precios de la presente “bonanza”, se reconocen por esa misma cantidad 42 jornales o 56 kilos de carne o 684 de fertilizante o 161 galones de diésel. El poder adquisitivo en unos renglones cayó a la mitad y en otros perdió la tercera parte, un empobrecimiento en precios relativos.

La estructura de la industria cafetera cambió en el último lustro en sentido contrario al interés del minifundista, que predomina en ella con parcelas menores de una hectárea. Las exportaciones institucionales, que hace la Federación de Cafeteros con recursos públicos del Fondo Nacional del Café, ceden terreno frente a las de los particulares, en su mayoría agencias de las comercializadoras globales. Entre 2011 y 2015, la Federación exportó casi uno de cada cuatro sacos; entre 2016 y 2020, menos de uno de cada cinco.

¿Qué implica tal pérdida de participación? Veamos: entre 2011 y 2015, cada saco de 60 kilos exportado por la Federación se vendió en promedio a 272 dólares, en tanto las agencias transnacionales lo pusieron a 236. Para el periodo entre 2016 y 2020, las colocaciones de la Federación cayeron a 210 dólares y las de los exportadores privados a 203. Convergen a la baja.

La causa, se han reducido las cotizaciones. Entre 2011 y 2015, el precio internacional por libra promedió en 1,97 dólares y en el último quinquenio en 1,48. Los precios han descendido, pero el valor medio del dólar, comparando los dos periodos, se movió en sentido contrario: de 2.051 a 3.187 pesos. Al multiplicar ambos factores, que determinan el precio interno de compra al productor, la libra alzó de 4.040 a 4.461 pesos, solo 10 por ciento, por debajo del incremento de los costos al caficultor en insumos y mano de obra.

Tal mecanismo de fijación del precio de compra es causa primordial de la erosión del ingreso cafetero y corre a favor de los intermediarios que van a la fija. Urge cambiarlo por otro en el que los riesgos no recaigan sobre la producción, la que debe remunerarse rentablemente antes de que sobrevenga otro estallido como en 1995, 2001 y 2013.

En esa senda, por ajustarse a la ruleta de precios internacionales a futuro y otras razones particulares, está amenazada la garantía de compra por medio del sistema de 33 cooperativas, algunas de las cuales, entre las más importantes, arrojan resultados negativos recurrentes. Así pasa en la de Andes en Antioquia, la de Risaralda, las de Tolima-Ibagué, Cafinorte y las del Huila que, con márgenes muy estrechos, acusan riesgo financiero.

Esto trae aparejado un efecto dominó sobre su exportadora matriz, Expocafé, a la que proveen el 30 por ciento del café transado, que en los últimos tres años tiene una pírrica rentabilidad media sobre los ingresos del 0,25 por ciento, un nivel de endeudamiento de tres de cada cuatro pesos de sus activos y utilidades financiadas con pasivos.

¿Para quién será entonces la “bonanza” anunciada, doctor Vélez? Como siempre ¿para agentes externos?

Nota: fui escogido en 2016 entre las ocho personas que podrían ser nombradas gerente de la Federación de Cafeteros y tuve respaldo de varios comités. He guardado cautela frente a la actual administración y coincido en defender la caficultura nacional frente al oligopsonio en la demanda mundial que deprime las cotizaciones. No obstante, ello empeora si el frente interno se entrega a quienes nos asfixian afuera.

Derechos humanos: ¿“Plomo es lo que hay”?

La CIDH impele a la “interlocución y negociación”, contrastando la pantomima de Emilio Archila con el Comité de Paro.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Naciones Unidas expidió en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El sujeto es el individuo y los Estados están obligados a cumplirla con los pactos, protocolos y convenios que emanen del sistema internacional.

Consigna más de diez libertades fundamentales, derechos civiles y políticos, a la vida e integridad física y moral, a la participación y la libertad, además de una gama de derechos sociales, económicos y culturales. Establece protocolos contra la tortura y desaparición forzada, y por la protección a la intimidad e igualdad entre hombres y mujeres, y para las poblaciones especiales como infantes y minorías étnicas, entre otros (Galvis, 2006).

El derecho a la protesta, en relación con la participación política, fue desarrollado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA). En 2019, la Relatoría para la Libertad de Expresión expidió el documento ‘Protesta y derechos humanos’ con estándares sobre los derechos involucrados y características obligatorias de la respuesta estatal. (https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf).

La CIDH, al considerar la protesta “esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas”, contradice la visión reaccionaria que en Colombia privilegia la represión sobre la libre expresión y reunión pacífica. Expresa que los Estados deben “garantizar, proteger y facilitar protestas y manifestaciones”, contrariando a quienes descargan las responsabilidades en los organizadores, y señala que “la disrupción” que causan no las “hace per se ilegítimas”. El trato no es el Esmad.

En contravía a lo dispuesto por Duque en el paro, la CIDH promueve “gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo”, y, respecto al autoritarismo, restringe el uso de la fuerza a “último recurso”. Desdice de quienes plantean “protestódromos”, como Diego Molano, o exigen requisitos para protestar, pues invoca “la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje” en el ejercicio “pacífico y sin armas”.

A contramano de la maña reaccionaria de asemejar protesta con violencia y destrucción: prescribe que los extremistas sean “individualizados”, pero insiste en que los demás participantes conservan su derecho. La CIDH impele a la “interlocución y negociación”, contrastando la pantomima de Emilio Archila con el Comité de Paro.

En contradicción con ominosas actuaciones de la fuerza pública, exhorta a “máxima restricción al uso de armas de fuego”, excluir “las fuerzas armadas” y acudir a la “dispersión o desconcentración” en casos excepcionales. Pide no “criminalizar” líderes ni incriminarlos con “figuras ambiguas”, como erróneamente hace la procuradora Cabello, prohíbe “detenciones arbitrarias” e “infiltrar” organizaciones sociales y objeta “estigmatizar con el discurso”, usual en la retórica derechista.

A entidades como la Fiscalía les exige investigar, juzgar y sancionar las violaciones a la norma humanitaria, requiere valorar a quienes monitorean actuaciones gubernamentales, como las ONG, y a los medios les demanda objetividad.

La autocracia de Duque en 43 días de paro quebrantó preceptos de la CIDH. Con corte a 31 de mayo se registran al menos “3.798 víctimas de violencia por parte de miembros de la fuerza pública distribuidas así: 1.248 víctimas de violencia física… 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego…” (temblores.org, Paiis-Uniandes, Indepaz). Agréguese 91 desaparecidos (Fiscalía); 20 homicidios, por disparos de policías a la cabeza o al tórax y uno por paliza, de 68 en investigación; 71 casos de violencia basada en género (HRW) y el Decreto 575, que ordena “asistencia militar” en 8 departamentos y 13 ciudades, tildado de inconstitucional por juristas.

Duque y el Centro Democrático porfiaron su suerte a la de Trump. El uno, con el embajador en Washington, y el otro, con su jefe a la cabeza, intervinieron abiertamente en la campaña. El costo es el desaire de Biden, reprobación internacional por el despotismo y quién sabe qué más, pues ¿permitirá la superpotencia que un “aliado estratégico” pisotee derechos humanos cuando ellos mismos son línea roja frente a Rusia y China, que tiene como amenaza a su hegemonía?

En el máximo desvarío, el uribismo envió una delegación a la CIDH, encabezada por la senadora que pugna por “armar a la población civil en defensa de la vida”. ¿Acaso el libreto es el agresivo lema “plomo es lo que hay”, que profesan los grupos que dispararon en Cali sobre manifestantes inermes en presencia de la Policía o quienes arremeten sobre jóvenes con un Porsche de alta gama o los sicarios que mataron a Lucas Villa en Pereira?

La desigualdad tiene bloqueado al país

La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Colombia es de los países más desiguales en la distribución del ingreso. En el periodo 2012-2019, el Banco Mundial lo ubica entre los cinco más inicuos cuando evalúa de cero a uno por el coeficiente de Gini. Mientras más cerca de uno, mayor inequidad. El país marcó en ese periodo desde 0,517 en 2012 hasta 0,499 en 2017, para subir a 0,513 en 2019. Vergonzoso que en el escalafón del Índice de Desarrollo Humano ocupe el puesto 83 entre 189 naciones, pero, al ajustarse por desigualdad, caiga al 95 (PNUD, 2019).

La iniquidad en el ingreso no es la única; se pueden contar muchas más. En la renta; en el patrimonio y la riqueza entre personas naturales, entre las empresas; en género; en educación; en seguridad social, tanto en la salud como en el sistema pensional; en el empleo; en la distribución de la tierra rural; en la propiedad urbana; en la inversión bursátil y el sistema bancario, en los que cuatro grupos controlan el 80 por ciento de los activos. En suma, un país muy antidemocrático.

Abundan los datos contundentes que permiten ratificar esa condición ilegítima. Es el tercero peor en repartición de renta en Latinoamérica después de Brasil y Guatemala (Cepal, 2017); el 1 por ciento más rico concentra el 40,6 por ciento del total de la riqueza (Londoño), y de cada 100 pesos de ingreso, al 50 por ciento de la población –los más pobres– solo le llegan 17, mientras que al 10 por ciento más rico le tocan 40 (Suárez).PUBLICIDAD

Tampoco está exenta de desequilibrios la estructura empresarial. De 1.380.000 firmas estudiadas, las primeras 3.600 acaparan 40 de cada 100 pesos de las utilidades totales, y algo similar o peor ocurre con la propiedad de los activos para la mayoría de los sectores (Acopi. Bogotá, 2018).

A estos cuadros se suman similares en distintas áreas de la vida social. Según el PNUD, Colombia ocupa el puesto 101 en desigualdad de género, por debajo de Cuba, Brasil, El Salvador o México, y se expresa con énfasis en el empleo. En la pandemia, en el trimestre junio-agosto de 2020, la desocupación en las mujeres llegó a una de cada cuatro. Sin embargo, entre las jóvenes subió a más de una por cada tres, y la brecha salarial con los hombres es del 13 por ciento menos (Dane, 2019).

En el empleo también se manifiesta el desbalance. La mitad de los ocupados está en la informalidad y el 88 por ciento con remuneración laboral gana menos de dos salarios mínimos (Dane, 2020). La educación no está exenta de las execrables exclusiones: de 100 niños y niñas que entran a primaria, 44 aprueban el grado once, pero solo 21 logran entrar a la universidad y apenas diez terminan la educación superior, lo que reproduce sin solución las diferencias por generaciones (Acrees).

Lo de la seguridad social es aberrante. Pese a leyes y sentencias, los planes de beneficio en salud siguen discriminando a los afiliados de los distintos regímenes, y el acceso real, la atención y el servicio dependen del bolsillo. En el sistema pensional apenas tiene mesada una de cada cuatro personas en edad de jubilarse. De lo más perverso es la distribución de la tierra. Aunque las pequeñas propiedades son 1,7 millones, apenas ocupan el 2 por ciento del área rural. En contraste, las que tienen más de 1.000 hectáreas engloban tres de cada cuatro de las hectáreas totales (Dane-CNA). Peor, imposible.

Distintos autores explican las causas de tan bárbaras expresiones de discriminación. Thomas Piketty, en El capital en el siglo XXI, asevera que el “análisis erudito jamás pondrá fin a los violentos conflictos políticos suscitados por la desigualdad”. Joseph Stiglitz, en el Capitalismo progresista, dice: “La desigualdad económica se traduce inevitablemente en poder político y quienes lo ejercen lo utilizan en beneficio propio”. Angus Deaton, en El Gran Escape, afirma que quienes logran escabullirse hacia el bienestar “pueden bloquear los túneles detrás de ellos” y Ha Joon Chang, de Cambridge, indica: “El fracaso de construir una economía más igualitaria e innovadora es lo que está en el corazón de las protestas latinoamericanas” (BBC).

El que los más pobres requieran 600 años para obtener con sus exiguas entradas un patrimonio igual al del 1 por ciento más rico (Espitia) o que deban pasar 11 generaciones, 330 calendarios, para salir de la penuria (Ocde) permite concluir que Colombia, fuera de ser de las naciones más desiguales, es, de facto, la tierra de absurdas desigualdades. La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz: “La globalización y la liberación de los mercados causaron un deterioro en la distribución que no se contrarrestó con el estado de bienestar de transferencias” (Sarmiento, 2020).

BUITRES

Los buitres del capital financiero metieron su Esmad para notificarnos, antes de tomar otro curso, que su filón estará a salvo, como humillaron a Grecia, a la que desvalijaron del bienestar social, o con Argentina.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En mayo de 2021, la deuda global, de los hogares, las corporaciones no financieras y los gobiernos, sumaba 221 billones de dólares (IIF), mientras que en 2000 era de 63,7 billones, tres y media veces menos. Si a la actual se añadiera la del sector financiero, alcanzaría la cifra descomunal de 289 billones (IIF).

Triplica la producción mundial de bienes y servicios y cubre uno de cada cuatro de los dólares que hay en dinero. Es la mayor de las modalidades especulativas y arrastra otras colaterales. La organización económica ha montado un casino de préstamos a futuro esencial en la financiarización de la economía.

El creciente endeudamiento de las economías se remonta a la última década del siglo pasado (Oxford). En la globalización entró a una nueva fase, pues las que van acumulando déficits en sus cuentas externas acuden a créditos y a capitales financieros prestamistas, un mercado tan jugoso que en los TLC se considera como inversión con garantías plenas.

Dicho mercado abarca los gobiernos y empresas emisoras de bonos y otros agentes y requirió de entes que avalen confianza a los especuladores en sus operaciones. Cumplen la función tres firmas privadas de Estados Unidos, Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P), un oligopolio de calificadoras de riesgo.

Esa trilogía ha sido criticada por distintos economistas. Dani Rodrik descree del poder regulatorio confiado a un número limitado de agencias “humanas y muy falibles” (2007). Joseph Stiglitz acusa que en 2008 “las agencias de calificación, así como la gran mayoría de los bancos inversores, cometieron fraudes masivos” (2020). Adam Tooze alude al ridículo de S&P cuando en agosto de 2011 rebajó la calificación a Estados Unidos por causa de un mal cálculo sobre un escenario equivocado de referencia (Crash, 2018) y Tepper y Hearn revelan que las certificaciones, por las cuales cobran, les reportan retorno sobre sus patrimonios hasta del 84 por ciento, ya que han hecho de ellas un gran lucro (2019).

Pues bien, con S&P a la cabeza, se lanzaron a desacreditar a Colombia a raíz del hundimiento de la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla. El castigo es calificar los bonos de deuda del país como “bonos basura”, con lo cual los prestamistas cobrarían mayores tasas por sus créditos, algo extensivo a firmas como Ecopetrol o Banco Davivienda, que ya vieron la degradación. “Perdimos el grado de inversión”, gimen los idólatras de los mercados financieros.

La decisión resulta inexplicable en la lógica de los fundamentales de la economía nacional: no hay ni explosión inflacionaria, ni crisis cambiaria, ni resquebrajamiento patrimonial o de solvencia del sistema financiero. Ocurre luego de un préstamo de 750 millones de dólares del Banco Mundial y cuando se pronostica para 2021 un crecimiento del PIB entre 4 y 5 por ciento y más importante: los compromisos de pago de deuda a 2030 tienen un programa financiable y una tasa fija convenida (BanRep).

Al inferir que se trataría de una cuenta de cobro por los estragos de la pandemia, dos exministros de Hacienda, Ocampo y Hommes, se pronunciaron: las calificaciones crediticias “no pueden basarse en criterios de corto plazo”, dijo el primero, y “abusan de sus atribuciones”, manifestó el segundo.

¿Qué explica el atropello? El faltante en las cuentas externas, causado por la estrategia de libre comercio y capital extranjero, ha creado en las finanzas públicas un viacrucis de endeudamiento público. Colombia paga para que le presten y le prestan para que pague, un circuito dentro del Presupuesto que condujo a que en 2000 la deuda del Gobierno central por habitante, 1,8 millones de pesos, pasara en 2020 a 12 millones, 6,5 veces más, mientras el ingreso por persona solo se multiplicó por cuatro. El país, estatal y privado, vive del crédito provisto por agentes financieros globales, más que de petróleo o carbón como aducen quienes leen el desempeño económico con ligereza y lo acomodan a su retórica.

Con menor gasto y más recaudo impositivo, la fallida reforma tributaria creaba nuevos espacios fiscales que reforzaran tal círculo vicioso, para que a futuro los fondos de capital tuvieran negocio seguro en ese desequilibrio de 25 billones de pesos que se montaba a favor de la Hacienda. Pero la sociedad dijo ¡NO!

Los buitres del capital financiero metieron su Esmad para notificarnos, antes de tomar otro curso, que su filón estará a salvo, como humillaron a Grecia, a la que desvalijaron del bienestar social, o con Argentina, a la que le convirtieron bonos adquiridos por 48 millones de dólares en pagos por 1.330 (NYT). Cuando las colonias se resisten, ahora los poderes mundiales amplían el menú: de golpes de Estado, invasión o atentados a presidentes a reducir económicamente a las sociedades, elevar el agio y caer sobre la carroña.

Es el empleo, estúpido

Urge, en busca del pleno empleo, la intervención del Estado al menos en tres frentes: en planes de empleo público; en la modificación, enmienda o término de los TLC, como lo permite el capítulo 23 del de Estados Unidos; y en la política monetaria.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

¿Cómo crece la economía? Por el crecimiento del empleo y de la productividad. La fórmula, empero, no funciona igual para todos los países: donde el desempleo es bajo, la productividad es primordial, pero donde es alto, como en Colombia, debe predominar la expansión del empleo (E. Sarmiento, 2021).

¿Qué pasó en 30 años en el país? Tenemos el mayor desempleo de Suramérica y somos, de 34 miembros de la Ocde, el que más lo incrementó, en 3,7 por ciento entre febrero de 2020 y de 2021. Se pasó de 2,88 millones de desocupados a 3,8 millones; tres de cada cuatro cesantes lo estaban antes de la pandemia. ¿Qué no funcionó? Que el salario mínimo se elevó por debajo del ingreso por habitante fruto del dogma de “a menor remuneración, más empleo” y, en consecuencia, la participación de los salarios en el ingreso nacional se despeñó del 48 al 35 por ciento. Se cumplió el aviso de Keynes sobre el mercado laboral imperfecto y la población dijo ¡basta ya!

Urge, en busca del pleno empleo, la intervención del Estado al menos en tres frentes: en planes de empleo público; en la modificación, enmienda o término de los TLC, como lo permite el capítulo 23 del de Estados Unidos; y en la política monetaria.

Desde 2007, conocí un programa de empleo público esbozado por el profesor Álvaro Moreno. En septiembre de 2019, en respuesta a Bruce Mac Master (El Tiempo), precisé: “Dirigido a poblaciones sin enganche en el mercado –entre nosotros, jóvenes y mujeres–, para que desempeñen actividades de baja complejidad”, y dos años más tarde economistas como Ocampo proponen lo mismo. No obstante, en lugar de financiarlo con emisión monetaria, propongo, por razones de permanencia y equidad, una reforma fiscal con esa destinación específica, que grave con tarifas marginales crecientes la riqueza de 40.000 personas naturales poseedoras de entre un millón y mil millones de dólares (Reyes, 2019) y de 75 empresas con más de un billón de pesos de patrimonio. Cálculos moderados estiman entre 7 u 8 billones lo que se recaudaría para un inicio firme y bajar el desempleo a la mitad en el mediano plazo (Garay-Espitia). Deberían girarse a las regiones, según su tasa de desempleo, como capítulo del Sistema General de Participaciones.

¿A quiénes y cómo enganchar? A mano de obra no calificada, del 40 por ciento más pobre, para desempeñar servicios oficiales y comunitarios, de los que se pueden contabilizar más de 30 tipos distintos, resaltando el sistema de cuidado, que debe impulsarse cuanto antes.

Ya hay semillas sembradas: mientras algunos políticos aterrizan de barrigazo en la idea, en Bogotá se adelanta el programa Reto (Retorno a las Oportunidades Juveniles), que apunta a 6.000 jóvenes, y espera ampliarse, para funciones como las mencionadas con acompañamiento en educación y transferencias monetarias, aunque lo ideal es a salario mínimo. Igual el Programa de Cuidado en la Capital, que empleará a cuidadoras que releven a quienes desempeñan dichas ocupaciones para darles tiempo libre y opciones de formación, experiencias que deben multiplicarse.

Pero solo con planes públicos no es posible reavivar el empleo. Hay que enfrentar el quebranto principal: el déficit externo cuyo foco son los TLC. Colombia importa 45 por ciento de los bienes industriales, finales, intermedios y equipo, y 65 por ciento de los cereales y las oleaginosas. Sin revisar las cláusulas vueltas yugo para el postrado aparato productivo, será imposible reactivar el ahorro empresarial nacional y el trabajo.

Si Colombia dejara de importar la quinta parte de maíz, trigo, cebada, soya y algodón, se salvarían 50.000 empleos permanentes, de 240 jornales, y 350.000 hectáreas. Redimir las confecciones y textiles, la metalmecánica y la química o suplir toda la gasolina o el etanol tendría un impacto ocupacional enorme, en un proceso de reindustrialización, y ni qué decir de relanzar un nodo automotor, incluidos carros eléctricos de bajo costo para el mercado interno y regional, donde por cada empleo en planta se arrastran cuatro en sectores complementarios.

La política monetaria, orientada solo a cumplir la meta de inflación, se ha convertido en talanquera para la demanda y la producción, tanto que ya uno de cada tres hogares apenas toma dos comidas diarias, limitada a asegurar rentas efectivas a establecimientos de crédito y valorización en pesos constantes a las inversiones foráneas. Modificarla forma parte de un cambio macro de la política económica, hoy también encriptada en los TLC, para definir una orientación diferente al libre comercio y al modelo de capital extranjero.

He aquí tres ideas hacia el pleno empleo, a disposición de quien quiera acogerlas, pero expuestas con la fuerza con la que James Carville le espetó la conocida frase a Clinton en 1992. La urgencia impulsa a formularlas así.

La emboscada a la protesta

El gobierno de Duque, fuera de aludir a la protesta con el término policial “vías de hecho”, ostenta una conducta reaccionaria al respecto.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El artículo 37 de la Constitución, en el título II sobre derechos fundamentales, dice: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Los artículos 18, 20 y 40 lo complementan.

Los apartados 21 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas la resaltan como una “forma importante de ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión establecida” y tratadistas como Gargarella la nominan como primer derecho, pues de él se han derivado los demás.

Investigadores señalan que en Colombia “la protesta es una de las formas principales de participación ciudadana, y que en la gran mayoría de los casos, transcurre de manera pacífica. La gente suele acudir a la protesta en situaciones o momentos límites, cuando se agotan otros canales de participación o expresión del descontento ante situaciones injustas”. Estiman que entre 1975 y 2016 hubo 25.000 movilizaciones, que aumentaron “desde finales del decenio pasado, cuando aún era presidente Álvaro Uribe” y que “la tendencia se mantuvo con vaivenes bajo el Gobierno de Santos, con el que llegamos al pico de 1.037 en 2013” (Archila, García y Cinep).

El número descendió de 800 anuales a 300 entre 1975 y 1995, subió a 600 hacia 2007 y en adelante estuvo entre 800 y 1.000 hasta 2016 (Cinep). En los primeros tres meses del gobierno de Duque hubo 348 protestas, 59 por ciento más frente a igual periodo en 2017, cuando hubo 1,9 movilizaciones por día (FIP). Para 2019, tras el triunfante movimiento estudiantil de 2018, se activó la protesta contra el “paquetazo” de la Ocde que desató el paro iniciado el 21 de noviembre, teñido por el asesinato de Dilan Cruz con réplicas hasta febrero de 2020.

El Gobierno de Duque, fuera de aludir a la protesta con el término policial “vías de hecho”, ostenta una conducta reaccionaria al respecto: su primer ministro de Defensa, Guillermo Botero, previo a posesionarse hablaba no de garantizarla sino de reglamentarla, porque para él son minorías contra mayorías entorpecidas en su diario vivir. El fallecido ministro Trujillo debió presentar disculpas por excesos de la fuerza pública contra los protestantes, como le ordenó la Corte Suprema, y el actual, Diego Molano, es autor de la “genialidad” de confinar la protesta en un “protestódromo”.

Llueven críticas desde la comunidad mundial al Gobierno por su autoritarismo, que no cumple el protocolo acordado a instancias de la Corte de no usar armas letales, quizás orientado por la máxima instigadora de Álvaro Uribe del “derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad”.

Luego de 15 días, 2.700 concentraciones y 1.215 marchas en 750 municipios, el balance era 2.110 casos de violencia de la fuerza pública, con 40 presuntos homicidios, 34 con arma de fuego –el modus operandi que el 9 de septiembre de 2020 causó nueve crímenes similares y solo tres decisiones judiciales en Bogotá–, 362 víctimas de violencia física y 17 sexual, incluida Alison en Popayán, 1.055 detenciones arbitrarias y 168 posibles desaparecidos (Defensoría, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Indepaz y Temblores).

Deja mucho qué pensar que gatilleros de civil, en distintos episodios, sean vistos al lado de la Policía, la que, a su vez, tuvo 849 uniformados heridos y la muerte del capitán Solano al enfrentar un robo bancario en Soacha por vándalos que aprovecharon la manifestación.

También entrampan la protesta, al dificultar su carácter masivo, el vandalismo y el extremismo ejercido por anarcos, por la delincuencia organizada, gente descompuesta fruto de la misma crisis galopante, y por residuos insurrectos que persisten en suplir a las masas con acciones “heroicas” lanzándose “por el atajo de una insurrección imaginaria”. Estos modos, en lugar del dicho de los corifeos oficiales, no son criaturas de la protesta, son su contrario. Si se proscribiese la movilización civil y desembocara en la devastación, sería el caos.

Conspira contra la resistencia ciudadana la tecnocracia criolla, que no se explica cómo la “masa inculta” no entiende lo bueno de aumentar el IVA y oficia de eco de los mercados financieros, que castigarán la rebeldía justificada con la pérdida del grado de inversión a la economía y atemorizan con las calificadoras de riesgo que arrasaron en Grecia el estado de bienestar para calmar la voracidad de los especuladores. Tecnócratas alejados de la incertidumbre de 3,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Duque procedió al revés. Primero recaudo de impuestos que gasto público eficaz, primero fuerza desproporcionada que negociación abierta, y primero discurso hosco que mensaje de concordia. ¿Seguirá emboscada la protesta?