China

A futuro, el país delineó la inteligencia artificial como la primera carta de navegación.

La opinión mira –en esta coyuntura– hacia oriente, quizás sin conocer los fundamentos de la República Popular China (China). Esta columna, sin agotarlos, pretende describir algunos. Tiene 1.400 millones de habitantes y un producto interno bruto (PIB) de 14 billones de dólares. Es la segunda economía, y si en 2018 creció 6,6 %, entre 1978 y 2010 lo hizo 10 % anual, apalancada por crédito irrigado a hogares, empresas, gobiernos locales, bancos y gobierno central, que suma 300 % del PIB. Sus reservas externas alcanzan 3,12 billones de dólares, con 1,14 en bonos del Tesoro norteamericano.

Es fuente comercial de 140 países, responsable del alza mercantil entre 2002 y 2012 y del crecimiento global. Conviven “dos sistemas”: empresas estatales estratégicas y un sector privado que aporta 66 % del PIB y 70 % del empleo e incluye 338 multimillonarios. Los mercados financieros de Shenzen y Shanghái –solo superados por Wall Street– cuentan con miles de firmas emisoras que transan billones anuales en acciones, bonos públicos y privados con retornos en 20 años hasta del 20 % e inflación media del 4 %. A futuro, China delineó la inteligencia artificial como la primera carta de navegación.

Su iniciativa exterior es “One Belt, One Road”, nuevo “Camino de la Seda”, motor en construcción de puertos, ferrocarriles, hidroeléctricas, gasoductos, industrias e infraestructura logística

El 19.o Congreso del Partido Comunista, encabezado por Xi Jin Ping, tras sacar 270.000 miembros corruptos, anunció una “nueva era del socialismo con características chinas” que definió como la contradicción principal “entre las necesidades de las personas por una vida mejor y un desarrollo desequilibrado”, e instó a “una sociedad moderadamente próspera”, con “el mercado en la asignación de recursos” y “fuerzas armadas fuertes y modernas”, sometidas al Partido.

Proclama un “rejuvenecimiento nacional”, pues 15 % de su población supera los 60 años, y en 2050 la edad media será de 46; la población en edad de trabajar ha caído a 900 millones y la económicamente activa es de 770 –con alta informalidad rural, donde existen 50 millones en pobreza absoluta–, aunque desde 1990 emigraron a las urbes cerca de 220. China gasta 4 % del PIB en educación, frente al 7 % promedio mundial; cobija en pensiones al 60 %; en salud, el gasto de hogares es un elevado 30 % del total –para medicinas, consultas y hospitalización a 95 % de las personas–; el resto es gasto social y público.

China cobra influencia global basándose en relaciones económicas: Según Heritage Foundation, exportó capital –entre 2005 y junio de 2018 por inversión directa y contratos de infraestructura– por 1,87 billones de dólares a 150 países en 2.907 transacciones, 953 en Asia oriental y occidental y 521 en África subsahariana. Por sectores, 861 fueron a energía –importa 67 % del petróleo y 34 % del gas– y 840, en construcción y finca raíz. Ha adquirido tierras en casi 30 países por un millón de hectáreas.

Su iniciativa exterior es “One Belt, One Road”, nuevo “Camino de la Seda”, motor en construcción de puertos, ferrocarriles, hidroeléctricas, gasoductos, industrias e infraestructura logística y de intercambios en ciencia, tecnología y comercio vía corredores económicos a través de Asia, Europa y África.

Xi Jin Ping, que avizora “una oportunidad estratégica”, reorganiza el Ejército Popular de Liberación (EPL) a alto nivel tecnológico, apoyado en un complejo-militar-privado y perfilado a operaciones externas que jerarquizan Asia y los mares circundantes. Con una primera base externa en Djibouti, divide sus tropas combinadas de 78 brigadas en cinco teatros geográficos: las terrestres, con 7.400 tanques, 10.600 piezas de artillería y 915.000 efectivos; en las aéreas destacan 1.490 cazas, 130 aviones de misión especial y 530 bombarderos y las navales con un portaviones, 56 submarinos, 28 destructores, 28 corbetas, 51 fragatas y 346 entre patrulleros y guardacostas. Contabiliza entre 75 y cien misiles intercontinentales, de 16 a 30 intermedios y más de 1.500 de mediano y bajo rango, y puede cargar 280 ojivas nucleares en tanto Rusia y Estados Unidos poseen 1.550. Es el segundo ejército, que también adelanta cibertareas, con presupuesto de 150.000 millones de dólares anuales.

Michael Beckley desestima “el inminente riesgo de Estados Unidos de ser sobrepasado”, pues colige que los países populosos reducen sus recursos netos luego de descontar los gastados en alimentar y proteger a su gente, y además argumenta que las empresas chinas carecen de eficiencia, y su equipamiento militar, de alcance, potencia y precisión, y Krugman afirma que China “está llegando a su muralla”.

A contramano, en el ‘Orden mundial’, Kissinger advierte que en quince casos históricos, cuando “interactuaron una potencia en ascenso y otra establecida”, diez terminaron en guerra. En medio de la crisis de la globalización, la tensión escala y va tornándose en primera contradicción mundial.

La enfermedad holandesa financiera

En entrevista reciente, el ministro Cárdenas registró como el mayor logro económico de los ocho años del gobierno de Santos el aumento de la inversión extranjera, anotando que entre 2002 y 2010 los flujos netos anuales eran en promedio de 6.000 millones de dólares, mientras que entre 2010 y 2016 subieron a 14.000 millones. Confirmó así que el capital externo es hoy la variable de cierre de la economía colombiana, cuando entre 1996 y 2002 la media fue apenas de 2.500 millones. Es a partir de esa avalancha de divisas como debe analizarse la economía nacional y, contrariando la difundida especie del modelo ‘extractivista’, que no corresponde a una caracterización precisa, urge evaluar el efecto conjunto de los flujos externos como esencia de la política económica del siglo XXI.

El monto (stock) de la inversión extranjera directa en Colombia a marzo del 2018 es de 182.342 millones de dólares. ¿Cómo se distribuyó la ocurrida entre 2000 y 2017? En petróleo suman 44.915 millones y en minas, 26.019; en industria llega a 28.721; en servicios financieros, a 19.466; en transporte y comunicaciones, a 17.406 y en comercio, a 13.800, para mencionar lo más relevante (Banco de la República, 2018).

Lo anterior se ratifica al mirar las 21 mayores empresas por ingresos superiores a $ 4 billones en 2017: diez son transnacionales; cinco, predominantemente nacionales; dos son públicas y cuatro, mixtas (público-privadas). Entre ellas hay cinco relacionadas con hidrocarburos y minería, encabezadas de lejos por Ecopetrol; tres, con comercio; dos, con servicios financieros y cabezas de ‘holding’ de inversión; tres, con servicios públicos; dos, con servicios de salud; dos, con TIC; tres vinculadas con la industria y una, con transporte aéreo.

Colombia cayó en el entrampamiento crediticio con el propio capital internacional al que le abrió con laxitud sus puertas en la orgía de la confianza inversionista.

Las lucrativas operaciones –que incluyen además los giros a las economías foráneas de origen– tienen como contrapartida ingentes costos para sostenerlas, manifestados en los crecientes niveles del endeudamiento bruto del sector público. En 2000, este era de $ 88 billones, equivalente al 45 por ciento del PIB; para 2010 subió a $ 234 billones, entonces 43 por ciento del PIB, y para 2017 se disparó a $ 500,9 billones, 54,4 por ciento del PIB, que, como advirtió la Anif, al agregarse el pasivo de Ecopetrol, se acercaría al 60 por ciento, nivel a partir del cual la Unión Europea trata como “paria” a una economía.

No obstante, al estudiar los acreedores de dicha deuda, se encuentra que también el capital extranjero participa en gran medida. De acuerdo con información de Juan Pablo Fernández, la denominada inversión de portafolio, eminentemente especulativa, vale 87.282 millones, muy por encima de lo puesto en petróleo y minería, y 56.182 de ellos están representados en títulos de deuda pública, TES. Así mismo, los pasivos externos (inversión extranjera + deuda + especulación con monedas) llegan ya a 328.291 millones de dólares, un 147 por ciento más con respecto a marzo del 2010, de los cuales cerca de 130.000 millones corresponden a títulos y préstamos. Colombia cayó en el entrampamiento crediticio con el propio capital internacional al que le abrió con laxitud sus puertas en la orgía de la confianza inversionista.

La mayor ‘extracción’ no es petróleo ni carbón ni oro. Es de ahorro y de trabajo nacional para cubrir el pago del exorbitante endeudamiento, principalmente con bajos salarios y mínimos ingresos disponibles –de la base social nacional–, mermados por impuestos indirectos como IVA, al consumo, cuatro por mil y gravamen a los combustibles.

Los capitales foráneos, incentivados por favorables diferenciales en las tasas de interés y beneficios tributarios, hacen del mercado colombiano jugoso filón, tanto que, según IIF, el país ocupó de 2015 a 2017 el cuarto lugar, de acuerdo con el porcentaje del PIB, como receptor de flujos de deuda entre las economías emergentes, luego de la República Checa, Líbano y Sudáfrica. Además de endurecer la revaluación del peso, se subordina al conjunto de la economía al pago cumplido y, encima, supervisado por las calificadoras de riesgo de Wall Street, que enjalmaron a los gobiernos anteriores e igual harán con el de Duque.

El desarrollo armónico de los distintos sectores productivos estuvo afectado entre 2002 y 2010 por la conocida enfermedad holandesa y ahora lo está aún más por esta fase superior robustecida con capitales especulativos, tal como lo explica Alberto Botta (2015, Universidad de Calabria y Universidad de Greenwich) al estudiar el caso de Colombia.

Este es el balance macroeconómico de 16 años de uribosantismo, que, al parecer, será similar para el futuro próximo en busca de espacios fiscales para cubrir esta espiral sin límite.

Debate pensional: ¿Todo por rescatar las AFP?

“Los escenarios dicen que el pasivo pensional va cayendo como porcentaje del PIB (…) no hay bomba de tiempo”, dijo Mauricio Cárdenas al clausurar el Congreso de Asofondos. En la Ocde sus miembros aplican en promedio el 8,2 % del PIB de fondos públicos para las jubilaciones. En Colombia solo 3,9 %.

Cárdenas desvirtuó el relato del “excesivo” y creciente gasto público para subsidiar a Colpensiones, entidad administradora del Régimen de Prima Media (RPM) y Beneficios Económicos Periódicos (Beps), señalada como el problema del sistema y a la que Anif pide “marchitar”: que no reciba nuevos cotizantes.

Desde la Ley 100 de 1993 coexiste con el Régimen de Ahorro Individual (RAI), que fija la pensión por el ahorro personal capitalizado mediante contribución definida, sujeto a rentabilidades y tiempos y es administrado por las AFP. Su instauración rompió solidaridades como la intergeneracional, donde los jóvenes aportan para los pagos a los mayores; la social, reducida al 1,5 % de los salarios para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y aportes adicionales cuando se devengan más de cuatro salarios mínimos; y así mismo puso en entredicho la concurrencia de los impuestos para asegurar el derecho pensional.

Al RAI pertenecen 14,84 millones de afiliados, con edad promedio de 44 años, la mitad, cotizantes activos. Acumula $ 227 billones y tiene solo 130.616 pensionados a cargo. Los afiliados al RPM, en cambio, son 6,52 millones, entre 45 y 55 años, también la mitad activa, pero responde por 1,3 millón pensionados y por los Beps y otros programas asistenciales. Colpensiones posee escasas reservas, pero el RPM lo paga principalmente el Estado mediante transferencias que para 2018 serán de $ 13,5 billones. Otros $ 28 billones se utilizarán del Presupuesto General para las pensiones de 55.000 miembros de las FF. AA.; de 195.000 docentes y de los jubilados estatales, de distintas ramas y niveles, adscritos a la UGPP.

Como el mercado laboral es fuente primaria del sistema, debe relacionarse con el mapa anterior. Según Anif, “la formalidad laboral de Colombia no es del 43 % de la población económicamente activa”, sino que “se acerca a un 27 % en promedio o al 15 %” si se contabiliza solo a quienes cotizan durante todo el año. Y tres de cada cuatro cotizantes ganan menos de dos salarios mínimos mensuales.

En tan precarias condiciones es muy baja la cobertura: solo una de cada cuatro personas, en edad de pensionarse, goza de tal derecho. Así mismo, el porcentaje del último salario que fija el valor de la pensión, llamado tasa de reemplazo, es en Colpensiones -en la mayoría de los casos- más del doble que en el RAI, lo cual ha estimulado el éxodo de este régimen.

El ‘Modelo de simulación del RAI en Colombia’ (Banrep, 2009) proyectó que los ingresos serán menores que los gastos para las AFP entre 2030 y 2040. Entrarían en déficit estructural para responderles debidamente a la mayoría de afiliados que perciben bajas remuneraciones o que no cotizan todos los meses ni logran acumular para una pensión o las semanas necesarias; a lo cual se sumarían los desembolsos obligatorios por los cambios de régimen u otros motivos y los pagos de supervivencia a los beneficiarios. El BID (2015) ratificó dicho riesgo como “deficiente funcionamiento del régimen privado de pensiones (RAI) en su parte de des-acumulación”, desequilibrando inclusive al oligopolio bancario que lo controla.

Consciente del incierto futuro del RAI, la Comisión de Gasto Público sugiere acudir al salvamento de las AFP: subir edades, aumentar semanas y porcentajes de cotización y asignar los cotizantes de salario mínimo solo al RPM. Su prioridad es mantener a las AFP ante todo, aún a costa de sus afiliados, como inversores que -con excedentes del ahorro laboral- sigan dinamizando el mercado especulativo, acciones, TES, mercados de deuda y futuros bursátiles externos y hasta en vías 4G, y no como garantes efectivos del derecho fundamental a la seguridad social.

Los cuellos de botella están tanto en la informalidad o semiinformalidad de la mayoría de los trabajadores como en el incumplimiento del RAI con los pronósticos de hace 25 años de más cobertura, equidad y pensión adecuada. Los ajustes deben tocar la política económica –financiada con bajos salarios, poco ingreso general disponible y el rebusque- y además al RAI para que retome su genuina misión de proveer, entre otras, cómo los excedentes de los jóvenes ayudan a mejorar las condiciones para los mayores y también, si existen, corregir las desigualdades en el RPM. Resulta inicuo aplicar el “todo vale” por rescatar a las AFP.

¿Cómo debe ser una reforma tributaria progresiva?

Un artículo de ‘Columbia Journal of Tax Law’ (Benshalom y Stead, 2018) afirma que “el régimen del impuesto a la renta es un instrumento vital para lograr la redistribución en las democracias liberales, por lo que académicos y legisladores deberían ver un análisis distributivo concreto de sus atributos como una necesidad”. El texto refuta las, por lo menos, 16 reformas tributarias que en los últimos 27 años han maltratado impunemente el artículo 363 de la Constitución: “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”.

Dicha deformación, justificada al tenor de la eficiencia, causó que en el sistema tributario nacional no predomine el impuesto de renta. Veamos: con base en información de la Dian del año gravable 2016, que se registra en 2017, cuando solo se aplicaron los impuestos indirectos, quedando pendiente el de renta para las declaraciones del 2018, el recaudo total fue de $ 136 billones. El IVA (externo + interno), el de combustibles, los aranceles, el impuesto al consumo y el cuatro por mil sumaron $ 70 billones, mientras que el de renta, el Cree y el de riqueza, estos últimos en vías de extinción, llegaron a $ 66 billones. La brecha entre ambos se seguirá ahondando.

Así mismo, en 2017, el impuesto de renta a cargo de personas jurídicas ‒de acuerdo con la Dian‒ facturó $ 23 billones, frente a una renta líquida de $ 104 billones, lo cual significa una tasa efectiva promedio del 22 por ciento, lejos de la nominal de más del 40 por ciento que regía en 2016 y también alejada en sectores claves, por ejemplo, el de los bancos en 2015, con el 16,9 por ciento (Villabona). Iniquidad presente además en las personas naturales, como entre las obligadas a llevar contabilidad, donde los asalariados, con $ 248.000 millones de ingresos totales, tuvieron un impuesto a cargo de $ 19.498 millones, el 7,8 por ciento, insólitamente similar al de los rentistas del capital, con ingresos por $ 726.000 millones, con tributo de renta por $ 58.300 millones, de lo que resulta una tasa del 8 por ciento.

El mundo discute la tarifa tributaria respectiva, particularmente para activos de inversión, que, como se muestra en muchos países, se concentran en el 1 por ciento más adinerado.

Está comprobado que Colombia va en contravía de la progresividad, ordenada expresamente por la norma constitucional, como ha ocurrido también en Estados Unidos desde 1960-1970, donde, según Piketty, se produjo “caída en los impuestos corporativos y en los impuestos a las sucesiones y donaciones combinada con un fuerte cambio en la composición de los principales ingresos lejos del ingreso del capital y hacia el ingreso laboral”. Es la línea continuada por Trump, así como la plasmada en la reforma tributaria del 2016 en Colombia y la propuesta por candidatos como Vargas, Duque y otros.

Un grupo de trabajo (R. Barrera, N. Moreno y M. Hoyos) construyó un bosquejo de trazado tributario hacia la progresividad. Ellos sugieren, en primera instancia, sabiendo que el Gini de las utilidades empresariales es mayor a 0,8, que se fije una tarifa esa sí progresiva, favoreciendo a las pymes, poniendo a las mayores contribuyentes el 36 por ciento y descendiendo en escala hasta 22 por ciento, con lo cual incluso el recaudo crecería y no sería cero, como está proyectado entre 2017 y 2022.

Así mismo, proponen, con Piketty, gravar el patrimonio-riqueza de personas naturales en el exterior que buscan ‘despatrimonializarse’, como en el caso de los papeles de Panamá y otros modelos paradisíacos. El mundo discute la tarifa tributaria respectiva, particularmente para activos de inversión, que, como se muestra en muchos países, se concentran en el 1 por ciento más adinerado.

También sugieren acabar de eliminar los estrambóticos privilegios consignados en los ‘contratos de estabilidad jurídica’; elevar impuestos a las grandes sucesiones; suprimir ‒como se vio‒ las excesivas deducciones, cuyo costo fiscal se estimó entre 2000 y 2015 en más de $ 120 billones (Villabona y Quimbay) y alzar la carga impositiva a los dividendos. Plantean, como Piketty, retomar el gravamen a los giros de capital al exterior de ganancias de firmas transnacionales, anulado por Uribe y Carrasquilla en 2006, que para 2017, aplicando solo 7 por ciento a los 13.641 millones de dólares ‒la renta remitida‒ recabaría $ 3 billones, un tercio del producto del alza del IVA del 16 al 19 por ciento.

Sergio Fajardo ha convocado un diálogo general para elaborar la reforma fiscal indispensable y este análisis pretende contribuir con fundamento para avanzar hacia la equidad y hacia una efectiva redistribución del bienestar, lo cual es el fin mínimo que debe buscarse en el presente orden económico y social.

¿Desaceleración o crisis? He ahí la cuestión

Afirmando que “no son los mismos con las mismas” y de que “me sorprendería”, Rudolf Hommes, por la vía de un chat, me hizo llegar el discurso económico de Humberto de la Calle en la Seap. En la línea de todos los analistas oficiales y del Ministerio de Hacienda, el ya candidato del Partido Liberal parte de que “la economía colombiana atraviesa por una coyuntura de desaceleración” y que el mecanismo expedito para superarla o evitar su agravamiento consiste en “sanar las finanzas públicas (…) para poner al país en una nueva senda de crecimiento”.

Es evidente que tanto su base de análisis como sus soluciones están en el marco de la misma política económica que rige hace 25 años. ¿Será apenas una simple desaceleración cuando, en 2017, la sumatoria del déficit de las cuentas externas con el déficit fiscal, como porcentaje del PIB, será del 7,6 por ciento ‒si el primero se estima en 4 por ciento y el segundo en 3,6 por ciento (Clavijo)‒, superior a la de 2014, del 7 por ciento, pero luego de haber ya agotado todos los instrumentos: la política monetaria, con alza y baja de la tasa de interés; la política cambiaria, que corrigió la tasa de cambio en torno a $ 3.000, y la saturación de la política fiscal, con la inicua reforma tributaria, que no aumentó el recaudo en pesos reales?

Nada se dice en términos de empleo y de incentivar la demanda efectiva. Las cinco ‘locomotoras’ de Santos apenas crearon, entre 2010 y 2017, 300.000 de los más de tres millones de nuevos ocupados, en tanto los desocupados siguen por encima de los dos millones de personas. Incluso la propuesta liberal que busca preservar el grado de inversión no apunta a detener el crecimiento exponencial del endeudamiento público, sino que quiere ‒por lo expuesto‒ garantizarle recorrido seguro. La propuesta tampoco protege al país de nuevos choques externos provenientes de alzas sostenidas en las tasas de interés de la FED o del Trump’s Corporate-Tax Plan.

Esto, sin debatir que el candidato plantea ahondar, de hecho, los TLC, con aranceles tope al 10 por ciento y sin reversa a los de 0 por ciento, y el modelo de capital extranjero. No sé si sean los mismos, pero sí son las mismas, de la misma línea de la excentricidad de Vargas de poner en 0 por ciento la tarifa de renta a los intereses cobrados por los fondos de capital extranjero que adquieren TES y que fue hazmerreír en Wall Street.

Como el talante verdadero de un gobierno se determina en los siguientes términos, según Voltaire: “El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra”, me concentro en cómo lo propone De la Calle, dejando de lado las otras propuestas complementarias.

Presenta una reforma tributaria “progresiva”, la cual, paradójicamente, arranca fijando una tarifa de impuesto de renta corporativo “plano”, para grandes, pequeñas y medianas empresas, en el 25 por ciento, sin deducciones ni beneficios, omitiendo de entrada que las utilidades empresariales tienen un índice Gini del 0,82 (Acopi Bogotá, Suárez, Martínez), mucho peor que el del ingreso entre personas, que es del 0,52.

Es decir que los tres mil grandes contribuyentes de personas jurídicas que en 2016 pagaban tarifa del 41 por ciento bajarían 16 puntos de un tajo, más allá incluso del 33 por ciento en el que quedaría la tarifa nominal en 2018, en condición igual a las pymes, precisamente las que están pasando por su peor momento. Dicha rebaja se compensaría, anota De la Calle, ampliando la base del IVA, fuera de la canasta básica, al 16 por ciento. Es decir, menos impuestos directos y todavía más indirectos, con los costos que corren a cargo de los de a pie. En cuanto a personas, aboga que “nuestra contribución sea creciente en nuestro nivel de riqueza”, mas no precisa cómo hacerlo realidad. Lo acompasa con flexibilizar la regla fiscal y con el lugar común de “eliminar trámites” y “combatir evasión”.

Si se quiere ser progresivo, ¿por qué no una tarifa diferencial para empresas ‒según tamaño‒ o aumentar el impuesto a las herencias, defectuoso, o gravar capitales golondrina especulativos, o aplicar una tasa a los patrimonios personales en el exterior, sustraídos del torrente económico nacional, o revivir la que se aplicó hasta 2006 al giro de las rentas de subsidiarias extranjeras a casas matrices, tal como existe en Perú, Francia y España? Esas sí serían ideas distintas.

En economía, no a los mismos con las mismas

El 7 de agosto, hace casi tres meses, al cumplir siete años el mandato de Juan Manuel Santos, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, publicó un documento denominado ‘Colombia en cifras’, en el que muestra la evolución de algunas variables sociales y de la economía entre 2011 y 2016, entre ellas, la tasa de inversión, los montos de inversión extranjera directa, el coeficiente de Gini y la tasa de desempleo e informalidad. Incluye en él indicadores sobre el impacto de la inversión del Gobierno en infraestructura, seguridad, salud, vivienda, saneamiento básico, energía, educación y las TIC, entre otros.

Pero el ministro no anotó el valor de tales inversiones. Para saberlo, hubo que elevarles algunos derechos de petición a Planeación Nacional y a otras dependencias. El resultado, en números redondos: los más de 7 millones de conexiones de saneamiento básico costaron $ 7,43 billones; las 159.741 acometidas de energía eléctrica implicaron un costo de $ 1,38 billones; las 117.000 soluciones de vivienda gratis sumaron $ 4,7 billones y otros $ 2 billones más valió el apoyo a las 124.000 viviendas rurales VIS. Los programas Ser Pilo Paga, el aumento de la cobertura en la educación superior –con recursos para Icetex y para las universidades públicas– y la gratuidad en la educación suman $ 522.000 millones, $ 23 billones y $ 3,6 billones, respectivamente, entre 2011 y 2016 y desde que rige Ser Pilo Paga.

En salud, agregar 4,6 millones de personas al régimen subsidiado implicó un gasto de $ 3,15 billones y acrecentar el pie de Fuerza Pública en 23.100 policías más sumó $ 1,4 billones, a razón de $ 60 millones cada uno. En cuanto a infraestructura, entre segundas calzadas construidas y las redes viales primaria, secundaria y terciaria se destinaron $ 12,2 billones, según Invías. En conectividad, entre conexiones de banda ancha, de alta velocidad a municipios y tabletas y computadores a colegios, el Gobierno invirtió $ 2,5 billones. Los cálculos de la sumatoria total de esta inversión pública hechos por la economista y magíster Natalia Moreno dan $ 61,8 billones para el periodo 2011-2016, a razón de $ 10 billones por año. Es decir, la estrechez fiscal de Colombia no da a duras penas sino para pagar gastos básicos, o cuando mucho para asegurar derechos mínimos que deberían estar resueltos hace años.

No obstante, el análisis debe completarse examinando las fuentes de los recursos. Según el trabajo de Moreno, el recaudo de impuestos en dicho periodo fue de $ 655 billones, en pesos corrientes, y los gastos de funcionamiento, $ 595 billones. El excedente de $ 60 billones en esos años fue insuficiente para financiar presupuestalmente toda la inversión, máxime cuando la restante, excluyendo la que destaca Cárdenas en su documento, tuvo montos anuales superiores a $ 20 billones.

La contrapartida fuerte es el endeudamiento sin tasa ni medida del Gobierno central (GNC) y del sector público no financiero. Moreno afora la deuda del GNC contraída entre 2011 y 2016 en escandalosos $ 243 billones, y lo peor es que los intereses pagados suman $ 112 billones y las amortizaciones, con los cálculos tomados de las fuentes fiscales del Ministerio de Hacienda, fueron de $ 120 billones. Es decir, “Colombia se endeuda para pagar y paga para endeudarse”. Al final, el servicio anual menos el pago de intereses se va acumulando como deuda neta en un vertiginoso ‘debt rollover’ ‒“refinanciación de los créditos sobre sí mismos” ‒, lo que en plata blanca es una operación cruda de exacción sobre el ahorro nacional público y privado. Todo al debe.

El actual debate electoral debe pasar, así no lo quieran el ministro Cárdenas o la ministra Gutiérrez o los centros de pensamiento oficial, por un cuestionamiento a fondo de la política económica, que nos ha llevado entre el octavo y el noveno de los ‘anillos del infierno’ en este, el primer asunto público del país. Si en el pantano de la corrupción se clama por “no más los mismos con las mismas”, aquí, en la economía, cabe el doble.