Un fantasma recorre la Orinoquia: la consulta popular

El terreno de los cuatro departamentos que componen la Orinoquia, tan ricos en hidrocarburos como en recursos hídricos, están solicitados en un 82% para concesión de explotaciones minero-energéticas.

Al recorrer la carretera de Villavicencio a Yopal se ven centenares de carrotanques cargando el petróleo que se mueve en la zona, que entrega, sumada Arauca, el 70% de todo el país. Diez compañías petroleras lo movilizan hasta las distintas estaciones de bombeo a escala nacional –que también cubre en alguna medida a la carretera Bogotá-Villavicencio– por el eje vial concesionado en ambos tramos, hasta el 2044, al grupo financiero más poderoso del país, AVAL, con peajes de alta tarifa cada 60 kilómetros.

Lo que el resto de la población devenga en tal proceso se limita a los consumos de transportistas, operarios y empleados y en contratos con firmas de suministros y servicios complementarios, que no llegan a ser ni 15% del total del ingreso bruto derivado de esa explotación petrolera. Este esquema no es más que fiel réplica de la distribución de valor, del estilo de la de Epulón y Lázaro, en la representación minero-energética del modelo de capital extranjero. Un dato de las inversiones sociales de las empresas petroleras por $185 mil millones en 2014 arroja tan solo $108 mil por habitante de la Orinoquia, escasamente un barril para cada uno al año.

La regalía promedio es de 8 barriles por cada 100 producidos, pero debido a la última reforma introducida –con el ánimo de que “la mermelada se regara por toda la tostada”– a la Orinoquia se le redujo su participación del 47% del total en 2009 a apenas 12% en 2016.

Los cuatro departamentos que componen la Orinoquia son tan ricos en hidrocarburos como en recursos hídricos. Su vasto territorio abarca el 22% de la superficie total de Colombia y está solicitado en un 82% para concesión de explotaciones minero-energéticas. Según un estudio del Instituto Von Humboldt, “la zona cuenta con un régimen de lluvias que produce un promedio de 23 mil m3/s, lo que representa el 33,8% de la escorrentía total nacional, estimada en 67.000 m3/s” y la cuenca del petróleo gira en especial en torno al río Meta, en cuyas márgenes está más del 90% del territorio de los departamentos de Casanare y Arauca, por la izquierda, y del departamento del Meta por la derecha, con 15 biomas y 92 ecosistemas.

En Casanare sobresalen afluentes como los ríos Upía, Túa, Cusiana, Cravo Sur, Guanápalo, Pauto, Guachiría, Ariporo, Casanare y Cravo Norte. En Arauca, en dirección al Orinoco, están además el Arauca, Tocoragua, Tame, Ele, Lipa, San Miguel y el conjunto Negro-Cinaruc. Y en el Meta fluyen Gabarra, Duda, Manacacías, Yucao, Guatiquía, Guayuriba, Ariari, Guacabía y Guaviare. A este sistema se le extraen cerca de 21 barriles de agua por cada uno de petróleo. El impacto se vio en 2014 con la muerte por sed de miles de animales en Paz de Ariporo, en una sequía que alcanzó niveles por encima de los históricos. Aunque el petróleo no es único responsable y también lo son la producción agropecuaria de arroz y palma y la ganadería, y hay otros factores adicionales, todos  se aúnan en la transformación anárquica de sabanas, morichales, esteros y humedales.

Las secuelas enunciadas se conjugaron para que hoy exista en la Orinoquia el más ferviente movimiento social contra la explotación petrolera y el modelo de capital extranjero que encarna, imponiendo a centenares de miles de personas un modo de vida que se resisten a adoptar.

Siete municipios del Meta, seis del Casanare y todo el departamento de Arauca –20 de 55 en los tres departamentos— han desatado una ola de consultas ciudadanas que se unifican en el desacuerdo común contra actividades de exploración, sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos.

La contradicción tiende a agravarse tanto porque el Ministerio de Hacienda, de forma autoritaria, ha quitado los recursos para financiar la democracia participativa, obligando a los municipios a asumir los costos, como porque se avizoran nuevos males como el fracking y la acumulación de baldíos para macroproyectos de agricultura a gran escala en baldíos de la Altillanura, a los que ya se están apuntando grandes poderes globales como los emires árabes amigos de Tony Blair, los mismos del oro de Santurbán.

El modelo de capital extranjero en marihuana: caso Barichara

Nada más aplaudido en determinados momentos que la Ley 1787 de 2016 por la que tres Ministerios, Salud, Agricultura y Justicia, reglamentarían conjuntamente todo lo concerniente al control y la regulación de las actividades de cultivo, producción, fabricación, adquisición de cualquier título, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso y posesión de las semillas de la planta de cannabis y de sus derivados y de los productos que lo contengan con fines medicinales y científicos.

A la sazón se empezó a hablar de que Colombia se convertiría en una potencia mundial de este producto. “Que podría ser un nuevo commodity para el país”, dijo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, al dar a conocer hace un mes que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) le abrió al país un cupo de 40,5 toneladas de producción, de un total mundial anual licenciado de 155,5. En esa misma línea se conoció que seis empresas ya tienen licencia local para producir cannabis (tanto psicoactiva como no psicoactiva) y derivados, unas subsidiarias de compañías internacionales basadas en Canadá y otras tres nacionales, alguna también en busca de socios de dicho país: Pharmacielo Colombia Holdings S.A.S., Khiron Life Sciences Corp., FCM Global S.A.S, Canmecol S.A.S, Medcann S.A.S. y Cannavida.

Para tal propósito, esta última compañía adquirió 17 hectáreas en inmediaciones de la vereda Santa Helena, en el área rural del emblemático municipio de Barichara. La transacción –y es de esperar que se haya efectuado en el marco legal apropiado por ser de hecho tierra en manos extranjeras– empezó a alertar a las comunidades locales y rurales circundantes, cuando vieron en la propiedad de la canadiense excavaciones de pozos subterráneos de agua hasta de 80 metros de profundidad. Barichara es un municipio con sentidas situaciones de escasez de agua, cuyas fuentes debe compartir con Villanueva y otros.
Tales preocupaciones no son infundadas: el cultivo de marihuana, según investigadores de California Department of Fish and Wildlife, acorde con USA Today en agosto de 2015, encontraron que en el Triángulo Esmeralda, cuatro cuencas hidrográficas que suplen agua entre 23 mil y 32 mil plantas agotan de 138.000 a 192.000 galones por día.

Se ratifica que cada planta consume diariamente 6 litros. Si se asume que Cannavida sembrará al menos 10 hectáreas, a razón de 2.500 plantas por hectárea, se podría hablar de un gasto cotidiano de al menos 125.000 litros, más de 45.000 metros cúbicos al año, ya que la marihuana “es una planta sedienta”.
Además, el cultivo de marihuana consume altos contenidos de plaguicidas, incluidos los rodeicidas, pues parece atractivo a este género de animales. La combinación de agua con este paquete produce al final un torrente de lixiviados que afectan todo el entorno y lo depredan. Su efecto sobre los cafetales, incluidos proyectos de caficultura orgánica comunitaria, podría ser, de concretarse, claramente devastador. Estas consideraciones, y el que en Canadá y otros países sea muy costoso producir, han hecho de Colombia, país tropical, un nuevo origen bajo el esquema principal de compañías extranjeras que se ubican acá, el mismo esquema inicial del café y del banano y demás géneros tropicales en que se decidió encasillarnos bajo el manido principio de “ventaja competitiva”.
En efecto, así como en el café los países productores reciben sólo uno de cada 10 dólares del consumo final en taza, en la marihuana, acorde con cálculos de distintos centros de investigación, se habla de que los productos finales tendrán al menos 60 veces más valor que el producto primo. Es decir, se repite la eterna historia de beneficios foráneos y costos nacionales, no respetan ni a Barichara. ¿Hasta cuándo este sistema colonial?

Valle del Cauca: la caída de la tasa de ganancia del capital local

El crecimiento promedio del Valle entre 1991 y 2015 fue de 3,3%.

La economía del Valle del Cauca sigue siendo la tercera del país, aunque su participación en el PIB nacional disminuyó entre 2003 y 2015 del 10,7% al 9,5%, precisamente en el periodo en el que se acentuó la revaluación, cuando la tasa de cambio promedio cayó de $2.877 a $1.868, en el marco del modelo de atracción de capital extranjero por la vía de los beneficios tributarios, la “locomotora” del petróleo y la minería e incentivos adicionales.

El resultado no sorprende. Datos recopilados por el ingeniero Julián Rincón de distintas fuentes, al mirar el crecimiento promedio del Valle entre 1991 y 2015, 3,3%, lo ubica por debajo de Santander, Antioquia, Bogotá y Atlántico, mientras que entre los años 2000 y 2015 (en precios constantes de 2015) el ingreso por habitante permaneció entre $11 y $12 millones y sus exportaciones apenas se duplicaron entre 2003 y 2013, rezagadas respecto a regiones petroleras y mineras. Los damnificados, como era de esperarse por los claros síntomas de Enfermedad Holandesa, fueron los sectores transables –agricultura e industria–, cuya participación de conjunto en la economía regional bajó del 28,3% al 21,5%.

A propósito, la agricultura vallecaucana ha vivido como la que más los efectos del libre comercio y se ha refugiado en cultivos tropicales o permanentes: en efecto, de 74.300 hectáreas de cultivos de cereales, algodón, soya, sorgo, millo y otros transitorios en 1990, tan solo restan ahora 19.600, la mitad en maíz. A contramano, el cultivo de la caña de azúcar pasó en estos 25 años de 106.600 hectáreas a más de 201 mil. Junto con los frutales -que hoy ocupan 30 mil hectáreas- fueron el destino de esa forzada operación de sustitución agrícola.

Dicha concentración se reflejó también en la manufactura. Los mismo cuatro sectores que en 1992 reunían el 64% del valor agregado, alimentos, sustancias químicas, bebidas y papel y cartón, para 2012 acumulaban el 72% en un proceso de convergencia explicable dado el poco espacio de crecimiento por las condiciones del comercio internacional para otros renglones. El sector de alimentos –que genera uno de cada tres pesos de dicho valor agregado– tiene como base, según lo destaca el economista Mario Valencia, 14 ingenios, que a su vez arrastran 12 cogeneradores de energía, 6 destilerías, una fábrica de papel, 40 industrias alimenticias, 3 de gaseosas, 8 de vinos y licores y 2.750 proveedores agrícolas. No hay duda de que ante la tragedia “revaluacionista”, durante los dos gobiernos de Uribe y el primero de Santos, se buscaron encadenamientos de protección.

Pese a esas esforzadas iniciativas, a partir de cálculos del estudiante del último año de Administración Empresas de Univalle, Pedro Cruz, la relación entre el valor agregado y los activos industriales entre 1990 y 2015 y con base en la EAM del DANE, cayó de 1,7 a 0,6. Igualmente, la relación producto/capital para dicho sector, descontado el monto total de salarios y prestaciones, estimada por el método de Dumenil y Levy, cae en picada entre 1990 y 2012, de 3,4 a 1,2, y tiene para 2015 una breve recuperación a 1,6, pero muy lejos de los valores de hace dos décadas.

En medio de tan incierto panorama, el gobierno Santos ha iniciado, disfrazado de Alianza Pacífico, un TLC con Australia, el segundo exportador de azúcar del mundo, un país que dedica 85% de su producción a la exportación, que muele el doble de toneladas de caña al año, que tiene zafra permanente, que duplica la producción colombiana y que, pese a que domina el comercio azucarero en Asia, ha perdido espacio allí, vacío que con seguridad busca recuperar allende el Pacífico.

A junio de 2017, el comercio minorista registra crecimientos negativos en Cali y también el Índice de Confianza del Consumidor está en zona roja. Y de remate, cada vez las colocaciones de cartera son superiores al ahorro captado en el sector financiero del Valle, lo cual induce a pensar que no está generando el capital suficiente para sus inversiones.

Se configura aquí el típico caso de cómo el capital nacional es actor de reparto en la política económica dominante, no hay ni un solo ingenio azucarero entre las cien mayores empresas de Colombia, en tanto el capital extranjero es el protagonista de cierre. Hasta los emires árabes reciben gabelas y beneficios, mientras se carga el costo a la producción y al trabajo local.

Cauca: café y conflictos en el posconflicto

En el departamento existen 15.000 hectáreas de coca en municipios como El Tambo –entre los 5 primeros de Colombia–, Balboa, Miranda y Corinto.

Casi uno de cada cinco caficultores de Colombia está en el Cauca. Cuenta el exdirector del periódico El Nuevo Liberal, Manuel Saa, que en la época de la bonanza, por los años setentas del siglo pasado, su padre llevó las primeras semillas, vistas entonces por allá como exóticas. Hoy noventa mil minifundistas producen ocho millones de arrobas, cien millones de kilos, un millón seiscientos mil sacos, cerca del doce por ciento de la cosecha nacional.

De dichas proporciones se deduce que la producción individual es de muy poco volumen, de 17 sacos, 8 y media cargas, lo cual arroja a cada productor un ingreso bruto de solo $600.000 mensuales y cuyo saldo neto resulta muy precario.

Estando así el café en dichos niveles, que en algunas zonas caucanas recibe precios superiores por ser de categoría especial, los demás renglones agrícolas tienen aún rentabilidades inferiores. Entre todos los departamentos, la región cuenta con el mayor número de cultivadores minifundistas de plátano, yuca y otros tubérculos. Así mismo, la siembra de caña de azúcar se ha extendido hasta las estribaciones de la cordillera, donde los ingenios con sus plantaciones hacen del Cauca el segundo del país en este género, con el 18% de la superficie sembrada y con solo 7.700 unidades productivas.

A contramano, en el Cauca existen 15.000 hectáreas de coca en municipios como El Tambo –entre los 5 primeros de Colombia–, Balboa, Miranda y Corinto. Según ciertos relatos, el tamaño promedio de este cultivo genera cien arrobas de coca trimestrales, que les significa a los cultivadores cerca de $4 millones de ingreso en ese lapso. Al final, acorde con las cuentas de los propios campesinos luego de descontar costos, se causa un ingreso neto de $700.000 al mes, superior al de muchos cultivos. Y aquí surge un primer gran conflicto: ¿cómo y cuándo y a cambio de qué se sustituirán las casi 200 millones de matas existentes?

El 20% de los caucanos son indígenas que reclaman los territorios que consideran propios según cédulas coloniales expedidas cuatro siglos antes. Así mismo, el 21% que son afrodescendientes en pueblos como Guachené, surgidos de los descendientes de los cimarrones rebelados contra la esclavitud, corren el riesgo de quedar ahogados ante el avance de la agroindustria en áreas colindantes. El gran ausente para dirimir estas disputas y concertar su solución es el Gobierno de Santos, que no actúa como árbitro sino como observador pasivo, aunque en no pocas ocasiones recurre al ESMAD.

Hoy están movilizados campesinos e indígenas en las principales vías reclamando que al menos se cumplan las propuestas reformistas consagradas en los acuerdos de terminación del conflicto. El gobierno debe atenderlos, tanto por el bien de los sectores reclamantes como para aclimatar la convivencia y el bienestar general.

Nariño: entre la trampa de pobreza y la economía encubierta

El ingreso anual por habitante de Nariño es de 2.500 dólares. En contraste, el agua de los acueductos es de alto riesgo para el consumo humano.

El ingreso anual por habitante de Nariño es de 2.500 dólares, similar al de Laos y Yemen, a pesar de que ocupa el primer puesto con el mayor número de productores de varios tubérculos, de banano, durazno, fresa y lulo y también de especies animales menores. Cuenta con 45 mil predios de ganado bovino, está entre las cinco cuencas lecheras más importantes del país y ocupa el segundo puesto como productor de papa, yuca, cacao, papaya y cereales como avena y quinua. No obstante, el 85,7% de las Unidades Productivas son menores de 5 hectáreas, ocupan apenas el 7% del área de la superficie total rural y tienen un tamaño promedio menor a una hectárea. Muchas de ellas, 37.429 de las más de 218.000, son caficultoras. Vale añadir que este departamento es el número uno en mujeres productoras rurales.

A pesar de lo anterior, de la gran proporción de la población económica activa dedicada a la agricultura, la construcción es el sector con mayor participación en el PIB, con casi el 13%. En efecto, en términos de vivienda, es el 3% de la construcción en Colombia y en unifamiliares, el segundo más constructor después de Manizales. Entre 2014 y 2015, el área de licencia creció casi el doble para las viviendas VIS y un 50% para las No VIS. Sin embargo, en Pasto el crédito para ese último tipo de edificación solo subió 1,5%, con lo cual el 70% de este tipo se construye sin crédito, sin ninguna clase de préstamo oficial. Contra lo que se podría suponer, por encontrarse en zona de frontera, allí se origina apenas el 0,2% de las exportaciones de Colombia como consecuencia del peso tan exiguo de los demás sectores económicos en la producción, fuera de los ya mencionados. Y en la relación comercial externa, tuvo incluso una balanza negativa de 72,6 millones de dólares en 2015.

A contramano, cubre el 6,7% de la producción nacional de oro, principalmente en la Región Pacífico, la misma donde están ubicadas las mayores extensiones del cultivo de hoja de coca, de las 43 mil existentes en Nariño, con más de 510 millones de matas sembradas, lo que lo hace el primer productor de este género en el país. Todo lo anterior, en el marco de un desempleo que nunca ha bajado a un dígito y de una informalidad laboral superior al 50%.

Toda la zona fronteriza, la del Pacífico y la de la ex provincia de Obando, tiene 460 mil personas. En la primera, el 85% son afrodescendientes y en la segunda hay algunos municipios donde los indígenas pastos alcanzan una proporción similar. Persisten en ambas altos índices de mortalidad infantil y mortalidad materna, aun cuando en la primera la principal causa de muerte son los homicidios y la enfermedad infantil evitable; en la segunda, las cardiovasculares y cerebrovasculares. En todos estos municipios, incluyendo Ipiales y Tumaco, el agua de los acueductos es de alto riesgo para el consumo humano y sus comunidades étnicas registran indicadores superiores de desnutrición global, como también falta de acceso a los servicios de salud, por razones geográficas y económicas. Todo lo anterior, combinado con violencia, desplazamiento y minas antipersonales.

Para rematar, a pesar de su potencial agrícola, Nariño fue de los departamentos que más sufrieron por el alto precio de los alimentos en la reciente ola alcista; estos, más la vivienda, el transporte y los combustibles suman el 90% del IPC en la región.

Del recuento anterior puede inferirse que la combinación entre trampa de pobreza y economía encubierta parece explicar, no dos sendas de crecimiento diferente, sino complementarias. En un departamento con un porvenir tan incierto, el gobierno del presidente Santos, como la panacea, decide reforzar en más de nueve mil unidades la fuerza pública. Se pensaría que el primer mandatario se esfuerza más por obedecer órdenes foráneas que por dar solución a las deplorables realidades estructurales de Nariño.

Un ministro de Agricultura “urbanizador”

Análisis sobre el recién electo ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga.

Cuando Juan Manuel Santos presentó a Juan Guillermo Zuluaga como nuevo ministro de Agricultura y dijo que “tenía gran experiencia en el sector”, quienes lo conocen bien quedaron atónitos porque, fuera de practicar team penning (deporte de vaqueros a caballo, según La Silla Vacía), no sabe ni siquiera “castrar novillos”, condición que esgrimía el anterior ministro Iragorri para validarse. Zuluaga ha hecho, ante todo, carrera política desde asesor del Congreso hasta alcalde de Villavicencio, mayormente al lado del Partido de  la U.

En lo que Zuluaga tiene experticia es en procesos urbanísticos, como los adelantados en su Alcaldía entre 2012 y 2015. Basado en un Convenio Interadministrativo con la Gobernación de Alan Jara, el 554 del 28 de junio de 2013 -que sumaba $126.561 millones-, y aunando esfuerzos para la disposición de 3196 viviendas VIS, impulsó a su vez, desde Villavivienda, el 005 del 25 de septiembre de 2013, para la construcción de 1874 de precarias especificaciones en la Ciudadela La Madrid, y el 006, del 4 de diciembre de 2013, para otras 1322 en la Trece de Mayo, ambas de  impacto inmobiliario al suroeste de Villavo. 

En el primer convenio, el 005, Zuluaga, en terrenos de propiedad del municipio, configuró como “aliado estratégico” al mayor contratista de ese departamento, Iván Pérez, escogido a dedo precisamente cuando Carmelo Pérez, primo del beneficiario, era secretario departamental de vivienda. Algo similar pasó con el 006, donde el “dedazo” fue para  Óscar Salamanca quien resultó domiciliado en el “escritorio del lado” en la misma oficina de Iván Pérez en el Parque Comercial La Primavera.

El valor de las viviendas se pactó a $43 millones por cada una y sus fuentes de pago fueron $28 millones puestos por la Gobernación; $6 millones aportados por los beneficiarios; urbanismo y terrenos auxiliados por Villavivienda y un exiguo monto por la firma MC de Pérez.

Ninguno de los dos proyectos llegó a término en sendos plazos de quince y once meses sin que se hubiera pactado prórroga para cubrir el desfase. En lo que sí hubo agilidad fue en vender 70 lotes en la zona más contigua de expansión de La Madrid, sobre las nuevas vías principales,  y varios a Pérez y a sus empresas. 

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En el marco de legalizar tardíamente tales convenios, Zuluaga los introdujo en la revisión del POT de Villavicencio, sancionado a la sazón por el Concejo el 29 de diciembre de 2015, una vez había aprobado y ajustado los necesarios planes parciales el 31 de diciembre de 2014 y el 27 de octubre de 2015, mucho tiempo después de haber seleccionado a Pérez y a sus asociados. Este proceder enrevesado le valió hasta acusaciones de Pérez, quien lo calificó de “manejo improvisado y desordenado”. Ese POT se expidió en medio de un boom de mercado de tierras al voltear por expansión dos mil nuevas hectáreas y que en 2015 se expresó entre los tres mayores índices de precios de vivienda nueva en el país.   

Hay más cuestionamientos a la gestión urbanística de Zuluaga como la declaración de tres zonas industriales en el nuevo perímetro urbano sin siquiera tener servicios públicos y como el leonino contrato del Municipio para zonas azules -de parqueo permitido en calle- donde el socio privado se queda con el 80% del producido. También se critica el inicuo cobro de cesiones urbanísticas al Parque Comercial La Primavera a valores irrisorios, así como el negocio de la plusvalía que debía pagar la encumbrada firma Amarilo, en desarrollo de la construcción de miles de unidades de vivienda, canjeada por algunas áreas que al parecer resultaron localizadas sobre la línea de transmisión de gas, una servidumbre que impide cualquier utilización.

Si la labor de Zuluaga con el agro se equipara a la de su Alcaldía, con estos hechos que son de público conocimiento, le esperan al sector mayores tragedias que las que motivan la justa protesta arrocera desde el 12 de octubre.

Lo anterior no debe ir en detrimento de que haya un llanero en esa cartera, pero de los que abundan en dicha tierra de gente laboriosa, que conocen de agricultura y ganadería, no de duchos en pasar tierra rural a urbana. ¡Vaya paradoja!

Adenda: ¿Será que la investigación de la Fiscalía a Iván Pérez se extenderá hasta la Alcaldía de Villavicencio 2012-2015? Por menos hay unos cuantos ex alcaldes imputados y hasta detenidos.

La troncal de TransMilenio por la Séptima: un falso positivo, opinión de Aurelio Suárez

«Los miles de bogotanos que enarbolan la bandera Defendamos la Séptima están llenos de argumentos frente al alcalde Peñalosa».

Al revisar la literatura actual sobre evaluación de proyectos de infraestructura, la metodología del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Kansas, utilizada en múltiples casos, parte de la premisa de que un análisis de decisión completo requiere tanto estudios Beneficio/Costo como de Impacto Económico Neto. Afirma –textualmente– que todo plan que carezca de ellos será un falso positivo.

Ambos estudios deben permitir responder preguntas como: ¿Hay ancho suficiente en todos los tramos de la vía en construcción? ¿Cuál es el resultado del vector de movilidad, en relación con el presente? ¿Cuántos accidentes se evitan? ¿Es suficiente el número de carriles? ¿Cómo funcionarían las intersecciones? ¿Cuál es el costo (VP) de la construcción? ¿Cuál es en valor presente el costo que tendrá la comunidad durante el periodo de construcción? ¿Cuál es, en términos ambientales, el beneficio por reducir la contaminación del aire y visual? ¿Cuál el intangible de destruir edificaciones de patrimonio cultural?

Un ejercicio del economista y magister egresado de la Universidad de los Andes, Mateo Hoyos, para el cuestionado plan de Transmilenio por la Séptima, demuestra que trayendo los flujos de caja que obtendría el Distrito una vez entre en funcionamiento esa troncal –a una tasa de retorno del 4%– apenas recuperaría en el año 2300 los $2,4 billones que Peñalosa y sus funcionarios han dicho de afán que valdría la obra. Agrega Hoyos que, de aplicarse una tasa del 7%, estándar a nivel internacional, la vía quedaría como programa a fondo perdido para el Distrito. ¿Nada va a decir la Contraloría Distrital al respecto?

Resulta peor cuando se evalúa el costo social de este Transmilenio por la Séptima. Desatendiendo el documento CONPES 3093, que jerarquiza troncales que atiendan áreas con alta densidad de generación (…) comunicando en su mayoría zonas de vivienda de estratos 1,2 y 3”, el TM se va a implantar sobre las localidades de Chapinero y Usaquén las de menor presencia de esta población. Entre las dos solo suman el 3,1% del total de Bogotá; apenas 10% de las viviendas y 8% de las personas. Entre tanto se relegan otras, como la de la Avenida Ciudad de Cali, que impactarían a dos millones de personas. A esto, el alcalde Peñalosa responde que estará feliz viendo “a los ricos en el transporte masivo”.

El balance es más grave cuando se nota que, como la Troncal por la Séptima no cumple tal condición del documento CONPES, su costo, como lo ha admitido la propia Administración, debería imputarse al del “Metro esbelto y elevado” a cargo del Distrito. De ahí resulta que para las finanzas de Bogotá dicha solución, seleccionada como la más barata, resultó más costosa: $6,3 billones, al sumarse estos $2,4 billones a los $3,9 billones del aporte distrital al proyecto global.

Tampoco la Troncal aliviará la movilidad. Para 2021, Transmilenio moverá 3.288.000 pasajeros al día y la Troncal de la Séptima, que tendrá una capacidad de 20 mil pasajeros-hora-sentido, a lo sumo absorbería la demanda creciente, pero no resolverá el colapso. Al final, se justifica como vía alterna a la Caracas cuando esté en construcción el esperpento del Metro “elevado” sobre los buses rojos; es decir, Peñalosa acude a esta absurda solución intentando enmendar su imperdonable error histórico: haber suplantado en el año 2000 del Metro por Transmilenio. Una equivocación para corregir una anterior.

Ambientalmente, aun en el caso de que miles de automóviles fueran reemplazados por 150 buses diésel, la ecuación inicial de contaminación no aparece positiva. Los primeros generan mucho menos gases de Efecto Invernadero (GEI) como CO2 y NOx, e igual sucede con el material particulado. Y si las unidades no fueran diésel sino eléctricas, cuyo costo de adquisición es mucho mayor, el tiempo de recuperación de la inversión es casi el doble, lo cual incidirá en la tarifa a los usuarios.  

A estas alturas, la Administración de Peñalosa no logra responder las objeciones expuestas, fiscales, ambientales, de movilidad y sociales y muchas otras más, porque carece de estudios mínimos que al menos comparen el costo de oportunidad del cuestionado plan frente a otras alternativas de gasto público. Y todo con el silencio cómplice de los organismos de control.

Los miles de bogotanos que enarbolan la banderaDefendamos la Séptima están llenos de argumentos frente al Alcalde que, a contramano, estuvo libando y celebrando por el endeudamiento que el Concejo le aprobó para este –técnicamente hablando– falso positivo.

Quién expone a Avianca, ¿sus pilotos o sus propietarios?

Desde que en mayo se debatió en Blu Radio la venta de Cafesalud al grupo Prestasalud, se sembraron muchas dudas sobre la factibilidad económica y la eficacia de esa transacción. Se iban a ver severamente afectadas tanto la estructura financiera de la liquidación como la prestación del servicio a los 5,6 millones de usuarios que en ese momento estaban afiliados a dicha EPS.

Las razones para cuestionar “el negocio” son abundantes: por un lado, de los $1,4 billones ofrecidos y aceptados por el proponente Prestasalud y los agentes liquidadores y la Supersalud, más de $400 mil millones constituyen un canje entre las deudas de Cafesalud y algunas de las IPS que conformaron el consorcio comprador, entre ellas, el Grupo San José, Fundación Saint, Fundación Esensa, Servicio Aéreo Medicalizado y Fundamental MedicalFly, Medplus Medicina Prepagada (de exsocios de Carlos Palacino), Medilaser y Centro Nacional de Oncología, varias vinculadas por presuntos actos de corrupción en el sector.

El resto podrá ser pagado en cuotas por cinco años. Es decir, nada entrará como efectivo inmediato para atender las acreencias pendientes y el saldo será alimentado en parte por el pago a futuro de cada uno de los 5,6 millones de afiliados que quedaron bajo su tutela, pago hecho por el mismo gobierno –en el régimen subsidiado– y por los usuarios del contributivo.

Cuenta además la revista Semana que fue necesario para este cambalache que Prestasalud creara otra sociedad compradora y, a la vez, Cafesalud se escindiera en dos, a saber: Newscos y la IPS Esimed. Al final, si se divide el monto total de la compra, de $1,4 billones, por el número de asignados, 5,6 millones, el negocio se hizo del modo más mercantil: un equivalente de entre 85 y 90 dólares por cada cabeza, como clientes de un supermercado.

Los reparos de la Procuraduría y demás entidades de control sobre la verdadera palanca financiera para ese “nuevo modelo de negocio” en salud tuvieron como respuesta que el grupo español Ribera, del cual es propietario en un 50 % la compañía norteamericana Centene Groupse comprometiera a capitalizar la operación: que adquiriría el 80 % de una de las dos nuevas sociedades y el 20 % en la otra.

Al indagar sobre Ribera, “líder en concesiones administrativas sanitarias en España”, como se llama a sí misma, se descubre que su sistema de gestión ha recibido cuestionamientos, pues como gestor privado –APP en salud– se lucra de la infraestructura y de los recursos públicos. Ha reconocido además que recibe comisiones por comprarles medicamentos a los mismos laboratorios que los suministran a sus hospitales concesionados. Ya está también en Perú y Chile y es la cabeza de playa de Centene en América Latina.

https://www.elespanol.com/espana/politica/20161115/170983550_0.html

No es extraño entonces que, como fruto de tanto cambalache, en los primeros dos meses de atención al público se haya suscitado una oleada de diez mil quejas y, aún más grave, se denunciara el insólito abandono de niños pacientes con cáncer en Bucaramanga y en Cali, desafuero que no pudiera explicar el gerente al aire en Blu Radio. Tantas anomalías juntas impelieron a la Procuraduría a solicitar a la Supersalud la intervención de Medimás, el nombre que Prestasalud le puso a su EPS.

Finalmente, en un blog de Alberto Donadío en El Espectador se ha denunciado que en Medimás “decidieron anular los casi 2 millones de autorizaciones de servicios de salud que Cafesalud tiene pendientes, obligando a millones de colombianos a tener que ir (…) para solicitar (…) de nuevo el servicio que no les fue prestado”.

Si la Procuraduría cumple con velar por la vida y la salud de los colombianos, no se entiende por qué no disciplina a quienes, en vez de resolver en Cafesalud los desmanes de Saludcoop, terminaron empeorándolos. Y que después buscaron cómo deshacerse de ella en lugar de mejorar la muy ruin atención que se brinda a los colombianos, millones de los cuales consideran la falta de salud como su mayor problema.

Fabricato: ¿textiles o ladrillos?

Aurelio Suárez analiza las recientes decisiones de Fabricato.

Hace unas semanas, la opinión oyó que Fabricato, una de las más emblemáticas empresas de textiles y confecciones del país, aunque venida a menos desde la última década del siglo xx, cerraría su operación fabril entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre. La gerencia lo explicó así:
 
“Es el resultado de las condiciones negativas de la economía del país, del debilitamiento de los aranceles de importación, de la masiva importación de prendas y telas, así mismo del contrabando de productos textiles, circunstancias que han afectado de manera sistemática nuestras ventas”. 
 
En efecto, cuando se revisa la evolución del sector textil en los últimos veinte años, la curva descendente es ostensible. En 1997, el 52% se destinaba como insumo intermedio para la producción de otros bienes industrializados, como confecciones; el 40% para los consumos directos de hogares y se exportaba algo más del 6%. Era el 7,2% de la producción industrial total y el 6,4% del valor agregado, el cuarto mayor. Ello pese a que ya afrontaba la competencia de las importaciones y el comercio desleal y la situación negativa del algodón nacional, en vía de extinción. 
 
A contramano, en 2015, el sector textil era menos del 2,3% de la producción industrial y del 1,4% del valor agregado total, relegado en ambas variables a lugares por debajo de los primeros 18 subsectores. Su incidencia se redujo notoriamente en el conjunto de la industria. 
 
¿Cómo han afrontado esta situación los propietarios de Fabricato? Algunas cifras compiladas por el estudiante de Economía de la Universidad de Antioquia, Andrés Trigos, dan algunas ideas. A precios constantes del 2016, las ventas han disminuido, entre 2011 y 2016, de $781.763 millones a solo $385.758 millones, 50,66% menos. Y la mayor rebaja se da por la caída de las exportaciones en un 65%, incluso desde 2014, con la devaluación del 80%, cuando se han mantenido estáticas en niveles de $73 mil millones. Por eso no se explica muy bien que en medio de una menor producción y un mayor endeudamiento respecto al patrimonio –pasó del 36% al 64%–, crezcan en paralelo las inversiones ajenas a los textiles, el objeto social principal, a más de $110 mil millones, referidas a proyectos inmobiliarios en Ibagué y Bello. 
 
Para completar el cuadro, al menos siete empresas ligadas al negocio textil, entre producción y comercialización, han sido liquidadas desde agosto de 2016 y otras seis más están en curso. En conjunto, estas decisiones seguramente tienen que ver con que el activo más valioso del conglomerado son los terrenos amplísimos de centenares de miles de metros cuadrados que están maduros para plusvalías exponenciales. En efecto, del total de los activos, dichos terrenos son casi el 30%, una tercera parte, y con relación al patrimonio llegan hasta el 50%.
 
Cuando se mira la estructura de la propiedad actual de Fabricato, se constata que fiduciarias y fondos de inversión, incluido el constituido por los damnificados de Interbolsa en cabeza de los liquidadores de Supersociedades del fondo Premium, controlan casi 40% del total. Se entiende entonces por qué su interés utilitarista sea exprimir al máximo ese capital separando su suerte de la centenaria misión textilera.  
 
Tal pronóstico puede corroborarse al saberse que el exministro de Hacienda del primer gobierno de Uribe, Alberto Carrasquilla, reportado en Panamá Papers con su matriz empresarial radicada allí, lidera el grupo de linces financieros al mando. 
 
Por lo visto, Fabricato como firma textil se reduciría a una operación tecnificada y en productos específicos en Riotex. El resto serán ladrillos y especulación inmobiliaria. Aunque logró salvarse de las garras de aventureros como Félix Correa hace más de tres décadas o de Corredori, ese apostador de caballos vuelto caballero de industria, parece haber llegado a su hora de nona. 
 
La sociedad regional puede intervenir para preservar este icono industrial y los dos mil o más empleos que todavía quedan luego de haber tenido casi 20 mil. De lo contrario, Fabricato seguirá convirtiéndose en ladrillos y en recuperación de inversiones a nivel de máximo lucro posible. Antioquia tiene la palabra.

El cambalache de Cafesalud

Desde que en mayo se debatió en Blu Radio la venta de Cafesalud al grupo Prestasalud, se sembraron muchas dudas sobre la factibilidad económica y la eficacia de esa transacción. Se iban a ver severamente afectadas tanto la estructura financiera de la liquidación como la prestación del servicio a los 5,6 millones de usuarios que en ese momento estaban afiliados a dicha EPS.

Las razones para cuestionar “el negocio” son abundantes: por un lado, de los $1,4 billones ofrecidos y aceptados por el proponente Prestasalud y los agentes liquidadores y la Supersalud, más de $400 mil millones constituyen un canje entre las deudas de Cafesalud y algunas de las IPS que conformaron el consorcio comprador, entre ellas, el Grupo San José, Fundación Saint, Fundación Esensa, Servicio Aéreo Medicalizado y Fundamental MedicalFly, Medplus Medicina Prepagada (de exsocios de Carlos Palacino), Medilaser y Centro Nacional de Oncología, varias vinculadas por presuntos actos de corrupción en el sector.

El resto podrá ser pagado en cuotas por cinco años. Es decir, nada entrará como efectivo inmediato para atender las acreencias pendientes y el saldo será alimentado en parte por el pago a futuro de cada uno de los 5,6 millones de afiliados que quedaron bajo su tutela, pago hecho por el mismo gobierno –en el régimen subsidiado– y por los usuarios del contributivo.

Cuenta además la revista Semana que fue necesario para este cambalache que Prestasalud creara otra sociedad compradora y, a la vez, Cafesalud se escindiera en dos, a saber: Newscos y la IPS Esimed. Al final, si se divide el monto total de la compra, de $1,4 billones, por el número de asignados, 5,6 millones, el negocio se hizo del modo más mercantil: un equivalente de entre 85 y 90 dólares por cada cabeza, como clientes de un supermercado.

Los reparos de la Procuraduría y demás entidades de control sobre la verdadera palanca financiera para ese “nuevo modelo de negocio” en salud tuvieron como respuesta que el grupo español Ribera, del cual es propietario en un 50 % la compañía norteamericana Centene Groupse comprometiera a capitalizar la operación: que adquiriría el 80 % de una de las dos nuevas sociedades y el 20 % en la otra.

Al indagar sobre Ribera, “líder en concesiones administrativas sanitarias en España”, como se llama a sí misma, se descubre que su sistema de gestión ha recibido cuestionamientos, pues como gestor privado –APP en salud– se lucra de la infraestructura y de los recursos públicos. Ha reconocido además que recibe comisiones por comprarles medicamentos a los mismos laboratorios que los suministran a sus hospitales concesionados. Ya está también en Perú y Chile y es la cabeza de playa de Centene en América Latina.

https://www.elespanol.com/espana/politica/20161115/170983550_0.html

No es extraño entonces que, como fruto de tanto cambalache, en los primeros dos meses de atención al público se haya suscitado una oleada de diez mil quejas y, aún más grave, se denunciara el insólito abandono de niños pacientes con cáncer en Bucaramanga y en Cali, desafuero que no pudiera explicar el gerente al aire en Blu Radio. Tantas anomalías juntas impelieron a la Procuraduría a solicitar a la Supersalud la intervención de Medimás, el nombre que Prestasalud le puso a su EPS.

Finalmente, en un blog de Alberto Donadío en El Espectador se ha denunciado que en Medimás “decidieron anular los casi 2 millones de autorizaciones de servicios de salud que Cafesalud tiene pendientes, obligando a millones de colombianos a tener que ir (…) para solicitar (…) de nuevo el servicio que no les fue prestado”.

Si la Procuraduría cumple con velar por la vida y la salud de los colombianos, no se entiende por qué no disciplina a quienes, en vez de resolver en Cafesalud los desmanes de Saludcoop, terminaron empeorándolos. Y que después buscaron cómo deshacerse de ella en lugar de mejorar la muy ruin atención que se brinda a los colombianos, millones de los cuales consideran la falta de salud como su mayor problema.