¿Generación E o Generación D? Es la contradicción

La UNESCO define la Educación Superior como derecho humano universal y, a la vez, como bien público social de calidad que es deber del Estado garantizar. ¿Ha cumplido Colombia dicho mandato? Algunas cifras permiten responder

En Educación Superior, según la OCDE (2016), el gasto privado en nuestro país es 64% del total, mientras que el público es apenas 36%. De 37 países analizados, estamos entre los 7 donde esa relación está invertida frente al papel prescrito al Estado de “hacer posible el acceso a todas las personas”. A contramano están 27 países, encabezados por Finlandia, Alemania, Francia y México, donde el importe estatal supera 70% de las expensas generales.

De 43 países estudiados (OCDE, 2017), Colombia ocupa, con el 28,1%, el puesto 36 en términos de la población entre 25 y 34 años con educación superior (incluyendo la tecnológica), mientras que el promedio en países de la OCDE es 44%. Hay solo 16 países en que dicho porcentaje es inferior al 40%. Estados Unidos es donde menos ha crecido dicha población con respecto a hace 30 años, al subir solo del 42% al 47%.

Precisamente, Colombia copió el modelo fallido de Estados Unidos: el del negocio financiero, incentivando la demanda educativa por la vía del crédito, gestando un filón cuyo monto supera allá los 1,4 billones de dólares (millones de millones) y abarca a más de 44 millones de deudores.

Aquí el ICETEX, convertido en banco de segundo piso y en eslabón clave, tiene 640 mil clientes de crédito, casi uno de cada tres estudiantes. 406 mil de ellos son atendidos con recursos propios, más del 90% de estratos 1,2 y 3, y otros 232 mil mediante diversos fondos administrados por $2,6 billones, incluidos $900 mil millones de Ser Pilo Paga. Su cartera total es de $4,7 billones, con 52.228 créditos morosos que suman el 8,8% del total prestado. El ICETEX acumuló utilidades por $550 mil millones entre 2015 y 2017 y acrecentó su patrimonio en 30% con rentabilidades promedio del 10% anual.

A tan jugoso desempeño contribuyó además que, en 2017 y 2018, se desviaron para el ICETEX recursos esperados de reformas tributarias tanto por IVA “social” como por CREE por cerca de un billón de pesos. Se desviaron, porque eran para instituciones públicas de educación superior. Igualmente, el Capital Extranjero montó allí un nicho: el Banco Mundial, el BIRF y la Agencia Francesa para el Desarrollo le han provisto cientos de millones de dólares para su objetivo de costosísimo prestamista.

La propuesta de Generación E, escudada tras un superlativo, la Excelencia, relanza el Ser Pilo Paga (SPP), aun cuando empeorándolo: Los estudiantes del SISBEN con menos de 57 puntos, con puntaje mayor a 360 en pruebas SABER y que vayan a universidades privadas –no son ni el 3% de los aspirantes– tendrán un componente de la matrícula por la vía del “crédito condonable”. El “impulso” a las universidades públicas, como apoyo del gobierno, estará sujeto apenas a estudiantes admitidos y con SISBEN de menos de 32 puntos.

Al margen quedaron por tanto el sistema estatal como el grueso de la población estudiantil, la cual podría llamarse Generación D, aquella que reclama el ingreso a la educación superior por ser un Derecho fundamental, tal como lo dicta la UNESCO: para ambos poco o nada hubo en la propuesta de Duque. Los rectores del sistema estatal (SUE) afirmaron que el aumento de la demanda, en cuanto les atañe, causaría nuevos gastos y que en el “escenario crítico”—con faltantes de caja por más de $3 billones— obliga más a reducir que a crear nuevos trámites ante el ICETEX. Explicaron que la Generación E es un programa similar al SPP, con financiación incierta, y que la propuesta de incrementar lo transferido, bajo parámetro anual del IPC + 1,8%, es insuficiente, ratificando la necesidad de fijarlo en IPC + 4%, como sostienen estudios demostrativos de que el “gasto docente” crece mínimo 3,5% por encima de la inflación (Acosta,2018).

Luego de dos semanas de movilización y anormalidad académica en más de 20 universidades, el presidente Duque, quien hace anuncios por twitter y en monólogos sin citar al indispensable diálogo, persiste en poner el crédito y el ICETEX como protagonistas del sector educativo superior, y, para colmo de males, sus copartidarios tramitan al mismo tiempo en el Congreso la resurrección del ánimo de lucro como leitmotiv  de la educación.

Así las cosas, el gasto particular de los hogares para educarse continuará predominando; la población educada será poca; las universidades públicas verán prorrogado su marchitamiento y quienes aspiran a acceder a ellas como un derecho, la Generación D, seguirán excluidos por barreras económicas y presupuestales. ¿Hasta cuándo resistirá el engendro?

OCDE, OTAN, Trump y elecciones

De las falacias más difundidas en los últimos años en Colombia es que la OCDE es “el club de los países ricos” o, en versión más sutil, “el de las buenas prácticas”. Es de la misma matriz lingüística de nombrar “libre comercio” al asimétrico entre poderosos y débiles o “Consenso de Washington” a los ajustes exigidos para implantar el neoliberalismo.

El ingreso a la OCDE no es un hecho puntual ni fortuito: está en el proceso de inserción global de Colombia que se inició con los ajustes estructurales de los años noventa guiados por el Banco Mundial; con las definiciones centrales hacia un modelo de Capital Extranjero vía acuerdos con el FMI, Plan Colombia y los TLC y con esta tercera fase que apuntala reglas en instituciones e incluso en el funcionamiento microeconómico de algunos mercados. Con razón, dijo José Antonio Adarvín, director de la OCDE en México para América Latina, en 2009: es un “nodo de la globalización”.

Lejos quedó esa institución de la Guerra Fría de 1961 o el reputado “club” que empezó a incluir a unos no tan ricos como Chile, Estonia, Hungría, Eslovenia, Portugal o Colombia o Costa Rica.

A la OCDE se adhiere, y por ende las reglas se hacen allá, no se negocian, así se les llame “recomendaciones”. Es más, tales encomiendas se van implantando en la medida en que 23 comités sectoriales perfilan su intervención, con su propia carga de economía política –no neutra– en manejo ambiental, químicos, gobierno corporativo de empresas públicas, empleo, seguridad social, mercados financieros, desarrollo económico y territorial, educación, salud, agricultura, inversión, comercio, asuntos fiscales, empleo, pensiones y seguridad social, mercados financieros, regulación, estadísticas, TIC y CIT (ciencia y tecnología) y bienestar del consumidor. En adelante no caerá la hoja de un árbol en Colombia sin que este Gran Hermano esté respirando en la nuca.

El estatus de Colombia como “cooperante”, único latinoamericano entre 40 países miembros, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se ha matizado igual: que se trata, según el General Mejía, de otro “club”, el de “las buenas prácticas militares”. Aunque analistas como Tickner resaltan más la eventual participación en “misiones de paz” que en “operativos militares”, y de su rol en el tránsito de “conflicto armado a no guerra” y en ese marco con “reacomodos” y “recortes” en tamaño y en “actividades alternativas”, es innegable que –por secundaria que sea la membresía– matricula al país en una visión de la política internacional, la sesga en la geopolítica global, la aleja de la neutralidad en confrontaciones globales, que pueden estarse gestando, entre terceros y grandes potencias por el reparto del mundo. Colombia quedó adscrita a uno de los bandos mundiales con un ejército surtido de población joven –con edad promedio de 30 años–, a contramano de Europa y Estados Unidos, donde ronda los 40.

Si a las grises adhesiones y adscripciones se suma la tendencia mundial regresiva, guerrerista, de garrote, de la “Era de la Ira” que campea en el mundo contemporáneo en el incierto periodo de poscrisis y a cuya cabeza está Donald Trump, con el cometido de “hacer a América grande de nuevo” a toda costa y costo y en todos las esferas, una nación subsidiaria como Colombia queda sujeta en las redes de la Superpotencia que la ha puesto bajo su control hace décadas, que la tiene como “socio estratégico” en América Latina, y, en esa onda, el intérprete predilecto del momento de dicha partitura aquí y ahora es Iván Duque.

Mientras Petro y el uribismo buscan los votos, Santos culmina la tarea de atadura de los destinos nacionales, a un punto tal que hasta cabe preguntar si la terminación del conflicto con las FARC trasciende los meros deberes constitucionales que lo obligaban a buscarla y que, más allá del Premio Nobel, la convierte en funcional a la agenda reforzada de recolonización de Colombia.

Corrupción, desigualdad y educación en Colombia

Colombia perdió 6 puestos en el ranking del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (CPI) de 2016 a 2017. La calificación de 37 puntos sobre 100, el nivel óptimo, ubica al país en el puesto 96, por debajo del promedio mundial de 43 puntos y de 44 en Latinoamérica.

Fuera de estar en el 69% de las naciones por debajo de 50 puntos, 30% de las personas encuestadas dijeron haber pagado sobornos para acceder a servicios públicos y se estima que se desvían $50 billones al año de los presupuestos públicos.

80% de los colombianos tiene la corrupción como uno de los mayores problemas con lo que coincide el portal www.business-anti-corruption.com, que analiza el sistema económico, las instituciones judiciales, de policía, de aduanas, legislación y el control público: “Impregna varios sectores de la economía (….) a la jerarquía del gobierno donde los casos en los niveles más altos(…) grandes redes de clientelismo se manifiestan particularmente en el sector de contratación pública (…) estas prácticas son generalizadas”.

¿Cuáles son las causas de tan execrable corruptela? Hay variadas respuestas, desde la de “manzanas podridas”, pasando por la de las “mafias”, hasta quienes sentencian una “putrefacción sistémica”.

Para explicarlas, en el libro Corrupción, cohesión social y desarrollo, Mulas-Granados y Alonso introducen como factor clave el nivel de desarrollo nacional, fuera de admitir también otros ya reconocidos como la falta de democracia y la inestabilidad política; burocracias sin carrera sostenible en la administración pública y la falta de firmeza del sistema judicial, evaluados en los índices de Gobernanza (Banco Mundial) y de Percepción de Corrupción (CPI).

Ellos, con base en un modelo econométrico, incluyen datos de Europa, Asia Central, Medio Oriente y norte de África para la estimación estadística e incorporan como variables explicativas el PIB por habitante; el coeficiente de GINI en la distribución de la renta; el peso de los impuestos como proporción del PIB; la apertura comercial y el nivel educativo de la población, medido por años de estudio, y acaban afirmando que estas “causas próximas” explican “entre los dos tercios y los tres cuartos de la variación de los niveles de corrupción entre países”.

La conclusión es que un aumento en la desigualdad se traduce en más podredumbre y, a la vez, que con mayor ingreso por habitante y con un pacto fiscal sólido, ella decrece. Puede inferirse entonces que, tal como está Colombia, es “tierra fértil” para que ese contubernio –entre actores privados, funcionarios nombrados y cargos electos– pueda desplegar conciertos para delinquir a gran escala, donde son pan cotidiano, entre muchos pestilentes,escándalos como Odebrecht, Reficar, Saludcoop, la Ley Urrutia-Zidres, el modelo Transmilenio en sus variantes, el Cartel de la Toga e Isagen, y ni hablar del narcotráfico.

Pero más allá, por sus efectos, ¿no será preciso cuestionar como raíz las políticas económicas, responsables en Colombia de las peores desigualdades y de un ingreso anual por habitante inferior a cinco mil dólares reales? ¿No es un causante financiar la economía con bajos salarios, impuestos indirectos e informalidad en pro de beneficios tributarios a grandes conglomerados y personas naturales de altos deciles? ¿No inciden en el bajo ingreso del 80% de la población, que no alcanza o apenas logra cubrir gastos mínimos?

Finalmente, la educación, cuando se toma en sentido general, no aparece significativa en la explicación del abominable fenómeno; sin embargo, al abordarla por niveles, Mulas-Granados y Alonso muestran que en secundaria, cuando la tasa bruta de cobertura nacional es superior al 74,5%, se llega a un punto de inflexión a partir del cual “disminuye la presencia” de la descomposición e igual sucede cuando –en la que denominan educación terciaria– rebasa al 34,8%.

Bajo estas premisas, tiene razón Sergio Fajardo, el más insistente, alincluir en un proyecto de largo alcance hacer universal la educación como efecto positivo y eficaz contra la grave podredumbre que hoy campea con regularidad e impunidad. Una educación universal reduce los efectos negativos que acarrea la corrupción sobre la eficiencia y la capacidad del Estado, sobre el crecimiento y el desarrollo, algo quizás imperceptible pero cierto, pues hay evidencia de que “el marco social y sus instituciones” recortan los tentáculos de los corruptos.

¿Está hecha trizas la salud en Colombia?

El balance de la ley 100 de 1993 que creó un Sistema General de Seguridad Social es negativo, arroja más carencias que beneficios. Promulgada para abarcar derechos fundamentales relativos a la calidad de vida y bajo principios como la universalidad y la solidaridad, terminó sujeta a las herramientas prescritas para alcanzarlos. En la salud, por ejemplo, las EPS, el POS, las comisiones de administración y otros, subordinaron el objetivo al ánimo de lucro.

En diversas encuestas la salud está entre los mayores padecimientos: más del 70% responde que va mal. Es un sector de costos crecientes donde las economías de escala, por la variedad de casos atendidos, están limitadas. De hecho, mientras el  Índice del IPC total pasó, entre 2000 y 2017, de 100 a 138, el de precios de la salud creció hasta 154,25, fruto de parámetros propios agregados a los generales de la economía. Esto se amplifica en un mercado donde la demanda incentivada -para tener coberturas alrededor del 95%- se cruza con una oferta de atención rígida (inelástica) y el ajuste se da por la elevación de costos y precios.

La irrigación de carnets no significó acceso efectivo a los recursos médicos donde y cuando las personas los necesitan. Un estudio (Ayala, Banrep 2014) encontró que entre 1997 y 2012 disminuyó el porcentaje que pudo utilizarlos al momento de requerirlos, de 79,1% a 75,5%, – 173 mil menos- lo cual se reiteró en 2016 con las 163 mil tutelas presentadas por el derecho a la salud, el doble de las 81.017 de 2005. Igualmente la calificación obtenida por “oportunidad en las citas” en 2017, según “Así vamos en Salud”, fue en el mejor caso de 32 puntos sobre 100.

Los recursos generales para financiar el sistema llegaron a $40, 9 billones en 2017, menos de 950 dólares por habitante, de los cuales el régimen contributivo aporta más de la mitad, mientras el gasto de bolsillo, no cubierto y adicional aportado por los usuarios, llega a más de $8 billones, un 15% del total, subiendo incesantemente con notoria participación de los importes en medicamentos.

Las EPS, privadas y públicas, tienen números rojos en solvencia y rentabilidad, derivados de que tan solo en los últimos tres años sumaron pérdidas conjuntas, sin Saludcoop ni Caprecom, por $4,68 billones; los patrimonios deficitarios en 2015 alcanzaban ya $2,8 billones y las deudas acumuladas a junio de 2017 con clínicas y hospitales, cuyos ingresos dependen en 93% de las EPS, eran de $5,6 billones. Los “tanques de oxígeno” de recursos de liquidez aplicados desde 2016 al sistema suman $4 billones, siendo $1,4 billones para créditos blandos -intermediados por Findeter- que crea así nuevo filón al sector financiero.

En medio de este estallido microeconómico, la oferta se ha reducido agravando el problema. El área hospitalaria en construcción, entre 2014 y 2017, declinó de 850 mil metros cuadrados a la mitad; el número de camas por 100 mil habitantes sigue en 1,6, en el puesto 130 entre 192 según la OMS; las salas de partos, ambulancias, servicios de urgencias y quirófanos aumentan a ritmo lento y las EPS no incrementan las plantas de personal, muchas en condiciones laborales ilegales, para cubrir la unificación del POS, con solo 1,8 médicos por mil habitantes, cuando el promedio en la OCDE es 3,2. A tal desinversión debe añadirse el debilitamiento o liquidación de hospitales universitarios y el cierre de servicios, como en el sistema público de Bogotá, desde 2014.

En ese contexto se incrementan las muertes por VIH-SIDA, en ciudades donde todos los pacientes no reciben tratamiento;por cáncer gástrico, que pasó de una mortalidad de 10,59 a 15,16 por 100 mil habitantes en la última década; también por el de pulmón y por el de mama; por tuberculosis en alza desde 2011 y por las enfermedades cardiovasculares. La cobertura de vacunación Triple Viral fue menor en 2016 que en 2005; el ciclo del dengue no se ha quebrado y la salud mental, de la que demanda intervención el 10% de la población, está fuera de la agenda. En esas situaciones pesan determinantes socio-económicos como pobreza, urbanización, hábitos y aumento de la obesidad; sin embargo, urge diseñar otro marco de salud pública como punto de partida para asegurar el derecho universal.

Por consiguiente, el camino no es juntar estas trizas para hacer una colcha ni solo reducir el debate al cambio del  sistema de aseguramiento. Sin avanzar en investigación e información detallada, sin trabajar en prevención y atención básica; sin incentivar la infraestructura y el conjunto de la oferta; sin fomentar la industria farmacéutica nacional; sin reparar las malas condiciones de vida para millones, los frutos no vendrán. Es complejo, no hay chispazo salvador. ¡Ojalá hubiera!

¿Qué soluciones debe plantear Colombia frente al cambio climático?

En “Our Revolution”, Bernie Sanders dice: “El cambio climático es real, causado por la actividad humana”. Y añade que 650 mil años antes, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera nunca excedió 300 partes por millón, que en la Revolución Industrial era 270 y que en 2013 el Observatorio de Mauna Loa en Hawái reseñaba 400, que crecerían de a dos por año.

Indicadores internacionales muestran que las responsabilidades de los países son disímiles frente a este fenómeno, que constituye una afectación al ciclo natural del clima. En el porcentaje total –respecto a la emisión de gases de Efecto Invernadero–, China responde por 25,9 %; Estados Unidos por 14,75 %; la UE (28) por 9,33 % y Colombia solo por 0,35 %. En toneladas métricas anuales de CO2 por habitante, venidas de combustibles fósiles y de la industria del cemento, Qatar llega a 40,5; Estados Unidos a 16,4; Corea del Sur a 11,8 y Colombia apenas a 1,9. En cuanto a emisiones de CO2 en toneladas métricas anuales por dólar de PIB, China genera 2,077; Estados Unidos 0,412; Chile 0,541 y Colombia 0,371, siendo 0,620 el promedio mundial.

En el Índice de Desempeño Ambiental-2018, Colombia ocupa el puesto 42 con 65,22 puntos, Suiza es primero con 87,42 y Estados Unidos el vigesimoséptimo con 71,19. Los perfiles difieren entre sí: por ejemplo, Ecuador presenta sus mayores deficiencias en el manejo del recurso hídrico y la polución del aire y Colombia en temas rurales, saneamiento básico y biodiversidad, un campo en el que los TLC les abrieron las puertas a los agentes externos para tener acceso a ella y patentarla.

Tan específicos como las causas del cambio climático en cada país, también lo son los impactos en las distintas zonas del planeta, tanto que hasta US Global Change Research Program los distingue para las varias regiones norteamericanas. En países de clima templado, activos contaminadores, las secuelas se expresan, entre otras, en grandes tormentas, destructivos huracanes, más crudos inviernos y muy ardientes veranos. En los tropicales, con la mayor precipitación pluvial y menor participación en la contaminación, se exterioriza por desastres naturales, desborde de ríos y sequías que estropean a las poblaciones en zonas de riesgo. Colombia está en el puesto 19 entre 233 en probabilidad de impactos, es segunda en el Atlas de conflictos ambientales y como actor pasivo sufre más de lo que origina.  

¿Qué hacer en Colombia? El Foro Nacional Ambiental (2013) identificó tres orígenes del Cambio en este país “megadiverso” y “megacomplejo”: 1) La deforestación de 5 millones de hectáreas desde 1990, el 29 % en el Caribe por expansión ganadera, y otro 20 % más en la Orinoquia y la Amazonia, muchas por cultivos de coca como en la Sierra de La Macarena; 2) La locomotora minero-energética, que además exporta esa “degradación ambiental”, con Áreas Estratégicas proyectadas por 2,9 millones de hectáreas en franjas interandinas y por 17 millones más en el nororiente amazónico y 3) Ciudades “dispersas”, fruto de la falta de planeación urbana. Ahora bien, en cuanto al porcentaje del total de generación de energía con fuentes renovables, convencionales o no, Colombia, dotada de potencial hídrico, lo hace en 69,4 %, Estados Unidos solo en 14% y Corea del Sur apenas en 2,1 %. 

Con base en lo anterior vale preguntar: ¿Será respuesta adecuada para la problemática nacional especular con bonos bursátiles de carbono pagados a menos de 40 euros por tonelada de emisión reducida? ¿Será solución el fondo financiero Generation de Al Gore, dedicado a apuestas futuras sobre clima, agua o supresión de combustibles fósiles? ¿Lo será la subsidiada industria de vehículos eléctricos de las nuevas élites billonarias de California alentada por Clinton? ¿Será este tipo de negocios de oportunidad calificados por Stiglitz como de plazo intermedio? 

En la campaña presidencial  habrán de evaluarse los programas respecto al cambio climático: el de Vargas carece del capítulo respectivo, a la vez que busca  limitarles las consultas a las comunidades frente a los megaproyectos; el de Duque, que si bien habla de mitigar el cambio climático, persiste, como lo han hecho los gobiernos de Uribe y Santos, en invocar “altos estándares de responsabilidad ambiental”, desechando las competencias estatales para implantarlos; el de Petro, quien para su enunciada apuesta de supresión de “energías fósiles” da la bienvenida a “los empresarios de energías limpias como la solar”, y el  de Fajardo, que propone como ejes “la preservación del entorno natural, la defensa del agua, el crecimiento verde y el fomento de la educación ambiental”.

El debate está abierto. Que ojalá surjan soluciones adecuadas al contexto nacional.

NiNi

Pese a que algunos hacen elucubraciones sobre el papel de la coalición que se cataloga como tal, ella es la que puede trazar la senda diferente, dar valor agregado al ejercicio político.

Desde el dos de febrero está en furor el sabotaje a los actos de las campañas políticas. Fue en Armenia donde Rodrigo Londoño, candidato presidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en una vista pública recibió improperios y denuestos por un grupo de personas.

Los análisis concluyen que, sin duda, en muchos permanece viva la indignación por los muy graves errores cometidos por dicha organización; no obstante, había que reconocerle el cumplimiento de los acuerdos de terminación del conflicto, en especial el desarme y el cambio de la violencia por la política. 
 
Así mismo, en el debate sobre estos hechos y los sucesivos en Pereira y en Florencia se insistió en que –aparte de espontáneos ciudadanos de a pie, que puede haberlos- dirigentes y medios de comunicación, sin excepción, deberían observar una actitud ejemplarizante para crear distensión y no polarización en el ambiente político nacional, en el marco de una reconciliación que no es un fin en sí misma, sino el medio para que Colombia pueda entrar a resolver las enormes dificultades, que en términos de desarrollo, particularmente sociales y económicas, padece proverbialmente. 
 
Luego vino la acusación de Héctor Abad contra Petro de “documentos cambiados” cuando estaba en el Polo. El mismo Abad resume que “no soporté más los insultos, las calumnias y las amenazas de los bots, los trolls, los fans y los plumíferos”. Cuando en Blu Radio afirmé que no me constaba tal comportamiento pero que Petro sí aprobaba una cosa en el Polo y hacía otra, recibí andanada igual o peor que la infligida a Abad, incluyendo a los periodistas Enrique Santos Molano, que me mandó a un psicoanálisis, y Antonio Morales Riveira, quien me puso como un vendido a la barata. 
 
En ese ambiente, donde lo de menos es la mella insignificante que pueda hacérseles a los agraviados, cuya arena son las redes sociales y el protagonista las barras bravas, se está librando el pulso entre las dos consultas que se van a celebrar en simultánea con las elecciones al Congreso el 11 de marzo. Uribistas y petristas, quizá por recomendaciones de sus respectivos asesores, han llevado la polarización al extremo con fines políticos, ir más allá que cualquiera en la “guerra aérea”, lo que al final se ha traducido en una verdadera “guerra terrestre” con la rechifla en Popayán contra el Centro Democrático, desembocada en confrontación con la Policía, pero, ante todo, por el tropel con alto grado de agresión y aun no debidamente explicado en  Cúcuta contra Petro.  
 
Se desprende de esto que es otra la senda que Colombia necesita recorrer. Claro que debe haber debate público, pero en el marco de la confrontación sobre ideas, programas y propuestas y, ante todo, acerca del nuevo proyecto de país que hay que adelantar para hacerlo autónomo, democrático y equitativo, respetable en el ámbito mundial,  un país que potencie sus energías productivas para  que pueda ir saliendo de los profundos anillos del Averno a los que se le ha relegado.   
 
Para promover estos trascendentales propósitos cobra mayor vigencia respaldar este domingo venidero las listas de quienes representan la opción política que permita crear planos de discusión civilizada que, al final, ojalá logre unir al 90% o más de los nacionales hacia una transformación real de Colombia. Pese a que algunos hacen elucubraciones sobre el papel de la Coalición que se cataloga como NiNi, que no se deja encasillar en fatuos y peligrosos fanatismos, ella es la que puede trazar la senda diferente, dar valor agregado al ejercicio político –por fuera de los mismos de siempre responsables de la crisis abismal- y derrotar el “todo vale” causante de que 60% de los posibles electores no quiera participar. 
 
Quienes son los probados portaestandartes de dichas listas para Senado y Cámara, veteranos y jóvenes, son líderes reconocidos y por ellos votaré, aplicando que “No se trata de alentar el odio y la venganza, sino reflexionar sobre la sociedad que queremos y las capacidades y herramientas con las que contamos para construirla” (libro “Comunicarnos sin daño” de la Universidad Javeriana).   

Indignación ciudadana por el predial ha sido tapada por la campaña política

Hace unas semanas escribí acerca de la exacción a los barranquilleros con el cobro del impuesto predial para 2018. Un alza del 47% prevista en el recaudo respecto al año 2017, que ha llevado a que –acorde con su ingreso– cada ciudadano deba dedicar 20 días al año para pagar impuestos distritales.

Así mismo, en Ibagué se presentó otra ola de rechazo por un intento alcabalero similar. Allí se proyectó una iniciativa que combinaba una mayor tarifa mínima, del uno por mil al cinco por mil, con la actualización catastral y la incorporación de nuevos predios –pasando de 139 mil en 2010 a 176 mil en 2018– hasta llegar a un avalúo total de $8,5 billones para la capital del Tolima. Se planeaba pasar de cobrar $57.576 millones de recaudo en 2017 a más de $65 mil millones en 2018, a pesar de que el crecimiento del índice de valor predial en esta ciudad ha caído de 6,7 en 2015 a 5,4 en 2017. Menos mal, la protesta social pudo más que el atropello.

El punto máximo se está alcanzando en Bogotá. Desde la administración de Moreno se inició una espiral alcista desde un recaudo cercano a $1,2 billones en 2009 a más de $2 billones en 2015 con Petro y a $3,1 billones con Peñalosa para 2018: un incremento del 200% por ocho años consecutivos al que han contribuido, sin excepción, las respectivas administraciones. Para 2018, se proyecta, por efectos equivalentes en avalúos, la elevación del tributo en 12,95% al estrato uno; del 16,06% al dos y al 14,67% al tres y también entre el 7,14% y el 10,52% para los demás. Sufrirá tan gravoso aumento la casi totalidad de los hogares, el 95%, como lo viene denunciando el concejal Manuel Sarmiento.

Un cobro explosivo, desde hace ocho años, que supera tanto el crecimiento del salario mínimo y el de la inflación (Mateo Hoyos-lasillavacia.com) como el del ingreso por habitante. Millón y medio de familias sufrirán otra vez esta nueva arremetida.

Gustavo Petro justificó haber duplicado el recaudo del predial en su administración porque así “financió el gasto social” y me calificó como reaccionario por oponerme a la alcabala indefinida. No obstante, el torrente de ingresos corrientes no se ha dedicado solo a dicha finalidad. Entre 2012 y 2015, él lo usó en más de $1,2 billón para llenar las arcas de los operadores privados de Transmilenio y del SITP, compensando la diferencia entre la tarifa técnica reconocida y la comercial que pagan los usuarios, cuyos contratos prorrogó sin licitación ni cambios sustanciales y cuya inadecuada implementación encabezó. Enrique Peñalosa lo ha imitado gustoso, supliendo también así al oligopolio transportador.

También en Tunja se denuncia que al 25% se les subió el predial desde el 101% hasta el 300% y el IGAC argumenta que simplemente trasladó un supuesto boom inmobiliario al valor catastral de los más de 80 mil predios tunjanos, que han alcanzado un valor total de $8 billones, equivalentes al doble de 2012, cuando también se duplicó con iguales sofismas. Por doquier se ha levantado la indignación ciudadana.

El desborde del cobro del impuesto predial urbano en los municipios, porque el área rural sigue subestimada, está en línea con una política fiscal del Ministerio de Hacienda: ir disminuyendo su dependencia de los recursos nacionales. El mejor ejemplo es Bogotá: En 2006, solo el 35% de sus ingresos totales eran ingresos corrientes mientras para 2016 ya alcanzaban el 62%.

Así la ciudadanía ve disminuido doblemente su ingreso disponible: por un lado, con IVA al 19%, promocionado por Ricardo Bonilla, el ex secretario de Hacienda de Petro, más impuestos crecientes al consumo y a los combustibles, más el cuatro por mil. Y por el otro, con inicuos tributos prediales fijados por encima de todo parámetro y ligados exclusivamente a procesos comerciales inmobiliarios. En medio del transcurso electoral, por todas partes y en forma casi invisible, millones de hogares impugnan y se movilizan contra tan grave afectación a sus de por sí menguadas economías familiares.

La alcabala predial en Barranquilla

Gran inconformismo ocasiona el alza del impuesto predial en Barranquilla. No es para menos: mientras que en 2017 el recaudo efectivo por ese concepto fue de $247 mil millones, para 2018 se ha proyectado, según el presupuesto de Hacienda, en $364 mil millones, una escandalosa alza del 47 %. Fuera de este tributo y el de Industria y Comercio, allí se pagan varios que ni siquiera se cobran en Bogotá –líder en tributación por poblador–, como telefonía y alumbrado.

A través de procesos de actualización catastral –que desde 2017 está en manos de la Administración– en Barranquilla viene creciendo dicho impuesto en forma exponencial: en 2009, los 304 mil predios valían $17,4 billones y para 2018 los 352 mil sumarán más de $32 billones en avalúo. Por tanto, el valor de cada predio ha pasado de $57 millones en promedio a $91 millones. Es decir, en 2009 se pagó un peso de impuesto por $123 de avalúo, mientras que en 2018 se pagaría uno por cada $87. Además, un predio de $250 millones, que en Bogotá tiene una tasa de 6,4 por mil, en Barranquilla, estando en estrato cinco, coge una de 9,7 por mil. Y uno de 30 millones, que en Bogotá tendría tarifa de solo 5,5 por mil, en Barranquilla, por estar en estrato tres, le toca la de 7 por mil.

Las características sociales de Barranquilla son tan complejas como en las demás ciudades. En los estratos sociales de ingresos bajos y muy bajos, hay casi 2 de cada 3 habitantes y si sumamos los de ingreso medio, se llega a 3 de cada 4. El desempleo, que descendió al comienzo de la década, se estancó en algo más de 8% y, si se suman los subempleados, se llega a la mitad de toda la fuerza laboral. Una de cada dos personas es trabajador por cuenta propia y, como en el resto del país, el ingreso por habitante en 2017 no subió ni el 1%. Esa población, con dicha estructura socioeconómica, ha visto pasar el pago de impuestos locales por poblador de $293 mil en 2008 a uno proyectado de $906 mil para 2018, el triple en diez años, más del doble en pesos reales, lo cual implica que cada ciudadano, cualquiera sea su condición, le entrega al Distrito cerca de 20 días de ingreso al año, cuando en Bogotá solo llega a 15. Los exprimen al máximo.

El alcalde Álex Char justifica tanta expoliación argumentando que hoy “Barranquilla vale más”. Una verdad que tiene una réplica: los barranquilleros han pagado y siguen pagando dos cobros de valorización por un aforo total cercano a $600 mil millones. Con la contribución de valorización, pagaron parques, obras viales, escenarios para los Centroamericanos y canalización de arroyos, y, de encima, ven cómo aumenta el valor del impuesto predial, fruto de ese mayor valor que ellos crearon. Se les cobra por punta y punta.

Ahora bien, tanta alcabala ha sido insuficiente, porque una parte sustancial de la inversión publicitada ha sido con alto endeudamiento. Contratado con tasas del DTF + 1,26% y recientemente a DTF+2,5%, como lo registra el muy completo informe fiscal de Fundesarrollo (2016), la Administración ha contraído en diez años créditos por $814.422 millones por los que ha pagado servicio de deuda por $728. 015. Si agregamos que el saldo por pagar es todavía de $663.188 millones, al final el pago por cada peso prestado será mínimo de $1,70.

Como, para 2018, se planea pedir prestados otros $230 mil millones, el monto adeudado podría subir a más del 75 % de los ingresos corrientes lo que lo pone en un punto limítrofe del 80 %, el máximo permitido por el Índice de Sostenibilidad de la Ley 358. Esto se ve en la calificación de BRC Standard &Poor’ que, si bien acredita a Barranquilla con calificación AAA, está en perspectiva negativa, explicada en parte por la incierta capacidad de pago, como producto del altísimo nivel de cobro impositivo y por lo cual nunca el recaudo efectivo ha cubierto más del 80 % de lo esperado.

Se ha formado una coalición cívica de gremios, sindicatos, fuerzas sociales y políticas independientes que demanda una revisión general de esta alcabala gremial, sobran razones para ser oída.

Nota. Total rechazo a la utilización del terrorismo contra Barranquilla cualquiera sea la causa y solidaridad plena con su ciudadanía.

Urbanismo a la brava en Cali: Jarillón y Terminal Sur

En Cali hay distintos procesos de urbanismo. Dos casos, no únicos, el del Jarillón del río Cauca y el del Terminal Sur, son cuestionados incluso por los organismos de control. Información recopilada por el edil de la Comuna 6, Marcel López, y los profesionales Nathaly Cruz, Julián Rincón y Ángela Quevedo devela hechos que demandan explicación tanto de la administración Armitage como del gobierno nacional.

Este último, mediante el Fondo de Adaptación, lidera el Macro-proyecto del Jarillón: un programa de obras que apunta a mitigar el desbordamiento del Cauca y del Cali y la afectación que pudiera tener sobre la planta de agua de Puerto Mallarino, que aprovisiona al 72% de la ciudad, la PTAR de Cañaveralejo y la estación de bombeo del Paso del Comercio. Dichas obras exigen desplazar a 8.700 familias asentadas en inmediaciones de las riberas.

Pasados cinco años, la reubicación de esos hogares avanza a paso de tortuga, mientras que el hostigamiento para el desalojo y la represión sí van a toda máquina: a unas familias se les expide un exiguo auxilio de arrendamiento y a otras se asignaron viviendas VIP y VIS; sin embargo, entre los dos operadores encargados, COMFANDI y el FEV de Cali, mantienen en vilo a cerca de 6 mil familias. Iniquidad similar han vivido PYMES que fueron desterradas, en los mejores casos, con $50 millones para cubrir el daño. A contramano, según Iván Mustafá, un Parque Lineal sucedáneo valorizaría algunos terrenos circundantes.

Tampoco progresan las obras de infraestructura, ejecutadas por CVC y Emcali, para cuya gerencia y coordinación se contrató directamente a la Fundación FDI por $32 mil millones y a 44 meses, ya transcurridos. En julio de 2017, al hacer la auditoría del Plan, la Contraloría de Cali rajó la Gestión calificándola con 48,7 puntos sobre cien; en Legalidad, le puso solo 25,5; en Ambiental, en la que destacaba el retraso en las obras, apenas 39, y en Control Financiero, 50. Determinó 28 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal, ratificando un Informe de octubre de 2016 de la Contraloría General de la República, que habló de “cifras caóticas”.

También en el Sur concita rechazo ciudadano la edificación del Terminal del MIO con sus patios-talleres. Modificando el emplazamiento original en Piedragrande, el Terminal se implantó sobre el Humedal El Cortijo, ubicado en un lote cuya adquisición no trasmite suficiente transparencia. El predio es parte de uno mayor de 160 mil, comprado como rural por un particular y vendido a MetroCali como urbano. Había sido adquirido a la antigua DNE por $27.700/m2 y fue vendido por casi $280.000/m², un incremento del 1.000%. La parte correspondiente a los talleres está en controversia, pendiente de jugosa indemnización por expropiación.

La administración se empeña en negarle valor ambiental al Cortijo, catalogándolo como “un meandro del río Lili” y desconociendo hechos remarcados en 2011 desde el Plan Parcial del Sur. Se talaron 238 árboles y se hizo un cerramiento que lo aísla del río; que rompe su continuidad con la estructura ecológica principal conectada con el Parque los Farallones; que no lo valora como Bosque Cálido Humedal en Piedemonte; que desconoce olímpicamente la existencia de 24 familias y 49 especies de aves, así como de otros géneros pioneros de Bosque Seco Tropical.

Así mismo deslegitima la condición de patrimonio arqueológico, de indígenas asentados en épocas prehispánicas, en esas áreas consideradas de “expectativa arqueológica media”. La administración veló al parecer estos elementos al solicitar a la CVC el permiso ambiental para la construcción.

Mientras se originan impactos en movilidad y bienestar que padecerán los habitantes de las comunas 17 y 22, se provoca una valorización automática, que alcanzará tanto el segmento del lote que quedó por fuera del Terminal como al suelo comprendido por otros planes parciales del sur de Cali, que abarca 1.632 hectáreas de expansión, y hasta la zona franca Zona-América. El proyecto está en curso y lo construye la firma SAINC en contratos por un total de $90 mil millones, que se añadirán a los $726 mil millones que Cali ya adeuda por obras de infraestructura. Entre tanto, no se define el impuesto de plusvalía que pagarían los proyectos inmobiliarios en gestación.

El presente urbanismo de Cali vulnera derechos ciudadanos y normas ambientales, afecta la sostenibilidad financiera de la Hacienda y quebranta parámetros en distintos órdenes. Así, con recursos públicos, deja bastantes perdedores y pocos ganadores. “Van porque van”, desafía Armitage.

Boyacá, riqueza extranjera y «rebusque» criollo

La población boyacense está regada en 123 municipios que son más del 10% de los del país– muchos de ellos poblados con menos de diez mil habitantes- y produce tres de cada cien pesos de la economía nacional. Constituye caso especial en cuanto a la apertura de su economía: al dividir la suma de las exportaciones por habitante, 218 dólares, más las importaciones también por habitante, 76 dólares, por el ingreso per cápita, 6.412 dólares, arroja un factor de 4,5%, muy lejos del de Colombia que es del 26%. Boyacá, con ese bajo grado de apertura registra –para sorpresa de quienes ligan el crecimiento con la internacionalización- un ingreso superior al del promedio de los colombianos que es de 5.800 dólares.

Sin embargo, según información recopilada por la estudiante de economía de la UPTC, Andrea Salazar, la agricultura, pese a que en el año 2000 era el 20,9% de su economía y para 2015 había caído al 13,7%, sigue como sector líder. Dicha reducción ha sido a costa del incremento de la minería, en especial del petróleo de Puerto Boyacá, que subió del 5,7% del PIB boyacense en 2000 al 10,9% en 2015. En años como 2007, 2008 y 2011, Boyacá creció por encima del valor consolidado nacional.

Dos productos dominan la estructura agrícola departamental: la caña panelera y la papa mientras los pastos, claves para la vocación lechera, adoptada luego de los quebrantos del trigo y la cebada, ocupan 77% del área en uso agropecuario. Además elabora uno de cada cinco pesos de las hortalizas del mercado colombiano.

A contramano, el sector industrial, quedó en manos extranjeras. El de las bebidas, con la cerveza principalmente y que tenía una articulación con la cebada local, hoy está en manos de los fondos de capital que controlan este mercado globalmente y se surte en más de 250 mil toneladas importadas merced a los TLC, para el 96% del consumo nacional, de Argentina, Dinamarca y Canadá.

El cemento, que se caracteriza por presencia de yacimientos abundantes de materias primas  para su elaboración, está en manos del oligopolio que lo controla a escala nacional y sobre cuya explotación hay una opinión crítica por el deterioro ambiental causado al hacerlo sin tasa ni medida.

La siderurgia, sector emblemático y con vocación natural por encontrarse en inmediaciones de una región minera que facilita la aleación de acero, quedó también en manos foráneas subordinada a las importaciones, mayormente de Brasil, de productos intermedios de hierro, de desperdicios del mismo mineral y de ferroaleaciones para obtener los productos finales. Es una manufactura cuasi-ensambladora y que cubre menos del 60% de la demanda nacional sensible a la volatilidad de la tasa de cambio, con las correspondientes secuelas productivas, laborales y sociales.

La explotación de carbón, en la que predomina el coquizable, está sujeta al control multinacional del título minero 070, renovado en 2012 hasta el año 2039, y que le otorga a la brasilera Votorantin condiciones de señor y dueño para permitir el trabajo de la pequeña minería en sus contornos. Un proceso similar se vive con las esmeraldas, en los 11 municipios del occidente, que junto con el coque son primer renglón de exportación, y que ha caído, desde la primera cesión que hiciera  Víctor Carranza, en poder de compañías internacionales. La piedra sale en bruto hacia zonas francas en Bogotá y de allí a países donde la talla agrega máximo valor, proceso que ha generado dudas  sobre el real valor al cual se registran las respectivas ventas al exterior. En ambos casos, carbón y esmeraldas, está en explotación solo 2% del área concesionada con deterioro patrimonial regional y nacional.

Entre tanto, los poblados boyacenses se dedican al “rebusque” colectivo, especializándose en frutos como la feijoa, la cebolla o la trucha o también los balones de fútbol, las ruanas o los postres, orientados hacia el mercado interno viendo viajar el fruto de sus riquezas naturales a otras naciones, incluida la energía –que con gran potencial térmico natural- ha quedado en el patrimonio del fondo Brookfield el mismo de Isagen. Triste es este destino – precisamente- en el territorio donde se fraguó la independencia de Colombia hace 200 años.