Pandora a la carta

Con base en la información conocida, pueden intuirse las artimañas a las que varios “notables” acudieron para pagar pocos o no pagar impuestos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La Ley 1111 de 2006, de Álvaro Uribe y Alberto Carrasquilla, eliminó el impuesto del 7 por ciento al giro de utilidades al exterior de quienes por relaciones de dependencia o corporativas envían este tipo de remesas (Saqueo, pág. 86).

Las inversiones de nacionales en el exterior sumaban aquel año 23.943 millones de dólares, pero para 2017 ascendían a más de 53.000 (Saqueo, pág. 184). Protegido por la Ley 1111, el dinero se refugió “principalmente a partir de 2009” en Panamá, donde está el mayor porcentaje, 16 por ciento, con rentabilidades entre el 4,7 por ciento y el 6,8 (Banrep, Borradores de Economía, n.º 1068). También en España e Inglaterra por los tratados de protección de inversiones, los preferidos por el exfiscal Martínez Neira para registrar bienes raíces. Para monitorearlas, la Dian intercambia información con 48 jurisdicciones y solo hace dos años Panamá inició el proceso (El Tiempo, julio 2 de 2021).

La alianza periodística Connectas ha destapado los PanamaPapers (2017), en los que figuró el mismísimo Carrasquilla para tramitar el negociado de Bonos Agua, y ahora los Pandora Papers. El coro de que “todo es legal”, orquestado por Iván Duque, no elimina sospechas a empresas y magnates que se valen del mecanismo, ni menos logra cubrir a expresidentes y dirigentes políticos, en particular a los que, al iniciarse en la vida pública, estaban en deciles inferiores, y ni hablar de Junco, el director de la Dian, involucrados todos en el selectísimo grupo élite del 0,0012 por ciento de la población con tales prácticas. Con base en la información conocida, pueden intuirse las artimañas a las que varios “notables” acudieron para pagar pocos o no pagar impuestos.

Andrés Pastrana. Guardaba su patrimonio personal y familiar en una sociedad en comandita simple, Salatina Puyana y Cía. S., un viejo truco usual en familias adineradas para brincarse, por las características societarias, el pago del tributo a herencias. Al insertarla en Vanguard Investments Inc., en Panamá, dicho patrimonio pasó de pesos a dólares y quedó exento, fuera del impuesto a la riqueza, también del de renta sobre los beneficios causados. Es el típico personaje que “separa su suerte de la suerte de la Nación”. ¿Cuánto le dolerán nuestros infortunios al expresidente? Los explican dos refranes: “Donde está tu dinero está tu corazón” y “Mi patria, mi bolsillo”.

César Gaviria. Aparece como director de la sociedad panameña MC2 Internacional S. A., que absorbió a la radicada en Colombia MC2 SAS ESP (Cuestión Pública), del sector de hidrocarburos, en particular en distribución de gas en Colombia y Perú, asociada allá con la Organización Sarmiento Angulo y beneficiaria de contratos sin concurso en TGI y Ecopetrol. Gaviria también se mueve en el mercado de obras de arte, seguros y consultoría.

En claro aprovechamiento de la Ley 1111 de Carrasquilla y Uribe, remite a Panamá, sin pagar impuesto alguno, las ganancias a las que tiene derecho (¿el 100 por ciento?), venidas de la sociedad matriz colombiana, que caen al bolsillo de este otro expresidente en el 58 por ciento y el resto a familiares e íntimos. Impresentable.

Marta Lucía Ramírez. Las cuestionadas conexiones lucrativas de la vicepresidenta y canciller son de vieja data. Cuando fue ministra de Comercio Exterior, hubo de declararse impedida sobre zonas francas. Fue abogada de Philip Morris en pleitos con la Dian. Es conocida la sociedad constructora del Edificio Torres 85, que su firma familiar Hitos Urbanos pactó con el paramilitar Memo Fantasma. Y en el debate en el que el senador Robledo denunció la “indemnización” por 1,4 billones de pesos, que intentó pagarse por adelantado a los socios de la Ruta del Sol para evadir el fallo del tribunal de arbitramento, chispearon sus fuertes nexos con el Grupo Aval.

Marta Lucía Ramírez vuelve a escena por su asociación, de 2005 a 2012, en la comisionista de bolsa, Global Securities Management Corporation, basada en Islas Vírgenes Británicas, y con un socio condenado “lavador de dinero profesional”, para operar “en el mercado de valores con cobertura de diferentes países de Latinoamérica”. Según participaba desde la firma panameña Stulb Investments Corp., combinó Islas Vírgenes y Panamá, como modus operandi. ¿Qué pasó con las rentas en esos siete años? Sin mesura.

Gaviria, Pastrana, Ramírez y demás políticos nombrados en Pandora Papers como Peñalosa (“El negocio, socio”) o Alejandro Char (¡Cuándo no!), cada cual a la carta, deben ser esculcados a fondo. Tiraron lejos la admonición de Lleras Camargo, “no mezclar los negocios con la política”, y hoy pertenecen al club de superricos con una tarifa efectiva de tributación del 2,26 por ciento, la menor entre todas las de todos los contribuyentes (Garay y Espitia). Indignante.

Tres puntillazos a la producción nacional

Las amenazas al agro, al sistema cooperativo cafetero y al acero nacional no son extrañas al modelo económico prevaleciente y profundizado por Duque.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Duque se empeña en implantar políticas destructivas de ramas claves de la producción como la siderurgia, los fertilizantes y la comercialización del café, provocando la ruina de agricultores, de fábricas de acero y, en plena bonanza, de la red de cooperativas cafeteras.

Miles de caficultores, arroceros y maiceros viven una tragedia por la enorme alza de los precios de los fertilizantes en el último año. En la urea, por ejemplo, de 70.000 pesos a 150.000 por bulto de 50 kilos; en el Triple 15 y el DAP, incrementos de 90.000 pesos a 145.000 y de 100.000 pesos a 195.000. Los fertilizantes pasaron de ser 25 por ciento al 45 por ciento de los costos de producción del arroz, y los importes de producir una carga de café se treparon de 800.000 pesos a 1.100.000.

Es el resultado mixto de la devaluación del peso y de una subida mundial en el valor de los fertilizantes y sus materias primas, así como de los fletes, ya que ambos son importados. “La mayoría de los precios de los fertilizantes se dispararon en 2021, en particular los fosfatos y la urea, impulsados por la fuerte demanda” (Banco Mundial). A su vez, el valor medio global de transportar un contenedor pasó de 2.250 dólares a 10.517 (https://fbx.freightos.com/).

En tan trágico escenario, el Gobierno de Duque, mediante la Supersociedades, intervino, por razón opaca e información incierta, a Monómeros Colombo-Venezolanos. Al mirarse el mercado nacional de abonos, que, según el Banco Mundial y la FAO, es de los de mayor consumo en el mundo, se orienta hacia una alta concentración de la oferta a favor de la multinacional Yara, que prepondera desde 2014 con la compra de Abocol.

Como si fuera poco, Ferticol, factoría pública nacional de fertilizantes, sobresaliente por su producto Nitron 26 y proveída por la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, acaba de clausurarse por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, deshonrando su palabra de campaña.

Se avanza hacia un eventual monopolio para surtir los dos millones de toneladas utilizadas, de las cuales 400.000 se elaboran localmente y las otras son importadas por más de 700 millones de dólares, suma que, por lo visto, se duplicaría, ya que es el cuarto arancel que más carga moviliza. Duque, en vez de aliviar, refuerza las cargas sobre el agro.

En la siderurgia, el empujón al abismo es más recio. Por la coyuntura mundial, los precios del acero se han elevado, a pesar de lo cual la producción nacional aumentó 46 por ciento. Atendiendo demandas de las firmas constructoras, de gancho con las financieras, el Ministerio de Comercio, para abaratarlo, optó por rebajar los aranceles, del 10 al 5 por ciento, y propiciar el ingreso de más producto de China y Turquía, que ya captura una porción del mercado y reconocido por venir con dumping, debajo del costo de producción.

Las principales siderúrgicas en Colombia son de consorcios brasileños, y hay dos colombianas, en el Valle y en Boyacá. Suman 45.000 empleos entre todas y una capacidad de 2,6 millones de toneladas que apenas se utiliza al 60 por ciento, por la importación de productos extranjeros en condiciones espurias. Con la nueva disposición, las siderúrgicas marchan a la parálisis.

Las cooperativas cafeteras viven un apuro crucial. Destacado hasta por Duque como “éxito” el sistema de compras a futuro, en Andes, Antioquia (video minuto 1-40 a 2-30, https://www.youtube.com/watch?v=i3ygd8FR1p4), enfrentan un revés insólito por los altos precios internacionales. Al haber transado de antemano con miles de caficultores a valores cercanos a un millón de pesos por carga y con compromisos de entrega en el exterior, enfrentan un cuello de botella, pues los productores, al ver alzarse las cotizaciones a más de 1.800.000 pesos, decidieron incumplir y rehúsan mover su café hacia las cooperativas.

La falta, que podría llegar a 500.000 sacos de 60 kilos, con un sobrecosto de 200 millones de dólares, hundiría el sistema cooperativo, que ya perdió en 2020 casi 25.000 millones de pesos. Caerían entidades como las de Andes, Risaralda, algunas de Tolima y Valle en estados financieros negativos y otras con márgenes muy estrechos. ¿Se saldará a cargo del Fondo del Café? ¿Del ahorro patrimonial de los afilados? ¿De Expocafé?

Las amenazas al agro, al sistema cooperativo cafetero y al acero nacional no son extrañas al modelo económico prevaleciente y profundizado por Duque. La algarabía, por un crecimiento económico del 8,8 por ciento en el primer semestre de 2021, oculta que la variable más influyente son las importaciones, incluido el café en grano, que escalaron en el año corrido el 45 por ciento, por encima de cualquier otra.

Los puntillazos reseñados se suman a muchos del martillo del libre comercio contra la producción nacional. Otros tres más.

¡Manos arriba!

Cunde el pánico porque además se perciben la falta de una política integral de seguridad, sin diagnóstico certero, y palos de ciego en las medidas correctivas.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La inseguridad es tema prioritario de la agenda urbana en Colombia. Invamer dice que para 96 por ciento de la opinión está empeorando; Ecoanalítica, que el 15,3 por ciento lo ve como “primer problema”; Datexco, que 5 por ciento percibe mejoras. SEMANA-CNC mostró las secuelas sobre la favorabilidad de las distintas autoridades.

Cunde el pánico porque además se perciben la falta de una política integral de seguridad, sin diagnóstico certero, y palos de ciego en las medidas correctivas, como que se puede “disuadir” con 350 soldados de PM o con aumentar las penas a “los recurrentes” o que con sesgos xenófobos o que con culpar a los jueces se explican las causas. Experiencias internacionales, que podrían acogerse, no pasan por la mente del jefe nacional de la Policía, Iván Duque, y menos por la del ministro Molano, el del “protestódromo”, algo que mueve más a risa que a indignación.

Por ejemplo, el BID (2016), en ‘Delitos violentos en ciudades de América Latina’, afirma: “No comprender las causas de la delincuencia y descartar evidencia puede conducir a que los tomadores de decisión implementen estrategias ineficaces”. Definió cuatro factores concomitantes con el crimen: 1) Las penurias económicas; 2) La inestabilidad residencial, para los delitos contra la propiedad y lesiones; 3) La combinación de desintegración familiar, ausentismo escolar y estructura de edad de la población y 4) el consumo de alcohol. Sin desconocer particularidades, como en Colombia, donde contribuyen remanentes del conflicto armado y el narcotráfico.

También un compendio de The Guardian (junio 2015), ‘24 medios para reducir el crimen en las más violentas ciudades del mundo’, aporta otras ideas: “No usar lenguaje violento” (Padayachee); hacer “balance entre represión y prevención” (Muggah y Leite), y tratar la “violencia virtual”; incidir en la cultura por la convivencia y asistir con programas a asociaciones comunitarias y escuelas (De Boer-ONU); “atender la desigualdad” (Leite) y “reforzar controles de las armas ilegales” (Overton), que en Colombia crecieron de dos millones a 4.267.790 en 25 años, cuyo uso, fuera de homicidios, se triplicó hacia hurtos (www.ideaspaz.org). Rajados en todo.

Según la estadística delictiva (Policía Nacional) en el país, desde 2015 se cometen más de 12.000 homicidios al año. El robo a comercios se disparó de 23.060 a más de 60.000 en 2017, 2018 y 2019. Por la pandemia bajó, pero en 2021, con 25.000 que iban en agosto, pasarán de 40.000. El hurto a personas se triplicó entre 2015 y 2019, de 101.449 a 306.847, y descendió por la cuarentena, pero en 2021, a golpe de 21.000 mensuales, llegaría a 250.000, a 29 por hora, uno cada dos minutos.

En Bogotá se cuentan 271 atracos personales diarios, y a agosto 31 iban 65.207, tantos como en ese mes de 2018. Por hora se roban seis celulares y más de una bicicleta, y cada 120 minutos, una motocicleta (Secretaría de Seguridad y Convivencia). Se insiste en que “La guerra mundial contra las drogas es gran generadora de crimen, violencia e inseguridad” (Platt). En Colombia urbana es relevante. Aunque el consumo de sustancias ilícitas pasó del 2,7 por ciento de la población al 3,75 por ciento en una década, las capturas conexas con estupefacientes van en contravía: pese al mercado creciente, pasaron de 249 diarias en 2013 a 150 en 2019 (Cálculos-datos de MinJusticia y Gicri).

Sobre el microtráfico y las armas ilegales, se dice: “Todo se agrava en la medida en que las fuerzas de seguridad comienzan a confiar en estructuras corruptas”. La Policía Nacional no está exenta. Al consultar en Google “Policías corruptos en Colombia”, aparecen 894.000 resultados, más que en Ecuador, México y Francia, entre 420.000 y 768.000, pero menos que en Brasil y España, encima de un millón, fuera de reiteradas culpas en la observancia de los derechos humanos. En mayo de 2016, una “purga general” expulsó a “más de 2.000 uniformados” (SEMANA, mayo 2016). Entre 2016-2017 se destituyó por diversos delitos a 1.160 agentes, 54 por ciento por concierto para delinquir (MinDefensa). En 2018 había 2.488 policías detenidos (El Colombiano, 6 de noviembre de 2018). En Bogotá, entre junio de 2016 y 2019, se destituyeron a 547 (Publimetro) y un coronel y varios policiales fueron brazo de “ganchos” del Bronx.

“Si la sal se hizo insípida”, ¿quién le devolverá sabor? El debate debe iniciar por ahí y coincide con tres proyectos de ley, dos oficiales y uno de la oposición, para reformar a la Policía, de los que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, ya anunció que se aprobará el “que el gobierno quisiera” (Navas). Gómez pone así “¡Manos arriba!” a sus colegas, mientras el Modelo de Transformación Institucional (MTI) propuesto por una comisión consultiva en 2017, con glosas sobre salarios, reclutamiento y transparencia en investigaciones internas, sigue engavetado.

Hoyo en uno

¿Se crean dos Cartagenas, una, del Mandela y Bazurto, y otra, paraíso elitista para quien aterriza con la talega de golf buscando un hoyo en uno?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Carlos Haime fue empresario en varios sectores económicos, en particular el de aceite de palma y jabones. Poseyó la hacienda Los Morros, en el norte de Cartagena, que extendió hasta abarcar miles de hectáreas, de lado a lado de la ciudad, fruto de la prescripción adquisitiva de dominio de posesiones precarias compradas al detal. Soñaba con expandir hacia allá la ciudad.

El sueño, por el empeño de herederos y socios, se va haciendo realidad. Por la vía que conduce a Barranquilla se edifica otra urbe, lejos del Corralito de Piedra, patrimonio cultural de la humanidad, libre no tanto del significado histórico sino de tachas que incomodan a las élites nacionales e internacionales, como la creciente pobreza, que abarca a una de cada dos personas (Dane, 2020), o la informalidad, en tres de cada cinco ocupados, expresada en miles de venteros en las playas de Bocagrande y Castillo, o la prostitución, que se ha hecho pública, o el turismo de masas con tumultuosos paseos de grupos venidos del interior.

La conurbación empezó con el conjunto residencial Barcelona de Indias, supuesta imitación de la española, que arrincona a consejos comunitarios como el de La Boquilla, según una crónica de Andy Robinson. Se va construyendo otra Cartagena, que también promueve ventas a “cachacos” para adquirir “segunda vivienda” o “vivienda de retiro”, atraídos además por las “mejores canchas de golf de América Latina”, como las diseñadas por Nicklaus, con club resort a bordo, o por atractivo turismo VIP en cadenas como Holiday Inn, Radisson o Meliá, en un exorcismo de lo autóctono para proyectar un Cancún u otra Punta Cana (“Barcelona de Indias no quiere afrocolombianos”, La Vanguardia, 9 de febrero de 2020).

La segunda fase es “Serena del Mar, ciudad soñada”. Abundan planes inmobiliarios de conocidas firmas cartageneras y del país, que incluyen inmuebles con vistas al mar y precios por metro cuadrado hasta de cinco millones de pesos o más, ambiente tropical, piscinas por montones, manglares y playa privada. Se gesta una operación de especulación sobre el suelo sin que se defina la participación en la plusvalía de ninguna instancia estatal, que pueda orientar dichos recursos a poblaciones marginadas e inversión social, no vía altruismo, sino como debe ser: como contribución fiscal.

La Universidad de los Andes ya plantó allí la sede académica del Caribe y le agregó un componente de finca raíz con un proyecto de oficinas. También la Fundación Santa Fe montó una moderna IPS, y los servicios públicos los presta una poderosa compañía particular. Nada público, todo privado, y “la oferta cultural la completan un campo de golf diseñado por Robert Trent Jones y un canal entre la Ciénaga y el mar para yates y motos de agua”. Entre tanto, los consejos comunitarios de Tierra Baja, Punta Canoa y Manzanillo del Mar declaran estar confinados a “unos islotes” (Robinson).

La fantasía se afina con la concesión a 30 años, en la modalidad de iniciativa privada o IP de un nuevo aeropuerto en Bayunca, corregimiento a 20,5 kilómetros al norte de Cartagena. Una “ciudadela aeroportuaria” de 650 hectáreas, que conectará con la doble calzada Cartagena-Barranquilla por La Cordialidad y que “podrá extender su capacidad hasta 30 millones de pasajeros”, para competir con Panamá como centro regional de operaciones aéreas. Por esta “acción urbanística del Estado” se acrecentarían todavía más las plusvalías.

El lote, en poder de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, decomisado a la mafia de Marquitos Figueroa, es el aporte de la nación cedido al futuro concesionario (El Universal, 13 de junio de 2019). Con la inversión de 800 millones de dólares tendrá, como en las privatizaciones aeroportuarias, 50 por ciento o más de los retornos derivados de las tarifas aeroportuarias que fija Aerocivil, pagadas por los usuarios, que en la prefactibilidad se calculan al triple del valor de las actuales, y 100 por ciento irán al concesionario, ni un peso al Estado, pues así se requiere para costear la obra que en los primeros diez años tendrá la misma capacidad que la actual terminal Rafael Núñez. Esta, en manos de la española Aena, el Grupo Aval y socios locales, se mantendrá “mientras llega el de Bayunca” (ANI) y se desconoce si se quedarán con ambas o si surgen otros jugadores tras el botín.

El negociazo que cerrarán en 2022 Iván Duque y la vicepresidenta, dedicada a temas de la Heroica, reforzará la visión urbana excluyente, de “ciudades competitivas”, refutado por entidades como ONU-Hábitat, que lleva a inquirir: ¿es necesario el aeropuerto en Bayunca? ¿Tal ordenamiento mejora la iniquidad local? ¿Se estudió el impacto ambiental del esquema? ¿Se crean dos Cartagenas, una, del Mandela y Bazurto, y otra, paraíso elitista para quien aterriza con la talega de golf buscando un hoyo en uno?

La pesadilla Carrasquilla

En tres décadas, las compras totales al exterior crecieron 11,6 veces, mientras que las ventas solo 6,5, lo que incide en que el comercio exterior sea apenas 30 por ciento del PIB.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Alberto Carrasquilla es quien más tiempo ha sido ministro de Hacienda: 77 meses y dos semanas. Supera a los exministros, hoy temerarios candidatos presidenciales, Mauricio Cárdenas (71 meses y dos semanas), Juan Carlos Echeverry (24 meses y dos semanas) y Óscar Iván Zuluaga (39 meses). Contrario a Iván Duque, a quien le parece una credencial, involucra a Carrasquilla como primer responsable –sin eximir a otros– por la decadencia de la economía nacional, no solo por lo acaecido en el último trienio, sino por la aplicación del neoliberalismo que sumió a Colombia en estancamiento y vulnerabilidad.

Es el estratega de la Confianza Inversionista al sector financiero, al minero, a trasnacionales y holdings, que gozan de un gasto fiscal a su favor por 10 billones de pesos anuales, venido de beneficios tributarios con descuentos, deducciones, rentas exentas, zonas francas y contratos de estabilidad jurídica. Como fuente para financiarla, Carrasquilla desató el endeudamiento, soportado en bajos salarios e impuestos indirectos, con el IVA a la cabeza, que subió del 10 al 16 por ciento (2006) y descargó el costo sobre los pobres, los trabajadores y clases medias empresariales que ha maltratado.

Después de ser gerente técnico del Banco de la República, de oficiar en el BID y como consultor, plasmó su doctrina como viceministro y ministro de Uribe en cuatro reformas tributarias y en dos más con Duque. Es artífice del inicuo Estatuto Tributario, adobado con más regalos fiscales en 2018 y 2019, presupuestados por 19,4 billones de pesos hacia 2023, para los mismos beneficiarios y algunos nuevos, lo que tiene del cuello a las finanzas públicas.

Carrasquilla era viceministro cuando el Acuerdo Stand-By con el FMI (2003-2006) y luego, al ejercer la cartera, obediente duplicó el recaudo de impuestos y rebajó el gasto público “socializando pérdidas y privatizando ganancias”. En simultánea, como militante del Consenso de Washington, fue de órganos del FMI, del Banco Mundial y la CAF, y ministro negociador del TLC con Estados Unidos, que cedió la soberanía macroeconómica, al vaivén de los flujos del capital, al aceptar la cláusula que impide el control conjunto de la tasa de cambio y la tasa de interés (Villamizar, 2011, El Nuevo Siglo).

Concibió la Ley 1111 (2006), que eliminó el impuesto del 7 por ciento a los giros de las rentas de subsidiarias a sus casas matrices en el exterior, que propició el auge de firmas ficticias en Panamá, entre ellas la suya, Konfigura Capital. Fue con la que, con dos de sus exfuncionarios, apuntaló las picardías de los Bonos Agua, basado en la Ley 1176 de 2007, que planeó desde su cargo, cuando además se feriaron Megabanco, Bancafé y Granahorrar a los grandes grupos.

A su salida, asimismo fue de la junta del Banco de Bogotá, la asesoró en asuntos externos, presidió Fabricato en llave con Alianza Fiduciaria y se asoció a Crowe Horwath, consultora financiera, historial que no aparece en la página del Banco de la República (https://www.banrep.gov.co/es/alberto-carrasquilla-barrera-nombrado-nuevo-codirector-del-banco-republica).

https://es.scribd.com/embeds/524529547/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-6KbPgPhVX5HMJG55JcTX

Peor fue la conducción de la Hacienda en la pandemia. Pese al raponazo de 15 billones de pesos a municipios y departamentos para el Fondo de Mitigación de Emergencias, Fome, al dejar el cargo la ejecución de los auxilios era solo 70 por ciento del Fondo, como porcentaje del PIB ocupó el puesto 37 entre 82 economías emergentes (FMI). Los vulnerables necesitan poco, diría, y su largueza fue con el capital financiero. Le inyectó liquidez por 31 billones de pesos que, en medio de la crisis, sirvieron para ganancias en 2020 por casi 5 billones de pesos al Grupo Aval y al mes de estallar la crisis, en abril de 2020, se habían cedido recursos a la banca para recuperar sus acciones en la bolsa en más del 25 por ciento y con ellas el índice bursátil Colcap, además de librarles licencia para jugosas operaciones en divisas.

A Duque, ni esto ni el pecado de la fallida reforma tributaria, que extraía de las capas pobres y medias 30 billones de pesos, detonante del paro nacional, le estorbaron para nombrarlo codirector del Banco de la República, tras fallidos intentos de volverlo su gerente o presidente de la CAF.

Tampoco pesó que Colombia tenga el mayor desempleo de Suramérica, de 15,1 por ciento (1T, 2021, Cepal); dos de cada cinco personas en pobreza; déficit fiscal de 9 por ciento del PIB; déficit externo entre 3,5 y 4 por ciento del PIB; deuda pública del 70 por ciento del PIB; ser de los cinco países más desiguales del mundo y de las 15 economías con peor posición de inversión (BanRep). ¿A quién servirá Carrasquilla en el Banco de la República? ¿Cuánto más daño hará el gurú de la ortodoxia monetaria, como lo alabó Alejandro Gaviria? ¿Cuándo cesará la pesadilla?

Las tres transiciones de Petro

Aunque la transición de Petro a la Paz sea la de Uribe, a la Democracia la de Turbay y la Energética dar un golpe de gracia a Ecopetrol y a la explotación de carbón, es dable que obreros petroleros y mineros –incluso así– se aferren a tan peculiar Colombia Humana.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

A mediados de marzo de 2021, la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de obreros petroleros, publicó un boletín de adhesión al Pacto Histórico de Gustavo Petro. Ese comunicado, repetido por Sintracerromatoso y Sintracarbón, respaldaba tal decisión en las llamadas tres transiciones que el senador de Decentes propone como ejes de su campaña presidencial.

En primer lugar, la transición a la Paz, por “el final de la violencia política”; la segunda, a la Democracia, en la que la ciudadanía “sienta que su participación política cuenta”; y la tercera, la Energética por la que “logremos abandonar el capitalismo fósil hacia una sociedad del conocimiento” (USO).

Desarrollos posteriores dan puntadas de en qué consisten para Petro tales transiciones. En la de la Paz, por ejemplo, escribió un trino: “Estoy de acuerdo con una amnistía general en Colombia. El perdón social e histórico es una (sic) momento casi irrepetible pero fundamental en la paz las sociedades (sic). Pero antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa” (17/8/2021).

Así respaldó la propuesta de Álvaro Uribe, quien la definió “casi como un borrón y cuenta nueva”. La justa refutación vino de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo: “Una amnistía general como propone Álvaro Uribe daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones. Y con los derechos de las víctimas…”. Hicieron referencia directa a Petro porque al unirse está “promoviendo la impunidad”.

El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, acusó dicha amnistía como “desmonte subrepticio del acuerdo de paz”, “ventana de impunidad política”, “pone en riesgo los cimientos mismos del Estado de derecho” (El Tiempo, 30/8). La columnista María Isabel Rueda, lejana de la izquierda, apuntó: “No es sino una propuesta que se reduce a que miembros del Ejército y un puñado de delincuentes puedan ser elegidos o nombrados en la burocracia” (El Tiempo, 29/8). Una pifia enorme el aval de Petro a Uribe.

Parecido sucedió con la decisión de presentar listas cerradas del Pacto al Congreso, en relación con la supuesta “participación ciudadana activa” que “debe contar” en la transición a la Democracia. Aquí los contradictores fueron los propios conmilitones: el movimiento aliado Fuerza Ciudadana, de Carlos Caicedo, hizo rancho aparte con una lista abierta de petristas purasangres a bordo como el antioqueño Gilberto Tobón o el ex-M-19 de Santander, Emiro Arias. También Gustavo Bolívar lanzó que “si se define que la lista del Pacto Histórico al Senado de la República es cerrada, no volverá al Congreso en el año 2022” (La W, 28/4) e inquirió: “¿Y los exmilitares que quieren el cambio? ¿Y las madres de Soacha? ¿Y los influencers?”.

Supeditar aspiraciones de dirigentes y partidos diversos, coaligados en un propósito común, al bolígrafo del jefe único como en épocas de Turbay Ayala, revive prácticas de gamonalismo, emulando al Centro Democrático en 2014. Tanto que un concejal petrista de Bogotá dijo: “No hay mecanismos legítimos para definir el orden de la lista”, puede acabar en “componenda a puerta cerrada” (Semanario Voz), la arbitrariedad ha puesto al Polo como “vagón de cola del Pacto” (La Silla Vacía) y el ultrapetrista Wilson Arias trinó que cerrar las listas a la Cámara es “absolutamente inconveniente” con riesgo de “excesivo centralismo”.

Frente a la transición Energética, Petro fue draconiano: de ganar, no se explotará ni exportará petróleo desde 2022. Esto, que en las actuales condiciones lleva a un marchitamiento de Ecopetrol, así se ponga a producir paneles solares, fue rebatido por Jorge Robledo: es condenar a Colombia a importar combustibles; no se reducirán los gases de efecto invernadero (GEI) porque otros lo harán por nosotros; y menos si solo respondemos por el 0,53 por ciento de los GEI, de los cuales 0,28 por ciento del carbono compete a hidrocarburos; no hay renglón, ni el recurrido turismo, que ipso facto pueda trasladar 20 billones anuales al Estado ni absorber 65.000 empleos calificados que se esfumarían. Robledo, a contramano, delineó como agenda ambiental prioritaria “reducir la deforestación de la Amazonia y el Pacífico Biogeográfico” y unirse a la “cruzada mundial” para que los grandes países contaminadores “cumplan sus deberes globales”.

Aunque la transición de Petro a la Paz sea la de Uribe, a la Democracia la de Turbay y la Energética dar un golpe de gracia a Ecopetrol y a la explotación de carbón, es dable que obreros petroleros y mineros –incluso así– se aferren a tan peculiar Colombia Humana. No es nuevo, igual pasó cuando otrora el proletariado francés se alineó con Proudhon, “un charlatán en la ciencia y un contemporizador en la política”. ¡Qué le vamos a hacer!

Protectofobia

En tres décadas, las compras totales al exterior crecieron 11,6 veces, mientras que las ventas solo 6,5, lo que incide en que el comercio exterior sea apenas 30 por ciento del PIB.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En sendas columnas (El Tiempo, La República), Rosario Córdoba y Claudia Lacouture, dirigentes de gremios y think tanks de firmas transnacionales, reiteran “la internacionalización” como eje del proyecto económico, acogen conclusiones de la Misión encargada de ahondarla y ponen los TLC como dogma.

Es “herramienta para elevar el ingreso por habitante”, “el cambio climático es oportunidad”, “energías limpias”, “digitalización del trabajo”, ciencia y tecnología, por lo que sirve estimular la “diáspora de colombianos en el exterior” y la inversión extranjera “que transfiera conocimiento”, razones repetidas hasta el cansancio, incluida la Ocde, adobadas con el chance que, dicen, se dará por la contradicción Estados Unidos-China.

Más revelador es lo que callan que este canto de sirena oído mil veces. En 2012, el ingreso por habitante de Colombia, en precios corrientes, fue de 8.238 dólares y en 2019 (fue peor en el atípico 2020), de 6.508 (BanRep). Así, al iniciarse los TLC, era el 18,5 por ciento del de Estados Unidos y a los siete años solo 11,6 (Fred). No llegó a 25 por ciento, antes bien se distanció.

En cuanto a exportaciones a Estados Unidos, al comparar las de petróleo en 2012, cuando el promedio Brent era 111 dólares el barril, con 2020, cuando estuvo a 42, es obvia su pérdida de participación. Sin embargo, parámetro más ilustrativo son las exportaciones de manufacturas a ese país, que entre 2012 y 2020, descontando piedras preciosas, crecieron de 854 millones de dólares a 1.013, apenas 18 por ciento, al 2 anual (Dane), lo mismo pasa con el número de productos, varios en forma de muestras no sostenibles en ventas o en pequeñas cantidades, así como el de exportadores, aumentado a un compás menor

¿A cambio de qué? Cuando arrancó la apertura, en 1990, el coeficiente de penetración de importaciones industriales, la porción del mercado interno atendido por manufacturas externas era del 20,13 por ciento. Luego de seis años de TLC, en 2018, ya iba en 44 por ciento (DNP). Y el denominado coeficiente de apertura de exportaciones manufactureras, lo destinado de la producción nacional al mercado externo, era en 1990 del 33,17 por ciento, mientras que en 2018, sin contar cuestionados registros de chatarra y oro, cayeron al 19 por ciento (DNP).

Se cedió el doble del mercado fabril interno y se disipó la mitad del externo y en agricultura, la dependencia en cereales y oleaginosas llega ya al 65 por ciento del consumo nacional, dentro de los más de 14 millones de toneladas de géneros importados, donde además crecen lácteos, papa y cárnicos. En tres décadas, las compras totales al exterior crecieron 11,6 veces, mientras que las ventas solo 6,5, lo que incide en que el comercio exterior sea apenas 30 por ciento del PIB.

La galanteada inversión extranjera predomina en áreas del consumo interior –varias antes en manos nacionales– como comercio minorista en grandes superficies, telecomunicaciones, generación y distribución de energía y servicios públicos, venta de combustibles al detal, productos cosméticos y aseo, comercio farmacéutico a toda escala, cervezas, tabaco y parte del cemento y concesiones viales, renglones de importación al mayoreo, como automotores y autopartes, fertilizantes, prendas de vestir y tecnología, y avanza en financiero, avicultura y salud, en EPS e IPS, como en servicios de suministro de personal, call center y transporte aéreo.

Recolonización, fruto de la seducción con beneficios de toda índole, que suma pasivos internacionales por 378.000 millones de dólares (BanRep, 2020), al agregarse a la inversión directa, incluidos petróleo y minería, créditos, acciones y portafolios bursátiles.

La orgía de importaciones, que causó déficit comercial entre 2012 y 2020 de 50.000 millones de dólares, y la rentabilidad de los capitales extranjeros invertidos, que se estima en el 6 por ciento anual (Cepal), ocasionan un balance negativo recurrente en las cuentas externas que obliga a endeudarnos para financiarlo. De ahí que la deuda del Gobierno central pasó, en lo corrido del siglo, de 70 billones de pesos a 690, se multiplicó por diez. El que a todo habitante le correspondiera de ella 1,5 millones de pesos y ahora más de 13, que el endeudamiento creciera por encima del ingreso por habitante, impelió a 19 reformas tributarias. Todavía son más dañinos los efectos macroeconómicos que los sectoriales.

Pese al desplome del ingreso por habitante; a pérdidas cuantiosas del mercado interno; al retroceso en las ventas al exterior; a la entrega de subsectores claves de demanda interna; a la sangría de ahorro y trabajo por la vía de la deuda impagable; a la asimétrica extranjerización de la economía, los portadores del virus de la Protectofobia descalifican a quienes se resisten a acabar de despeñar a Colombia al fondo del abismo. ¿Qué vacuna precisarán para curarse?

#Minticgate (o los escándalos en Mintic en la era Duque)

Abudinen y su rosca deben irse y el juicio ha de alcanzar a Iván Duque, quien presumió hacer del país un Silicon Valley y remata con Mintic vuelto foco de trastadas.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Los escándalos en Mintic escalan desde la aprobación de la Ley 1978 de 2019 con Silvia Constaín como ministra, que venía de Facebook como jefe de Políticas Públicas para el Sur y Gerente de Relaciones Gubernamentales de Apple para Sudamérica (Wikipedia). A estos agentes o Google o a Amazon, bajo la batuta del Comisionado TIC, Víctor Muñoz, se les diseñó una “ley sastre” permitiéndoles captar gran parte de la torta sin retribuir casi nada. Y a los operadores de telefonía y televisión se les extendieron con largueza las concesiones del espectro.

Las 61 mayores compañías de telecomunicaciones facturan al año 40 billones de pesos (Dinero). El líder es Claro, de Slim, que copó las bandas hasta el tope permitido. Lo siguen Movistar, de Telefónica de España, y Une-Tigo, compartida entre EPM y Millicom. Un oligopolio al que la telefonía móvil causa el 60 por ciento de sus ingresos, la fija, el 25 por ciento y otros servicios, el 15 por ciento. El acceso a internet se alinea hacia el consumo de voz, datos, aplicaciones y afines en un paquete que cuesta dos y media veces el promedio internacional (Ocde, El Tiempo, oct. 2019).

Constaín licitó en 2019 nuevas franjas del espectro. Se avisó que, por fuera del oligopolio, aparecería un operador nuevo, Partners, que obtuvo bloques en las bandas de 700 MHz y de 2.500 (Mintic). El tropezón sobrevino cuando renunció a uno de 10 MHz asignado en la de 2.500, porque “por error” ofreció 1,7 billones de pesos. Se escabulló aduciendo que anotó un cero de más. Se le impuso una ridícula multa de 42.000 millones de pesos, pero se le validó el resto, pese a la objeción de los competidores.

Vino la subasta para administrar y explotar el dominio de internet para Colombia. Desatendiendo admoniciones del procurador Carrillo, Constaín lo adjudicó a la norteamericana Neustar, que tenía demandado al Estado colombiano exigiéndole la renovación automática, aunque a los días fue vendida al gigante GoDaddy, cuyos bajos precios de oferta implicarían, según expertos, un monto inferior a los 41.000 millones de pesos percibidos en la última década (Montes, SEMANA, n.º 1981)

En medio del barullo, aterrizó una nueva ministra, Karen Abudinen, con su rosca: viceministro de Conectividad; secretaria general, que también maneja el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic); director jurídico; directora de industria de comunicaciones; jefa de fomento regional de TIC y subdirectora de gestión contractual, todos o colegas suyos en el ICBF o en administraciones de Barranquilla o en la Consejería Presidencial para las Regiones o paisanos (como se ve en el roscograma MinTic Abudinen – Char adjunto a esta columna en su versión digital).

En diciembre de 2020 lanzó la subasta por 2,1 billones de pesos para “revolucionar la conectividad en las escuelas rurales del país (…) 14.745 (…) 10.000 antes del 31 de diciembre próximo”. El resultado de la licitación, al final estructurada en dos grupos, fue la asignación de uno para Claro-Comcel (¡cuándo no!) con 7.468 centros digitales, y el otro, con 7.277 en 16 departamentos, para la unión temporal UT Centros Poblados, compuesta por cuatro empresas: una, contratista en la Costa Caribe con evidentes vínculos politiqueros; otras dos, que ajustaron su objeto social para obras TIC, las tres inscritas en la Cámara de Comercio de Barranquilla, que no están entre las 61 principales de telecomunicaciones ni entre las 104 primeras en tecnologías de la información (Dinero); y la cuarta, de pavimentos, también adecuada a TIC, ligada por años al exgobernador Álvaro Cruz, condenado por el carrusel de la contratación.

Pese a recibir 70.000 millones de pesos de anticipo, la UT no había cumplido lo acordado corridos seis meses. El escándalo estalló cuando el banco Itaú dijo que las pólizas de cumplimiento y garantías eran falsas. La UT gastó el dinero, hoy en volandas, en subcontratar con firmas relacionadas y en el giro irregular a una empresa fachada, basada en Delaware, Nuovo Security, con raíces en Barranquilla (Caracol Radio).

Frente a lo dicho por Iván Duque y Abudinen, la solución está lejana y más cuando el abogado de la UT, Pino Richi, ducho en recovecos jurídico-administrativos, como asesor en la Gobernación de Cruz, de los Nule y del Turco Hilsaca, centra su defensa en el despelote ministerial. ¿Se indagaron antecedentes a los miembros de la UT? ¿Acaso no hay en Mintic gestión de control con décadas de experiencia?

No basta acusar lo malo de “los malos”, también lo malo de “los buenos”, deslegitimados por evidentes fallas garrafales. ¿Vigilarán con curia los 2 billones de pesos en “obligaciones de hacer”, que pagarán los operadores del espectro? ¿Administrarán con transparencia el Fontic-Mintic con 1,5 billones de pesos? Abudinen y su rosca deben irse y el juicio ha de alcanzar a Iván Duque, quien presumió hacer del país un Silicon Valley y remata con Mintic vuelto foco de trastadas.

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Feria de Matecaña, gangazo a los Solarte

Pese a avisos de veedores sobre los perjuicios que acaecerían con esta concesión, el alcalde Gallo desoyó y procedió con la barbaridad.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El Grupo Solarte (CSS-otros) es de los primeros contratistas en obras públicas, consentido por todos los gobiernos y vehículo de bancos para inversión en infraestructura. En el de Uribe 1 recibió la concesión Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS); en el de Samuel Moreno en Bogotá, en asocio con Odebrecht, hizo el interceptor Tunjuelo-Canoas, y en 2008, con Uribe 2, con el mismo socio brasileño y el Grupo Aval, ganó la manchada Ruta del Sol 2 y luego la adición Ocaña-Gamarra. Hace parte de Opain, la concesionaria del Aeropuerto El Dorado, y fue favorito de Vargas Lleras en la adjudicación de las vías 4G, con presencia en cinco de ellas. Súmele vías regionales como la Troncal de la Paz en Antioquia con Aníbal Gaviria, hoy detenido.

La concesión BTS, a 30 años con 15 más prorrogables, data de 2002. Según anunció la ANI, Solarte la vendió en 2020 al fondo australiano Macquarie y dejó tramos pendientes, pleitos con trabajadores (La W) y litigios con propietarios de predios. Un veedor dijo: “El Gobierno invirtió 1,6 billones de pesos, pero nunca se supo cuánto Solarte” (Boyacá Siete Días, septiembre, 2020).

Respecto a Tunjuelo-Canoas, “La Fiscalía pudo demostrar que las dos empresas (Odebrecht y CSS) pactaron pagar 8,75 por ciento del contrato en coimas para asegurar la consecución de la obra” y Paola Solarte aceptó el cargo, al acogerse a sentencia anticipada. En la Troncal de la Paz, Luis Fernando Solarte, “procesado por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales (…) dejará de ser investigado siempre y cuando revele información (…) que envuelve principalmente al gobernador suspendido de Antioquia, Aníbal Gaviria” (Infobae, junio, 2021).

Como socio del 29 por ciento de Opain en el aeropuerto El Dorado, ha disfrutado de 30 modificaciones ventajosas desde 2006 hasta 2019, más de dos por año (ANI). En cuanto a la corrupta Ruta del Sol 2, en la que participaba con el 4,99 por ciento, se benefició con ilegalidades, como denunció Camilo Gómez: “Pusieron los recursos empresas de Odebrecht y la constructora de Solarte y ahí mismo, tan pronto recibieron ingresos, la sacaron a manera de distribución anticipada de utilidades” (Asuntos Legales), “una dinámica de reembolsos y pagos irregulares en la ejecución” (SIC). ¿Escogió Odebrecht compinche para tan sombrías maniobras? Aunque por sanciones y restricciones del sector bancario, el Grupo Solarte viene mimetizándose tras las estructuras societarias en varias vías 4G, proyectos como Popayán-Santander de Quilichao ni siquiera han arrancado

Hay un desatino menos difundido: la concesión del Aeropuerto Matecaña, de Pereira, cuando ya se conocía de ciertos torcidos de CSS. “En abril del 2017 el alcalde Juan Pablo Gallo suscribió el contrato por valor de $287 mil millones y plazo de 20 años… se presentarían dos proponentes de 12 firmas habilitadas (…) El ganador ofreció (a Pereira) una participación de los ingresos (…) del 10,82 por ciento y el perdedor el 10,63”, un porcentaje bajo para este tipo de concesiones. Como dudosa coincidencia, el consorcio rival tenía entre sus miembros a William Vélez, asociado a CSS en El Dorado. No es suspicacia sospechar colusión entre los proponentes (Carlos A. Crosthwaite, Elopinadero.com.co).

https://youtube.com/watch?v=pK_475jxzZ0%3Ffeature%3Doembed

Como “árbol que nace torcido, difícilmente endereza”, el desarrollo contractual es un sendero de disparates. Luego de cuatro años, CSS no ha cancelado la estampilla Procultura, que grava en Pereira todo contrato público con el 1 por ciento. El texto original lleva ya cinco modificaciones, varias sustanciales, como en la cláusula que exigía que el crédito bancario, con el que se respaldaba el contrato, fuera consignado en un patrimonio autónomo. Sin embargo, ya que por sus malandanzas CSS perdió la confianza del sector financiero, se le franqueó reemplazarlo con inciertos recursos propios, que podrían venir hasta de los mismos de la concesión (2017). ¿Se violaron in fraganti los términos de la licitación?

Llenó la copa “el rebose de las canales recolectoras de aguas lluvias de su cubierta cada vez que se presenta un fuerte aguacero (…) se ven discurrir aguas por las salas de atención a pasajeros (…) daños en baños de atención al público” (Crosthwaite). Se infiere que los recursos para mantenimiento correctivo o preventivo no se usan o quizás, por la iliquidez de CSS, ni existen (video). Pese a avisos de veedores sobre los perjuicios que acaecerían con esta concesión, el alcalde Gallo desoyó y procedió con la barbaridad. Ahora es candidato al Senado por el Partido Liberal, estampa de una clase emergente que capturó la administración pública pereirana, reedición de “los mismos con las mismas” que hicieron bazares del patrimonio público. Con tan profuso prontuario cabe inquirir: ¿fue sin contraprestación la feria de Matecaña? Averígüelo, señor Fiscal.

Agro, Ingreso Seguro 2.0

En el colmo de los colmos, el crédito agropecuario está destinando cuantiosos montos a financiar las importaciones de productos del agro. ¡Horror!

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 2006, Álvaro Uribe lanzó el programa de crédito agropecuario subsidiado Agro, Ingreso Seguro, presentado para “promover la productividad y la competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía” (DNP).

Jorge Enrique Robledo demostró lo contrario: “El gobierno nacional tomó los escasos recursos del sector agropecuario (…) y los distribuyó de una manera concentradísima, en beneficio de unos pocos muy poderosos, a quienes les dio mucho, mientras que a casi todo el resto de los colombianos no les dio nada y a unos cuantos tan solo alguna cosa”.

Desde el comienzo se sabía que, dentro de las dadivosas entregas a la cúpula de beneficiarios, se violaron las normas en cerca de 40 casos por valor de 16.567 millones de pesos, por lo que los implicados debieron devolver esa suma (El Espectador). El ministro Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por 17 años, inhabilitado y multado por organismos de control, y con él llevados a juicio más de una decena de funcionarios. Varios de ellos y un número similar de los particulares aventajados irregularmente se acogieron a sentencia anticipada (El Espectador).

Resulta absurdo que, en 2020, 15 años después, el Gobierno de Duque repita la historia, al menos con la concentración del crédito. Informes de Finagro y glosas de analistas y gremios del campo lo demuestran. De 24,2 billones de pesos que se colocaron, 17,2 billones, el 71 por ciento, se prestaron apenas al 2 por ciento de los solicitantes, calificados como “grandes”. En la otra orilla, el 75 por ciento de los prestatarios, los “pequeños”, apenas recibieron 14 por ciento de las colocaciones, 3,4 billones (Finagro).

En números absolutos significa que “el saldo promedio de cartera de un pequeño productor es de cerca de $7 millones; el de un mediano, de $60 millones, y el de un grande, de $1.202 millones” (Finagro, 2020, p. 86). Luego 14.309 “muy poderosos” disponen de casi 18 billones de pesos, en tanto 60.000 medianos se hacen a 3,6 billones, y 485.714 campesinos y menores productores acceden entre todos apenas a 3,4 billones. Como las unidades de producción agropecuaria son casi 2 millones, resulta que cerca de tres de cada cuatro no acceden a ningún tipo de crédito. ¿Así o más desigual? (Dane- ENA-2019).

Ahí no para la iniquidad. Cuando se mira el objetivo de los créditos, el dato es aterrador. Sabiendo que los escasos recursos son solo 2,4 por ciento del PIB, mientras el agro es casi el 7 por ciento de la economía, tres de cada diez pesos colocados van a “normalización”. Es el nombre técnico para “refinanciación”, que no es para nuevas actividades, sino para sujetos cuyas obligaciones “no han podido cumplir con el cronograma de pagos acordado”. No fomenta la producción, sino que prorroga a mayor costo los recorridos de crédito sobre morosos entrampados, lo que es evidencia de las gigantescas dificultades del campo.

Un documento de Fedegán denuncia quiénes son los “muy poderosos”: “Dentro de una distorsionada concepción de cadena, incluyen rubros de Comercialización y Servicios de Apoyo, por donde se cuelan hasta grandes superficies, multinacionales de agroquímicos e industrias procesadoras” y que, en cuentas gruesas, capturan casi la mitad de todos los créditos, 45 por ciento. El hecho es conocido por los arroceros, que ven “fugar” ingentes paquetes hacia el oligopolio de los molinos, vía “comercialización” (Agameta). En el colmo de los colmos, el crédito agropecuario está destinando cuantiosos montos a financiar las importaciones de productos del agro. ¡Horror!

El manejo del crédito está puesto en alto porcentaje en las entidades privadas, como banca de primer piso, a las que se entregan recursos del Gobierno, de Finagro, a tasa de DTF + 1 por ciento y los colocan a DTF + 10 por ciento, por ejemplo, al mediano productor, vuelto así en “vaca lechera” de la banca. Un margen confiscatorio.

Las distorsiones son inconcebibles: la tasa de interés, para el pequeño productor, oscila alrededor del 11,5 por ciento; la del mediano, en torno al 10,5 y la del grande, donde hay libertad a los bancos para negociarla, del 8,5 real (Fedegán). ¿Es posible mayor asimetría? ¿Habrá en las generosas tarifas a los “grandes” una reedición de los desaguisados del original Agro, Ingreso Seguro? En manos de la Contraloría General y del control político del Congreso queda averiguarlo.

Iván Duque anhela ser recordado por la “equidad”. El caso del crédito para la agricultura será uno más donde ocurrirá al revés: lo añorarán el sector financiero y los “muy poderosos” favorecidos también con la promovida Agricultura por Contrato, donde el agricultor queda sometido por el intermediario, como acaeció con la Philip Morris y los tabacaleros, hasta que los extinguiera.