“Cuando pa Chile me voy…”

En lo que sí se parecen Chile y Colombia es en estar aherrojados por los TLC. La nación austral tiene 26 firmados y nosotros 16, y ella fue la primera en Suramérica en suscribir uno con Estados Unidos, en 2004.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Es “chibchombiano”, para acudir a una voz genuina, equiparar a Colombia con Chile. Que Boric se parece a Petro o “más a Robledo” (H. Riveros, Blu Radio) o que Kast es Óscar Iván Zuluaga. No es nuevo. Durante tres décadas, los neoliberales pusieron como ejemplo el modelo chileno, omitiendo los procesos sociales y políticos –en particular los más recientes estallidos signados por la desigualdad, mayor la colombiana que la chilena–, que tienen raíces y desarrollos propios, incluidas las violencias padecidas. Y aunque la aplicación del neoliberalismo en Chile se hizo al tenor de la dictadura genocida de Pinochet, en ciertos aspectos ha sido aún más profunda en Colombia.

Allá, por ejemplo, no privatizaron la empresa minera ciento por ciento estatal Codelco, “el sueldo de Chile”, como la llaman, que representa el 20 por ciento o más de toda su economía y posee el mayor nivel de reservas y recursos de cobre conocidos en el planeta. Entre tanto, aquí se privatizaron las de carbón y níquel, incluido el ferroníquel, su derivación industrial, reducidas a un simple recurso fiscal vía regalías. Los fondos de pensiones chilenos, entre los que está el grupo Sura, están desligados de los bancos que operan en su territorio, mientras que en Colombia son una de sus ramificaciones financieras, algo que hasta la Ocde objetó. El salario mínimo en Chile alcanza para 6,7 canastas básicas alimentarias y en Colombia solo para dos, sin vivienda ni servicios (Bloomberg, 2022). El índice de desarrollo humano ubica a ese país en el puesto 43 y a nosotros en el 83 (PNUD, 2020) con un desempleo siempre superior. El neoliberalismo colombiano ha hecho más daño que el chileno y tiene que ver con que entre 1990 y 2019 hayan emigrado hacia allá 150.000 nacionales (Depto. de Extranjería de Chile, 2019) y no al revés.

Colombia es país tropical con ilimitadas posibilidades para la producción agropecuaria, mientras que Chile como austral está restringido a cultivos temporales. Además de la zona Antártica de 1.250.000 kilómetros, posee una franja costera continental sobre el Pacífico de 756.000 kilómetros de superficie, casi 105.000 desérticos, que implica actividades divergentes posibles. De un total de 20 millones de habitantes, apenas el 40 por ciento de la población colombiana, la mayoría vive en la planicie de la zona central.

Estas características y las restricciones de su mercado interno, lo que no es el caso de Colombia, proyectan a Chile como economía exportadora, con ventas externas, fuera de cobre y molibdeno, de uvas, arándanos, ciruelas, manzanas, cerezas, nueces, vino y frambuesas, salmón y celulosa, a cambio de importar casi todos los bienes industriales y otros agrícolas. No obstante, mantiene un recurrente superávit comercial apuntalado en el impulso minero, aunque sus cuentas externas sean negativas por las excesivas rentas devengadas por el alud de inversión extranjera en el sector bancario y otras ramas con 446.000 millones de dólares, un exorbitante 160 por ciento del PIB, además de la deuda externa del sector privado, por 138.000 millones de dólares (Banco Central, 2019) superior a la del sector público, y una burguesía intermediaria vinculada a esos circuitos globales, como el Grupo Luksic, Piñera, Ponce, Salata, Angelini, Matte, Paulmann, Yarur, Saleh (Forbes) y firmas como Banchile, Banco Ripley, Falabella o Cencosud, varias en calidad de traslatinas.

En lo que sí se parecen Chile y Colombia es en estar aherrojados por los TLC. La nación austral tiene 26 firmados y nosotros 16, y ella fue la primera en Suramérica en suscribir uno con Estados Unidos, en 2004, durante el gobierno socialista de Ricardo Lagos, y luego con la Unión Europea, China, Japón, Malasia, Vietnam, India, Tailandia, Indonesia, y la Alianza del Pacífico con Perú y Colombia, entre otros. “Le pusimos reglas al ogro”, dijeron entonces en un foro realizado en Santiago al cual fui invitado. Décadas después se ve que el capital internacional, con sus aliados locales, fue quien las puso, tal como se les advirtió.

En la carta en que Piketty, Stiglitz, Ocampo, Ha-Joon Chang y Mariana Mazzucato brindan apoyo a Boric, se habla de “una agenda productiva dinámica y sostenible, capaz de lograr el crecimiento, la equidad y el desarrollo” que “el mercado, por sí solo, no puede resolver”, pero extrañamente omiten que para cumplirla así deban revisarse los TLC. El nuevo presidente anunció que en conversación con Biden hablaron de comercio justo, crisis climática y democracia, remitida a la Constituyente en marcha, pero por lo visto sería solo aproximación a un cambio cierto de rumbo.

Como en la canción Cuando pa Chile me voy, a Boric “en las dos puntas alguien me aguarda”. En una, el capital financiero y, en la otra, los 5 millones de votos que obtuvo. Veremos.

Caso Macaco, verdades del paramilitarismo

El caso Macaco debe servir para acabar la burla a las víctimas, que, para la reparación, no tengan que ir a cortes extranjeras.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En Colombia se aplican la ley del más fuerte y la del silencio. La primera explica la violencia, “la gran tragedia de la sociedad colombiana del último siglo” (Melo, 2017) y la segunda, la impunidad, por la que entre 1820 y 2001 se otorgaron 88 procesos de beneficios penales como la Ley 975 del Gobierno de Uribe en 2005, de Justicia y Paz, “que confirió ventajas jurídicas a los paramilitares” sin compensación a los afectados y al país (Revéiz, 2016).

Esa impunidad se amplió cuando la cúpula paramilitar fue extraditada a Estados Unidos, al prevalecer el delito de narcotráfico sobre crímenes atroces como desplazamientos, desapariciones y similares. Luego de diez años, “los paramilitares que pagan condenas en Estados Unidos por la misma razón, el promedio será 7 años y medio” (The New York Times). En mayo de 2008, Carlos Mario Jiménez, Macaco, fue el primero en ser condenado a 33 años en Estados Unidos por narcotráfico, que redujo a 11 por “colaboración con la justicia”, y volvió a Colombia en 2019.PUBLICIDAD

Jiménez fue jefe de 7.603 miembros del Bloque Central Bolívar (BCB) (https://verdadabierta.com/los-tentaculos-del-bloque-central-bolivar/), controló “el Magdalena Medio… a través de la corrupción, la tortura, el secuestro y ejecuciones extrajudiciales” (Corte, Distrito Sur de Florida, caso n.° 10-21951) y en marzo de 2021 “por la línea de mando” aceptó 162 hechos criminales (El Colombiano, 18/03/2021).

Luego de siete años, el Centro para la Justicia y Responsabilidad (CJA), en representación de familiares de una víctima del BCB, logró, el 28 de septiembre de 2021, que el magistrado Edwin G. Torres, de la Corte del Distrito Sur de Florida, decretara indemnización para sus clientes “que probablemente nunca podrán cobrar” (The Intercept, Speri, A., 24/11/2021). Fuera de la culpabilidad de Jiménez, el fallo es fundamental para precisar una narrativa veraz sobre el paramilitarismo en Colombia.PUBLICIDAD

Torres acudió a la Torture Victim Protection Act (TVPA), que faculta la intervención de la justicia norteamericana cuando la tortura o la ejecución extrajudicial se cometen “bajo la autoridad real o con apariencia legal, de cualquier nación extranjera” (Corte, Distrito Sur de Florida, caso n.° 10-21951) y “los perpetradores estén bajo autoridad jurisdiccional de Estados Unidos” (The Intercept, Speri, A., 24/11/2021).

Partió de que hubo “relación simbiótica” entre paramilitares y el Estado colombiano, al señalar que “utilizó a miembros paramilitares para luchar contra los grupos guerrilleros que causan disturbios civiles en áreas como la región fluvial del Magdalena Medio” y que “recibieron beneficios tangibles (…) como transporte y comunicaciones, y se financió a través de la producción, venta y tráfico de estupefacientes” (Corte, Distrito Sur de Florida, caso n.° 10-21951).

Destacó “abundancia de evidencia (…) de que el BCB operaba (…) con actores estatales colombianos” intercambiando “inteligencia, armas y uniformes militares” y “también hicieron la vista gorda ante la presencia (…) y actos delictivos del grupo debidos a sobornos”, que “eran la misma entidad porque la organización controlaba las operaciones del Estado”. El BCB mantuvo “nómina para pagos a militares y policías” y actuó con apariencia de ley (ídem).

Se extiende así responsabilidad a Estados Unidos que, fuera de jerarquizar el delito de narcotráfico allá sobre la reparación de las víctimas aquí, intervenía en el Gobierno y la fuerza pública al tenor del Plan Colombia. En ese orden, se rememoran hechos como la sanción contra Chiquita Brands por pagar a los paramilitares, aunque “reportaron los pagos al gobierno de Estados Unidos” y porque “usaban a Chiquita para exportar droga e importar armas” (Kelsey Jost-Creegan, en IPC.org.co).

Eleva a verdad judicial el dicho de Myles Frechette, exembajador en Colombia, de que “Washington apoyó porque quería reducir la violencia” (El Espectador, mayo de 2017), reitera denuncias de Human Rights Watch sobre batallones antinarcóticos que coordinaron con paramilitares, “creados con asistencia y financiación de Estados Unidos y entrenados por militares estadounidenses”, a los que Clinton “firmó una exención de las condiciones relativas a derechos humanos” (“Sexta División”, HRW). Roxanna Altholz, de Berkeley, Center for Latin American Studies, dice: “Mire, donde mire, verá los Estados Unidos” (The Intercept, Speri, A., 24/11/2021).

El caso Macaco debe servir para acabar la burla a las víctimas, que, para la reparación, no tengan que ir a cortes extranjeras y también para que la Comisión de la Verdad incluya el sustento de la sentencia del magistrado Torres: el paramilitarismo como instrumento de Estado y, según, personalidades, ONG, grupos de análisis y abogados, asistido de cierta forma por Estados Unidos.

🛢️ El entramado Oxy-Carlyle y Ecopetrol 🛢

La relación de Ecopetrol con OXY es estrecha: se aliaron en la explotación de fracking en Texas, comprando 49 por ciento de la operación por 1.500 millones de dólares, inversión que, al ritmo de explotación actual, solo se recobraría en 41,7 años.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 1980 se firmó el contrato de asociación Cravo Norte entre Ecopetrol y Occidental de Colombia (OXY) sobre 1.003.744 hectáreas para exploración de petróleo. Con el descubrimiento de Caño Limón, en 1983, se decretó su comercialidad sobre 1.100 millones de barriles, el mayor reservorio en años. La participación estatal (state take) era del 80 por ciento sobre el ingreso derivado de la mitad de las utilidades y de las regalías.

En 2004, cuando producía 95.000 barriles/día, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, lo extendió hasta el límite económico del campo, a perpetuidad, que estimaba en valor presente ingresos a Ecopetrol por 846 millones de dólares (presidencia.gov.co). Cubrió 19 bloques de los contratos de Asociación, Cravo Norte, Rondón, Chipirón y Cosecha, asociado con Ecopetrol, y de colaboración empresarial en La Cira Infantas, y aunque se pensó que la producción declinaría, se mantuvo sobre los 50.000.PUBLICIDAD

En el cambio del contrato, una eventual cesión se condicionó al visto bueno del presidente de Ecopetrol previo requisito como conocer el nombre del nuevo concesionario. Eso pasó. Occidental vendió en 2020 su parte por 825 millones de dólares, 3,2 billones de pesos, al Carlyle Group (Ávila, El Tiempo, 3/10) y metió en el negocio además bloques en Magdalena Medio, Santander y Putumayo y se quedó con los de costa afuera (off shore).

Un día antes de dicha transacción, Glenn Youngkin, codirector ejecutivo de Carlyle, la compradora, dejó su cargo para iniciar la campaña a la gobernación de Virginia, candidato de Donald Trump (CNN, NBC News), luego de destacarse como gran donante de campañas republicanas (opensecrets.org), un verdadero activista. También trabaja en Carlyle, como vicepresidente de temas globales, el exalmirante James Stavridis, compañero de Juan Manuel Santos en el consejo de administración de la Fundación Rockefeller y quizás “aquel contratista del Pentágono” que develó gestiones del embajador Francisco Santos para la colaboración oficial con la campaña de Trump, en tanto se conjetura que esa transacción, de OXY con Carlyle, pudo ser medio para allegar fondos a los republicanos, a cuyos candidatos OXY dio en el ciclo de 2020, incluido Trump, 92 por ciento de todas sus contribuciones (https://www.opensecrets.org/orgs/occidental-petroleum/totals).PUBLICIDAD

La relación de Ecopetrol con OXY es estrecha: se aliaron en la explotación de fracking en Texas, comprando 49 por ciento de la operación por 1.500 millones de dólares, aporte que además ayudó a OXY a cerrar la compra de la empresa Anadarko, propietaria de tales campos, inversión que, al ritmo de explotación actual, solo se recobraría en 41,7 años.

Una decisión poco convencional, tan extraña como que Ecopetrol asimismo no hubiera pujado por Caño Limón para quedarse con toda la operación por una suma solo algo más de la mitad de lo que puso en Texas, y que, aún con 10.000 barriles de petróleo al día, ya le hubiera reportado más de 300 millones de dólares y una recuperación de la inversión, con el actual nivel de precios en cuatro años.

¿Alguien entiende por qué Ecopetrol invirtió 1.500 millones de dólares, recuperables en 41 años, para detentar solo 49 por ciento de una torta y no pujó por Caño Limón, que valía la mitad, se recuperaba en cuatro años y garantizaba el control del ciento por ciento del proyecto? ¿Por qué optó por cederle a un tercero? Un extraño árbol de decisiones.

Las dudas frente al entramado, no extraño en un sector en el que ha habido casos sonados como en Argentina, se refuerzan cuando se conocen los vínculos de Tony Hayward, expresidente de Glencore en Colombia, con sus excolegas en British Petroleum; Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, y los vicepresidentes actuales, Consuegra y Caballero. Hayward es mandamás de Carlyle Group en Colombia, firma para la que “buscaba activos” desde 2017 (news.sky.com, oct.2017) y que maneja los comprados a OXY mediante Sierra Energy, empresa recién aparecida.

Al seguirse la plata (lo recomendable en estos casos), el círculo se cierra fácil: OXY le adquiere a Anadarko los campos para hacer fracking en Texas y después Ecopetrol se asocia allí con OXY, con lo que apalanca dicha compra, en una inversión que demorará cuatro décadas en rescatar. Después OXY saca a la venta Caño Limón, Ecopetrol no oferta y da el visto bueno a Carlyle. En medio de tales transacciones se desparramaron largas donaciones a los republicanos en Washington.

Al final, cabe preguntar: ¿nada supo Iván Duque? ¿Tampoco su íntimo, Luis Guillermo Echeverry, presidente de la Junta de Ecopetrol? Una trama petrolera –tan no convencional, como el fracking– que exige una explicación. ¿Las tiene el contralor Córdoba o acaso la SEC, la U.S. Securities and Exchange?

¡No callen a Norman!

Contrario a la propaganda oficial, el reemplazo de Electricaribe por Air-e aparece peor que la enfermedad, y Norman Alarcón no ahorra palabras para contarlo.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Norman Alarcón es un líder social y político. Luego de estudiar economía en la Universidad de Antioquia “se descalzó” por varias regiones de Colombia a disposición de justas causas, en medio de la lucha por la subsistencia, en una vocación de vida que se incubó desde cuando fuera activista estudiantil y siempre al lado de Marta Vélez, una docente, su compañera.

Por décadas puso esfuerzos y conocimientos para acompañar los pescadores y habitantes de las riberas del río Magdalena, desde Ciénaga hasta La Dorada, siguiéndoles el pulso a los sucesos alrededor de esta primera corriente hídrica del país. En ese empeño se distinguió por sus programas emitidos en Radio Pontoná y oídos por miles de ribereños entre ellos Actualidad Económica, el cual acompañaba con columnas sobre las problemáticas, incluidas las de los contornos aledaños, como la ganadería o el café, y los cultivos sembrados en llanuras y cordilleras. Estimuló la resistencia civil por su defensa y preservación.

Cumplía así con “ser la voz de los que no tienen voz”, independiente de los poderes políticos, militando en la izquierda democrática, aparte de oportunismos politiqueros y también de dañinos extremismos, lo que no pocos dolores de cabeza y persecuciones le ha acarreado.

Como Guillermo Cubillos, su piragua terminó hace más de dos décadas recalando, en este caso, en Barranquilla. Allí continuó la tarea de estudiar los problemas, esclarecerlos y velar por su justa solución, desde los medios, pero también desde la calle, en la reunión comunal, en foros, en el debate político y en la protesta pública y legal.

En su participación en 2006 en el Foro en Defensa del Patrimonio Público con una ponencia sobre los despojos en la Triple A, advirtió cómo se iban esfumando, por negligencias y trucos de distintas administraciones, las acciones mayoritarias del distrito de Barranquilla, que pasaron del 85 por ciento en 1996 al 14,5 en la actualidad, y alertó sobre la corruptela empotrada que culminó en el “cambiazo”, de Aguas de Barcelona a Canal Isabel II de Madrid a través de Inassa S. A., que, como se admitió por los propios culpables, trajo lucro descomunal para la burocracia española y para “distinguidos” cómplices locales. Esto le ha venido causando animosidad en su contra del combo dominante, dado que además escribe los hallazgos en el periódico La Libertad y en el portal Las 2 Orillas.

No obstante, el foco de las denuncias fue Electricaribe en manos de la española Unión Fenosa a partir del año 2000. Con investigaciones rigurosas develó el descarado saqueo ibérico: desmantelamiento de miles de kilómetros de redes de cobre, exportadas a Europa con pingües ganancias, reemplazadas por aluminio de poca vida útil en detrimento del servicio; tercerización laboral y despidos masivos, y robo de subsidios del Foes para 600.000 familias costeñas por 300.000 millones de pesos como lo corroboró la Contraloría General.

Contrario a la propaganda oficial, el reemplazo de Electricaribe por Air-e aparece peor que la enfermedad, y Norman Alarcón no ahorra palabras para contarlo. Son cuatro las razones: 1) entrega del patrimonio público, venido de Electricaribe y valorado por 2,4 billones de pesos, por apenas 285.000 millones, el 11 por ciento, cifra que el Plan de Desarrollo de Duque había cubierto de secretismo; 2) aumento de la tarifa plena del 70 por ciento en un año, al subir el cobro del kilovatio hora de 500 pesos a 852 pesos para financiar por anticipado obras de expansión y mejoras; 3) cobro ilegítimo de la cartera de Electricaribe a los usuarios, a los mismos despojados de los subsidios e 4) imposición a cargo de los hogares de medidores “inteligentes” AMI, sin soporte en resolución alguna de la Creg, que debería ser solo una opción del consumidor. Perjuicios similares acaecen con el otro operador, Afinia, lo que prolonga el menoscabo del bienestar de 11 millones de costeños.

Las denuncias de Norman y la organización de los usuarios en ligas y movilizaciones le valieron dos graves intimidaciones: seguimientos amenazantes frente al edificio donde reside, denunciados ante las autoridades con testimonios escuchados que “era al que había que seguir día y noche”, y una “denuncia penal en la Fiscalía por injuria y calumnia en calidad de representante de la Liga de Usuarios en la Costa Atlántica” por parte de Air-e.

No es proceder nuevo: así se acusó en 2020 por el grupo dominante en Air-e a Carlos Alfredo Crosthwaite por sus críticas a Enerpereira, la que también controla. Contrario al derecho de expresión, se tramita por las Fiscalías como delito y que, luego de esta columna, hasta podría venir una en mi contra, pero a ninguno acallarán y menos a Norman.

Fe de erratas: por impensado error en columna anterior escribí que Juan Carlos Echeverry fue ministro de Minas de Santos, fue de Hacienda.

La coalición de la mermelada

Resulta injustificable que, con este balance, los responsables, que han ocupado posiciones de decisión en el Estado en las últimas décadas, aleguen “experiencia”.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El Paro Nacional fue un suceso notable en 2021 y mostró la indignación sobre el estado de cosas, concentrada en la absurda reforma tributaria de Duque y Carrasquilla y en la mercantilista relativa a la salud. La contrariedad casi general se expresa todavía en sondeos como el de Cifras y Conceptos (septiembre de 2021), en el que 41 por ciento dice estar “mamado”, 19 por ciento “incluyente” y 26 “reformista”. Piden, con distintos enfoques, un cambio, no continuidad.

Esos resultados, que no deben separarse de la ira que causa la corrupción, se relacionan además con pobreza, desempleo, desigualdad, salario e ingreso. Aunque de uso poco frecuente, un buen indicador para medir las condiciones socioeconómicas es el Índice de Miseria de Okun. En su versión más simple, la suma de la tasa de desempleo y la inflación para el tercer trimestre de 2021 en Colombia fue 16,62 (BanRep), más que en 2019, antes de la pandemia, cuando ya era de los países más miserables del planeta (Saqueo, página 208). En 2020, en la modalidad de Índice de Miseria Hanke, el nacional estuvo en 35,8, mientras que la mediana mundial fue 23,4 (Cato).

Resulta injustificable que, con este balance, los responsables, que han ocupado posiciones de decisión en el Estado en las últimas décadas, aleguen “experiencia” y se presenten, por encima de estos hechos, como “resolvedores” (sic) para “salir de la crisis” que reconocen.

Uno es Juan Carlos Echeverry, exdirector de Planeación de Pastrana, exministro de Minas y Energía de Santos y presidente de Ecopetrol en el mismo gobierno. Fundamenta su candidatura en “muy buenas relaciones en Washington y Wall Street” (KienyKe, 19/08/2021) además de ser paladín de la “disciplina fiscal”, la del FMI, de más ingresos (léase más impuestos) y menos gasto, que presume haber contribuido a aplicar más allá de los acuerdos con el Fondo (Modelosde desarrollo económico, 2002, págs. 429-477), que se reforzó desde 2012 con la implantación de la regla fiscal, que ya estalló dos veces, y que cuenta ahora con una versión más severa.PUBLICIDAD

Como ironía, Echeverry pone en la “descentralización” un emblema de campaña, cuando en 2001 en el DNP fue cogestor del Acto Legislativo 01 que transformó el régimen de transferencias en el Sistema de Participaciones (SGP), y que privó, en pesos de 2019, a municipios y departamentos de 318 billones de pesos, arrebatados a salud, educación y saneamiento básico (Espitia) para soportar largos beneficios tributarios. Plantea un salario mínimo inferior para el Chocó o Sucre, en busca de inversionistas hacia islotes de mano de obra barata como Bangladés o Etiopía o el distrito de Kaesong, el que montara Corea del Norte para empresas surcoreanas con salarios de 80 dólares al mes. ¿Echeverry y Kim Jong-un?

“Dime de qué alardeas y te diré de qué careces”, justo para Enrique Peñalosa. En todos los escenarios receta como pócima la “gerencia”, pomposo término con el que designa su doble alcaldía de Bogotá. En tanto el más grande daño al urbanismo fue sacar, en 2000, el metro de la Avenida Caracas, su eje natural, y reemplazarlo por buses de TransMilenio y 20 años después hubo que corregir, montándoles encima el tren eléctrico. En su dogmatismo “gerencial” declara fobia constante por los sindicatos y fervor por las privatizaciones. Asimismo, volvió modus vivendi ser candidato: el CNE certifica que a Peñalosa se le repusieron 5.794 millones de pesos por cuatro candidaturas entre 2007 y 2015, una cada dos años, tres a alcaldías, dos por firmas como ahora y otra a la presidencia. (ver documento CNE).

Federico Gutiérrez profesa el discurso continuista: aprovechar “no sé cuántos TLC (sic) para exportar” o que hay mucho “subsidio ocioso”, que “todo no puede ser regalado”, o las vías 5G como locomotora o culpar de la inseguridad a los jueces, lo que mezcla con demagogia, al doble del estimado de Camacol: hacer 1,8 millones de viviendas en el cuatrienio (Foro Semana). Se acomoda en este combo de “expertos” Barguil, oficialista de nocivas políticas centrales por tres periodos consecutivos en el Congreso y favorito de las burocracias gubernamentales, al que sus colegas del Partido del Presupuesto, como decía Roberto Gerlein, eligieron candidato.

La montonera fue confirmada en Barranquilla, precisamente donde 66 por ciento de los hogares no consumen tres comidas diarias, con Álex Char, campeón de la politiquería, y soldada con un pote de neoliberalismo y cucharadas de filosantismo y filouribismo, adobada con Cambio Radical, la U y los conservadores (El Tiempo 14/11/2021), donde cabrían Cárdenas o Zuluaga o Alejandro Gaviria.

Es solo otra unión más de los mismos con las mismas, un frente nacional de la mermelada, ingrediente conque el mismo Echeverry degradó en su ministerio la muy maltrecha democracia colombiana.

Fui, vi y vendí

No dejará más huella que la sumisión ante los poderes mundiales como agente viajero del saqueo: fue y vendió.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Animado por “a viajar, que esto se acaba”, Iván Duque inició el 24 de agosto pasado un periplo de cinco viajes, en cuatro semanas de las últimas nueve, a ocho países: España, Estados Unidos (dos veces), Corea del Sur, Brasil, Escocia, Francia, Emiratos Árabes Unidos e Israel. Hay reseñas sobre la comitiva de 150 personas para el crucero de Escocia hasta Israel pasando por París y Dubái, acompañado de esposa, hijos, hermano y patos infaltables como Luigi Echeverri, émulo del rol de su padre en el Gobierno de Uribe, la jefa de Gabinete, María Paula Correa, y casi todos los ministros en despliegue burocrático internacional. También se habla sobre el ¡hola!, de puño con Joe Biden o la conversación con Infantino, el de la Fifa, que solo provocan burlas.

Tiene más interés evaluar la esencia de las correrías: ahondar en la atracción de capital extranjero como variable de cierre de la economía, la misma de César Gaviria y, en el siglo XXI, de Pastrana, Uribe y Santos, que la hace dependiente en exceso de la inversión foránea y, por consiguiente, vulnerable a sus ciclos, rentabilidades e imposiciones. “Vender el país”, lema inspirador de Duque.

En ese afán se resaltan las reuniones de negocios a puerta cerrada con inversores como Millicom, la empresa que “estafó a Medellín”, por los resultados de la fusión en Tigo, como acusa el representante Jorge Gómez, o con Goldman Sachs y JP Morgan para que nos refuercen la dosis tóxica de una tasa interna de retorno del 9 por ciento o más, de las vías 4G y ahora de las 5G, o con los imperios empresariales coreanos, Samsung o Hyundai, que nos tienen aherrojados en el TLC, para que aterricen en la “economía naranja” a cambio de colocar unas toneladas de aguacate, limón y banano.

También con Florentino Pérez, poco transparente con sus contratos en Colombia, y con Jeff Bezos, magnate que casi nada deja de sus actividades digitales, o con fondos brasileños, presentes en infraestructura como Itaú o BTG Pactual, que ya están en las jugosas vías 4G, y, en el colmo, alentar los temas mineros, al calor de excesos gastronómicos, con los fondos soberanos de los Emiratos Árabes Unidos, que pujan con Minesa por arrojarse sobre el oro del páramo de Santurbán.

Los supuestos flujos de capital que atrajo en el periplo apenas llegan, según su propaganda, a 6.000 millones de dólares: 2.500 de España, en particular del empresariado de Galicia, pesquero, tecnológico y sede principal de Zara; 2.300 de Francia empujados por Medef, organización empresarial que “toma iniciativas que permitan a las empresas beneficiarse de un entorno legislativo y regulatorio favorable… en Francia como en el extranjero”; 1.400 de Brasil y 70 de Emiratos. A la vez contrajo más deudas: por 500 millones de dólares del BID, crédito dispensado por Claver-Carone, trumpista por el que Colombia votó en oposición a Latinoamérica; 2.000 millones más del Banco Mundial y la ratificación de la línea especial de crédito del FMI por 5.400 millones, para cubrir déficits en las cuentas externas. Una excursión de hinojos en la que no faltó la estación en la Ocde.

Se acompaña la subasta con osos como el fallido lanzamiento de su libro en la Feria de Madrid, o el alarde con el premio Theodore Roosevelt, el de I took Panama, que le dio el ICFF (grupo de lucro en conservación ambiental), o la penosa tertulia con Almagro, de la OEA, acerca del fracasado apoyo a Guaidó, o las complacencias con la familia Buffett, ligada a CB&I, demandada en la corruptela de Reficar; o la instalación de una oficina de INNpulsa en Jerusalén, desechando el pedido palestino de privarse de representaciones en esa ciudad (Agencia EFE) y, de remate, declaratorias de animosidad contra Irán.

Debe añadirse el Duque histriónico, que, aplicando el fracking, funge de líder ambientalista, más que Greta Thunberg, con el estribillo “50 por ciento menos de GEI para 2030, carbono cero para 2050 y 30 por ciento de áreas protegidas”, incluidas las marinas que Uribe cedió en el TLC con Estados Unidos, o de febril promotor de la reforestación como “negocio verde”, o de abanderado de la paz en la ONU y con Macron en París, mientras persiste el holocausto de líderes sociales y firmantes del acuerdo y se incumple el capítulo de tierras. El mismo que lloró en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén y llevó otrora una ofrenda floral a la Revolución china en Beijing. Lagartadas por doquier.

“Conocerás a las personas en el extranjero”, adagio que aquí se cumple. Es la versión siglo XXI de Marco Fidel Suárez, el Duque de la “política de la subordinación activa”, que “concedió un estatus preponderante a la variable económica” (M. Ardila, 1990), y no dejará más huella que la sumisión ante los poderes mundiales como agente viajero del saqueo: fue y vendió.

Vega, un registrador torcido

Lo sustancial es alertar sobre la amenaza a la transparencia y la precaria garantía de imparcialidad de este registrador con opacidad e incoherencias en sus ingresos, patrimonios ocultos y falsedades en documentos públicos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El 10 de octubre de 2019 se anunció la selección, entre 59 candidatos inscritos, de Alexander Vega Rocha como registrador nacional del Estado Civil. Lo escogieron, en nombre de las tres cortes, Constitucional, Consejo de Estado y Suprema, las magistradas Gloria Ortiz y Lucy Jeannette Bermúdez, de las dos primeras, y Álvaro García de la tercera. Previo a la entrevista, que daba 300 puntos, Vega iba quinto con 71 puntos abajo del primero y sorpresivamente, como pasa con contralores y personeros favoritos, obtuvo un puntaje de 285 con el que superó por tres al segundo (SEMANA, 10/10/2019).

Para Vega, oriundo del Guaviare, es el último peldaño de una carrera pública que inició como personero de Chía entre marzo de 2004 y 2007; luego como contratista de la Secretaría de Gobierno de Bogotá para asuntos electorales en la administración de Samuel Moreno y de 2009 a 2014, como abogado consultor, entre algunas, en la firma Rodrigo Escobar Gil S. A. S. (Función Pública), del exmagistrado condenado por tráfico de influencias en el expediente de Fidupetrol (El Tiempo, 10/09/2021).

En el cuatrienio 2014-2018, en representación del Partido de la U, Vega fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), que saboteó la revocatoria de Peñalosa y archivó el caso Odebrecht. En 2013 constituyó el Grupo Jurídico Empresarial Martínez & Vega Asociados, con matrícula mercantil vigente 00023-67029, junto con su padre, Campo Elías Vega Goyeneche, y Luis Eduardo Martínez Gutiérrez (Cámara de Comercio).

Hasta aquí sin novedad –fuera de escalar conectado con clanes políticos como los Ñoños (La Silla Vacía, 11/10/2019) y de combos anómalos, como se dice en el Meta– si tal ascenso no se manchara al cotejarse los distintos datos que Vega aportó en el Formato Único de Inscripción cuando se posesionó como registrador; en la Declaración de Bienes y Rentas (Sigep, enero 2020) y en la Declaración de Renta de 2019. Sospechosamente, en el Formato tapó sus vínculos con Escobar Gil

Un análisis del balance y del estado de ingresos y egresos de Vega, consolidando los datos, arroja que, en la declaración de bienes, acredita activos, en bancos y un apartamento, por 440 millones de pesos, y pasivos, por tarjetas de crédito y otros, por 156 millones, para un patrimonio contable de 283 millones, distinto al de 300 millones de la declaración de renta.

Sin embargo, en ambas declaraciones, Alexander Vega omitió que es dueño de dos propiedades en Chía: el 50 por ciento de la casa 23 de la Unidad Residencial San Nicolás, de 218 metros cuadrados, adquirida el 8 de abril de 2013 con su cónyuge por 320 millones de pesos, donde tiene viviendo, desde diciembre de 2019, al alcalde de ese municipio, Luis C. Segura, y de un lote todavía de engorde comprado el 15 de julio de 2014, en el conjunto residencial Granjas de la Balsa, con 3.256 metros cuadrados, por 150 millones de pesos, hoy valorizado por diez veces (metrocuadrado.com). Vega es mandamás en Chía.

Los datos corresponden a las matrículas inmobiliarias 50N-20550584 y 50N-834803, que el 28 de octubre de 2021 registraba la Supernotariado. ¿Por qué no las declaró ni tampoco sus acciones en el Grupo Jurídico Empresarial? ¿De quién será la costosa casaquinta que Vega frecuenta en Restrepo (Meta), que fue del exgobernador Darío Vásquez en Villa Valeria, el célebre condominio de Palacino (SaludCoop)? ¿Cuál es el origen de los recursos con que se compraron?

En cuanto a egresos e ingresos, Vega solo declara, en 2019, la minúscula suma de 34,03 millones de pesos por salarios, lo que, al descontar gastos y deducciones, deja una mísera renta líquida de 20,74 millones sobre la que pagaría impuestos, de lo que se infiere además que el Grupo Jurídico no entregó utilidades. Es raro que tuviera en diciembre saldos bancarios por 14 millones, 40 por ciento de sus entradas declaradas, y a la vez obligaciones por 107 millones en tarjetas de crédito. ¿Cómo pagaría con tan exiguo salario? Ni cuentas claras, ni chocolate espeso.

El proceder de Vega puede configurar un delito contra la fe pública (falsedad documental) al declarar “bajo la gravedad de juramento” (art. 122, inciso 3 CP) que los únicos bienes y rentas eran los que relacionó y omitió intencionalmente incluir varios otros. Esto sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria por violar además los deberes en la Ley 190 de 1995.

Aparte del compromiso legal, o que la Fiscalía lo eleve ante la Corte Suprema, o de un debate de control político, lo sustancial es alertar sobre la amenaza a la transparencia y la precaria garantía de imparcialidad de este registrador con opacidad e incoherencias en sus ingresos, patrimonios ocultos y falsedades en documentos públicos, a cargo de unas elecciones trascendentales: apenas para un país al que se pretende torcer todavía más.

Entonces, ¿“Los que diga Duque”?

El plato queda servido: bolsas por casi 80 billones de pesos, el mecanismo para irrigarlas y documentos al por mayor de votantes anónimos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Se están contabilizando los montos que por distintas fuentes ha acumulado el Gobierno, un gasto público para 2022, pero ausente en lo peor de la pandemia, y hay recelos por el destino que tendrá a las puertas de las elecciones presidenciales y del Congreso de la República, si servirán para elegir a “los que diga Duque”.

La primera es la reforma tributaria de 2021, la de Restrepo, gestor del botín para el soborno social y político. En ella, se destinarán $6,6 billones en 2022 al llamado Ingreso Solidario para 4 millones de hogares menesterosos, hoy por fuera de los programas tradicionales, a los que, sin darles siquiera una renta básica, se les endulzará con una dádiva “histórica”, un rústico remedo de los cheques que Trump rubricó en la crisis sanitaria.

Irá con otros planes, no inscritos en el marco del derecho universal, sino en forma de óbolo, como la publicitada matrícula cero en universidades públicas, solo para estratos de ingreso bajo y medio-bajo. El Presupuesto General aplicará 35 billones para la denominada “recuperación social” en 2022 (El Tiempo, 21/10/2021, citando DNP).

No obstante, esa suma aún no es suficiente para el mercado electoral: urgen otras para financiar el universo de gastos de funcionamiento, que no se fondea con tributos y abarca las clientelas contratistas y la fronda burocrática, ampliada ahora en miles de puestos en la Contraloría, la Procuraduría y la Registraduría.

La más voluminosa y de libre disposición vendrá de Ecopetrol. Los cálculos del precio del barril de petróleo para un marco fiscal adecuado se hicieron en 63 dólares. El precio promedio este año superará los 70 y con ello el Gobierno, con una propiedad del 89 por ciento, se ganó la lotería, ya que desde junio se anunciaron traslados por utilidades e impuestos por más de 10,5 billones de pesos, que al terminar 2021 pueden subir a más de 20 (Portal Ecopetrol, junio 2021).

A las alforjas oficiales llegaron nuevas bolsas. Por la compra del 51,4 por ciento de ISA por Ecopetrol, a crédito, “exprimiendo la empresa” (Kalmanovitz), entró un cheque por 14,2 billones de pesos, bajo los enunciados de “reforzar la caja” o la “reactivación económica” (Portafolio). ¿Hay ya auditoría del contralor Córdoba al respecto?

Del exterior aterrizó otra partida. El ingreso de 2.790 millones de dólares que le asignó a Colombia el FMI de la desinversión de reservas internacionales por 1,96 mil millones de derechos especiales de giro (DEG). El Banco de la República, receptor de la remesa, explicó: “El Banco vendió reservas al Gobierno Nacional por un monto en dólares equivalente a la asignación de DEG y recibió como pago Títulos de Tesorería TES Clase B (…) el Gobierno obtuvo liquidez inmediata en dólares y mejoró el perfil de su deuda interna (…) los títulos entregados al Banco provienen de canjes (…) cuyo vencimiento (…) era el año 2022”, y fueron sustituidos por otros de largo plazo. En fin, una emisión camuflada para el Gobierno por 10,6 billones, acorde con la tasa de cambio de 3.806 pesos por dólar a 31 de agosto.

No contento con lo acumulado, Duque se apresta a vender 3.490,8 millones de acciones de Ecopetrol, el 8,49 por ciento, que, al precio unitario actual cercano a 2.660 pesos, totalizaría 9,28 billones. De pasarse por encima las restricciones que impone la Ley 1118 de 2006 para usarlos, como ya hizo con el “enroque” de ISA, este paquete cuantioso engordará más sus cajas menores.

Al final, además de los recursos ordinarios presupuestados, con estas maniobras adicionales calculadas se destinarán más de 70 billones para elegir a “los que diga Duque” en acción sucedánea de su mentor, hoy sub iudice y en franco desprestigio.

El bazar de votos, sin precedente, lo allanó el artículo 125 del Presupuesto con la modificación de la ley de garantías, para pasar en estos meses los convenios interadministrativos entre la Nación y los entes territoriales. Así el Centro Democrático cebaría a sus 42 alcaldes en Boyacá o los conservadores, a los del norte y el oriente de Antioquia, y, sin contar coaliciones, a 116 en total, y los liberales, a 99 en toda Colombia, o Cambio Radical, a 29 gobernaciones donde participa, o La U, en 22 (celag.org). La funcionaria estrella será Ana María Palau, consejera para las regiones, quien reemplazó ahí a Karen Abudinen.

A estas alturas, el registrador nacional, Alexánder Vega, el de “si no le gusta, váyase”, informa de 5 millones de cédulas en volandas, de colombianos en el exterior, de muertos o fraudulentas, como las que aprovechaba Aída Merlano. El plato queda servido: bolsas por casi 80 billones de pesos, el mecanismo para irrigarlas y documentos al por mayor de votantes anónimos. Es la engañosa hoja de ruta para elegir a “los que diga Duque”. Colombia y la comunidad internacional deben percatarse.

La colonia AGA en Quebradona

Una comunidad desprovista de instrumentos para intervenir, como es el Acuerdo de Escazú que Duque, en equívoca complicidad, engavetó.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Del video Quebradona. Minería con propósito. Social. Ambiental. Económico en la página de la Anglo Gold Ashanti, AGA, y de una entrevista a su expresidente, Felipe Márquez, donde dice que “Colombia es el futuro de esta compañía” y que dicha mina es “la base para transformar la región con un propósito superior” (La República, 23/02/2021), se concluye que en 30 años venideros no caerá la hoja de un árbol en Jericó, Fredonia, Támesis, Tarso y Valparaíso sin que AGA lo decida. Con título sobre 7.593 hectáreas e inversión de 1.500 millones de dólares, bajo la figura de distrito minero, establecerá un enclave colonial y al amparo de los TLC.

La explotación de 3.000 millones de libras de cobre, 1,5 millones de onzas de oro y 21 millones de onzas de plata y quizás molibdeno, con vida potencial de 23 años, es novedad para AGA (Integrated-Report-2020), ya que más del 97 por ciento de sus ingresos han venido de fuente aurífera. El cambio se debe al rol del cobre en la “transición energética” para fabricar paneles solares y autos eléctricos. El precio por tonelada, desde 2012 hasta 2020, osciló entre 2.000 y 4.700 dólares, pero analistas consideran que este “nuevo petróleo”, por bajos inventarios para demandas crecientes, llegaría en 2025 hasta 20.000 (Elliot Smith, CNBC, 6/05/2021).

Con Quebradona, AGA entra al mercado en alza, por ahora de 20 millones de toneladas anuales, de las cuales Chile, con Codelco, y Perú producen 40 por ciento y otro 30 es reciclaje (www.nrcan.gc.ca, 3/02/2021). La mayor ganancia vendrá de la mencionada cantidad de concentrado (cobre, oro y plata) que se exportará para procesarse afuera. Vieja historia, como la del platino en Chocó.

La contabilidad minera tradicional pone los beneficios para el país dueño del recurso en los ingresos fiscales y en el empleo. En Quebradona se recibirán, a lo sumo, regalías del 5 por ciento, que, según AGA, significarían 60.000 millones de pesos al año, e impuestos de renta estimados en 250.000 millones de pesos anuales, y otros 2.000 por industria y comercio y predial para los municipios. No obstante, debe descontarse el costo fiscal de los beneficios tributarios que privilegian la minería.

Al final de la explotación, el país percibiría un neto de 2.500 millones de dólares y no mucho más. En cuanto a empleos, no serán ni la tercera parte de los perdidos en agricultura, ganadería y turismo, con menor coeficiente en la producción y el consumo generales.

A estos rubros, que para AGA serán costos, se le añaden 2 centavos de dólar por libra, el importe de la extracción. A contramano, en la otra columna del balance, AGA habla de un proyecto de bajo costo, flujo de efectivo y larga vida con un escandaloso margen entre 60 y 70 por ciento (AGA-Integrated Report-2020).

Esa contabilidad es todavía más inicua cuando se descartan externalidades negativas, como secuelas ambientales sobre el ecosistema del suroeste antioqueño, su biodiversidad y paisaje, sobre el agua por la afectación a estrellas hídricas, caudales, cuencas y acuíferos, al nivel freático, a 26 acueductos y 311 captaciones de agua en veredas circundantes, la polución subterránea y fenómenos como la bioacumulación.

También detrimentos del suelo por la agresiva deforestación, contaminaciones superficiales y más probabilidad sísmica, por el estallido constante de roca en profundidad y la emisión de GEI, humos nocivos y daños sobre flora y fauna. Estropicios a los que AGA, acorde con sus “estándares”, se compromete a “minimizar”. Peor es el manejo de los relaves, material de roca desechado, 120 millones de toneladas, con destino incierto en el territorio e inestable con el tiempo. El clásico pasivo ambiental.

Igual cuentan los males sociales como el abandono de la vocación agrícola campesina, el encarecimiento de la vivienda por el auge de migrantes, la congestión vial, la desvalorización de predios aledaños, el sabido aumento de enfermedades respiratorias, de transmisión sexual y las mentales en los marginados. Conviene asimismo verificar si la energía aplicada por dólar invertido es inferior a la obtenida, el factor EROI.

Como parte victorioso, AGA en informe a sus accionistas, entre ellos fondos institucionales de capital financiero, se ufana de la “amplia alianza estratégica con todas las partes interesadas relevantes para establecer un apoyo regional para el proyecto” (AGA-Integrated Report-2020). Un manejo político en Colombia, segundo país en conflictos socioambientales y primero en el homicidio de líderes para el medioambiente.

El proyecto Quebradona, fuera de menoscabar la soberanía y violentar derechos humanos por generaciones, recae sobre una comunidad desprovista de instrumentos para intervenir, como es el Acuerdo de Escazú que Duque, en equívoca complicidad, engavetó en provecho de transnacionales como AGA.

Pandora a la carta

Con base en la información conocida, pueden intuirse las artimañas a las que varios “notables” acudieron para pagar pocos o no pagar impuestos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La Ley 1111 de 2006, de Álvaro Uribe y Alberto Carrasquilla, eliminó el impuesto del 7 por ciento al giro de utilidades al exterior de quienes por relaciones de dependencia o corporativas envían este tipo de remesas (Saqueo, pág. 86).

Las inversiones de nacionales en el exterior sumaban aquel año 23.943 millones de dólares, pero para 2017 ascendían a más de 53.000 (Saqueo, pág. 184). Protegido por la Ley 1111, el dinero se refugió “principalmente a partir de 2009” en Panamá, donde está el mayor porcentaje, 16 por ciento, con rentabilidades entre el 4,7 por ciento y el 6,8 (Banrep, Borradores de Economía, n.º 1068). También en España e Inglaterra por los tratados de protección de inversiones, los preferidos por el exfiscal Martínez Neira para registrar bienes raíces. Para monitorearlas, la Dian intercambia información con 48 jurisdicciones y solo hace dos años Panamá inició el proceso (El Tiempo, julio 2 de 2021).

La alianza periodística Connectas ha destapado los PanamaPapers (2017), en los que figuró el mismísimo Carrasquilla para tramitar el negociado de Bonos Agua, y ahora los Pandora Papers. El coro de que “todo es legal”, orquestado por Iván Duque, no elimina sospechas a empresas y magnates que se valen del mecanismo, ni menos logra cubrir a expresidentes y dirigentes políticos, en particular a los que, al iniciarse en la vida pública, estaban en deciles inferiores, y ni hablar de Junco, el director de la Dian, involucrados todos en el selectísimo grupo élite del 0,0012 por ciento de la población con tales prácticas. Con base en la información conocida, pueden intuirse las artimañas a las que varios “notables” acudieron para pagar pocos o no pagar impuestos.

Andrés Pastrana. Guardaba su patrimonio personal y familiar en una sociedad en comandita simple, Salatina Puyana y Cía. S., un viejo truco usual en familias adineradas para brincarse, por las características societarias, el pago del tributo a herencias. Al insertarla en Vanguard Investments Inc., en Panamá, dicho patrimonio pasó de pesos a dólares y quedó exento, fuera del impuesto a la riqueza, también del de renta sobre los beneficios causados. Es el típico personaje que “separa su suerte de la suerte de la Nación”. ¿Cuánto le dolerán nuestros infortunios al expresidente? Los explican dos refranes: “Donde está tu dinero está tu corazón” y “Mi patria, mi bolsillo”.

César Gaviria. Aparece como director de la sociedad panameña MC2 Internacional S. A., que absorbió a la radicada en Colombia MC2 SAS ESP (Cuestión Pública), del sector de hidrocarburos, en particular en distribución de gas en Colombia y Perú, asociada allá con la Organización Sarmiento Angulo y beneficiaria de contratos sin concurso en TGI y Ecopetrol. Gaviria también se mueve en el mercado de obras de arte, seguros y consultoría.

En claro aprovechamiento de la Ley 1111 de Carrasquilla y Uribe, remite a Panamá, sin pagar impuesto alguno, las ganancias a las que tiene derecho (¿el 100 por ciento?), venidas de la sociedad matriz colombiana, que caen al bolsillo de este otro expresidente en el 58 por ciento y el resto a familiares e íntimos. Impresentable.

Marta Lucía Ramírez. Las cuestionadas conexiones lucrativas de la vicepresidenta y canciller son de vieja data. Cuando fue ministra de Comercio Exterior, hubo de declararse impedida sobre zonas francas. Fue abogada de Philip Morris en pleitos con la Dian. Es conocida la sociedad constructora del Edificio Torres 85, que su firma familiar Hitos Urbanos pactó con el paramilitar Memo Fantasma. Y en el debate en el que el senador Robledo denunció la “indemnización” por 1,4 billones de pesos, que intentó pagarse por adelantado a los socios de la Ruta del Sol para evadir el fallo del tribunal de arbitramento, chispearon sus fuertes nexos con el Grupo Aval.

Marta Lucía Ramírez vuelve a escena por su asociación, de 2005 a 2012, en la comisionista de bolsa, Global Securities Management Corporation, basada en Islas Vírgenes Británicas, y con un socio condenado “lavador de dinero profesional”, para operar “en el mercado de valores con cobertura de diferentes países de Latinoamérica”. Según participaba desde la firma panameña Stulb Investments Corp., combinó Islas Vírgenes y Panamá, como modus operandi. ¿Qué pasó con las rentas en esos siete años? Sin mesura.

Gaviria, Pastrana, Ramírez y demás políticos nombrados en Pandora Papers como Peñalosa (“El negocio, socio”) o Alejandro Char (¡Cuándo no!), cada cual a la carta, deben ser esculcados a fondo. Tiraron lejos la admonición de Lleras Camargo, “no mezclar los negocios con la política”, y hoy pertenecen al club de superricos con una tarifa efectiva de tributación del 2,26 por ciento, la menor entre todas las de todos los contribuyentes (Garay y Espitia). Indignante.