China

A futuro, el país delineó la inteligencia artificial como la primera carta de navegación.

La opinión mira –en esta coyuntura– hacia oriente, quizás sin conocer los fundamentos de la República Popular China (China). Esta columna, sin agotarlos, pretende describir algunos. Tiene 1.400 millones de habitantes y un producto interno bruto (PIB) de 14 billones de dólares. Es la segunda economía, y si en 2018 creció 6,6 %, entre 1978 y 2010 lo hizo 10 % anual, apalancada por crédito irrigado a hogares, empresas, gobiernos locales, bancos y gobierno central, que suma 300 % del PIB. Sus reservas externas alcanzan 3,12 billones de dólares, con 1,14 en bonos del Tesoro norteamericano.

Es fuente comercial de 140 países, responsable del alza mercantil entre 2002 y 2012 y del crecimiento global. Conviven “dos sistemas”: empresas estatales estratégicas y un sector privado que aporta 66 % del PIB y 70 % del empleo e incluye 338 multimillonarios. Los mercados financieros de Shenzen y Shanghái –solo superados por Wall Street– cuentan con miles de firmas emisoras que transan billones anuales en acciones, bonos públicos y privados con retornos en 20 años hasta del 20 % e inflación media del 4 %. A futuro, China delineó la inteligencia artificial como la primera carta de navegación.

Su iniciativa exterior es “One Belt, One Road”, nuevo “Camino de la Seda”, motor en construcción de puertos, ferrocarriles, hidroeléctricas, gasoductos, industrias e infraestructura logística

El 19.o Congreso del Partido Comunista, encabezado por Xi Jin Ping, tras sacar 270.000 miembros corruptos, anunció una “nueva era del socialismo con características chinas” que definió como la contradicción principal “entre las necesidades de las personas por una vida mejor y un desarrollo desequilibrado”, e instó a “una sociedad moderadamente próspera”, con “el mercado en la asignación de recursos” y “fuerzas armadas fuertes y modernas”, sometidas al Partido.

Proclama un “rejuvenecimiento nacional”, pues 15 % de su población supera los 60 años, y en 2050 la edad media será de 46; la población en edad de trabajar ha caído a 900 millones y la económicamente activa es de 770 –con alta informalidad rural, donde existen 50 millones en pobreza absoluta–, aunque desde 1990 emigraron a las urbes cerca de 220. China gasta 4 % del PIB en educación, frente al 7 % promedio mundial; cobija en pensiones al 60 %; en salud, el gasto de hogares es un elevado 30 % del total –para medicinas, consultas y hospitalización a 95 % de las personas–; el resto es gasto social y público.

China cobra influencia global basándose en relaciones económicas: Según Heritage Foundation, exportó capital –entre 2005 y junio de 2018 por inversión directa y contratos de infraestructura– por 1,87 billones de dólares a 150 países en 2.907 transacciones, 953 en Asia oriental y occidental y 521 en África subsahariana. Por sectores, 861 fueron a energía –importa 67 % del petróleo y 34 % del gas– y 840, en construcción y finca raíz. Ha adquirido tierras en casi 30 países por un millón de hectáreas.

Su iniciativa exterior es “One Belt, One Road”, nuevo “Camino de la Seda”, motor en construcción de puertos, ferrocarriles, hidroeléctricas, gasoductos, industrias e infraestructura logística y de intercambios en ciencia, tecnología y comercio vía corredores económicos a través de Asia, Europa y África.

Xi Jin Ping, que avizora “una oportunidad estratégica”, reorganiza el Ejército Popular de Liberación (EPL) a alto nivel tecnológico, apoyado en un complejo-militar-privado y perfilado a operaciones externas que jerarquizan Asia y los mares circundantes. Con una primera base externa en Djibouti, divide sus tropas combinadas de 78 brigadas en cinco teatros geográficos: las terrestres, con 7.400 tanques, 10.600 piezas de artillería y 915.000 efectivos; en las aéreas destacan 1.490 cazas, 130 aviones de misión especial y 530 bombarderos y las navales con un portaviones, 56 submarinos, 28 destructores, 28 corbetas, 51 fragatas y 346 entre patrulleros y guardacostas. Contabiliza entre 75 y cien misiles intercontinentales, de 16 a 30 intermedios y más de 1.500 de mediano y bajo rango, y puede cargar 280 ojivas nucleares en tanto Rusia y Estados Unidos poseen 1.550. Es el segundo ejército, que también adelanta cibertareas, con presupuesto de 150.000 millones de dólares anuales.

Michael Beckley desestima “el inminente riesgo de Estados Unidos de ser sobrepasado”, pues colige que los países populosos reducen sus recursos netos luego de descontar los gastados en alimentar y proteger a su gente, y además argumenta que las empresas chinas carecen de eficiencia, y su equipamiento militar, de alcance, potencia y precisión, y Krugman afirma que China “está llegando a su muralla”.

A contramano, en el ‘Orden mundial’, Kissinger advierte que en quince casos históricos, cuando “interactuaron una potencia en ascenso y otra establecida”, diez terminaron en guerra. En medio de la crisis de la globalización, la tensión escala y va tornándose en primera contradicción mundial.

¿Generación E o Generación D? Es la contradicción

La UNESCO define la Educación Superior como derecho humano universal y, a la vez, como bien público social de calidad que es deber del Estado garantizar. ¿Ha cumplido Colombia dicho mandato? Algunas cifras permiten responder

En Educación Superior, según la OCDE (2016), el gasto privado en nuestro país es 64% del total, mientras que el público es apenas 36%. De 37 países analizados, estamos entre los 7 donde esa relación está invertida frente al papel prescrito al Estado de “hacer posible el acceso a todas las personas”. A contramano están 27 países, encabezados por Finlandia, Alemania, Francia y México, donde el importe estatal supera 70% de las expensas generales.

De 43 países estudiados (OCDE, 2017), Colombia ocupa, con el 28,1%, el puesto 36 en términos de la población entre 25 y 34 años con educación superior (incluyendo la tecnológica), mientras que el promedio en países de la OCDE es 44%. Hay solo 16 países en que dicho porcentaje es inferior al 40%. Estados Unidos es donde menos ha crecido dicha población con respecto a hace 30 años, al subir solo del 42% al 47%.

Precisamente, Colombia copió el modelo fallido de Estados Unidos: el del negocio financiero, incentivando la demanda educativa por la vía del crédito, gestando un filón cuyo monto supera allá los 1,4 billones de dólares (millones de millones) y abarca a más de 44 millones de deudores.

Aquí el ICETEX, convertido en banco de segundo piso y en eslabón clave, tiene 640 mil clientes de crédito, casi uno de cada tres estudiantes. 406 mil de ellos son atendidos con recursos propios, más del 90% de estratos 1,2 y 3, y otros 232 mil mediante diversos fondos administrados por $2,6 billones, incluidos $900 mil millones de Ser Pilo Paga. Su cartera total es de $4,7 billones, con 52.228 créditos morosos que suman el 8,8% del total prestado. El ICETEX acumuló utilidades por $550 mil millones entre 2015 y 2017 y acrecentó su patrimonio en 30% con rentabilidades promedio del 10% anual.

A tan jugoso desempeño contribuyó además que, en 2017 y 2018, se desviaron para el ICETEX recursos esperados de reformas tributarias tanto por IVA “social” como por CREE por cerca de un billón de pesos. Se desviaron, porque eran para instituciones públicas de educación superior. Igualmente, el Capital Extranjero montó allí un nicho: el Banco Mundial, el BIRF y la Agencia Francesa para el Desarrollo le han provisto cientos de millones de dólares para su objetivo de costosísimo prestamista.

La propuesta de Generación E, escudada tras un superlativo, la Excelencia, relanza el Ser Pilo Paga (SPP), aun cuando empeorándolo: Los estudiantes del SISBEN con menos de 57 puntos, con puntaje mayor a 360 en pruebas SABER y que vayan a universidades privadas –no son ni el 3% de los aspirantes– tendrán un componente de la matrícula por la vía del “crédito condonable”. El “impulso” a las universidades públicas, como apoyo del gobierno, estará sujeto apenas a estudiantes admitidos y con SISBEN de menos de 32 puntos.

Al margen quedaron por tanto el sistema estatal como el grueso de la población estudiantil, la cual podría llamarse Generación D, aquella que reclama el ingreso a la educación superior por ser un Derecho fundamental, tal como lo dicta la UNESCO: para ambos poco o nada hubo en la propuesta de Duque. Los rectores del sistema estatal (SUE) afirmaron que el aumento de la demanda, en cuanto les atañe, causaría nuevos gastos y que en el “escenario crítico”—con faltantes de caja por más de $3 billones— obliga más a reducir que a crear nuevos trámites ante el ICETEX. Explicaron que la Generación E es un programa similar al SPP, con financiación incierta, y que la propuesta de incrementar lo transferido, bajo parámetro anual del IPC + 1,8%, es insuficiente, ratificando la necesidad de fijarlo en IPC + 4%, como sostienen estudios demostrativos de que el “gasto docente” crece mínimo 3,5% por encima de la inflación (Acosta,2018).

Luego de dos semanas de movilización y anormalidad académica en más de 20 universidades, el presidente Duque, quien hace anuncios por twitter y en monólogos sin citar al indispensable diálogo, persiste en poner el crédito y el ICETEX como protagonistas del sector educativo superior, y, para colmo de males, sus copartidarios tramitan al mismo tiempo en el Congreso la resurrección del ánimo de lucro como leitmotiv  de la educación.

Así las cosas, el gasto particular de los hogares para educarse continuará predominando; la población educada será poca; las universidades públicas verán prorrogado su marchitamiento y quienes aspiran a acceder a ellas como un derecho, la Generación D, seguirán excluidos por barreras económicas y presupuestales. ¿Hasta cuándo resistirá el engendro?

Bogotá: ¿del limbo al infierno?

Planeación Distrital presentó el Avance Físico del Plan de Desarrollo de Bogotá Mejor para Todos 2016-2020. Los programas deberían estar en un 50 % de cumplimiento, descontando tiempos de inicio y empalme, pero, por lo registrado, el balance es desalentador, en particular, en áreas cruciales.

En educación, de 30 colegios nuevos prometidos se han construido solo dos, y de 32 restituciones de sedes educativas van en una tercera parte.

Tres programas claves de dicha Secretaría están en cero: la reforma institucional, la alfabetización para adultos y los 35.000 cupos adicionales en educación superior. También como tortuga va la infraestructura sanitaria. De 40 CAPS (Centros de Atención Prioritaria), 22 se adaptaron en los eliminados Camis; no se ha puesto un ladrillo en los CEUS (Centros de Urgencia del Sur), ni en la reposición de cuatro hospitales, incluido el de Usme, ni menos en dos hospitales nuevos proyectados.

La atención de las personas no inscritas en régimen alguno, “los vinculados”, escasamente llega al 40 %. Y aunque se diga que en 2017 la EPS Capital Salud ganó $41.000 millones, el concejal Manuel Sarmiento demostró —con pruebas— pérdidas por $1.300 millones. Además, el saneamiento de dicha entidad, según Planeación, está apenas en 38 %.

Los damnificados de Peñalosa II son los niños y niñas. La Personería evidencia que de 723 mil, entre los cero y cinco años, el Distrito solo atiende al 17 %; es decir, a 125.436 en 366 jardines infantiles, muchos con notorias deficiencias. Por otro lado, se clausuraron 47 servicios diurnos y nueve nocturnos, como lo ratificó el informe de Planeación, que asigna un cumplimiento del 31,9 %. Los demás menores atendidos asisten a centros privados.

La alarma se prende en materias económicas y sociales. El crecimiento del PIB fue de 2,96 % en 2016 y 1,61 % en 2017, por debajo del resultado nacional de 3 % y 1,7 %, respectivamente; la pobreza monetaria creció, frente a 2015, de 10,4 % a 11,5 %, la extrema de 2 % a 2,5 % y el desempleo de 8,3 % a 10,5 % en mayo de 2018. En infraestructura social, va 21,9 % en ciclorrutas y 16 % en nuevo espacio público; de 60 mil viviendas VIS marcha apenas la tercera parte y lo planeado en alcantarillado alcanza un irrisorio 10 %.

En seguridad, pese a bajar los homicidios, el robo se disparó. El de bicicletas subió 66 % en los cinco primeros meses de 2018 con respecto a 2017; el de residencias se trepó a 8,6 %; los distintos robos que afectan a las personas aumentaron 56 %; el de celulares al 70 % —seis cada hora—, el cual se produce principalmente en el transporte público; el de autos y motos disminuyó marginalmente y los reportes por narcóticos aumentaron 9 %.

Movilidad es un fracaso. Para dejar el metro en un 30 % de avance solo se ha hecho el 10 %, lo que significa, como dice el concejal Hinestrosa, apenas un 3 % del gran proyecto de Bogotá. Ni un kilómetro de troncal; la malla vial arterial en buen estado ha decaído (según Veeduría-IDU); sigue en crisis el SITP, aún con billón y medio de pesos trasladado a los operadores, y el provisional permanece aplazado por dos años, mientras que tampoco tiene éxito la “guerra a los colados”.

En 2017, el 89 % de la contratación —por valor de $2,13 billones, que representa el 35 % del monto total— fue a dedo y tres licitaciones (aseo, semaforización y grúas-patios) están glosadas por organismos de control por graves motivos, lo que deja al descubierto un vacío de transparencia en la Bogotá de Peñalosa II.

Como afirmó el concejal Flórez, por la licitación de TM, continuarán miles de “buses-chimenea” de marca conocida, pero, al final, no se iniciará obra alguna, quizás el funesto Transmilenio por la Séptima. No obstante, quedará un cúmulo de contratos firmados con endeudamientos por décadas, pero sin estudios completos; el metro seguirá envolatado; se elevarán los impuestos confiscatorios, y el POT se guiará por marcados negocios inmobiliarios. Para rematar, Peñalosa ferió el 16% de la Empresa de Energía y atenta contra la ETB, que la ciudadanía espera salvar.

El libro Bogotá en el limbo, que presenté en noviembre de 2017, sintetizando los últimos 25 años, incluido Peñalosa I, corre el riesgo de perder vigencia: con Peñalosa II parece empezar el tránsito al infierno.

La enfermedad holandesa financiera

En entrevista reciente, el ministro Cárdenas registró como el mayor logro económico de los ocho años del gobierno de Santos el aumento de la inversión extranjera, anotando que entre 2002 y 2010 los flujos netos anuales eran en promedio de 6.000 millones de dólares, mientras que entre 2010 y 2016 subieron a 14.000 millones. Confirmó así que el capital externo es hoy la variable de cierre de la economía colombiana, cuando entre 1996 y 2002 la media fue apenas de 2.500 millones. Es a partir de esa avalancha de divisas como debe analizarse la economía nacional y, contrariando la difundida especie del modelo ‘extractivista’, que no corresponde a una caracterización precisa, urge evaluar el efecto conjunto de los flujos externos como esencia de la política económica del siglo XXI.

El monto (stock) de la inversión extranjera directa en Colombia a marzo del 2018 es de 182.342 millones de dólares. ¿Cómo se distribuyó la ocurrida entre 2000 y 2017? En petróleo suman 44.915 millones y en minas, 26.019; en industria llega a 28.721; en servicios financieros, a 19.466; en transporte y comunicaciones, a 17.406 y en comercio, a 13.800, para mencionar lo más relevante (Banco de la República, 2018).

Lo anterior se ratifica al mirar las 21 mayores empresas por ingresos superiores a $ 4 billones en 2017: diez son transnacionales; cinco, predominantemente nacionales; dos son públicas y cuatro, mixtas (público-privadas). Entre ellas hay cinco relacionadas con hidrocarburos y minería, encabezadas de lejos por Ecopetrol; tres, con comercio; dos, con servicios financieros y cabezas de ‘holding’ de inversión; tres, con servicios públicos; dos, con servicios de salud; dos, con TIC; tres vinculadas con la industria y una, con transporte aéreo.

Colombia cayó en el entrampamiento crediticio con el propio capital internacional al que le abrió con laxitud sus puertas en la orgía de la confianza inversionista.

Las lucrativas operaciones –que incluyen además los giros a las economías foráneas de origen– tienen como contrapartida ingentes costos para sostenerlas, manifestados en los crecientes niveles del endeudamiento bruto del sector público. En 2000, este era de $ 88 billones, equivalente al 45 por ciento del PIB; para 2010 subió a $ 234 billones, entonces 43 por ciento del PIB, y para 2017 se disparó a $ 500,9 billones, 54,4 por ciento del PIB, que, como advirtió la Anif, al agregarse el pasivo de Ecopetrol, se acercaría al 60 por ciento, nivel a partir del cual la Unión Europea trata como “paria” a una economía.

No obstante, al estudiar los acreedores de dicha deuda, se encuentra que también el capital extranjero participa en gran medida. De acuerdo con información de Juan Pablo Fernández, la denominada inversión de portafolio, eminentemente especulativa, vale 87.282 millones, muy por encima de lo puesto en petróleo y minería, y 56.182 de ellos están representados en títulos de deuda pública, TES. Así mismo, los pasivos externos (inversión extranjera + deuda + especulación con monedas) llegan ya a 328.291 millones de dólares, un 147 por ciento más con respecto a marzo del 2010, de los cuales cerca de 130.000 millones corresponden a títulos y préstamos. Colombia cayó en el entrampamiento crediticio con el propio capital internacional al que le abrió con laxitud sus puertas en la orgía de la confianza inversionista.

La mayor ‘extracción’ no es petróleo ni carbón ni oro. Es de ahorro y de trabajo nacional para cubrir el pago del exorbitante endeudamiento, principalmente con bajos salarios y mínimos ingresos disponibles –de la base social nacional–, mermados por impuestos indirectos como IVA, al consumo, cuatro por mil y gravamen a los combustibles.

Los capitales foráneos, incentivados por favorables diferenciales en las tasas de interés y beneficios tributarios, hacen del mercado colombiano jugoso filón, tanto que, según IIF, el país ocupó de 2015 a 2017 el cuarto lugar, de acuerdo con el porcentaje del PIB, como receptor de flujos de deuda entre las economías emergentes, luego de la República Checa, Líbano y Sudáfrica. Además de endurecer la revaluación del peso, se subordina al conjunto de la economía al pago cumplido y, encima, supervisado por las calificadoras de riesgo de Wall Street, que enjalmaron a los gobiernos anteriores e igual harán con el de Duque.

El desarrollo armónico de los distintos sectores productivos estuvo afectado entre 2002 y 2010 por la conocida enfermedad holandesa y ahora lo está aún más por esta fase superior robustecida con capitales especulativos, tal como lo explica Alberto Botta (2015, Universidad de Calabria y Universidad de Greenwich) al estudiar el caso de Colombia.

Este es el balance macroeconómico de 16 años de uribosantismo, que, al parecer, será similar para el futuro próximo en busca de espacios fiscales para cubrir esta espiral sin límite.

OCDE, OTAN, Trump y elecciones

De las falacias más difundidas en los últimos años en Colombia es que la OCDE es “el club de los países ricos” o, en versión más sutil, “el de las buenas prácticas”. Es de la misma matriz lingüística de nombrar “libre comercio” al asimétrico entre poderosos y débiles o “Consenso de Washington” a los ajustes exigidos para implantar el neoliberalismo.

El ingreso a la OCDE no es un hecho puntual ni fortuito: está en el proceso de inserción global de Colombia que se inició con los ajustes estructurales de los años noventa guiados por el Banco Mundial; con las definiciones centrales hacia un modelo de Capital Extranjero vía acuerdos con el FMI, Plan Colombia y los TLC y con esta tercera fase que apuntala reglas en instituciones e incluso en el funcionamiento microeconómico de algunos mercados. Con razón, dijo José Antonio Adarvín, director de la OCDE en México para América Latina, en 2009: es un “nodo de la globalización”.

Lejos quedó esa institución de la Guerra Fría de 1961 o el reputado “club” que empezó a incluir a unos no tan ricos como Chile, Estonia, Hungría, Eslovenia, Portugal o Colombia o Costa Rica.

A la OCDE se adhiere, y por ende las reglas se hacen allá, no se negocian, así se les llame “recomendaciones”. Es más, tales encomiendas se van implantando en la medida en que 23 comités sectoriales perfilan su intervención, con su propia carga de economía política –no neutra– en manejo ambiental, químicos, gobierno corporativo de empresas públicas, empleo, seguridad social, mercados financieros, desarrollo económico y territorial, educación, salud, agricultura, inversión, comercio, asuntos fiscales, empleo, pensiones y seguridad social, mercados financieros, regulación, estadísticas, TIC y CIT (ciencia y tecnología) y bienestar del consumidor. En adelante no caerá la hoja de un árbol en Colombia sin que este Gran Hermano esté respirando en la nuca.

El estatus de Colombia como “cooperante”, único latinoamericano entre 40 países miembros, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se ha matizado igual: que se trata, según el General Mejía, de otro “club”, el de “las buenas prácticas militares”. Aunque analistas como Tickner resaltan más la eventual participación en “misiones de paz” que en “operativos militares”, y de su rol en el tránsito de “conflicto armado a no guerra” y en ese marco con “reacomodos” y “recortes” en tamaño y en “actividades alternativas”, es innegable que –por secundaria que sea la membresía– matricula al país en una visión de la política internacional, la sesga en la geopolítica global, la aleja de la neutralidad en confrontaciones globales, que pueden estarse gestando, entre terceros y grandes potencias por el reparto del mundo. Colombia quedó adscrita a uno de los bandos mundiales con un ejército surtido de población joven –con edad promedio de 30 años–, a contramano de Europa y Estados Unidos, donde ronda los 40.

Si a las grises adhesiones y adscripciones se suma la tendencia mundial regresiva, guerrerista, de garrote, de la “Era de la Ira” que campea en el mundo contemporáneo en el incierto periodo de poscrisis y a cuya cabeza está Donald Trump, con el cometido de “hacer a América grande de nuevo” a toda costa y costo y en todos las esferas, una nación subsidiaria como Colombia queda sujeta en las redes de la Superpotencia que la ha puesto bajo su control hace décadas, que la tiene como “socio estratégico” en América Latina, y, en esa onda, el intérprete predilecto del momento de dicha partitura aquí y ahora es Iván Duque.

Mientras Petro y el uribismo buscan los votos, Santos culmina la tarea de atadura de los destinos nacionales, a un punto tal que hasta cabe preguntar si la terminación del conflicto con las FARC trasciende los meros deberes constitucionales que lo obligaban a buscarla y que, más allá del Premio Nobel, la convierte en funcional a la agenda reforzada de recolonización de Colombia.

Corrupción, desigualdad y educación en Colombia

Colombia perdió 6 puestos en el ranking del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (CPI) de 2016 a 2017. La calificación de 37 puntos sobre 100, el nivel óptimo, ubica al país en el puesto 96, por debajo del promedio mundial de 43 puntos y de 44 en Latinoamérica.

Fuera de estar en el 69% de las naciones por debajo de 50 puntos, 30% de las personas encuestadas dijeron haber pagado sobornos para acceder a servicios públicos y se estima que se desvían $50 billones al año de los presupuestos públicos.

80% de los colombianos tiene la corrupción como uno de los mayores problemas con lo que coincide el portal www.business-anti-corruption.com, que analiza el sistema económico, las instituciones judiciales, de policía, de aduanas, legislación y el control público: “Impregna varios sectores de la economía (….) a la jerarquía del gobierno donde los casos en los niveles más altos(…) grandes redes de clientelismo se manifiestan particularmente en el sector de contratación pública (…) estas prácticas son generalizadas”.

¿Cuáles son las causas de tan execrable corruptela? Hay variadas respuestas, desde la de “manzanas podridas”, pasando por la de las “mafias”, hasta quienes sentencian una “putrefacción sistémica”.

Para explicarlas, en el libro Corrupción, cohesión social y desarrollo, Mulas-Granados y Alonso introducen como factor clave el nivel de desarrollo nacional, fuera de admitir también otros ya reconocidos como la falta de democracia y la inestabilidad política; burocracias sin carrera sostenible en la administración pública y la falta de firmeza del sistema judicial, evaluados en los índices de Gobernanza (Banco Mundial) y de Percepción de Corrupción (CPI).

Ellos, con base en un modelo econométrico, incluyen datos de Europa, Asia Central, Medio Oriente y norte de África para la estimación estadística e incorporan como variables explicativas el PIB por habitante; el coeficiente de GINI en la distribución de la renta; el peso de los impuestos como proporción del PIB; la apertura comercial y el nivel educativo de la población, medido por años de estudio, y acaban afirmando que estas “causas próximas” explican “entre los dos tercios y los tres cuartos de la variación de los niveles de corrupción entre países”.

La conclusión es que un aumento en la desigualdad se traduce en más podredumbre y, a la vez, que con mayor ingreso por habitante y con un pacto fiscal sólido, ella decrece. Puede inferirse entonces que, tal como está Colombia, es “tierra fértil” para que ese contubernio –entre actores privados, funcionarios nombrados y cargos electos– pueda desplegar conciertos para delinquir a gran escala, donde son pan cotidiano, entre muchos pestilentes,escándalos como Odebrecht, Reficar, Saludcoop, la Ley Urrutia-Zidres, el modelo Transmilenio en sus variantes, el Cartel de la Toga e Isagen, y ni hablar del narcotráfico.

Pero más allá, por sus efectos, ¿no será preciso cuestionar como raíz las políticas económicas, responsables en Colombia de las peores desigualdades y de un ingreso anual por habitante inferior a cinco mil dólares reales? ¿No es un causante financiar la economía con bajos salarios, impuestos indirectos e informalidad en pro de beneficios tributarios a grandes conglomerados y personas naturales de altos deciles? ¿No inciden en el bajo ingreso del 80% de la población, que no alcanza o apenas logra cubrir gastos mínimos?

Finalmente, la educación, cuando se toma en sentido general, no aparece significativa en la explicación del abominable fenómeno; sin embargo, al abordarla por niveles, Mulas-Granados y Alonso muestran que en secundaria, cuando la tasa bruta de cobertura nacional es superior al 74,5%, se llega a un punto de inflexión a partir del cual “disminuye la presencia” de la descomposición e igual sucede cuando –en la que denominan educación terciaria– rebasa al 34,8%.

Bajo estas premisas, tiene razón Sergio Fajardo, el más insistente, alincluir en un proyecto de largo alcance hacer universal la educación como efecto positivo y eficaz contra la grave podredumbre que hoy campea con regularidad e impunidad. Una educación universal reduce los efectos negativos que acarrea la corrupción sobre la eficiencia y la capacidad del Estado, sobre el crecimiento y el desarrollo, algo quizás imperceptible pero cierto, pues hay evidencia de que “el marco social y sus instituciones” recortan los tentáculos de los corruptos.

Sergio Fajardo, alguien más que un profesor

Está resonando el estribillo “Un profesor, un profesor…”, referido a la candidatura de Sergio Fajardo. Quienes lo corean destacan a aquellas personas que no se olvidan: de los que aprendemos, que en sus alumnos ligan la razón con el corazón como lo hizo el maestro Carlos Gaviria quien inspiró a muchos durante años. De lo dicho y hecho por Fajardo en esta campaña quedan sembrados aprendizajes imperecederos.

Resalto en particular el concepto de equipo. Reiterar que toda iniciativa política y social es fruto de un trabajo conjunto no de un “iluminado” con “fórmulas mágicas” que solo requieren que la gran masa les endose su voluntad para producir ipso facto la redención. No, la agenda de Fajardo es colectiva, convocante, movilizadora, contrapuesta con las modalidades del “socialismo primitivo” que encontraban en el chispazo individual la pócima para toda enfermedad.

Respecto a las fuerzas políticas nacionales, el valor agregado de la candidatura de Fajardo está en el atrevimiento de irse por la calle de en medio de las vertientes tradicionales, por fuera de los mismos con las mismas que han detentado el poder. Emprendió camino aparte de los responsables de tanta iniquidad que hoy causa en Colombia una indignación superlativa por abusos cometidos durante décadas contra la ciudadanía.

Fajardo se agrupó con posiciones políticas disimiles mediante un programa construido en conjunto. Entre ellos está el Polo Democrático, que además de aportar elementos de su Ideario, marca un hito frente al inveterado cartabón de que “la izquierda solo se une con la izquierda”. En conjunto con la Alianza Verde y Compromiso Ciudadano proyectan un entendimiento de largo plazo.

La Coalición Colombia va más allá de los acuerdos que ubican como contradicción única la del trabajo con el capital y, en procura de una Nueva Democracia, le traza rumbo a una alianza de amplio espectro para alcanzarla, lo cual trasciende los discursos de verdades generales que dividen más de lo que congregan.

Parodiando al Dante, la nación colombiana está entre el octavo y el noveno anillo del Averno, entre el de los ladrones y el de los traidores. Sacarla de tan profundas honduras no es proceso de un cuatrienio y engaña a los electores quien esto prometa, lo que, asaltando la conciencia de la opinión como decía Gaitán, es tan corrupto como desfalcar al Erario.

El programa de la Coalición que lidera Fajardo inicia el indispensable salvamento de Colombia con unos elementos básicos: educar, educar y educar, que acorde con Carlos Gaviria citando a Adela Cortina, hace “una comunidad pensante, consciente, conviviente”, para lo cual propone realzar la educación pública y programas como “Jóvenes con Futuro” que cubre la capacitación como una forma de empleo público. También respetar los derechos de los trabajadores; favorecer las PYMES con una tarifa de renta progresiva; un programa ambiental que delinea acciones y serias políticas concretas; luchar de frente contra la corrupción; y reanimar el aparato productivo creando, entre iniciativas públicas y privadas, 1,5  millón de empleos, convocando los actores económicos y sociales a la revisión de los TLC que en muy variados asuntos se han tornado en coyundas para el desarrollo.

El ensayista Pankaj Mishra describe la época contemporánea como “La Era de la Ira” en la cual –como reacción a la crisis global y sin norte en la brújula- está saturada de “líderes autoritarios que manipulan el cinismo y el descontento de las mayorías furiosas”. En consecuencia reclama poner “un poco de racionalismo a los problemas del alma”. Ese racionalismo es, aquí y ahora, Sergio Fajardo, alguien más que un profesor.

Debate pensional: ¿Todo por rescatar las AFP?

“Los escenarios dicen que el pasivo pensional va cayendo como porcentaje del PIB (…) no hay bomba de tiempo”, dijo Mauricio Cárdenas al clausurar el Congreso de Asofondos. En la Ocde sus miembros aplican en promedio el 8,2 % del PIB de fondos públicos para las jubilaciones. En Colombia solo 3,9 %.

Cárdenas desvirtuó el relato del “excesivo” y creciente gasto público para subsidiar a Colpensiones, entidad administradora del Régimen de Prima Media (RPM) y Beneficios Económicos Periódicos (Beps), señalada como el problema del sistema y a la que Anif pide “marchitar”: que no reciba nuevos cotizantes.

Desde la Ley 100 de 1993 coexiste con el Régimen de Ahorro Individual (RAI), que fija la pensión por el ahorro personal capitalizado mediante contribución definida, sujeto a rentabilidades y tiempos y es administrado por las AFP. Su instauración rompió solidaridades como la intergeneracional, donde los jóvenes aportan para los pagos a los mayores; la social, reducida al 1,5 % de los salarios para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y aportes adicionales cuando se devengan más de cuatro salarios mínimos; y así mismo puso en entredicho la concurrencia de los impuestos para asegurar el derecho pensional.

Al RAI pertenecen 14,84 millones de afiliados, con edad promedio de 44 años, la mitad, cotizantes activos. Acumula $ 227 billones y tiene solo 130.616 pensionados a cargo. Los afiliados al RPM, en cambio, son 6,52 millones, entre 45 y 55 años, también la mitad activa, pero responde por 1,3 millón pensionados y por los Beps y otros programas asistenciales. Colpensiones posee escasas reservas, pero el RPM lo paga principalmente el Estado mediante transferencias que para 2018 serán de $ 13,5 billones. Otros $ 28 billones se utilizarán del Presupuesto General para las pensiones de 55.000 miembros de las FF. AA.; de 195.000 docentes y de los jubilados estatales, de distintas ramas y niveles, adscritos a la UGPP.

Como el mercado laboral es fuente primaria del sistema, debe relacionarse con el mapa anterior. Según Anif, “la formalidad laboral de Colombia no es del 43 % de la población económicamente activa”, sino que “se acerca a un 27 % en promedio o al 15 %” si se contabiliza solo a quienes cotizan durante todo el año. Y tres de cada cuatro cotizantes ganan menos de dos salarios mínimos mensuales.

En tan precarias condiciones es muy baja la cobertura: solo una de cada cuatro personas, en edad de pensionarse, goza de tal derecho. Así mismo, el porcentaje del último salario que fija el valor de la pensión, llamado tasa de reemplazo, es en Colpensiones -en la mayoría de los casos- más del doble que en el RAI, lo cual ha estimulado el éxodo de este régimen.

El ‘Modelo de simulación del RAI en Colombia’ (Banrep, 2009) proyectó que los ingresos serán menores que los gastos para las AFP entre 2030 y 2040. Entrarían en déficit estructural para responderles debidamente a la mayoría de afiliados que perciben bajas remuneraciones o que no cotizan todos los meses ni logran acumular para una pensión o las semanas necesarias; a lo cual se sumarían los desembolsos obligatorios por los cambios de régimen u otros motivos y los pagos de supervivencia a los beneficiarios. El BID (2015) ratificó dicho riesgo como “deficiente funcionamiento del régimen privado de pensiones (RAI) en su parte de des-acumulación”, desequilibrando inclusive al oligopolio bancario que lo controla.

Consciente del incierto futuro del RAI, la Comisión de Gasto Público sugiere acudir al salvamento de las AFP: subir edades, aumentar semanas y porcentajes de cotización y asignar los cotizantes de salario mínimo solo al RPM. Su prioridad es mantener a las AFP ante todo, aún a costa de sus afiliados, como inversores que -con excedentes del ahorro laboral- sigan dinamizando el mercado especulativo, acciones, TES, mercados de deuda y futuros bursátiles externos y hasta en vías 4G, y no como garantes efectivos del derecho fundamental a la seguridad social.

Los cuellos de botella están tanto en la informalidad o semiinformalidad de la mayoría de los trabajadores como en el incumplimiento del RAI con los pronósticos de hace 25 años de más cobertura, equidad y pensión adecuada. Los ajustes deben tocar la política económica –financiada con bajos salarios, poco ingreso general disponible y el rebusque- y además al RAI para que retome su genuina misión de proveer, entre otras, cómo los excedentes de los jóvenes ayudan a mejorar las condiciones para los mayores y también, si existen, corregir las desigualdades en el RPM. Resulta inicuo aplicar el “todo vale” por rescatar a las AFP.

¿Está hecha trizas la salud en Colombia?

El balance de la ley 100 de 1993 que creó un Sistema General de Seguridad Social es negativo, arroja más carencias que beneficios. Promulgada para abarcar derechos fundamentales relativos a la calidad de vida y bajo principios como la universalidad y la solidaridad, terminó sujeta a las herramientas prescritas para alcanzarlos. En la salud, por ejemplo, las EPS, el POS, las comisiones de administración y otros, subordinaron el objetivo al ánimo de lucro.

En diversas encuestas la salud está entre los mayores padecimientos: más del 70% responde que va mal. Es un sector de costos crecientes donde las economías de escala, por la variedad de casos atendidos, están limitadas. De hecho, mientras el  Índice del IPC total pasó, entre 2000 y 2017, de 100 a 138, el de precios de la salud creció hasta 154,25, fruto de parámetros propios agregados a los generales de la economía. Esto se amplifica en un mercado donde la demanda incentivada -para tener coberturas alrededor del 95%- se cruza con una oferta de atención rígida (inelástica) y el ajuste se da por la elevación de costos y precios.

La irrigación de carnets no significó acceso efectivo a los recursos médicos donde y cuando las personas los necesitan. Un estudio (Ayala, Banrep 2014) encontró que entre 1997 y 2012 disminuyó el porcentaje que pudo utilizarlos al momento de requerirlos, de 79,1% a 75,5%, – 173 mil menos- lo cual se reiteró en 2016 con las 163 mil tutelas presentadas por el derecho a la salud, el doble de las 81.017 de 2005. Igualmente la calificación obtenida por “oportunidad en las citas” en 2017, según “Así vamos en Salud”, fue en el mejor caso de 32 puntos sobre 100.

Los recursos generales para financiar el sistema llegaron a $40, 9 billones en 2017, menos de 950 dólares por habitante, de los cuales el régimen contributivo aporta más de la mitad, mientras el gasto de bolsillo, no cubierto y adicional aportado por los usuarios, llega a más de $8 billones, un 15% del total, subiendo incesantemente con notoria participación de los importes en medicamentos.

Las EPS, privadas y públicas, tienen números rojos en solvencia y rentabilidad, derivados de que tan solo en los últimos tres años sumaron pérdidas conjuntas, sin Saludcoop ni Caprecom, por $4,68 billones; los patrimonios deficitarios en 2015 alcanzaban ya $2,8 billones y las deudas acumuladas a junio de 2017 con clínicas y hospitales, cuyos ingresos dependen en 93% de las EPS, eran de $5,6 billones. Los “tanques de oxígeno” de recursos de liquidez aplicados desde 2016 al sistema suman $4 billones, siendo $1,4 billones para créditos blandos -intermediados por Findeter- que crea así nuevo filón al sector financiero.

En medio de este estallido microeconómico, la oferta se ha reducido agravando el problema. El área hospitalaria en construcción, entre 2014 y 2017, declinó de 850 mil metros cuadrados a la mitad; el número de camas por 100 mil habitantes sigue en 1,6, en el puesto 130 entre 192 según la OMS; las salas de partos, ambulancias, servicios de urgencias y quirófanos aumentan a ritmo lento y las EPS no incrementan las plantas de personal, muchas en condiciones laborales ilegales, para cubrir la unificación del POS, con solo 1,8 médicos por mil habitantes, cuando el promedio en la OCDE es 3,2. A tal desinversión debe añadirse el debilitamiento o liquidación de hospitales universitarios y el cierre de servicios, como en el sistema público de Bogotá, desde 2014.

En ese contexto se incrementan las muertes por VIH-SIDA, en ciudades donde todos los pacientes no reciben tratamiento;por cáncer gástrico, que pasó de una mortalidad de 10,59 a 15,16 por 100 mil habitantes en la última década; también por el de pulmón y por el de mama; por tuberculosis en alza desde 2011 y por las enfermedades cardiovasculares. La cobertura de vacunación Triple Viral fue menor en 2016 que en 2005; el ciclo del dengue no se ha quebrado y la salud mental, de la que demanda intervención el 10% de la población, está fuera de la agenda. En esas situaciones pesan determinantes socio-económicos como pobreza, urbanización, hábitos y aumento de la obesidad; sin embargo, urge diseñar otro marco de salud pública como punto de partida para asegurar el derecho universal.

Por consiguiente, el camino no es juntar estas trizas para hacer una colcha ni solo reducir el debate al cambio del  sistema de aseguramiento. Sin avanzar en investigación e información detallada, sin trabajar en prevención y atención básica; sin incentivar la infraestructura y el conjunto de la oferta; sin fomentar la industria farmacéutica nacional; sin reparar las malas condiciones de vida para millones, los frutos no vendrán. Es complejo, no hay chispazo salvador. ¡Ojalá hubiera!

¿Qué soluciones debe plantear Colombia frente al cambio climático?

En “Our Revolution”, Bernie Sanders dice: “El cambio climático es real, causado por la actividad humana”. Y añade que 650 mil años antes, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera nunca excedió 300 partes por millón, que en la Revolución Industrial era 270 y que en 2013 el Observatorio de Mauna Loa en Hawái reseñaba 400, que crecerían de a dos por año.

Indicadores internacionales muestran que las responsabilidades de los países son disímiles frente a este fenómeno, que constituye una afectación al ciclo natural del clima. En el porcentaje total –respecto a la emisión de gases de Efecto Invernadero–, China responde por 25,9 %; Estados Unidos por 14,75 %; la UE (28) por 9,33 % y Colombia solo por 0,35 %. En toneladas métricas anuales de CO2 por habitante, venidas de combustibles fósiles y de la industria del cemento, Qatar llega a 40,5; Estados Unidos a 16,4; Corea del Sur a 11,8 y Colombia apenas a 1,9. En cuanto a emisiones de CO2 en toneladas métricas anuales por dólar de PIB, China genera 2,077; Estados Unidos 0,412; Chile 0,541 y Colombia 0,371, siendo 0,620 el promedio mundial.

En el Índice de Desempeño Ambiental-2018, Colombia ocupa el puesto 42 con 65,22 puntos, Suiza es primero con 87,42 y Estados Unidos el vigesimoséptimo con 71,19. Los perfiles difieren entre sí: por ejemplo, Ecuador presenta sus mayores deficiencias en el manejo del recurso hídrico y la polución del aire y Colombia en temas rurales, saneamiento básico y biodiversidad, un campo en el que los TLC les abrieron las puertas a los agentes externos para tener acceso a ella y patentarla.

Tan específicos como las causas del cambio climático en cada país, también lo son los impactos en las distintas zonas del planeta, tanto que hasta US Global Change Research Program los distingue para las varias regiones norteamericanas. En países de clima templado, activos contaminadores, las secuelas se expresan, entre otras, en grandes tormentas, destructivos huracanes, más crudos inviernos y muy ardientes veranos. En los tropicales, con la mayor precipitación pluvial y menor participación en la contaminación, se exterioriza por desastres naturales, desborde de ríos y sequías que estropean a las poblaciones en zonas de riesgo. Colombia está en el puesto 19 entre 233 en probabilidad de impactos, es segunda en el Atlas de conflictos ambientales y como actor pasivo sufre más de lo que origina.  

¿Qué hacer en Colombia? El Foro Nacional Ambiental (2013) identificó tres orígenes del Cambio en este país “megadiverso” y “megacomplejo”: 1) La deforestación de 5 millones de hectáreas desde 1990, el 29 % en el Caribe por expansión ganadera, y otro 20 % más en la Orinoquia y la Amazonia, muchas por cultivos de coca como en la Sierra de La Macarena; 2) La locomotora minero-energética, que además exporta esa “degradación ambiental”, con Áreas Estratégicas proyectadas por 2,9 millones de hectáreas en franjas interandinas y por 17 millones más en el nororiente amazónico y 3) Ciudades “dispersas”, fruto de la falta de planeación urbana. Ahora bien, en cuanto al porcentaje del total de generación de energía con fuentes renovables, convencionales o no, Colombia, dotada de potencial hídrico, lo hace en 69,4 %, Estados Unidos solo en 14% y Corea del Sur apenas en 2,1 %. 

Con base en lo anterior vale preguntar: ¿Será respuesta adecuada para la problemática nacional especular con bonos bursátiles de carbono pagados a menos de 40 euros por tonelada de emisión reducida? ¿Será solución el fondo financiero Generation de Al Gore, dedicado a apuestas futuras sobre clima, agua o supresión de combustibles fósiles? ¿Lo será la subsidiada industria de vehículos eléctricos de las nuevas élites billonarias de California alentada por Clinton? ¿Será este tipo de negocios de oportunidad calificados por Stiglitz como de plazo intermedio? 

En la campaña presidencial  habrán de evaluarse los programas respecto al cambio climático: el de Vargas carece del capítulo respectivo, a la vez que busca  limitarles las consultas a las comunidades frente a los megaproyectos; el de Duque, que si bien habla de mitigar el cambio climático, persiste, como lo han hecho los gobiernos de Uribe y Santos, en invocar “altos estándares de responsabilidad ambiental”, desechando las competencias estatales para implantarlos; el de Petro, quien para su enunciada apuesta de supresión de “energías fósiles” da la bienvenida a “los empresarios de energías limpias como la solar”, y el  de Fajardo, que propone como ejes “la preservación del entorno natural, la defensa del agua, el crecimiento verde y el fomento de la educación ambiental”.

El debate está abierto. Que ojalá surjan soluciones adecuadas al contexto nacional.