La desigualdad tiene bloqueado al país

La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Colombia es de los países más desiguales en la distribución del ingreso. En el periodo 2012-2019, el Banco Mundial lo ubica entre los cinco más inicuos cuando evalúa de cero a uno por el coeficiente de Gini. Mientras más cerca de uno, mayor inequidad. El país marcó en ese periodo desde 0,517 en 2012 hasta 0,499 en 2017, para subir a 0,513 en 2019. Vergonzoso que en el escalafón del Índice de Desarrollo Humano ocupe el puesto 83 entre 189 naciones, pero, al ajustarse por desigualdad, caiga al 95 (PNUD, 2019).

La iniquidad en el ingreso no es la única; se pueden contar muchas más. En la renta; en el patrimonio y la riqueza entre personas naturales, entre las empresas; en género; en educación; en seguridad social, tanto en la salud como en el sistema pensional; en el empleo; en la distribución de la tierra rural; en la propiedad urbana; en la inversión bursátil y el sistema bancario, en los que cuatro grupos controlan el 80 por ciento de los activos. En suma, un país muy antidemocrático.

Abundan los datos contundentes que permiten ratificar esa condición ilegítima. Es el tercero peor en repartición de renta en Latinoamérica después de Brasil y Guatemala (Cepal, 2017); el 1 por ciento más rico concentra el 40,6 por ciento del total de la riqueza (Londoño), y de cada 100 pesos de ingreso, al 50 por ciento de la población –los más pobres– solo le llegan 17, mientras que al 10 por ciento más rico le tocan 40 (Suárez).PUBLICIDAD

Tampoco está exenta de desequilibrios la estructura empresarial. De 1.380.000 firmas estudiadas, las primeras 3.600 acaparan 40 de cada 100 pesos de las utilidades totales, y algo similar o peor ocurre con la propiedad de los activos para la mayoría de los sectores (Acopi. Bogotá, 2018).

A estos cuadros se suman similares en distintas áreas de la vida social. Según el PNUD, Colombia ocupa el puesto 101 en desigualdad de género, por debajo de Cuba, Brasil, El Salvador o México, y se expresa con énfasis en el empleo. En la pandemia, en el trimestre junio-agosto de 2020, la desocupación en las mujeres llegó a una de cada cuatro. Sin embargo, entre las jóvenes subió a más de una por cada tres, y la brecha salarial con los hombres es del 13 por ciento menos (Dane, 2019).

En el empleo también se manifiesta el desbalance. La mitad de los ocupados está en la informalidad y el 88 por ciento con remuneración laboral gana menos de dos salarios mínimos (Dane, 2020). La educación no está exenta de las execrables exclusiones: de 100 niños y niñas que entran a primaria, 44 aprueban el grado once, pero solo 21 logran entrar a la universidad y apenas diez terminan la educación superior, lo que reproduce sin solución las diferencias por generaciones (Acrees).

Lo de la seguridad social es aberrante. Pese a leyes y sentencias, los planes de beneficio en salud siguen discriminando a los afiliados de los distintos regímenes, y el acceso real, la atención y el servicio dependen del bolsillo. En el sistema pensional apenas tiene mesada una de cada cuatro personas en edad de jubilarse. De lo más perverso es la distribución de la tierra. Aunque las pequeñas propiedades son 1,7 millones, apenas ocupan el 2 por ciento del área rural. En contraste, las que tienen más de 1.000 hectáreas engloban tres de cada cuatro de las hectáreas totales (Dane-CNA). Peor, imposible.

Distintos autores explican las causas de tan bárbaras expresiones de discriminación. Thomas Piketty, en El capital en el siglo XXI, asevera que el “análisis erudito jamás pondrá fin a los violentos conflictos políticos suscitados por la desigualdad”. Joseph Stiglitz, en el Capitalismo progresista, dice: “La desigualdad económica se traduce inevitablemente en poder político y quienes lo ejercen lo utilizan en beneficio propio”. Angus Deaton, en El Gran Escape, afirma que quienes logran escabullirse hacia el bienestar “pueden bloquear los túneles detrás de ellos” y Ha Joon Chang, de Cambridge, indica: “El fracaso de construir una economía más igualitaria e innovadora es lo que está en el corazón de las protestas latinoamericanas” (BBC).

El que los más pobres requieran 600 años para obtener con sus exiguas entradas un patrimonio igual al del 1 por ciento más rico (Espitia) o que deban pasar 11 generaciones, 330 calendarios, para salir de la penuria (Ocde) permite concluir que Colombia, fuera de ser de las naciones más desiguales, es, de facto, la tierra de absurdas desigualdades. La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz: “La globalización y la liberación de los mercados causaron un deterioro en la distribución que no se contrarrestó con el estado de bienestar de transferencias” (Sarmiento, 2020).

Confecciones y textiles: Comercio tramposo y traición de Duque

La crisis lleva a tendencias agresivas: China busca prendas hechas con salarios de miseria en África, Haití y Myanmar, pero se queda con los textiles; el comercio electrónico avanza y surge el mercado del usado.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El sector de confecciones y textiles es el más sensible al llamado libre comercio por la incidencia en el empleo. Aun con procesos robotizados, en el mundo hay 430 millones de trabajadores, la mayoría mujeres y muchas jefas de hogar (Banco Mundial, 2017). Esa fuerza, con su ingreso, consume otros bienes y servicios y en Colombia es primera fuente de ocupación industrial, 13 por ciento del total (EAM-Dane, 2019). El diseño del mercado global de vestuario y telas fue estructurado por dos decenas de trasnacionales de marca y comerciales, que no fabrican nada, pero que controlan las redes de distribución, aliadas con países de mano de obra barata que subsidian sus manufacturas. En Vietnam, Bangladesh y Sri Lanka el salario promedio por hora es 65 centavos de dólar; China, con instalaciones de propiedad estatal, devuelve hasta 17 por ciento de IVA a su exportador; Bangladesh paga los servicios públicos y da créditos subsidiados; Vietnam produce en parques industriales y zonas rurales, y alienta relaciones con importadores, aun con chinos que triangulan, y en India dan préstamos de bajo costo a fabricantes para tecnología.

Asia, con trucos impropios de libre mercado, o dumping por bajo estándar laboral y ambiental, es primer exportador mundial con el 65 por ciento, cuando en 2000 era 30 por ciento. En paralelo, se disparó la superproducción que afecta a gigantes como H&M con 4.700 almacenes e inventarios no vendidos en 2018 por 4.300 millones de dólares; o Nike, en el que crecieron en 2019 a 5.415 millones, el doble de 2010; o Zara, que duplicó en diez años las tiendas, pero solo aumentó 37 por ciento la venta por local. En la primavera de 2020, con el shock por la covid, acumularon 200 millones de dólares más en existencias (Reuters).

La crisis lleva a tendencias más agresivas: China busca provisión de prendas hechas con salarios de miseria en África, Haití y Myanmar, pero se queda con los textiles; India apunta como centro de moda; el comercio electrónico avanza; surge el mercado del usado y en arriendo; se reduce el ciclo de vida del producto para aminorar bodegajes, y se robotizan fábricas que producirán millones de camisetas a precios de quema. En esta guerra la reacción, según el FMI, es escalar aranceles. ¿Y Colombia? En 2019, el consumo de productos nacionales –133 referencias, sin calcetines ni calzado– fue de 303 millones de unidades y valió 6,8 billones de pesos, seis prendas al año por habitante a 22.500 pesos cada una, cinco veces inferior a Europa (EAM-Dane). Las importaciones, que cuadruplican las exportaciones, vienen 70 por ciento de China y Asia –incluidos millones de tapabocas en 2020– y valen 2,5 billones de pesos (Dian), con lo que el consumo legal total es 9,5 billones. Al confrontar con datos de Raddar, el egreso en vestuario, como 55 por ciento de todo el gasto en moda, es de 12 billones de pesos, y así aparecen sin explicación 3 billones, provenientes del contrabando, incluido el de tipo técnico. The Economist escribió en 2018: “Colombia es de los países activamente negligentes con las prácticas ilícitas”.

Los factores de producción cuestan más que a nuestros competidores: la tasa de interés del crédito y el valor del kilovatio hora son mayores que en Estados Unidos, India, Vietnam y China. Con ese costo país, fuera de la mala infraestructura, Colombia va atrás en competitividad industrial.

Clamores del empresariado confeccionista y textil frente a tales desventajas se concretaron en el Plan de Desarrollo al aprobarse en el Congreso aranceles exclusivos a los orígenes asiáticos sin TLC del 37,9 por ciento para compras menores a 20 dólares kilo. Pero Duque, traicionando promesas de campaña, apoyó con sus ministros a gremios importadores que los demandaron, y la Corte Constitucional aceptó por razón de competencia entre poderes.

El Ministerio de Comercio expidió entonces el Decreto 1419/19 que aplicó arancel de 40 por ciento a compras menores de 10 dólares kilo y, para las de precio superior, de 15 por ciento más un dólar de recargo. Una burla, porque el gravamen más fuerte no cobijó ni a 10 por ciento de las importaciones, de géneros menudos y baja calidad. Ahora repite la farsa al subirles a las mayores de 10 dólares, como yines y camisas, un ínfimo sobreprecio de 0,5 dólar sujeto a revisión en seis meses, y en el colmo del agravio el Centro Democrático en acto histriónico lo celebra como promesa cumplida. “Libertarios” e importadores arguyen que el precio del vestuario crecerá 25 por ciento, cuando tan delimitadas medidas incidirían a lo sumo en la quinta parte del consumo. Omiten que el triunfo mercantil de Asia en este ramo es de los más sucios de la globalización en un mercado de 400.000 millones de dólares año, y, con otros analistas, tapan las 20 grandes compañías promotoras que atesoran 97 por ciento de las ganancias (McKinsey & Company, 2019).

Gobierno Duque: acaba la ficción de los “tres huevitos”

Con artimañas fiscales, Carrasquilla y Duque intentan mitigar el pánico de perder el grado de inversión en la calificación del crédito. Colombia, al borde del abismo.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Los problemas judiciales de Álvaro Uribe no cesarán, ya que, a la preclusión de su proceso, propuesta por el fiscal Jaimes, seguirán demandas y apelaciones, sin descartar todavía un juicio. Asimismo, el testimonio de Mancuso en la Comisión de la Verdad, a instancias de Rodrigo Londoño, podría presentar versiones comprometedoras sobre la masacre de El Aro de octubre de 1997 y sobre el crimen del abogado Jesús María Valle, declarado de lesa humanidad e investigado por el Tribunal Superior de Medellín desde febrero de 2019.

Sin embargo, Uribe tiene mayores apuros políticos que dichos eventuales encartes penales: ha caído el telón del relato de los “tres huevitos” porque de sus componentes, seguridad democrática, entendida como que “se puede volver a la finca”, cohesión social y confianza inversionista, no queda ya casi nada en el gobierno de Duque. ¡No creyó que se harían tortilla en el mandato del “que él dijo”!

Según Cerac, “Las muertes por violencia política aumentaron” al pasar de 139 en 2019 a 189 en 2020, 328 en los dos años. Y también en 2020 hubo un alza significativa “en las muertes de civiles no combatientes, 21, que se cuadruplican frente a 2019, por parte del ELN”, con “alrededor de 4 mil combatientes, un número desconocido de milicianos” y siete frentes de guerra (InSight Crime, 2020). El Tiempo informó que el Clan del Golfo actúa en 124 municipios con 3.260 elementos, e Indepaz notificó (agosto/2020) que en 2019 había 261 con actividad de intensidad alta de grupos narcoparamilitares y 91 de las disidencias y grupos pos-Farc con 3.400 miembros. Verdad Abierta, que acoge los criterios de la ONU, contabiliza 167 masacres entre agosto/2018 y marzo/2021, con 644 víctimas. Y la muerte violenta de 188 firmantes de la paz, 70 por ciento de todos los desmovilizados asesinados.

En los dos primeros años de Duque, la ONG Somos Defensores contó 317 líderes y lideresas ultimados; el alcalde de Cartagena del Chairá, como otrora, despacha afuera, y en 2021 van 11.150 desplazados en Colombia (SEMANA, marzo 8). Duque puso en entredicho el acuerdo de paz y como paradoja hizo trizas la leyenda de seguridad democrática. Tanto es así que 90 por ciento de la población en las primeras capitales percibe que Colombia empeora en inseguridad, algo que se ha pretendido endilgar a las alcaldías (Invamer, febrero 2021). Un caos.

Ni hablar de la cohesión social. La Encuesta de Pulso Social (Dane-2021) es un sopapo para Duque y Carrasquilla, que, con un indolente gasto público, postraron al menos 3 millones de personas más en la pandemia del covid. De 89 por ciento de los hogares que consumían tres comidas al día, ahora solo dos de cada tres lo hace; apenas 10 por ciento de las familias consiguen ahorrar, mientras que la quinta parte dice no tener ingresos; escasamente, una de cada diez expresa disponibilidad para comprar bienes duraderos, y un ínfimo 4,3 por ciento planea adquirir vivienda. Aunque 25 por ciento de las personas recibieron ayudas, la cobertura fue insuficiente, y los montos, mínimos. Una catástrofe.

Los resultados económicos trascienden el del PIB en 2020 de -6,8 por ciento en recesión. La caída en picada de la construcción, la manufactura y la minería, además la de inversión productiva en -17 por ciento y del repunte del desempleo al 17,3 por ciento, arrojan un cuadro desolador. La inversión extranjera directa, la variable de cierre, disminuyó 35 por ciento, y las exportaciones bajaron 15 por ciento, una afectación de las cuentas externas que impelió moderar el altísimo déficit en la balanza de pagos con el préstamo del FMI por 5.300 millones de dólares. Con artimañas fiscales, Carrasquilla y Duque intentan mitigar el pánico de perder el grado de inversión en la calificación del crédito. Colombia, al borde del abismo.

Agréguese el dramático sendero de la vacunación no solo por la tardanza en iniciar, sino por el paquidérmico ritmo diario que implicaría cinco años para alcanzar con un par de aplicaciones la inmunidad de rebaño hasta 35 millones de personas. Uribe sabe de la debacle y del cobro político que le espera. Abatido invoca ayuda para el agro cuando fue él quien negoció el TLC que lo arruina; pide apoyo al trabajo, pero hizo la Ley 789 de 2002 que menoscabó los ingresos laborales; solicita gratuidad en la educación superior, pero fomentó la privatización de universidades públicas y les cercenó el presupuesto; habla a nombre del empresariado, pero lo ha engañado por décadas con falsas promesas, como a textileros y confeccionistas, paneleros y productores de etanol y agrodiésel.

El final del cuento de “los tres huevitos”, el trillado espantapájaros del castrochavismo, el número 6.402 de falsos positivos y la antidemocracia en el ejercicio del poder envían señales en contra del que diga Uribe. De ahí su nervioso ¡Ojo con 2022!

Otto Bula: un Aladino del siglo XXI

Dos hechos acusan al exsenador del Partido Liberal, Otto Bula, en relación con el otrosí o adición al contrato original de la concesión Ruta del Sol 2: por un lado, el boletín de la Fiscalía General que señaló que la firma Odebrecht lo contrató en agosto del 2013 para obtener el contrato, sin licitación previa, de la vía Ocaña-Gamarra, a favor de la Concesionaria Ruta del Sol S. A. S. y que “se le confió (…) la inclusión de ciertas condiciones económicas”, agregando que por esta gestión “recibió pagos desde Brasil por USD $ 4,6 millones, que fueron fraccionados”. Por otro lado, el departamento jurídico de la transnacional brasileña confirmó que los giros se hicieron por conducto de varias empresas de fachada en China.

Ratificados tanto el éxito de la gestión de Bula como los honorarios recibidos, es necesario explicar cuáles fueron las muy “favorables condiciones” que este lobista pudo obtener, incluyendo algunas por encima del propio contrato original. Entre las más relevantes vale destacar que, al dividir el número total de kilómetros de la fracción original por el valor completo de la obra inicial, el costo por kilómetro resulta en poco menos de $ 5.000 millones; sin embargo, al hacer la misma operación exclusivamente para el nuevo tramo, Ocaña-Gamarra, se sube tres veces y media más, hasta $ 17.000 millones por kilómetro.

Como el cierre financiero se funda en el número y la tarifa de los peajes permitidos, Bula logró meter otro gran gol: pasar de 5 a 7, uno cada 40 kilómetros, según informa Radio Guatapurí de Valledupar, y con una remuneración por vehículo igual a la de la troncal. Con relación a la tarifa, Bula consiguió, de modo adicional al incremento previsto, que subiera todos los años el 3 % más desde el 2015 y hasta que la remuneración llegara a un 15 % de sobrecargo.

Ahí no pararon las jugosas condiciones arrebatadas por Bula para el nuevo ramal. En genuina ganga consiguió que “el plazo total de la Concesión No. 001 del 2010 será de veinticinco (25) años (…), es decir, hasta el año 2035”, cuando en el contrato original era de solo 20. Y, finalmente, en un acto prodigioso, al venir de un particular, Bula gana, además de los compromisos de los ministerios de Transporte y Hacienda para implantar las nuevas condiciones, que este último adelante las vigencias futuras comprometidas para los años 2024 y 2025 para el 2016, 2017 y 2018, a golpe de más de 30 millones de dólares por año. A propósito de lo anterior valdría preguntar: ¿ya se le entregaron las primeras a Odebrecht?

Con ello, el valor general del proyecto subió a $ 3,6 billones (en pesos originales), incluyendo los adelantos mencionados, que deberían ser recuperados por Odebrecht y sus socios en el año 2023, y que, dado el caso de que así no fuera, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cubriría el faltante, cláusula que Bula logró insertar para cobijar también a la nueva carretera.

Como si se tratara de una vara de premios, Bula alcanzó la cúspide con la expedición, en octubre del 2014, siete meses después del otrosí, del documento Conpes 3817 sobre la “modificación” de la “importancia estratégica del proyecto vial autopista Ruta del Sol”, suscrito por el presidente Santos, por todo el gabinete de entonces, por el actual fiscal, Néstor Humberto Martínez, como ministro de la Presidencia y, por supuesto, por el vicepresidente, Germán Vargas, gran jefe de las vías 4G, categoría en la que Bula pudo introducir el ramal Ocaña-Gamarra, que va en sentido distinto a la vía matriz.

Ese documento Conpes recoge lo que consignó el otrosí, firmado siete meses antes, y una aprobación del Confis de junio del 2014. El paquete completo de la concesión total, sumados los cerca de 30 kilómetros de vía nueva, el mejoramiento de otros 33, la pavimentación de 18 y máximo 10 kilómetros de viaductos, mantiene una rentabilidad del 23 %, fruto de utilidades por $ 1,045 billones, sobre un total de usos de $ 4,48 billones (del 2013), con lo cual se concretó el máximo interés de Odebrecht.

¿Cuáles son los superpoderes de Otto Bula, que logró tales hazañas seduciendo al equipo técnico de ANI, al DNP e incluso al propio presidente Santos y al vicepresidente Vargas, descontando que también en dicho documento Conpes se busca “mejorar conexiones a puertos fluviales al norte y sur de Gamarra” que rondan intereses cercanos a miembros del gabinete? Definitivamente, es un Aladino del siglo XXI, alguien que cumple “todos los deseos”.