Mes: julio 2022

Con el TLC, Colombia ha retrocedido. ¿Por qué? La entrega del mercado nacional es razón primordial.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 2005, en la negociación del TLC con Estados Unidos, escribí el artículo “Matemáticas elementales para el TLC”. Mostré que, de las importaciones de Norteamérica, la oferta de Colombia no satisfacía los bienes más demandados. El TLC exportador era espejismo.

Entonces el ingreso anual estadounidense era de 11,7 billones de dólares (con 12 ceros) y las importaciones, de 1,48 billones. El 90 por ciento del mercado norteamericano se surtía de mercancíaspropias, y las mayores compras externas eran combustibles, automóviles, autopartes y tecnológicos como computadores y accesorios, maquinaria industrial, equipo de telecomunicaciones, de medición, médico, aeronáutico, y semiconductores.

Colombia proveyó ese año 1,8 por ciento de los combustibles, 0,18 por ciento de los bienes de consumo final y 1,1 por ciento en alimentos y bebidas como café, banano, azúcar, galletas y camarones. Las exportaciones nacionales a Estados Unidos fueron 8.479 millones de dólares (Dane), 0,57 por ciento de las compras estadounidenses.

Al pensar en revisar el TLC con USA a los diez años de vigencia, y si, como dijo el ministro Ocampo, no es “proteccionista” y “todo lo que hay que hacer es fomento exportador” (SEMANA), sirve comparar las matemáticas de 2005 con las de 2021 para mirar si algo cambió.

Las importaciones de Estados Unidos en 2021 en 142 referencias sumaron 2,83 billones de dólares (Census.gov), el doble de 16 años atrás. El ingreso de 332,18 millones de habitantes suma 23,02 billones de dólares, a 69.288 dólares por cabeza, que dedican 12 por ciento del consumo a mercancías extranjeras.

Los renglones más importados son iguales a 2005: farmacéuticos, carros, celulares, autopartes, computadores, semiconductores, aparatos electrónicos, de telecomunicaciones y médicos, vestuario, textiles y camiones. Colombia, de ellos, no suministra nada o casi nada y en petróleo crudo abasteció 3,2 por ciento de 130.000 millones de dólares totales (Census.gov).

Tras una década de TLC, el hidrocarburo junto con café, banano, flores, carbón, “otros alimentos” (azúcar, galletas, confites, pescado, aguacate y cacao), fuel oil, metalmecánica y envíos de menor valor venden más de 200 millones de dólares anuales y la novedad es el oro, por 1.568 millones de dólares, como en la Colonia (Census.gov).

Se reitera al mirar las 50 primeras compañías exportadoras desde Colombia a todo destino. Hay 29 extranjeras, las 19 principales en el sector minero-energético y en la petroquímica, cinco en café y flores, pocas en industrias, automotriz, metálicas, agroquímicos, cosméticos y resinas (Portafolio, 2019).

De 137 referencias vendidas en USA, 112 registran menos de 50 millones de dólares, solo 15 entre 50 y 200, y confecciones y textiles combinados un poco por encima de los 200. De todo lo que importa Estados Unidos, por 2,83 billones, las mercancías colombianas suman 13.177 millones de dólares, 0,46 por ciento, peor que en 2005 (Census.gov).

Con el TLC, Colombia ha retrocedido. ¿Por qué? La entrega del mercado nacional es razón primordial. En 2018, por 100 pesos de consumo de bienes industriales, incluso insumos, 44 eran de origen extranjero. Si las exportaciones son excedentes de las ventas internas, ¿cómo conquistar mercados afuera? El calzado lo ilustra. De 110 millones de pares demandados al año por los colombianos, 70 son importados. A Estados Unidos solo se exportan 200.000 pares por 7,5 millones de dólares. ¿Se renegociarán los TLC para enviar otro tanto allá antes que recuperar demanda aquí?

La ventaja comparativa no opera. Tal es el caso de las confecciones en USA. En julio de 2021, los diez países más vendedores, China, Vietnam, Bangladesh, India, Indonesia, México, Honduras, El Salvador, Camboya y Pakistán, colocaron 6.989 millones de dólares. ¿Apelar a la guerra salarial como ventaja absoluta? (https://apparelresources.com).

Hay barreras insalvables. La manufactura norteamericana tiene subsidios para exportar y para competir adentro. En 2016 hubo 86.000 millones de dólares en subvenciones; los recursos públicos compran 20 por ciento del PIB industrial (Saqueo, pág. 117) y esta semana pasó una ley por 280.000 millones de dólares que “acelerará la fabricación de semiconductores en Estados Unidos, bajando los precios en todo, desde automóviles hasta vajillas”(NYT). Predominan además duopolios y oligopolios: “Docenas de industrias están tan atrozmente concentradas que vale requerir qué hacen las autoridades antitrust” (Tepper-Hearn, 2019). ¿Los derrotaremos?

Con ese panorama, la revisión del TLC en los capítulos comerciales, pocos entre 23, debe centrarse, incluso con la pretensión exportadora, en la reconquista del mercado interno. La realidad muestra lo irrisorio de solo buscar más apertura en Estados Unidos. Sería un engaño.

¿El descomunal costo fiscal y los esforzados sacrificios de millones de costeños corren, revueltos con réditos de las subsidiarias de Utilities, a un agujero negro al exterior?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Desde 2005, antes y después de Electricaribe, los gobiernos nacionales gastaron 13 billones de pesos en subsidios sociales, inversiones, asunción del pasivo pensional y otros. Se subvencionó la operación y se abonó el terreno para Afinia y Air-e, que ganaron, en marzo de 2020, la subasta para el comercio y distribución de energía en la costa caribe.

En el caso de Air-e, la “adquisición de los activos” para operar en el Atlántico, Magdalena y La Guajira, avaluados en 2,44 billones de pesos, le fueron entregados por 285.000 millones, el 11 por ciento del valor. Resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) y decretos de MinMinas concretaron el artículo 318 del Plan de Desarrollo del Gobierno Duque –que llena los bolsillos “inversionistas”– y formaron un atractivo negocio en detrimento del servicio público.

A partir de “un régimen especial tarifario” para la costa caribe, las resoluciones 010 de 2020 y 078 de 2021 de la Creg colgaron sobrecargos y rubros adicionales, tanto que, de octubre de 2020, cuando se inició la operación, hasta mayo de 2022, la tarifa plena pasó de 487 pesos a 920, un exorbitante 88 por ciento que la Creg aprobó diferir por años y que ahora va en 713, el 46 por ciento, tras una tasa de retorno del 11,36 por ciento (Creg, Res. 007 de 2020). El viacrucis va en la mitad.

¿Cuáles las arandelas colgadas a la gravosa tarifa? Un kilovatio base más caro; las pérdidas eléctricas reconocidas del sistema, factor que en 2020 era de 41 pesos por kilovatio, se trepó a 280 en junio de 2022; el traslado del impuesto de renta al consumidor a tasa del 35 por ciento, cuando la efectiva es 17,6 (Villabona, UN); la financiación de las inversiones futuras imputada a la factura, aunque la ejecución del plan en 2021 para corregir pérdidas eléctricas, con corte al tercer trimestre, iba en 53 por ciento de la programada, y para la calidad de potencia apenas en 43 por ciento (Superservicios, abril/2022), y además la instauración de la leonina modalidad prepago. El Decreto 1231 de 2020 de MinMinas reforzó la facultad de hacer y deshacer.

Air-e, con la confabulación institucional, empuja la implantación de los contadores tipo AMI, que miden el consumo, el voltaje, la corriente y más datos, para hacer lecturas “inteligentes” a fin de garantizar plena recuperación de costos. Hay un plan piloto de 10.000 instalados en una zona de Barranquilla y es un pulso pendiente con la ciudadanía.

¿Qué tal la suerte de Air-e con tan generosa regulación? Los estados financieros depositados en la Cámara de Comercio de Barranquilla, fuera de registrar cartera por 426.000 millones de pesos, alguna heredada, arrojan pérdida neta en 2020 por 153.164 millones y para 2021 por 373.165. Esas cifras están afectadas por el rubro contable “deterioro de valor de activos” por 123.953 y 493.830 millones en 2020 y 2021.

Si a los números rojos de este último año 2021 se les quitara ese “deterioro”, una estimación contable proyectada por una consultora, afloran ganancias en pesos corrientes de 120.665 millones. Sin la artificiosa depreciación de activos, que también reduce el pago del impuesto de renta, de la contabilidad para 2021 resulta una rentabilidad sobre ingresos de 3,8 por ciento y 3,1 sobre activos (ver estados financieros Air-e).

Nada extraño, solo que 99,5 por ciento de Utilities Inc. nació como propiedad de firmas domiciliadas en Panamá, tuteladas por el bufete Obaldía y García de Paredes, con un carrusel de funcionarios comunes. A las originales Globus Capital Corp., Tiznow Finance, Barnes Finance y Ramber Latinoamericana, se añaden otras –locales y panameñas– en una intrincada telaraña. Por ejemplo, la asamblea de Utilities Inc. de agosto 13 de 2020 en Bogotá, en la carrera 8a. n.° 69-67, decidió que 99 por ciento de las utilidades del conglomerado se girarían a Globus Capital Corp. (ver acta art. n.° 6). Típico Panamá Papers.

¿El descomunal costo fiscal y los esforzados sacrificios de millones de costeños corren, revueltos con réditos de las subsidiarias de Utilities, a un agujero negro al exterior? Ojalá veedores sociales o la Liga de Usuarios del Atlántico o frentes amplios ciudadanos, como el de Riohacha, destapen a quienes declaran quebrantos contables en Colombia, pero giran jugosos dividendos a Panamá o quizás a otros destinos.

¿Pasará la herencia de Pipe por encima del “cambio” o será parte del variopinto Acuerdo Nacional, recargado por “los mismos con las mismas”? Veremos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Al iniciar su periodo conversé con Felipe Córdoba y le dije que esa posición podría ser plataforma para sentar un precedente contra tanto ladrón tradicional del erario y el despilfarro de recursos públicos. La era de Córdoba se rigió por el Acto Legislativo 04 de 2019, que adicionó el control preventivo y concomitante, y concretó un sistema de advertencias que aumentó el número de funcionarios a 6.829 y el presupuesto a 1,33 billones, triplica el de 2019 (SEMANA 15/1/2022, “Control descontrolado”).

Terminó en chasco. Según denuncias de Valeria Santos y Sebastián Nohra en Blu Radio, a dos contralores delegados que visaban proyectos del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), luego de ser aprobados, les valió para cobrar coimas. Eran parte de un carrusel con alcaldes, congresistas conservadores como Merheg, Ape Cuello y Manzur, señalados en la investigación, y el director de regalías de Planeación Nacional (DNP), Álvaro Ávila, “coterráneo y copartidario” del director, Luis Alberto Rodríguez. Se estima el desfalco en centenares de miles de millones de pesos, y los contralores Quiroz y Gualdrón, de acuerdo con la acusación, pedían 2 por ciento de la contratación tramitada.

Córdoba deshonró asimismo la gestión de la Contraloría en el proceso de Hidroituango contra Sergio Fajardo. Con el escándalo en plena campaña electoral, fue evidente la dañina motivación cuando, como se había advertido, el seguro cubrió los costos del detrimento patrimonial. En la firma del pago de la póliza entre Mapfre y EPM, tras haber puesto en la horca a Fajardo y a 25 personas más, dijo con solemnidad: “En el momento en que se salden los 4,3 billones de pesos no habrá inhabilidades ni sanciones para ninguno de los 26 (sancionados)” (El Tiempo, 10/12/2021). Sentó el funesto precedente del control fiscal amañado como arma política.

A los desatinos institucionales, del control preventivo vuelto previo o del abuso para afectar carreras electorales, se añaden espinosos asuntos que envuelven a Felipe Córdoba. El primero es el deliberado ocultamiento del valor real de una mansión de 1.083 metros cuadrados en un lote de 4.158 en la zona de mayor valorización en Pereira, Malabar, a medio millón de pesos por unidad de terreno, que construye la “sociedad conyugal vigente” con Marcela Yepes (El Espectador, julio 3 de 2022).

En la crónica sobre esta edificación se relatan asimismo los vínculos que ha tenido con empleados y recursos técnicos de la firma constructora Grupo Rivera, la misma que le vendiera a la Contraloría un edificio en obra negra para la sede en Pereira, por 5.184 millones de pesos, después de adquirirla, tres meses antes, a un banco por 3.200. Al mismo contratista se le adjudicó la obra de adecuación por otros 6.973 millones. ¿Cómo fueron los concursos para el terreno y para los acabados que ambos beneficiaron al mencionado grupo? (El Espectador, idem).

El segundo es el doctorado exprés, que le permite a Pipe cargos futuros en las cortes o la Fiscalía. La documentación exhaustiva, de disímiles fuentes, da cuenta de que, en ejercicio de funciones de tiempo completo, en “dos años y medio se graduó de abogado de la Universidad Politécnico Grancolombiano y obtuvo, además, el título de un doctorado en la Universidad de Jaén en España”, con reconocimiento cum laude. Una revisión académica y periodística, que encontró inconsistencias, plagios y manipulaciones ideológicas en el trabajo de grado, dio para el sonoro titular: “Summa cum fraude” (Caracol Radio, 2/6/2022).

Antes de que el Tribunal de Cundinamarca resolviera “rehacer la lista de elegibles” por razones de mérito y género (14/2/2022), Córdoba había formado un elenco de diez personas para la sucesión. Ocho de su cuerda: seis burócratas de la Contraloría, incluidos Quiroz y Gualdrón, más el excontralor de Bogotá, Andrés Castro, y Luis A. Rodríguez, exdirector del DNP, enredado en la manchada tramitación de proyectos PDET.

Toma fuerza María Fernanda Rangel, directora de una división de la Contraloría, la Diari, que recibía las hojas de vida recomendadas por los politiqueros y colocaba la clientela, como la del corrupto Mario Castaño. Tiene trayectoria, de empleada o contratista, en la Presidencia, el Ministerio del Interior, el Senado, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Previsora, siempre apadrinada, y es de oídas su cercanía con Roy Barreras, el eficaz lobby a su favor del “gordo” Bautista, paisano cucuteño, y el segundo grado de consanguinidad con los dueños de la emproblemada empresa operadora del relleno Doña Juana de Bogotá. La campaña a la Contraloría, con base en el directorio cordobista, está en marcha. ¿Pasará la herencia de Pipe por encima del “cambio” o será parte del variopinto Acuerdo Nacional, recargado por “los mismos con las mismas”? Veremos.