junio 2022 – Aurelio Suárez M.

Revolcón 2.0

junio 25, 2022septiembre 20, 2022 Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Ese “remezón”, que clausura el ciclo del uribismo, está circunscrito a un marco restrictivo y en particular a la tutela de Estados Unidos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Decía Francisco Mosquera en tiempos del Revolcón gavirista que son “remezones sociales tan comunes en nuestra crónica republicana, que sin implicar una revolución (…) precipitan el eclipse de criterios o esquemas” y con él “la caída de los hombres que los esgrimieron” y el “ascenso” de los “llamados a llenar el vacío” (F. Mosquera, Omnia consumata sunt, 10/11/1990).

Guardadas circunstancias, aunque asomen actores de reparto comunes como el exministro Hommes, la frase encaja en lo acaecido el 19 de junio de 2022 en Colombia. Aparece inédito que Gustavo Petro, quien se considera militante de “la política de la vida” (El Tiempo, 07/09/2021), y Francia Márquez, mujer afrodescendiente y víctima del conflicto, se eligieran presidente y vicepresidenta del país.

Ese “remezón”, que clausura el ciclo del uribismo, está circunscrito a un marco restrictivo y en particular a la tutela de Estados Unidos. Petro, que declara “acercamiento fuerte” con fracciones del Partido Demócrata, exteriorizó en ocasiones su apoyo a Biden y, en reciprocidad, “como un acumulado”, emprenden ahora de “compañeros políticos” “el comienzo de una relación intensa” (Noticias Caracol, 22/06/2022).

Se correlaciona con la iniciativa del Tío Sam de fortalecer vínculos y ordenar casas para afianzar la estrategia hegemónica de afrontar el reto de China y contener a Rusia, y más todavía en el “patio de atrás”. Se pregona la “regionalización”, sucedánea de una globalización atascada, al “sacar los centros de producción de Asia y acercarlos a casa”, aumentar el capital estadounidense que hoy tienen 113 compañías y aprovechar una mano de obra que estiman en 2,61 dólares/hora, que abarca migrantes e informales, “menos de la mitad de los costos laborales actuales en China” (Diálogo Américas-Colombia estudio de caso-D. Sickles-22/04/2022).

“El momento geopolítico de este cambio es crucial, ya que Colombia tiene el potencial de convertirse en centro de producción regional y posiblemente global”, acorde con algunas voces que tienen eco en Antony Blinken, quien anuncia “un hemisferio más democrático y equitativo” al formalizar la fuerza laboral de bajo costo. Biden revalidó ese designio en la Cumbre de las Américas (france24.com).

Se plantea, asimismo, incrementar inversión en “seguridad y defensa” al prescribir que las agencias estadounidenses deben enfocarse en renovada asociación bilateral con Colombia. Algo que Petro acepta siempre que se “supedite al estricto cumplimiento de los derechos humanos”, como se lo señaló a Bernie Sanders (Twitter 9/09/2021).

La ley de 200 años de la relación Colombia-Estados Unidos, que los senadores Menéndez y Kaine introdujeron en el Congreso norteamericano, “S.4334-United States-Colombia Bicentennial Alliance Act”, sintetiza el contexto: “Aumenta las inversiones en empresas mediante el establecimiento de un nuevo Fondo Empresarial Colombo-Estadounidense por 200 millones de dólares y promueve nuevos esfuerzos para reducir la dependencia de Estados Unidos de las cadenas de suministro chinas”; “fortalece la asociación entre Estados Unidos y Colombia en materia de seguridad internacional, defensa, derechos humanos, derechos laborales” y “facilita nuevas oportunidades para mujeres empresarias y miembros de comunidades afrocolombianas e indígenas y programas de asistencia humanitaria”. Regirá las relaciones.

Disposiciones de dicha bitácora, casi un programa de gobierno paralelo y coincidente, trazada desde Washington, serían: formalización laboral; implementación oportuna del acuerdo de paz; promoción de la cooperación bilateral en seguridad y ciberdefensa; información clasificada sobre disidentes de las Farc y actividades malignas de Estados extranjeros; combate a la corrupción; resguardo de los defensores de derechos humanos; protección a bosques tropicales; abastecimiento responsable de oro y negativa a financiar herbicidas para erradicación aérea de coca.

(Ver docuemento).

El curso de esos programas, que en general suenan progresistas, envuelve no alterar la política económica ni la disciplina fiscal del FMI; acatar recomendaciones de la Ocde; reafirmar los TLC; cumplir los deberes de la designación de Colombia como aliado estratégico No-Otan de Estados Unidos y permanecer en el Tiar, el medio de intervención de US Army en territorio continental; es decir, la prórroga de la recolonización integral.

En tanto no cambia este núcleo de políticas esenciales implantadas a partir del primer Revolcón, se enseña como meritorio curar secuelas sin atacar causas, un libreto para el nuevo mandatario Petro en alianza con tres expresidentes –encabezados por Santos– y también con ejecutores de varias de ellas. Revolcón 2.0.

Verdades Vías IP, auténtico saqueo

junio 18, 2022junio 22, 2022 Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Al convertir flujos a 30 años con tasas del 14 por ciento, en otros con tasas del 8, hay instantáneas utilidades de cerca al 30 por ciento del valor de la emisión, ¡sin trabajar! Vías IP, auténtico saqueo.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En respuesta a Juan M. Caicedo en la edición 2083 de SEMANA, quien se quejó (SEMANA, n.º 2082) de que yo había puesto “en entredicho” y tendido “manto de duda” sobre el “virtuoso modelo” cuando escribiera sobre “Verdades 4G” (SEMANA, n.º 2081), advertí que ahondaría en el análisis y anuncié el capítulo “Verdades IP”.

Las concesiones viales de los años 90 y la primera década del siglo XXI fueron problemáticas. Según la Ocde, entre 1994 y 2010 seadicionaron 25 contratos, 430 veces, con un costo de 5.600 millones de dólares y 131 años de más en el término concesionado. ¡Escándalo! (Saqueo, págs. 579-580). Sobresalen Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS) del Grupo Solarte, Bogotá-Los Alpes, Bogotá-El Vino, Autopista del Café y Ruta Caribe 1. Para corregir el estropicio se expidió la Ley 1508, que reemplazó al putrefacto Inco por la ANI y creó los contratos de cuarta generación (4G), los que, se aseguró, erradicarían los torcidos contratos a perpetuidad.

Hecha la ley, hecha la trampa. La 1508 dejó la posibilidad de contrataciones expeditas en forma de alianzas público-privadas de iniciativa privada (IP). En efecto, después de la adjudicación de las primeras 20 vías 4G, vino un diluvio de 10 IP cuando un club de prestantes constructores se hizo adjudicar concesiones que en realidad fueron extensiones de las que tenían. “Vuelve el pollino al trigo y la mula a la cebada”.

Un recuento de casos evidenciará que los añadidos se pactaron en detrimento del erario y del bolsillo de los usuarios. La IP Antioquia-Bolívar, premio a Constructora Cóndor, con ocho peajes y cinco de ellos en Córdoba, salió de la contraprestación de la fallida Cesar-La Guajira, por la rebeldía de la población contra las casetas de peaje, y luego de que la ANI pagara 120.000 millones de pesos por indemnización.

A los concesionarios de la autopista Norte en Bogotá, MinCivil, se les alargó desde la calle 220 hasta La Caro y la variante Chía y, también para MinCivil, en el Valle de Aburrá, la que iba de Bello a Don Matías se estiró hasta el Alto de Dolores con el rebautizo de Vías del Nus.

A Odinsa le añadieron un anillo vial alrededor de Villavicencio y la mejora de la vía a San Martín, a lo que ya tenían hasta Puerto Gaitán, para crear la malla vial del Meta. Aun así, insatisfecha, acudió a un tribunal que, en su contra, exigió cumplir con la inversión comprometida y la ANI entonces facilitó un rediseño con bajo “riesgo de tráfico”. A Aval se le “reconcesionó” el tramo Bogotá-Villavicencio, que explota desde 1994 y empata con otra 4G de su portafolio, que va a Yopal.

La IP Caribe 2 es punto aparte. Favoreció a “Autopistas del Caribe”, que ya operaba Caribe 1, y cubre la misma ruta de la anterior (Cruz del Viso-Turbaco-Soledad). Se cobrarán 1,5 billones de pesos por construir menos de 100 km en terreno fácil, a razón de 15.000 millones de pesos por unidad, cuando el costo no debería superar los 4.000 millones, con un sobrecosto de 1,1 billones de pesos en total. La nueva concesión se otorgó contra la ley, ya que la primera no había terminado y cuando aún Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte condenado por recibir 6,5 millones de dólares de Odebrecht, era gerente de KMA, socio mayor del concesionario. Vergüenza.

Colpatria y otra vez MinCivil (cero y van tres) cogieron más de la piñata. Les ampliaron Girardot-Espinal-Ibagué a Cajamarca, como en todas las IP, a dedo. De lo más colorido es Cambao-Manizales. Asignada a Mota-Engil, la portuguesa que debió construir 248 colegios, de los que entregó solo 17 (SEMANA, 19/9/2019). En asocio con varios, como Icein o Alicia Naranjo de Pinzón (Alca Ingeniería SAS), consuegra de Juan Manuel Santos, y exdirectora de Invías de Uribe (2003-2004), planeaba atravesar el Parque Nacional Los Nevados, un proyecto inviable por razón ambiental. Al final, se transó por el mantenimiento de la red vial del norte del Tolima.

Ciudades y regiones como Cartagena, Montería, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Villavicencio, Palmira y el Valle del Cauca o Córdoba quedan cercadas por peajes para favorecer el cierre financiero, en jugoso contubernio inversionista. Las rentabilidades programadas con los supuestos de recaudo de peajes y tarifas de los proyectos, y a los cuales se compromete la nación, son entre 11 y 14 por ciento real anual, durante toda la concesión.

Los bonos de financiamiento pagan 2 o 3 por ciento de interés por encima de los colombianos e internacionales con plazos comparables. Goldman Sachs los promueve, “son riesgo Colombia, con garantía de la nación, con tasas más altas”. Al convertir flujos a 30 años con tasas del 14 por ciento, en otros con tasas del 8, hay instantáneas utilidades de cerca al 30 por ciento del valor de la emisión, ¡sin trabajar! Vías IP, auténtico saqueo.

Volcán social

junio 11, 2022junio 22, 2022 Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Quien gane las elecciones del 19 de junio venidero, tras vítores y ceremonias, se enfrentará con el volcán social en vías de erupción. Será la hora de nona.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La contradicción principal en Colombia es entre las políticas económicas neoliberales de las tres últimas décadas y el sufrimiento, la estrechez, la bancarrota y la desolación causados a millones de hogares y a empresas y a estratégicos sectores productivos. Las expresiones más crudas han sido el paro nacional iniciado en abril de 2021 y las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022, en las que, como dice Adam Isacson, “el candidato elegido por la arraigada élite política colombiana no es uno de los finalistas (…) los colombianos están al límite” (WOLA, Isacson, 3/6/2022).

Quedaron dos candidatos “a favor del cambio”: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. El dilema es por cuál de los dos se decidirá la mayoría, bajo la premisa de que, como describe Isacson, hay coincidencias programáticas como implementar el acuerdo de paz, negociar con el ELN, reanudar relaciones con Venezuela, confrontar la política antidrogas, garantizar la protesta social y oponerse al fracking.

No obstante, hay diferencias. Las más importantes son el compromiso anunciado por Petro de aceptar la disciplina fiscal del FMI (El Tiempo/ 14/05/2022), que está en la esencia de la ruinosa política neoliberal. Lo avalará con una reforma tributaria de 50 billones para abonar la mitad a la deuda pública y además los expresidentes Santos y Samper, de manera directa o mediante alfiles, inciden con determinación en la ruta del Pacto Histórico. Rodolfo Hernández habla del fin de la era Uribe y marcó distancia con 20 puntos básicos, enfatiza en la lucha contra la corrupción de la politiquería, la erradicación de la pobreza y la reactivación del campo, la industria y la autosuficiencia alimentaria.

El debate no se centró en esos enfoques. Se interpretó la votación mediante la superposición de dos mapas: el de los resultados electorales del 29 de mayo sobre el del plebiscito por la paz en 2016, para concluir que los votos de Hernández eran “uribistas”. Se descartó a priori el carácter independiente que expresaron “descontentos con el statu quo”, pero “opuestos a Petro” (Isacson) y no se decantó por qué un empresario nacional, con deficiencias notorias y ocurrencias, recogió a millones de ciudadanos que cambiaron de actitud frente al régimen imperante. De personas que encauzaron así su descontento, quizás muchas de las cuales no acuden a la protesta pública, votaron con rebeldía. Un contingente significativo.

Este sorpresivo hecho fue condenado ipso facto y expuesto al matoneo, como en el escrito ‘Rodolfo de Hamelin’, en el que se les atribuye a dichos seguidores la condición de roedores (Figueroa, Las 2 Orillas). Tal como se vio en audios y videos en la primera vuelta (SEMANA), voceros del Pacto Histórico, como estrategia orientadora, abundaron en epítetos despectivos como “hampón”, “misógino” y “populista”, y hasta descripciones de una “personalidad psicopática”. El expresidente Samper equiparó a Hernández con el “pato Donald” y el “caballo de Troya”, y el candidato Petro lo remató como “talibán de Afganistán”.

Lo preocupante de este proceder, fuera del efecto electoral que tenga, es imaginar si tal será el trato a la oposición a un eventual gobierno petrista. Conducta peligrosa que intimida sobre la que vale dejar constancia. Se asemeja a la tesis de “el oro y la escoria”, practicada en épocas pretéritas, en la que un bando se arrogaba poseedor de la doctrina pura y al otro se le estigmatizaba como “la hez de la tierra”. Cabe advertir, como enseñan los manuales de convivencia, que la agresión verbal es la antesala de la violencia física.

Quien gane las elecciones del 19 de junio venidero, tras vítores y ceremonias, se enfrentará con el volcán social en vías de erupción. Será la hora de nona. ¿Se lo intentará desactivar “controlado”, como dice Alejandro Gaviria, enrutando la lava por los canales de la disciplina fiscal del FMI, un control tutelado por el renombrado neoliberal y banquero de inversión Rudolf Hommes en la directiva petrista, acaso con saldos para un margen de gasto en política pública?

Poner las fuerzas sociales y económicas nacionales, incluidos los activos del subsuelo convertidos en activos sobre la tierra (Stiglitz, 2003), como energía productiva transformadora y en forma armónica, con el Estado como promotor, sería la genuina explosión volcánica de una nueva Colombia, por el bienestar de “las clases medias descontentas” (Isacson) y 20 millones de pobres dentro del absoluto respeto democrático.

Pasa sine qua non por remover los ucases de saqueo de las instituciones financieras internacionales, y, en contra de lo hecho en 30 años, no acatarlos sin reparo. Concretaría mi opción política, lo que el país requiere aquí y ahora, que, por no hallarla en ningún candidato, será en blanco.

Bogotá en el limbo

junio 4, 2022junio 22, 2022 Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

¿Frente a estos nacientes filones, todos a cargo de la ciudadanía, podrá la política pública paliar los menoscabos al bolsillo popular? ¿Seguirá Bogotá en el limbo, esa conjunción de oligopolios con privaciones sociales?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 2017 escribí el libro Bogotá en el limbo: estructuras de poder que se lucran de la capital. Muestro que, durante 30 años, bienes públicos esenciales urbanos se entregaron a grupos privados con lucrativas tasas de ganancia, venidas de altas tarifas y subvenciones públicas. Se desató, asimismo, la especulación del suelo con exageradas plusvalías.

Un proceso continuo, desde Jaime Castro, con Mockus, Lucho Garzón y Samuel Moreno, hasta Gustavo Petro, que no fue excepción, y Enrique Peñalosa, el que más. Privatizaciones, contratos, prórrogas, subastas, planes parciales, valorizaciones, descapitalización de empresas adquiridas y fusiones que cedieron a inversionistas el aseo, energía eléctrica, plantas de agua potable y residual, transporte, salud, educación y APP, como la concesión por 25 años del coliseo El Campín a un grupo colombo-chileno, al final del Gobierno Petro.

Como “no hay almuerzo gratis”, este, a cargo de la ciudadanía, en 2004 había montado una “bomba social”. Uno de cada tres bogotanos estaba en pobreza monetaria, en extrema el 6 por ciento, la desigualdad en ingresos, medida por índice de Gini, era casi 0,56 y un hogar de estrato uno gastaba 29,1 por ciento del ingreso para servicios públicos, comunicaciones y transporte (op. cit., págs. 77, 170-171). Lucho Garzón, en plan desactivador, adelantó programas como salud en casa, educación gratuita, comedores comunitarios, cultura y participación ciudadana.

El bazar del patrimonio público no paró en medio de refuerzos y regresiones en el campo social. En 2015, al final de la administración Petro, los hogares con ingreso apenas suficiente para gastos mínimos eran el 62,2 por ciento, la reducción de la pobreza extrema se estancó, el índice Gini quedó en 0,497 y bajaron los menores de cinco años en jardín (op. cit., pág. 167).

Con Peñalosa II, el desempleo volvió a dos dígitos, la pobreza monetaria retrocedió al 27,2 por ciento, la extrema se dobló al 4,2 y la desigualdad, según índice de Gini, trepó a 0,513, la tercera más alta del país (Dane, 2019). De espaldas a esta realidad, ideó más negocios tipo “modelo Transmilenio”, en la operación del transporte y el aseo, en el mercado inmobiliario, en la venta de acciones del Grupo Energía Bogotá (GEB), troncales licitadas y el metro elevado.

El polvorín detonó en 2019, amplificado por el paro nacional de 2021 en la postpandemia. La desocupación en 2021 cerró en 16 por ciento; la pobreza, en 35,7 y la indigencia, en 9,4 (Dane, 2021).

La administración de Claudia López impulsó nuevos programas sociales. Por ejemplo, Parceros en Bogotá para 9.610 jóvenes, que reciben transferencias de medio salario mínimo por actividades de servicio, preventivas en salud y violencia, mantenimiento de locaciones y parques o rutas de empleo o perciben financiación de la matrícula universitaria, y aspira a llegar a 15.000.

Al articular las distintas instituciones para brindar tiempo a las cuidadoras, amplía los servicios a quienes ellas atienden –a niños, niñas, personas mayores, y a quienes con discapacidad requieren asistencia– y promueve su desarrollo personal, ingresos adicionales, bienestar, estudio y participación social y política. Se creó el Sistema Distrital de Cuidado, que hace miles de atenciones en manzanas establecidas con instalaciones adecuadas, unidades móviles y otros medios de soporte.

No obstante, Claudia no dejó de privatizar: en cuanto al metro, adjudicará la operación a una firma particular, luego de endeudar al Distrito en 2,8 billones para financiar costos de inversión y sostenimiento. Igual plantea para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas con apalancamiento público por otros 2,8 billones en crédito.

Fusionó Codensa y Emgesa, donde el GEB tenía el 51,3 por ciento y 51,5, con las filiales de la italiana Enel, Essa-Centroamérica y Enel GP. En esa unión el GEB rebaja su porcentaje a 42,51 y, dado que el Distrito tiene 65,7 en el GEB, lo recibido al final por la Hacienda caerá al 28 por ciento de las utilidades, que podría descender al 24, de transarse otro 10 por ciento de sus acciones en el GEB, como está propuesto.

Cursa la cesión de El Campín en el proceso iniciado por Petro, ampliado por Peñalosa a nuevas áreas, y que abarcará 167.000 metros cuadrados de un complejo que incluye el estadio Nemesio Camacho. Un consorcio, que invertirá 280 millones de dólares, lo usufructuará por 30 años con un irrisorio cupón anual del 2 por ciento de las entradas para el Distrito.