Mes: marzo 2022

Como todo régimen pensional exige subsidio estatal, los ingleses reciben el 7,7 por ciento del PIB, los germanos, el 10,3 (Ocde, 2022) y aquí apenas el 1,25 para los pensionados de Colpensiones.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Cuando se expidieron en Alemania las primeras leyes de seguridad social y luego en Inglaterra al instaurarse los Seguros Sociales, el principio rector fue el de solidaridad colectiva, de ingresos altos a bajos y de jóvenes a mayores. Del apoyo mutuo y del Estado no se puede prescindir para un sistema equitativo y eficaz, pero en Colombia se desechó con la Ley 100 de 1993.

El thatcherismo revirtió grados de bienestar; no obstante, el gasto público social en el Reino Unido y Alemania, como porcentaje del PIB, es del 26,9 y 20,6, mientras en Colombia 13,1 (Ocde, 2019). Como todo régimen pensional exige subsidio estatal, los ingleses reciben el 7,7 por ciento del PIB, los germanos, el 10,3 (Ocde, 2022) y aquí apenas el 1,25 para los pensionados de Colpensiones. Con otro 2,75, se cumple con 200.000 docentes jubilados, 55.000 militares y miles de exfuncionarios.

¿Por qué tan poco gasto público pensional? Con dos regímenes, de Ahorro Individual (Rais) y Administradoras Privadas (AFP) y de Prima Media (RPM) manejado por Colpensiones, se orientó al grueso de los afiliados y cotizantes al primero, donde cada individuo hace su capital. Tiene 17,93 millones inscritos, solo 6,94 pagan aportes, y acumula 358 billones de pesos en 27 años.

Ese dinero se invierte en el mercado financiero con rentabilidades mínimas decrecientes (Saqueo, pág. 218), principalmente por el duopolio de Porvenir y Protección, que devenga una comisión del 7,7 por ciento de cada contribución más el importe del seguro individual que contratan en sus respectivas aseguradoras. Un completo filón. El Rais tiene 247.236 pensionados, que perciben cerca de 4 billones de pesos al año (Asofondos-Superfinanciera, 2022).

Colpensiones cuenta con 6,78 millones de afiliados, apenas 2,7 cotizantes, y cubre 1,5 millones de jubilados con 95 por ciento de sus mesadas inferiores a cinco salarios mínimos. Valen 33,5 billones de pesos anuales pagadas por: 1) contribuciones de los usuarios, 2) bonos pensionales de personas trasladadas del Rais, más de 80.000 al año, y 3) transferencias presupuestales por 11,7 billones de pesos (Colpensiones, Informes de Gestión, 2019 a 2021).

La Ley 100 fracasó, cumplió “parcialmente” (OIT, Casalí-Farné, 2020). Apenas se jubila una de cada cuatro personas en edad de pensión y peor en las mujeres. La Misión de Empleo (2022) dijo: “El Rais no pensiona a la mayoría de sus afiliados, dejándolos desprotegidos para enfrentar la vejez” y que de 2017 a 2019, por cada pensionado, 1,65 personas solicitaron la devolución del ahorro. Para jubilarse con el mínimo deberían trabajar 52 años (idem, págs. 21-22) y el matemático Diego Escobar calcula que en 25 años acopian 39 millones de pesos.

En Colpensiones la cobertura es superior, pues con los requisitos cumplidos se logra el derecho fundamental, pero se alega la desigual distribución de los subsidios, en tanto el monto dado a las pensiones de diez salarios mínimos es nueve veces el de las de uno (idem, pág. 17). En el RPM la pensión es 70 por ciento del último salario y en el Rais del 37,5 (BID, 2014).

“Aumentar la cobertura implica atacar la informalidad” (Econometría-Olivera) en cuya base están la mitad de los ocupados, que ganan menos del salario mínimo (Dane, 2020). Este es el primer problema y refleja el fiasco de la política económica. Muchas propuestas pasan por encima de ese desbarajuste y se alinean o en “formalizar” lo informal –dar una “prestación”– o en cambiar parámetros de edad o tiempo en busca de menos gasto público, como dictaminan los organismos internacionales.

De ahí que ciertas “iniciativas han indicado que el problema principal es fiscal” (idem-Olivera), incluida la de Gustavo Petro, quien para financiar la “prestación” a los desamparados recurriría a porciones del ahorro en el Rais al volverlo “público”, del que extraería, según cálculo de Diego Escobar, 13,49 billones de pesos anuales. Lo enlaza con poner en Colpensiones las cotizaciones de ingresos hasta cuatro salarios mínimos, circunscribe la solidaridad a tal conjunto laboral y de tal modo reducir los subsidios estatales. Las AFP conservarán los usuarios de ingresos más altos. Una carambola que coincide con el plan de tres pilares del Banco Mundial, discriminatorio.

Abogo por restablecer la solidaridad colectiva como fundamento. Con más aportes a los fondos sociales y de garantía mínima; con una reforma tributaria que grave a personas naturales y jurídicas “superricas” (Garay) para planes de empleo y pensión como un derecho derivado, y un menor subsidio a las mesadas de deciles altos para redistribuirlo entre los bajos. Son medidas factibles para virar hacia la colaboración recíproca sin la cual seguirán pensiones miserables bajo la posición dominante de dos AFP –integradas a sus bancos–, que es cuestionada hasta por la Ocde.

Es intolerable que quienes han tenido las riendas del país y se resisten a soltarlas practiquen de forma engañosa “Mi patria, mi bolsillo”.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La frase “los expresidentes son muebles viejos” se atribuye a Harry Truman, del Partido Demócrata, quien fue presidente de Estados Unidos entre 1945 y 1953. Sus dos mayores gestas, lanzar la bomba atómica contra Japón, por la que murieron más de 220.000 personas, y declarar la guerra de Corea.

Esa idea no ha pegado en Colombia. Algunos de los candidatos escogidos el pasado 13 de marzo en varias consultas han hecho romerías a los expresidentes, apropiados de los partidos políticos, con el propósito de alinearlos.

Es otra figura extravagante de la muy deteriorada democracia nacional: Gaviria, jefe del Partido Liberal; Álvaro Uribe, señor feudal del Centro Democrático; Andrés Pastrana, mediante esbirros, voz mandante del Partido Conservador; Juan Manuel Santos, fundador del Partido de la U, mete baza como tahúr por doquier; Ernesto Samper merodea por predios de “izquierda” e intenta incidir mediante el supranacional grupo de Puebla. Hasta Iván Duque, a quien le restan cinco meses para tener la condición de ex, fletó al Equipo por Colombia.

Lo anterior resulta más insólito cuando entre estos expresidentes hay muchas más grandes coincidencias que pequeñas divergencias. Aparte del acuerdo de paz con las Farc, de la que el uribismo ha hecho caballito de batalla e insiste en perpetuar como distintivo, concuerdan en temas estructurales como la política neoliberal de libre comercio y de maximización de la tasa de ganancia del capital extranjero, aplicada por 30 años; en el ejercicio del clientelismo y de ciertas dosis de corrupción consentidas a sus respectivas huestes, de lo que hay recientes ejemplos, y, ante todo, en la docilidad frente a los ucases de Estados Unidos sobre esta neocolonia.

Es más, parte de las disputas entre expresidentes vasallos es por aparecer cada uno como más fiel intérprete de los libretos del Tío Sam en cada coyuntura: bien paz o bien guerra; bien garrote o bien zanahoria; bien halcones o bien palomas; bien Plan Colombia o bien Plan Bicentenario; bien FMI o bien Ocde; bien Tiar o bien Otan. Unos se uncen al carro republicano y otros al demócrata en la línea norteamericana para el Sur que, según conveniencia de tiempo y modo, “o fortalecen derechas o cooptan izquierdas”.

Además, sus decisiones sobre la inversión de sus patrimonios, puestas en evidencia por sendos capítulos de Panama Papers, Pandora Papers o Paradise Papers, marcan una pauta común: garantizar hacia el futuro su riqueza particular, poniéndola en el exterior y en disfrute de jugosos ventajismos tributarios.

Es intolerable que quienes han tenido las riendas del país y se resisten a soltarlas practiquen de forma engañosa “Mi patria, mi bolsillo”, o ¿acaso la quieren para llenarlo más? Andrés Pastrana lo tiene en Panamá en Vanguard Investments Inc.; César Gaviria, en sociedad con hermano y allegados, también guarda en el Istmo su bóveda MC2 Internacional S. A., empresa beneficiaria de contratos oficiales en hidrocarburos (SEMANA, A. Suárez, 16/10/2021). Juan Manuel Santos, consejero de la Fundación Rockefeller, fue director en Nova Holding Company, de Barbados, en el año 2000 y suena ligado a Global Tuition & Education Insurance Corp., liderada por Gabriel Silva, el eslabón que une al kínder de Gaviria con varios gobiernos, incluidos los de Santos y Uribe, en las relaciones con Estados Unidos, asuntos cafeteros y defensa y seguridad. Álvaro Uribe ha mezclado sus activos rurales con bien remuneradas consejerías directivas en consorcios como News Corp y J. P. Morgan (Europa Press, 10/02/2014).

Como colorante adicional, las banderías que los expresidentes forman unos contra otros, se refuerzan sembrando entre la sociedad y la opinión el odio recíproco, que no es ninguna “estrategia de desarrollo”, aunque así se intente mostrar, y a veces con toda suerte de improperios que han llegado hasta la Comisión de la Verdad. Son fuentes primeras de la polarización, que encuentra eco en redes sociales, lo que se define como “enfrentamiento manipulado” en el “mercado de la ira” (Revéiz, 2021).

Excepto Fajardo, a quien por su condición independiente se le da por aislado y derrotado de antemano, candidatos como Petro o Federico Gutiérrez ya iniciaron las peregrinaciones a los oráculos de la burguesía intermediaria criolla. Esto, que politólogas uniandinas, como Carolina Fierro (RCN) o Laura Wills (Congreso Visible), calificarían como “síndrome expresidencial”, se trata de mucho más: de la maldición expresidencial, de caciques eternizados en la captura del Estado. ¡Chao, expresidentes!