Mes: febrero 2022

Petro y la Ocde

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Con el guion de acabar con la informalidad, refuerza las propuestas para bajar la tasa salarial, ya no respecto al mínimo, sino planteando incluso escalas inferiores para jóvenes y ciertas regiones.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

He votado a favor que (sic) Colombia pertenezca a la Ocde. Vamos a demostrar que en un gobierno progresista con buenas prácticas administrativas y financieras se pueden alcanzar los mejores niveles sociales y los mejores niveles tecnológicos en la tercera revolución industrial”, escribió Gustavo Petro el 13 de noviembre de 2018 en Twitter. Repitió el voto positivo para aprobar la ley de adhesión de Colombia a esa organización, que, por lo visto en el debate del 18 de febrero, se mantiene (Caracol TV, La Silla Vacía, 2022).

Los documentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sobre Colombia resaltan “la solidez del marco monetario, fiscal y financiero”. En los referentes a 23 sectores, emite “recomendaciones”, con cronogramas de cumplimiento y control para concretarlas. Una “tercera oleada neoliberal”, luego de la apertura del Banco Mundial y la OMC, en los noventa del siglo pasado, y de la del FMI y el Plan Colombia a inicios del presente con los ajustes macroeconómicos orientados a los TLC. El Plan de Desarrollo 2014-2018 incluyó 136 encargos en 44 artículos dentro de la ruta adoptada en septiembre del 2013, que “descartó el proteccionismo como modo de desarrollo”, según dijera Rodrigo Botero, el sumo pontífice ortodoxo. La Ocde ratificó que no era “club de países ricos” ni de “buenas prácticas”, sino “nodo de globalización” (A. Suárez, El Tiempo, 3-2-2015).

Entre las múltiples prescripciones figuran: la regla fiscal que acota el gasto social; tasa de cambio volátil sujeta al mercado de divisas; forzada acumulación progresiva de reservas internacionales; realce de alianzas público-privadas (APP) como las vías 4G; exclusión de lo que llama “costos no laborales”, como el importe al régimen contributivo en salud; elevación del salario mínimo solo a nivel de la inflación, en tanto decía que era 87 por ciento del salario medio; erradicación de políticas ambientales que impidieran adelantar macroproyectos; imposición de aranceles cero a productos agrícolas; salario femenino por horas; supresión de “subsidios” a pensiones y pago de jubilación por debajo del mínimo (Saqueo, págs. 223-236). Un “paquetazo” que atizó la chispa del paro nacional de 2021.

La Ocde vuelve con un recetario más agresivo en “Hacia una recuperación más sostenible” (Estudios Económicos, Ocde, Colombia 2022). Con el guion de acabar con la informalidad, refuerza las propuestas para bajar la tasa salarial, ya no respecto al mínimo, sino planteando incluso escalas inferiores para jóvenes y ciertas regiones; insiste en “aliviar la carga” de los “costos no laborales” al desmontar de la nómina los cargos de salud, pensión y compensación familiar y financiarlos en conjunto con otra reforma tributaria.

Enuncia así una igual al adefesio Duque-Carrasquilla: aumenta la base de contribuyentes del impuesto de renta, gravando “personas de clase media”; elimina las deducciones de la renta gravable por costo del crédito hipotecario, por pago de medicina prepagada o por aporte en pensiones voluntarias; propone “reducir los productos no afectados por el IVA” y “ampliar las bases imponibles en los impuestos a la renta y a los consumos” y a contramano exhorta a menores tarifas impositivas a empresas.

El “traslado de las cotizaciones laborales” a “recursos de la tributación” persigue una triple reforma: a la protección social, la laboral y la tributaria. Dictamina la “fusión de los regímenes paralelos de transferencias, pensionales y de salud”, al unificar para el primero las subvenciones de Familias en Acción, Ingreso Solidario y demás. A la par fusiona los regímenes contributivos de jubilación para “complementar una pensión básica universal”, acaba de contera con Colpensiones y proyecta la edad a 65 años, como Chile, en sintonía con la vida esperada y con el cálculo individual sobre los salarios de toda la vida laboral y no de los últimos diez años. Para quienes están en el régimen no contributivo, crea “una prestación básica”. Asimismo, agrupa los regímenes de salud al financiarlos con tributos, mientras llama a “focalizar el gasto social”, depurando el Sisbén y con “ajustes fiscales”, según la regla reforzada en la ley Duque-Restrepo de 2021 para el anclaje de la deuda pública.

Al reiterar la estrategia de libre comercio y capital extranjero, la Ocde reclama extinguir barreras arancelarias y no arancelarias a textiles, alimentos, automotriz, calzado, aceites naturales y arroz, con lo que, aunado al paquete completo, estima atraer más inversión foránea. El laurel es que en 15 años se tendrá un ingreso por habitante como Costa Rica, Uruguay y Argentina y advierte que “la mitad” del programa “está previsto para el 2023”, “para el próximo gobierno”. Tienen la palabra Petro y quienes avalan la sujeción de Colombia a la Ocde.

Carabelas renovables y ¡olé!

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Así, el TLC y el renovado Appri brindan “seguridad jurídica” contra todo riesgo, y de ahí el interés de reunirse con quien puntea las encuestas presidenciales, Gustavo Petro.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Las carabelas representan la colonización de América. La organización Recalca, a raíz de la negociación del TLC con la Unión Europea (UE) en 2009, produjo el documento Vuelven las carabelas, que definió las motivaciones del tratado: “Los países de la región compiten por la atracción de inversión extranjera, por ofrecer mano de obra barata y han abandonado los propósitos integracionistas”. Para la contraparte del Viejo Mundo, escribió: “La estrategia es sencilla y directa:firmar acuerdos de libre comercio que vayan más allá de lo definido en la OMC, con el objetivo de desregular al máximo las economías, eliminando las barreras comerciales, abrir el sector servicios, aumentar el acceso a materias primas (…) abrir mercados de compras públicas, proteger la propiedad intelectual” y “todo en beneficio de las trasnacionales europeas” (Recalca-2009).

El comercio se caracterizaba por la exportación nacional de materias primas, carbón, banano, café verde y petróleo. En este último, “60 millones de barriles, de los 193 que produce Colombia, es decir, 31 % del total, son producidos por las europeas BP Exploration, Perenco, Cepsa, Hocol y Emerald Energy” (Recalca, ídem). Las principales compras de Colombia a la UE eran medicamentos, vehículos, equipo de telecomunicaciones, maquinaria y licores finos (Recalca, ídem). El clásico intercambio asimétrico.

Las premoniciones de Recalca se cumplieron. Luego de casi una década del TLC, la balanza comercial acumulada, la de las exportaciones de Colombia a la UE menos las importaciones, entre 2012 y 2019, es negativa por -7.414 millones de dólares; las ventas siguieron siendo carbón, banano, oro, petróleo y café, solo la mitad son bienes no energéticos, y las compras también fueron medicamentos y vacunas, automóviles, equipo y aeronaves (MinCIT, 2020). Las inversiones europeas en el país sumaron, desde 2013 hasta 2018, 25.232 millones de dólares y las colombianas en Europa apenas la cuarta parte, 6.118, (Saqueo, págs. 110-111).

España es el país europeo con mayor inversión directa en Colombia, con 450 empresas presentes (Index.es). En lo corrido del siglo, acumula 21.825 millones de dólares (La República, 14/7/2021), de los cuales 19.824 desde 2007 a 2021 (BanRep), con firmas como Sacyr y OHL, en proyectos viales; Repsol, en petróleo; BBVA, entre los mayores conglomerados bancarios, y el Banco Santander en servicios financieros; o seguros Mapfre y aerolíneas como Iberia y Air Europa; el consorcio turístico y hotelero NH Hotel Group, y Telefónica (Movistar). ¡Cómo olvidar a Unión Fenosa en Electicaribe, a Aguas de Barcelona y Canal Isabel II en la Triple A!

La agenda española para Colombia se reorganiza con el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (Appri), recién firmado con Duque en septiembre de 2021, en el que “el beneficio es más del lado español” (La República-ídem). Recurriendo al anterior, Odebrecht demandó por expropiación al país en tribunales internacionales que siguen vigentes para solución de controversias. Así, el TLC y el renovado Appri brindan “seguridad jurídica” contra todo riesgo, y de ahí el interés de reunirse con quien puntea las encuestas presidenciales, Gustavo Petro.

En sendos encuentros, con mediación del PSOE y Podemos, que cohabitan con este empresariado, y la bendición lobista de Felipe González, hubo presencia de Repsol, Santander y BBVA; también de firmas cuyos negocios encajan con la prédica de Colombia Humana, como Ferrovial e Ineco, en redes ferroviarias y terminales aeroportuarios; de inversoras en mitigación del cambio climático y economía circular, como Indra, que además está en soluciones electorales; de Iberdrola y Acciona, en energías renovables; de turismo como el NH Hotel Group y de tecnología y ciberinteligencia como Future Space, Telefónica y Google. Fueron reuniones para nuevos filones al otro lado del océano (ver euroamerica.org-Coloquio G. Petro).

Que se sepa, no se mencionó revisar ni el TLC ni el Appri y menos al que Petro acudió, uno de doble tributación con España, cuando recompró en 2014, como alcalde y presidente de la junta del Grupo Energía de Bogotá (GEB), las acciones de The Rohatyn Group (Citi) en la transportadora de gas TGI, que facilitó al vendedor eludir hábilmente 150 millones de dólares de impuestos por ganancia ocasional. “El acuerdo no incluye cláusulas de abuso para hacer este tipo de controles a transacciones donde claramente hay utilidad y ganancia ocasional”, dijo sobre este caso particular Juan Ricardo Ortega, el entonces director de la Dian, y se divulgó ‘Vendedor de acciones de TGI no pagará impuestos en Colombia’. Recolonización, con carabelas renovables, y ¡olé!

¿De rodillas por comida?

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El estrés mundial, amplificado en el país, develó el fracaso en la sostenibilidad de la fórmula neoliberal para géneros básicos y dinamitó el concepto de seguridad alimentaria fundado en provisión externa.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Afloraron dos discusiones sobre la alimentación: la de Duque ante la FAO, por incluir a Colombia en el mapa de “riesgo alimentario” con Etiopía y Sudán, y la de precandidatos presidenciales, por la protección arancelaria a la producción nacional alimenticia, que según Alejandro Gaviria, en recalcitrante prédica del libre comercio y los TLC, es “una locura” (El Tiempo, 7/2/2022).

Los debates se tocan porque, en los últimos 30 años, la importación de “comida barata” es núcleo de la política monetaria de baja inflación y en mayor grado en periodos de dólar barato. Así, el exrector uniandino Hommes y sus afines supeditan el acceso a los alimentos al arancel cero y a los subsidios que las economías poderosas dan a sus excedentes exportados a precios porcentualmente por debajo de los costos de producción y transporte: al abusivo dumping, como el de Estados Unidos en el trigo de 38 por ciento y de 9 en el maíz (IATDP, 2017).

Desde la oferta, Juan Sánchez describió cómo de ese modo las importaciones agropecuarias, que suman 14 millones de toneladas, desplazaron la producción nacional de alimentos básicos. “En 1990, en trigo, cebada, sorgo, soya, fríjol, algodón, avena, arroz, maíz, la producción interna superaba las importaciones en casi cuatro millones de toneladas. Entre 1996 y 2005, las curvas estaban en niveles similares. Para 2017 las importaciones habían superado a la producción local en tres millones de toneladas” (Saqueo, pág. 240), el arancel vigente de diez por ciento no opera (DNP, 2019).

Sobre la demanda, el informe de la FAO, que sulfuró al Gobierno Duque, trae datos alarmantes sobre Colombia. Son 4,7 millones de compatriotas subnutridos, mientras en Haití 4,2; hay un Haití adentro. La kilocaloría diaria entregada por habitante en el planeta es de 2.950 y en el país de 2.872, como en Malí, y la inseguridad alimentaria, severa y moderada, que asola al 27,6 por ciento de la población mundial, en Colombia daña al 54,2, al doble (FAO Statistical Yearbook 2021, Banco de Alimentos). Escuálidos, con un tercio de los hogares sin tres comidas al día, y el abasto de energía, carbohidratos, proteínas y grasas remitido a panela, aceite de palma, papa, plátano y yuca o tomate o guayaba, huevo, salchichón o pollo, con creciente dependencia de proteína animal importada, y el arroz casi único cereal.

El estallido fue la inflación del 20 por ciento en alimentos. El estrés mundial, amplificado en el país, develó el fracaso en la sostenibilidad de la fórmula neoliberal para géneros básicos y dinamitó el concepto de seguridad alimentaria fundado en provisión externa. El 28 de enero la tonelada de soya importada puesta en Bogotá costaba 2.312.472 pesos (Fenalce), mientras el precio al productor nacional fue 2.250.000 pesos (Agameta). En maíz amarillo, la tonelada extranjera se transó en 1.580.511 pesos (Fenalce) y el maicero colombiano recibió 1.300.000 pesos (Agameta). Esto incide en los cárnicos, res, cerdo y aves, y en el bolsillo del consumidor: una libra de Promasa para arepas pasó de 1.900 pesos a 3.800 pesos en un año. En contraste, el arroz criollo, que abarca 98 por ciento del mercado, fue el de menor alza.

Los fanáticos del TLC eluden que el dólar a 4.000 pesos y las elevadas cotizaciones internacionales eliminaron las eventuales ventajas de “comida barata importada” tanto como que “la liberalización comercial tuvo abrupto final en 2018” cuando Estados Unidos promulgó “oleadas de aumentos de aranceles” (Carter, NBER, mayo 2020). La volatilidad por inventarios oscilantes, costos de fertilizantes, clima cambiante, productividades inestables, restricciones a las exportaciones, elevación de aranceles o conflictos geopolíticos, como el de Ucrania, exportador de trigo, golpea con dureza a los importadores de alimentos.

Urge una política distinta a los TLC, guiada por la soberanía alimentaria como derecho de las naciones a “su propio sistema alimentario, sus políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo” (U. Javeriana, CDR, vol. 18, 2021). Sirve conocer que, de suprimirse solo la quinta parte de las compras externas de maíz tecnificado, trigo, cebada, soya y algodón, se recuperarían 1,7 millones de toneladas, 350.000 hectáreas y 50.000 empleos permanentes que, con sus multiplicadores, agregan valor a la contabilidad del proteccionismo (Saqueo, pág. 786).

La economía política esclarece más el debate. Earl Butz, exsecretario de Agricultura de Estados Unidos, dijo (1974): “He escuchado (…) que la gente puede depender de nosotros para obtener sus alimentos. Se supone que no es buena noticia. Pero para mí lo es, ya que antes de hacer cualquier cosa la gente tiene que comer y si se busca una forma de que la gente dependa y colabore con uno, la dependencia alimentaria es fantástica”. Arrodillados por comida, ¿más claro?

Ni cuentas claras, ni café espeso

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La tormenta inflacionaria local fue más perfecta por la fracasada estrategia de libre comercio y capital extranjero.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Conexión Sur, un medio de comunicación del suroeste antioqueño, entrevistó el pasado 7 de enero a una decena de productores, quienes en el video revelaron que la cosecha cafetera de 2021 cayó en esa región en 40 o 50 por ciento (https://www.youtube.com/watch?v=dkKj7SKqOB4). Caficultores de otras zonas estiman la reducción en el 30. No obstante, el gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, le dijo a La República que el descenso era solo del 9 por ciento, para una producción total anual de 12,6 millones de sacos de 60 kilos (https://www.youtube.com/watch?v=g26p3ZK6rtU&t=58s).

Dichas cuentas se descuadran cuando se consolidan con otros números: 1) El de las exportaciones por 12,44 millones de sacos (https://federaciondecafeteros.org/wp/estadisticas-cafeteras/); 2) El de las importaciones récord en la historia de grano extraño por 1,8 millones (Twitter-José Leibovich) y 3) El del consumo interno que, según Vélez, se disparó de 2,2 kilos por habitante a 2,8, lo que en una cuenta por lo bajo, para 50 millones de personas, requeriría un mínimo de 2,4 millones de sacos (La República, ídem).

Con estos datos sucede un imposible: al sumar las exportaciones más el consumo nacional, la demanda total alcanzaría 14,9 millones de sacos, mientras toda la oferta disponible, entre importaciones y producción, fue solo de 14,4 millones, con lo cual faltarían 500.000 eventualmente demandados, pero que no fueron ofrecidos, según las cifras de la Federación. ¿Hubo contrabando por dicho volumen? ¿Se trata de un “machetazo” en la contabilidad para encubrir las gravísimas circunstancias de mercado atendidas con remedios peores que la enfermedad?

En esta columna se han comentado en dos oportunidades los quebrantos de las cooperativas de caficultores, del Fondo Nacional del Café, de Expocafé y de importadores particulares, como La Meseta o Dreyfus, por no contar con cantidades suficientes para cumplir los contratos en el exterior. La razón, un grupo de productores no mayoritario se ha negado a entregarlas a los precios a los que lo transaron en el pasado para mercados a futuro, ya que son muy inferiores a los actuales que desde julio pasado tocaron el techo de 2 dólares por libra, un hecho que se aúna a la caída en picada de la producción. Se conoce, por ejemplo, que tales faltantes en diciembre de 2021 en la cooperativa de Andes, Antioquia, fueron de 14 millones de kilos; en la de Risaralda, de 11; en tres del Tolima de 2,5 y en una sola del Huila de 1,7. Es decir, en solo las nombradas, casi 30 millones de kilos. El monto final del notorio desbalance se desconoce, ya que la Federación, en reprobable decisión, se ha negado a entregarlo.

Al relacionar tan dramática circunstancia con las importaciones, que vienen como avalancha de varios orígenes, hasta de Brasil (ver foto n.° 1), no se peca por exceso de suspicacia al inferir que tales compras externas han suplido lo no recibido de los cafeteros colombianos. Lo más penoso es que son pésimas calidades que inundan las bodegas de “pasilleros” (ver foto n.° 2), quienes las mezclan en proporciones del 40 por ciento con 60 por ciento de grano nacional para pasar por debajo de la norma de 180 defectos, salir como Café de Colombia o producto Colombia, pagar la contribución a la Federación de 3 centavos de dólar por libra y gozar así de la bonificación diferencial hasta de 56 en el mercado mundial. ¿Está en riesgo el mayor patrimonio de la caficultura nacional, la confianza en su bien remunerada calidad?

Entre tanto, Vélez se dedica además a la campaña reeleccionista del senador del Centro Democrático Alejandro Corrales. Hay registros de reuniones gremiales en el departamento del Magdalena como también testimonios de asistentes a asambleas de comités en Risaralda donde pide el voto de manera abierta por su candidato. Ahí no para: de modo inexplicable se permite que Corrales utilice en sus vallas políticas el logo característico de Café de Colombia, al aparecer con un pocillo de los que la Federación fabrica en Vajillas Corona. ¿A cargo de qué este abuso? ¿Paga Corrales los derechos marcarios por avisos como los exhibidos en la avenida de Las Américas en Pereira o a la entrada del municipio de La Virginia o en el paraje Mata de Guadua, en Belén de Umbría, su tierra natal? (foto n.° 3).

¿Cuánta de esta laxitud es reciprocidad de Vélez con Corrales, quien, siendo miembro del comité de cafeteros de Risaralda en 2016, lo incluyó en una única terna, para luego ser nombrado gerente por los delegados del Gobierno de Santos con salario de 30.000 dólares mensuales? Jorge Enrique Robledo, en un debate en el Congreso, pidió hace poco la renuncia de Roberto Vélez, después de leer estas líneas cualquiera pensaría que le sobraron razones para dicha proposición.

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