Mes: noviembre 2021

No dejará más huella que la sumisión ante los poderes mundiales como agente viajero del saqueo: fue y vendió.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Animado por “a viajar, que esto se acaba”, Iván Duque inició el 24 de agosto pasado un periplo de cinco viajes, en cuatro semanas de las últimas nueve, a ocho países: España, Estados Unidos (dos veces), Corea del Sur, Brasil, Escocia, Francia, Emiratos Árabes Unidos e Israel. Hay reseñas sobre la comitiva de 150 personas para el crucero de Escocia hasta Israel pasando por París y Dubái, acompañado de esposa, hijos, hermano y patos infaltables como Luigi Echeverri, émulo del rol de su padre en el Gobierno de Uribe, la jefa de Gabinete, María Paula Correa, y casi todos los ministros en despliegue burocrático internacional. También se habla sobre el ¡hola!, de puño con Joe Biden o la conversación con Infantino, el de la Fifa, que solo provocan burlas.

Tiene más interés evaluar la esencia de las correrías: ahondar en la atracción de capital extranjero como variable de cierre de la economía, la misma de César Gaviria y, en el siglo XXI, de Pastrana, Uribe y Santos, que la hace dependiente en exceso de la inversión foránea y, por consiguiente, vulnerable a sus ciclos, rentabilidades e imposiciones. “Vender el país”, lema inspirador de Duque.

En ese afán se resaltan las reuniones de negocios a puerta cerrada con inversores como Millicom, la empresa que “estafó a Medellín”, por los resultados de la fusión en Tigo, como acusa el representante Jorge Gómez, o con Goldman Sachs y JP Morgan para que nos refuercen la dosis tóxica de una tasa interna de retorno del 9 por ciento o más, de las vías 4G y ahora de las 5G, o con los imperios empresariales coreanos, Samsung o Hyundai, que nos tienen aherrojados en el TLC, para que aterricen en la “economía naranja” a cambio de colocar unas toneladas de aguacate, limón y banano.

También con Florentino Pérez, poco transparente con sus contratos en Colombia, y con Jeff Bezos, magnate que casi nada deja de sus actividades digitales, o con fondos brasileños, presentes en infraestructura como Itaú o BTG Pactual, que ya están en las jugosas vías 4G, y, en el colmo, alentar los temas mineros, al calor de excesos gastronómicos, con los fondos soberanos de los Emiratos Árabes Unidos, que pujan con Minesa por arrojarse sobre el oro del páramo de Santurbán.

Los supuestos flujos de capital que atrajo en el periplo apenas llegan, según su propaganda, a 6.000 millones de dólares: 2.500 de España, en particular del empresariado de Galicia, pesquero, tecnológico y sede principal de Zara; 2.300 de Francia empujados por Medef, organización empresarial que “toma iniciativas que permitan a las empresas beneficiarse de un entorno legislativo y regulatorio favorable… en Francia como en el extranjero”; 1.400 de Brasil y 70 de Emiratos. A la vez contrajo más deudas: por 500 millones de dólares del BID, crédito dispensado por Claver-Carone, trumpista por el que Colombia votó en oposición a Latinoamérica; 2.000 millones más del Banco Mundial y la ratificación de la línea especial de crédito del FMI por 5.400 millones, para cubrir déficits en las cuentas externas. Una excursión de hinojos en la que no faltó la estación en la Ocde.

Se acompaña la subasta con osos como el fallido lanzamiento de su libro en la Feria de Madrid, o el alarde con el premio Theodore Roosevelt, el de I took Panama, que le dio el ICFF (grupo de lucro en conservación ambiental), o la penosa tertulia con Almagro, de la OEA, acerca del fracasado apoyo a Guaidó, o las complacencias con la familia Buffett, ligada a CB&I, demandada en la corruptela de Reficar; o la instalación de una oficina de INNpulsa en Jerusalén, desechando el pedido palestino de privarse de representaciones en esa ciudad (Agencia EFE) y, de remate, declaratorias de animosidad contra Irán.

Debe añadirse el Duque histriónico, que, aplicando el fracking, funge de líder ambientalista, más que Greta Thunberg, con el estribillo “50 por ciento menos de GEI para 2030, carbono cero para 2050 y 30 por ciento de áreas protegidas”, incluidas las marinas que Uribe cedió en el TLC con Estados Unidos, o de febril promotor de la reforestación como “negocio verde”, o de abanderado de la paz en la ONU y con Macron en París, mientras persiste el holocausto de líderes sociales y firmantes del acuerdo y se incumple el capítulo de tierras. El mismo que lloró en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén y llevó otrora una ofrenda floral a la Revolución china en Beijing. Lagartadas por doquier.

“Conocerás a las personas en el extranjero”, adagio que aquí se cumple. Es la versión siglo XXI de Marco Fidel Suárez, el Duque de la “política de la subordinación activa”, que “concedió un estatus preponderante a la variable económica” (M. Ardila, 1990), y no dejará más huella que la sumisión ante los poderes mundiales como agente viajero del saqueo: fue y vendió.

Lo sustancial es alertar sobre la amenaza a la transparencia y la precaria garantía de imparcialidad de este registrador con opacidad e incoherencias en sus ingresos, patrimonios ocultos y falsedades en documentos públicos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El 10 de octubre de 2019 se anunció la selección, entre 59 candidatos inscritos, de Alexander Vega Rocha como registrador nacional del Estado Civil. Lo escogieron, en nombre de las tres cortes, Constitucional, Consejo de Estado y Suprema, las magistradas Gloria Ortiz y Lucy Jeannette Bermúdez, de las dos primeras, y Álvaro García de la tercera. Previo a la entrevista, que daba 300 puntos, Vega iba quinto con 71 puntos abajo del primero y sorpresivamente, como pasa con contralores y personeros favoritos, obtuvo un puntaje de 285 con el que superó por tres al segundo (SEMANA, 10/10/2019).

Para Vega, oriundo del Guaviare, es el último peldaño de una carrera pública que inició como personero de Chía entre marzo de 2004 y 2007; luego como contratista de la Secretaría de Gobierno de Bogotá para asuntos electorales en la administración de Samuel Moreno y de 2009 a 2014, como abogado consultor, entre algunas, en la firma Rodrigo Escobar Gil S. A. S. (Función Pública), del exmagistrado condenado por tráfico de influencias en el expediente de Fidupetrol (El Tiempo, 10/09/2021).

En el cuatrienio 2014-2018, en representación del Partido de la U, Vega fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), que saboteó la revocatoria de Peñalosa y archivó el caso Odebrecht. En 2013 constituyó el Grupo Jurídico Empresarial Martínez & Vega Asociados, con matrícula mercantil vigente 00023-67029, junto con su padre, Campo Elías Vega Goyeneche, y Luis Eduardo Martínez Gutiérrez (Cámara de Comercio).

Hasta aquí sin novedad –fuera de escalar conectado con clanes políticos como los Ñoños (La Silla Vacía, 11/10/2019) y de combos anómalos, como se dice en el Meta– si tal ascenso no se manchara al cotejarse los distintos datos que Vega aportó en el Formato Único de Inscripción cuando se posesionó como registrador; en la Declaración de Bienes y Rentas (Sigep, enero 2020) y en la Declaración de Renta de 2019. Sospechosamente, en el Formato tapó sus vínculos con Escobar Gil

Un análisis del balance y del estado de ingresos y egresos de Vega, consolidando los datos, arroja que, en la declaración de bienes, acredita activos, en bancos y un apartamento, por 440 millones de pesos, y pasivos, por tarjetas de crédito y otros, por 156 millones, para un patrimonio contable de 283 millones, distinto al de 300 millones de la declaración de renta.

Sin embargo, en ambas declaraciones, Alexander Vega omitió que es dueño de dos propiedades en Chía: el 50 por ciento de la casa 23 de la Unidad Residencial San Nicolás, de 218 metros cuadrados, adquirida el 8 de abril de 2013 con su cónyuge por 320 millones de pesos, donde tiene viviendo, desde diciembre de 2019, al alcalde de ese municipio, Luis C. Segura, y de un lote todavía de engorde comprado el 15 de julio de 2014, en el conjunto residencial Granjas de la Balsa, con 3.256 metros cuadrados, por 150 millones de pesos, hoy valorizado por diez veces (metrocuadrado.com). Vega es mandamás en Chía.

Los datos corresponden a las matrículas inmobiliarias 50N-20550584 y 50N-834803, que el 28 de octubre de 2021 registraba la Supernotariado. ¿Por qué no las declaró ni tampoco sus acciones en el Grupo Jurídico Empresarial? ¿De quién será la costosa casaquinta que Vega frecuenta en Restrepo (Meta), que fue del exgobernador Darío Vásquez en Villa Valeria, el célebre condominio de Palacino (SaludCoop)? ¿Cuál es el origen de los recursos con que se compraron?

En cuanto a egresos e ingresos, Vega solo declara, en 2019, la minúscula suma de 34,03 millones de pesos por salarios, lo que, al descontar gastos y deducciones, deja una mísera renta líquida de 20,74 millones sobre la que pagaría impuestos, de lo que se infiere además que el Grupo Jurídico no entregó utilidades. Es raro que tuviera en diciembre saldos bancarios por 14 millones, 40 por ciento de sus entradas declaradas, y a la vez obligaciones por 107 millones en tarjetas de crédito. ¿Cómo pagaría con tan exiguo salario? Ni cuentas claras, ni chocolate espeso.

El proceder de Vega puede configurar un delito contra la fe pública (falsedad documental) al declarar “bajo la gravedad de juramento” (art. 122, inciso 3 CP) que los únicos bienes y rentas eran los que relacionó y omitió intencionalmente incluir varios otros. Esto sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria por violar además los deberes en la Ley 190 de 1995.

Aparte del compromiso legal, o que la Fiscalía lo eleve ante la Corte Suprema, o de un debate de control político, lo sustancial es alertar sobre la amenaza a la transparencia y la precaria garantía de imparcialidad de este registrador con opacidad e incoherencias en sus ingresos, patrimonios ocultos y falsedades en documentos públicos, a cargo de unas elecciones trascendentales: apenas para un país al que se pretende torcer todavía más.