Mes: septiembre 2021

¡Manos arriba!

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Cunde el pánico porque además se perciben la falta de una política integral de seguridad, sin diagnóstico certero, y palos de ciego en las medidas correctivas.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La inseguridad es tema prioritario de la agenda urbana en Colombia. Invamer dice que para 96 por ciento de la opinión está empeorando; Ecoanalítica, que el 15,3 por ciento lo ve como “primer problema”; Datexco, que 5 por ciento percibe mejoras. SEMANA-CNC mostró las secuelas sobre la favorabilidad de las distintas autoridades.

Cunde el pánico porque además se perciben la falta de una política integral de seguridad, sin diagnóstico certero, y palos de ciego en las medidas correctivas, como que se puede “disuadir” con 350 soldados de PM o con aumentar las penas a “los recurrentes” o que con sesgos xenófobos o que con culpar a los jueces se explican las causas. Experiencias internacionales, que podrían acogerse, no pasan por la mente del jefe nacional de la Policía, Iván Duque, y menos por la del ministro Molano, el del “protestódromo”, algo que mueve más a risa que a indignación.

Por ejemplo, el BID (2016), en ‘Delitos violentos en ciudades de América Latina’, afirma: “No comprender las causas de la delincuencia y descartar evidencia puede conducir a que los tomadores de decisión implementen estrategias ineficaces”. Definió cuatro factores concomitantes con el crimen: 1) Las penurias económicas; 2) La inestabilidad residencial, para los delitos contra la propiedad y lesiones; 3) La combinación de desintegración familiar, ausentismo escolar y estructura de edad de la población y 4) el consumo de alcohol. Sin desconocer particularidades, como en Colombia, donde contribuyen remanentes del conflicto armado y el narcotráfico.

También un compendio de The Guardian (junio 2015), ‘24 medios para reducir el crimen en las más violentas ciudades del mundo’, aporta otras ideas: “No usar lenguaje violento” (Padayachee); hacer “balance entre represión y prevención” (Muggah y Leite), y tratar la “violencia virtual”; incidir en la cultura por la convivencia y asistir con programas a asociaciones comunitarias y escuelas (De Boer-ONU); “atender la desigualdad” (Leite) y “reforzar controles de las armas ilegales” (Overton), que en Colombia crecieron de dos millones a 4.267.790 en 25 años, cuyo uso, fuera de homicidios, se triplicó hacia hurtos (www.ideaspaz.org). Rajados en todo.

Según la estadística delictiva (Policía Nacional) en el país, desde 2015 se cometen más de 12.000 homicidios al año. El robo a comercios se disparó de 23.060 a más de 60.000 en 2017, 2018 y 2019. Por la pandemia bajó, pero en 2021, con 25.000 que iban en agosto, pasarán de 40.000. El hurto a personas se triplicó entre 2015 y 2019, de 101.449 a 306.847, y descendió por la cuarentena, pero en 2021, a golpe de 21.000 mensuales, llegaría a 250.000, a 29 por hora, uno cada dos minutos.

En Bogotá se cuentan 271 atracos personales diarios, y a agosto 31 iban 65.207, tantos como en ese mes de 2018. Por hora se roban seis celulares y más de una bicicleta, y cada 120 minutos, una motocicleta (Secretaría de Seguridad y Convivencia). Se insiste en que “La guerra mundial contra las drogas es gran generadora de crimen, violencia e inseguridad” (Platt). En Colombia urbana es relevante. Aunque el consumo de sustancias ilícitas pasó del 2,7 por ciento de la población al 3,75 por ciento en una década, las capturas conexas con estupefacientes van en contravía: pese al mercado creciente, pasaron de 249 diarias en 2013 a 150 en 2019 (Cálculos-datos de MinJusticia y Gicri).

Sobre el microtráfico y las armas ilegales, se dice: “Todo se agrava en la medida en que las fuerzas de seguridad comienzan a confiar en estructuras corruptas”. La Policía Nacional no está exenta. Al consultar en Google “Policías corruptos en Colombia”, aparecen 894.000 resultados, más que en Ecuador, México y Francia, entre 420.000 y 768.000, pero menos que en Brasil y España, encima de un millón, fuera de reiteradas culpas en la observancia de los derechos humanos. En mayo de 2016, una “purga general” expulsó a “más de 2.000 uniformados” (SEMANA, mayo 2016). Entre 2016-2017 se destituyó por diversos delitos a 1.160 agentes, 54 por ciento por concierto para delinquir (MinDefensa). En 2018 había 2.488 policías detenidos (El Colombiano, 6 de noviembre de 2018). En Bogotá, entre junio de 2016 y 2019, se destituyeron a 547 (Publimetro) y un coronel y varios policiales fueron brazo de “ganchos” del Bronx.

“Si la sal se hizo insípida”, ¿quién le devolverá sabor? El debate debe iniciar por ahí y coincide con tres proyectos de ley, dos oficiales y uno de la oposición, para reformar a la Policía, de los que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, ya anunció que se aprobará el “que el gobierno quisiera” (Navas). Gómez pone así “¡Manos arriba!” a sus colegas, mientras el Modelo de Transformación Institucional (MTI) propuesto por una comisión consultiva en 2017, con glosas sobre salarios, reclutamiento y transparencia en investigaciones internas, sigue engavetado.

Hoyo en uno

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¿Se crean dos Cartagenas, una, del Mandela y Bazurto, y otra, paraíso elitista para quien aterriza con la talega de golf buscando un hoyo en uno?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Carlos Haime fue empresario en varios sectores económicos, en particular el de aceite de palma y jabones. Poseyó la hacienda Los Morros, en el norte de Cartagena, que extendió hasta abarcar miles de hectáreas, de lado a lado de la ciudad, fruto de la prescripción adquisitiva de dominio de posesiones precarias compradas al detal. Soñaba con expandir hacia allá la ciudad.

El sueño, por el empeño de herederos y socios, se va haciendo realidad. Por la vía que conduce a Barranquilla se edifica otra urbe, lejos del Corralito de Piedra, patrimonio cultural de la humanidad, libre no tanto del significado histórico sino de tachas que incomodan a las élites nacionales e internacionales, como la creciente pobreza, que abarca a una de cada dos personas (Dane, 2020), o la informalidad, en tres de cada cinco ocupados, expresada en miles de venteros en las playas de Bocagrande y Castillo, o la prostitución, que se ha hecho pública, o el turismo de masas con tumultuosos paseos de grupos venidos del interior.

La conurbación empezó con el conjunto residencial Barcelona de Indias, supuesta imitación de la española, que arrincona a consejos comunitarios como el de La Boquilla, según una crónica de Andy Robinson. Se va construyendo otra Cartagena, que también promueve ventas a “cachacos” para adquirir “segunda vivienda” o “vivienda de retiro”, atraídos además por las “mejores canchas de golf de América Latina”, como las diseñadas por Nicklaus, con club resort a bordo, o por atractivo turismo VIP en cadenas como Holiday Inn, Radisson o Meliá, en un exorcismo de lo autóctono para proyectar un Cancún u otra Punta Cana (“Barcelona de Indias no quiere afrocolombianos”, La Vanguardia, 9 de febrero de 2020).

La segunda fase es “Serena del Mar, ciudad soñada”. Abundan planes inmobiliarios de conocidas firmas cartageneras y del país, que incluyen inmuebles con vistas al mar y precios por metro cuadrado hasta de cinco millones de pesos o más, ambiente tropical, piscinas por montones, manglares y playa privada. Se gesta una operación de especulación sobre el suelo sin que se defina la participación en la plusvalía de ninguna instancia estatal, que pueda orientar dichos recursos a poblaciones marginadas e inversión social, no vía altruismo, sino como debe ser: como contribución fiscal.

La Universidad de los Andes ya plantó allí la sede académica del Caribe y le agregó un componente de finca raíz con un proyecto de oficinas. También la Fundación Santa Fe montó una moderna IPS, y los servicios públicos los presta una poderosa compañía particular. Nada público, todo privado, y “la oferta cultural la completan un campo de golf diseñado por Robert Trent Jones y un canal entre la Ciénaga y el mar para yates y motos de agua”. Entre tanto, los consejos comunitarios de Tierra Baja, Punta Canoa y Manzanillo del Mar declaran estar confinados a “unos islotes” (Robinson).

La fantasía se afina con la concesión a 30 años, en la modalidad de iniciativa privada o IP de un nuevo aeropuerto en Bayunca, corregimiento a 20,5 kilómetros al norte de Cartagena. Una “ciudadela aeroportuaria” de 650 hectáreas, que conectará con la doble calzada Cartagena-Barranquilla por La Cordialidad y que “podrá extender su capacidad hasta 30 millones de pasajeros”, para competir con Panamá como centro regional de operaciones aéreas. Por esta “acción urbanística del Estado” se acrecentarían todavía más las plusvalías.

El lote, en poder de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, decomisado a la mafia de Marquitos Figueroa, es el aporte de la nación cedido al futuro concesionario (El Universal, 13 de junio de 2019). Con la inversión de 800 millones de dólares tendrá, como en las privatizaciones aeroportuarias, 50 por ciento o más de los retornos derivados de las tarifas aeroportuarias que fija Aerocivil, pagadas por los usuarios, que en la prefactibilidad se calculan al triple del valor de las actuales, y 100 por ciento irán al concesionario, ni un peso al Estado, pues así se requiere para costear la obra que en los primeros diez años tendrá la misma capacidad que la actual terminal Rafael Núñez. Esta, en manos de la española Aena, el Grupo Aval y socios locales, se mantendrá “mientras llega el de Bayunca” (ANI) y se desconoce si se quedarán con ambas o si surgen otros jugadores tras el botín.

El negociazo que cerrarán en 2022 Iván Duque y la vicepresidenta, dedicada a temas de la Heroica, reforzará la visión urbana excluyente, de “ciudades competitivas”, refutado por entidades como ONU-Hábitat, que lleva a inquirir: ¿es necesario el aeropuerto en Bayunca? ¿Tal ordenamiento mejora la iniquidad local? ¿Se estudió el impacto ambiental del esquema? ¿Se crean dos Cartagenas, una, del Mandela y Bazurto, y otra, paraíso elitista para quien aterriza con la talega de golf buscando un hoyo en uno?

La pesadilla Carrasquilla

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En tres décadas, las compras totales al exterior crecieron 11,6 veces, mientras que las ventas solo 6,5, lo que incide en que el comercio exterior sea apenas 30 por ciento del PIB.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Alberto Carrasquilla es quien más tiempo ha sido ministro de Hacienda: 77 meses y dos semanas. Supera a los exministros, hoy temerarios candidatos presidenciales, Mauricio Cárdenas (71 meses y dos semanas), Juan Carlos Echeverry (24 meses y dos semanas) y Óscar Iván Zuluaga (39 meses). Contrario a Iván Duque, a quien le parece una credencial, involucra a Carrasquilla como primer responsable –sin eximir a otros– por la decadencia de la economía nacional, no solo por lo acaecido en el último trienio, sino por la aplicación del neoliberalismo que sumió a Colombia en estancamiento y vulnerabilidad.

Es el estratega de la Confianza Inversionista al sector financiero, al minero, a trasnacionales y holdings, que gozan de un gasto fiscal a su favor por 10 billones de pesos anuales, venido de beneficios tributarios con descuentos, deducciones, rentas exentas, zonas francas y contratos de estabilidad jurídica. Como fuente para financiarla, Carrasquilla desató el endeudamiento, soportado en bajos salarios e impuestos indirectos, con el IVA a la cabeza, que subió del 10 al 16 por ciento (2006) y descargó el costo sobre los pobres, los trabajadores y clases medias empresariales que ha maltratado.

Después de ser gerente técnico del Banco de la República, de oficiar en el BID y como consultor, plasmó su doctrina como viceministro y ministro de Uribe en cuatro reformas tributarias y en dos más con Duque. Es artífice del inicuo Estatuto Tributario, adobado con más regalos fiscales en 2018 y 2019, presupuestados por 19,4 billones de pesos hacia 2023, para los mismos beneficiarios y algunos nuevos, lo que tiene del cuello a las finanzas públicas.

Carrasquilla era viceministro cuando el Acuerdo Stand-By con el FMI (2003-2006) y luego, al ejercer la cartera, obediente duplicó el recaudo de impuestos y rebajó el gasto público “socializando pérdidas y privatizando ganancias”. En simultánea, como militante del Consenso de Washington, fue de órganos del FMI, del Banco Mundial y la CAF, y ministro negociador del TLC con Estados Unidos, que cedió la soberanía macroeconómica, al vaivén de los flujos del capital, al aceptar la cláusula que impide el control conjunto de la tasa de cambio y la tasa de interés (Villamizar, 2011, El Nuevo Siglo).

Concibió la Ley 1111 (2006), que eliminó el impuesto del 7 por ciento a los giros de las rentas de subsidiarias a sus casas matrices en el exterior, que propició el auge de firmas ficticias en Panamá, entre ellas la suya, Konfigura Capital. Fue con la que, con dos de sus exfuncionarios, apuntaló las picardías de los Bonos Agua, basado en la Ley 1176 de 2007, que planeó desde su cargo, cuando además se feriaron Megabanco, Bancafé y Granahorrar a los grandes grupos.

A su salida, asimismo fue de la junta del Banco de Bogotá, la asesoró en asuntos externos, presidió Fabricato en llave con Alianza Fiduciaria y se asoció a Crowe Horwath, consultora financiera, historial que no aparece en la página del Banco de la República (https://www.banrep.gov.co/es/alberto-carrasquilla-barrera-nombrado-nuevo-codirector-del-banco-republica).

https://es.scribd.com/embeds/524529547/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-6KbPgPhVX5HMJG55JcTX

Peor fue la conducción de la Hacienda en la pandemia. Pese al raponazo de 15 billones de pesos a municipios y departamentos para el Fondo de Mitigación de Emergencias, Fome, al dejar el cargo la ejecución de los auxilios era solo 70 por ciento del Fondo, como porcentaje del PIB ocupó el puesto 37 entre 82 economías emergentes (FMI). Los vulnerables necesitan poco, diría, y su largueza fue con el capital financiero. Le inyectó liquidez por 31 billones de pesos que, en medio de la crisis, sirvieron para ganancias en 2020 por casi 5 billones de pesos al Grupo Aval y al mes de estallar la crisis, en abril de 2020, se habían cedido recursos a la banca para recuperar sus acciones en la bolsa en más del 25 por ciento y con ellas el índice bursátil Colcap, además de librarles licencia para jugosas operaciones en divisas.

A Duque, ni esto ni el pecado de la fallida reforma tributaria, que extraía de las capas pobres y medias 30 billones de pesos, detonante del paro nacional, le estorbaron para nombrarlo codirector del Banco de la República, tras fallidos intentos de volverlo su gerente o presidente de la CAF.

Tampoco pesó que Colombia tenga el mayor desempleo de Suramérica, de 15,1 por ciento (1T, 2021, Cepal); dos de cada cinco personas en pobreza; déficit fiscal de 9 por ciento del PIB; déficit externo entre 3,5 y 4 por ciento del PIB; deuda pública del 70 por ciento del PIB; ser de los cinco países más desiguales del mundo y de las 15 economías con peor posición de inversión (BanRep). ¿A quién servirá Carrasquilla en el Banco de la República? ¿Cuánto más daño hará el gurú de la ortodoxia monetaria, como lo alabó Alejandro Gaviria? ¿Cuándo cesará la pesadilla?

Las tres transiciones de Petro

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Aunque la transición de Petro a la Paz sea la de Uribe, a la Democracia la de Turbay y la Energética dar un golpe de gracia a Ecopetrol y a la explotación de carbón, es dable que obreros petroleros y mineros –incluso así– se aferren a tan peculiar Colombia Humana.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

A mediados de marzo de 2021, la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de obreros petroleros, publicó un boletín de adhesión al Pacto Histórico de Gustavo Petro. Ese comunicado, repetido por Sintracerromatoso y Sintracarbón, respaldaba tal decisión en las llamadas tres transiciones que el senador de Decentes propone como ejes de su campaña presidencial.

En primer lugar, la transición a la Paz, por “el final de la violencia política”; la segunda, a la Democracia, en la que la ciudadanía “sienta que su participación política cuenta”; y la tercera, la Energética por la que “logremos abandonar el capitalismo fósil hacia una sociedad del conocimiento” (USO).

Desarrollos posteriores dan puntadas de en qué consisten para Petro tales transiciones. En la de la Paz, por ejemplo, escribió un trino: “Estoy de acuerdo con una amnistía general en Colombia. El perdón social e histórico es una (sic) momento casi irrepetible pero fundamental en la paz las sociedades (sic). Pero antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa” (17/8/2021).

Así respaldó la propuesta de Álvaro Uribe, quien la definió “casi como un borrón y cuenta nueva”. La justa refutación vino de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo: “Una amnistía general como propone Álvaro Uribe daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones. Y con los derechos de las víctimas…”. Hicieron referencia directa a Petro porque al unirse está “promoviendo la impunidad”.

El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, acusó dicha amnistía como “desmonte subrepticio del acuerdo de paz”, “ventana de impunidad política”, “pone en riesgo los cimientos mismos del Estado de derecho” (El Tiempo, 30/8). La columnista María Isabel Rueda, lejana de la izquierda, apuntó: “No es sino una propuesta que se reduce a que miembros del Ejército y un puñado de delincuentes puedan ser elegidos o nombrados en la burocracia” (El Tiempo, 29/8). Una pifia enorme el aval de Petro a Uribe.

Parecido sucedió con la decisión de presentar listas cerradas del Pacto al Congreso, en relación con la supuesta “participación ciudadana activa” que “debe contar” en la transición a la Democracia. Aquí los contradictores fueron los propios conmilitones: el movimiento aliado Fuerza Ciudadana, de Carlos Caicedo, hizo rancho aparte con una lista abierta de petristas purasangres a bordo como el antioqueño Gilberto Tobón o el ex-M-19 de Santander, Emiro Arias. También Gustavo Bolívar lanzó que “si se define que la lista del Pacto Histórico al Senado de la República es cerrada, no volverá al Congreso en el año 2022” (La W, 28/4) e inquirió: “¿Y los exmilitares que quieren el cambio? ¿Y las madres de Soacha? ¿Y los influencers?”.

Supeditar aspiraciones de dirigentes y partidos diversos, coaligados en un propósito común, al bolígrafo del jefe único como en épocas de Turbay Ayala, revive prácticas de gamonalismo, emulando al Centro Democrático en 2014. Tanto que un concejal petrista de Bogotá dijo: “No hay mecanismos legítimos para definir el orden de la lista”, puede acabar en “componenda a puerta cerrada” (Semanario Voz), la arbitrariedad ha puesto al Polo como “vagón de cola del Pacto” (La Silla Vacía) y el ultrapetrista Wilson Arias trinó que cerrar las listas a la Cámara es “absolutamente inconveniente” con riesgo de “excesivo centralismo”.

Frente a la transición Energética, Petro fue draconiano: de ganar, no se explotará ni exportará petróleo desde 2022. Esto, que en las actuales condiciones lleva a un marchitamiento de Ecopetrol, así se ponga a producir paneles solares, fue rebatido por Jorge Robledo: es condenar a Colombia a importar combustibles; no se reducirán los gases de efecto invernadero (GEI) porque otros lo harán por nosotros; y menos si solo respondemos por el 0,53 por ciento de los GEI, de los cuales 0,28 por ciento del carbono compete a hidrocarburos; no hay renglón, ni el recurrido turismo, que ipso facto pueda trasladar 20 billones anuales al Estado ni absorber 65.000 empleos calificados que se esfumarían. Robledo, a contramano, delineó como agenda ambiental prioritaria “reducir la deforestación de la Amazonia y el Pacífico Biogeográfico” y unirse a la “cruzada mundial” para que los grandes países contaminadores “cumplan sus deberes globales”.

Aunque la transición de Petro a la Paz sea la de Uribe, a la Democracia la de Turbay y la Energética dar un golpe de gracia a Ecopetrol y a la explotación de carbón, es dable que obreros petroleros y mineros –incluso así– se aferren a tan peculiar Colombia Humana. No es nuevo, igual pasó cuando otrora el proletariado francés se alineó con Proudhon, “un charlatán en la ciencia y un contemporizador en la política”. ¡Qué le vamos a hacer!