Protectofobia

En tres décadas, las compras totales al exterior crecieron 11,6 veces, mientras que las ventas solo 6,5, lo que incide en que el comercio exterior sea apenas 30 por ciento del PIB.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En sendas columnas (El Tiempo, La República), Rosario Córdoba y Claudia Lacouture, dirigentes de gremios y think tanks de firmas transnacionales, reiteran “la internacionalización” como eje del proyecto económico, acogen conclusiones de la Misión encargada de ahondarla y ponen los TLC como dogma.

Es “herramienta para elevar el ingreso por habitante”, “el cambio climático es oportunidad”, “energías limpias”, “digitalización del trabajo”, ciencia y tecnología, por lo que sirve estimular la “diáspora de colombianos en el exterior” y la inversión extranjera “que transfiera conocimiento”, razones repetidas hasta el cansancio, incluida la Ocde, adobadas con el chance que, dicen, se dará por la contradicción Estados Unidos-China.

Más revelador es lo que callan que este canto de sirena oído mil veces. En 2012, el ingreso por habitante de Colombia, en precios corrientes, fue de 8.238 dólares y en 2019 (fue peor en el atípico 2020), de 6.508 (BanRep). Así, al iniciarse los TLC, era el 18,5 por ciento del de Estados Unidos y a los siete años solo 11,6 (Fred). No llegó a 25 por ciento, antes bien se distanció.

En cuanto a exportaciones a Estados Unidos, al comparar las de petróleo en 2012, cuando el promedio Brent era 111 dólares el barril, con 2020, cuando estuvo a 42, es obvia su pérdida de participación. Sin embargo, parámetro más ilustrativo son las exportaciones de manufacturas a ese país, que entre 2012 y 2020, descontando piedras preciosas, crecieron de 854 millones de dólares a 1.013, apenas 18 por ciento, al 2 anual (Dane), lo mismo pasa con el número de productos, varios en forma de muestras no sostenibles en ventas o en pequeñas cantidades, así como el de exportadores, aumentado a un compás menor

¿A cambio de qué? Cuando arrancó la apertura, en 1990, el coeficiente de penetración de importaciones industriales, la porción del mercado interno atendido por manufacturas externas era del 20,13 por ciento. Luego de seis años de TLC, en 2018, ya iba en 44 por ciento (DNP). Y el denominado coeficiente de apertura de exportaciones manufactureras, lo destinado de la producción nacional al mercado externo, era en 1990 del 33,17 por ciento, mientras que en 2018, sin contar cuestionados registros de chatarra y oro, cayeron al 19 por ciento (DNP).

Se cedió el doble del mercado fabril interno y se disipó la mitad del externo y en agricultura, la dependencia en cereales y oleaginosas llega ya al 65 por ciento del consumo nacional, dentro de los más de 14 millones de toneladas de géneros importados, donde además crecen lácteos, papa y cárnicos. En tres décadas, las compras totales al exterior crecieron 11,6 veces, mientras que las ventas solo 6,5, lo que incide en que el comercio exterior sea apenas 30 por ciento del PIB.

La galanteada inversión extranjera predomina en áreas del consumo interior –varias antes en manos nacionales– como comercio minorista en grandes superficies, telecomunicaciones, generación y distribución de energía y servicios públicos, venta de combustibles al detal, productos cosméticos y aseo, comercio farmacéutico a toda escala, cervezas, tabaco y parte del cemento y concesiones viales, renglones de importación al mayoreo, como automotores y autopartes, fertilizantes, prendas de vestir y tecnología, y avanza en financiero, avicultura y salud, en EPS e IPS, como en servicios de suministro de personal, call center y transporte aéreo.

Recolonización, fruto de la seducción con beneficios de toda índole, que suma pasivos internacionales por 378.000 millones de dólares (BanRep, 2020), al agregarse a la inversión directa, incluidos petróleo y minería, créditos, acciones y portafolios bursátiles.

La orgía de importaciones, que causó déficit comercial entre 2012 y 2020 de 50.000 millones de dólares, y la rentabilidad de los capitales extranjeros invertidos, que se estima en el 6 por ciento anual (Cepal), ocasionan un balance negativo recurrente en las cuentas externas que obliga a endeudarnos para financiarlo. De ahí que la deuda del Gobierno central pasó, en lo corrido del siglo, de 70 billones de pesos a 690, se multiplicó por diez. El que a todo habitante le correspondiera de ella 1,5 millones de pesos y ahora más de 13, que el endeudamiento creciera por encima del ingreso por habitante, impelió a 19 reformas tributarias. Todavía son más dañinos los efectos macroeconómicos que los sectoriales.

Pese al desplome del ingreso por habitante; a pérdidas cuantiosas del mercado interno; al retroceso en las ventas al exterior; a la entrega de subsectores claves de demanda interna; a la sangría de ahorro y trabajo por la vía de la deuda impagable; a la asimétrica extranjerización de la economía, los portadores del virus de la Protectofobia descalifican a quienes se resisten a acabar de despeñar a Colombia al fondo del abismo. ¿Qué vacuna precisarán para curarse?

#Minticgate (o los escándalos en Mintic en la era Duque)

Abudinen y su rosca deben irse y el juicio ha de alcanzar a Iván Duque, quien presumió hacer del país un Silicon Valley y remata con Mintic vuelto foco de trastadas.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Los escándalos en Mintic escalan desde la aprobación de la Ley 1978 de 2019 con Silvia Constaín como ministra, que venía de Facebook como jefe de Políticas Públicas para el Sur y Gerente de Relaciones Gubernamentales de Apple para Sudamérica (Wikipedia). A estos agentes o Google o a Amazon, bajo la batuta del Comisionado TIC, Víctor Muñoz, se les diseñó una “ley sastre” permitiéndoles captar gran parte de la torta sin retribuir casi nada. Y a los operadores de telefonía y televisión se les extendieron con largueza las concesiones del espectro.

Las 61 mayores compañías de telecomunicaciones facturan al año 40 billones de pesos (Dinero). El líder es Claro, de Slim, que copó las bandas hasta el tope permitido. Lo siguen Movistar, de Telefónica de España, y Une-Tigo, compartida entre EPM y Millicom. Un oligopolio al que la telefonía móvil causa el 60 por ciento de sus ingresos, la fija, el 25 por ciento y otros servicios, el 15 por ciento. El acceso a internet se alinea hacia el consumo de voz, datos, aplicaciones y afines en un paquete que cuesta dos y media veces el promedio internacional (Ocde, El Tiempo, oct. 2019).

Constaín licitó en 2019 nuevas franjas del espectro. Se avisó que, por fuera del oligopolio, aparecería un operador nuevo, Partners, que obtuvo bloques en las bandas de 700 MHz y de 2.500 (Mintic). El tropezón sobrevino cuando renunció a uno de 10 MHz asignado en la de 2.500, porque “por error” ofreció 1,7 billones de pesos. Se escabulló aduciendo que anotó un cero de más. Se le impuso una ridícula multa de 42.000 millones de pesos, pero se le validó el resto, pese a la objeción de los competidores.

Vino la subasta para administrar y explotar el dominio de internet para Colombia. Desatendiendo admoniciones del procurador Carrillo, Constaín lo adjudicó a la norteamericana Neustar, que tenía demandado al Estado colombiano exigiéndole la renovación automática, aunque a los días fue vendida al gigante GoDaddy, cuyos bajos precios de oferta implicarían, según expertos, un monto inferior a los 41.000 millones de pesos percibidos en la última década (Montes, SEMANA, n.º 1981)

En medio del barullo, aterrizó una nueva ministra, Karen Abudinen, con su rosca: viceministro de Conectividad; secretaria general, que también maneja el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic); director jurídico; directora de industria de comunicaciones; jefa de fomento regional de TIC y subdirectora de gestión contractual, todos o colegas suyos en el ICBF o en administraciones de Barranquilla o en la Consejería Presidencial para las Regiones o paisanos (como se ve en el roscograma MinTic Abudinen – Char adjunto a esta columna en su versión digital).

En diciembre de 2020 lanzó la subasta por 2,1 billones de pesos para “revolucionar la conectividad en las escuelas rurales del país (…) 14.745 (…) 10.000 antes del 31 de diciembre próximo”. El resultado de la licitación, al final estructurada en dos grupos, fue la asignación de uno para Claro-Comcel (¡cuándo no!) con 7.468 centros digitales, y el otro, con 7.277 en 16 departamentos, para la unión temporal UT Centros Poblados, compuesta por cuatro empresas: una, contratista en la Costa Caribe con evidentes vínculos politiqueros; otras dos, que ajustaron su objeto social para obras TIC, las tres inscritas en la Cámara de Comercio de Barranquilla, que no están entre las 61 principales de telecomunicaciones ni entre las 104 primeras en tecnologías de la información (Dinero); y la cuarta, de pavimentos, también adecuada a TIC, ligada por años al exgobernador Álvaro Cruz, condenado por el carrusel de la contratación.

Pese a recibir 70.000 millones de pesos de anticipo, la UT no había cumplido lo acordado corridos seis meses. El escándalo estalló cuando el banco Itaú dijo que las pólizas de cumplimiento y garantías eran falsas. La UT gastó el dinero, hoy en volandas, en subcontratar con firmas relacionadas y en el giro irregular a una empresa fachada, basada en Delaware, Nuovo Security, con raíces en Barranquilla (Caracol Radio).

Frente a lo dicho por Iván Duque y Abudinen, la solución está lejana y más cuando el abogado de la UT, Pino Richi, ducho en recovecos jurídico-administrativos, como asesor en la Gobernación de Cruz, de los Nule y del Turco Hilsaca, centra su defensa en el despelote ministerial. ¿Se indagaron antecedentes a los miembros de la UT? ¿Acaso no hay en Mintic gestión de control con décadas de experiencia?

No basta acusar lo malo de “los malos”, también lo malo de “los buenos”, deslegitimados por evidentes fallas garrafales. ¿Vigilarán con curia los 2 billones de pesos en “obligaciones de hacer”, que pagarán los operadores del espectro? ¿Administrarán con transparencia el Fontic-Mintic con 1,5 billones de pesos? Abudinen y su rosca deben irse y el juicio ha de alcanzar a Iván Duque, quien presumió hacer del país un Silicon Valley y remata con Mintic vuelto foco de trastadas.

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Feria de Matecaña, gangazo a los Solarte

Pese a avisos de veedores sobre los perjuicios que acaecerían con esta concesión, el alcalde Gallo desoyó y procedió con la barbaridad.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El Grupo Solarte (CSS-otros) es de los primeros contratistas en obras públicas, consentido por todos los gobiernos y vehículo de bancos para inversión en infraestructura. En el de Uribe 1 recibió la concesión Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS); en el de Samuel Moreno en Bogotá, en asocio con Odebrecht, hizo el interceptor Tunjuelo-Canoas, y en 2008, con Uribe 2, con el mismo socio brasileño y el Grupo Aval, ganó la manchada Ruta del Sol 2 y luego la adición Ocaña-Gamarra. Hace parte de Opain, la concesionaria del Aeropuerto El Dorado, y fue favorito de Vargas Lleras en la adjudicación de las vías 4G, con presencia en cinco de ellas. Súmele vías regionales como la Troncal de la Paz en Antioquia con Aníbal Gaviria, hoy detenido.

La concesión BTS, a 30 años con 15 más prorrogables, data de 2002. Según anunció la ANI, Solarte la vendió en 2020 al fondo australiano Macquarie y dejó tramos pendientes, pleitos con trabajadores (La W) y litigios con propietarios de predios. Un veedor dijo: “El Gobierno invirtió 1,6 billones de pesos, pero nunca se supo cuánto Solarte” (Boyacá Siete Días, septiembre, 2020).

Respecto a Tunjuelo-Canoas, “La Fiscalía pudo demostrar que las dos empresas (Odebrecht y CSS) pactaron pagar 8,75 por ciento del contrato en coimas para asegurar la consecución de la obra” y Paola Solarte aceptó el cargo, al acogerse a sentencia anticipada. En la Troncal de la Paz, Luis Fernando Solarte, “procesado por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales (…) dejará de ser investigado siempre y cuando revele información (…) que envuelve principalmente al gobernador suspendido de Antioquia, Aníbal Gaviria” (Infobae, junio, 2021).

Como socio del 29 por ciento de Opain en el aeropuerto El Dorado, ha disfrutado de 30 modificaciones ventajosas desde 2006 hasta 2019, más de dos por año (ANI). En cuanto a la corrupta Ruta del Sol 2, en la que participaba con el 4,99 por ciento, se benefició con ilegalidades, como denunció Camilo Gómez: “Pusieron los recursos empresas de Odebrecht y la constructora de Solarte y ahí mismo, tan pronto recibieron ingresos, la sacaron a manera de distribución anticipada de utilidades” (Asuntos Legales), “una dinámica de reembolsos y pagos irregulares en la ejecución” (SIC). ¿Escogió Odebrecht compinche para tan sombrías maniobras? Aunque por sanciones y restricciones del sector bancario, el Grupo Solarte viene mimetizándose tras las estructuras societarias en varias vías 4G, proyectos como Popayán-Santander de Quilichao ni siquiera han arrancado

Hay un desatino menos difundido: la concesión del Aeropuerto Matecaña, de Pereira, cuando ya se conocía de ciertos torcidos de CSS. “En abril del 2017 el alcalde Juan Pablo Gallo suscribió el contrato por valor de $287 mil millones y plazo de 20 años… se presentarían dos proponentes de 12 firmas habilitadas (…) El ganador ofreció (a Pereira) una participación de los ingresos (…) del 10,82 por ciento y el perdedor el 10,63”, un porcentaje bajo para este tipo de concesiones. Como dudosa coincidencia, el consorcio rival tenía entre sus miembros a William Vélez, asociado a CSS en El Dorado. No es suspicacia sospechar colusión entre los proponentes (Carlos A. Crosthwaite, Elopinadero.com.co).

https://youtube.com/watch?v=pK_475jxzZ0%3Ffeature%3Doembed

Como “árbol que nace torcido, difícilmente endereza”, el desarrollo contractual es un sendero de disparates. Luego de cuatro años, CSS no ha cancelado la estampilla Procultura, que grava en Pereira todo contrato público con el 1 por ciento. El texto original lleva ya cinco modificaciones, varias sustanciales, como en la cláusula que exigía que el crédito bancario, con el que se respaldaba el contrato, fuera consignado en un patrimonio autónomo. Sin embargo, ya que por sus malandanzas CSS perdió la confianza del sector financiero, se le franqueó reemplazarlo con inciertos recursos propios, que podrían venir hasta de los mismos de la concesión (2017). ¿Se violaron in fraganti los términos de la licitación?

Llenó la copa “el rebose de las canales recolectoras de aguas lluvias de su cubierta cada vez que se presenta un fuerte aguacero (…) se ven discurrir aguas por las salas de atención a pasajeros (…) daños en baños de atención al público” (Crosthwaite). Se infiere que los recursos para mantenimiento correctivo o preventivo no se usan o quizás, por la iliquidez de CSS, ni existen (video). Pese a avisos de veedores sobre los perjuicios que acaecerían con esta concesión, el alcalde Gallo desoyó y procedió con la barbaridad. Ahora es candidato al Senado por el Partido Liberal, estampa de una clase emergente que capturó la administración pública pereirana, reedición de “los mismos con las mismas” que hicieron bazares del patrimonio público. Con tan profuso prontuario cabe inquirir: ¿fue sin contraprestación la feria de Matecaña? Averígüelo, señor Fiscal.

Agro, Ingreso Seguro 2.0

En el colmo de los colmos, el crédito agropecuario está destinando cuantiosos montos a financiar las importaciones de productos del agro. ¡Horror!

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 2006, Álvaro Uribe lanzó el programa de crédito agropecuario subsidiado Agro, Ingreso Seguro, presentado para “promover la productividad y la competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía” (DNP).

Jorge Enrique Robledo demostró lo contrario: “El gobierno nacional tomó los escasos recursos del sector agropecuario (…) y los distribuyó de una manera concentradísima, en beneficio de unos pocos muy poderosos, a quienes les dio mucho, mientras que a casi todo el resto de los colombianos no les dio nada y a unos cuantos tan solo alguna cosa”.

Desde el comienzo se sabía que, dentro de las dadivosas entregas a la cúpula de beneficiarios, se violaron las normas en cerca de 40 casos por valor de 16.567 millones de pesos, por lo que los implicados debieron devolver esa suma (El Espectador). El ministro Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por 17 años, inhabilitado y multado por organismos de control, y con él llevados a juicio más de una decena de funcionarios. Varios de ellos y un número similar de los particulares aventajados irregularmente se acogieron a sentencia anticipada (El Espectador).

Resulta absurdo que, en 2020, 15 años después, el Gobierno de Duque repita la historia, al menos con la concentración del crédito. Informes de Finagro y glosas de analistas y gremios del campo lo demuestran. De 24,2 billones de pesos que se colocaron, 17,2 billones, el 71 por ciento, se prestaron apenas al 2 por ciento de los solicitantes, calificados como “grandes”. En la otra orilla, el 75 por ciento de los prestatarios, los “pequeños”, apenas recibieron 14 por ciento de las colocaciones, 3,4 billones (Finagro).

En números absolutos significa que “el saldo promedio de cartera de un pequeño productor es de cerca de $7 millones; el de un mediano, de $60 millones, y el de un grande, de $1.202 millones” (Finagro, 2020, p. 86). Luego 14.309 “muy poderosos” disponen de casi 18 billones de pesos, en tanto 60.000 medianos se hacen a 3,6 billones, y 485.714 campesinos y menores productores acceden entre todos apenas a 3,4 billones. Como las unidades de producción agropecuaria son casi 2 millones, resulta que cerca de tres de cada cuatro no acceden a ningún tipo de crédito. ¿Así o más desigual? (Dane- ENA-2019).

Ahí no para la iniquidad. Cuando se mira el objetivo de los créditos, el dato es aterrador. Sabiendo que los escasos recursos son solo 2,4 por ciento del PIB, mientras el agro es casi el 7 por ciento de la economía, tres de cada diez pesos colocados van a “normalización”. Es el nombre técnico para “refinanciación”, que no es para nuevas actividades, sino para sujetos cuyas obligaciones “no han podido cumplir con el cronograma de pagos acordado”. No fomenta la producción, sino que prorroga a mayor costo los recorridos de crédito sobre morosos entrampados, lo que es evidencia de las gigantescas dificultades del campo.

Un documento de Fedegán denuncia quiénes son los “muy poderosos”: “Dentro de una distorsionada concepción de cadena, incluyen rubros de Comercialización y Servicios de Apoyo, por donde se cuelan hasta grandes superficies, multinacionales de agroquímicos e industrias procesadoras” y que, en cuentas gruesas, capturan casi la mitad de todos los créditos, 45 por ciento. El hecho es conocido por los arroceros, que ven “fugar” ingentes paquetes hacia el oligopolio de los molinos, vía “comercialización” (Agameta). En el colmo de los colmos, el crédito agropecuario está destinando cuantiosos montos a financiar las importaciones de productos del agro. ¡Horror!

El manejo del crédito está puesto en alto porcentaje en las entidades privadas, como banca de primer piso, a las que se entregan recursos del Gobierno, de Finagro, a tasa de DTF + 1 por ciento y los colocan a DTF + 10 por ciento, por ejemplo, al mediano productor, vuelto así en “vaca lechera” de la banca. Un margen confiscatorio.

Las distorsiones son inconcebibles: la tasa de interés, para el pequeño productor, oscila alrededor del 11,5 por ciento; la del mediano, en torno al 10,5 y la del grande, donde hay libertad a los bancos para negociarla, del 8,5 real (Fedegán). ¿Es posible mayor asimetría? ¿Habrá en las generosas tarifas a los “grandes” una reedición de los desaguisados del original Agro, Ingreso Seguro? En manos de la Contraloría General y del control político del Congreso queda averiguarlo.

Iván Duque anhela ser recordado por la “equidad”. El caso del crédito para la agricultura será uno más donde ocurrirá al revés: lo añorarán el sector financiero y los “muy poderosos” favorecidos también con la promovida Agricultura por Contrato, donde el agricultor queda sometido por el intermediario, como acaeció con la Philip Morris y los tabacaleros, hasta que los extinguiera.