julio 2021 – Aurelio Suárez M.

Los regalos de la reforma Duque-Restrepo

julio 31, 2021agosto 1, 2021 Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Drácula motiva la opacidad fiscal; instala una “ventanilla siniestra” para todo tipo de flujos; se rinde ante capitales buitres y el FMI; mima al oligopolio del transporte y sus socios y, más importante aún, devela en quiénes el Gobierno de Duque ha depositado la suerte de la nación.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Drácula sangraba a sus víctimas. La reforma Duque-Restrepo también y, para atraer dólares sea como sea, encima regalos a otros vampiros: prestamistas y calificadoras de riesgo, al Fondo Monetario Internacional (FMI), a evasores como Panama Papers, y redime a concesionarios y financiadores de los sistemas de transporte.

El regalo a fondos internacionales de capital. El artículo 8 fija en 0 por ciento la tarifa de retención en la fuente para “valores de renta fija pública o privada o derivados financieros con subyacentes en valores de renta fija”. Es decir, los inversores en esos papeles, como los Títulos del Tesoro (TES), verían incrementadas sus utilidades, en particular los extranjeros. No es la primera vez: Duque lo hizo en 2019, en la Ley 2010, al bajar esa retención de 14 por ciento a 5, pero la lleva a 0 precisamente cuando, a diciembre de 2020, las inversiones foráneas en TES alcanzaban “máximos históricos” por 86,53 billones de pesos (SEMANA) y el ministro Restrepo decía en junio que “la inversión extranjera en títulos de deuda pública TES alcanzó récord de 10,8 billones de pesos” (Twitter).Convierte a Colombia en edén fiscal para seducir especuladores.

A calificadoras de riesgo, buitres y FMI. Fuera de lo anterior, para saciarlos, brindarles garantías y acatar compromisos con el FMI, Drácula cambiará la fórmula para la regla fiscal, el mecanismo ideado para el control presupuestal que permitía un pequeño porcentaje del PIB como diferencia máxima entre el gasto total y el ingreso total del Gobierno.

En el artículo 30, para asegurarles a prestadores, a Standard & Poor’s y similares y al FMI que se respetará a toda costa el servicio de la deuda, el cálculo del porcentaje de dicha regla se hará antes de deducir el pago de los créditos, sobre lo que se llama balance primario. En palabras sencillas: si desde 2015 el apretón se daba abarcando todas las partidas, en adelante no incluirá la cuota del endeudamiento, será intocable, y acortará más el gasto para bienestar social.

A Panama Papers. Se refiere a la “normalización” de capitales fugados al exterior, para especular o en finca raíz, o a activos no declarados o deudas inexistentes presentadas. La Ley 1739 de 2014 la cubrió hasta 2018 y se prorrogó en 2019 y 2020. Inició con tarifa de tributación del 10 por ciento, contra el valor de mercado de lo “normalizado”, subió luego a 13, después a 15 y Drácula la eleva a 17 hasta 2022. Con una ganga: aplicará sobre la mitad de los recursos omitidos, si duran al menos dos años en el país. ¡Plop! (artículo 1-6).

Desde 2015 hasta 2020, la “normalización” suma 25,3 billones de pesos (SEMANA) y ha recaudado apenas 1,77 billones (Dian). No solo no importa la fuente de los dineros, sino que se contradice a la Corte, que la declaró exequible solo si era “temporal”, y Duque la volvió constante. Dicen expertos: “Son amnistías disfrazadas… afectan la cultura tributaria… erosionan la recaudación” (Global Consulting).Premia la evasión de todo orden, abierta o encubierta.

A bancos y concesionarios de transporte. Remunerará los contratos clase TransMilenio, la criatura de Peñalosa tan favorable para los concesionarios, donde los gestores oficiales cubren la diferencia entre lo que se les reconoce por pasajero y el precio en taquilla. Con Uribe II se replicaron por Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Pereira.

El artículo 24 beneficia al oligopolio transportista y también a los bancos que apalancan la operación, porque la crisis puso a gatas a las ciudades para honrar los leoninos contratos, algunos con tasa de ganancia del 9 por ciento, como la otorgada por Peñalosa en 2018.

Es descomunal el monto que correrá por cuenta de todos los contribuyentes del país. En Bogotá, en 2020, se cubrieron 1,84 billones de pesos y en 2021 en junio iban 1,05 billones (M. Sarmiento). En Cartagena se avisa un faltante para cierre de año por 68.000 millones; en Bucaramanga en 2020 fue de 102.000; en Pereira acumula 45.500 y en Cali los ingresos diarios del MIO eran 12.457 millones antes de la pandemia y hace poco no llegaban a 3.000 (La República). La cuenta sumaría más de dos billones de pesos para que el PNB Paribas, JP Morgan o los titularizadores bursátiles de la operación respiren tranquilos.

Los concesionarios no harán sacrificios, pese a que unos como Consorcio Express (Bogotá) hayan tenido ingresos por 670.789 millones en 2020, más que el Metro de Medellín, y una exorbitante utilidad neta sobre el patrimonio de 36,6 por ciento (Dinero). Se honrará tal abuso.

Reforma Duque-Restrepo: de Frankenstein a Drácula

julio 24, 2021julio 26, 2021 Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

No reactivará la economía: la presente crisis de demanda no se resuelve con política fiscal, sino con cambios en las políticas monetaria y comercial.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Cuando me indagaron en Mañanas Blu sobre la reforma tributaria Duque-Restrepo, una vez se enunciaron fuentes y montos, contesté: “Si fuera congresista, votaría NO”. Cinco son las razones para dicha negativa: regresiva, innecesaria, no estructural, farsa “social” que incumple principios presupuestales y no reactiva la economía.

Colombia es de los países más inequitativos entre personas naturales, con un Gini de 0,54, pero es peor entre empresas o personas jurídicas. Estudios de Acopi Bogotá-Cundinamarca y Garay-Espitia confirman que en ingresos, activos, utilidades y patrimonio dicho coeficiente supera 0,8. Por ende, imponer la tarifa de renta del 35 por ciento a todas, igual a una pyme de confección o calzado que a la AngloGold Ashanti, además de elevarla como propone la Duque-Restrepo, viola la progresividad que prescribe la Constitución.

Se alardea de que solo recaudará 15,2 billones de pesos, 17 menos que la Duque-Carrasquilla. Se omite que en los últimos meses la voracidad de la Hacienda se está saciando por otras vías. El alza del petróleo Brent superó las cuentas del Gobierno de 63 dólares el barril, en ascenso desde el primero de marzo hasta el 16 de julio en 73,59, y, dado que “cada dólar adicional en las cotizaciones de crudo representa medio billón de pesos a la Tesorería Nacional” (Ávila-El Tiempo), por impuestos, regalías y utilidades de Ecopetrol podrían facturarse, con promedio de 69 dólares el barril al año, de 3 a 4 billones inesperados.

Asimismo, el FMI asignará a los países miembros Derechos Especiales de Giro por 650.000 millones de dólares, como devolución de activos en reservas en esa entidad, de los que a Colombia le corresponderán 2.660, que a 3.800 pesos por dólar serán 10 billones extras. Finalmente, el Gobierno insiste en “optimizar sus patrimonios”, forma ladina como el ministro Restrepo trata la venta de ISA a Ecopetrol, que traería mínimo otros 14 billones. Cabe preguntar: ¿así sí vale tocar las reservas? ¿Con dichas entradas, es necesaria la reforma? ¿Es para endulzar a las calificadoras de riesgo? ¿Aseguran Duque y su parche una bolsa popocha de 45 billones en periodo electoral?

Varios economistas reclaman que no corrige distorsiones tributarias entre personas naturales (Angulo). Tras el “no se tocarán”, se diluyeron gravámenes mayores a los magnates rentistas de dividendos y se mantiene, como se deduce de las declaraciones ante la Dian, que la tarifa efectiva de renta sobre los ingresos brutos para la elite más poderosa sea 3 por ciento, mientras que la de los asalariados de clase media-alta es 13 por ciento (Espitia).

Seguirán libres las ganancias giradas de las subsidiarias multinacionales a sus casas matrices o a paraísos fiscales, no se sentará el tributo a la riqueza y, en tanto se considera una hazaña que los bancos paguen una sobretasa –que trasladarán a sus usuarios– y que se descuente solo 50 por ciento del impuesto de industria y comercio, 3,9 billones de pesos, del ciento por ciento antes aprobado, continuarán intocables 10 billones anuales en costos fiscales por beneficios tributarios, en especial a mineras y financieras, más otros 10 que, sin contar la rebaja aplazada del impuesto de renta, se decretaron por varios conceptos en la Ley 2010 de 2019. Sacar de un bolsillo y meter en otro.

La farsa en “Inversión Social” es igual a la Duque-Carrasquilla. El apoyo al empleo será irrisorio, 1,6 billones de pesos por todo motivo, y, sumándole Ingreso Solidario y Matrícula Cero, apenas 4,1 billones de pesos del recaudo irán a programas sociales del total esperado de 15,2 (Portafolio).

El gasto social completo en 2021, incluida la devolución del IVA, sumará 10,7 billones (SEMANA-DPS) para cubrir a 25 millones de personas, a razón de 1.172 pesos diarios para cada cual, 31 centavos de dólar, una miseria. Igualmente, al retirarle la Duque-Restrepo a la economía 10 billones más de los que así retornarían, incumple el principio de presupuesto de equilibrio balanceado en perjuicio del conjunto de la economía. ¡Duque proclama una Revolución!

Contra evidencia, le brotan loas a la Duque-Restrepo por ser cría de Uribe y Vargas Lleras; o porque tiene más gasto social que la anterior (Valencia-El Espectador) o, peor, la del asesor de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla: “El gobierno le hizo caso a Petro” (El Tiempo). No reactivará la economía: la presente crisis de demanda no se resuelve con política fiscal, sino con cambios en las políticas monetaria y comercial (E. Sarmiento).

Iván Duque romperá el Récord Guinness en presentación de reformas tributarias: cuatro en tres años. La primera la tumbó la Corte Constitucional por mañas en el trámite; la segunda, para subsanar la primera, y ahora, la cuarta, la Duque-Restrepo, un Drácula, para recoger los destrozos de la tercera, la Duque-Carrasquilla, ese Frankenstein que enterró el paro junto con su autor.

La lógica bélica duquista

julio 17, 2021julio 26, 2021 Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

El informe de la CIDH impugna los ataques a las misiones médicas y al periodismo, el ciberespionaje y los excesos contra los bienes públicos (…). No es un documento parcializado.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Ni el presidente Duque, ni la vicepresidenta y canciller Marta Ramírez con una desatinada perorata en la ONU, ni Vargas Lleras, su socio político, parecen NO percatarse de la principal observación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe: “La persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social”, que “dificultan todo esfuerzo de diálogo como mecanismo para alcanzar soluciones (…) entre personas que hay que proteger y no frente a enemigos que hay que combatir” (puntos 7 y 8).

El Gobierno hace sordina sobre dicho aspecto central del informe y de ahí sus conductas arbitrarias y hasta la forma como lo evalúa: desde el lugar común de “sesgado” hasta el desobligante de Duque: “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad” o el absolutorio “no es vinculante”.

Son 48 páginas, 187 puntos y 41 recomendaciones, y se divide en tres partes: una, de contexto del paro, que subraya como causa del descontento “reivindicaciones estructurales e históricas”, que “subyacen en la inequidad, pobreza y acceso a derechos”, recrudecidos en la pandemia para jóvenes y mujeres. Igualmente, reseña el ambiente político de “polarización” y ve más preocupante “cuando estos discursos provienen de autoridades públicas”.

La segunda es un recuento de hechos, fundado en “información recibida” de la Fiscalía, la Defensoría y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, confrontada con varias ONG y representantes de la sociedad civil, que lleva a la CIDH a concluir que hubo “graves violaciones de los derechos humanos”. El informe enfatiza en que se afectó la vida, la integridad personal y la libertad de los manifestantes, pero también que se causó perjuicio a derechos fundamentales de terceros y se incurrió en acciones irracionales, como en Tuluá.

Aunque lamenta las “disparidades” en las cifras de las diversas entidades, contabiliza 12.478 protestas, en 862 municipios y 32 departamentos, de las cuales 11.060 fueron pacíficas y 1.418 con “acciones violentas”. También 51 muertes, 1.113 civiles heridos, 18 lesiones oculares, 84 desaparecidos, 113 hechos de violencia de género; asimismo, 1.253 policías heridos y pérdidas a la economía por 3.300 millones dólares, entre ellas, el asedio a Buenaventura, clave en el comercio exterior. Impugna los ataques a las misiones médicas y al periodismo, el ciberespionaje y los excesos contra los bienes públicos, que abarcan en estos casos desde el uso oficial “excesivo y desproporcionado de la fuerza” hasta a “grupos ajenos a la protesta”. No es un documento parcializado.

La CIDH describe una espiral de violencia que debe desmontarse. Reprocha que la policía y los civiles usen armas de fuego para enfrentar la protesta y esgriman en forma inadecuada otras “menos letales”. Y que la fuerza pública estuviera “dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones”, y más cuando los lesionados fueron jóvenes, grupos étnicos o mujeres. Circunscribe la fuerza a un “último recurso” y deplora el abuso con la figura del “traslado por protección” para privar de la libertad a 7.020 personas.

Afirma que “la protesta no es derecho absoluto” y sus límites deben fijarse en una ley estatutaria pendiente de trámite. Resulta insólito entonces que consejeros de Duque, a contramano, se enfoquen en una “ley antivandalismo”, redundante al Código Penal, dentro de la lógica belicista del Gobierno Duque.

De las 41 recomendaciones, en la tercera parte, la que causa mayor reacción en la Casa de Nariño es la que acepta cierto grado de perturbación en los “cortes de rutas” (bloqueos), 1.937 en total, si bien la CIDH no descarta que puedan levantarse recurriendo a mínima fuerza si afectan la alimentación, la salud o producen graves perjuicios a terceros, como pudo ocurrir eventualmente en 124 de ellos, mayores de siete días. La propuesta de adscribir la Policía y el Esmad al Ministerio del Interior, como estructura civil, cercana al ciudadano y lejos del sello antinarcóticos imprimido hace décadas, fue denigrada como un atentado contra un cuerpo “apolítico y profesional” (Vargas, El Tiempo). El Gobierno también desestimó la insistencia de la CIDH a la Procuraduría para que se ciña a los estándares vigentes para la sanción a elegidos por voto popular.

La CIDH exhorta a abandonar “lógicas bélicas” y a acoger el diálogo para resolver las contradicciones, un llamado a los grupos de extrema derecha, que impelen a resolverlas por mano propia; a los de la “insurgencia imaginaria”, que en cada estallido ven ocasión para derrocamientos; pero, en particular, al Gobierno de Duque, que con sus erróneos actos hace trizas la paz, mina la confianza institucional y, como también le advierte la Ocde, ahonda “el deterioro democrático”.

“Construyamos democracia, no más desigualdad” (Homenaje a Carlos Gaviria)

julio 10, 2021julio 26, 2021 Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

No le faltaba razón a Carlos Gaviria en su pregón: la política económica enunciada en 1991 no respondió a la igualdad proclamada doctrinariamente.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Pocas personas han hecho desarrollos de las normas de la Constitución de 1991 como Carlos Gaviria Díaz. Sus ponencias en fallos de la Corte se consideraron “herejías constitucionales” y de ahí la biografía que escribió Ana Cristina Restrepo titulada El hereje: Carlos Gaviria.

Cubren la autonomía personal, en el consumo de drogas y la eutanasia; las libertades de opinión e información para el ejercicio del periodismo; el principio de igualdad, que cobijó a la mujer, la pensión de vejez y la ley de cuotas; la familia, sobre asuntos espinosos como el sexo y la violencia en televisión, el incesto y el castigo a los niños.

Abordan la inviolabilidad parlamentaria, el delito político, la cobardía y el honor militar, la autonomía jurisdiccional en comunidades indígenas, incluyendo pluriculturalismo y derechos humanos, y el debido proceso para estos casos, para la extradición y para la extinción de dominio (FCE-2002).

No obstante, Gaviria decía que “de nada sirve el enriquecimiento del catálogo de derechos y libertades sin un mecanismo que permita hacerlos efectivos”. En consecuencia, siendo candidato presidencial en 2006, divulgó un lema todavía vigente: “Construyamos democracia, no más desigualdad”, para lo cual apelaba a poner al Gobierno, como cabeza del Estado, al frente de la orientación de la economía.

Ese postulado contraría los artículos de la Constitución de 1991 que prescriben la política económica: el 371 y el 373, al depositar de manera autónoma la política monetaria y cambiaria en el Banco de la República, y el 334, que fija la conducta fiscal para las ramas del poder público.

Condensan el dogma neoliberal en tanto restringen la intervención de los gobiernos en instrumentos a los que podría acudir en busca de estabilidad macroeconómica frente a volatilidades y choques externos o a dinamizar el gasto público proactivo hacia la producción y el empleo, con mayor premura en tiempos críticos como el actual.

El control de la inflación se fijó al inicio por una cantidad de dinero de “equilibrio” en la economía y luego, por orden del FMI, por un rango meta (Junguito, 2005). Aunque el principio rector es “el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, luego de 30 años una tercera parte de los hogares solo accede a dos o menos comidas diarias; escasamente un 5 por ciento puede ahorrar y, al 85 por ciento, sus ingresos no les alcanzan o apenas suplen sus necesidades. Los presupuestos familiares se han debilitado asimismo por el ánimo de lucro –permitido en la Constitución– a particulares en áreas de bienestar, como la salud, y por las cargas de 18 reformas tributarias.

En contraste, como prueba de que dichas normas constitucionales no son neutras, pero sí afines al Consenso de Washington, el sector financiero creció al 7 por ciento entre 2006 y 2019, mientras la economía lo hizo al 4. Sus tasas reales de interés son de las más altas y los márgenes de intermediación, prohibitivos. Asimismo, garantiza a las inversiones extranjeras, que a diciembre de 2020 valían 380.000 millones de dólares (Banrep), la valorización en pesos constantes. Escasos ganadores y muchos perdedores.

El 334 dejó expedito el camino a la ortodoxia fiscal para promover reformas, fundadas en el hiperpresidencialismo manifiesto en los artículos 154 y 189, que acinturaron más el gasto público. Un ejemplo fue el Acto Legislativo 01 de 2001, que cambió el régimen de transferencias para educación, salud y saneamiento básico a municipios y departamentos, ligado a los ingresos corrientes de la nación, por el Sistema General de Participaciones, por el que durante 18 años, en pesos constantes de 2019, han dejado de recibir 318 billones de pesos (Espitia, 2020). Por la puerta entreabierta se colaron en 2011 la regla y el incidente fiscal, si las sentencias judiciales se salen de molde, y en conjunto con el 373, forman un marco contractivo, como ahora, cuando se descartó la emisión monetaria. Los superpoderes presidenciales otorgados marginan al Congreso y se ejercen a sus anchas en campos como la deuda pública o el comercio exterior.

¿Cuál es el balance? Que en tres decenios Colombia es tanto o más desigual. En 1990 el coeficiente de Gini, que mide la distribución del ingreso, era de 0,546 y en 2020 fue de 0,544 (Dane). No le faltaba razón a Carlos Gaviria en su pregón: la política económica enunciada en 1991 no respondió a la igualdad proclamada doctrinariamente.

Urge cambiar el 373 y, sin quitar independencia técnica al Banco, regular la tasa máxima de interés remuneratorio con el propósito de promover la inversión, la competitividad y el empleo y con tales fines adaptar los requisitos, si es el caso, para emitir dinero, aplicado en forma certera en procura de enrutar a Colombia hacia la equidad y el progreso, asignatura básica de cualquier Carta.

La dignidad de las víctimas

julio 3, 2021julio 26, 2021 Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

La Comisión de la Verdad es un “modo de sanación”, del “derecho de las víctimas a conocer”, y tiene antecedentes en países como Guatemala, Sudáfrica, Argentina, El Salvador y otros.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El punto V del Acuerdo de Paz, sobre víctimas del conflicto, las reconoce, asume responsabilidad frente a ellas, persigue plena satisfacción de sus derechos, las invita a participar para lograrlo, propone esclarecimiento de la verdad, la reparación, la no repetición, protección y seguridad, dentro del espíritu de reconciliación. Para concretar esos propósitos se diseñó un sistema integral de tres entidades: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

La JEP presenta cifras que ponen en letra gruesa las realidades más relevantes del conflicto, con 44.374 víctimas acreditadas; 21.396 hechos de secuestros con 59 comparecientes como responsables; 17.024 reclutamientos de menores con 37 determinadores de tales delitos, además de 6.402 muertos ilegítimamente y presentados como bajas en combate por agentes del Estado, mal llamados “falsos positivos” o “ejecuciones extrajudiciales”, con 394 implicados, todos dentro de las 12.946 personas sometidas a su jurisdicción. Como órgano de justicia, la JEP se propone confirmar lo acaecido y precisarlo en busca de la verdad jurídica plena, a fin de aplicar la pena correspondiente a los culpables en tanto la reconozcan.

Por su parte, la Comisión construye la verdad histórica fundada en evidencia verificable sujeta al marco de interpretación más objetiva posible, el que, dice el historiador Edward H. Carr, interviene en todos los hechos considerados históricos elaborados por el juicio del historiador, que vive en el presente y reflexiona sobre el pasado. La Comisión de la Verdad es un “modo de sanación”, del “derecho de las víctimas a conocer”, y tiene antecedentes en países como Guatemala, Sudáfrica, Argentina, El Salvador y otros. Un comisionado, el mayor (r) Carlos Ospina Ovalle, postulado por las víctimas pertenecientes a las Fuerzas Militares, definió el punto de partida: “Fue una barbarie”.

Ambas quedaron incluidas en el ordenamiento constitucional y con tareas prescritas. En la JEP recaen las decisiones en el campo judicial, quedando exentos quienes han ocupado la Presidencia de la República. A la Comisión acuden quienes de manera voluntaria contribuyen, con vivencias e ideas, a comprender lo sucedido para generaciones presentes y futuras.

La conducta frente a las dos instituciones revela la condición humana de los distintos actores. La de las víctimas, que reclaman todo lo que el acuerdo les otorga, y la de los victimarios, a quienes se pide confesar la verdad –lo que no excluye el llanto–, pues los crímenes cometidos son de tal dimensión y crudeza que no basta la explicación política, sino la atrición del corazón por las atrocidades cometidas.

El país además reclama sincera actitud de sus expresidentes. Unos han ido más a exculparse, con peticiones formales de perdón, como Juan Manuel Santos, quien adecuó su presentación a lo escrito sobre los “falsos positivos” en el libro La batalla por la paz (páginas 135-145). Ventila un relato con buenas dosis de mezquindad, con la que se tiende a dividir a los colombianos en ismos contemporáneos, como los rojos y azules de otrora, que algunos buscan perpetuar.

Ni hablar de Álvaro Uribe. Niega de manera olímpica el conflicto, desconoce las instituciones del acuerdo y crea las propias en los medios de comunicación, a su arbitrio. Así convirtió una pesebrera de Rionegro en sala alterna de la Corte Suprema de Justicia, con abogados en el sainete, una vez imputado por manipulación de testigos. Es el autoritarismo que moldea instituciones a su amaño, ejemplo negativo para la ciudadanía a la que, antes bien, debería inculcarle respeto por estas. Vergonzoso.

El tercer derecho, la reparación, según la Unidad para la Atención y Reparación, de 7.368.335 víctimas admitidas se han hecho giros a 1.163.650, luego de diez años (mayo 2021). Además de la irresolución del efectivo aporte de las ex-Farc, interfiere la concepción fiscal, común a los Gobiernos, de Santos, Uribe y Duque, que la supedita a la sostenibilidad de las finanzas públicas, pese a estudios que concluyen: “Usan los recursos de la indemnización para reconstruir sus proyectos de vida… impactando positivamente sus condiciones de vida… estimulando mayor acumulación de capital humano, como menor embarazo adolescente y mayor emprendimiento productivo”. (Londoño, Guarín-2019).

Se libra un pulso entre la JEP, la Comisión de la Verdad y las víctimas, del lado de la dignidad, con aquellos que se resisten a otorgarla, como el general Montoya, quien atribuyó “los falsos positivos” a “soldados de estrato uno que no saben ni manejar los cubiertos”. Colombia no puede vacilar a la hora de escoger: han de primar justicia, verdad y reparación, pilares de la dignidad, detrás de estandartes portados por el padre Francisco de Roux o por Patricia Linares. Esa sí es “la paz con legitimidad”. No hay otra.