COCA NO ES COCAINA

Perú y Bolivia crearon empresas estatales comercializadoras y exportadoras de hoja. Mientras en Colombia las mafias en febrero de 2017 compraron a los cocaleros 25 libras a 18 dólares cada una, en el comercio legal en Lima se transaron a 50 dólares.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

A instancias de Perú, que definió la hoja de coca como nociva para los indios andinos y desechó su valor cultural, la ONU produjo en 1950 un informe que la proscribió y en 1961 la incluyó en la Convención sobre Drogas Narcóticas.

Los Gobiernos norteamericanos, demócratas y republicanos, incitados además por la acción criminal de los carteles, que en Latinoamérica desviaron la producción hacia la cocaína para proveer a millones de adictos en el Norte, desplegaron la Guerra contra las Drogas, cuya meta primera es destruir los cultivos. Montaron cuerpos antinarcóticos y la violencia escaló a niveles descomunales, más cuando las Farc, tras la caída del bloque soviético, se valieron del narcotráfico para financiarse, e igual todos los grupos armados, incluido el paramilitarismo. “Una Guerra sin Fin”, dice Rafael Pardo.

La aspersión aérea con glifosato y surfactantes fue arma predilecta. Desde 1994 hasta 2014 cubrió 2.086.750 hectáreas, ocho veces la superficie construida de Bogotá; 830.162 más entre 1994 y 2020 por erradicación manual, forzosa o voluntaria, y se destruyeron 50.000 laboratorios de pasta básica (Daniel Mejía, Observatorio de Drogas). Entrado el Plan Colombia con considerables contratos a firmas estadounidenses, el senador Joe Biden presentó un balance: “Los objetivos en la reducción de drogas no se cumplieron; pero la seguridad ha sido mejorada” (GAO, 2008).

Estudios de Daniel Mejía brindan más evidencia: 1) La aspersión aérea es la estrategia menos efectiva y más costosa, al gastar entre 72.000 y 110.000 dólares para eliminar una hectárea; 2) Con Adriana Camacho, luego de más de 5 millones de observaciones de consultas, hospitalizaciones y procedimientos, entre 2003 y 2007, encuentran efectos estadísticamente significativos sobre enfermedades dermatológicas, respiratorias y abortos espontáneos; 3) Entre 1994 y 2008, el aumento del mercado de cocaína y la estrategia contra las drogas explican 3.800 homicidios anuales, y 4) La participación del cultivo en los ingresos de la cadena total es 9 por ciento, en tanto la del tráfico es de 70.

La desconfianza hacia las instituciones crece donde se libra la guerra (García, 2015) y se prueba la contaminación de ecosistemas y fuentes de agua, como en un trabajo de campo de trazabilidad del glifosato de la organización Terrae que Dejusticia expuso ante la Corte Constitucional. De 160.000 familias cocaleras, 57 por ciento vive en pobreza (FIP), y la tercera parte es microfundista, también con cultivos de pancoger y ganado, afectados por la fumigación indiscriminada.

Las políticas antidrogas buscaban, al atacar la oferta, subir el precio del gramo de cocaína en las calles y tumbar la demanda. Entre 1990 y 2017, filtrado por pureza, fue en promedio de 144 dólares, al inicio de 167 y en 2018 de 160, porque los consumidores norteamericanos entre 17 y 25 años solo caen del 6,7 por ciento en 2002 a 5,8 en 2018 (UNODC). Fracaso.

En contravía, Perú y Bolivia crearon empresas estatales comercializadoras de hoja, que la venden a industrias de 30 subproductos y exportan. Mientras en Colombia las mafias en febrero de 2017 compraron a los cocaleros 25 libras a 18 dólares cada una, en el comercio legal en Lima se transaron a 50, y en La Paz, a 85 (Troyano y Restrepo, 2018).

Esa dinámica se cimienta en estudios como el primer bromatológico en hoja de coca (Duke-Plowman, Harvard, 1975), que la halló superior al promedio en calorías, proteínas, carbohidratos y fibra. Tenía más calcio, fósforo, hierro, vitamina A y riboflavina, y “satisfacía el complemento dietético diario de esos nutrientes, así como de vitamina E” (Davis). Se corrobora al compararse 250 gramos de base seca con una cantidad igual de lentejas, fríjol, maíz y plátano, excepto el fósforo con las leguminosas (Troyano y Restrepo, 2018).

No es nuevo. El químico corso Mariani en 1863 patentó un tónico con licencia de la Academia Francesa de Medicina; Carl Koller “descubrió propiedades anestésicas”; y la boticaria Parke-Davis surtía en 1880 ungüentos, galletas y el coctel Coca Cordial. En 1885, Pemberton, farmacéutico de Atlanta, registró French Wine of Coca: Ideal Nerve and Tonic Stimulant. Luego eliminó la cocaína, añadió nuez de coca, aceites cítricos, reemplazó el agua con soda y “en 1891 vendió la patente a Asa Griggs Candler, que fundó la Coca-Cola Company” (Davis). Con este y varios fines, Stepan Company de New Jersey importa hoy 120 toneladas anuales de hoja.

Cuando Duque decidió reiniciar las fumigaciones con glifosato, no contempló nada de lo anterior, ni menos las prioridades prescritas en el acuerdo de paz, solo colaborar al Tío Sam en el interés geoestratégico, cualquiera sea el inquilino en la Casa Blanca, alentado por el amañado cambio de la “chispa de la vida” a “la mata que mata”: perseguir a la coca más que a la cocaína.

La jugadita tributaria

Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5. Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Al presentar su tercera reforma tributaria como “transformación social”, el Gobierno de Duque, con el ministro Carrasquilla a la cabeza y alentado por la Ocde, en una jugadita imita a quienes recurren a doble contabilidad para evadir o eludir obligaciones tributarias. No solo infla programas sociales intrascendentes, sino que tapa las gravosas cargas que se pondrán sobre asalariados, jubilados, consumidores y usuarios de servicios públicos con IVA; sobre la clase media.

Arrancó desde la campaña electoral con el incumplido lema “más salarios y menos impuestos”. Los primeros crecen por debajo del ingreso por habitante y mucho menos que las rentas del capital, y lo segundo se desmiente con tres reformas expedidas para elevar gravámenes a las mayorías.

La marca de las carpetas con motes como Ley de Crecimiento, de Financiamiento y Solidaridad Sostenible es otra argucia. La de 2018 trajo un mediocre avance económico del 3 por ciento, basado en la expansión del crédito de consumo y las importaciones; la segunda, con el coronavirus, agravó los déficits creados por los beneficios otorgados a los megainversionistas, como lo reconoce la Andi; y esta tercera acrecentará las diferencias socioeconómicas al poner más IVA a bienes y servicios, ampliar la base de contribuyentes a la renta, y adicionar impuestos indirectos verdes a fin de estrangular –como hacía el Monstruo de Frankenstein con sus víctimas– ingresos disponibles, cesantías, salarios y pensiones.

La justificación es el Programa de Ingreso Solidario (PIS), la devolución de IVA y matrícula gratis en universidades públicas para estratos uno, dos y tres, que con cara dura llaman “transformación social”. ¿Cuál es su costo? Los apoyos mensuales estarán rasurados y “focalizados” a la baja por el Sisbén IV, por una manipulable fórmula de asignación y con la reducción del déficit fiscal del 2 por ciento del PIB al año, como techo al gasto público, según acordó Colombia con el FMI para el préstamo de 5.300 millones de dólares. Suerte igual correrá la devolución del IVA, que excluirá a grupos de ingreso bajo y no retornará completo a los beneficiarios lo que les sacarán de un bolsillo para meterlo en el otro, y sumará solo 2,8 por ciento del recaudo total de IVA, que fue 66 billones de pesos en 2019. La gratuidad a universitarios y promoción de empleo joven llega a 0,8 billones de pesos.

El PIS está lejos de una auténtica renta básica. No dará ni un dólar en promedio al día por persona, cuando la cifra mínima de ingreso en países de ingreso medio-alto, para no ser tenida como pobre, es de 5,50 (BancoMundial) o siquiera 4, según el Dane.

No hará ni cosquillas a la penuria, pero se muestra como panacea. Los padres de familia de los estudiantes de las universidades públicas, con ingresos mayores a 2,9 millones de pesos mensuales en 2023 y a 2,5 millones en 2024, pagarán impuesto de renta y así no costearían la matrícula de sus hijos en las tesorerías universitarias, sino en la Dian.

Nada salvará a los pobres de 2 billones de pesos que les caerán encima al pasarse, de bienes exentos a excluidos de IVA, las materias primas para alimentos como pollo, leche, arroz, huevo, cerdo y salchichón. Ni del alza del IVA a la gasolina y al diésel de 5 a 19 por ciento, que recaudará 2 billones de pesos más, ni de la depuración de la base para los subsidios a la energía, ni del recargo en computadores, teléfonos de gama baja, bicicletas y ladrillos, ni en productos de cuidado menstrual.

¿Cuál es la verdadera contabilidad? Por concepto del ajuste al impuesto de renta, al que incorporará uno de cada tres asalariados formales en 2022 y a tres de cada cinco en 2023, se recogerán más de 17 billones de pesos; por IVA, 7,3 billones, 4 billones con personas jurídicas y otros 4 por tributos verdes indirectos. Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5.

Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía; la agresividad en tiempos de pandemia contra clases medias y aún vulnerables, y la cosmética austeridad que decretaron. A Duque y a los suyos no los sacará del caldero político ni el clan Uribe, que acude a su rescate con palabras remilgadas y en asalto a la candidez, declarando que la criatura de Frankenstein está muerta porque ya no subirá el IVA a la sal, al azúcar, al chocolate y al café.

Falso. Como he comprobado y lo ratifica el texto final, la reforma está más viva que nunca, resurgió reforzada, y para enterrarla de verdad son forzosas las protestas ciudadanas, como la programada para el 28 de abril, tanto por este Monstruo en sí como en respuesta al Gobierno Duque, que funda la política fiscal en la pretendida ignorancia de la ciudadanía, a la que busca escamotear con la narrativa de una contabilidad mentirosa, una jugadita.

La avionada de Duque

Es una aberración fiscal gastar $14 billones en guerra en medio del acuerdo de paz y en plena pandemia, con déficit fiscal de $77 billones y deuda pública que supera 65 % del PIB.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El gobierno de Duque adquirirá 24 aviones caza F-16 Bloque 70 a Lockheed Martin por US$4.500 millones ($14 billones), en un paquete que “incluye mantenimiento, armas, apoyo de ingeniería, infraestructura y tecnología”. Así, Colombia, “mientras los Kfir estén operativos”, tendrá “83 aviones de combate”, en tanto “Chile tiene 45, con una flota de 35 F-16; Venezuela tiene 44, de los cuales 16 son F-16 no operativos; Brasil tiene la flota más grande con 120” (Noticias Caracol).

Iván Duque emula con sus antecesores. El Gobierno de Barco adquirió 12 aviones nuevos Kfir y otro de segunda mano a Israel, y la compra se complementó en 1991 con un Boeing 707 cisterna. Uribe, en su segundo mandato, compró otros 13 y repotenció 11 de los existentes. Para 2014, la FAC contaba con 21 unidades Kfir de distintas referencias.

En 1992 Colombia adquirió 15 helicópteros Black Hawk, sumados a 12 efectivos, para vigilar yacimientos de petróleo. En el Plan Colombia, hasta 2003, con Pastrana y Uribe, se llegó a 27 helicópteros UH-1N, 13 UH-60L y 24 HUEY II. En 2005 se compraron ocho MI-17 rusos (Conpes 3353) y 25 aviones Super Tucano de la brasileña Embraer, y hoy suman 38 de esta clase. El principal proveedor, incluidos contratos de soporte y tecnología, ha sido Lockheed Martin, y por esto y más Colombia, enfilada en la “lucha contrainsurgente”, era en 2018 el país de más gasto militar de la región, 3,1% del PIB (La República).

El negocio de los 24 F-16, iniciado en la Feria Aeronáutica Internacional F-AIR-2019 (Infodefensa.com), desató en redes sociales y en la oposición una justa oleada de críticas. Es una aberración fiscal gastar $14 billones en guerra en medio del acuerdo de paz y en plena pandemia, con déficit fiscal de $77 billones y deuda pública que supera 65 % del PIB; pero, ante todo, con una regresiva reforma tributaria que extraerá de las clases laboriosas más de $30 billones entre alza del IVA, impuesto de renta a uno de cada tres trabajadores formales y tributos indirectos verdes.

El asunto trasciende lo fiscal. La organización de monitoreo de transferencias de armas Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) señala que ese comercio se inclina a la corrupción por el secretismo inherente a la seguridad nacional; la intimidad entre compradores, proveedores e intermediarios; la opacidad en las cadenas de producción, transporte y finanzas; las especificaciones técnicas de los productos y las recompensas financieras que se estilan. World Peace Foundation compendia 41 casos de corruptela en el comercio exterior de armas, y Transparencia Internacional denunció que Estados Unidos suavizó en 2020 controles a las ventas militares y agrandó los agujeros por donde pasa la podredumbre.

Lockheed, primer contratista del Pentágono con US$75.000 millones en 2020 y conocido como “Walmart de la guerra” porque brinda una amplia gama de bienes y servicios para seguridad y defensa, no está libre de pecado. Forbes denunció que Lockheed tuvo que pagar una multa de US$4,7 millones por un lobby fraudulento al utilizar dineros provenientes de pagos del Estado para cabildear un contrato de más de 2.400 millones mediante una compañía subsidiaria. Es práctica común en la industria de armamento, en la que cada dólar de lobby rinde miles en contratos, usualmente con los Estados. ¿Alguien ganará una comisión de éxito en Colombia?

Las exportaciones estadounidenses de armas, que entre 2016 y 2018 valieron US$30.600 millones (OpenSecrets.org), son autorizadas por comités del Senado, halcones de los que a su vez dependen las ganancias de las industrias militares. Que no son pocas. Lockheed tendrá en la transacción del lote total de los F-16 un margen de beneficio del 11,4 %, que significa US$7.000 millones sobre US$62.000 millones de ventas totales (Rich Smith). En las arcas de State StreetThe VanguardCapital Research & Management y Black Rock, fondos de capital dueños de 30 % de dicha empresa, parará el alza de tributos sobre productos de consumo masivo, merced a la reforma tributaria de Duque.

¿A quién se bombardeará? Según el senador Bob Menéndez, del comité de Relaciones Exteriores, y algunos analistas, Colombia “es país ejemplar con cooperación extensiva”, y frente a los Sukhoi de Venezuela habría “respuesta coordinada por tener superioridad de aire” (Evan Ellis). ¿Ataque interno o escaramuzas bélicas en las fronteras? En la incómoda compañía de regímenes como Marruecos, Jordania y Baréin o puntas de lanza como Taiwán, compradores de esta versión de F-16, Colombia hará parte del grupo de países secuaces, no socios, de la Otan. Aviones a las órdenes de Washington, aunque logrados con dineros de los contribuyentes nacionales.

Los ocultos $4 billones del impuesto verde

Duque deberá mostrar la contraprestación de Colombia, que apenas es responsable de 0,28 por ciento de la contaminación global, a los capitales financieros volcados sobre la economía verde como nuevo filón.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Mientras que el análisis común de la tercera reforma tributaria de Duque se enfoca en los ajustes al alza en el IVA o en los millones de asalariados nuevos contribuyentes de impuesto de renta, hay una carpeta oculta con 4 billones de pesos más en impuestos indirectos verdes, con lo que se rebasarían los 30 billones de pesos en el recaudo.

Pese a que ciertos criollos fungen de autores intelectuales del impuesto al carbono, la propuesta original es de William Nordhaus, Premio Nobel de Economía en 2018. En el libro The Climate Casino (2013), expone que la mitigación es la estrategia indicada para reducir la emisión y concentración de CO2 y de gases de efecto invernadero en la atmósfera, como causa del calentamiento global, y la considera como “la más cara en el corto plazo”. Consiste en revertir la acumulación de los gases mediante políticas que afecten las decisiones de miles de millones de personas; de tecnologías que reduzcan la emisión neta de CO2; de una operación industrial más eficiente y del desarrollo rentable de tecnologías limpias.

El punto es ponerle precio al carbón y Nordhaus sugiere dos vías: una, el pago al Gobierno de un importe por derechos de emisiones, con un límite permitido, de las firmas que intercambian bienes con contenido de carbono; y la otra, que califica como “la más fácil”: poner un tributo a las emisiones de CO2, el impuesto al carbono, que fue la escogida por Duque y Carrasquilla en la avalancha de alcabalas que se han empeñado en imponer.

En la Ley de Crecimiento Limpio y Desarrollo Sostenible, presentada en marzo de 2020, Planeación Nacional delineó el paquete bomba que se arrojaría luego sobre los oprimidos presupuestos de los hogares colombianos. Proyecta alzar los impuestos verdes de 0,4 por ciento del PIB a 2,5 por ciento; fija para los combustibles fósiles en 17.211 pesos la tarifa por tonelada de CO2 y reduce los subsidios del Estado en la energía para inculcar el “consumo razonable”.

En consecuencia, en el capítulo de ‘Redistribución de externalidades ambientales’, la reforma tributaria prescribe varias suertes de impuestos verdes pagaderos por los consumidores sin discriminación alguna, a tabla rasa. Para todos los usuarios de energía 7 pesos por kilovatio hora consumido, con el que piensan recoger entre 1,2 y 1,8 billones de pesos; por cada vehículo, fuera del impuesto de rodamiento, una contribución por contaminación, que incluye motos, carros públicos y particulares, de pasajeros y de carga, por el que aspiran a recaudar hasta 2,14 billones de pesos más, que se cederán a los entes territoriales; el de plásticos de un solo uso y el de consumo de plaguicidas, que extraerán entre ambos casi 100.000 millones de pesos.

Calculan que la noble causa verde de resistir el calentamiento planetario, o de que el país reduzca hasta 5 millones de toneladas las emisiones de CO2 a 2030, justifica todo, así se acreciente la regresividad tributaria mediante el diluvio de impuestos indirectos. Significa, además, encarecer en 1,25 por ciento la factura mensual de energía, teniendo en cuenta el valor de la tarifa media en 2021, y en más de 100.000 pesos los tributos a los 16 millones de vehículos que hay en Colombia. Nordhaus avisa que el impuesto al carbono trae impactos inflacionarios y un menor ingreso disponible, y habrá de sumarse a los efectos depredadores de los capítulos ya debatidos de la reforma en la peor crisis de demanda y en picos de pandemia.

En simultánea, la jefa de gabinete, María Paula Correa, ostenta la invitación de Biden a Duque a un encuentro virtual (Summit) de Cambio Climático en abril, para el cual, con otros países advenedizos y agregados a los 17 mayores responsables de 80 por ciento de la contaminación global, lo impele a compartir “cómo su gobierno contribuirá a mantener la meta dentro del alcance de 1,5 grados centígrados” (de calentamiento) y le anuncia “estrategias” que “movilizarán más fuerte financiación pública y privada” (créditos e inversión extranjera) hacia la transformación de tecnologías, dado que también estarán presentes “líderes de negocios”.

Duque deberá mostrar la contraprestación de Colombia, que apenas es responsable de 0,28 por ciento de la contaminación global, a los capitales financieros volcados sobre la economía verde como nuevo filón. En lugar de increpar a las potencias a esforzarse por dejar de intoxicar y a expedir una agenda nacional ambiental autónoma, llegará con el paquete de 4 billones de impuestos indirectos verdes de soporte para sufragar los costos de insertarse en este, convertido en nuevo gran negocio, que no pagarán las compañías energéticas ni la gran minería de carbón ni las petroleras, estas responsables de 10 por ciento de las emisiones de CO2 desde 1996, sino la ciudadanía toda.