Mes: marzo 2021

Reforma tributaria #19: argucias e inequidades de Duque y la OCDE

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Muchas reformas de las finanzas públicas en Colombia las hicieron extranjeros, misiones como Kemmerer, Taylor, Musgrave y Bird-Wiesner (mixta), del Banco Mundial y el FMI y ahora de la Ocde refrenda los análisis y propuestas de Rosenbloom, Arnold, Owens y demás para, sin contar otras disposiciones atinentes, delinear la decimonovena reforma tributaria en 30 años.

El Congreso ordenó una comisión en la Ley 2010 de 2019, “de crecimiento económico”, para evaluar los beneficios cedidos a contribuyentes dentro de la Confianza Inversionista. El Gobierno y la Ocde desviaron este objetivo y se dedicaron a hurgar en el IVA y en el impuesto de renta para personas naturales y pretermitir las ventajas corporativas, que cuestan 10 billones de pesos anuales, concedidas cuando Carrasquilla ha manejado la Hacienda y que él llama “derechos adquiridos”. Se enfocaron en el costo fiscal anual por beneficios en el IVA en 52 billones de pesos y en 17 billones de pesos en el impuesto de renta de personas naturales. No vieron lo que sí la Contraloría en un documento: “Por cada peso pagado en impuestos el Estado le dejó de cobrar 51 centavos al sector financiero”.

En tan tendencioso empeño se “recomendó” revisar el cobro del IVA a 83 bienes y a los servicios para recabar 10,5 billones de pesos e incorporar al impuesto de renta a las personas naturales con ingresos de más de 2 millones de pesos mensuales, el 35 por ciento de los trabajadores formales, para 16,8 billones de pesos más, también con la supresión del 25 por ciento de su ingreso laboral depurado de exenciones y deducciones, y además el gravamen a las pensiones. Se omitió que en 2019, por 100 pesos recaudados, 54 vinieron de impuestos indirectos y regresivos, de los cuales el IVA aportó 42 y al resto ayudaron otros IVA disfrazados como combustibles, bolsas plásticas, consumo y carbono.

A contramano, los tributos directos, de renta y patrimonio, contribuyen con 46 pesos (Dian, 2019). Se tapó que la tarifa efectiva del impuesto de renta al sector financiero –al dividirlo por la renta líquida– es 22 por ciento, diez puntos menos de la nominal (Contraloría) o que personas naturales y jurídicas de nivel alto pagan tasas menores a las de ingreso medio en claro “sesgo pro rico” (Garay-Espitia). La estructura tributaria es regresiva y empeorará, ya que a las cúpulas económicas apenas se les cargarán tímidos aumentos en el tributo sobre dividendos, un exiguo porcentaje sobre abultados patrimonios y nada a los giros de ganancias de subsidiarias foráneas a sus casas matrices.

La comisión se apropió de la versión oficial del hueco fiscal: “La pandemia redujo los ingresos y aumentó los gastos. En periodos de crisis todos debemos hacer sacrificios” y escondió que el roto está en la Ley 2010 de 2019, que instauró contratos de Estabilidad Jurídica por 20 años para megainversiones superiores a un billón de pesos y 400 empleos creados, con tarifa del 27 por ciento, exención de renta presuntiva y patrimonio, o por diez años para proyectos agropecuarios con inversión superior a 856 millones de pesos y diez empleos, o para negocios de economía naranja por siete años con tres empleos, mantenidos todos en el proyecto de Reforma. Al sumarse a tanto regalo, la baja en la tarifa empresarial de renta de 33 a 30 por ciento; el descuento del 50 por ciento del impuesto de Industria y Comercio, ICA; la devolución del IVA en la importación de bienes de capital y la caída del recaudo en 2020 por 11 billones de pesos, se encuentra la mayor porción del déficit de 77 billones, en exceso sobre cualquier cálculo de gasto público en la pandemia.

La falsa narrativa contagió: Fescol y centros de estudio corrieron a proponer un recaudo de 20 billones de pesos venidos en parte por impuestos al salchichón, la cerveza, combustibles y servicios digitales; Fedesarrollo planteó acopiar 30 billones de pesos universalizando el IVA, eliminando el régimen pensional y arrinconando al sistema de compensación familiar, y Anif pidió tarifa plena paulatina de IVA del 18 por ciento a 2024 y aumentar el recaudo por renta en personas naturales en 8 billones. Duque justifica la iniquidad con “zanahoria social”, que implicará gasto adicional neto máximo por 4 billones de pesos, en tanto la Contraloría insiste en examinar el cumplimiento de los objetivos de los tratos preferenciales a empresas y advierte que aumentar el IVA afectaría a “millones de pobres”.

Como colofón, citar a Voltaire: “El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra”. La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

Confecciones y textiles: Comercio tramposo y traición de Duque

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La crisis lleva a tendencias agresivas: China busca prendas hechas con salarios de miseria en África, Haití y Myanmar, pero se queda con los textiles; el comercio electrónico avanza y surge el mercado del usado.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El sector de confecciones y textiles es el más sensible al llamado libre comercio por la incidencia en el empleo. Aun con procesos robotizados, en el mundo hay 430 millones de trabajadores, la mayoría mujeres y muchas jefas de hogar (Banco Mundial, 2017). Esa fuerza, con su ingreso, consume otros bienes y servicios y en Colombia es primera fuente de ocupación industrial, 13 por ciento del total (EAM-Dane, 2019). El diseño del mercado global de vestuario y telas fue estructurado por dos decenas de trasnacionales de marca y comerciales, que no fabrican nada, pero que controlan las redes de distribución, aliadas con países de mano de obra barata que subsidian sus manufacturas. En Vietnam, Bangladesh y Sri Lanka el salario promedio por hora es 65 centavos de dólar; China, con instalaciones de propiedad estatal, devuelve hasta 17 por ciento de IVA a su exportador; Bangladesh paga los servicios públicos y da créditos subsidiados; Vietnam produce en parques industriales y zonas rurales, y alienta relaciones con importadores, aun con chinos que triangulan, y en India dan préstamos de bajo costo a fabricantes para tecnología.

Asia, con trucos impropios de libre mercado, o dumping por bajo estándar laboral y ambiental, es primer exportador mundial con el 65 por ciento, cuando en 2000 era 30 por ciento. En paralelo, se disparó la superproducción que afecta a gigantes como H&M con 4.700 almacenes e inventarios no vendidos en 2018 por 4.300 millones de dólares; o Nike, en el que crecieron en 2019 a 5.415 millones, el doble de 2010; o Zara, que duplicó en diez años las tiendas, pero solo aumentó 37 por ciento la venta por local. En la primavera de 2020, con el shock por la covid, acumularon 200 millones de dólares más en existencias (Reuters).

La crisis lleva a tendencias más agresivas: China busca provisión de prendas hechas con salarios de miseria en África, Haití y Myanmar, pero se queda con los textiles; India apunta como centro de moda; el comercio electrónico avanza; surge el mercado del usado y en arriendo; se reduce el ciclo de vida del producto para aminorar bodegajes, y se robotizan fábricas que producirán millones de camisetas a precios de quema. En esta guerra la reacción, según el FMI, es escalar aranceles. ¿Y Colombia? En 2019, el consumo de productos nacionales –133 referencias, sin calcetines ni calzado– fue de 303 millones de unidades y valió 6,8 billones de pesos, seis prendas al año por habitante a 22.500 pesos cada una, cinco veces inferior a Europa (EAM-Dane). Las importaciones, que cuadruplican las exportaciones, vienen 70 por ciento de China y Asia –incluidos millones de tapabocas en 2020– y valen 2,5 billones de pesos (Dian), con lo que el consumo legal total es 9,5 billones. Al confrontar con datos de Raddar, el egreso en vestuario, como 55 por ciento de todo el gasto en moda, es de 12 billones de pesos, y así aparecen sin explicación 3 billones, provenientes del contrabando, incluido el de tipo técnico. The Economist escribió en 2018: “Colombia es de los países activamente negligentes con las prácticas ilícitas”.

Los factores de producción cuestan más que a nuestros competidores: la tasa de interés del crédito y el valor del kilovatio hora son mayores que en Estados Unidos, India, Vietnam y China. Con ese costo país, fuera de la mala infraestructura, Colombia va atrás en competitividad industrial.

Clamores del empresariado confeccionista y textil frente a tales desventajas se concretaron en el Plan de Desarrollo al aprobarse en el Congreso aranceles exclusivos a los orígenes asiáticos sin TLC del 37,9 por ciento para compras menores a 20 dólares kilo. Pero Duque, traicionando promesas de campaña, apoyó con sus ministros a gremios importadores que los demandaron, y la Corte Constitucional aceptó por razón de competencia entre poderes.

El Ministerio de Comercio expidió entonces el Decreto 1419/19 que aplicó arancel de 40 por ciento a compras menores de 10 dólares kilo y, para las de precio superior, de 15 por ciento más un dólar de recargo. Una burla, porque el gravamen más fuerte no cobijó ni a 10 por ciento de las importaciones, de géneros menudos y baja calidad. Ahora repite la farsa al subirles a las mayores de 10 dólares, como yines y camisas, un ínfimo sobreprecio de 0,5 dólar sujeto a revisión en seis meses, y en el colmo del agravio el Centro Democrático en acto histriónico lo celebra como promesa cumplida. “Libertarios” e importadores arguyen que el precio del vestuario crecerá 25 por ciento, cuando tan delimitadas medidas incidirían a lo sumo en la quinta parte del consumo. Omiten que el triunfo mercantil de Asia en este ramo es de los más sucios de la globalización en un mercado de 400.000 millones de dólares año, y, con otros analistas, tapan las 20 grandes compañías promotoras que atesoran 97 por ciento de las ganancias (McKinsey & Company, 2019).

Gobierno Duque: acaba la ficción de los “tres huevitos”

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Con artimañas fiscales, Carrasquilla y Duque intentan mitigar el pánico de perder el grado de inversión en la calificación del crédito. Colombia, al borde del abismo.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Los problemas judiciales de Álvaro Uribe no cesarán, ya que, a la preclusión de su proceso, propuesta por el fiscal Jaimes, seguirán demandas y apelaciones, sin descartar todavía un juicio. Asimismo, el testimonio de Mancuso en la Comisión de la Verdad, a instancias de Rodrigo Londoño, podría presentar versiones comprometedoras sobre la masacre de El Aro de octubre de 1997 y sobre el crimen del abogado Jesús María Valle, declarado de lesa humanidad e investigado por el Tribunal Superior de Medellín desde febrero de 2019.

Sin embargo, Uribe tiene mayores apuros políticos que dichos eventuales encartes penales: ha caído el telón del relato de los “tres huevitos” porque de sus componentes, seguridad democrática, entendida como que “se puede volver a la finca”, cohesión social y confianza inversionista, no queda ya casi nada en el gobierno de Duque. ¡No creyó que se harían tortilla en el mandato del “que él dijo”!

Según Cerac, “Las muertes por violencia política aumentaron” al pasar de 139 en 2019 a 189 en 2020, 328 en los dos años. Y también en 2020 hubo un alza significativa “en las muertes de civiles no combatientes, 21, que se cuadruplican frente a 2019, por parte del ELN”, con “alrededor de 4 mil combatientes, un número desconocido de milicianos” y siete frentes de guerra (InSight Crime, 2020). El Tiempo informó que el Clan del Golfo actúa en 124 municipios con 3.260 elementos, e Indepaz notificó (agosto/2020) que en 2019 había 261 con actividad de intensidad alta de grupos narcoparamilitares y 91 de las disidencias y grupos pos-Farc con 3.400 miembros. Verdad Abierta, que acoge los criterios de la ONU, contabiliza 167 masacres entre agosto/2018 y marzo/2021, con 644 víctimas. Y la muerte violenta de 188 firmantes de la paz, 70 por ciento de todos los desmovilizados asesinados.

En los dos primeros años de Duque, la ONG Somos Defensores contó 317 líderes y lideresas ultimados; el alcalde de Cartagena del Chairá, como otrora, despacha afuera, y en 2021 van 11.150 desplazados en Colombia (SEMANA, marzo 8). Duque puso en entredicho el acuerdo de paz y como paradoja hizo trizas la leyenda de seguridad democrática. Tanto es así que 90 por ciento de la población en las primeras capitales percibe que Colombia empeora en inseguridad, algo que se ha pretendido endilgar a las alcaldías (Invamer, febrero 2021). Un caos.

Ni hablar de la cohesión social. La Encuesta de Pulso Social (Dane-2021) es un sopapo para Duque y Carrasquilla, que, con un indolente gasto público, postraron al menos 3 millones de personas más en la pandemia del covid. De 89 por ciento de los hogares que consumían tres comidas al día, ahora solo dos de cada tres lo hace; apenas 10 por ciento de las familias consiguen ahorrar, mientras que la quinta parte dice no tener ingresos; escasamente, una de cada diez expresa disponibilidad para comprar bienes duraderos, y un ínfimo 4,3 por ciento planea adquirir vivienda. Aunque 25 por ciento de las personas recibieron ayudas, la cobertura fue insuficiente, y los montos, mínimos. Una catástrofe.

Los resultados económicos trascienden el del PIB en 2020 de -6,8 por ciento en recesión. La caída en picada de la construcción, la manufactura y la minería, además la de inversión productiva en -17 por ciento y del repunte del desempleo al 17,3 por ciento, arrojan un cuadro desolador. La inversión extranjera directa, la variable de cierre, disminuyó 35 por ciento, y las exportaciones bajaron 15 por ciento, una afectación de las cuentas externas que impelió moderar el altísimo déficit en la balanza de pagos con el préstamo del FMI por 5.300 millones de dólares. Con artimañas fiscales, Carrasquilla y Duque intentan mitigar el pánico de perder el grado de inversión en la calificación del crédito. Colombia, al borde del abismo.

Agréguese el dramático sendero de la vacunación no solo por la tardanza en iniciar, sino por el paquidérmico ritmo diario que implicaría cinco años para alcanzar con un par de aplicaciones la inmunidad de rebaño hasta 35 millones de personas. Uribe sabe de la debacle y del cobro político que le espera. Abatido invoca ayuda para el agro cuando fue él quien negoció el TLC que lo arruina; pide apoyo al trabajo, pero hizo la Ley 789 de 2002 que menoscabó los ingresos laborales; solicita gratuidad en la educación superior, pero fomentó la privatización de universidades públicas y les cercenó el presupuesto; habla a nombre del empresariado, pero lo ha engañado por décadas con falsas promesas, como a textileros y confeccionistas, paneleros y productores de etanol y agrodiésel.

El final del cuento de “los tres huevitos”, el trillado espantapájaros del castrochavismo, el número 6.402 de falsos positivos y la antidemocracia en el ejercicio del poder envían señales en contra del que diga Uribe. De ahí su nervioso ¡Ojo con 2022!

Enroque ISA-Ecopetrol: Tres ilegalidades notorias y seis falacias

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

MinHacienda se casó de manera exclusiva con Ecopetrol y ahí arrancan las ilegalidades que se concretarían con un convenio interadministrativo de yo con yo.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En ajedrez el enroque deja mover dos fichas. Es lo que Duque, Carrasquilla y Bayón quieren jugar para tapar agujeros negros en la Hacienda, con la compra por Ecopetrol de 51,4 por ciento de las acciones en Interconexión Eléctrica –ISA–, de propiedad de la Nación. La petrolera comunicó a la Superfinanciera el 27 de enero la Oferta No Vinculante. Citó el artículo 20 de la Ley 226/1995, que dicta para intercambio de acciones entre “órganos estatales” reglas de contratación administrativa, y el Decreto 2555/2010, que elimina una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los accionistas de ISA en tanto “la Nación continuaría siendo beneficiario real de las acciones (…) y mantendría el control”, en una operación financiada por “colocación de acciones de Ecopetrol”. La Oferta se concretó el 12 de febrero cuando MinHacienda se casó de manera exclusiva con Ecopetrol y ahí arrancan las ilegalidades que se concretarían con un convenio interadministrativo de yo con yo.

Primera ilegalidad: Viola la Ley 1118 de 2006, que autorizó la venta de acciones de Ecopetrol hasta 20 por ciento, cuyo mandato era capitalizarla y reforzar la producción de energía propia. Usar los recursos de la enajenación del 8,9 por ciento restante para comprar ISA o apalancar su compra contraría el “espíritu del legislador”, que Bayón gambetea al hablar de “transición energética”.

Segunda ilegalidad: Viola la Ley del Mercado de Valores. El eventual convenio interadministrativo como mecanismo priva a los accionistas minoritarios de ISA de toda opción frente al cambio en la posición dominante, pues no es lo mismo la Nación que Ecopetrol.

Tercera ilegalidad: Las leyes 142 y 143 estipularon normas de competencia para las fases del proceso de energía, incluso la trasmisión. Aquí las violan al descartar a otros agentes, como reclama el Grupo de Energía de Bogotá.

Ahora las seis falacias.

Primera falacia: “Ecopetrol es sólida”. Dudoso, los pasivos crecen. Debe 60 por ciento de los activos, la mitad con el sector financiero (2020) y entre marzo de 2019 y septiembre de 2020 subió por ascensor la deuda externa de 7.350 millones de dólares a 12.022 millones (Banrep). La venta de 8,9 por ciento de acciones reportaría 10 billones de pesos. El resto de la compra ¿con más crédito?

Segunda falacia: “Ecopetrol se fortalece”. Error, se desconoce el costo de oportunidad de invertir en ISA frente al de ampliar la Refinería de Barrancabermeja, ya que 50 por ciento de sus ingresos los da el mercado interno de combustibles. ¿Se pasa por alto la caída continua de su producción diaria o la amenaza a su renta de gas por la regasificadora en Buenaventura o el origen de 4.000 millones de dólares que invertiría en 2021 o el reparto de dividendos? ¿Acaso se endeudará para distribuirlos?

Tercera falacia: “ISA es energía limpia”. Falso, el fin de ISA es optimizar ganancias sobre sus activos mediante una tasa de retorno aplicada al costo del capital invertido para trasmisión de energía y cobrarlo en la tarifa. Genera emisiones de CO2 y el kilovatio trasmitido y la disponibilidad de redes no reciben incentivo por venir de fuentes renovables, como pasa en Europa. Ese sistema de pago, que recurre a varias técnicas de valoración, rige también en Brasil, por lo cual la tercera parte de sus ingresos, ligados a la tasa de cambio con el real, viene de allí. Cinco por ciento de los ingresos los pone Internexa, una subsidiaria TIC, y 15 por ciento las concesiones viales en Chile y la 4G Barranquilla-Cartagena, que adquirió pese al bajo tráfico y a los créditos que arrastra. ¿Lo saben los accionistas de Ecopetrol?

Cuarta falacia: “No es privatización”. La peor. JP Morgan y The Vanguard Fund, fondos de pensiones y particulares, detentan 11,1 por ciento de acciones de Ecopetrol y la venta del otro 8,9 por ciento les daría más cupones. Al volverse 20 por ciento privada, la toma hostil dejará en manos no públicas la mayoría de ISA, incluido el estratégico centro de despacho XM.

Quinta falacia: “Ecopetrol va hacia energías limpias”. De Pinocho. Oculta que el objetivo inmediato, hasta creó dependencias para ello, es el fracking, tanto en Texas, asociada con la OXY, en graves problemas económicos, como en Puerto Wilches con el piloto “investigativo”.

Sexta falacia: “ISA se avaluará con debida diligencia”, pero ya se dijo que las acciones de la Nación valían 14 billones de pesos. En la estimación de empresas de energía, se multiplica 12,8 veces el Ebitda (ingresos antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones), que en ISA fue de 5,4 billones de pesos en 2019, por tanto la porción pública valdría mínimo 30 billones de pesos. No cabrían avalúos inferiores aún con otros métodos. Con el enroque ISA-Ecopetrol sigue la práctica fiscal irregular de Duque y Carrasquilla, aquí en complot con Bayón. ¿Nadie les pondrá el cascabel?