Planeación Distrital presentó el Avance Físico del Plan de Desarrollo de Bogotá Mejor para Todos 2016-2020. Los programas deberían estar en un 50 % de cumplimiento, descontando tiempos de inicio y empalme, pero, por lo registrado, el balance es desalentador, en particular, en áreas cruciales.
En educación, de 30 colegios nuevos prometidos se han construido solo dos, y de 32 restituciones de sedes educativas van en una tercera parte.
Tres programas claves de dicha Secretaría están en cero: la reforma institucional, la alfabetización para adultos y los 35.000 cupos adicionales en educación superior. También como tortuga va la infraestructura sanitaria. De 40 CAPS (Centros de Atención Prioritaria), 22 se adaptaron en los eliminados Camis; no se ha puesto un ladrillo en los CEUS (Centros de Urgencia del Sur), ni en la reposición de cuatro hospitales, incluido el de Usme, ni menos en dos hospitales nuevos proyectados.
La atención de las personas no inscritas en régimen alguno, “los vinculados”, escasamente llega al 40 %. Y aunque se diga que en 2017 la EPS Capital Salud ganó $41.000 millones, el concejal Manuel Sarmiento demostró —con pruebas— pérdidas por $1.300 millones. Además, el saneamiento de dicha entidad, según Planeación, está apenas en 38 %.
Los damnificados de Peñalosa II son los niños y niñas. La Personería evidencia que de 723 mil, entre los cero y cinco años, el Distrito solo atiende al 17 %; es decir, a 125.436 en 366 jardines infantiles, muchos con notorias deficiencias. Por otro lado, se clausuraron 47 servicios diurnos y nueve nocturnos, como lo ratificó el informe de Planeación, que asigna un cumplimiento del 31,9 %. Los demás menores atendidos asisten a centros privados.
La alarma se prende en materias económicas y sociales. El crecimiento del PIB fue de 2,96 % en 2016 y 1,61 % en 2017, por debajo del resultado nacional de 3 % y 1,7 %, respectivamente; la pobreza monetaria creció, frente a 2015, de 10,4 % a 11,5 %, la extrema de 2 % a 2,5 % y el desempleo de 8,3 % a 10,5 % en mayo de 2018. En infraestructura social, va 21,9 % en ciclorrutas y 16 % en nuevo espacio público; de 60 mil viviendas VIS marcha apenas la tercera parte y lo planeado en alcantarillado alcanza un irrisorio 10 %.
En seguridad, pese a bajar los homicidios, el robo se disparó. El de bicicletas subió 66 % en los cinco primeros meses de 2018 con respecto a 2017; el de residencias se trepó a 8,6 %; los distintos robos que afectan a las personas aumentaron 56 %; el de celulares al 70 % —seis cada hora—, el cual se produce principalmente en el transporte público; el de autos y motos disminuyó marginalmente y los reportes por narcóticos aumentaron 9 %.
Movilidad es un fracaso. Para dejar el metro en un 30 % de avance solo se ha hecho el 10 %, lo que significa, como dice el concejal Hinestrosa, apenas un 3 % del gran proyecto de Bogotá. Ni un kilómetro de troncal; la malla vial arterial en buen estado ha decaído (según Veeduría-IDU); sigue en crisis el SITP, aún con billón y medio de pesos trasladado a los operadores, y el provisional permanece aplazado por dos años, mientras que tampoco tiene éxito la “guerra a los colados”.
En 2017, el 89 % de la contratación —por valor de $2,13 billones, que representa el 35 % del monto total— fue a dedo y tres licitaciones (aseo, semaforización y grúas-patios) están glosadas por organismos de control por graves motivos, lo que deja al descubierto un vacío de transparencia en la Bogotá de Peñalosa II.
Como afirmó el concejal Flórez, por la licitación de TM, continuarán miles de “buses-chimenea” de marca conocida, pero, al final, no se iniciará obra alguna, quizás el funesto Transmilenio por la Séptima. No obstante, quedará un cúmulo de contratos firmados con endeudamientos por décadas, pero sin estudios completos; el metro seguirá envolatado; se elevarán los impuestos confiscatorios, y el POT se guiará por marcados negocios inmobiliarios. Para rematar, Peñalosa ferió el 16% de la Empresa de Energía y atenta contra la ETB, que la ciudadanía espera salvar.
El libro Bogotá en el limbo, que presenté en noviembre de 2017, sintetizando los últimos 25 años, incluido Peñalosa I, corre el riesgo de perder vigencia: con Peñalosa II parece empezar el tránsito al infierno.