Mes: marzo 2018

¿Cómo debe ser una reforma tributaria progresiva?

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Un artículo de ‘Columbia Journal of Tax Law’ (Benshalom y Stead, 2018) afirma que “el régimen del impuesto a la renta es un instrumento vital para lograr la redistribución en las democracias liberales, por lo que académicos y legisladores deberían ver un análisis distributivo concreto de sus atributos como una necesidad”. El texto refuta las, por lo menos, 16 reformas tributarias que en los últimos 27 años han maltratado impunemente el artículo 363 de la Constitución: “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”.

Dicha deformación, justificada al tenor de la eficiencia, causó que en el sistema tributario nacional no predomine el impuesto de renta. Veamos: con base en información de la Dian del año gravable 2016, que se registra en 2017, cuando solo se aplicaron los impuestos indirectos, quedando pendiente el de renta para las declaraciones del 2018, el recaudo total fue de $ 136 billones. El IVA (externo + interno), el de combustibles, los aranceles, el impuesto al consumo y el cuatro por mil sumaron $ 70 billones, mientras que el de renta, el Cree y el de riqueza, estos últimos en vías de extinción, llegaron a $ 66 billones. La brecha entre ambos se seguirá ahondando.

Así mismo, en 2017, el impuesto de renta a cargo de personas jurídicas ‒de acuerdo con la Dian‒ facturó $ 23 billones, frente a una renta líquida de $ 104 billones, lo cual significa una tasa efectiva promedio del 22 por ciento, lejos de la nominal de más del 40 por ciento que regía en 2016 y también alejada en sectores claves, por ejemplo, el de los bancos en 2015, con el 16,9 por ciento (Villabona). Iniquidad presente además en las personas naturales, como entre las obligadas a llevar contabilidad, donde los asalariados, con $ 248.000 millones de ingresos totales, tuvieron un impuesto a cargo de $ 19.498 millones, el 7,8 por ciento, insólitamente similar al de los rentistas del capital, con ingresos por $ 726.000 millones, con tributo de renta por $ 58.300 millones, de lo que resulta una tasa del 8 por ciento.

El mundo discute la tarifa tributaria respectiva, particularmente para activos de inversión, que, como se muestra en muchos países, se concentran en el 1 por ciento más adinerado.

Está comprobado que Colombia va en contravía de la progresividad, ordenada expresamente por la norma constitucional, como ha ocurrido también en Estados Unidos desde 1960-1970, donde, según Piketty, se produjo “caída en los impuestos corporativos y en los impuestos a las sucesiones y donaciones combinada con un fuerte cambio en la composición de los principales ingresos lejos del ingreso del capital y hacia el ingreso laboral”. Es la línea continuada por Trump, así como la plasmada en la reforma tributaria del 2016 en Colombia y la propuesta por candidatos como Vargas, Duque y otros.

Un grupo de trabajo (R. Barrera, N. Moreno y M. Hoyos) construyó un bosquejo de trazado tributario hacia la progresividad. Ellos sugieren, en primera instancia, sabiendo que el Gini de las utilidades empresariales es mayor a 0,8, que se fije una tarifa esa sí progresiva, favoreciendo a las pymes, poniendo a las mayores contribuyentes el 36 por ciento y descendiendo en escala hasta 22 por ciento, con lo cual incluso el recaudo crecería y no sería cero, como está proyectado entre 2017 y 2022.

Así mismo, proponen, con Piketty, gravar el patrimonio-riqueza de personas naturales en el exterior que buscan ‘despatrimonializarse’, como en el caso de los papeles de Panamá y otros modelos paradisíacos. El mundo discute la tarifa tributaria respectiva, particularmente para activos de inversión, que, como se muestra en muchos países, se concentran en el 1 por ciento más adinerado.

También sugieren acabar de eliminar los estrambóticos privilegios consignados en los ‘contratos de estabilidad jurídica’; elevar impuestos a las grandes sucesiones; suprimir ‒como se vio‒ las excesivas deducciones, cuyo costo fiscal se estimó entre 2000 y 2015 en más de $ 120 billones (Villabona y Quimbay) y alzar la carga impositiva a los dividendos. Plantean, como Piketty, retomar el gravamen a los giros de capital al exterior de ganancias de firmas transnacionales, anulado por Uribe y Carrasquilla en 2006, que para 2017, aplicando solo 7 por ciento a los 13.641 millones de dólares ‒la renta remitida‒ recabaría $ 3 billones, un tercio del producto del alza del IVA del 16 al 19 por ciento.

Sergio Fajardo ha convocado un diálogo general para elaborar la reforma fiscal indispensable y este análisis pretende contribuir con fundamento para avanzar hacia la equidad y hacia una efectiva redistribución del bienestar, lo cual es el fin mínimo que debe buscarse en el presente orden económico y social.

Transmilenio vs. metro, en tarifas

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

A largo plazo, montar en metro puede ser más barato para los presupuestos de los hogares de ingresos medios y bajos.

La tarifa técnica de Transmilenio, que es la que se les paga a los operadores, subió 40% por encima de la inflación entre 2000 y 2015. / Archivo El Espectador

Hace dos semanas, en un foro en el Congreso de la República que organizó el Polo Democrático, denominado “El mejor metro para Bogotá”, hice una comparación entre las tarifas técnicas de Transmilenio y el metro. Para ello me apoyé en la documentación suministrada por el economista y candidato a maestría de la Universidad de los Andes Mateo Hoyos, basada en la evolución tarifaria en los primeros 15 años del metro de Medellín y en los primeros 15 años de Transmilenio en Bogotá.

Ese análisis requiere dos observaciones previas. Primera: no incluye, en ninguno de los dos casos, el cargo de las respectivas obras de infraestructura, que siempre, contadas excepciones, se hacen en forma de obra pública a fondo perdido. Segunda: la demanda de pasajeros, que permite economías de escala, es mucho mayor en Bogotá que en Medellín.

Esas tarifas reflejan dos componentes de los costos: los fijos y los variables. Con respecto a los primeros, en el caso de Transmilenio se carga el valor del elemento articulado o biarticulado (bus rojo) y se divide por el número de pasajeros que puede acarrear. Dado que en el articulado el costo es de US$400.000 y la capacidad es de 160 pasajeros, el costo unitario es de US$2.500; y para el segundo, por su capacidad de carga de 260 personas y un precio de US$500.000, baja a US$2.110. Una configuración básica de metro, que consta del tren más mínimo tres vagones, está avaluada en US$2 millones, pero, dado que así moviliza un mínimo de 1.500 pasajeros, el cargo por cada uno es de US$1.333.

Vale anotar que la vida útil de un bus articulado es máximo de 15 años (aquí la administración anterior ya la prorrogó 13), mientras la de una configuración férrea como la descrita dura el doble, mínimo 30 años, y, repotenciada y ajustada, hasta 50. Es decir: en un escenario de máximo aprovechamiento, para ambos casos se requerirían tres Transmilenios por una configuración básica de metro en un horizonte de largo plazo.

Con relación a los costos variables, algunos datos de las correspondientes estructuras de importes dan luces sobre las notorias diferencias entre uno y otro sistema. En los de Transmilenio, el combustible fósil es entre el 36% y el 38,5% del total, mientras que en el metro la energía eléctrica, limpia, es apenas el 8,3%. En cuanto al mantenimiento, el peso en los buses excede varias veces el del metro.

Según Ming Zhang, reconocido experto en transporte, en Estados Unidos el costo de operación por pasajero por milla en Bus Rapid Transit (BRT), equivalente a TM, es de 7,2 centavos de dólar, en tanto el del metro subterráneo es de 4,9 centavos (http://bit.ly/1VR4IeK). ¡Más barata la operación del metro que la de Transmilenio!

Todo esto se ha vuelto realidad en la evolución de la tarifa técnica, que es la que al final se paga a cada operador, tanto en Transmilenio como en el metro de Medellín. En 1996, al iniciar el metro en la capital de Antioquia, esa tarifa se fijó en $784 y, a los 15 años, en 2010, había subido a $1.442. Al compararlo con la evolución de la inflación, el alza del 84% en ese tiempo fue menos de la mitad del aumento en el costo de vida. A contramano, la tarifa de Transmilenio, que inició en $780 en diciembre de 2000 y alcanzó los $1.946 para octubre de 2015, estuvo 40% por encima de la inflación en tal período.

Es más: cálculos en Medellín, donde se dice que la tarifa al usuario estuvo por debajo de lo que la ley definía como tope posible, implicaron $1,2 billones (de 2010) de bienestar para el consumidor. En cambio, en Bogotá, además del pasaje, en los últimos cuatro años se trasladaron de fondos públicos cerca de $750.000 millones a los operadores de las troncales como subsidio a la operación. La diferencia entre uno y otro superaría en un horizonte de 15 años, en cuentas reales, más de $2 billones en perjuicio de los usuarios bogotanos. Y si a la cuenta anterior se le agrega la necesaria renovación de la infraestructura vial, que también debe hacerse para los buses cada 15 años, en contraposición con lo que sucede con las vías férreas, la contradicción se torna casi antagónica.

Precisamente por eso, los sistemas deben ser integrados, pero no como un mero enunciado general, según lo ha hecho saber Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad. La integración que se concluye de este análisis es indiscutible: el metro, a partir de su primera línea, debe ser el Eje (con mayúscula) articulador del sistema. Es, además, la única fórmula para aprovechar las denominadas economías de alcance, que caracterizan a los sistemas integrados de transporte público al transmitir, en su interacción, menores costos medios (eficiencias) para los distintos modos del sistema. En otras palabras, en Bogotá, si se hace bien, el metro hasta les ayudaría a los buses favoritos del alcalde Enrique Peñalosa a prestar un mejor servicio, más accesible, tal y como ocurre en Ciudad de México, por ejemplo.

Por la vía de las tarifas queda otra vez demostrado que el metro y Transmilenio no significan lo mismo ni hacen lo mismo, como en un gazapo proverbial lo sentenció hace poco Peñalosa. A largo plazo, el metro no les vale lo mismo a los presupuestos de los hogares de ingresos medios y bajos, primeros usuarios del transporte público.

NiNi

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Pese a que algunos hacen elucubraciones sobre el papel de la coalición que se cataloga como tal, ella es la que puede trazar la senda diferente, dar valor agregado al ejercicio político.

Desde el dos de febrero está en furor el sabotaje a los actos de las campañas políticas. Fue en Armenia donde Rodrigo Londoño, candidato presidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en una vista pública recibió improperios y denuestos por un grupo de personas.

Los análisis concluyen que, sin duda, en muchos permanece viva la indignación por los muy graves errores cometidos por dicha organización; no obstante, había que reconocerle el cumplimiento de los acuerdos de terminación del conflicto, en especial el desarme y el cambio de la violencia por la política. 
 
Así mismo, en el debate sobre estos hechos y los sucesivos en Pereira y en Florencia se insistió en que –aparte de espontáneos ciudadanos de a pie, que puede haberlos- dirigentes y medios de comunicación, sin excepción, deberían observar una actitud ejemplarizante para crear distensión y no polarización en el ambiente político nacional, en el marco de una reconciliación que no es un fin en sí misma, sino el medio para que Colombia pueda entrar a resolver las enormes dificultades, que en términos de desarrollo, particularmente sociales y económicas, padece proverbialmente. 
 
Luego vino la acusación de Héctor Abad contra Petro de “documentos cambiados” cuando estaba en el Polo. El mismo Abad resume que “no soporté más los insultos, las calumnias y las amenazas de los bots, los trolls, los fans y los plumíferos”. Cuando en Blu Radio afirmé que no me constaba tal comportamiento pero que Petro sí aprobaba una cosa en el Polo y hacía otra, recibí andanada igual o peor que la infligida a Abad, incluyendo a los periodistas Enrique Santos Molano, que me mandó a un psicoanálisis, y Antonio Morales Riveira, quien me puso como un vendido a la barata. 
 
En ese ambiente, donde lo de menos es la mella insignificante que pueda hacérseles a los agraviados, cuya arena son las redes sociales y el protagonista las barras bravas, se está librando el pulso entre las dos consultas que se van a celebrar en simultánea con las elecciones al Congreso el 11 de marzo. Uribistas y petristas, quizá por recomendaciones de sus respectivos asesores, han llevado la polarización al extremo con fines políticos, ir más allá que cualquiera en la “guerra aérea”, lo que al final se ha traducido en una verdadera “guerra terrestre” con la rechifla en Popayán contra el Centro Democrático, desembocada en confrontación con la Policía, pero, ante todo, por el tropel con alto grado de agresión y aun no debidamente explicado en  Cúcuta contra Petro.  
 
Se desprende de esto que es otra la senda que Colombia necesita recorrer. Claro que debe haber debate público, pero en el marco de la confrontación sobre ideas, programas y propuestas y, ante todo, acerca del nuevo proyecto de país que hay que adelantar para hacerlo autónomo, democrático y equitativo, respetable en el ámbito mundial,  un país que potencie sus energías productivas para  que pueda ir saliendo de los profundos anillos del Averno a los que se le ha relegado.   
 
Para promover estos trascendentales propósitos cobra mayor vigencia respaldar este domingo venidero las listas de quienes representan la opción política que permita crear planos de discusión civilizada que, al final, ojalá logre unir al 90% o más de los nacionales hacia una transformación real de Colombia. Pese a que algunos hacen elucubraciones sobre el papel de la Coalición que se cataloga como NiNi, que no se deja encasillar en fatuos y peligrosos fanatismos, ella es la que puede trazar la senda diferente, dar valor agregado al ejercicio político –por fuera de los mismos de siempre responsables de la crisis abismal- y derrotar el “todo vale” causante de que 60% de los posibles electores no quiera participar. 
 
Quienes son los probados portaestandartes de dichas listas para Senado y Cámara, veteranos y jóvenes, son líderes reconocidos y por ellos votaré, aplicando que “No se trata de alentar el odio y la venganza, sino reflexionar sobre la sociedad que queremos y las capacidades y herramientas con las que contamos para construirla” (libro “Comunicarnos sin daño” de la Universidad Javeriana).