La alcabala predial en Barranquilla

Gran inconformismo ocasiona el alza del impuesto predial en Barranquilla. No es para menos: mientras que en 2017 el recaudo efectivo por ese concepto fue de $247 mil millones, para 2018 se ha proyectado, según el presupuesto de Hacienda, en $364 mil millones, una escandalosa alza del 47 %. Fuera de este tributo y el de Industria y Comercio, allí se pagan varios que ni siquiera se cobran en Bogotá –líder en tributación por poblador–, como telefonía y alumbrado.

A través de procesos de actualización catastral –que desde 2017 está en manos de la Administración– en Barranquilla viene creciendo dicho impuesto en forma exponencial: en 2009, los 304 mil predios valían $17,4 billones y para 2018 los 352 mil sumarán más de $32 billones en avalúo. Por tanto, el valor de cada predio ha pasado de $57 millones en promedio a $91 millones. Es decir, en 2009 se pagó un peso de impuesto por $123 de avalúo, mientras que en 2018 se pagaría uno por cada $87. Además, un predio de $250 millones, que en Bogotá tiene una tasa de 6,4 por mil, en Barranquilla, estando en estrato cinco, coge una de 9,7 por mil. Y uno de 30 millones, que en Bogotá tendría tarifa de solo 5,5 por mil, en Barranquilla, por estar en estrato tres, le toca la de 7 por mil.

Las características sociales de Barranquilla son tan complejas como en las demás ciudades. En los estratos sociales de ingresos bajos y muy bajos, hay casi 2 de cada 3 habitantes y si sumamos los de ingreso medio, se llega a 3 de cada 4. El desempleo, que descendió al comienzo de la década, se estancó en algo más de 8% y, si se suman los subempleados, se llega a la mitad de toda la fuerza laboral. Una de cada dos personas es trabajador por cuenta propia y, como en el resto del país, el ingreso por habitante en 2017 no subió ni el 1%. Esa población, con dicha estructura socioeconómica, ha visto pasar el pago de impuestos locales por poblador de $293 mil en 2008 a uno proyectado de $906 mil para 2018, el triple en diez años, más del doble en pesos reales, lo cual implica que cada ciudadano, cualquiera sea su condición, le entrega al Distrito cerca de 20 días de ingreso al año, cuando en Bogotá solo llega a 15. Los exprimen al máximo.

El alcalde Álex Char justifica tanta expoliación argumentando que hoy “Barranquilla vale más”. Una verdad que tiene una réplica: los barranquilleros han pagado y siguen pagando dos cobros de valorización por un aforo total cercano a $600 mil millones. Con la contribución de valorización, pagaron parques, obras viales, escenarios para los Centroamericanos y canalización de arroyos, y, de encima, ven cómo aumenta el valor del impuesto predial, fruto de ese mayor valor que ellos crearon. Se les cobra por punta y punta.

Ahora bien, tanta alcabala ha sido insuficiente, porque una parte sustancial de la inversión publicitada ha sido con alto endeudamiento. Contratado con tasas del DTF + 1,26% y recientemente a DTF+2,5%, como lo registra el muy completo informe fiscal de Fundesarrollo (2016), la Administración ha contraído en diez años créditos por $814.422 millones por los que ha pagado servicio de deuda por $728. 015. Si agregamos que el saldo por pagar es todavía de $663.188 millones, al final el pago por cada peso prestado será mínimo de $1,70.

Como, para 2018, se planea pedir prestados otros $230 mil millones, el monto adeudado podría subir a más del 75 % de los ingresos corrientes lo que lo pone en un punto limítrofe del 80 %, el máximo permitido por el Índice de Sostenibilidad de la Ley 358. Esto se ve en la calificación de BRC Standard &Poor’ que, si bien acredita a Barranquilla con calificación AAA, está en perspectiva negativa, explicada en parte por la incierta capacidad de pago, como producto del altísimo nivel de cobro impositivo y por lo cual nunca el recaudo efectivo ha cubierto más del 80 % de lo esperado.

Se ha formado una coalición cívica de gremios, sindicatos, fuerzas sociales y políticas independientes que demanda una revisión general de esta alcabala gremial, sobran razones para ser oída.

Nota. Total rechazo a la utilización del terrorismo contra Barranquilla cualquiera sea la causa y solidaridad plena con su ciudadanía.

Urbanismo a la brava en Cali: Jarillón y Terminal Sur

En Cali hay distintos procesos de urbanismo. Dos casos, no únicos, el del Jarillón del río Cauca y el del Terminal Sur, son cuestionados incluso por los organismos de control. Información recopilada por el edil de la Comuna 6, Marcel López, y los profesionales Nathaly Cruz, Julián Rincón y Ángela Quevedo devela hechos que demandan explicación tanto de la administración Armitage como del gobierno nacional.

Este último, mediante el Fondo de Adaptación, lidera el Macro-proyecto del Jarillón: un programa de obras que apunta a mitigar el desbordamiento del Cauca y del Cali y la afectación que pudiera tener sobre la planta de agua de Puerto Mallarino, que aprovisiona al 72% de la ciudad, la PTAR de Cañaveralejo y la estación de bombeo del Paso del Comercio. Dichas obras exigen desplazar a 8.700 familias asentadas en inmediaciones de las riberas.

Pasados cinco años, la reubicación de esos hogares avanza a paso de tortuga, mientras que el hostigamiento para el desalojo y la represión sí van a toda máquina: a unas familias se les expide un exiguo auxilio de arrendamiento y a otras se asignaron viviendas VIP y VIS; sin embargo, entre los dos operadores encargados, COMFANDI y el FEV de Cali, mantienen en vilo a cerca de 6 mil familias. Iniquidad similar han vivido PYMES que fueron desterradas, en los mejores casos, con $50 millones para cubrir el daño. A contramano, según Iván Mustafá, un Parque Lineal sucedáneo valorizaría algunos terrenos circundantes.

Tampoco progresan las obras de infraestructura, ejecutadas por CVC y Emcali, para cuya gerencia y coordinación se contrató directamente a la Fundación FDI por $32 mil millones y a 44 meses, ya transcurridos. En julio de 2017, al hacer la auditoría del Plan, la Contraloría de Cali rajó la Gestión calificándola con 48,7 puntos sobre cien; en Legalidad, le puso solo 25,5; en Ambiental, en la que destacaba el retraso en las obras, apenas 39, y en Control Financiero, 50. Determinó 28 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal, ratificando un Informe de octubre de 2016 de la Contraloría General de la República, que habló de “cifras caóticas”.

También en el Sur concita rechazo ciudadano la edificación del Terminal del MIO con sus patios-talleres. Modificando el emplazamiento original en Piedragrande, el Terminal se implantó sobre el Humedal El Cortijo, ubicado en un lote cuya adquisición no trasmite suficiente transparencia. El predio es parte de uno mayor de 160 mil, comprado como rural por un particular y vendido a MetroCali como urbano. Había sido adquirido a la antigua DNE por $27.700/m2 y fue vendido por casi $280.000/m², un incremento del 1.000%. La parte correspondiente a los talleres está en controversia, pendiente de jugosa indemnización por expropiación.

La administración se empeña en negarle valor ambiental al Cortijo, catalogándolo como “un meandro del río Lili” y desconociendo hechos remarcados en 2011 desde el Plan Parcial del Sur. Se talaron 238 árboles y se hizo un cerramiento que lo aísla del río; que rompe su continuidad con la estructura ecológica principal conectada con el Parque los Farallones; que no lo valora como Bosque Cálido Humedal en Piedemonte; que desconoce olímpicamente la existencia de 24 familias y 49 especies de aves, así como de otros géneros pioneros de Bosque Seco Tropical.

Así mismo deslegitima la condición de patrimonio arqueológico, de indígenas asentados en épocas prehispánicas, en esas áreas consideradas de “expectativa arqueológica media”. La administración veló al parecer estos elementos al solicitar a la CVC el permiso ambiental para la construcción.

Mientras se originan impactos en movilidad y bienestar que padecerán los habitantes de las comunas 17 y 22, se provoca una valorización automática, que alcanzará tanto el segmento del lote que quedó por fuera del Terminal como al suelo comprendido por otros planes parciales del sur de Cali, que abarca 1.632 hectáreas de expansión, y hasta la zona franca Zona-América. El proyecto está en curso y lo construye la firma SAINC en contratos por un total de $90 mil millones, que se añadirán a los $726 mil millones que Cali ya adeuda por obras de infraestructura. Entre tanto, no se define el impuesto de plusvalía que pagarían los proyectos inmobiliarios en gestación.

El presente urbanismo de Cali vulnera derechos ciudadanos y normas ambientales, afecta la sostenibilidad financiera de la Hacienda y quebranta parámetros en distintos órdenes. Así, con recursos públicos, deja bastantes perdedores y pocos ganadores. “Van porque van”, desafía Armitage.