Boyacá, riqueza extranjera y «rebusque» criollo

La población boyacense está regada en 123 municipios que son más del 10% de los del país– muchos de ellos poblados con menos de diez mil habitantes- y produce tres de cada cien pesos de la economía nacional. Constituye caso especial en cuanto a la apertura de su economía: al dividir la suma de las exportaciones por habitante, 218 dólares, más las importaciones también por habitante, 76 dólares, por el ingreso per cápita, 6.412 dólares, arroja un factor de 4,5%, muy lejos del de Colombia que es del 26%. Boyacá, con ese bajo grado de apertura registra –para sorpresa de quienes ligan el crecimiento con la internacionalización- un ingreso superior al del promedio de los colombianos que es de 5.800 dólares.

Sin embargo, según información recopilada por la estudiante de economía de la UPTC, Andrea Salazar, la agricultura, pese a que en el año 2000 era el 20,9% de su economía y para 2015 había caído al 13,7%, sigue como sector líder. Dicha reducción ha sido a costa del incremento de la minería, en especial del petróleo de Puerto Boyacá, que subió del 5,7% del PIB boyacense en 2000 al 10,9% en 2015. En años como 2007, 2008 y 2011, Boyacá creció por encima del valor consolidado nacional.

Dos productos dominan la estructura agrícola departamental: la caña panelera y la papa mientras los pastos, claves para la vocación lechera, adoptada luego de los quebrantos del trigo y la cebada, ocupan 77% del área en uso agropecuario. Además elabora uno de cada cinco pesos de las hortalizas del mercado colombiano.

A contramano, el sector industrial, quedó en manos extranjeras. El de las bebidas, con la cerveza principalmente y que tenía una articulación con la cebada local, hoy está en manos de los fondos de capital que controlan este mercado globalmente y se surte en más de 250 mil toneladas importadas merced a los TLC, para el 96% del consumo nacional, de Argentina, Dinamarca y Canadá.

El cemento, que se caracteriza por presencia de yacimientos abundantes de materias primas  para su elaboración, está en manos del oligopolio que lo controla a escala nacional y sobre cuya explotación hay una opinión crítica por el deterioro ambiental causado al hacerlo sin tasa ni medida.

La siderurgia, sector emblemático y con vocación natural por encontrarse en inmediaciones de una región minera que facilita la aleación de acero, quedó también en manos foráneas subordinada a las importaciones, mayormente de Brasil, de productos intermedios de hierro, de desperdicios del mismo mineral y de ferroaleaciones para obtener los productos finales. Es una manufactura cuasi-ensambladora y que cubre menos del 60% de la demanda nacional sensible a la volatilidad de la tasa de cambio, con las correspondientes secuelas productivas, laborales y sociales.

La explotación de carbón, en la que predomina el coquizable, está sujeta al control multinacional del título minero 070, renovado en 2012 hasta el año 2039, y que le otorga a la brasilera Votorantin condiciones de señor y dueño para permitir el trabajo de la pequeña minería en sus contornos. Un proceso similar se vive con las esmeraldas, en los 11 municipios del occidente, que junto con el coque son primer renglón de exportación, y que ha caído, desde la primera cesión que hiciera  Víctor Carranza, en poder de compañías internacionales. La piedra sale en bruto hacia zonas francas en Bogotá y de allí a países donde la talla agrega máximo valor, proceso que ha generado dudas  sobre el real valor al cual se registran las respectivas ventas al exterior. En ambos casos, carbón y esmeraldas, está en explotación solo 2% del área concesionada con deterioro patrimonial regional y nacional.

Entre tanto, los poblados boyacenses se dedican al “rebusque” colectivo, especializándose en frutos como la feijoa, la cebolla o la trucha o también los balones de fútbol, las ruanas o los postres, orientados hacia el mercado interno viendo viajar el fruto de sus riquezas naturales a otras naciones, incluida la energía –que con gran potencial térmico natural- ha quedado en el patrimonio del fondo Brookfield el mismo de Isagen. Triste es este destino – precisamente- en el territorio donde se fraguó la independencia de Colombia hace 200 años.

Un fantasma recorre la Orinoquia: la consulta popular

El terreno de los cuatro departamentos que componen la Orinoquia, tan ricos en hidrocarburos como en recursos hídricos, están solicitados en un 82% para concesión de explotaciones minero-energéticas.

Al recorrer la carretera de Villavicencio a Yopal se ven centenares de carrotanques cargando el petróleo que se mueve en la zona, que entrega, sumada Arauca, el 70% de todo el país. Diez compañías petroleras lo movilizan hasta las distintas estaciones de bombeo a escala nacional –que también cubre en alguna medida a la carretera Bogotá-Villavicencio– por el eje vial concesionado en ambos tramos, hasta el 2044, al grupo financiero más poderoso del país, AVAL, con peajes de alta tarifa cada 60 kilómetros.

Lo que el resto de la población devenga en tal proceso se limita a los consumos de transportistas, operarios y empleados y en contratos con firmas de suministros y servicios complementarios, que no llegan a ser ni 15% del total del ingreso bruto derivado de esa explotación petrolera. Este esquema no es más que fiel réplica de la distribución de valor, del estilo de la de Epulón y Lázaro, en la representación minero-energética del modelo de capital extranjero. Un dato de las inversiones sociales de las empresas petroleras por $185 mil millones en 2014 arroja tan solo $108 mil por habitante de la Orinoquia, escasamente un barril para cada uno al año.

La regalía promedio es de 8 barriles por cada 100 producidos, pero debido a la última reforma introducida –con el ánimo de que “la mermelada se regara por toda la tostada”– a la Orinoquia se le redujo su participación del 47% del total en 2009 a apenas 12% en 2016.

Los cuatro departamentos que componen la Orinoquia son tan ricos en hidrocarburos como en recursos hídricos. Su vasto territorio abarca el 22% de la superficie total de Colombia y está solicitado en un 82% para concesión de explotaciones minero-energéticas. Según un estudio del Instituto Von Humboldt, “la zona cuenta con un régimen de lluvias que produce un promedio de 23 mil m3/s, lo que representa el 33,8% de la escorrentía total nacional, estimada en 67.000 m3/s” y la cuenca del petróleo gira en especial en torno al río Meta, en cuyas márgenes está más del 90% del territorio de los departamentos de Casanare y Arauca, por la izquierda, y del departamento del Meta por la derecha, con 15 biomas y 92 ecosistemas.

En Casanare sobresalen afluentes como los ríos Upía, Túa, Cusiana, Cravo Sur, Guanápalo, Pauto, Guachiría, Ariporo, Casanare y Cravo Norte. En Arauca, en dirección al Orinoco, están además el Arauca, Tocoragua, Tame, Ele, Lipa, San Miguel y el conjunto Negro-Cinaruc. Y en el Meta fluyen Gabarra, Duda, Manacacías, Yucao, Guatiquía, Guayuriba, Ariari, Guacabía y Guaviare. A este sistema se le extraen cerca de 21 barriles de agua por cada uno de petróleo. El impacto se vio en 2014 con la muerte por sed de miles de animales en Paz de Ariporo, en una sequía que alcanzó niveles por encima de los históricos. Aunque el petróleo no es único responsable y también lo son la producción agropecuaria de arroz y palma y la ganadería, y hay otros factores adicionales, todos  se aúnan en la transformación anárquica de sabanas, morichales, esteros y humedales.

Las secuelas enunciadas se conjugaron para que hoy exista en la Orinoquia el más ferviente movimiento social contra la explotación petrolera y el modelo de capital extranjero que encarna, imponiendo a centenares de miles de personas un modo de vida que se resisten a adoptar.

Siete municipios del Meta, seis del Casanare y todo el departamento de Arauca –20 de 55 en los tres departamentos— han desatado una ola de consultas ciudadanas que se unifican en el desacuerdo común contra actividades de exploración, sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos.

La contradicción tiende a agravarse tanto porque el Ministerio de Hacienda, de forma autoritaria, ha quitado los recursos para financiar la democracia participativa, obligando a los municipios a asumir los costos, como porque se avizoran nuevos males como el fracking y la acumulación de baldíos para macroproyectos de agricultura a gran escala en baldíos de la Altillanura, a los que ya se están apuntando grandes poderes globales como los emires árabes amigos de Tony Blair, los mismos del oro de Santurbán.

El modelo de capital extranjero en marihuana: caso Barichara

Nada más aplaudido en determinados momentos que la Ley 1787 de 2016 por la que tres Ministerios, Salud, Agricultura y Justicia, reglamentarían conjuntamente todo lo concerniente al control y la regulación de las actividades de cultivo, producción, fabricación, adquisición de cualquier título, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso y posesión de las semillas de la planta de cannabis y de sus derivados y de los productos que lo contengan con fines medicinales y científicos.

A la sazón se empezó a hablar de que Colombia se convertiría en una potencia mundial de este producto. “Que podría ser un nuevo commodity para el país”, dijo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, al dar a conocer hace un mes que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) le abrió al país un cupo de 40,5 toneladas de producción, de un total mundial anual licenciado de 155,5. En esa misma línea se conoció que seis empresas ya tienen licencia local para producir cannabis (tanto psicoactiva como no psicoactiva) y derivados, unas subsidiarias de compañías internacionales basadas en Canadá y otras tres nacionales, alguna también en busca de socios de dicho país: Pharmacielo Colombia Holdings S.A.S., Khiron Life Sciences Corp., FCM Global S.A.S, Canmecol S.A.S, Medcann S.A.S. y Cannavida.

Para tal propósito, esta última compañía adquirió 17 hectáreas en inmediaciones de la vereda Santa Helena, en el área rural del emblemático municipio de Barichara. La transacción –y es de esperar que se haya efectuado en el marco legal apropiado por ser de hecho tierra en manos extranjeras– empezó a alertar a las comunidades locales y rurales circundantes, cuando vieron en la propiedad de la canadiense excavaciones de pozos subterráneos de agua hasta de 80 metros de profundidad. Barichara es un municipio con sentidas situaciones de escasez de agua, cuyas fuentes debe compartir con Villanueva y otros.
Tales preocupaciones no son infundadas: el cultivo de marihuana, según investigadores de California Department of Fish and Wildlife, acorde con USA Today en agosto de 2015, encontraron que en el Triángulo Esmeralda, cuatro cuencas hidrográficas que suplen agua entre 23 mil y 32 mil plantas agotan de 138.000 a 192.000 galones por día.

Se ratifica que cada planta consume diariamente 6 litros. Si se asume que Cannavida sembrará al menos 10 hectáreas, a razón de 2.500 plantas por hectárea, se podría hablar de un gasto cotidiano de al menos 125.000 litros, más de 45.000 metros cúbicos al año, ya que la marihuana “es una planta sedienta”.
Además, el cultivo de marihuana consume altos contenidos de plaguicidas, incluidos los rodeicidas, pues parece atractivo a este género de animales. La combinación de agua con este paquete produce al final un torrente de lixiviados que afectan todo el entorno y lo depredan. Su efecto sobre los cafetales, incluidos proyectos de caficultura orgánica comunitaria, podría ser, de concretarse, claramente devastador. Estas consideraciones, y el que en Canadá y otros países sea muy costoso producir, han hecho de Colombia, país tropical, un nuevo origen bajo el esquema principal de compañías extranjeras que se ubican acá, el mismo esquema inicial del café y del banano y demás géneros tropicales en que se decidió encasillarnos bajo el manido principio de “ventaja competitiva”.
En efecto, así como en el café los países productores reciben sólo uno de cada 10 dólares del consumo final en taza, en la marihuana, acorde con cálculos de distintos centros de investigación, se habla de que los productos finales tendrán al menos 60 veces más valor que el producto primo. Es decir, se repite la eterna historia de beneficios foráneos y costos nacionales, no respetan ni a Barichara. ¿Hasta cuándo este sistema colonial?